En primer lugar, la cúpula dominante de nuestra economía se divide básicamente en tres sectores bien diferenciados que, sin embargo, se unen por tres causas.

• Que no se investigue a dónde fueron a parar los más de 100.000 millones de dólares con los que el gobierno de Cambiemos (PRO-UCR), hoy base política del gobierno de Milei, endeudó al país. Que, además, se beneficiaron con sus supuestas o reales deudas con el exterior que abonaron durante la gestión de los Fernández y Massa con la compra a precio oficial de reservas internacionales del BCRA por 28.350 millones de dólares. Y que siguen beneficiándose con la compra de títulos ajustables por inflación o por dollar linked [1].
• En el avance sobre los derechos de la población que se refleja en los dos mamotretos presentados por el actual gobierno: el DNU 70/23 y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que perjudican a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, a los inquilinos, a los consumidores, al patrimonio nacional y a nuestra soberanía, pero benefician al gran capital, tanto local como —y sobre todo— al extranjero.
• Con la enajenación del patrimonio nacional, sobre la tierra, su subsuelo, el agua, las riquezas naturales (petróleo y gas, litio, minerales de todo tipo, alimentos, etc.) y las empresas públicas.

Los tres sectores beneficiados los podemos agrupar en:

1. El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros (BlackRock, Vanguard y otros) que tienen como aglutinante a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham) y a quienes tributa el equipo económico encabezado por Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del BCRA [2]. Que emplean al FMI como auditor de la deuda y de los planes de gobierno (de allí los acuerdos e informes técnicos – staff report).
2. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) presidida por un hombre ligado a la embajada de los Estados Unidos y, como tal, principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero los principales directivos y vicepresidentes de AEA son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), y luego siguen: Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó). Incluye la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que nuclea a las principales petroleras del país. Su actual presidente es Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol S. A. (que es la petrolera del grupo Techint), su vicepresidente primero es Horacio Marín, actual presidente de YPF S. A. (era, hasta el 10 de diciembre de 2023, CEO de Tecpetrol S. A.) y “PAE” (Marcos Bulgheroni) en la vicepresidencia segunda. Vista & Oil (Miguel Galuccio) tiene la secretaría general, el prosecretario, Total Austral y el tesorero es de Pampa Energía.
3. El Consejo Agrario Argentino (CAA) que se conformó en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) y tiene asociados y sectores diversos, abarca prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello, se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.

Los tres sectores se beneficiaron y benefician con la fuga de capitales y el traslado de esa deuda al pueblo argentino. Es la deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país las que imponen una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía para satisfacer la demanda del exterior. En consecuencia, la Argentina aparece con problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, con cada vez menos actores industriales con capacidad de insertarse en un mundo con exigencias crecientes como efecto del entorno en el que se desenvuelve; por ende, la macroeconomía y la matriz comercial están en función de priorizar la venta de minerales, materias primas y alimentos [3].

Sin embargo, las diferencias entre ellos no son menores, y uno de los campos de batalla es el precio final del dólar. A los tres sectores los beneficia la devaluación de nuestra moneda, pero el capital local teme que sea de tal proporción que denigre el valor de los activos permitiendo su compra al capital extranjero, que incluso sufren en carne propia cuando por ejemplo Black Rock posee el 9% del grupo Techint, el 18,8% del Grupo Galicia, o es socia en Pampa Energía, en Transener, en Central Puerto, en Loma Negra, en IRSA, etc.

Y lo mismo pasa con la pretensión de malvender el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la Ansés, por la que presiona el capital financiero, pero Paolo Rocca y Héctor Magnetto no quieren que se liciten las acciones del grupo Clarín y del grupo Techint que posee el FGS, y solicitaron excluir esa posibilidad de los dos mamotretos enviados por el Poder Ejecutivo. Sí, en cambio, subsiste la pretensión de consolidar la deuda cruzada que tiene con el Tesoro, que le permitiría al gobierno de Milei reducir la deuda externa y el pago de sus intereses, apropiándose de lo que les corresponde a los jubilados y pensionados. Los gobernadores de 13 provincias con sistemas jubilatorios propios exigen, para aprobar la consolidación de deuda con el fondo que es de los jubilados y pensionados, que se les garantice el financiamiento de sus erogaciones.

El enfrentamiento en el seno de los sectores dominantes también se demostró en los “cortes en los combustibles” por el bioetanol (que nace a partir de la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas, puntualmente, caña de azúcar y maíz); y el biodiésel, extraído de la soja.

Prácticamente la totalidad de las exportaciones de biodiésel de la Argentina va a la Unión Europea y corresponden a lo producido en la provincia de Santa Fe, por encontrarse allí las plantas de mayor tamaño: RENOVA (Viterra), T6 Industrial (Aceitera General Deheza y Viterra), LDC Argentina (Louis Dreyfus), COFCO, Molino Agro, etc. Y el bioetanol en base a la caña de azúcar creció de producir menos de 10.000 metros cúbicos en 2015 a 500.000 metros cúbicos en el año 2023. Porcentaje similar que el obtenido del maíz; por ende, se produce un corte del 12% y la mitad corresponde al azúcar y el otro 6% al maíz [4]. Pero las hidrocarburíferas se quejan de que ese porcentaje de bioetanol o de biodiésel encarece el precio final de la nafta y del gasoil, cuando en el proyecto y en el dictamen se apunta a subir el piso de corte e incrementarlo paulatinamente a lo largo de los próximos tres años para llevarlo a 15% en el caso del biodiesel y entre un 18% y 27% para el bioetanol, entonces presionan para que se les permita importar si el precio local de los bio combustibles es mayor que el internacional y también piden que se reconozca el plástico (que ellos producen) como un insumo orgánico (sic).

El monitoreo del FMI

El FMI en una situación de acreedor privilegiado acuerda con el gobierno de Milei un modelo de subordinación al capital financiero internacional, en ese marco condiciona la política fiscal, monetaria, cambiaria y de reservas internacionales del BCRA.

En política fiscal acuerda un superávit primario (antes del pago de los servicios de la deuda externa) del 2% del PBI para 2024 (es en pesos, pero por unos 9.500 millones de dólares), cuando en el año 2023 se operó con un déficit primario base caja de 2,9% del PIB. Para llegar a ello debería incrementar los ingresos con respecto al año 2023 y a la vez reducir el gasto público en 2% del PIB.

La disminución del gasto planteada es del 1,7% del PIB; el 0,3% restante nace de la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, entre otros ajustes.

El FMI afirma en el staff report que “las nuevas autoridades se comprometen a eliminar todas las restricciones cambiarias” a corto plazo. Por caso, desmantelar el impuesto PAIS a fin de año. Quiere decir que van a seguir devaluando nuestra moneda para que sea el mercado el que determine su valor, pero no por nuestro comercio internacional, sino para pagar la deuda externa [5], que se encarece cada vez más porque la administración nacional recauda en pesos y al devaluar se deben “ahorrar” más pesos para pagar lo mismo.

Como esa deuda externa se torna cada vez más impagable por la devaluación de nuestro signo monetario, el gobierno de Milei se compromete con el FMI a derogar el artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. O sea, un mayor endeudamiento para pagar una deuda que no se investigó.

Por último, el staff report del FMI considera que “si las autoridades no son capaces de cumplir plenamente sus ambiciosos objetivos políticos, aún se habrían dado pasos importantes para corregir la grave situación de los desequilibrios macroeconómicos”.

La subordinación de las provincias

Es claro que tanto el DNU 70/23 como el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fueron redactados por grandes estudios jurídicos e impositivos pagados por los tres sectores dominantes del país, que eran para otro gobierno y que el actual asumió en su rol de ser votado por una mayoría cansada de la mentira de los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos.

Pero el que le da sustento político son las 15 administraciones provinciales que se reunieron el lunes 29 de enero de 2024 en el CFI (Consejo Federal de Inversiones [6]) y decidieron en claro incumplimiento del art. 29 de la Constitución nacional [7] apoyar ambos mamotretos, a cambio de que el ajuste fiscal en las provincias sea atenuado y coadministrado por las 15 subjurisdicciones nacionales (las provincias que se hicieron presente y acordaron son: Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, CABA, Corrientes, Chubut y Chaco).

Por un lado, nos recuerda al año 1988, cuando se reunieron gran parte de las provincias con el secretario de Hacienda, Mario Brodersohn, para avalar el “plan primavera” [8] y para una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que perjudicó seriamente a las provincias de Buenos Aires y de La Rioja.

Y, por otra parte, las provincias perciben una menor coparticipación desde que se elevó en octubre 2023 el mínimo no imponible de la IV categoría del Impuesto a las Ganancias (que se distribuye en su totalidad entre la Nación y las provincias y que exime a 800.000 trabajadores de pagar el gravamen). También los ingresos tributarios crecen menos que la inflación, por ende, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, según el IARAF [9], hacen que las provincias pierdan ingresos por 277.000 millones de pesos en enero de 2024 (equivale a 5.800 por habitante promedio en el país) que es un 12,7% de la coparticipación total a las provincias del mes de enero 2024 por 2.179.905 millones de pesos.

En ese marco, son amenazadas por el gobierno central:

1. Disminuyendo en un 0,5% del PIB las transferencias no automáticas (son en pesos, pero equivalentes a unos 2.400 millones de dólares anuales).
2. Desregulando el financiamiento por los bancos de provincia al Tesoro local, con el cual se financiaban para pagar en tiempo y forma las remuneraciones al personal público (Com. A 7674 del BCRA del 24/01/24).
3. No admitiendo que se paguen los tributos nacionales con los “bonos provinciales”.

Ante esa situación, las provincias aceptan, por medio de sus representantes, aprobar en general el proyecto de ley denominado de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y no rechazar el DNU 70/23.

La propuesta de los 15 representantes de las provincias que se reunieron el lunes 29 de enero 2024 en el CFI es que a cambio:

1. Se coparticipe el impuesto PAIS.
2. Se coparticipe el Impuesto al Cheque.

Esto significaría dinero “cash” para sus administraciones pero en desmedro de los jubilados y pensionados, dado que ambos gravámenes tienen asignación específica.

Cómo se van a financiar las cajas previsionales y cómo se ajustarán los haberes de jubilados y pensionados no está resuelto, pero seguro que es en desmedro de los llamados beneficiarios, cuando la jubilación mínima más el bono significan 160.000 pesos por mes, que es la remuneración mayoritaria para los trabajadores en pasividad, en todo el país.

[1] Son títulos públicos que se ajustan por el precio del dólar oficial y que se benefician con la permanente devaluación de nuestra moneda y están protegidos si el tipo de cambio se acrecienta aún más.

[2] Ambos son socios de la consultora Anker.

[3] Esto explica por qué el grupo Techint se especializa cada vez más en el área energética y también por qué se internacionaliza y dolariza el precio final, cuando el costo de extracción y producción es mucho menor, ampliando la renta extraordinaria que obtienen.

[4] Obviamente también hay diferencia entre las empresas maiceras y azucareras para incrementar el porcentaje de uno u otro producto.

[5] Hecho que no tuvieron en cuenta los economistas marginalistas en general y la escuela austríaca menos que menos: el precio del dólar de equilibrio no comprende solamente al comercio internacional, sino que debe contemplar también, y fundamentalmente, el pago de los servicios de la deuda

[6] El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo público interestadual fundado el 29 de agosto de 1959 tras un acuerdo entre las provincias argentinas, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

[7] Art. 29: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

[8] Que fue una enmienda del Plan Austral y que no pudo evitar su colapso y con ello el del gobierno de Alfonsín.

[9] IARAF: Instituto Argentino de Análisis Fiscal depende de la Fundación Mediterránea, pero suele contar con información fidedigna.

Aliados en el saqueo

Con sólo escucharlo o leerlo en Davos, queda claro que Javier Milei es la cara visible de un poder económico, social y político que lo emplea despreocupada e irresponsablemente.

Obviamente que el DNU 70/23 y el mensaje del Poder Ejecutivo 7/23 denominado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, la revisión del acuerdo con el FMI y todas las medidas adoptadas por su gobierno fueron pensadas antes y redactadas principalmente por los estudios jurídicos y contables pagados por las grandes empresas que se benefician directamente con las derogaciones y modificaciones de leyes, la devaluación de nuestra moneda y la liberación de precios.

En un detallado estudio de los artículos del DNU 70/23 que circuló en las redes (ver al final de la nota) se precisan con nombre y apellido parte de los beneficiarios. Lo mismo sucede con el proyecto de ley ómnibus (mensaje del Poder Ejecutivo 7/23); incluso ambos, al favorecer al capital más concentrado de cada sector, se apuntalan entre sí.

Por ejemplo, el proyecto perjudica al medio ambiente mediante la modificación de la Ley de Glaciares, de la Ley de Bosques y de la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

El abogado ambientalista Enrique Viale, invitado por la Cámara de Diputados de la Nación como experto en el tema, sostuvo que la ley ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio en la Ley de Bosques tiene el del empresario Eduardo Elsztain, dueño del hotel (Libertador) donde se alojaba el Presidente y de la compañía Cresud, que posee casi un millón de hectáreas en nuestro país y que ya desmontó 120.000 hectáreas de bosques naturales (seis veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires). Otro beneficiado, de aprobarse la ley, es Mauricio Macri, a través de SOCMA S. A., que desmontó 6.000 hectáreas y pretende desmontar 10.000 más. Además, Viale dijo en su alocución que el proyecto también es a medida de Luis Caputo, que ya desmontó 500 hectáreas en Santiago del Estero y pretende desmontar 1.000 hectáreas más [1].

Lo mismo sucede con la modificación de la Ley de Glaciares. El 4 de junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 26.639 de Preservación de los Glaciares planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S. A. y Exploraciones Mineras Argentinas S. A., concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama. Idéntica solución se adoptó respecto a la demanda iniciada por la empresa Minera Argentina Gold S. A., concesionaria del emprendimiento “Veladero” en la Provincia de San Juan. En las tres empresas nombradas, el principal socio es la Barrick Gold Corporation, sociedad trasnacional con sede central en Toronto, Canadá.

La verdadera casta es el poder económico, que emplea a los estudios que redactaron el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus, al gobierno y a los diputados y senadores que impulsan la aceptación del DNU y propician la ley.

Para ese fin, no sólo pagan a periodistas y medios de difusión, sino que conforman asociaciones para difundir los beneficios del libre mercado y con ello el avance sobre el trabajo, nuestra soberanía y nuestro patrimonio.

El poder del lobby

a) Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH)

Nuclea a las principales petroleras del país. Su actual presidente es Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol S. A., que fue nombrado inicialmente por la empresa del Grupo Techint, Vista y Pampa Energía. Luego se generó un consenso con el resto de los miembros para avalar su designación, de manera tal que YPF tiene la vicepresidencia primera (Horacio Marín, actual presidente de YPF S. A., que fue hasta el 9 de diciembre de 2023 CEO de Tecpetrol S. A.) y PAE (Marcos Bulgheroni) la vicepresidencia segunda. Vista (Miguel Galuccio) retuvo la secretaría general; Total Austral, la prosecretaría, y Pampa Energía, la tesorería.

Obviamente, asistieron a la Cámara de Diputados a defender el proyecto de Ley Ómnibus. “La libertad de comercio, los precios de mercado, la eliminación de interferencias y de posibles discrecionalidades en las políticas relativas al sector impactarán positivamente en el proceso de inversión y generación de empleo”, dijeron sobre el mercado que ellos controla. Por eso, en 40 días de administración de Milei, los combustibles incrementaron sus precios en un 121% en promedio, de acuerdo con un informe de la consultora Aleph Energy.

Detrás del cambio de paradigma que libera los precios se da prioridad absoluta a la exportación de petróleo y gas, y se relega el mercado interno, consolidando una alianza estrecha del gobierno con los Rocca de Techint. Milei le permitió a su jefe de gabinete plasmar, en el esquema de poder, la alianza que había sellado en persona, durante la campaña, con Paolo Rocca. Nicolás Posse y Eduardo Rodríguez Chirillo son los interlocutores directos de las petroleras.

b) Asociación Empresaria Argentina (AEA)

Nuclea a los principales grupos económicos que operan en el país. Sus vicepresidentes son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Cristiana Ratazzi (Grupo Modena – FIAT), Federico Braun (La Anónima), Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc – Molinos Agro y Molinos Río de la Plata), Eduardo Elsztain (IRSA – CRESUD) y Julio Cesar Saguier (diario La Nación). El presidente es Jaime Campos, un asiduo concurrente los 4 de julio a la Embajada de los Estados Unidos.

AEA nació en 2002 por la fusión de la Fundación Invertir y del Consejo Empresario Argentino (CEA), asociación que fuera presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, y como tal propició el acuerdo “APEGE” que hizo el lockout (paro patronal) en febrero de 1976 como antesala del golpe militar.

c) Unión Industrial Argentina (UIA)

Presidida por el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, representante de la dictadura de Jorge Rafael Videla en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1976-1981. Su estudio jurídico (Brouchon & Funes de Rioja) fue el que redactó el Capítulo IV, Legislación del Trabajo, del DNU 70/23, suspendido por una cautelar. El capítulo implica una precarización total de los trabajadores mediante una reforma que limita el sistema de indemnizaciones y restringe el derecho a huelga, apuntando a convalidar una alta tasa de desempleo, con el objetivo confeso de instalar un modelo laboral como el de Chile y Perú, y como era en Colombia y México antes de la asunción de sus actuales Presidentes.

Integran su comisión directiva David Uriburu (del grupo Techint y presidente de la Cámara Argentina del Acero), Adrián Kauffman Brea (ARCOR S. A.), Rodrigo Pérez Graciano (Citroën Argentina S. A. y Asociación de Fábricas de Automotores), Javier Viqueira (ADOX S. A. y Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), Eduardo Nougués (Ledesma S. A. y Unión Industrial de Jujuy) y Martín Cabrales (Café Cabrales y Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios).

d) Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp)

Las autoridades del Capítulo Argentino son: presidente, Marco Pereda Born, hijo de Celedonio Pereda, quien encabezó la Sociedad Rural Argentina durante el tercer gobierno de Perón y se opuso terminantemente a la Ley de Renta Potencial de la Tierra. El hijo es hoy uno de los vicepresidentes de esa esa institución, y en tal carácter encabeza el Cicyp. Lo antecedieron en esa función Eduardo Eurnekián (Corporación América), Miguel Acevedo (AGD), Adrián Werthein y el propio Funes de Rioja (UIA).

Los vicepresidentes son Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios); Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires); Eurnekián; Funes de Rioja; Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción); Rubén Cherñajovsky (presidente de Newsan S. A., la principal armaduría de productos electrónicos del país, radicada en Tierra de Fuego); y el revisor de cuentas es Juan Ignacio Nápoli, presidente del Banco de Valores S. A. y primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

El 22 de diciembre último, en una carta firmada por su presidente y toda la comisión directiva, el Cicyp apoyó el DNU 70/23 por considerar que “la promoción de la libertad empresarial, la libre competencia, el estímulo a la inversión privada, la generación de empleo de calidad y la expansión de los productos argentinos en el mundo son condiciones imprescindibles para el desarrollo de la Argentina”.

e) Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham)

Es presidida por Facundo Gómez Minujín, que es a la vez CEO en la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de JP Morgan Chase & Co, banco de inversión cuyos principales accionistas son los fondos Vanguard y BlackRock. A su vez, los tres (JP Morgan, BlackRock y Vanguard) más el HSBC son los principales accionistas de NewCo, que nace de la fusión de Allkem y Livent, y que posee la explotación de las tres principales plantas de litio en funcionamiento (dos ubicadas en la provincia de Jujuy —por un lado, en el Salar de Olaroz de la empresa Sales de Jujuy, y por otro, en el Salar Cauchari-Olaroz— y otra en la provincia de Catamarca, ubicada en el salar del Hombre Muerto, que posicionan a nuestro país como el cuarto productor a nivel mundial luego de Australia, Chile y China, y el segundo en recursos —concentración de un material de interés económico— sólo superado por Bolivia).

Si bien es cierto que Elon Musk es el principal accionista de Tesla, Starlink, Neuralink y SpaceX, también lo es que ha tenido que recurrir a Vanguard y a BlackRock para financiar parte de sus operaciones; de manera que uno y otro fondo de inversión financiera o son acreedores o son socios minoritarios en sus empresas.

Amcham tiene como principales socios a Pfizer, Dow, AES Argentina, Bayer, JP Morgan, OCP Tech, AbbVie argentina (industria farmacéutica), y en todas ellas Vanguard y BlackRock son acreedores y/o accionistas.

En síntesis

A 40 días de haber asumido, el nuevo gobierno ha generado fuertes ganancias a las principales petroleras, alimenticias, bancos, concesionarias de luz y gas. Pero tienen tres problemas que no pueden resolver y que se retroalimentan entre sí:

a) El agronegocio no se conforma con la devaluación del 115% al viernes 19 de enero y con el aumento de los derechos de exportación (retenciones del 15%) para las manufacturas de origen agropecuario. Sostienen que la inflación de diciembre del 25,5% medida por el IPC del INDEC y una similar tasa para los meses de enero y febrero de 2024 les “licuó” la devaluación y sólo liquidan lo mínimo y necesario para cubrir los costos de insumos (principalmente combustible), fertilizantes, plaguicidas, mano de obra e impuestos. Según la Bolsa de Cereales de Rosario, se espera una cosecha récord de más de 56 millones de toneladas de maíz y 50 millones de toneladas de soja. Valúan las exportaciones a realizar este año en 32.000 millones de dólares.

b) La tasa de interés negativa con respecto a la inflación (10% contra 25% o más por mes) y el tipo de cambio con un crawling peg (devaluación a los saltos) del 8% mensual y con la posibilidad cierta de devaluar violentamente en marzo de 2024 hacen que disminuya día a día el volumen de depósitos, que es el “negocio” de los bancos.

c) El más importante de todos, y que el miércoles 24 se hará presente en las calles: la inconformidad total con las medidas y las propuestas del gobierno de Milei. En oposición directa al gobierno, las centrales obreras se movilizarán por la defensa del empleo, de los salarios, de las jubilaciones y pensiones, del patrimonio y la soberanía nacional.

Vale recordar que la crisis se generó por una deuda de más de 100.000 millones de dólares tomada por el gobierno de Cambiemos, dólares que se apropió una minoría parásita y rentista y que el gobierno de Alberto Fernández no sólo no investigó, sino que les dio a la mayoría de ellos dólares a precio oficial para que pagaran supuestas deudas en el exterior.

Paralelamente, el gobierno del Frente de Todos se endeudó en el mercado interno colocando títulos del Tesoro de la Nación para cubrir el déficit fiscal que en parte generó la pandemia de Covid-19, en tanto otra gran parte se creó por la reducción de impuestos a favor de los ricos del macrismo, que la administración del Doctor Fernández no revirtió.

[1] Compran el terreno de monte a un precio vil y luego lo ponen en valor para producir soja o maíz u otro grano o carnes para exportar.

Las manos que mueven los hilos

Desde el crédito de la Baring Brothers por un millón de libras esterlinas de Rivadavia, ampliado por Mitre en 2,5 millones de libras adicionales para invadir el Paraguay, llegando al paroxismo en la dictadura militar de 1976-1983, los gobiernos autodenominados liberales han endeudado al país para beneficio de una minoría parásita y rentista local, y de los acreedores, deuda que paga el pueblo argentino privándose de consumir lo que produce y vendiendo el patrimonio nacional.

Repiten la historia cada vez que pueden, en contraste con los gobiernos nacionales y populares, como los de Hipólito Yrigoyen, Juan Perón, Arturo Illia y los Kirchner, que no solo no se endeudaron sino que lograron disminuir la deuda en términos nominales y más en términos reales, porque hicieron crecer el PBI [1].

Pero desde el 10 de diciembre de 2015 nos endeudaron tanto el gobierno de Macri como el de Fernández. La administración Cambiemos (2015-2019) incrementó sideral y terminantemente la deuda externa. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos. y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.

La deuda externa argentina equivalía en diciembre de 2015 a 222.703 millones de dólares: el 60% era intra-sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), el 9% con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares, y no teníamos deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y el 31% con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares: el 40% intra-sector público, 22,7% con organismos internacionales (mayormente el FMI, por el equivalente a 44.599 millones de dólares) y 37,3% con sector privado. La deuda se incrementó en 97.927 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución (acrecentándose la externa) y la perentoriedad de los plazos.

El gobierno presidido por Alberto Fernández, a su vez:

1. No investigó la deuda dejada por la administración de Cambiemos [2];
2. Con reservas internacionales del Banco Central le vendió, en los cuatro años de gestión, 28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas, para que paguen sus supuestas deudas (balance cambiario al 30/09/2023);
3. El déficit fiscal heredado y agravado por la asistencia a la población por la pandemia del Covid-19 (en este caso justificadamente) fue financiado con la colocación de títulos de deuda en pesos en el mercado interno pero ajustables por inflación o por dólar oficial o por las dos cosas (bonos dual) por un monto total de 57,5 billones (en pesos pero equivalentes a unos 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial) cuando se habían heredado deudas en pesos por un monto mucho menor [3].
4. Más la deuda con los importadores, a quienes se les permitió comprar del exterior (mayoritariamente de sus casas matrices, como es el caso de las empresas de energía, las automotrices y las armadurías de productos electrónicos de Tierra de Fuego) y que el mismo gobierno del Frente de Todos mediante las comunicaciones A 7874 y 7877 del BCRA les consintió suscribir letras (Lediv) en pesos al tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked (se ajusta de acuerdo al precio del dólar oficial y se devaluó nuestra moneda en más de un 100%). El gobierno de Milei extiende el beneficio en un título denominado BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante de que recién se está armando el registro de beneficiados, pero el mismo gobierno estima que por este procedimiento la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.

El acuerdo con el FMI

No bien inició su gestión, el gobierno de Cambiemos solicitó créditos para endeudar al país en forma desaforada. La suba de la tasa de interés de largo plazo de la Reserva Federal de los Estados Unidos en abril de 2018 generó en la Argentina la fuga de capitales, con su consiguiente corrida cambiaria del 100%, que obligó a la administración a endeudarse con el FMI en un crédito stand by por 57.000 millones de dólares, acordado por el directorio de ese organismo el 20 de junio de 2018.

De dicho crédito se efectivizaron 44.599 millones de dólares porque la directora general de esa época, Christine Lagarde, ante la venta irresponsable por el BCRA presidido por Luis Caputo de los dólares de ese préstamo, le solicitó a Mauricio Macri su remoción como presidente del BCRA y suspendió la parte restante del mismo.

El gobierno de Alberto Fernández, en lugar de investigar la deuda, la aceptó en su totalidad. Negoció por un lado con los tenedores privados, tanto con jurisdicción extranjera como local, prácticamente por 105.000 millones de dólares, que se canjearon por títulos que devengan interés y comienza a amortizar capital en el segundo semestre de 2024 y vencimientos en escala desde este año hasta el año 2041; y, por otra parte, con el FMI se cambió un crédito stand by a tres años por un Plan de Facilidades Extendidas en que cada vencimiento de capital se refinancia a 10 años. De esa manera, y de cumplir con todos los pagos, la deuda con el FMI se cancelaría en septiembre de 2034.

El Plan de Facilidades Extendidas tiene metas trimestrales y  debe ser revisado cuatro veces al año por los técnicos del FMI, quienes determinarán si se cumplió o no con las metas propuestas.

Las metas anuales del Memorándum de Entendimiento con el FMI fueron de un déficit fiscal sobre el PIB de 2,5% para el año 2022, de 1,9% para 2023, de 0,5% para 2024 y de 0% para 2025. Acompañada de una fuerte reducción del financiamiento por parte del BCRA, que fue del 3,7% del PIB en el año 2021, del 2% para 2022 y del 1% para 2023.

Los funcionarios del actual gobierno encabezados por Luis Caputo y Nicolás Posse acordaron con el equipo de FMI dirigido por el director adjunto de su Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, una revisión del acuerdo, y las metas fueron más drásticas. Por un lado, el gobierno propuso un superávit primario de 2% del PIB para este año y, paralelamente, acrecentar las reservas internacionales netas en 10.000 millones de dólares para finales de 2024, incluidos 2.700 millones de dólares acumulados durante las últimas semanas de 2023 (cuando el Tesoro de la Nación colocó una Letra intransferible en dólares por 10 años por 3.200 millones de dólares).

La inconsistencia y la contradicción en el cumplimiento de ambas metas son tajantes. Por un lado, el gobierno devaluó nuestra moneda para favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones, pero al devaluar también liberó los precios (demostrando el profundo desconocimiento de las leyes económicas en general y, en particular, de su aplicación en nuestro país), por ende la escala inflacionaria del 25,5% en diciembre, una tasa similar en enero y otra en febrero, hacen que la devaluación no recomponga en términos reales el poder adquisitivo de las divisas en la Argentina, y deba volver a devaluar, y así sucesivamente.

La prueba está en que “el campo”, como les gusta llamarse a los productores agropecuarios, está liquidando lo estricto y necesario para cubrir los costos fijos y otros gastos, pero no hay operaciones a futuro de venta de soja y de maíz.

Al devaluar a la vez al Estado nacional y a las provincias endeudadas en dólares, como recaudan en pesos, le es cada vez más caro comprar esas divisas. Por ende, la inflación le “licúa” el gasto en pesos (salarios, jubilaciones y pensiones, etc.) a lo que se suma la suspensión de parte de la obra pública, por lo que si la población soporta estoicamente es probable cumplir la meta fiscal, pero no la cambiaria, máxime cuando en 2024 el Tesoro deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por 16.698 millones de dólares:

• FMI: 7.258 millones de dólares (2.798 de intereses y 4.460 de capital);
• Títulos públicos: 4.440 millones de dólares (cerca de la mitad está en manos del sector público);
• Club de París y otros organismos internacionales de crédito: 5.000 millones de dólares.

Podrá renegociar una parte de la deuda externa, pero no puede con los ingresos del erario público comprar la cantidad de dólares para pagar las obligaciones externas y a la vez acrecentar las reservas netas en 10.000 millones de dólares. Salvo que vendan las acciones de empresas públicas y el Tesoro de la Nación se apropie del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, como se propone en el Mensaje 7/23 del PEN conocido como Ley Ómnibus [4].

En síntesis, el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la séptima revisión del Memorándum, pero debe ser aprobado por el board del FMI a fin de mes. Exactamente después del miércoles 24 de enero de 2024, en que las distintas centrales de los trabajadores van a decir en la calle si aceptan mansamente el despojo de sus ingresos, de los jubilados y pensionados, y la venta del patrimonio nacional.

Todo por una deuda que no benefició al pueblo argentino y que, como demostró El Cohete a la Luna en una muestra de 10 grandes empresas endeudadas, ninguna de ellas puede justificar de dónde sacó los pesos para comprar la cantidad de dólares adquiridos en los cuatro años de gestión de Cambiemos.

Ante esa situación, el senador Oscar Parrilli presentó el proyecto de ley que obtuvo la sanción del Senado de la Nación y dictamen de mayoría en las dos comisiones que trataron el tema en Diputados (Legislación General y Presupuesto y Hacienda) , por el que se crea un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, que se constituye con las cuentas en el exterior no declaradas al fisco. Del 20% es la multa para las empresas que reconozcan la evasión, del 35% para las que lo declaren en los primeros seis meses de vigencia de la ley, y del 50% para las cuentas que se encuentren pasado este tiempo.

Con decisión y patriotismo, un equipo de contadores y peritos de las facultades de Ciencias Económicas de las universidades nacionales de todo el país puede verificar los estados contables de las 100 primeras empresas que compraron 24.679 millones de dólares en 2016-2019. Y continuar con otras tantas más. Y a la par conminar a la AFIP a que realice un informe sobre esas empresas y sobre las declaraciones juradas de 100 personas físicas que compraron 822,6 millones de dólares en dicho período.

Si no se realiza la investigación es el pueblo argentino el que paga con su pobreza y exclusión la fuga de capitales y la evasión de los ricos.

[1] Y el PIB crece cuando se mejora la distribución del ingreso, con el consumo interno como impulsor de la demanda. Como decía el general Perón: “Para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

[2] Con esa deuda se hubieran podido recuperar los puertos, volver a tener marina mercante, se hubiera podido construir un millón de viviendas, pero no se compró un ladrillo y no hay ningún informe sobre el destino final de la misma.

[3] La deuda interna (títulos en pesos) a diciembre de 2019 era en Bonos en pesos (de ese año) de 2.113.247 millones (de los cuales el 60,8% era en títulos ajustables por CER y el 39,2% a tasa fija) y a ello se le debe sumar las Letras por 561.577 millones de pesos (89,11% ajustable y 10,89% a tasa fija). Dato de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Ajustando dichos montos por el IPC del INDEC no es no tan siquiera la tercera parte de la deuda en pesos que generó el gobierno del Frente de Todos.

[4] En su artículo 226, el proyecto enviado al Congreso señala: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facultase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.

Renegociar para peor