https://www.clarin.com/opinion/diplomacia-evitar-doctrinas-sinatra-roosvelt_0_pEdAeKZj5a.html

El proyecto de Ley Ómnibus, enviado al Congreso nacional por el Gobierno del Presidente Milei, contiene 664 artículos, entre ellos, un capítulo, está dedicado a la educación, con 13 artículos que modifican las leyes de Educación Nacional (26206/06), de Educación Superior (24521/95) y, en menor medida, las de Financiamiento Educativo (26075/06) y Cooperadoras Escolares (26759/12).

En lo que tiene que ver con las modificaciones a la Ley de Educación Nacional propuestas, el proyecto de ley aparece como continuador del proceso de mercantilización y privatización, de la educación pública iniciado por el Gobierno del ex Presidente Macri.

Las modificatorias a las leyes de Educación Nacional, en contextos de ajuste y devaluación y creciente endeudamiento externo, muestran que la política educativa de Milei busca desarticular la capacidad del Estado como motor y garante de la educación. Dichas medidas, avanzan en la idea de transferir a los intereses privados, el diseño, gestión, localización y distribución de los beneficiarios de la educación pública.

Reformas a la Ley de Educación Nacional.

La propuesta abunda en evaluaciones, como por ejemplo, las destinadas a alumnos del nivel secundario llamadas “censales”, para el último año de estudios; o las que se recomiendan hacer para matemáticas y lengua (fuertemente vinculadas a las pruebas PISA); o bien, las dispuestas para el ingreso a la educación superior no universitaria, que no prevén ni tienen en cuenta aspectos como la contextualidad o la complejidad de las prácticas de la enseñanza en cuanto prácticas sociales y culturales que son, pero que el neoliberalismo no considera de este modo, por entender a la educación como una “mercancía”.

En general, se supone, que en algún momento determinado por la autoridad docente, lxs jóvenes deben demostrar lo que aprendieron durante cinco o seis años y que, a partir de allí, quedan demostradas sus capacidades o sus limitaciones. Pareciera tratarse más de evaluaciones selectivas, punitivas, de manera tal de valuar, no solo a lxs alumnxs, sino a sus docentes.

Actualmente, el sistema educativo garantiza que sus alumnxs sean evaluados continuamente por sus docentes, a partir de diálogos, trabajos prácticos, investigaciones, evaluaciones parciales, escritas y orales, en diferentes contextos, durante el desarrollo del proceso educativo. Este tipo de evaluación constituye una forma conveniente de integrar e incorporar conocimientos. Evita, por ejemplo, que una evaluación realizada a fines del nivel secundario, que se plantea como definitiva, se convierta en una credencial, que exponga y condicione a futuro las trayectorias educativas y laborales de lxs jóvenes.

Sólo pueden comprenderse estas iniciativas en el marco hegemónico del modelo meritocrático de la educación, que el proyecto educativo de Milei intenta consolidar, promoviendo la selección de “los mejores”, a partir de una competencia descontextualizada y desigual entre alumnxs de diferente procedencia social y/o familiar, aspecto este de fuerte influencia en los procesos educativos y que legitima la segmentación y las desigualdades a partir de la educación (Filmus, 2017).

De esta manera, se consolida el modelo meritocrático, que es a su vez de reproducción social, invisible a simple vista, y que permite la transmisión y legitimación de una herencia de clase, expresada en el “mérito” individual que perpetúa tanto los privilegios como los condicionamientos de clase, en detrimento de los sectores sociales más vulnerables de la población.

Estos grupos resultan así estimulados al abandono de la escuela, a ir a trabajar, excepto quienes pueden optar por ofertas accesibles de la educación privada, que es otra forma de privatización, la mayoría de las veces motivada por el desfinanciamiento de la educación pública, hecho muy común en los gobiernos neoliberales.

En cambio, las evaluaciones dirigidas a los docentes, cada cinco años, a modo de que certifiquen capacidades y conocimientos, como están planteadas, ponen en riesgo los puestos de trabajo e imponen condicionamientos y control ideológico al trabajo de maestrxs y profesorxs.

El sistema educativo cuenta con suficientes supervisorxs, cuya tarea es verificar y, en tal caso, sugerir las acciones pertinentes para la mejora de las condiciones pedagógicas de los docentes. Estas acciones se parecen más al inicio de una ofensiva del flamante Ministerio de Capital Humano, para debilitar la escuela pública y las organizaciones sindicales de lxs docentes.

Finalmente, y en otra clara demostración del desentendimiento que hace el Estado neoliberal con la educación pública, se decidió proponer que los estudios a distancia, como alternativa a la educación presencial, puedan ser implementados desde el segundo ciclo de la educación básica, con lo que niños de 4.º grado del nivel primario podrían quedar eximidos de concurrir cotidianamente a sus escuelas. Esto provocaría la pérdida del contacto directo con los procesos de socialización escolar y favorecería la venta de las plataformas educativas, a/cargo de fundaciones y/o empresas.

La educación superior

Entre las modificaciones a la educación superior, nos ha llamado la atención la supresión del artículo 2 “bis” de la Ley de Educación Superior, que alude a la gratuidad de los estudios de grado para la educación superior y que prohíbe gravámenes, impuestos o aranceles, a fin de evitar intenciones privatizadoras; aunque es cierto que los posgrados ya se encuentran arancelados.

Otro de los aspectos modificados del nivel superior, que reafirma el tono privatista de las reformas, es que, a partir de la sanción de la ley, quienes son extranjeros no residentes en el país deberán pagar sus estudios. Continuaría gratuita la educación del nivel solamente para argentinos y extranjeros con residencia permanente en la Argentina.

El arancelamiento mencionado incluye a las carreras de grado u otros “trayectos educativos”, tanto en las instituciones de educación superior como en las universidades públicas que, de esta manera, iniciarían los arancelamientos en carreras de grado.

La prohibición dispuesta para los extranjeros en la Argentina es una vieja aspiración de la oligarquía nacional y de sectores de las clases medias, fuertemente influidas por el discurso xenófobo de los medios hegemónicos, quienes difunden la falsa idea de que son los argentinos quienes pagan los estudios de personas que llegan de Bolivia, Perú, Paraguay u otros países latinoamericanos.

Dicho pensamiento exagera notablemente el 4.1 % de estudiantes extranjeros que en julio de 2023 se encontraban estudiando en nuestro país. Debe tomarse en cuenta, además, que solo un 3.9 % de ellos cursan carreras de grado y que los posgrados que estudia el 0.2 % restante de los alumnos universitarios extranjeros ya eran arancelados, con lo cual la prohibición expuesta es absurda y racista.

Queda de esta forma desmentida aquella afirmación de Patricia Bullrich, en sus recientes discursos de campaña, afirmando que “los extranjeros son casi la mitad del estudiantado universitario”.

Esta prohibición del Gobierno de Milei desnuda además el desprecio por la diversidad y el intercambio cultural que supone la presencia de alumnos extranjeros en las universidades públicas argentinas, en contextos de globalización y heterogeneidad planetaria.

El proyecto de Ley Ómnibus dispone, además, la obligatoriedad de un examen de ingreso a la enseñanza de grado, en el nivel de educación superior, no universitaria, para lxs egresados de la escuela secundaria. Estos deberán optar por participar de un proceso de nivelación y orientación profesional y vocacional, o bien rendir dicho examen y aprobarlo, para poder ingresar a las instituciones.

En lo que respecta directamente al financiamiento para las universidades nacionales, el Gobierno de Milei pretende sustituir el artículo 58° de la Ley de Educación Superior, que asegura el aporte financiero para las instituciones universitarias nacionales sin que este pueda, de ningún modo, disminuir.

De sancionarse la ley, la modificación impone, además, un condicionamiento que, directamente, limita la entrega de fondos públicos a las instituciones, a la cantidad de estudiantes matriculados, al tipo de carrera ofrecida y al número de egresados que puedan exhibir las instituciones. La iniciativa lesiona, la autonomía universitaria, imponiéndoles el Poder Ejecutivo a las universidades una rendición de cuentas, a partir de parámetros que las universidades revisan normalmente.

Finalmente, la Ley de Financiamiento Educativo es objeto de una modificación en su artículo 10°, al que se le agrega un artículo complementario titulado “Acuerdo con las Provincias”. En este, el Gobierno de J. Milei delega en las provincias la responsabilidad de acordar, cada una de ellas, en su jurisdicción y en los distintos niveles educativos, el salario mínimo, condiciones laborales y la carrera docente. No hemos entendido si se trata de los acuerdos que las provincias realizan anualmente, con posterioridad a la paritaria nacional, o bien si se les está transfiriendo la responsabilidad de ser las jurisdicciones las que acuerden, en exclusiva, el salario mínimo docente.

Por lo expuesto y por los perjuicios y retrocesos que pudieran ocasionar al sistema educativo y a la sociedad, aconsejamos el rechazo de lxs legisladores a los planteos de La Libertad Avanza para la educación. Asimismo, no estamos de acuerdo con la declaración de esencialidad del trabajo docente, porque elimina el derecho constitucional de huelga, ni aceptamos cualquier iniciativa, que atente contra las jubilaciones en general y las jubilaciones docentes en particular.

* Raúl Moroni es docente supervisor ex director de Educación Media y Técnica CABA. Integra “Rescate”, Grupo de apoyo técnico-pedagógico. Secretaría de Educación Media UTE. CTRA

Privatizar y privar

https://www.clarin.com/opinion/politica-exterior-interes-nacional_0_ew2bycVxFX.html

El término, desde el título, ya nos pone en contexto de lectura. El sopapo, el “estate quieto”, el “sopla moco”, etc. herramienta del Piaget de nuestros padres, tal vez no era seguido por nosotros por una reflexión racional sobre las causas, pero sí incorporábamos el aprendizaje de lo que significa “eso no se hace” en los términos culturales de época.

Forzando una extrapolación al mundo de la vida del escribiente, la política -y a esta altura de la vida- nos permite algunas reflexiones más o menos racionales –al menos en su hilván argumental-

¿Y –ahí no más- se habrá entendido en términos políticos que la sociedad nos dice “eso no se hace”? Todo un tema ya que la sociedad y sus sentidos generalizados sólo imponen tendencias que albergan en su seno heterogeneidades inconmensurables.

Una teoría –a la que yo concurro muchas veces- nos plantea que, siendo la complejidad de la realidad imposible de aprehender en su complitud, ello requiere aumentar la complejidad interna para lograr mayores grados de entendimiento. En consecuencia, este ejercicio supone deconstruir las lógicas que gobiernan nuestras vidas, al fin, el/los sistemas en los que transcurre.

Para los actores del sistema político esta propuesta debería iniciarse con la conciencia de que estamos haciendo “muy bien” cosas que ya no deben hacerse.

Inmediatamente surge la pregunta sobre los por qué se insiste en esas conductas devenidas de axiomas que abonan la racionalidad endogámica de las organizaciones (burocracia en términos de Max Weber hace ya más de un siglo). Lógica que antepone la necesidad de la existencia de la organización a los principios que la crearon. Pasa en la política, en las religiones, en los movimientos sociales, en la ciencia, etc. etc.

Obviamente, no hay una única razón. Acostumbramos a buscarlas en la ética o en la moral, y por estos días hasta en las creencias religiosas; cuestiones que pueden ser útiles para elaborar juicios sobre las personas, pero no sobre el funcionamiento del sistema. Hace falta un nivel de abstracción mayor y más complejo.

Ese mayor nivel de abstracción supone entender que más allá de las buenas intenciones de una persona, el sentido de funcionamiento que impera dentro de cada organización y en cada sistema, lo trasciende a pesar de ser ella la que debe operacionalizarlo.

Es ocioso mencionar que Javier Milei ha llegado a la presidencia de la nación sin ningún tipo de organización institucionalizada que lo sostenga. Sin embargo, si construyó fuerza sociopolítica.

De este ejemplo gráfico –para no recurrir a la vieja discusión que contrapone partido político con movimiento, en el ámbito del peronismo- es fácil concluir que el partido político no es una herramienta útil para la construcción política. Ningún partido político está exento de este aserto. Ni siquiera el liberalismo light del radicalismo pudo superar esto sin la aparición del liderazgo social y político de Alfonsín.

Es que la función social del partido político no es la construcción política, podrá ser útil para la formación de cuadros (si hay voluntad para ello), podrá ser la única herramienta para participar del sistema electoral, pero no está en sus posibilidades construir liderazgos socio políticos. No puede contener la diversidad social porque esa no es su función en el sistema.

Otro tanto ocurre con los movimientos sociales cuya función social es la contención de la pobreza y la sub-inclusión de los sectores vulnerables en los márgenes del sistema capitalista. A la hora en que los líderes de esas organizaciones tienen voluntad de saltar al plano de la disputa del poder político encuentran serias dificultades, toda vez que en general, los recursos monetarios con los que se desarrollan siempre provienen del estado, en consecuencia, están obligados a negociar con el gobierno de turno y los poderes constituidos que, obviamente, los mantendrán disciplinados.

Sin que la mención signifique adhesiones ni deméritos éticos o morales, el ejemplo de Juan Grabois (tiene apoyos internacionales que le permiten el salto –dicho por él en TV antes de abordar el avión en Ezeiza-), dejando su lugar en la organización social para dedicarse “a la política”, es gráfico para lo que estoy planteando, también se puede mencionar el fracaso político de los líderes del Movimiento Evita.

De las llamadas “orgas” –organizaciones de estructuración vertical- los mayores podemos hablar un rato largo, pero en el presente el fracaso político nacional de La Cámpora –con la excepción de Bs. As.- está a la vista.

Párrafo aparte merecen otro tipo de organizaciones, sindicatos, por ejemplo, cuyos dirigentes pueden pasar a la política, aunque siempre por vía de adhesión personal a organizaciones de ese sistema, nunca por acción directa de su organización.

Es decir, el principio esbozado por Perón sobre que “la organización vence al tiempo” no resuelve la pregunta sobre qué tipo de organización. Él mantenía dos, el movimiento y el partido.

No hace falta decir que a nivel global las sociedades muestran disconformidad con estas formas que el sistema político ofrece como opciones a lo cual nos responden “eso no se hace”

El mentado espíritu frentista del peronismo y últimamente las coaliciones no son otra cosa que la búsqueda de construcciones políticas que superen la incapacidad anteriormente planteada. Encontrar esas salidas son la condición de posibilidad de cumplir con la función social del sistema político: “Construir decisiones colectivas vinculantes”

¡Vaya si Juan Domingo Perón sabía de estas cuestiones! Lástima que esas enseñanzas fueron olvidadas después de su fallecimiento o, lo que es peor, reemplazadas por los intereses fragmentarios de las localías (caudillismo le llamaba Perón).

La institucionalización de esas estructuras organizativas las vuelve rígidas y la lógica interna a la que aludíamos se realimenta a sí misma, al punto de ser muy improbable que en su interior se reflexione sobre esta cuestión –pregunten a Francisco respecto de esto que decimos, en relación al Vaticano, como caso extremo de organización-

Si uno mira globalmente lo que ocurre puede llegar a aseverar que esas formas organizacionales ya son anacrónicas, lo que no significa que vayan a desaparecer, de ello se puede derivar “una” causa –al menos- del aumento del nivel de los conflictos sociales con trasfondo político: falta de ámbitos adecuados para su gestión.

Este déficit o complejidad al interior del sistema político termina sobrecargando las funciones del Estado y cuando éste es rebalsado se traslada el conflicto al sistema del derecho provocando a su vez la politización del mismo con las consecuencias que todos conocemos.

Sobre cómo la sociedad procesa estas cuestiones filósofos y sociólogos están a full en su elaboración teórica –hay para todos los gustos-, en particular, sobre el fenómeno Milei no tengo dudas que se escribirán libros enteros.

Volviendo, entonces, al tema de la construcción política y su aspecto organizativo, es interesante anotar que uno no es un iluminado y que el tema da vueltas por todo el sistema académico desde hace rato y que se incrementó el interés por él a partir de la invención del transistor que constituyó la revolución tecnológica por excelencia del siglo xx. Al igual que otros inventos que en el siglo xix cambiaron el mundo, éste también lo hizo ya que la información y su transporte es el insumo básico de la “sociedad del conocimiento” que estaba en curso desde principios de dicho siglo (Relatividad, Cuántica, Astrofísica, Biología, etc.)

Y, ¿qué cosa es una organización –abstrayéndonos de lo material y de lo normativo- que no sea un complejo de decisiones que se encadenan unas a otras a partir del tráfico de información? Esto es válido para cualquier organización, sea de núcleos humanos, económicas, cibernéticas, biológicas o la que ustedes quieran.

Debería ser de nuestro interés –el político- aquello que llamó la atención académica: las redes, la organización en rizoma o rizomática, cuyo ejemplo más usado, aunque no sepamos su calificación como tal, es el hipertexto, la nube en internet, invento militar cuyo concepto es de uso habitual en el mundo empresario y científico desde hace rato (década 70/80 especialmente).

Si de política se trata, es interesante ver cómo se organiza el movimiento feminista que contiene diferencias ideológicas, sociales, religiosas, de opción sexual, etarias, etc. y no sólo no se diluye, sino que se ha estabilizado y siempre en vías de crecimiento.

¿Habrán encontrado la causa que nos decía el General? Se puede aseverar que sí y que la misma no puede ser contenida por ningún partido político en su complitud.

¿Podrá el peronismo abordar este debate? O terminará sus días como le ocurrió al PRI de Méjico.

No quiero terminar sin anotar que la forma organizativa y la causa constituyen un par indisoluble para la construcción política cualquiera de las dos, sin la otra, no es más que “rosca” o arreglos de intereses personales de distinto tipo que nada tienen que ver con nuestro tema.

La desclasificación de documentos oficiales sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina en el período 1975-1984 realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos entre 2002 y 2004 revela lo que varios académicos, observadores y periodistas argentinos y estadounidenses señalaron por lustros: que en un contexto histórico determinado, mediante señales esquivas y de modo turbio, altos funcionarios del gobierno del Presidente Gerald Ford alentaron al gobierno del general Jorge Videla a implementar políticas represivas –torturas, ejecuciones y desapariciones– contra la “subversión”.

No se trató sólo de tolerar, en un momento específico, a nivel de la cúpula decisoria en Washington, la violación sistemática de los derechos humanos en la Argentina. La clave fue el apoyo al gobierno militar para que actuara con diligencia y destreza en materia de lucha “antiterrorista”. También la obstrucción de los esfuerzos de los propios representantes de Estados Unidos en Buenos Aires –por ejemplo, los del embajador Robert Hill– que se quejaban de la brutalidad del régimen de facto. El mensaje era claro: maten y desaparezcan a los que deban pero de manera rápida.

Las distintas expresiones en privado del Vicepresidente, Nelson Rockefeller, y del secretario de Estado, Henry Kissinger, hacia el Ejecutivo argentino, fueron leídas y asimiladas como un gesto de condescendencia hacia la estrategia de mano dura de Buenos Aires. Una parte influyente de Washington daba luz verde a los militares argentinos, quienes interpretaban los dichos de Rockefeller y Kissinger como una carta blanca para proceder en su política de exterminio. Las detalladas investigaciones sobre el tema efectuadas por Kathryn Sikkink, de la Universidad de Minnesota, mostraron cómo, durante esa fase de vía libre para la represión –junio 1976/enero 1977–, el número de muertos y desaparecidos alcanzó cifras aterradoras.

Ahora que es pública esta información, es importante que el Comité Noruego de la Paz retire el Premio Nobel que le otorgara a Henry Kissinger en 1973. Kissinger recibió ese galardón (el vietnamita Le Duc Tho compartió esa distinción, pero no la aceptó) en razón de las negociaciones de paz en Vietnam. Cuando se le concedió el Nobel, el 16 de octubre de 1973, era poco lo que se sabía, con certeza, sobre su rol en la caída del gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Pero ahora sabemos –gracias a que se han levantado las reservas sobre documentos oficiales de Estados Unidos en relación con Chile y la Argentina– que, como consejero de Seguridad Nacional, aprobó las acciones tendientes al golpe de Estado en Chile y que, como secretario de Estado, sostuvo y avaló una política expeditiva de asesinatos y desapariciones que condujeron al terrorismo de Estado en Argentina.

Es inaceptable que alguien que recibió el Premio Nobel de la Paz haya auspiciado explícita y personalmente las peores violaciones a los derechos humanos. Por el contenido simbólico de este galardón, quien habiéndolo obtenido haya estimulado y respaldado acciones de tanta inhumanidad debería, al menos simbólicamente, perderlo.

Despojar a Kissinger del Nobel demanda un conjunto de acciones. Entre otras, por ejemplo, un grupo de personalidades (dentro y fuera de la Argentina) y ONGs (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y varias más) podrían pedir una modificación de los estatutos del Comité Noruego del Nobel, para que se incorpore una norma permitiendo el retiro del premio a la persona o institución que, habiendo sido galardonada, promueva actos contrarios al espíritu de ese homenaje.

Adicionalmente, se puede solicitar al Storting (Parlamento) noruego –encargado de designar al Comité de los Cinco que concede la distinción del Nobel– que escuche los petitorios o denuncias correspondientes en torno a la conducta de Kissinger en el Cono Sur. Asimismo, es posible actuar en conjunto con individuos e instituciones de Estados Unidos para que se conozcan con detalle las atrocidades ocurridas en la Argentina y Chile durante los años ’70, muchas de ellas cohonestadas por Kissinger. Además, es factible fortalecer la campaña, ya existente, para reducir su capacidad de movimiento: hoy no visita muchos países por temor a ser detenido y, eventualmente, juzgado por crímenes contra la humanidad.

Se podrá decir que despojar a Kissinger del Premio Nobel de la Paz podría abrir una caja de Pandora que lleve a considerar otros casos. Es muy posible que eso ocurra y será sano para la humanidad en su conjunto. Si alguien resulta innoble para la paz, que se sepa y se actúe en consecuencia, así la sanción sólo pueda ser moral y simbólica.

* El artículo se publicó en Página/12 el 8 de octubre de 2004.

Nobel del exterminio