· Disminuyó la inflación en el primer trimestre 2024, pero siempre en la alta montaña. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable y baja? Según Caputo, primero estabilizar, bajar la inflación, ordenar el balance del BCRA, eliminar el cepo. ¿Tiempo? ¿Tiene un costo? Si, reducción del consumo y servicios elevados. Ademán los precios relativos se disparan en distintos direcciones y complican.
· En diciembre 2023 una de las medidas del gobierno fue una fuerte devaluación que llevó el peso a $ 800 por dólar, o sea una depreciación pampa de nuestra moneda. Pero algo en común tienen Massa y Milei, ambos luego de la devaluación, el primero el 20.9 % (agosto) y el segundo el 79.3 % (diciembre en promedios), el dólar se fue apreciando, en el trimestre setiembre, octubre y noviembre 2023 el IPC aumento 38 %, el dólar el 10 %, en el trimestre de Milei enero, febrero y marzo 2024 el IPC aumentó el 51 %,el dólar el 34 %. ¿Persistirán con el módico porcentaje del 2 % mensual? ¡Es un ancla además del fiscal? Pero por ahora el dólar guarda cierta distancia.
· La inflación de marzo resultó el 11 %, ¿Se necesita desindexar sectores de la economía?
· El riesgo país muestra que baja y la tasa nominal en pesos también, esto lleva a inevitablemente a tener tasas reales negativas. Necesario una baja pronunciada de la inflación para alinear números.
· Un logro de Milei, ir disminuyendo la brecha entre el dólar y el CCL.
· En resumen: Indicadores que disminuyen, licuación firme en la brecha, la pobreza e indigencia no parece mejorar, el FMI conjetura una inflación del 149 % a diciembre 2024.
La lógica económica en el gobierno de Milei —como fue antes en el de Cambiemos, en el de Menem con Cavallo y previamente con Martínez de Hoz— es la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficits que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori, en lo financiero y en una primera etapa.
Las inconsecuencias de la segunda etapa del modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador que propician y ejecutan les obliga, para superar la restricción externa, a endeudarse y a ofrecer pingues negocios al capital más concentrado.
En ese marco sólo se apuntalan los proyectos de inversión que comprende el “Régimen para Grandes Inversiones (RIGI)”, que era central en el frustrado proyecto de ley Ómnibus y que ahora se incorpora en el proyecto denominado “Nueva Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, para inversiones de 200 millones de dólares o más, ya sea para nuevos desarrollos o para la ampliación de existentes, en sectores dinámicos de la economía, como hidrocarburos, minería, agroindustria, infraestructura, forestal, tecnología, garantizándole estabilidad fiscal por 30 años, los cuales, a partir del tercer año, no pagarán derechos de exportación, les disminuirá la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25% y, lo que es peor, como la autoridad de aplicación es el gobierno nacional, pueden determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión.
Pero hasta que esas inversiones se realicen, el gobierno necesita de divisas para afrontar los crecientes pagos de una deuda que nunca se investigó ni se investiga adónde se destinó. A cambio, encubrir la deuda y a quienes benefició, al menos para cobrarles impuestos [1], prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa en todos los casos.
Martínez de Hoz se sumó al Rodrigazo en las devaluaciones posteriores hasta instrumentar la “tablita cambiaria”. Menem se subió a la híper devaluación e hiperinflación de Alfonsín en su primer año y medio de gestión, para después fijar el precio del dólar a 10.000 australes. La administración de Cambiemos devaluó violentamente no bien asumió el gobierno (el dólar pasó a valer 9,70 pesos el 9 de diciembre de 2015 a 13,90 pesos el 31 de enero y a 15,80 el 28 de febrero de 2016), quitaron las retenciones (derechos de exportación) a las exportaciones en general y disminuyeron las de la soja, plasmando una brutal transferencia de ingresos de los asalariados y los que perciben sumas fijas a favor de los exportadores y, entre ellos, a los de mayor patrimonio, y agudizando el déficit fiscal que se financiaba con endeudamiento en pesos y en divisas, cerrando el circuito de deuda y fuga.
Paralelamente, incrementaron fuertemente todas las tasas de interés de manera tal que en mayo de 2017 el dólar valía (hasta la crisis de Brasil) menos de 16 pesos (precio similar que un año antes) y las LEBAC (letras del BCRA) pagaron tasas en ese período del 38 al 25% anual, recreando el sistema de carry trade (bicicleta financiera) como fue en todas las etapas en que el liberalismo gobernó al país; así, ingresan dólares financieros, se pasan a pesos, lucran con la tasa de interés, vuelven a su moneda original y regresan a su país de origen.
Que fue lo que pasó el 25 de abril de 2018 ante la suba de la tasa de interés de largo plazo (10 años) de los Estados Unidos, que la acercó al 3% anual, fuga encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda argentinos en los mercados internacionales (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.). Paralelamente, aparecen fuertemente en el mercado financiero local grandes administradores de fondos de cobertura como BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity, Vanguard y Pimco, entre otros, que, en la mayoría de los casos, no le prestaron directamente al Tesoro de la Nación y sí compraron (en los mercados secundarios de títulos y acciones del país y del exterior) los títulos de deuda, a precio muy menor al nominal, a los que querían salir de esa acreencia.
Tanto Menem-Cavallo, como Cambiemos desde el inicio de la gestión, acrecentaron sideralmente las tarifas eléctricas, del gas, de los combustibles, del agua, de las comunicaciones, redujeron la alícuota de bienes personales, siempre beneficiando a los sectores de mayores ingresos en desmedro de la población. La dupla Luis Caputo-Santiago Bausili hace exactamente lo mismo
La esencia de la propuesta consiste en primero devaluar nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio sea mayor que las tasas de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, lo que genera una transferencia de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrados y de los exportadores. Una vez producida la devaluación, aseguran que las distintas tasas de interés del país (plazo fijo, rendimiento de títulos y acciones, etc.) sean mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de José Alfredo Martínez de Hoz, de Domingo Felipe Cavallo y de Cambiemos.
Por ejemplo, en la gestión de Cambiemos dejaron que los precios de grandes empresas crecieran por encima del dólar (que, punta contra punta, en ese gobierno, se acrecentó en un 670%), como es el caso de las tarifas eléctricas (que incluso crecieron por encima de la devaluación de nuestra moneda): Pampa Energía S. A. (donde participan del capital accionario y con directores nombrados en la S. A., BlackRock y Joseph Lewis) que controla a Transener [2]. O de Nicolás Caputo, que tiene participación junto con capitales chilenos y la firma española ENDESA y la italiana ENEL en Edesur. O de Rogelio Pagano que de ser empleado de Marcelo Mindlin en Dolphin S. A. (que luego se llamó Pampa Energía S. A.) pasó a ser titular de todas las empresas distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDES, EDEA Y EDEN y de la distribuidora de la provincia de Salta: EDESA.
Pero la inmediata y acelerada suba de los precios provocada por los grupos económicos locales y extranjeros que operan en la Argentina y el mayor endeudamiento para pagarles a los fondos buitre que no habían ingresado en los canjes de los años 2005 y 2010 (NM Elliot de Paul Singer, Aurelius y otros), con el fin de dejar librado el ingreso de capitales del exterior, sumado a la incapacidad en el tiempo del repago de la deuda fruto de que desfinanciaron el Estado por la devaluación y quita y reducción de las retenciones y el mismo endeudamiento en dólares, sabiendo que la devaluación no implica mayores exportaciones, esto es, pagan afuera en divisas y demandan determinada cantidad de bienes (no más que lo que necesitan), al darle más pesos por dólar beneficia a los exportadores pero eso no significa mayores ventas y sí mayor apropiación de ganancias.
La administración Caputo-Bausili
Obviamente que cada nueva administración liberal significa un nuevo retroceso para la población y un avance sistemático y mayor para el gran capital. Capital incluso cada vez más extranjerizado con predominio de los grandes fondos de cobertura que a su vez tienen mayor participación en las grandes empresas energéticas, en las mineras y en los acopiadores y comercializadores de granos, que son las tres áreas que les interesan de nuestro país
Por eso, con fecha 16 de diciembre de 2023 se publicó el DNU 55/23, que declaró la “emergencia energética” para los servicios de gas y energía eléctrica, cuyo artículo 2º dice: “La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión”.
Primero, en la Argentina existe el principio de “pobreza energética” por lo que un hogar no puede destinar más del 10% de sus ingresos totales a la cobertura de luz y de gas, que obviamente el DNU 55/23 deroga. Y, en segundo término, fijan precios y no se sabe el costo de cada cuenca productiva de gas y/o de cada usina eléctrica; es más, con los nuevos precios del gas se produce una relación directa de aumentos en la electricidad que se terminan trasladando a todos los usuarios.
La Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía incrementó en un 124% el precio mayorista de la energía eléctrica, afectando en mayor medida las industrias y comercios a los cuales se les incrementa las tarifas según consumo entre el 420% y 600%. Y la Resolución 41/2024 de esa Secretaría eleva el precio PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) del gas a 4,43 dólar/MMBTU para el período invernal, por lo tanto, los hogares deberán multiplicar por 4,5 veces lo que pagan de gas (350% de aumento) y las industrias y comercios por siete (600% aumento), y encima, hacia adelante, se ajustan las tarifas según el precio del dólar, garantizándoles a las empresas la tasa de ganancia en divisas.
En la etapa de extracción de gas, las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.
Tecpetrol del grupo Rocca-Techint preside el directorio de YPF S. A. a través de Horacio Marín, quien trabaja para el grupo desde hace 35 años y era el CEO de Tecpetrol hasta el 10 de diciembre de 2023. También trabajaron hasta esa fecha, en Tecpetrol, Matías Fariña, nombrado gerente de Exploración y Producción de YPF, y Gustavo Gallino, ahora vicepresidente de Infraestructura de la petrolera.
En Apache y Chevron participan BlackRock y su nave insignia: Pampa Energía, junto al Grupo Techint son los que hicieron el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner que traslada el gas de Vaca Muerta a Salliqueló y, seguramente, se les adjudicará el segundo tramo hasta San Jerónimo Norte en Santa Fe y de la reversa de La Carlota (Córdoba) a Bolivia, para terminar proveyéndole gas a São Paulo, Brasil (y allí seguramente se fijará el precio que deberá pagarse en la Argentina).
El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekian, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joseph Lewis, BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país.
Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas que son Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea quienes se encargan de distribuir el gas a lo largo del país.
Ex directivo de la petrolera Repsol-YPF y ex accionista de las compañías de distribución de luz y gas más importantes de la Argentina, Alejandro Macfarlane, hoy socio de Marcos Galperín en Mercado Libre, nos habla a las claras de operadores de un poder tras la sombra que no es otro que los grandes fondos de cobertura BlackRock y Vanguard, principalmente, que son a su vez accionistas o financian a las 720 empresas socias de Am Cham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), que preside Facundo Gómez Minujín, que es a la vez presidente del JP Morgan para la Argentina, Paraguay y Uruguay, y cuyos principales dueños son BlackRock y Vanguard.
En síntesis
Financieramente nada parece alterar el curso del carry trade (vender dólares para posicionarse en pesos y luego tomar ganancias para retornar al dólar), entre los fondos de inversión los más demandados en marzo y en lo que va de abril fueron los de Money Market (colocaciones en pesos).
Luis Caputo y su equipo, en la convocatoria a inversionistas en Washington, organizada por JP Morgan, del jueves 18 de abril de 2024, que llevó como título «Argentina: estabilización, regulación y crecimiento sustentable”, les aseguró que van a seguir garantizando una tasa de interés mayor que la devaluación del dólar.
El objetivo es que ingresen dólares para cubrir los fuertes vencimientos de aproximadamente 7.436 millones de dólares que se deben pagar hasta el 31 de julio 2024. Es cierto que lo exigente son los intereses del FMI (el capital se refinancia siempre que se cumpla con la meta de junio) y el vencimiento de los títulos Global y Bonar, pero también se debe contemplar que el 30 de junio de 2024 vence uno de los tres tramos de los swaps otorgados al país por la República Popular China, sería el menor (de un poco menos de 5.000 millones de dólares) y, dada la torpeza del gobierno de Milei, es probable que no se renueve y obligue al país su cancelación.
Las Reservas Internacionales del BCRA se acrecentaron en 8.112 millones de dólares entre el 7 de diciembre de 2023 (reserva bruta por 21.209 millones de dólares) y el 12 de abril de 2024 (de 29.181 millones de dólares), por tres fuentes:
Por la liquidación de las exportaciones (las energéticas liquidaron según lo previsto y las agro y agroindustriales algo menor a lo esperado pero lo hicieron por unos 5.000 millones de dólares hasta el 12 de abril 2024).
Las fuertes ventas de ahorro interno en dólares que vendieron personas y empresas para financiar su vida y/o actividad.
El carry trade referido que el gobierno prosigue fomentando.
Todo ello demuestra varias cosas:
El gobierno cuenta con el apoyo de los grandes medios que hablan de la acumulación de las reservas, pero no de que la deuda bruta de la Administración nacional aumentó en 32.731 millones de dólares (cuatro veces más), desde los 370.673 millones de dólares de diciembre 2023 a los 403.404 millones de dólares al 31 de marzo de 2024 (Boletín Mensual – Secretaría de Finanzas de la Nación).
Que Gita Gopinath le dijo claramente, a la delegación argentina encabezada por Luis Caputo, que el FMI no le va a ampliar el programa vigente para que el país pueda acceder a dólares frescos (el objetivo era que el FMI le otorgara un crédito por la diferencia entre lo adjudicado a Macri en abril de 2018 y lo realmente recibido).
Que la inflación medida por el IPC del INDEC no cede y va a ser mayor con el tarifazo de gas y electricidad.
Que ocultan la feroz recesión imperante y los niveles de pobreza.
Que el gobierno apuesta a que ingresen dólares como sea, sabe por las experiencias históricas mencionadas que, si se frena el ingreso de dólares financieros y/o comerciales y se exacerba la fuga de capitales, no se realiza la segunda etapa, que es la inversión de capitales. Y que el capital que viene es para comprar por la mitad lo que vale el doble, pero no para ampliar la capacidad económica.
Sí es cierto que el avance de cada día del gobierno torna cada vez más difícil volver a la defensa del mercado interno y del trabajo y la producción nacional y la importancia del salario como ordenador y motor de la actividad económica, en oposición a la recesión y a la desocupación que transforma a nuestro país en una mera factoría de exportación de recursos naturales.
[1] Proyecto de Ley del Senador Oscar Parrilli, aprobado en el Senado de la Nación y con dictamen de mayoría a favor y de minoría en contra de Diputados en el año 2023 y nunca fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su discusión y que se convierta en ley.
[2] Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S. A. (Transener) principal operadora de la red nacional integrada por 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, adicionando los 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima, Transba S. A.
La guerra en Ucrania jaqueó decisivamente la autonomía económica de la Unión Europea (UE) diseñada por el eje Berlín – París. El bloque ya había sufrido un primer golpe de la alianza anglosajona con el abandono del Reino Unido del Tratado de la Unión, en el proceso que se conoció como Brexit, concluido en el año 2020.
Alemania sufrió el resquebrajamiento de la competitividad internacional de su industria, a partir de la interrupción del suministro de energía ruso que complementaba adecuadamente su liderazgo en ciencia y tecnología. La sospechosa explosión del gasoducto báltico desarmó cualquier tipo de acuerdo en ese sentido y en el presente los germanos dependen enteramente del abastecimiento energético bajo la forma de gas licuado proporcionado por los Estados Unidos, cuyo precio triplica el suministro ruso. Esta crisis de fuentes de energía en Alemania se completa con las sublevaciones antifrancesas en las ex colonias de esa nación en el África subsahariana, que aseguraban los minerales necesarios para la producción de energía nuclear en el país galo. La destrucción por completo de Libia (ex colonia italiana), interrumpió los acuerdos de provisión de energía entre ese país y su antigua metrópoli. De este modo Alemania, Francia e Italia perdieron las fuentes de energía segura, cayendo en una fuerte dependencia de los EEUU.
La situación descripta ha llevado a que el bloque UE resigne su independencia en la política exterior. Sus mandatarios se expresan en términos crecientemente bélicos contra Rusia, al extremo que el Canciller Alemán Olaf Scholz instó a los países de la Unión a producir material bélico en forma masiva: “debemos abandonar la industria manufacturera y centrarnos en la producción de armamento a gran escala…” y “…por muy dura que sea esta realidad, no vivimos en tiempos de paz”, son algunas de las frases pronunciadas recientemente por el mandatario. La política exterior de la UE avanza en convertirse en un arsenal continental para forzar a Rusia a una carrera armamentista remedo de la Guerra Fría.
La intervención de Estados Unidos para convertir a Europa en una herramienta subordinada a sus objetivos geoestratégicos de enfrentamiento con el bloque euroasiático liderado por China y Rusia se repite en otros puntos del planeta. Un caso parecido es la conformación de la alianza militar AUKUS (Australia – Reino Unido – EEUU) que involucra a Australia como frente anti chino en la confluencia del Océano Indico con el Pacífico.
En este sendero, Latinoamérica amenaza con convertirse en otro frente en el conflicto entre el bloque anglosajón y el bloque euroasiático. La autonomía de Brasil y México en el escenario internacional solo puede ser limitada, según la visión anglosajona, por una Argentina absolutamente alineada con ese bloque y con una política exterior belicista con China y Rusia. Nuestro país es la tercera economía por tamaño en la región, pero más allá de su extensa decadencia posee un territorio rico en minerales, agroalimentos e hidrocarburos. Los Estados Unidos necesitan abrir un frente sur contra Brasil, que se proyecte a la región, y que además asegure que sus recursos naturales no van a ser aprovechados por el bloque euroasiático ni en un proyecto de integración sudamericana como ocurrió en los primeros 15 años del siglo con la conformación de la UNASUR.
El escenario global de dilución de un mundo multipolar obliga a definiciones muy precisas en la defensa del interés nacional y de la búsqueda de una inserción mundial que asegure márgenes de autonomía que no sumerjan al país en un conflicto ajeno a sus intereses. La historia diplomática de la Argentina, frente a un mundo que siempre soportó graves tensiones bélicas, ideológicas y comerciales, fue de no alineamiento y respeto por la autodeterminación de los pueblos.
Cuando esos principios fueron abandonados al final de la Guerra Fría y se aplicó una política de alineamiento automático con la potencia vencedora, nuestra Nación quedó inmersa en los coletazos de guerras lejanas y padeció el atentado terrorista en la AMIA, cuyas consecuencias subsisten en el presente. Tampoco pudo avanzar en un proceso de recuperación pacífica de las Islas Malvinas, ni recibió un potente flujo de inversiones estadounidenses a pesar de poner en venta todos sus activos públicos y ser los mejores alumnos del Consenso de Washington. En la actualidad pareciera desplegarse una situación parecida a la de hace tres décadas, pero agravada por los “tambores de guerra” que resuenan en todo el mundo.
El peronismo no se ha pronunciado categóricamente sobre los acontecimientos descriptos. Es claro advertir que los intereses nacionales en el plano global se encuentran defendidos en el marco de la inserción latinoamericana, en la búsqueda de acuerdos de complementariedad con las naciones con las que comerciamos y con políticas de no alineamiento y no injerencia en asuntos internos de otros países.
Levantar estas banderas propias del peronismo y probadas en las presidencias de Perón y las de Néstor y Cristina, lleva a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos y con el Reino Unido. El movimiento nacional vacila a la hora de plantear y sostener esa posición. Por lo menos hasta ahora, no ha habido pronunciamientos definidos y orgánicos sobre estos tópicos.
En el plano interno, la cúpula empresarial ha avanzado resueltamente en la exigencia de la derogación de la normativa protectoria de los trabajadores, en particular en la estabilidad laboral, la negociación colectiva de salarios y las condiciones de trabajo. Si bien el planteo no es nuevo, los empresarios más poderosos del país perciben que pueden construir el poder político suficiente para implementar ese programa que consideran imprescindible en una economía que avanza hacia la primarización y el extractivismo.
Con esta perspectiva necesitan que la mano de obra se convierta en un costo variable que puedan aumentar o reducir en función de un ciclo económico volátil. Transformar al trabajador en una mercancía más concluirá por eliminar el único freno que existe para que la economía no se hunda en forma inmediata ante un ciclo adverso. Si se elimina la rigidez de las relaciones laborales, ya no será necesario mantener un mínimo nivel de producción para cubrir los costos salariales y, en consecuencia, un ciclo negativo se profundizará hasta pisos nunca vistos. Esto se conjuga, por supuesto, con el fin de cualquier intervención estatal contracíclica y con una economía dependiente de los vaivenes internacionales.
Al igual que en la temática de las relaciones internacionales, el movimiento nacional vacila porque un planteo decididamente regulacionista implica una confrontación directa contra una cúpula empresaria resuelta y no dispuesta a dialogar.
El movimiento nacional, el peronismo en su conjunto, hasta ahora no han expresado la voluntad de poner límites a la sumisión nacional y social que supone el programa de Milei. Todavía estamos a tiempo, pero no es mucho el resto que queda antes de que sea demasiado tarde.
Sin pretender hacer un análisis político, simplemente como observadores de a pie escuchamos y leemos propuestas del Gobierno Nacional cuya irrupción por momentos desconcierta. Digamos de entrada que se vienen registrando muchos aumentos de precios, pero no en los salarios, transferencias a las Provincias, universidades, jubilaciones y otros ítems por el estilo que no parecen tener distinta solución. Solo Dios sabe cuándo se puede modificar. Pero es cierto que mucho se hizo mal anteriormente (muchos años) para que ocurra lo que está ocurriendo. Campo propicio para personajes como Milei.
Tanto el FMI como el Banco Mundial pronostican que el 2024 el PBI cerrará con número negativo, o sea retroceso. Aclaran que las cosas se están haciendo como corresponde para sanear la economía, pero por las dudas se “curan en salud” y dicen: cuidado con las reformas, no se olviden de los más vulnerables y de la seguridad alimenticia, no vaya a ser que se pasen de mambo. En fin.
El presidente Milei y el equipo económico proponen cambios importantes, mayormente bajo la bandera desregulatoria y un estado mínimo, los gestos y acciones en las redes sociales, se pueden pensar por ahora como atenuando, replegando o tirando al costado algunas cuestiones de la socialdemocracia o de la democracia liberal o algo así. ¿Como será finalmente este casi poco conocido camino que pretende Milei? No lo imaginamos y es también una pregunta que se hace Loris Zanata en un reciente artículo. ¿Milei lo sabrá? Pero si sabemos que la escuela austriaca genera las principales ideas, sabemos también que la economía no se arregla sola (especialmente cuando tiene muchos baches), sabemos que las autoridades oscilan entre el énfasis fiscal o monetario, sabemos que se debe hacer algo cuando los precios se van al infierno. ¿Alcanza? Seguro que no. Las correcciones, modificaciones y ajustes de variables que se vayan produciendo en áreas desreguladas y fiscales repercutirán directamente en la inflación, las reservas del BCRA, definitivamente en la actividad económica y en la calidad de vida. Por el momento muchos ruidos que los seguidores del presidente potencian o hacen de eco a pesar de los contratiempos políticos.
Si resulta sencillo para Milei llegar al 2,5 % del Superávit Primario acordado con el FMI, haciendo uso de las herramientas que anunció en la campaña, se irá viendo. No pareciera que los planetas se vayan a alinear con facilidad, las fuerzas del cielo que siempre vienen bien, seguramente hoy están en cosas más importantes como las que ocurren en Ucrania y el Medio Oriente. Esa es la cuestión.
Pero indudablemente agregamos nuevas grietas a las históricas que cargamos en la mochila: desregular todo, mucho o poco, libertarios o los antónimos, decreto de necesidad y urgencia DNU si, DNU no, ley ómnibus si, no, y se podría seguir. Hoy sucede en Argentina, ocurre también en otros países, propuestas con fuertes condimentos fundamentalistas, generando vientos cruzados. Debemos reconocer que son muchos los que, con diferentes niveles educativos, empleos y otros, aprueban por el momento bajo la bandera de lo necesario. Pero la Argentina con alta inflación, recesión, pobres, herencia que recibe Milei, no resulta para nadie sencillo elaborar políticas macroeconómicas que afronten las crisis.
El objetivo es claro, configurar una matriz exportadora (minerales, energía, alimentos) en desmedro del mercado interno.
Para ello necesitan apuntalar la IBIF (inversión bruta interna fija) en esos sectores a como dé lugar, por eso las diez resoluciones de la Inspección General de Justicia de marzo 2024, firmadas por su actual titular, el abogado de empresas Daniel Vítolo, que eliminan la tarea de control y fiscalización del organismo y desregulan la operación de sociedades extranjeras, sociedades vehículo y offshore, a las que tras esas diez resoluciones no se les exige adecuarse a la ley argentina. Es más, la falta de control busca que ingresen fondos por lavado de activos y que encubran contabilidades paralelas propiciando el ingreso de capitales.
Igual pasa con el carry trade armado por la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili [1], con el freno del dólar tras una brutal devaluación no bien iniciado el gobierno de Javier Milei, que es muy menor a la ganancia implícita por el incremento del precio de los títulos públicos y acciones de empresas locales [2], solo para que ingresen divisas (aunque el plazo sea exiguo) en esa reedición de la bicicleta financiera.
Y no otro es el propósito de limitar severamente la creación de dinero y provocar una profunda recesión, que obligar a los ciudadanos de a pie a vender sus ahorros (deshacer los plazos fijos y vender sus posiciones en dólares) para poder vivir y a las empresas para poder financiar el stock de mercaderías que no venden, demostrado en los indicadores del BCRA.
Del 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del anterior gobierno) al martes 26 de marzo de 2024 (última fecha publicada por el BCRA), con una inflación acumulada del 75% en ese lapso, la Base Monetaria, que es la cantidad de dinero emitido y puesto en circulación por el BCRA, creció solo en un 10,9%. De esa manera, disminuyó sideralmente la liquidez en el mercado financiero local. Esto se trasladó a los ya de por sí exiguos préstamos personales y comerciales que solo se incrementaron en el período referido en un 17,4%, lo que significa el imperceptible 3,9% del PIB, de allí que deben vender “sus ahorros” por la falta de dinero y de crédito.
No hay plata, pese a que las exportaciones de mercancías llevadas a cabo durante los 115 días de la actual administración gubernamental superan las importaciones en 3.500 millones de dólares. El BCRA emite dinero cuando entran dólares al país, pero esos billetes y monedas que reciben los que vendieron dólares los termina absorbiendo el Tesoro de la Nación colocando títulos públicos [3]. Esos títulos públicos, que son en pesos y ajustables por inflación o por devaluación del dólar oficial o por los dos ajustes (bonos duales), absorben los pesos y el Tesoro de la Nación (que colocó esos títulos), con esa plata, adquiere los dólares al BCRA. Y con esos dólares paga los servicios de la deuda externa.
En primer lugar, nunca se frenó la liquidación declarada de ventas externas de minerales (esencialmente de oro) [4], de gas y de petróleo. Sí es a regañadientes la liquidación de la cosecha gruesa. CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la Repúblicas Argentina y Centro de Exportadores de Cereales) publica en su página oficial las siguientes cifras.
En millones de dólares corrientes.
La liquidación de las exportaciones del primer trimestre de 2024 es un 42,93% menor que la de igual período de 2022 (que fue récord), pero un 61,41% mayor que la de igual período de 2023 (año muy afectado por la sequía). De allí las declaraciones de su presidente Gustavo Idígoras, que si el gobierno mejorara el tipo de cambio (devaluación y/o baja de retenciones) se acrecentarían las ventas externas, pues reconoce que tienen para vender 100 millones de toneladas de granos y sus derivados de la cosecha gruesa.
Este año, según estima la Secretaría de Finanzas de la Nación, hay que pagar de capital (en julio de 2024 comienza la amortización del capital adeudado a los bonistas que canjearon títulos de deuda el 31 de agosto de 2020) e intereses de la deuda externa por 4.407 millones de dólares (y en el año 2025 por 9.152 millones de dólares y similares sumas anuales en 2026 y 2027).
Debe tenerse en cuenta que no bien asumió este gobierno:
a) Devaluó el peso en un 118% favoreciendo las exportaciones.
b) Le impuso a los importadores que acuerden con sus proveedores externos porque el BCRA les vende los dólares de la importación en cuatro cuotas iguales y consecutivas del 25% cada una (o sea que la importación de enero se liquida en cuotas del 25% en febrero, en marzo, en abril y en mayo de 2024).
c) Extendió el beneficio ya otorgado por el gobierno de Alberto Fernández [5] en un título denominado BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante de que no se conoce el registro de quienes son los beneficiados, que el gobierno estima que por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares ( aumenta la deuda externa pero recién se paga el 31/10/2027).
De a), b) y c) se entiende por qué las reservas internacionales brutas del BCRA se incrementaron en 6.435 millones de dólares, pero eso no significa que hayan amentado las reservas netas máxime que:
Reservas Brutas: 27.644 millones de dólares.
Swaps con la República Popular de China: 18.000 millones de dólares.
Banco de Basilea: 3.300 millones de dólares.
Encajes depósitos en 14.051 millones de dólares.
Reservas Netas: – 7.707 millones de dólares.
Las reservas internacionales netas del BCRA son negativas.
A su vez, para garantizar el superávit comercial en el año 2024, requiere que los exportadores liquiden sus operaciones y que la recesión económica sea un freno natural a las importaciones. Y para que el ingreso de dólares continúe en los años que vienen, necesita que entren divisas por la cuenta de capital de la balanza de pagos; de allí los planteos tanto en el DNU 70 como en las nuevas versiones del Mensaje 7 y proyecto de Ley Ómnibus, ahora reflotado como Ley Base, de vender nuestros recursos naturales y nuestras principales empresas (YPF, ARSAT, Banco de la Nación Argentina, Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, etc.).
Pago de la deuda
El ministerio de Economía, en marzo de 2024, garantizó los dólares para el próximo pago de los títulos en moneda extranjera surgidos del canje de 2020, al colocar LECAP (una letra a tasa fija que no se emitía desde el reperfilamiento forzoso realizado por Hernán Lacunza en 2019) y dos bonos indexados a la inflación, todos ellos con vencimiento en 2025 por 1,32 billones de pesos, que se utilizarán para comprarle dólares al Banco Central, con los que se pagarán los próximos compromisos en el año con los tenedores de títulos en moneda extranjera (los bonistas del canje de Martín Guzmán).
Paralelamente detrae dólares de las reservas internacionales del BCRA al colocarle en forma forzosa una “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses” con vencimiento el 3 de abril de 2029, mediante la Resolución Conjunta 20/2024 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda de la Nación, por 9.901.070 dólares, para pagar el vencimiento del 3 de abril de 2024 del tercer cupón de interés de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento final el 30 de septiembre de 2032 – Decreto 576/2022”. Práctica que será una constante, ante la particular lectura que hace el gobierno de la actualización de la Ley 27.701 de Presupuesto Nacional 2023, para que se instrumente el pago de la deuda en el Presupuesto Nacional de 2024.
En síntesis
Se prioriza el pago de los servicios de la deuda en desmedro del gasto primario de la Administración nacional al reducir las partidas para el pago de jubilaciones y pensiones, de empleo y remuneración de los empleados públicos; todo tipo de subsidios y transferencias a las provincias; se reducen las partidas para salud, educación, comedores comunitarios; se anulan autorizaciones para funcionar a cooperativas; se cercenan los planes potenciar trabajo y otros de apoyo a la población; se limitan las políticas industriales y se frena la obra pública, pero paralelamente se realizan todo tipo de artilugios para pagar una deuda que no se investigó en qué fue empleada.
Ese pago que beneficia a los tenedores de títulos públicos es el motivo del brutal ajuste fiscal y caída del nivel de actividad, porque de ese modo es funcional a un modelo extractivista, agropecuario financiero exportador, que es donde el gobierno propicia que se invierta, como lo demuestran todas las medidas tomadas y la propuesta, ahora redimida en el proyecto de Ley Base, de crear un Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) [6].
La ahora rebautizada Ley Base y el vigente DNU 70 (más allá de las cautelares de la Justicia y del rechazo del Senado de la Nación) vuelven a tener asidero en las reuniones realizadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores de Cambiemos (Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Chaco, Jujuy, San Juan, San Luis, Chubut y la Jefatura de Gobierno de la CABA), que le hace decir al gobernador Maximiliano Pullaro: “El encuentro fue muy bueno. Nosotros vamos a acompañar. Es una buena ley que le sirve a las provincias y a la nación”.
Sin palabras.
[1] Ambos provenientes del Colegio Cardenal Newman, socios en la consultora Anker Latinoamérica, ambos fueron jefes de la mesa de dinero del JP Morgan y luego de Deutsche Bank, trabajaban juntos y el segundo reemplazaba al primero en la función. Igual hicieron en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Cambiemos.
[2] Roberto Feletti plantea claramente que los títulos públicos ajustados por inflación (por ejemplo, el Boncer) ganaron en el primer trimestre del año 2024 un 40% en dólares (en tres meses).
[3] Al 26 de marzo de 2024, el total de títulos públicos colocados en el mercado interno que vencen este año suman 22.739 millones de pesos. Los títulos del Tesoro que se renovaron desde el 10 de diciembre de 2023, extendiendo el plazo de vencimiento a los años 2025-2026-2027, mayoritariamente lo hicieron con la cláusula puts (seguro de liquidez), que les permite a los bancos tenedores de estos ir al BCRA y canjearlos por dinero en efectivo más los intereses ganados a ese día. Diego Chameides, economista jefe del Banco Galicia en Buenos Aires, afirma: “Los puts significan que la deuda a largo plazo emitida por el gobierno puede venderse en un día”.
[4] Las exportaciones declaradas de oro y plata en el año 2023 fueron por 2.959 millones de dólares, lo que representa el 4,4% de las ventas externas del país.
[5] Mediante las comunicaciones A 7874 y 7877 del mes de octubre de 2013, el BCRA les consintió a los importadores suscribir letras (Lediv) en pesos a tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked, pero cuando llegó a 2.000 millones de dólares, dejo de realizar la colocación de Lediv.
[6] Proyectos de inversión de 200 millones de dólares o más, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente, en sectores dinámicos de la economía, como hidrocarburos, minería, agroindustria, infraestructura, forestal, tecnología, que no lo necesitan porque nuestro país tiene en ellos ventajas comparativas y naturales con respeto al resto del planeta. Sin embargo se pretende asegurarle estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del tercer año, se les garantiza la libre disponibilidad de divisas y cero derechos de exportación. Incluso le disminuye la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25% y lo que es peor, como la autoridad de aplicación es el gobierno nacional, puede determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión, en una delegación de facultades de manera explícita por parte de la provincia hacia la Administración nacional que puede disponer la condonación de todos los impuestos nacionales y los provinciales regulatorio para el desarrollo de la inversión.
La crisis política, social, económica y cultural que atraviesa la Argentina y que provocó la llegada al gobierno de una extrema derecha, tutelada por un neoliberalismo clásico y ajustador, reconoce múltiples causas. Una de ellas, que en general no resulta ser del interés común de la información periodística, ni siquiera del ámbito educativo donde realmente pertenece, es la formación de ciudadanía.
Nos referimos a la formación y construcción de lxs ciudadadnxs, durante su paso por la escuela pública, en general, y por el nivel secundario, en particular, donde los procesos de construcción de ciudadanía en la Argentina y en América Latina han sido permanentemente un ámbito de disputas políticas e ideológicas a lo largo de nuestra historia independiente.
La escuela pública, principalmente, ha conocido distintos modelos de ciudadanía, que han obrado como fundamento de diferentes estrategias pedagógicas capaces de internalizar dicha formación como herramienta política en la búsqueda de hegemonía de los distintos gobiernos y dictaduras de turno. Así, se ha buscado naturalizar un tipo de discurso, contenidos, diseños curriculares y rituales escolares, en el imaginario social. “De esta forma, se promovió, implícita o explícitamente, una imagen de ciudadano, funcional a los intereses políticos y económicos de los sectores que detentaban el poder” (Oraison, Mercedes y otrxs, Construcción de la ciudadanía en el siglo XXI).
En un artículo anterior, habíamos afirmado, la conveniencia de modificar estructuralmente el nivel secundario de la educación, por diferentes razones. Entre ellas, la formación de ciudadanía aparece como un campo escasamente apto, actualizado y competente, para la formación adecuada de una ciudadanía y valores, en marcos de globalización hegemónica y asimétrica y del impacto producido por la amplia penetración de redes sociales formadoras, con las que interactúan niños y jóvenes.
En los contextos precedentes se comienza a desarrollar, a partir de un neocolonialismo explícito, un modelo de ciudadanía que persigue el Presidente Milei, que es la de una república restrictiva, autoritaria, que reserva el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada, limitando y condicionando la actividad política del Parlamento y reprimiendo la participación y el reclamo del resto de la población, a partir de una justificación del principio de desigualdad social y el avasallamiento de los derechos.
Además de los aspectos precedentes, las escuelas argentinas formarán desde la niñez y la juventud a personas que se eduquen en el individualismo, la competencia entre desiguales, el comportamiento especulativo, la productividad como central y única variable para el acceso al trabajo y al salario digno y la mercadocracia. Estos son los nuevos valores para ser naturalizados por una sociedad argentina, que ya disponía, previamente a la llegada de la extrema derecha al poder, de una fracción neoliberal adicta a semejante modelo.
La estrategia planteada por el gobierno del Presidente Milei, y su ministro de Economía, Caputo, ha sido la de sobredimensionar una crisis que él mismo profundiza, hasta llegar a una depresión económica, que justifique, por un lado, la destrucción del Estado como herramienta de la inclusión social y, por el otro, la pérdida de derechos de lxs ciudadanxs.
En dichos contextos, y frente al negacionismo de la historia y la memoria expuesto por el Presidente y la Vicepresidenta Villarruel, que atacan, a la vez, principios, valores y representaciones del campo nacional y popular, en las escuelas, a la formación de la ciudadanía se le plantea un desafío inédito para el que deberán prepararse.
Sobre todo, frente a un gobierno que propone una reforma constitucional encubierta, cuyas pretensiones “alberdianas” pasan por alto que Alberdi, filósofo y jurista argentino, inspirador de la Constitución nacional de 1853, se desempeñó, hace 170 años y en una argentina con 14 provincias y, aproximadamente, 1.800.000 habitantes, situación bastante diferente a la actual. Planteaba, además, la construcción del mismo Estado y nación, que el Presidente Milei y sus seguidorxs se proponen destruir en el siglo XXI (Halperín Donghi, Una Nación para el Desierto Argentino).
En relación con la educación, el gobierno libertario, ha eliminado, por Decreto N.º 280/24, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), garantizando, sin embargo, y con la entrega de vouchers, a lxs alumnos de las escuelas privadas, el pago de las cuotas mensuales. Dicha actitud demuestra sus claras preferencias de ampliar la subsidiariedad a la educación privada.
El Estado argentino abandona la inversión en la educación pública, protegiendo y financiando, a su vez, la clientela de las escuelas privadas, a modo de evitar que estas, deban cerrar sus puertas por falta de pago, frente a la crisis que atraviesan los bolsillos de la comunidad. No importa que la escuela pública, las universidades y sus docentes no puedan trabajar, ni completar los cuatrimestres previstos por los bajos presupuestos que el Presidente Milei destina a la educación pública de todos los niveles de la educación.
Construir ciudadanía
Los modelos vigentes de una formación de ciudadanía no están alcanzando, como tampoco los tiempos que les dedica nuestra educación pública. Dicha formación debe estar estrechamente asociada con la estimulación de pensamiento crítico y deberá apuntar a la formación en capacidades, como para ejercer un acompañamiento y legitimación de la práctica permanente de la política, así, como aspirar al ejercicio de la participación de la sociedad civil en la propuesta y diseño de las políticas públicas.
“Desde 1983, la democracia argentina se reconstituyó, sobre el modelo representativo y partidocrático, que había consolidado en el período de formación del Estado nacional. Se mantuvieron, en consecuencia, diferentes mecanismos de restricción de la participación, delegando en diversas instancias de representación, la mayor parte de las decisiones públicas. A medida que se avanzaba en el proceso de consolidación democrática, dichos mecanismos de intermediación se fueron aceitando, y perfeccionando en su función de limitar la participación de las bases” (Oraison, Mercedes y otrxs, Construcción de la ciudadanía en el siglo XXI). Por supuesto que hubo brevísimas excepciones, en términos de proceso, como fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque la movilización del ciudadano/a militante no alcanzara a revertir el planteo precedente.
En los últimos años, a juzgar por el 57,4% de pobreza en la Argentina, y por el arribo al gobierno de la ultraderecha política, este modelo de participación no ha funcionado, y es necesario plantear desde distintos ámbitos alguna posibilidad de cambio.
Es necesario construir, desde la escuela, una ciudadanía ampliada, diversa, que evite la consolidación, de la sociedad, en una masa obediente, tutelada y dócil a cualquiera de las expresiones políticas conocidas o no.
Desde la escuela pública, nos ha parecido que la construcción de una ciudadanía diferente a la actual debe apuntar a la formación de sujetos participantes y defensores de la soberanía, que dispongan, además, de competencias éticas y comunicacionales, por ser la comunicación, el medio para resolver conflictos y producir normas para una convivencia democrática, de permanente búsqueda de consensos, cooperativa, solidaria y en marcos de inclusión y justicia social.
En este sentido, el diálogo, el discurso argumentativo y fundado, aparece como la clave para la práctica de la intersubjetividad y de la interculturalidad, aspecto, este último, con los que la escuela argentina está en deuda.
La Argentina atraviesa momentos que exigen a la totalidad de la ciudadanía contar con posibilidades reales como para legitimar el discurso político, no solo a partir del voto, sino abriendo canales de participación, formales e informales, capaces de vincular a lxs ciudadanxs comunes con la sociedad política, algo que hoy no se verifica, por lo menos, suficientemente.
La sociedad participante requiere de ámbitos que se constituyan en cajas de resonancia de la sociedad civil y la opinión pública, para la democratización de la praxis política. Espacios, públicos y políticos, dotados de la permeabilidad necesaria como para producir ámbitos de encuentro, desde donde se puedan emitir las señales de alerta, que sean percibidas por lxs ciudadanxs comunes y tenidas en cuenta por quienes se encuentren a cargo de la gestión política.
La institución educativa es uno de los ámbitos de aprendizaje de la participación. Aunque, también ella debería relajar estructuras y prácticas, para permitir que los centros de estudiantes, los consejos de convivencia o bien sus inevitables vínculos con la comunidad de la que la escuela forma parte, encuentre otros ámbitos de intercambio, como por ejemplo, asambleas barriales, locales políticos, sociedades de fomento, clubes de barrio, medios de comunicación, etc.
Finalmente, a la formación de la ciudadana/o no le alcanza, al menos en la escuela secundaria, con la escasa cantidad de horas de educación cívica semanales que se le dedica, ni le sirve el loteo de materias aisladas unas de otras. La ciudadanía se forma transversalmente a la escuela y al diseño curricular y ningún docente puede permanecer ajeno a ella.
Sobre la base de la democracia participativa, la convivencia democrática, la preservación de la memoria, en marcos de diversidad cultural y de justicia social, es que planteamos estos principios a modo de iniciativa de formación ciudadana y frente a las limitaciones expuestas por las políticas que exhibe el actual gobierno argentino, que nos alertan sobre los caminos a seguir.
* Raúl Moroni es docente supervisor, ex director de Educación Media y Técnica de CABA. Integra el Grupo de Apoyo Técnico Pedagógico de la Secretaría de Educación Media UTE CTRA.
¿Jefa del Comando Sur o Jefa de Estado? Está culminando la visita de la Generala Laura Richardson del Comando Sur a la Argentina.
El Southcom es uno de los 11 comandos que tiene Estados Unidos: 7 geográficos y 4 funcionales. El Comando Sur con el Comando Africano son los que menos recursos reciben en el presupuesto de defensa de Estados Unidos. En el primer caso y desde 2010, el Comando ha recibido en promedio anual unos US$ 200 millones de dólares. Con el argumento del peligro chino en marzo de este año el Comando Sur elaboró un documento de veintiocho páginas para congresistas en el que, a los fines del presupuesto de 2025, apunta a conseguir US$ 323 millones de dólares (Ver: In $323M Wishlist, SOUTHCOM Wants Money to Counter Chinses Influence, Drugs in South America, 2024).
En la pirámide de poder estadounidense, la persona responsable del Comando Sur no está en el pináculo sino bien abajo en la escala piramidal.
En su visita a la Argentina, Richardson tuvo citas con el Jefe del Estado Mayor conjunto de la Argentina; lo cual es natural. Además, tuvo encuentros con el Secretario de Estrategia Nacional, el titular de la AFI, el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares (considerado Vice-Ministro) del Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa, la Canciller y el Jefe de Gabinete. A su turno, el Presidente de la Nación viajó fuera de Buenos Aires para encontrarse en Ushuaia con la responsable del Comando Sur.
Francamente, es insólito lo que aconteció con esta visita -más allá de los dichos y eventuales compromisos que aún se desconocen. Richardson fue tratada como una Jefa de Estado más que como Jefa de un Comando militar.
En 1966 se estrenó la película The Russians are Coming, the Russians are Coming. Un submarino soviético encalló en las cercanías de Cape Cod, Massachusetts, lo cual generó un gran pánico pues se presumía una invasión de la Unión Soviética. En el tramo último, el filme muestra cómo el salvataje de un niño por parte de los lugareños y de los presuntos invasores contribuyó a evitar que las diferencias condujeran a un escenario de tensión descontrolada: finalmente, subidos a sus barcas, habitantes del pueblo escoltaron al submarino hasta aguas seguras para que no fuese atacado por la fuerza aérea. Se había evitado el eventual comienzo de una confrontación bélica con el enemigo omnipresente. Para la época era usual el eslogan anti-comunista “Better Dead than Red”. Eso permitió, entre otras, la invocación de una amenaza persistente para la población estadounidense, la aprobación de abultados presupuestos de defensa y el consentimiento ciudadano a una diplomacia coercitiva en lo que era el Tercer Mundo. Respecto a la política hacia Moscú el consenso bipartidista, en el Ejecutivo y en el Legislativo, fue inquebrantable.
Quien lea detenidamente la declaración de la generala Laura Richardson, al frente del Comando Sur, en la audiencia del 14 de marzo de 2024 en la Cámara de Representantes encontrará un hilo de continuidad entre aquella disputa entre Washington y Moscú y la actual pugna entre Estados Unidos y China en la mirada prevaleciente entre militares y civiles, dentro y fuera del gobierno de turno. Una nueva amenaza superior e inquietante en lo que para algunos continúa siendo el “patio trasero” estadounidense: América Latina. Y esta vez a China se suman Rusia e Irán: de hecho, en los discursos de los sucesivos responsables del Comando Sur desde 2010 en adelante se identifica ese trío como el mayor peligro en materia de relaciones inter-estatales respecto a la región. En ese sentido, siempre es bueno recordar el argumento de Peter Smith (Talons of the Eagle: Dynamics of U.S.-Latin American Relations, 2000) sobre la dinámica del vínculo entre Estados Unidos y Latinoamérica: “Los determinantes fundamentales de las relaciones Estados Unidos/América Latina han sido el papel y la actividad de los actores extra-hemisféricos, no Estados Unidos ni América Latina en sí mismas.”
En este tiempo no se recurre a aquel eslogan de la Guerra Fría sino a un término que refleja simultáneamente una condición siniestra y permanente: “maligno”. En la mencionada alocución de Richardson esa palabra se usa 24 veces: “actor maligno”, “influencia maligna”, “esfuerzo maligno”, “actividades malignas”, “intención maligna”, “narrativas malignas”, “conducta maligna”, “acción maligna”, “agenda maligna”. Con ello se cubre a China, Rusia e Irán. Ha sido habitual desde hace años que estrategas militares y civiles distingan “ejes”—por lo general tres países—que le producen un peligro inminente a Estados Unidos. Como advierte un estudio de la RAND Coproration de 2022 (U.S. Resourcing to National Security Interests in Latin America and the Caribbean in the Context of Adversary Activities in the Region) que también utiliza el término maligno, “cualitativa y cuantitativamente la competencia (de Estados Unidos) con China es diferente de aquella con Rusia e Irán”. Moscú y Teherán pueden ser más oportunistas, y hasta provocadores, en su intento de despliegue en América Latina, pero carecen de los atributos para respaldar y asegurar su proyección de poder en la región. Pueden constituir un irritante, una molestia, para Washington pero no son un desafío significativo y poderoso a la presencia e influencia histórica y presente de Estados Unidos en Latinoamérica. China, sin embargo, tiene los recursos, la voluntad y la oportunidad para extender y sostener su incidencia e impacto en la región. De allí que resulte lógico que Washington esté atento a mensajes, medidas y maniobras de Beijing en el área; especialmente en el terreno militar. Anticipar riesgos es prevenir potenciales conflictos; exagerar acechanzas puede conducir a fricciones temerarias. En todo caso, para América Latina es clave no convertirse en territorio de una pugnacidad construida.
Además es fundamental distinguir situaciones de manera comparativa. Por ejemplo, la influencia militar rusa en África que, como se observa en el cuadro siguiente, es importante.
Sin embargo, es habitual que varios funcionarios, legisladores, analistas y políticos en Estados Unidos identifiquen ese trío “maligno” y presenten escenarios amenazantes donde Washington es superado, o aún suplantado, en América Latina en materia de defensa y seguridad. Esta construcción del enemigo es desmedida y descaminada. Más aún, es posible afirmar que Estados Unidos viene reforzando, y con mucho con éxito, su preponderancia militar en el área: ni individualmente ni en conjunto aquellos tres países están cerca de afectar seriamente dicha supremacía.
En Cenital nos importa que entiendas. Por eso nos propusimos contar de manera sencilla una realidad compleja. Si te gusta lo que hacemos, ayudanos a seguir. Sumate a nuestro círculo de Mejores amigos.
Veamos alguna evidencia disponible. Según el más reciente informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sobre transferencia de armamentos (Trend in International Arms Transfers, 2023) el mayor porcentaje de exportaciones mundiales de armas en el período 2019-2023 le corresponde a Estados Unidos (42%). A Rusia le cabe el 11% y a China el 5,8%. Al tiempo que, respecto al período 2014-2018, Estados Unidos incrementó en un 17% su participación en el mercado de armamentos, Rusia tuvo una caída de 53% y China una caída de 5,3%. El orden de los mayores proveedores de armas a América del Sur entre 2019 y 2023 fue: Francia (23%), Estados Unidos (14%) y el Reino Unido (12%). En esos años Rusia no suministró armamentos a Suramérica. Occidente ha sido y es el gran vendedor de armamentos a la región.
Si se consulta la base de datos del SIPRI para el período 2000-2022 se observará que Estados Unidos es el origen del 94,9% de la adquisición de armas de la Argentina, el 93,4% de las adquiridas por Colombia, el 90,7% de las adquiridas por México y el 82,7% de las adquiridas por Brasil. Esto es, las principales cuatro economías de América Latina han tenido en lo que va del siglo XXI a Estados Unidos como su mayor fuente para la compra de armamentos. Por su parte, Rusia ha sido el mayor proveedor de armas a Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero los montos no son comparables: los compras de Caracas en ese período fueron de US$ 4.510 millones de dólares, las de Managua US$ 133 millones y las de Cuba US$ 8 millones. Mientras tanto China fue el mayor proveedor (66,2%) de los US$ 77 millones en armas que adquirió Bolivia.
En los años recientes el Departamento de Estado ha autorizado—y la Defense Security Cooperation Agency informado al Congreso–la venta de armas a México (US$ 1.339 millones de dólares en 2018); a la Argentina (US$ 78 millones de dólares en 2019); a Brasil (US$ 70 millones de dólares en 2020), a la Argentina (US$ 100 millones de dólares en 2020) y a Chile (US$ 634 millones de dólares en 2020); a Chile (US$ 85 millones en 2021); a Brasil (US$ 74 millones de dólares en 2022) y a la Argentina (US$ 73 millones de dólares en 2022). En marzo de 2024 el gobierno del Presidente Javier Milei, que ya había rechazado la compra de aviones de combate de China, confirmó el compromiso de adquirir 24 F-16 provistos por Dinamarca con autorización de Estados Unidos. En síntesis, Estados Unidos sigue superando con creces a China y Rusia, individual y conjuntamente, en la venta de armamentos a Latinoamérica.
Estados Unidos posee en la región la Base de Guantánamo, Cuba, donde hay unas 6.000 personas entre soldados, personal civil del Departamento de Defensa, familiares y contratistas. Controla la Base de Soto Cano, Honduras, donde hay aproximadamente 500 soldados de Estados Unidos y unos 600 civiles estadounidenses y hondureños. En el caso de Honduras opera la Organización de Cooperación de Seguridad—en un complejo militar en las cercanías del Aeropuerto de Tegucigalpa–para efectuar servicios conjuntos con el propósito de llevar a cabo las políticas de defensa y seguridad de Estados Unidos en Honduras. El Comando Sur es responsable de dos “localizaciones de seguridad cooperativa”: una en El Salvador y otra en Aruba-Curaçao. En El Salvador se ubica, además, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley creada en 2005 durante el gobierno de Bill Clinton, para luchar contra los delitos transnacionales como el tráfico internacional de drogas, la criminalidad y el terrorismo. Ya en 2001 se había establecido el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) en Georgia—en remplazo de la infausta de la Escuela de las Américas—como centro de instrucción militar. En general, en los cursos que allí se imparten ha predominado la presencia de colombianos y centroamericanos. Conviene recordar que siete colombianos de los participantes en el asesinato en 2021 del Presidente de Haití Jovenel Moise habían recibido entrenamiento de Estados Unidos entre 2001 y 2015. Es, a su vez, relevante aludir al hecho de que, de acuerdo a lo señalado por Adam Isacson y Sarah Kinosian, entre 2007 y 2014, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos triplicaron las misiones de entrenamiento en América Latina (U.S. Special Operations in Latin America: Parallel Diplomacy?, 2016). Adicionalmente, y como lo indican Camila Vidal y Luciana Wietchikoski (U.S. Hegemony in Latin America: The Southern Command as an Instrument of Consensus and Coercion, 2022), el US Southern Command, con sede en Miami y que alberga a unos 1.200 militares y civiles, opera estaciones de radares fijos y móviles a lo largo y ancho de América Latina.
Por su parte, en años recientes China, especialmente, ha venido incrementando la oferta de cursos y programas educativos para militares de América Latina como lo muestra el Mayor Matthew Hughes (Lessons in the Dragon’s Lair: The People’s Libertaion Army’s Professional Military Education Engagement with Latin America and the Caribbean, 2023). Ahora bien, nada semejante—en materia de bases, localizaciones militares y centros instructivos, así como respecto a la cuantía de cursos especializados y misiones de entrenamiento–ocurre en términos de las relaciones de la región con China (ni con Rusia). La Argentina acordó con China, durante el gobierno de Cristina Fernández el establecimiento de una Estación de Espacio Profundo en Neuquén; acuerdo ratificado por el Congreso y terminado de construir en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, en el gobierno de Cambiemos, se aprobó la construcción de un Centro de Operación y Coordinación de Emergencias en Neuquén, financiado por el Comando Sur como parte del programa de Asistencia Humanitaria y Respuesta de Desastres del Departamento de Defensa.
A su turno, es importante subrayar que las Guardias Nacionales de 18 estados, más Puerto Rico y Washington DC, tienen acuerdos con las fuerzas armadas y de seguridad de 24 naciones de América Latina y el Caribe (25 países de Europa, 16 de África, y 14 del Indo-Pacífico, entre otros, han suscrito compromisos de ese tipo). Los tres más recientes de la región han sido los acuerdos con Colombia (Guardia Nacional de South Carolina, 2012), con la Argentina (Guardia Nacional de Georgia, 2016) y con Brasil (Guardia Nacional de New York, 2019). Asimismo, estos tres países son los únicos de Latinoamérica que han sido designados Aliados Extra-OTAN de Washington: la Argentina en 1998 (gobierno de Bill Clinton), Brasil en 2019 (gobierno de Donald Trump) y Colombia en 2022 (gobierno de Joe Biden). Hay que agregar que en 2017 Colombia fue invitado a ser “Socio Global” (Global Partner) de la OTAN. En este plano—el de los acuerdos en materia de defensa/seguridad y respecto a una condición militar especial otorgada–tampoco China (ni Rusia) tiene esa institucionalidad, intensidad y variedad de vínculos con los países del área. Sin referirse a ella la Doctrina Monroe pareciera seguir tácitamente vigente para Washington, Beijing y Moscú.
Sistemáticamente, por años y décadas, el U.S.Southern Command ha llevado a cabo distintos tipos de ejercicios militares, en tierra, mar y aire, de alcance multinacional (UNITAS, Tradewinds, PANAMAX, Southern Cross, entre otros) y bilateral (por ejemplo, Southern Vanguard con Brasil y Relámpago con Colombia, entre otros). Por su parte, Rusia ha tenido ocasionalmente ejercicios militares con Venezuela y Nicaragua en tiempos recientes. China (junto a otros países) participó de una prueba de francotiradores en Venezuela en 2022. En ese ámbito también las diferencias entre Estados Unidos y China-Rusia en sus vinculaciones con Latinoamérica son notables.
En el marco de la Organización de Estados Americanos existe la Junta Interamericana de Defensa (JID), cuyo presidente actual es el General mexicano Marco Antonio Álvarez (el último presidente de origen estadounidense estuvo entre 2004-2006). Desde 1995 se ha establecido la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, cuya sede pro tempore 2023-2024 le corresponde a la Argentina. En la Conferencia de 2022 realizada en Brasil se introdujo la noción de “disuasión integrada” entendiéndola como “un marco para mantener la paz y la estabilidad”. El concepto se incorporó en la Estrategia de Defensa Nacional estadounidense de ese año y se ha tornado uno que Washington busca consensuar y consolidar en todos los ámbitos militares colectivos (por ejemplo, la OTAN), regionales y bilaterales. El adversario más concreto, no único, es China y refleja un intento de adecuación e institucionalización de lo que en su momento, durante la administración de George W. Bush, se conocía como la “coalición de voluntarios” (coalition of the willing); lo cual suponía que Washington establecía la misión y llamaba socios para acompañarlo. Cabe destacar que solo la Argentina y Chile hicieron una reserva respecto al concepto de ”disuasión integrada” con la idea de contar “con un estudio del tema en mayor profundidad” a cargo de la JID. Nada similar—en términos institucionales e históricos—liga a América Latina con China u otro actor extra-regional adversario de Estados Unidos.
En materia de seguridad (principalmente vinculada al narcotráfico y al crimen organizado), Estados Unidos aportó significativamente, de acuerdo a los informes anuales del Congressional Research Service Reports, al financiamiento del Plan Colombia, a la Iniciativa Mérida de México, a la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe (CBSI) y a la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI). Para el período 2000-2022 la ayuda estadounidense al Plan Colombia fue superior a US$ 13.000 millones de dólares, mientras que para el período 2008-2021 la asistencia para la Iniciativa Mérida fue de US$ 3.500 millones de dólares. En el período 2010-2022 lo desembolsado para la iniciativa caribeña fue de US$ 832 millones de dólares, mientras que en el período 2008-2020 la iniciativa centroamericana recibió US$ 2.900 millones de dólares. Para 2024 la administración del Presidente Joe Biden solicitó US$ 440 millones de dólares para Colombia, US$ 341,3 millones de dólares para CARSI, US$ 111,4 millones de dólares para México y US$ 64,5 millones de dólares para CBSI. Es bueno mencionar que Estados Unidos incrementó, según InSight Crime (InSight Crime 2023 Cocaine Seizures Round-Up, 2024) la interdicción de cocaína en un 15,4% entre 2022 (31.9 toneladas) y 2023 (36.8 toneladas) en el marco de un récord de producción y de demanda de cocaína y en el contexto de un incremento de la violencia narco en América Latina y el Caribe. A pesar de los fracasos de la prohibición nada parece modificar la mentalidad de “guerra contra las drogas” en el exterior que sigue prevaleciente entre los tomadores de decisión en Washington.
Del total de la asistencia al conjunto de América Latina por parte de Estados Unidos para 2024 lo correspondiente a seguridad asciende al 26.6%: US$ 658,3 millones de dólares. En la categoría seguridad se incluyen: International Narcotics Control and Law Enforcement; Non-Proliferation, Anti-Terrorism, Demining, and Related Programs; International Military Education and Training; y Foreign Military Financing. De ningún modo, China ha tenido la disposición y el interés de brindar tanta asistencia a la región en el área de la seguridad y que ello pudiera deteriorar aún más la relación entre Washington y Beijing. Tampoco parece motivado a desafiar a Washington con una mirada alternativa, por ejemplo, en el tema de las drogas: de hecho, Estados Unidos y China son a nivel internacional activamente prohibicionistas.
Respecto a los mares y océanos es relevante referirse a la situación de Washington en la región. De los últimos seis comandantes del Southcom, tres han sido de la armada: el Almirante James Stavridis (2006-2009) quien en 2008 reactivó la IV Flota que había sido disuelta en 1950; el Almirante Kurt Tidd (2016-2018) quien enfatizó que Estados Unidos debía incrementar la vigilancia en la región; y el Almirante Craig Faller (2018-2021) quien insistió en que la presencia de gobiernos malignos en el área debía ser repelida. En 2010, Estados Unidos y los estados del Caribe establecieron lo que se conoce como Caribbean-United States Framework for Security Cooperation. En 2020, Colombia, Chile, Ecuador y Perú unieron esfuerzos para combatir la pesca ilegal en el Pacífico, recibiendo de inmediato un fuerte respaldo del entonces gobierno de Donald Trump. El objetivo era frenar la presencia pesquera de China. Desde 2020, en particular cuando presentó su estrategia frente a la pesca, la Guardia Costera estadounidense—la rama más pequeña de las seis que forman las fuerzas armadas—ha ampliado su presencia y operaciones en Centroamérica y Suramérica a los efectos de frenar las acciones ilegales en aquel campo. En ese mismo año, el Vice-Almirante Don Gabrielson (U.S. Naval Forces Southern Command) y el Brigadier General Philip Frietze (U.S. Marine Corps Forces) presentaron un Plan Integral de Apoyo a la Campaña Marítima para afrontar los retos generados por China y Rusia. En diciembre de 2020, se informó que se reactivaba la U.S. Atlantic Fleet para responder a la amenaza de Rusia. En enero de 2021, el Comandante Faller anunció que, como parte de la Estrategia de Defensa Nacional, el Comando Sur expandiría todos los espacios de competencia frente al avance de Beijing y Moscú (más Irán) en la región. En junio de 2022, Estados Unidos firmó (entre los signatarios estaba Jean Manes del Comando Sur) un Memorándum de Entendimiento con Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador relativo al Eastern Tropical Pacific Maritime Corridor (CMAR). Este acuerdo tiene un componente de seguridad que apunta a luchar contra las acciones pesqueras ilegales en el Pacífico Sur. En septiembre de 2023, el Departamento de Estado lanzó la Asociación para la Cooperación Atlántica de la que forman parte, por la región, Argentina, Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Guyana, República Dominicana y Uruguay. Una iniciativa–por ahora más informal que institucionalizada—que deja afuera de una eventual participación a Rusia y China y asegura un papel gravitante de Estados Unidos en el Atlántico Sur. China ha mostrado un interés creciente en el Atlántico Sur, pero la proyección de su presencia efectiva, en especial, del lado occidental, es modesta (en comparación con el lado oriental de la cuenca) como lo expresé en un texto al respecto (El Comando Sur, China y las Malvinas, 2021). ¿China pretende ser un poder naval con alcance global? Si. Y lo busca tanto por motivos de aspiración (reconocimiento, status, prestigio, etc.) como por razones de inseguridad (tanto histórica como actual). ¿Su proyección marítima en América Latina es elevada? No. Esto último obedece a las prioridades de Beijing y a la superioridad abrumadora de Estados Unidos en la región, así como a los logros de su estrategia.
En breve, la estrategia de negación de espacio y anti-acceso estadounidense en el continente, y en lo que hace al ámbito marítimo, muestra signos elocuentes de fortaleza. Si se entiende tal estrategia como un diseño para limitar (negación) o evitar (anti-acceso) que una fuerza enemiga logre avanzar en su área operativa, Estados Unidos ha robustecido su posición en la reciente década. Paralelamente, el 1 de febrero de 2024 el Representante demócrata Scott Peters introdujo (con el auspicio de dos legisladores demócratas y dos republicanos) un proyecto de ley—el Caribbean and Latin American Maritime Security Initiative Act—dirigido contra China y contemplando un conjunto de sanciones.
En cuanto a acuerdos relevantes en materia de seguridad y defensa entre Washington y los países latinoamericanos hay ejemplos sumamente interesantes. En 2009, Colombia y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación en Defensa que permitía el acceso de tropas estadounidenses a siete bases militares colombianas. En 2010, la Corte Constitucional lo declaró no vigente pues no era la extensión natural de previos tratados en la materia. Sin embargo, la relación militar entre Washington y Bogotá es muy estrecha desde entonces y se ha constituido en un caso singular de “triangulación” en materia de seguridad ya que Colombia ofrece entrenamiento policial y militar—principalmente en América Latina—en el marco de lo que Arlene Tickner y Mateo Morales han llamado una “cooperación dependiente asociada” entre los dos países (Cooperación dependiente asociada. Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados Unidos, 2015). Después de cuarenta años, en 2015 (gobiernos de Dilma Rousseff y Barack Obama) Estados Unidos y Brasil firmaron un Acuerdo de Cooperación en Defensa. Cuatro años más tarde, en 2019 (gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump) los dos países firmaron el Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas que permite que Estados Unidos autorice el lanzamiento, desde el Centro de Lanzamiento de Alcántara, de cohetes y satélites estadounidenses, brasileños o de otros países que utilicen o transporten equipos o sistemas de origen estadounidense. En marzo de 2022 en el caso de Brasil y en enero de 2023 en el caso de Chile, los respectivos congresos aprobaron los correspondientes Acuerdos de Cooperación Conjunta para la Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación de proyectos en materia de Defensa (RDT&E). En julio de 2023, Estados Unidos y Ecuador firmaron un Memorándum de Entendimiento para la asistencia en materia de defensa al país andino. En febrero de 2024, Estados Unidos realizó una importante donación para incrementar la capacidad operativa de las fuerzas armadas ecuatorianas. También en febrero el presidente Daniel Noboa firmó dos decretos para habilitar operaciones conjuntas, en el ámbito terrestre, marítimo y aéreo, contra el crimen organizado. Después de veinte años sin un instrumento al respecto, en agosto de 2023, Perú y Estados Unidos firmaron un acuerdo de interceptación de aviones del narcotráfico.
En 2013 el U.S. Army Corps of Engineers (USACE) acordó con la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento de Brasil la provisión de asistencia técnica para el manejo de recursos hídricos. En 2021, el USACE firmó un acuerdo de cinco años con la Corporación Eléctrica de Ecuador relativo a la ingeniería de ríos. En junio de 2022, ingenieros militares de Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú desarrollaron en Washington el National Level Exercise 22: el evento fue organizado por USACE. En marzo de 2024, Estados Unidos y la Argentina firmaron un Memorándum de Entendimiento entre los que gestionan la hidrovía del Misisipi (el mencionado Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos) y la Administración General de Puertos (AGP), para desarrollar intercambio de información y capacitaciones sobre hidrovía y ríos interiores. Además, existen las Security Force Assistance Brigades que realizan distintos tipos de misiones. Se encuentran distribuidas en seis comandos; uno de ellos es el Comando Sur. De acuerdo a un reciente informe (Army Security Force Assistance Brigades, SFABs, 2024) del Congressional Research Service, “la primera SFAB mantiene presencia persistente en Colombia, Honduras y Panamá, mientras también se expande episódicamente a Perú, Ecuador y Uruguay.” Otra vez, de ningún modo China tiene este variado y activo tipo de compromisos militares de Estados Unidos con América Latina.
En resumen, la preponderancia militar de Estados Unidos en América Latina es indudable. Es comprensible que Washington pretenda describir y justificar la competencia con China como si se tratase de una nueva Guerra Fría, así no lo sea por las diferencias considerables entre la relación Estados Unidos-Unión Soviética del pasado y la actual relación Estados Unidos-China. En la práctica, en materia de defensa y seguridad Washington ha ido reafirmando y fortaleciendo su presencia en la región según los datos disponibles. Gobiernos demócratas y republicanos por igual, sin fisuras entre el Ejecutivo y el Legislativo, con claro compromiso militar y civil, han elevado la centralidad de China en la estrategia internacional de Estados Unidos y han coincidido en identificar a Beijing como el mayor y más delicado competidor de Washington. En Latinoamérica, donde la proyección, con tinte pragmático, de poder material—comercial, financiero, asistencial y tecnológico–de China ha tenido un avance incontrovertible, la preeminencia de Estados Unidos en el plano militar no se ha debilitado ni está próxima a ser suplantada. Lo que es evidente es que la noción de una inminente amenaza china es desmesurada y desatinada. Máxime cuando la proyección material, con ribetes ideológicos, de Estados Unidos en la región es menos significativa y más retórica.
Puede ser útil, desde el punto de vista burocrático-corporativo, por ejemplo, para que el Comando Sur solicite más recursos. Desde 2010 hasta la actualidad el promedio del presupuesto para Southcom se ubica en los US$ 200 millones de dólares al año. Con el argumento del peligro chino en marzo de este año el Comando Sur elaboró un documento de veintiocho páginas para congresistas en el que, a los fines del presupuesto de 2025, apunta a conseguir US$ 323 millones de dólares (In $323M Wishlist, SOUTHCOM Wants Money to Counter Chinses Influence, Drugs in South America, 2024). En los años noventa, terminada la Guerra Fría, el Comando Sur identificó un “nicho” de financiamiento a través de la promoción de un activo rol en tareas anti-drogas. Los sucesivos comandantes fueron asegurando e incrementando ese papel, acrecentando su influencia en la política exterior y de defensa de Estados Unidos hacia Latinoamérica. A partir de 2006 cuando llega al Comando Sur el primer hombre de la armada—el Almirante Stavridis que reactiva la IV Flota—la dimensión de comando naval se tornó relevante y también facilitó el incremento de recursos en momentos en que comenzaba una revalorización estratégica de los océanos y mares. En años recientes, en la presente coyuntura y en medio de una disputa geopolítica en franco aumento entre Washington y Beijing, el US Southern Command procura asegurar una tarea ambiciosa en aras de limitar a China en la región. El nivel de fractura intra-latinoamericano y el vaciamiento de mecanismos suramericanos (por ejemplo, UNASUR y su Consejo de Defensa) es un incentivo adicional para que el Comando Sur encuentre más eco y menos resistencia al respecto.
En los tiempos por venir, desde el Pentágono en Washington y desde el Comando Sur en Miami, se insistirá con la idea de “ahí vienen los chinos, ahí vienen los chinos”. En serio, y con una mirada latinoamericana, ¿acá llegaron los chinos?
Disminuyó la inflación en enero y febrero pero siempre en la alta montaña. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable y baja? Según Caputo, primero estabilizar, bajar la inflación, ordenar el balance del BCRA, eliminar el cepo, crecer y luego bajar impuestos. Así que deberemos esperar todos estos plazos y “no ser ansiosos”. ¡Qué tal!
En diciembre 2024 una de las medidas del nuevo gobierno fue una fuerte devaluación que llevó el peso a $ 800 por dólar, o sea una depreciación pampa de nuestra moneda. Pero lo anterior es una parte de la historia, los dos meses del 2024 trajeron un incremento en los precios y especialmente en los Alimentos que ya le pisa los talones al dólar (hoy) de $ 854. Esto requiere que los precios (IPC) en los próximos meses disminuyan fuertemente, de lo contrario al dólar le entra el tembleque. ¿Persistirán con el módico porcentaje del 2 % mensual?
Pero algún logro puede mostrar Milei, la brecha entre el dólar oficial y el CCL se redujo, el riesgo país, bajó un escalón desde lo alto.
Todo el mundo (mejor, todos en Argentina) se pregunta cuánto será la inflación a fin de año. Para que el porcentaje se acerque a la conjetura del FMI se requiere una variación promedio mensual en los 10 meses que restan del 6 %. De lo contrario más sopa. No es una cifra que llene de medallas.
Veamos un pantallazo con seis números de febrero. Para el Nivel General el mensual ronda el 13 %, en los dos meses (enero y febrero) se acumulan el 36 % y en 12 meses (febrero 24 / febrero 23) el 275 %. Para los mismos periodos para en Alimentos los siguientes, en el mes 12 %, en el año 32 % y en 12 meses 285 %. ¡Agarrate Catalina!
Los Servicios (agua, gas, electricidad, transporte) vienen marchando, se supone que los meses por delante serán duros. ¿Esperando a Godot?
En un gráfico mostramos como vuelan los precios. ¡Y si!
El ITCRM sigue elevado, febrero mostró un paso atrás, pero en interanual continua con fuerte resto.
La tasa de interés real resultó negativo en los meses recientes. ¿Por cuánto tiempo? ¿O es parte del proceso de licuación de los pesos?
En el largo plazo desde el 2014 o sea 10 años, la tasa promedio mensual de inflación es del 4 %. Competimos en forma mensual con los porcentajes anuales de casi todos los países.
La inflación destroza el consumo y es lo que estamos viendo. ¿Licuando por cuánto tiempo?
La deuda es siempre un mecanismo de dominación. Fue a través del crédito de la Baring Brothers, contraído por el gobierno presidido por Bernardino Rivadavia en 1824, que Inglaterra diseñó un modelo agropecuario exportador para nuestro país. Modelo que fue reemplazado por el de industria de sustitución de importaciones (modelo ISI) desde el 4 de junio de 1943, con el derrocamiento del Presidente Ramón S. Castillo, merced a que la Argentina, tras la Segunda Guerra Mundial, al venderle alimentos y materias primas había pasado a ser acreedora de la rubia Albión.
Al independizarnos de la deuda dejamos de priorizar las ventas al mercado externo (el que vende sirve y el que compra manda decía José Martí [1]) para crecer sobre la base del mercado interno.
Manuel Belgrano lo señala clara y terminantemente en el Correo de Comercio del 6 de abril de 1811, donde escribe: “La nación China está dando a todas las del mundo conocido un ejemplo constante de lo que es el comercio interior auxiliado; no hay país más poblado que el que habita, ni nación más poderosa en el orbe: todas las que se llaman cultas van en busca de sus efectos. Llevándole la plata acuñada, principalmente la nuestra, para aumentar su grandeza, ostentación y lujo, su comercio interno es inmenso y el externo es insignificante respecto de la extensión del Imperio y el número de sus habitantes” [2].
La Argentina, desde 1943 y hasta nuestros días, lo ha demostrado siempre: el país crece y distribuye el ingreso sostenidamente si crece el consumo interno y, al revés, cuando se basa en el comercio externo, se frena y/o decrece la actividad, se excluyen partes importantes de la población, acumula riqueza una minoría que fuga capitales.
El comercio externo propicia un modelo extractivista, agropecuario-exportador donde se prioriza la obtención de divisas, que, por otra parte, se fugan y hasta se endeuda al país para poder convertir la parte de las ganancias que obtienen en pesos en dólares, con lo que no solamente beneficia a los sectores más ricos, sino que deja la deuda como hipoteca y condicionante de la economía nacional en su presente y su futuro.
Fue la política de endeudamiento propiciada por el gobierno de Cambiemos por más de 100.000 millones de dólares, en la que el BCRA, presidido primero por Federico Sturzenegger y después por Luis Caputo, financió la fuga de capitales y la AFIP no investigó quiénes fueron los que compraron los dólares durante la gestión de Cambiemos. Esto es de una gravedad extrema, porque se está permitiendo convalidar la evasión fiscal y la fuga de capitales y, a la vez, se está pagando la totalidad con el presupuesto nacional, a costa de menores haberes a los jubilados y pensionados, menor obra pública, menor asistencia a la población incluidas las limitaciones de los subsidios a la energía y al transporte.
El proyecto nacional y popular consiste en defender el mercado interno, el trabajo y la producción nacional y el modelo de subordinación y dependencia es el de propiciar la venta al exterior, a como dé lugar, de nuestros recursos y producción. La Argentina tiene lo que el pueblo necesita (energía, alimentos, agua, minerales, etc.) primero y no al revés como obliga el endeudamiento.
El acuerdo con el FMI
El 1 de febrero de 2024 el Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo técnico para la séptima revisión del programa con el gobierno argentino (acuerdo firmado en junio de 2018) y gira un desembolso de 4.700 millones de dólares correspondientes a los vencimientos de capital de diciembre de 2023, febrero y abril de este año.
El retorno del acuerdo vuelve a someter al país a las revisiones trimestrales y cumplir con las exigencias del organismo internacional. La nueva hoja de ruta exigirá:
La acumulación de reservas internacionales en el BCRA por 10.000 millones a lo largo del año.
Un fuerte ajuste fiscal que trastoca el déficit primario [3] (de 1,9% del PIB en el año 2023) por un superávit primario de 2% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 9.600 millones de dólares).
Que el BCRA no puede financiar al Tesoro de la Nación (cuando en el año 2023 dicho financiamiento fue del 1,5% del PIB).
Es incompatible cumplir lo acordado con el FMI, una meta fiscal de 2% de superávit primario (sin financiamiento del BCRA) y, paralelamente, el acrecentamiento de las reservas internacionales del BCRA en 10.000 millones de dólares, cuando se tienen ingentes vencimientos de servicios de la deuda, externa e interna.
La devaluación del peso realizada no bien asumió el gobierno de Javier Milei perjudicó y perjudica tanto al Estado nacional como a las provincias endeudas en dólares, dado que, al recaudar en pesos, le es cada vez más caro comprar esas divisas. Por ende, la inflación licúa el gasto en pesos (salarios, jubilaciones y pensiones, etc.), a lo que se suma la suspensión de gran parte de la obra pública, disminuir las transferencias de la Nación a las provincias y el gasto social, por lo que si la población soporta estoicamente sin oponerse a las medidas, es probable cumplir la meta fiscal; pero no la cambiaria, máxime que en el año 2024, el Tesoro de la Nación deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por 4.407 millones de dólares (de los cuales 2.644 millones corresponden al pago de capital e intereses de la deuda con los bonistas y 1.763 millones de dólares son intereses con el FMI).
Los vencimientos acordados con el FMI por el gobierno de Alberto Fernández y refrendado por la ley 27.612 son los siguientes.
Se pagan los intereses de la deuda total con el FMI y a cada vencimiento de capital siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas en las distintas revisiones técnicas, nos otorgan un crédito por ese capital financiado a diez años; de esa manera se convierte el stand by otorgado al gobierno de Cambiemos en un préstamo de facilidades extendidas.
A su vez, el cronograma previsto de pagos de deuda externa e interna (acrecentada en la gestión de Alberto Fernández que al no poder colocar títulos de deuda en el mercado externo lo hizo en pesos en el mercado local, pero ajustables por inflación o por dólar oficial, por lo que el resultado es similar) de la Administración nacional para el período 2024-2027 es el siguiente.
A ello debe sumarse la deuda con el Club de París y otros organismos internacionales de créditos por 5.000 millones de dólares y la deuda en swaps con la República Popular China por los tramos usados de esta [4].
El gobierno nacional podrá renegociar una parte de la deuda externa, pero no puede con los ingresos del erario público comprar la cantidad de dólares para pagar las obligaciones externas y a la vez acrecentar las reservas netas en 10.000 millones de dólares, no tiene el superávit fiscal necesario para comprar esos dólares y tampoco el superávit comercial suficiente para proveer esas divisas (ni siquiera si el “campo” vendiese todo lo que tiene para exportar).
Salvo, y allí reside el porqué del DNU 70/23 y del malogrado proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que se realice la venta de las acciones de empresas públicas (incluido el Banco de la Nación Argentina) y que el Tesoro de la Nación se apropie del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, como consta en la “ley Ómnibus” [5].
En síntesis
El gobierno de Javier Milei realiza un irracional ajuste de las cuentas públicas con su correlato sobre el consumo y la inversión en la economía argentina para garantizar tres objetivos que se interrelacionan entre sí:
Hacerse cargo a través del presupuesto nacional una deuda que no se investigó (y que se está pagando) beneficiando a los que tomaron esa deuda porque el pueblo argentino cubre su endeudamiento.
La enajenación del patrimonio nacional en beneficio de grandes fondos que, a cambio de esa deuda, van a exigir nuestros recursos naturales y nuestras principales empresas (YPF; ARSAT, Banco de la Nación Argentina, Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, etc.).
De esa manera, como interrelación entre los puntos a y b, garantizar un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador que no genera trabajo y beneficia exclusivamente al gran capital financiero.
El primer paso para salir de esta situación es inspeccionar las compras de dólares que se hicieron en todos estos años. El BCRA tiene todos los datos (quiénes compraron y cuánto), para llamar a los administradores de esas empresas y a las personas físicas y preguntarles de donde detrajeron el dinero que no surge de sus balances y/o de sus declaraciones juradas.
Se debe empezar por el Informe del BCRA “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, publicado el 21 de mayo de 2020 en El Cohete, que demuestra que, en el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, el BCRA (Sturzenegger y Caputo) vendió 86.200 millones de dólares, y se sabe quiénes son los que más compraron. Es más, existe el proyecto del senador Oscar Parrilli con sanción de esa Cámara y que tiene dictamen de mayoría a favor y de minoría en contra en Diputados, y nunca fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su discusión y que se convierta en ley, por la que deberían pagar esa deuda de la que se beneficiaron.
[2] Finalizadas las guerras del Opio, China firmó con el Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos, los tratados desiguales. Desde su firma hasta 1870 fue la fase de dominación del imperialismo de libre comercio británico. Paradójicamente es el partido y el Estado comunista chino, que desde 1970 negocia de igual a igual con el capital extranjero, tratados de inversión en China con la obligación de asociación y de desarrollo del conocimiento en el país, lo que explica el crecimiento por exportaciones y que, gracias a los motores de crecimiento de innovación científica, consumo y desarrollo verde, la economía china se ha duplicado en los últimos diez años y la renta media disponible por habitante creció un 6,1% en términos reales (Wang Wei, embajador de la República Popular China en la Argentina).
[3] Es el gasto público total antes de pagar los servicios de la deuda.
[4] En el año 2009 se realizó el primer acuerdo entre la República Popular China y la Argentina por el cual nos concedían financiamiento para importar productos de ese país por 70.000 millones de yuanes (unos 9.300 millones de dólares), pero tenían esa asignación específica (no eran de libre disponibilidad).
En julio de 2017, el Banco de la República Popular de China y el Banco Central de la República Argentina firmaron un acuerdo suplementario de «swap» de monedas por 63.000 millones de yuanes (equivalente a 8.700 millones de dólares). Por lo tanto el monto es, convertido a dólares, de unos 18.000 millones de dólares
En ese marco, China le concedió a la Argentina la disponibilidad de utilizar los yuanes para pagarle al FMI: a) parte de la cuota de capital de junio de 2023 (por el equivalente a 1.000 millones de dólares) y b) parte de los intereses en julio de 2023 (por 1.600 millones de dólares). Que a su vez la Argentina canceló ambos créditos de China en el mes de agosto de 2023.
En octubre de 2023, el Presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del swap con China por 47.000 millones de yuanes, que equivalen a unos 6.500 millones dólares, pero de libre disponibilidad.
Tras la llegada del nuevo gobierno y de una serie de sucesos que afectaron las relaciones comerciales y diplomáticas con China, dicho país decidió suspender la ampliación de los 47.000 millones de yuanes de libre disponibilidad acordado con el gobierno de Alberto Fernández, pero no exigió adelantar el pago de los tramos del swap ya utilizados ni que se cancelaran los inactivos.
Esto es el monto vigente (equivalente a 18.000 millones de dólares) es solo para importar bienes y servicios de China, y se divide en tres tramos hasta 2026, el primero de ellos vence el 30 de junio de 2024 y sería el menor (de un poco menos de 5.000 millones de dólares), es más que probable que no se renueve y obligue al país su cancelación.
[5] En su artículo 226, el proyecto enviado al Congreso por el gobierno señala: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facultase el Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.
