Negocio para pocos

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6 abril, 2026

En la llamada “Semana Argentina” ante inversores de Wall Street y locales (más locales que extranjeros) en Manhattan, los días 9 a 11 de marzo 2026, el ministro Luis Caputo habló dos veces. Una, el martes 10 en la sede del Bank of America; y la otra, en el cierre, el miércoles 11, en el consulado argentino en Nueva York. En ambas dijo que habían creado las condiciones para que ingresen capitales del exterior al país en inversiones, sobre todo mineras y petroleras.

Sin embargo, en esa llamada “Semana Argentina”, solo se anunciaron dos proyectos. Estos fueron los presentados por Marcelo Mindlin en nombre de Pampa Energía y de TGS (Transportadora Gas del Sur) y van a ser presentados ante el Comité Evaluador del RIGI (que preside Luis Caputo), por un total de 7.700 millones de dólares:

Desarrollo petrolero en Rincón de Aranda (4.500 millones de dólares), con el objetivo de aumentar la producción de Vaca Muerta, para principios de 2027, en 45.000 barriles de petróleo por día (cuando actualmente se producen aproximadamente 600.000 barriles diarios, que representan cerca del 70% de la producción total de la Argentina).
Una planta de procesamiento de gas líquido (3.200 millones de dólares) en Bahía Blanca.

Mindlin dijo que Pampa Energía logró financiamiento en dólares a 10 años para el primer proyecto y TGS a 12 años para el segundo, a una tasa del 8% anual en esa divisa. El 51% del paquete accionario de TGS le pertenece a Pampa Energía, a la familia Sielecki y al Grupo SAFRA, del Banco Safra, que es uno de los grandes bancos de Brasil. Pero el 49% de las acciones restantes cotizan en bolsas, principalmente la de Wall Street, y principalmente administradas por BlackRock y Vanguard.

Los dos proyectos anunciados por Marcelo Mindlin serían los números 13 y 14 del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) [1], pero posteriormente se anunciaron otros dos:

Vicuña Corp: Es una empresa conjunta constituida entre Lundin Mining (de origen canadiense) y BHP (de origen australiano; es la minera de cobre más grande del mundo [2]) con participación igualitaria del 50% para cada una. Se creó en enero de 2025, tras la adquisición conjunta del proyecto Filo del Sol (5.200 metros sobre el nivel del mar) y Josemaría (a 4.230 metros), ambos en la provincia de San Juan. Vicuña Corp busca combinar ambos depósitos en un plan de desarrollo por fases, que atraviesan zonas glaciares y periglaciares a través de caminos y áreas de funcionamiento de los propios proyectos, y se perfila como el mayor desarrollo cuprífero de la Argentina con una inversión presupuestada de 7.000 millones de dólares. Es el mayor impulsor de la reforma de la Ley 26.639 de protección del agua, tal como lo denunciara el abogado ambientalista Enrique Viale y otros en la audiencia sobre la ley en la Cámara de Diputados de la Nación.
El gobierno de Milei le cedió una línea de 500 kV (obra de infraestructura estratégica que los argentinos pagaron con sus impuestos durante un cuarto de siglo) para abastecer al distrito minero Vicuña.
Phoenix Global Resources Plc (el 90% pertenece a Mercuria Energy Group y el 10% restante a capitales cubanos de Miami; parte de ello forma Integra Capital, que es la corporación que preside José Luis Manzano) se presenta en el RIGI por 6.000 millones de dólares para extraer petróleo y gas en Mata Mora norte y sur y en Confluencia norte y sur de Vaca Muerta.

Mercuria fue fundada en Ginebra, Suiza, en el año 2004 por dos operadores de Goldman Sachs, Salomon Brothers y Sempra Energy, y hoy está fuertemente vinculada a capitales de Manhattan.

Paradójicamente, importantes empresas del sector energético, nacionales y extranjeras, han abandonado la intención de invertir en la extracción de petróleo y gas, como Equinor, Petrobras, Petronas, Total Energie, Shell, Exxon Mobil, Enap Sipetrol, o las empresas argentinas Contrera Hermanos SA y Esuco SA (que se fueron de Vaca Muerta porque ENARSA no les pagaba las facturas). O Pluspetrol, que había comprado la parte que explotaba en Vaca Muerta a Exxon Mobil, y a su vez cedió el 80% de Los Toldos Sur y el 50% de Pampa de las Yeguas a la firma estadounidense JPM Energía S.A., empresa cuyo accionista mayoritario es Jon McCreary, CEO de JMAC Energy Services, una compañía de servicios petroleros con base en Estados Unidos y operaciones ligadas al desarrollo no convencional.

La explicación de Lucka Glezer en su nota “Relato en conflicto” del 29 de marzo de 2026 es central: “El problema de fondo aparece ahí. Desarrollar GNL a gran escala implica inversiones gigantes, decenas de miles de millones de dólares. Una magnitud que hoy la Argentina no puede absorber. Ni siquiera en el escenario optimista del RIGI. La cuenta, simplemente, no cierra”, para terminar con: “Para que Vaca Muerta desarrolle su potencial, se debería invertir unos 20.000 millones de dólares por año. Esa cifra, hoy, no existe. Ni en el sector privado ni en el Estado”.

Sin embargo, hay un cambio de situación con la guerra del Golfo.

La guerra del Golfo

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, que lleva seis semanas de combate, demuestra la dignidad del pueblo y del gobierno de Irán. Representa un ejemplo para los pueblos árabes y probablemente provocará una verdadera primavera, imponiendo severos límites a sus castas dominantes (que protegen Estados Unidos e Israel) e incluso abriendo la posibilidad real de una federación de países productores de petróleo, gas y sus derivados.

Ese hecho, tan temido por los Estados Unidos e Israel y el capital que está detrás de esos dos países, significa que ya nada será como hasta febrero de 2026, y obliga a los fondos de inversión a replantearse el estado de situación.

De allí que vayan a priorizar las explotaciones mineras e hidrocarburíferas en otras zonas del planeta y en la Argentina, con Vaca Muerta, Palermo Aike, la cordillera de Los Andes, etc. Un gobierno funcional a esos capitales y un pueblo que mayoritariamente no es consciente de sus derechos, con una parte importante de la oposición política y administraciones de provincias que creen que pueden privatizarse nuestros recursos naturales, pasa a ser fácil presa de la voracidad de grandes empresas extractivistas.

Cuando en la “Semana Argentina” en Nueva York le preguntaron a Luis Caputo si él creía que con el precio actual del dólar y con la capacidad adquisitiva de esa moneda en nuestro país eran rentables las inversiones, respondió que el precio del dólar es el fijado por la relación entre el gobierno y la sociedad argentina. Además afirmó que el ajuste por el índice de precio al consumidor del INDEC en el piso y en el techo de la banda de flotación garantizaba su validez.

Obviamente, habló ante grandes inversionistas que mayoritariamente se benefician con la renta financiera que vía carry trade retrasa persistentemente el precio del dólar, por lo que se facilita su compra y fuga. En esa operación participan los bancos y fondos que estuvieron en esas reuniones y que son socios principales y/o financistas de las empresas mineras, hidrocarburíferas y energéticas que participan del RIGI, y que ganan fortunas con el retraso cambiario, las tasas de interés que paga o reconoce el Estado nacional y la apertura cada vez mayor para la compra de divisas y su fuga.

Pero saben que están en riesgo que se pueda mantener el carry trade, por las consecuencias económicas (y sociales) del precio del petróleo, gas y derivados y su influencia sobre los niveles de actividad y pagos de las deudas (públicas y privadas).

El impacto en el precio del petróleo y del gas (sobre todo el GNL, gas natural licuado) acelera los tiempos, al hacer más importante y urgente su inversión, y la Argentina sería una opción, más otras en otras partes del planeta, para sustituir parcialmente la oferta de los países de Oriente Medio. En ese marco, Luis Caputo no se cansa de decir que se va a continuar con el carry trade, pero sabe que será así hasta que el precio de la energía sea tal que su renta supere la renta financiera.

Es más, cuando se le pregunta cómo va a hacer para pagar los vencimientos por 8.800 millones de dólares para lo que resta de este año 2026, responde que se va a tener una buena cosecha que podría aportar hasta 8.700 millones de dólares adicionales en exportaciones, cuando CIARA-CEC declararon ventas por 31.338,7 millones de dólares el año pasado.

Y habla de ese mayor ingreso con el tipo de cambio vigente, ofreciéndoles a los grandes acopiadores y comercializadores de granos que operan en el país que se pasen a pesos y ganen la diferencia por carry trade, y volver a las divisas y fugarlas, como pasó, tras la devaluación de más del 100% del 12 de diciembre de 2023, en los años 2024 y 2025 y en lo que va del año 2026. Y como lo demuestra el Balance Cambiario del BCRA; “Personas Humanas”, así se llama la cuenta, compraron 43.278 millones de dólares en esos dos años (obviamente, los exportadores que deben vender sus dólares por pesos son los principales adquirentes). Y en el primer bimestre de 2026, las compras fueron por 5.648 millones de dólares, sin contar que las exportaciones se realizan por declaración jurada, y que no se sabe bien cómo este gobierno las controla.

Por supuesto, el impacto sobre los precios en general y de los combustibles y energía en particular será pagado por el pueblo argentino. Esto se agrava por la quita de subsidios de Nación; el costo de la energía [3] en los hogares, al menos, se duplicará.

El rol de la Administración nacional de Milei es diáfano: paga altas tasas de interés a los “bonistas” (tenedores de títulos públicos en pesos y en divisas), permite la fuga de capitales y quita el subsidio a la energía eléctrica y al gas.

También beneficia negocios como el de YPF S.A., que cede zonas en Vaca Muerta, y que vendió su parte (el 50% de las acciones) de Profertil S.A., la planta de fertilizantes más grande del país, a Adecoagro S.A. Tras la guerra del Golfo, aumentará sideralmente el precio de la urea, y será para ganancia nítida de esa empresa, cuyo principal accionista es Tether Holdings Limited, la empresa emisora de la criptomoneda estable USDT, y el 30% restante le corresponde a la familia Bosh [4]. Y el retiro de YPF hace que Pampa Energía S.A. tome deuda por 1.500 millones de dólares para levantar y operar la planta de urea granulada Fertil Pampa Urea en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. No lo hace el Estado y sí las grandes empresas del sector.

En síntesis

Mientras en las bolsas y los mercados de capitales en el mundo derrapan el precio de las acciones de las principales empresas cotizantes y no se sabe cuál será el precio del dólar en un futuro inmediato, sí es segura la suba del precio del petróleo y del gas, y por extensión del cobre y del litio y de cuánto puede convertirse en energía y/o posibilitar su traslado.

Los mandantes de Luis Caputo y equipo pretenden continuar con la renta financiera y la fuga de capitales, para lo que plantean la imperiosa necesidad del ingreso de divisas al país para pagar la deuda (y beneficiar a sus acreedores) y financiar la fuga de capitales. Y a la vez propician la venta y/o concesión a precio vil de nuestras empresas públicas y de nuestros recursos naturales, sin respetar nuestra Constitución nacional, especialmente su artículo 40, que regula los mecanismos de consulta popular sobre lo que le pertenece al pueblo argentino y no al gobierno ni a los supuestos representantes. Es más, les cabe el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe al Congreso otorgar al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del poder público o supremacías que pongan en riesgo la vida, honor o fortuna de los ciudadanos. Los actos que violen esto son nulos y sus autores serán considerados infames traidores a la patria.

Ganan y fugan fortuna, empobrecen al país y a su pueblo, pero nada es para siempre.

[1] Régimen creado por la Ley 27.742, que crea enclaves económicos que pueden ser extranjeros dentro del país y que pueden quedar bajo jurisdicción extranjera. Se les confiere estabilidad fiscal por 30 años; a partir del quinto año podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país. Sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin obligación de abastecer al mercado interno.
Los 12 proyectos aprobados por el RIGI hasta la fecha son: 1) Parque solar El Quemado en Mendoza; 2) oleoducto en Vaca Muerta hasta el océano, por YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell; 3) Southern Energy (Pan American Energy): instalará una barcaza para producir gas natural licuado (GNL); 4) Rio Tinto: planea invertir 2.724 millones de dólares para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta; 5) Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, para producir 360.000 toneladas anuales de aceros largos; 6) PCR y Acindar: invertirán 255 millones de dólares en un nuevo parque eólico en Olavarría; 7) Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca; 8) Los Azules: la empresa McEwen Cooper extraerá cobre en San Juan; 9) Se amplía el puerto de Timbúes; 10) Gualcamayo: busca extender la vida útil de su mina en San Juan; 11) mina Veladero en San Juan, cobre y oro; 12) el proyecto Diablillos, una nueva mina de oro y plata en Salta y Catamarca.
[2] Posee la mina Escondida en Chile (la mina de cobre de mayor producción mundial) y Olympic Dam en Australia. Vicuña Corp. nació en enero del 2025, tras un joint venture entre Lundin, una minera canadiense valuada en 28.500 millones de dólares con operaciones y proyectos en la Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos dedicada a la producción de cobre, oro y níquel, y BHP, la mayor minera del mundo por capitalización bursátil (171.000 millones de dólares), fundada en 1885, con sede en Melbourne, Australia, y uno de los principales productores globales de cobre.
[3] Por ejemplo, el nuevo esquema de Subsidio Energético Focalizado implementado por el gobierno nacional reduce el tope de consumo subsidiado, que en algunas zonas va de 550 kWh a apenas 150 kWh. Y con relación al gas, en el invierno se debe importar gas licuado.
[4] Mariano Bosch, ex presidente de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina).

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La batalla por las emociones: qué pasa cuando la política alimenta el odio

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Romina Pignanelli

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6 abril, 2026

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dry soil — Photo by Francesco Ungaro on Pexels.com

En los últimos años, el debate público argentino se vio atravesado por mensajes que apuntan contra mujeres, feminismos y la comunidad LGTBIQ+. Estos discursos, impulsados desde el propio Gobierno nacional y encabezados por Javier Milei, tienen un impacto directo en cómo se perciben ciertos colectivos y cómo se organizan las conversaciones en la sociedad.

Distintas miradas coinciden en que las emociones —como el miedo, el enojo o la desconfianza— no son meras sensaciones individuales y pasaron a ser fuerzas que moldean comportamientos colectivos. Hoy influyen en quiénes son incluidos o excluidos del debate público, y en cómo se construyen consensos o enemistades.

Algunos especialistas sostienen que las emociones sostienen estructuras sociales y modos de vida. Otros advierten que el odio, en particular, se volvió una herramienta central para comprender la política actual: conecta comentarios cotidianos en redes sociales con ideas antiguas que reactivan viejas jerarquías y prejuicios.

Distintos especialistas vienen señalando que las emociones —como miedo, odio o vergüenza— ya no son solo sensaciones personales, sino fuerzas que moldean comportamientos colectivos. Según estos enfoques, los afectos influyen en qué grupos son incluidos o excluidos del debate público. En el libro Las vueltas del odio que estudia el caso de la presidencia de Bolsonaro. Desde su perspectiva, el odio se vuelve visible en las escrituras contemporáneas, especialmente en textos que circulan en redes sociales, medios y piezas artísticas. Estas escrituras del odio exhiben una materialidad que tensa los límites de lo decible y perfora consensos democráticos construidos en la posdictadura. Actualmente, estos límites están en disputa constante, si ya no parecieran estar borrados. ¿Cuál es el límite de lo decible? ¿En qué lugar anclan estos discursos?

las escrituras del odio no solo producen conflicto en el presente: movilizan archivos afectivos sedimentados que resurgen con energía renovada y reorganizan imaginarios sociales, discursos políticos y prácticas institucionales. Giorgi y Kiffer aportan la escena actual en la que estas dinámicas se materializan, especialmente a través del odio escrito, su viralización y su capacidad de reactivar temporalidades. Los autores afirman:

“Elegimos quedarnos con el odio como núcleo porque el efecto más problemático, en un sentido específico; el que lleva al límite las formas de la relación social, los pactos discursivos, las formas y protocolos de la vida civil y las reglas de lo democratico.”

Por su parte, en La política cultural de las emociones Sara Ahmed plantea que ciertos grupos se vuelven “soportes” de emociones negativas que la sociedad deposita sobre ellos, generando fronteras afectivas que separan comunidades y refuerzan estigmas.

Los discursos que marcaron el clima social reciente

Varios episodios del Gobierno nacional muestran cómo estos mecanismos se hicieron visibles en la esfera pública. En su intervención en el Foro Económico Mundial de 2025, el presidente Javier Milei calificó la “ideología de género” como “abuso infantil” y cuestionó la figura del femicidio. El mensaje generó rechazo de organizaciones feministas y de diversidad sexual, que lo interpretaron como un ataque directo a sus derechos.

En el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno difundió un video institucional que denunciaba una “estafa millonaria” vinculada a las políticas de género y acusaba a los feminismos de impulsar “agendas absurdas”. Buscaba reforzar la idea de que los reclamos por igualdad representan una amenaza o un gasto injustificado.

Otro punto de conflicto surgió cuando el Gobierno vinculó la baja de nacimientos en el país con un supuesto ataque progresista a la familia tradicional. Transformar un fenómeno complejo y multicausal como la baja de la natalidad en un ataque directo a las mujeres, es una estrategia para reinstalar un modelo familiar patriarcal como único como horizonte obligatorio.

Lo que circula en estos discursos no es solamente información: son emociones que se viralizan, se adhieren y moldean percepciones. Estas sensaciones pueden orientar a la sociedad a favor o en contra de determinados grupos, reforzando prejuicios y legitimando exclusiones.

Así, la disputa política actual no ocurre solo en las instituciones, sino también en la administración de los afectos que definen qué puede decirse y qué se considera legítimo en el espacio público.

Hacia una narrativa que enamore

En un momento en el que los discursos de odio buscan dividir y expulsar, se vuelve urgente construir una narrativa diferente: una que convoque a quienes todavía creen en la democracia como un proyecto común. Las pasiones siempre están en juego, y por eso es necesario generar nuevas, capaces de enamorar, inspirar y convencer de que otra manera de hacer política es posible. Una política que incluya, anclada en la justicia social, que ensanche las perspectivas y que recupere el deseo de vivir mejor en sociedad. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de volver a imaginar un futuro que nos abrace a todos y todas.

Si te gusto esta nota, te recomiendo seguir leyendo:

Ahmed, S. (2015). La política cultural de las emociones (C. Olivares, trad.). UNAM – Programa Universitario de Estudios de Género. (Ed. orig. 2ª ed. inglesa, 2014).

Giorgi, G., & Kiffer, A. (2020). Las vueltas del odio: Gestos, escrituras, políticas. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Safatle, V. (2019). El circuito de los afectos: Cuerpos políticos, desamparo y el fin del individuo. Editorial Bonaventuriana.

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Trump y los militares: un asunto delicado

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Juan Tokatlian

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6 abril, 2026

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us navy blue angels jet formation in flight — Photo by Sean P. Twomey on Pexels.com

Comienzo con dos apreciaciones. La primera es que, aunque fue esbozada al inicio de los noventa, la estrategia de primacía ha sido persistente en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta la fecha. En síntesis, y a los fines de esta nota, una estrategia remite a una guía esencial que articula la concepción y la práctica de la política exterior y la política de defensa —inextricablemente entrelazadas— de un país. La primacía es, en ese sentido, un tipo de estrategia que se caracteriza por el hecho de que Washington no acepta ni tolera la existencia y el desafío de un competidor de igual talla. George W. Bush desplegó una primacía agresiva mediante la cual recurrió a una proyección militar enérgica en distintos escenarios internacionales; elevó el presupuesto y el perfil de las fuerzas armadas en desmedro de los recursos y el rol de la diplomacia; y optó por un unilateralismo que socavó el multilateralismo.

Barack Obama ensayó una primacía calibrada que consistió en limitar la apertura de nuevos frentes de acción militar con numerosos soldados en el terreno de combate; se apoyó circunstancialmente y en ciertos temas en los foros multilaterales; e intentó la recuperación de una imagen y reputación crecientemente cuestionadas a nivel mundial. Donald Trump expresó una primacía ofuscada en la que intimidar a cercanos y distantes se tornó habitual; revigorizó los presupuestos de defensa; e instauró un unilateralismo pendenciero. Joe Biden implementó una primacía dosificada: en esencia, concentró los esfuerzos de Washington en cercar a China e intentar revertir su proyección de poder, al tiempo que fortaleció sostenidamente, y batiendo récords año tras año, los presupuestos de defensa.

En segundo lugar, la preservación de este aspecto no significó que fuera idéntica en el tiempo respecto al uso del dispositivo militar. En breve, existió una fase expansiva en la que Estados Unidos inició y libró guerras simultáneas como los casos de Irak y Afganistán y lanzó acciones de combate de distinto tipo en Medio Oriente y África. Ese período, en el que predominó lo que llamó el despliegue, comenzó con Bush hijo y se fue reduciendo durante el primer mandato de Obama. Washington tenía un objetivo preciso: moldear decisivamente el escenario internacional y asegurar la satisfacción de sus intereses nacionales mediante una presencia militar extendida.

Con diferente intensidad y alcance el recurso a asesinatos selectivos, el empleo masivo de drones, el refuerzode fuerzas especiales en ciertas regiones, el lanzamiento de operaciones cinéticas, entre otros, se multiplicaron desde el segundo Obama hasta Biden. Durante la segunda fase se fue consolidando lo que denomino repliegue, entendido éste como el retiro (incompleto) de ciertos conflictos (por ejemplo, Irak) y el freno a iniciar nuevas guerras. De modo sintético, Estados Unidos conoció los límites de una sobre-extensión militar y empezó a evitar el emprendimiento de guerras adicionales en distintas latitudes. En consecuencia, se pasó de la primacía con despliegue a la primacía con repliegue. Bajo este marco de referencia, la primera administración Trump fue un ejemplo de lo segundo.

Donald Trump entre 2017 y 2021, como lo mostró en detalle Bernabé Malacalza en un reciente escrito en Cenital, no fue un presidente pacifista, aunque su estrategia combinó aspiraciones discursivas de preponderancia global con prácticas de retraimiento parcial en lo militar. En ese sentido, en diciembre de 2018 anunció la futura salida de efectivos de Siria y en noviembre de 2020 ordenó la retirada de tropas de Afganistán como parte de un acuerdo forjado con los talibanes en febrero; lo cual recién se concretó en el gobierno de Biden. Esas decisiones fueron cumplidas no sin roces con el Pentágono. En todo caso, y en materia internacional, el vínculo entre Trump y las fuerzas armadas no estuvo exento de tensiones, a pesar del incremento sostenido en el presupuesto de defensa — US$ 682 mil millones en 2018; US$ 734 mil millones en 2019; US$ 774 mil millones en 2020; y US$ 806 mil millones para 2021 — y de su impulso a la fabricación de armamento supersónico y la creación de una nueva rama de las fuerzas armadas, la US Space Force.

Sin embargo, corresponde subrayar que en abril de 2017 decidió que se lanzara la “madre de todas las bombas” convencionales — apenas por debajo de una bomba nuclear — contra refugios de ISIS en Afganistán. En los primeros dos años de su gestión dispuso 176 ataques con drones en Yemen — en ocho años de gobierno Obama autorizó 154 ataques con drones en ese país. En su primer mandato Trump triplicó, respecto a los lanzamientos durante la administración Obama, los ataques con drones a Yemen, Somalia y Pakistán juntos. En enero de 2020, en otro ataque de precisión — un dron MQ-9 Reaper — se mató a Qasem Soleimani, poderoso alto militar de Irán. Además, él relajó las reglas de empeñamiento; lo cual llevó a que en 2019 se produjera la mayor muerte de civiles en Afganistán desde 2002. Conocemos, gracias a las memorias del último secretario de Defensa, Mark Esper, que Trump propuso lanzar misiles para destruir laboratorios de drogas en México y realizar un ataque militar contra Venezuela. Finalmente, tales operativos no se llevaron a cabo pero reflejan que el mandatario republicano era, más bien, “un belicista disfrazado de pacifista”.

En el plano doméstico, las relaciones cívico-militares durante el primer mandato de Trump también estuvieron marcadas por malestares; en gran medida por algunas determinaciones del mandatario en el frente internacional, así como por su afán de disponer de un amplio margen de libertad respecto a las fuerzas armadas en un marco nacional de creciente polarización. Distintos incidentes — su uso de la gorra de MAGA (Make America Great Again) en ceremonias militares; el otorgamiento de perdones presidenciales a militares convictos por crímenes de guerra; la amenaza de desplegar a las fuerzas armadas en junio de 2020 a raíz de la violencia policial contra afro-estadounidenses; entre varios otros — fueron creando un clima de desconfianza y fricción. Resultó evidente que Trump no aceptaba constreñimientos y que estaba fastidioso con el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mike Milley; quien reveló en un reciente libro de Bob Woodward que Trump es un “fascista de alma” y el “hombre más peligroso del país”.

A su turno, según dos opiniones de personas que dialogaron con Trump en la Casa Blanca, el presidente afirmó: «Necesito el tipo de generales que tuvo Hitler”. Adicionalmente, el fracasado putsch del 6 de enero de 2021 no encontró acompañamiento de las fuerzas armadas. Si bien en esa jornada y en otros hechos Trump procuró alinear a su favor a los militares, éstos evitaron involucrarse en situaciones violatorias de la ley y la Constitución. La politización de las relaciones cívico-militares a cargo del presidente fue evidente: Trump buscó dominar a las fuerzas armadas a su antojo y con ello generó un clima tóxico. No obstante, hay que agregar que las críticas de militares al mandatario pusieron en duda la apoliticidad de los militares. Para finales de 2020, y en especial, antes del cambio de gobierno en 2021, la tirantez entre Trump y este sector resultaba elocuente.

Cuatro años más tarde, y durante la campaña que finalmente lo volvería llevar a la Casa Blanca, el tema militar fue objeto, nuevamente, de referencias por parte de Trump. Cabe recordar que, según encuestas sobre la intención de voto de las fuerzas armadas activas, Trump obtuvo el 40.7% en 2016 y 37.4% en 2020. Respecto a la elección de 2024, el porcentaje de militares retirados cuya preferencia era Trump ha sido de 61%. Ya en la contienda con Kamala Harris surgieron algunas diferencias no menores (por ejemplo, respecto a Ucrania y a la OTAN) entre la candidata demócrata y el candidato republicano. En el tramo final de la campaña, Trump alegó que los militares eran woke, débiles e inefectivos. A su vez, aseveró que había “enemigos internos” — quizás más peligrosos que China o Rusia — ante los cuales había que desplegar la Guardia Nacional o el ejército si fuera necesario. A ello se sumó el rumor, desmentido por el Pentágono, de que los militares estaban autorizados a usar la fuerza durante la elección. Una nueva etapa de la politización de las relaciones cívico-militares, aún antes de la asunción de Trump el 20 de enero de 2025, aparenta ser obvia. Corresponde destacar que en un contexto de polarización que persiste, un estudio reciente muestra que una mayoría de civiles respalda el uso de militares en materia de orden público interno, al tiempo que casi un 75% de oficiales la rechaza.

Después de su triunfo, Trump fue anunciando día a día su gabinete. Sorpresivamente, designó a un periodista de Fox News, Peter Hegseth, sin ninguna experiencia en los temas militares, para el cargo de secretario de Defensa. Rápidamente, el nuevo funcionario se alineó con el presidente electo en su cruzada contra los generales woke. Paralelamente, se supo que un grupo de trumpistas encargados de la transición estaría elaborando una orden ejecutiva para establecer un “warrior board” compuesto por militares retirados encargado de evaluar a generales y proponer la remoción de quienes no tuvieran aptitudes de liderazgo. Asimismo, al parecer ese grupo ya tiene una lista de militares para ser cesados. Esto alarmó a las fuerzas armadas y se produjeron reuniones de altos oficiales para analizar cuál sería la eventual respuesta ante órdenes ilegales de parte del presidente entrante: para el caso, la participación militar en la deportación masiva de inmigrantes que propuso Trump y que le valió una gran cantidad de votos. Cabe recordar que según la encuesta que viene realizando Gallup desde 2001, en 2024 la confianza en la institución presidencial fue de apenas el 26%, mientras la confianza en la institución militar alcanzó el 61%. Sin embargo, de acuerdo con el denominado Proyecto 2025 del think-tank Heritage Foundation — que se supone ha incidido en la campaña e influirá en la nueva administración Trump — , “el Departamento de Defensa es una institución en graves problemas”. Habrá que ver si esto ocurre y si no se abre ahí una Caja de Pandora en materia de los vínculos cívico-militares.

En breve, la segunda presidencia de Donald Trump pareciera preanunciar que su relación con los militares será un asunto delicado por la propensión ya conocida del mandatario de politizar a las fuerzas armadas y de su disposición monárquica a reinar más que a gobernar republicanamente. La crisis de la democracia en Estados Unidos no se superó con la elección de 2024; quizás se ha ahondado con un final imprevisible; tanto como lo es la personalidad del mismo Trump.

https://cenital.com/trump-y-los-militares-un-asunto-delicado

El hilo conductor del saqueo

Por

Horacio Rovelli

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30 marzo, 2026

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El 4 de junio de 1943, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) derrocó al conservador gobierno de Ramón S. Castillo. Así, finalizó la llamada “década infame”, para dar lugar al modelo denominado ISI (industrialización por sustitución de importaciones), y la Argentina creció sostenidamente, distribuyendo progresivamente el ingreso nacional.

A fines de la década de los ’60 y principios de los ’70, la puja distributiva (impulsada por los reclamos salariales) era la principal causa del aumento de los precios con los que, en mayor o menor medida, las empresas trataban de recomponer su tasa de ganancia. Grandes fábricas con numerosos trabajadores que eran conscientes de su importancia en el proceso productivo, de acuerdo con el artículo 14 bis de nuestra Constitución nacional, exigían participar en las ganancias de las empresas, con control de producción y dirección.

Si bien es cierto que había poderosos capitales industriales y que se había conformado un tejido social en torno a una cadena de producción semi integrada y una masa crítica importante, ello no estaba exento de peligro para la concepción elitista y minoritaria de los grandes patrones (nacionales y extranjeros).

En 1969, año del Cordobazo, llegó al país por primera vez el sociólogo norteamericano James Petras. Él mismo cuenta que se sorprendió cuando vio la capacidad tecnológica y operacional de nuestra industria local. Vio que éramos capaces de producir locomotoras, automóviles; que la división electrónica de FATE hacía la máquina de calcular “Cifra”; que el profesor Manuel Sadosky, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, había traído equipos de computación y creado el Instituto de Cálculo de esa Facultad, etc. En ese marco se entrevistó con el presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Elbio Coelho. Petras le preguntó por qué razón, si el país tenía una clase trabajadora numerosa, disciplinada, capacitada y con perspectivas de mayor capacitación, no existía una firme decisión de construir un país altamente industrializado. La respuesta de Coelho fue tan sencilla como brutal y siniestra: una clase obrera numerosa, capacitada y consciente podía disputarles el poder.

Por supuesto que el temor a nuestros trabajadores era azuzado por Estados Unidos y funcional a sus intereses y al de los demás países desarrollados, que, terminada la época de trasplantar fábricas y ante los avances del transporte de carga, querían vendernos productos industriales y nosotros, a cambio, alimentos y materias primas.

Pero la pregunta era cómo desmantelar el tejido industrial, cómo levantar fábricas de 5.000, 7.000, 10.000 trabajadores sin producir una guerra civil, por un lado, y qué iba a hacer la población sin trabajo, por el otro.

En 1973, una parte de la burguesía local, a través de la CGE (Confederación General Económica), ejecutaba un plan productivo y de exportación de bienes industriales. La muerte de Perón y las pintadas de judío marxista contra el ministro José Ber Gelbard lograron que este renuncie. Primero, con el desembarco de Alfredo Gómez Morales, que era presidente del BCRA, al frente del Ministerio de Economía de la Nación, se devaluó nuestra moneda y se levantaron los controles de precios, generalizando una inflación incipiente, disminuyendo el salario real.

Pero la jugada de los monopolios estaba orquestada por Ricardo Mansueto Zinn, hombre de FIAT (y miembro del grupo Azcuénaga [1], que fueron los que elaboraron el plan de Martínez de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL-MACRI), que fue viceministro y cerebro del plan que anunció el ingeniero Celestino Rodrigo, nombrado ministro de Economía el 4 de junio de 1975.

Del 4 de junio de 1943 al 4 de junio de 1975

El nuevo equipo, el 4 de junio de 1975, devaluó el tipo de cambio en un 160%; el dólar pasó a valer de 10 pesos a 26; duplicó en promedio el precio de las tarifas de servicios públicos y el transporte; aumentó el precio de los combustibles en un 180%; y a cambio concedió un aumento salarial del orden del 45%.

El “Rodrigazo” fue la antesala del camino de valorización financiera del capital que se refleja en la “dolarización” de la cultura argentina. Fue la huida hacia esa divisa la que destruyó la capacidad de ahorro en moneda local. Esto fue abonado porque ese 4 de junio de 1975, se liberó la tasa de interés para los depósitos [2] y los créditos de la banca privada. Además, se ajustó la tasa de los bancos oficiales (BNA; BANADE; Hipotecario; CNAyS; y Banco de Tierra de Fuego). Se crearon incluso títulos públicos alternativos al dólar como los VANA (Valores Nacionales Ajustables). Estos se ajustaban por inflación y llegaron a pagar tasas del 100% anual.

La corrida hacia el dólar transformó el mercado de cambio local, hasta llevar a la divisa al precio más alto del que se hubiera tenido registro hasta ese entonces, en marzo de 1976.

El “Rodrigazo”, como paso previo al golpe de Estado de 1976, impidió el modelo sustitutivo de importaciones y transformó el comportamiento económico y social del país. Este escenario de predominio de la especulación sobre la producción potenció la concentración del capital y trajo aparejado un alto nivel de exclusión social.

El Proceso de Reorganización Nacional, como se autodenominaba la dictadura militar, no trató de conformar un mercado de capitales de mediano y largo plazo. Sí se impulsó un mercado financiero y cambiario de muy corto plazo que operó como factor de inestabilidad del sistema económico: carry trade (bicicleta financiera). Al retrasarse el dólar y subir la tasa de interés, se pasaban de dólar a pesos, ganaban la tasa de interés y volvían al dólar. Esto hizo que se frenara la corrida cambiaria y que se “valorizara” nuestra moneda en desmedro de las divisas (tablita cambiaria de Martínez de Hoz).

La gran burguesía local, impulsora y partícipe de la dictadura, ante las altas tasas de interés internas (respecto de las tasas internacionales), tomó créditos en el exterior. No lo hizo para realizar inversiones productivas (al contrario, esta descendió año tras año, hasta el gobierno de los Kirchner cuando, al verse obligados a satisfacer un mercado interno creciente, aumentaron la IBIF, Inversión Interna Bruta Fija). Lo hizo para obtener renta mediante colocaciones financieras. El endeudamiento externo del sector público (incluso en sus grandes empresas YPF, FFCC, Obras Sanitarias, ENTel, etc.) le proveía los dólares que luego serían fugados al exterior. Los recursos que se fugaron tenían (como tienen ahora) su origen en el fuerte descenso del ingreso de los sectores del trabajo y la producción.

La valorización financiera del capital responde a la división internacional del trabajo

Los Estados Unidos y los países centrales tenían reservado utilizar la creciente y barata mano de obra del este asiático para producir allí los bienes de mano de obra intensiva. Sin embargo, la planificación no dio los resultados esperados cuando la República Popular China ingresó a la OMC (Organización Mundial de Comercio), lo que provocó el desmantelamiento de gran parte de la industria de Occidente y el progresivo empeoramiento de las condiciones productivas [3]. Ante las menores barreras comerciales, los demás países respondieron con la flexibilización laboral y la pérdida de derechos de sus trabajadores.

Hasta la crisis internacional, iniciada en 2008, el mayor desarrollo tecnológico y el dominio financiero de los países centrales, promotores de la actual organización de la producción, preservaba a sus economías de las crónicas crisis que afectaban a la periferia. Sin embargo, la evolución productiva, sobre todo de China e India, agudizó la destrucción de puestos de trabajo de esas economías que exhibieron la incapacidad de sus mercados para crear empleos como mecanismo de distribución del ingreso. Así, el excesivo endeudamiento generó una explosión inesperada, que demostró la vulnerabilidad del sistema financiero y su necesidad de comenzar a desregular sus mercados laborales.

Por eso es que los Estados Unidos acentuaron su dominio sobre el patio trasero, y así como impusieron a Martínez de Hoz como ministro de Economía de Videla, imponen ahora a todo el equipo conducido por Luis Caputo e incluso extienden a la Cancillería con Palo Quirno[4].

La subordinación al capital financiero de Manhattan explica por qué nuestro país se desindustrializa, por qué los empresarios como Madanes Quintanilla de FATE SA, o los Rocca de Techint, o los dueños de Whirlpool, Electrolux, Metalflor, etc., se reconvierten de productores a importadores. También explica por qué la industria despide en la gestión de Milei a más de 100.000 trabajadores (a razón de 160 puestos industriales por día), y decrece en forma acelerada su participación en el PIB, como lo demuestra la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Lo sucedido en Venezuela el 3 de enero de 2026, lo que pasa en Cuba, lo que pasará en Colombia, lo que puede pasar en Brasil, es porque Estados Unidos quiere de nuestra región los recursos minerales y estratégicos para reindustrializar su país y evitar nuestro desarrollo, para que sigamos siendo proveedores de insumos con poco valor agregado. Cuantos más recursos naturales, mejor para ellos.

La salida para el capitalismo local es la compra de divisas y su fuga, que este gobierno (como todas las administraciones con excepción de la gestión de Bernardo Grinspun y la “década ganada” de los Kirchner) propicia. Así lo demuestra palpablemente el Balance Cambiario del BCRA: los ricos de este país compran más de 3.000 millones de dólares por mes y los fugan (los sacan del circuito económico argentino) para que los administren principalmente los grandes fondos de Manhattan. Estos, a su vez, para obtener ganancias siderales, reciclan esos fondos en inversiones como son las de energía y minerales. Parte de esas inversiones son en nuestro país, por eso la ley 27.742, la llamada ley Bases y el RIGI, y por eso se propone modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en la Argentina en 2010, que protege glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo expresamente actividades mineras e industriales que puedan contaminar o destruir los ecosistemas.

El caso YPF S.A.

Después del endeudamiento de YPF por la dictadura militar [5] y su privatización durante el menemismo [6], en la gestión de los Kirchner se buscó una ampliación de la participación estatal y argentinización de los servicios públicos, razón por la cual en diciembre de 2004 se creó Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Se le otorgó a esta la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación con la finalidad de atraer inversiones de riesgo que se asocien con la nueva empresa estatal.

Posteriormente, en noviembre de 2011, los técnicos de YPF S.A. hicieron el anuncio del descubrimiento de petróleo en Neuquén, en la formación denominada Vaca Muerta, calificándolo como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes y con mayor calidad del mundo. Sin embargo, la empresa continuó con su plan de desinversión y su correlato en el pago de dividendos. En lugar de destinar la ganancia a los pozos y a la producción, la distribuyeron entre los accionistas (los principales, Repsol 57% y el Grupo Petersen-Eskenazi con el 25% del paquete accionario). Entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares.

En ese marco, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF S.A. pertenecientes a la petrolera española Repsol. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso nacional, que dio lugar a la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del paquete accionario, quedando en ese momento la empresa española con el 6% del capital (dado que poseía el 57% de YPF S.A.).

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan, el viernes 27 de marzo de 2026, aceptó que la Argentina obró de acuerdo a derecho y anuló la sentencia de la jueza de ese distrito Loretta Preska.

El fallo ratifica que el proceso de estatización de la petrolera nacional concretado en 2012 por la entonces Presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Axel Kicillof transitó por los carriles de la legalidad y que los reclamos de los fondos buitres fueron infundados.

“Queda revocada la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la Argentina” y “confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del distrito a favor de YPF”, dice el fallo dictado tras más de diez años de litigio.

El Tribunal de Apelaciones de Manhattan sostiene que “los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños a un país”. Y además, señala que “la ley de expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación”.

La decisión desestima la condena contra el Estado nacional y ordena “que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, para finalizar con el trámite.

El gobierno de Caputo-Milei va a “vender” que fue un logro amparado por la administración de Donald Trump, cuando era evidente que se trataba de un “negociado” jurídico para que pague nuestro país. Lo único que se hizo fue poner límite a esa estafa.

La familia Eskenazi y el estudio Burford Capital, que supuestamente le compró el 70% del juicio que la jueza Loretta Preska estimó en 16.100 millones de dólares a la familia Eskenazi (el 30% sigue en poder de la familia), no pudieron corromper a dos de los tres miembros del Tribunal de Apelaciones. En ello sí jugó fuerte AmCham (La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina), que el 4 de octubre de 2025 se presentó como figura legal dentro del juicio y sostuvo que ello “se basa en el respaldo irrestricto a la República Argentina en particular por los efectos negativos del fallo”, dado que “obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional, debilita el Estado de derecho y la previsibilidad y genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países”.

Esto significa que el negocio es para grandes y no para quienes pueden ser funcionales, pero que no pertenecen a la selecta Cámara.

[1] En la casona de Azcuénaga 1673, CABA, propiedad de la familia Blaquier-Larrieta, se reunían para conspirar con los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973), junto a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce y Ricardo M. Zinn (FIAT), Guillermo Zubarán (secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral de Negocios), Armando Braun (la Anónima y Banco Gral. de Negocios) y Juan Etchebarne (CNV). Así elaboraron el plan económico de la última dictadura cívico-militar.
[2] Pese a que Gómez Morales continuaba la centralización de los depósitos, era el BCRA el que regulaba las condiciones de depósitos y créditos. Muy limitado después por el Rodrigazo y eliminado por la reforma financiera de 1977.
[3] Según el Banco Mundial, el país asiático representa aproximadamente el 30% del valor agregado manufacturero mundial. Controla más del 70% de la producción mundial de vehículos eléctricos. Produce el 90% de las baterías en base a litio del mundo y el 70% de los drones comerciales del mundo.
[4] El primer canciller de la dictadura, almirante Cesar Guzzetti, en junio de 1976, se reunió con Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, en Santiago de Chile, y este último le dijo: “Lo que tienen que hacer, háganlo ya y rápidamente”.
[5] Basta como ejemplo Carlos Suárez Mason. Después de su retiro fue interventor de YPF, cargo que le sirvió para hacer grandes negocios: fue acusado por vaciar a la empresa y por estafa con nafta adulterada a través de la firma Sol Petróleo, que también ayudó a financiar “operaciones antisubversivas” en otros países de Latinoamérica.
[6] El 31 de diciembre de 1990, por medio del Decreto N.° 2.778, el Poder Ejecutivo Nacional convirtió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF S.A. En 1992, la Ley N.° 24.145 transfirió el dominio estatal de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional; de esta manera, la Argentina perdió totalmente el poder de decisión sobre la política petrolera.

El hilo conductor del saqueo

Intentando entender

Por

Daniel Pina

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26 marzo, 2026

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Pretender entender la realidad política y social de un país localmente, es impensable hoy en día en un mundo globalizado. En realidad, nunca la política se pudo entender sin una mirada geopolítica. ¿Cómo pensar en Atenas sin mirar a Esparta o a Corinto? ¿Cómo a la vida en las Galias en el siglo I AC sin tener en cuenta a Roma? ¿ O a América después de 1492 obviando a España, Portugal y posteriormente a Inglaterra, Holanda y Francia? Cada evento político, económico y social, necesariamente se extendió, históricamente, por el mundo comunicado en ese momento; entendiendo que la comunicación se ha dado por el comercio, por la invasión o por la guerra, siendo siempre el interés económico el gran movilizador de la alta sociedad dominante de cada comunidad, que a su vez han arrastrado a sus pueblos al comercio o al combate.

Hoy, llama la atención como el pensamiento de derecha, representante por antonomasia de los intereses de la crema dominante en cada país, se ha extendido como mancha de humedad seduciendo a las democracias de gran parte de los países del mundo “occidental y cristiano”.

¿Qué pasó, cómo empezó, cuáles son los antecedentes de este fenómeno? Posiblemente el gran desencadenante haya que buscarlo en el final de la guerra fría a partir de la disolución de la URSS en 1991. Mientras la humanidad vivía en un mundo bipolar entre EE. UU. y la URSS, no solo las élites dominantes de cada bloque estaban en tensión, sino que la población mundial toda era partícipe, consciente o inconsciente, de esa tensión; con simpatía, o por lo menos con alguna cercanía emocional hacia uno u otro polo.

Caído uno de ellos, el mundo unipolar trajo como consecuencia el relajamiento de esa tensión, al menos a nivel popular, ya que las élites siguieron compitiendo por el apoyo y la seducción de sus ciudadanos, pero con algunas modificaciones, lentas pero progresivas. Uno de los mecanismos utilizado por esas élites en Europa fue el estado de bienestar dado como un derrame económico, a costa de sus dominios coloniales, para evitar el apoyo popular a las ideas socialistas representadas por la URSS; esto ya no fue necesario. Pero esas élites, las que detentan el poder económico, el único poder real, no relajaron su tensión sino que para mantener su hegemonía la redireccionaron.

Mientras vimos debilitarse hasta casi desaparecer los partidos comunistas europeos y correrse cada vez más a la derecha los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas; el “cuco” utilizado por el poder no fue ya el “temor al comunismo” y la esclavitud de una sociedad controlada por el Estado, el monstruo al que temer pasó a ser la inseguridad y los Estados a ser denostados como impotentes para controlar el “flagelo”. La inseguridad dada por el crimen organizado como las mafias, el narcotráfico, y el probable pequeño crimen, el raterismo, asociado a la inmigración. Una inmigración profusamente racializada, no como personas pobres que huían de la pobreza o de las guerras sino como africanos, árabes, kurdos, paquistaníes, indios, iraquíes, iraníes o sudamericanos, en todo caso personas no blancas; esa inmigración numerosa de los desplazados del mundo mayormente colonial que las élites dominantes de esos mismos países produjeron.

Entonces buscaron inaugurar una nueva tensión, un nuevo enemigo, esta vez interno, y se designó a los responsables de la inseguridad: el crimen mafioso, aunque en sus niveles más importantes esté vinculado a ese poder que lo denuncia; el narcotráfico, aunque sospechosamente también esté vinculado a los poderosos, ya que representa no solo un gran negocio sino una herramienta eficiente de control social; y por supuesto, la inmigración y la marginalidad generada por economías excluyentes. Por añadidura, también el poder pone como enemigos a los movimientos solidarios y de derechos humanos que intentan proteger a esa inmigración pobre y a las víctimas de la exclusión.

La derecha históricamente favorece el desorden para después presentarse como la única capaz de recuperar el orden posible, y en esta faceta enarbola como estandartes frente a la supuesta opresión representada por la inseguridad, por ejemplo el narcotráfico que tanto le gusta a Trump como enemigo, el “orden y la libertad”, o sea el fascismo.

Utilizan entonces toda la prensa de la que son dueños, y ahora también la tecnología informática, de la que también son dueños; a través de bots, trolls y fake news transmiten su mensaje de denuncia del desorden, de odio a sus supuestos causantes y la imperiosa necesidad de ser formalmente empoderados en el manejo de los Estados con poderes por encima de los parlamentos y de los órganos de control; es su método de atropellar lo que quede de democracia.

Así entonces, el trabajador o la trabajadora que salen a sus tareas de madrugada y son robados por otro pobre, producto de la exclusión, o que contemplan como alguno de sus hijos depende del crack, de la pasta base o de la cocaína para sentirse bien, compran el discurso de ordenar la sociedad a partir de la mano dura que ofrece la derecha, la misma que en lugar de cubrir la frontera para evitar el ingreso de drogas a través de la gendarmería, como ocurre en nuestro país, concentra esa gendarmería en las grandes ciudades para reprimir la protesta social.

No debemos olvidar en el análisis lo que podemos describir como crisis de representación para lo cual debemos establecer qué es la representación. Para tener representación de una comunidad en principio se debería pertenecer a ella. Pareciera ser que en el caso de muchas personas surgidas de los estratos populares y por ende con innegable pertenencia a sus comunidades que los reconocieron como sus representantes, este relajamiento de la tensión después de la guerra fría, hizo que perdieran el objetivo del proyecto de su compromiso inicial y se quedaran solo con el discurso, el que progresivamente se mostró vacío de contenido. Así, la militancia dejó de surgir de la base social a la que dice representar para ser solo superestructural. Vemos el militante funcionario o el militante profesional que pasó de vivir en el barrio popular en el que compartía el mate, la charla y la calle con su vecindario o sus compañeros de trabajo a vivir en el barrio privado inaugurando una nueva pertenencia que desdice la anterior. Esto genera un impacto emocional en los que debiera representar que va más allá de lo anecdótico y sirve como un elemento inductivo para que la derecha no solo lo acuse de constituir una “casta” sino para que esta pervierta la realidad afirmando que todos los militantes sociales son como el que defeccionó y se convirtió en casta prebendaria, sea del Estado o de los gremios de trabajadores.

Es llamativo cómo en muchos gobiernos de derecha, sirva de ejemplo nuestro caso, la inseguridad sirve como pretexto, no para comprar elementos de seguridad a fin de proteger vida y bienes de la población, sino armas antimotines o antitumultos para reprimir y controlar a esa población. Cabe entonces preguntarse: ¿cuál es el enemigo interno al que teme la derecha? En Argentina parecen ser los jubilados, los discapacitados y los trabajadores. Además, los sectores, supuestamente privilegiados, a estigmatizar y atacar son la salud y la educación públicas, la ciencia y la cultura.

Me resulta imposible no pensar en la reurbanización de París y su ejemplo después de la comuna en 1870, cuando los ejércitos dejaron de estar en las fronteras para pasar a tener guarniciones en la periferia de las ciudades o dentro de ellas y se trazaron avenidas para que las tropas llegaran prontamente a reprimir en el centro de las ciudades ¿Al delito? ¿A un raro invasor que hubiese atravesado la frontera de modo inadvertido? No, a la protesta social.

Intentando entender / por: Daniel Pina

Desmoronar el silencio cómplice para proyectar un pueblo libre y con memoria

Por

Jorge Manuel Gil

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24 marzo, 2026

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El silencio se apoderó de la sociedad de la provincia del Chubut en general y Comodoro Rivadavia en particular; «silencio que puede ser leído como temor y complicidad». Ese concepto que pretendió teñir de olvido lo que ocurrió meses antes del golpe de Estado y durante los siete años de cruel oscurantismo se desmoronó pese a los esfuerzos negacionistas que tiñieron -y tiñen- el «trabajo» trasnochado de dirigentes de distintas organizaciones sociales. A 50 años del golpe de Estado, El Extremo Sur pidió a pensadores, abogados, escritores y docentes sus reflexiones.

La memoria es un recuerdo de las mentes humanas que se transforma en social cuando se comparte. La verdad, por su lado, es intersubjetiva y, en tanto, la justicia instala la equidad en esas relaciones.

Por eso el lema Memoria, Verdad y Justicia forma un todo inescindible. La memoria es el ancla, la verdad es la revelación consensuada y la justicia es el instrumento operativo. Y ese lema es -cada día- constitutivo de la conciencia popular argentina.

Las desapariciones forzadas, las torturas, los robos de bebes, los vuelos de la muerte no son una leyenda negra, impregnaron la historia argentina en toda su dimensión humana y espacial, incluso la patagónica.

En ese contexto, Comodoro Rivadavia se comportó como una sociedad de silencio, que puede -de alguna manera- ser leído como temor y complicidad. Melancólica en reminiscencias y agotada en expectativas de cada día. No sólo por el agotamiento de sus recursos naturales sino por los olvidos de la memoria social. El pragmatismo siempre desecha los recuerdos.

Aunque hubo, al menos, pequeños destellos. Mis ya débiles imágenes apenas transitan algunas: en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia la Cátedra Libre de Derechos Humanos (2006) con la intervención del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; una placa universitaria (2013) -impulsada por el gremio docente- en recuerdo de desaparecidos en Chubut; una conmemoración (2015) Reparación de Legajos de Trabajadores de YPF, víctimas del Terrorismo de Estado en el museo del petróleo de la ciudad.

Demasiado poco para reivindicar un sentimiento social fundante. Demasiada prudencia. Demasiadas pruebas de inacción y desarraigo que llevaron a la idea de «Comodoro Rivadavia, sociedad enferma» impulsada por un reconocido (y olvidado) educador comodorense de los años ‘70 (Lino Marcos Budiño).

La justicia necesitó 50 años para condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó sentencia en la histórica Causa 8.008 por delitos de Lesa Humanidad en el Regimiento 8 durante la última dictadura cívico-militar.

Ha sido un soplo de luz y de esperanza. Una restauración histórica de la memoria, una reivindicación de la verdad y un avance de la justicia frente al cansancio agotador de los olvidos y las pretensiones absolutistas del exterminio de las ideas.

Informe económico mensual

Por

Jorge Moore

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23 marzo, 2026

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accountant counting money — Photo by Kuncheek on Pexels.com

Inflación de FEBRERO 2026: Inicia el 2026, con novedades, especialmente malas o no esperadas. La principal, los ruidos de la guerra que bloquea los intentos de conjeturar el futuro, de por si difícil.

El no cambio de la canasta del IPC por el Indec, pero La Ciudad de Buenos Aires y Córdoba caminan con la EGH 2017/2018, dudas y no va a modificar el rumbo de la inflación, ahora dentro de la traza del 3%.

Otro dato de envergadura es el dólar, por lo visto en el gobierno prima la baja o apreciación del peso, cuestión que ocurre casi siempre en las estabilizaciones cuando se privilegia un aspecto, en este caso la inflación. Pero la sorpresa no solo pasa por el valor sino por las variaciones negativas, esto puede despertar los demonios.

Baldosas flojas numerosas que son pisadas por algunos funcionarios.

Modificación o reseteo de anclas, con los combustibles en alza, la inflación vivita y coleando.

· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de FEBRERO 2026 más otros indicadores asociados. En el próximo documento abordaremos cuestiones del sector real, en particular el industrial.

· Una de las noticias más importantes de los últimos meses, resultaron los movimientos del dólar. Se eleva la tasa de interés, con notoria ventaja sobre la variación de la divisa.

· Ahora el BCRA comprando reservas y lo hace con bastante fuerza. El ministro completa el cuadro con declaraciones nerviosas para completar fondos.

· Milei, conjeturamos, ingresa en proceso electoral para 2027. Todo girará mirando esa fecha. Y doblemente por los problemas que está pisando el gobierno.

· El FMI, continuará con los aportes y recomendaciones. Aumentar reservas es lo usual y asegurar modificaciones en el trabajo. Pero se demora el informe.

· El riesgo país “disminuye y sube” o “sube y disminuye”, pareciera que ahora viene la reducción del mismo, en la actualidad por debajo de los 600 puntos. Pero en pocos días saltó del número que tomamos en este documento a uno más elevado, sumó en pocos días 100 puntos.

· El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) perdió puntos y genera efectos múltiples.

· Mirando afuera: Trump, con los aranceles, los reduce, los aumenta, los suspende y desconcierta al más pintado, migraciones, retiro de organizaciones internacionales, aspiraciones de expansión. Ucrania, no se sabe y se desangra. Pero la nueva guerra en la que participa pone en crisis el sistema internacional y los precios de los combustibles. A diferencia del conocido dicho sobre que “El silencio es una fuente de gran poder”, hoy pareciera que los ruidos de la guerra lo reemplazan.

· CEPO parcial desde abril 25. Un tipo de cambio flotante por ahora y entre nuevas bandas. Mirar con cuidado la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y la Cambiaria.

· La inflación (alrededor del 2.8 % promedio) en el mes de FEBRERO 2026. Alimentos con valor superior. La conjetura oficial es de alrededor el 1 % y 1.5 % mensual en el 2026 pero por el momento se esperan mayores aumentos.

2026 FEBRERO proc. en MARZO 26 IPC INFLACION Descarga

ADN de una deuda impagable

Por

Horacio Rovelli

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22 marzo, 2026

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s claro que Javier Milei, un panelista de televisión con raptos de furia y vocabulario limitado, cuya principal característica era la diatriba contra el Estado y la economía de bienestar, llegó al gobierno avalado y financiado por el capital local (léase Héctor Magnetto del grupo Clarín; Eduardo Eurnekian, en ese entonces grupo América, luego vendido al tándem Manzano-Vilas; y Paolo Rocca del grupo Techint), que propiciaba y propicia la erosión del modelo de defensa del mercado interno, la progresiva distribución del ingreso y el derecho laboral.

El mismo Paolo Rocca dijo en diciembre de 2023, no bien asumió la presidencia de la República Javier Milei, que se debía “resetear a la Argentina”, que era necesario un proceso de «cambio estructural» bajo la gestión de Milei, describiendo la situación anterior como «absolutamente insostenible». Defendió la desregulación, el ajuste fiscal y reformas laborales para «nivelar la cancha”.

Con lo que no contaban era con que el capital extranjero encabezado por Eduardo Elsztain (vicepresidente del Consejo Judío Mundial y miembro de la organización judía Jabad Lubavitch) iba a influir directamente sobre el mandatario. Javier Milei no es de origen judío, pero visita la tumba del rabino en Nueva York y se considera el “presidente más sionista del mundo [1]”.

Como también es judío sionista Larry Fink, director (CEO) de BlackRock, y ambos (Fink y Elsztain) son conspicuos miembros del Foro Económico Mundial, que reúne a los grandes empresarios del capitalismo en Davos, Suiza, que, en los años 2024, 2025 y 2026, tuvo como excéntrico orador a Javier Milei.

Captado Milei, fue fácil imponer a todo el equipo de economía (Luis Caputo, José Luis Daza, Santiago Bausili, Vladimir Werning, todos del JP Morgan [2]). Incluso, después de las elecciones del 26 de octubre de 2025, extendieron su influencia a la Cancillería (Pablo Quirno trabajó 17 años en el JP Morgan). Además, observamos cómo Milei se suma a la Cumbre de Seguridad de las Américas y al «Board of Peace» (Mesa de la Paz), una organización creada para promover la paz y seguridad global, empezando por Gaza (sic).

Todo ello en medio de la guerra del Golfo, donde Irán, que desde los primeros momentos respondió con un enorme volumen de misiles y drones, agotó el “domo de hierro”, permitiendo que un porcentaje cada vez mayor de bombas impacte en Israel. Además, controla el estrecho de Ormuz, lo que influye en el precio del petróleo y del gas. Esto tiene repercusiones en la energía del planeta, tanto en el presente como en el futuro.

En ese marco, el ministro Luis Caputo en el simposio de mercado de capitales del IAF (Instituto Argentino de Finanzas) sostuvo: “Este es un gobierno que no toma deuda; tenemos superávit; por el contrario, hemos cancelado mucha deuda, sobre todo al principio del mandato, cuando no teníamos la opción de refinanciar”, y subrayó que el Poder Ejecutivo “prioriza el uso de recursos propios y alternativas más económicas frente a la tradicional emisión de bonos en mercados globales”.

Caputo dice que no toma deuda supuestamente ante expertos en finanzas como es el IAF, cuando esta se ha incrementado sideralmente, y fundamentalmente porque no puede pagar ni tan siquiera la quinta parte de los intereses que esa deuda devenga.

La deuda bruta a febrero de 2026 es de 514.135 millones de dólares. El incremento se debe a que, a pesar de llevar adelante un fuerte ajuste fiscal, dada la magnitud de la deuda, no pueden pagar los intereses de esta. Por eso, deben capitalizar gran parte de esos intereses en los títulos que ellos crearon a tal efecto: Lecap (letras capitalizables) y Nocap (notas capitalizables)

La gestión de Milei no puede pagar la mayor parte de los intereses que devenga la deuda bruta de la Administración nacional, suma que alcanzó a febrero de 2026 85.387 millones de dólares (convertidos de pesos en divisas por la Secretaría de Finanzas de la Nación). El presupuesto anual del sector público nacional en el año 2025 fue de 133.725.211 millones de pesos, equivalente a unos 92.200 millones de dólares, con lo que la deuda acumulada por intereses no pagados es el 92,6% del presupuesto anual.

El desgobierno nacional, tras siete meses seguidos de descenso en términos reales de recaudación de impuestos, que se explican por medidas propias tomadas para reducir la presión fiscal a los sectores de mayores ingresos (eliminaron el cobro del impuesto PAIS, reducen drásticamente la recaudación del impuesto a los bienes personales, de impuestos internos a los bienes de lujo, etc.), pero principalmente por la recesión económica, se ve obligado a capitalizar intereses en forma creciente.

El resultado fiscal del primer bimestre 2026 demuestra que, si no se capitalizaran intereses, y se hubieran pagado, en lugar de presentar superávit primario y financiero, habrían arrojado déficit fiscal (primario y financiero).

Es más, los intereses devengados del bimestre y no pagados (por 6.501.260,1 millones de pesos) representan el 25,9% del gasto ejecutado total base caja. Y dicha suma es 17,9 veces el gasto de capital total (obra pública) realizada, que fue en el bimestre de solo 362.974 millones de pesos.

Llevan adelante un irracional ajuste del gasto. Las rutas nacionales colapsan por falta de mantenimiento. Igual sucede con los aportes en obras para educación: en febrero de 2026 se ejecutaron por 1.127 millones de pesos. En igual mes del año 2025 (en términos nominales) se ejecutaron 13.992 millones de pesos (o sea un 91,9% menos). En viviendas se ejecutaron solamente 3.719 millones de pesos y en igual mes del año pasado, en precios corrientes, por 4.415 millones (un 16% menos), sin contemplar la inflación que, medida por el IPC del INDEC, fue del 33,1% interanual. También reducen en un 22% nominal los subsidios al transporte, y en las transferencias a las provincias para programas de salud un 13%, y no giran las partidas correspondientes a las 13 provincias [3] que tienen sistema previsional propio.

El ajuste fiscal no le permite pagar la quinta parte de los intereses de la deuda y deben enfrentar vencimientos de capital e interés por 11.625 millones de dólares para este año 2026 y de unos 19.300 millones para el 2027. Sin contar la deuda en pesos que se infiere que renegocia con los grandes operadores de la plaza local (grandes bancos, agentes de liquidación y compensación y compañías de seguros), garantizándoles una renta financiera extraordinaria por la combinación del precio del dólar menor que hace cinco meses atrás y el pago de una tasa de interés que ronda el 3% mensual, dejándoles una ganancia acumulada en ese lapso pasado de no menos del 25% en dólares, que paga y/o reconoce (capitaliza) la administración nacional.

Luis Caputo había dicho la semana pasada en Nueva York que tenía avanzado el acuerdo de un swap con Israel, pero dada la contienda con Irán, donde los gastos de ese país superaron con creces sus estimaciones, ese swap es imposible. También es casi imposible que se pueda ejecutar el swap firmado el año pasado con Estados Unidos, dado que el Tesoro yanqui tiene una deuda a marzo de 2026 de 39,3 billones de dólares (más de 75 veces la deuda argentina), y Donald Trump afirmó que le va a pedir al Congreso que le permita ampliarla en 200.000 millones de dólares, en una nueva serie de títulos de deuda, para comprar armamentos y municiones por la guerra de Irán.

Por eso Caputo planteó que iba a decir en los próximos tres meses cómo se iban a financiar los vencimientos, y que el gobierno recurriría a la venta de activos y la captación de fondos en el mercado local, para cumplir con los compromisos financieros.

Se endeudan y pretenden pagar esa deuda con activos públicos, como fue la concesión a 30 años de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue (Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados) por 705 millones de dólares, que no alcanzó a cubrir el pago al FMI del mes de enero 2026, por 860 millones de dólares.

Ahora, busca malvender o concesionar, amparado por la ley 27.742 (ley Bases), las empresas estatales AySA, TRANSENER, Intercargo y la concesión del tren Belgrano Carga, y de 9.000 km de rutas nacionales.

En síntesis

La deuda es una estafa al pueblo argentino. Nunca se investigó cómo se originó ni cuál fue el destino de la deuda tomada por las gestiones de Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Que paga y/o reconoce (capitaliza) intereses leoninos, mientras que la minoría parásita y rentista del país compra dólares baratos y los fuga.

Así fugó la mayor parte de los 38.806 millones de dólares que “Personas Humanas” (así se llama la cuenta del Balance Cambiario del BCRA) del año 2025 y los 3.146 millones de dólares que se compraron en enero 2026 (los datos del mes de febrero los publica el BCRA el lunes 30 de marzo de 2026).

El gobierno no puede conseguir divisas para pagar los vencimientos, y no toma ninguna medida para frenar la sangría de la compra de dólares, ni controlar la fuga de capitales por subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y el pago de intereses y comisiones de supuestas deudas que toman en el exterior las grandes empresas y que, mayoritariamente, son autopréstamos.

Deberían haberse adoptado tres medidas básicas de manual de economía:

Férreo control de cambios: Para la compra y venta de moneda extranjera puede involucrar tanto la determinación del tipo de cambio como el volumen de divisas transadas y se realiza fundamentalmente porque, en nuestro país, las grandes empresas pueden realizarlo debido al grado de concentración y centralización de capitales. Es imprescindible declarar la emergencia cambiaria, como la que fue establecida por el Decreto N.° 2581 del 10 de abril de 1964, con la finalidad de que el BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preserve las reservas internacionales y programe su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos y obligue al sector privado a financiarse las importaciones y los pagos de su deuda con sus recursos. Decreto que restableció Roberto Lavagna como ministro de Eduardo Duhalde en el año 2002, y continuó en la gestión de los Kirchner.
Severos cupos de exportación: Son medidas de protección que sirven para limitar las exportaciones de mercancías en valor o en cantidad que realiza un país durante un período de tiempo determinado, normalmente un año. El ejemplo es cuando, en el segundo semestre del año 2005, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), conformado por los 16 frigoríficos más grandes: los brasileños JBS y Marfrig; Frigorífico Gorina, Frigorífico Río Platense, FRIAR, Arre Beef; Ecocarne, La Anónima, Coto, etc., vendió por encima del cupo. El presidente Néstor Kirchner los multó y no les dejó vender un gramo de carne al exterior en todo el primer semestre del año 2006. Kirchner decía: “Primero la mesa de los argentinos”. Con más razón ahora que el precio de la carne no deja de subir por las mismas causas.
Aumentar los derechos de exportación (retenciones) para desacoplar los precios externos de los internos: Aumentar los derechos de exportación no solo significa mayor ingreso para el fisco, sino que abarata en el porcentaje de la retención el precio del producto en el mercado interno. El ejemplo fue el gobierno de los Kirchner, y ahora es Brasil, que el 2 de marzo de 2026, mediante un decreto presidencial, suspendió la aplicación de los impuestos PIS y Cofins sobre la importación y venta de gasoil (diésel). También firmó una medida provisoria para subsidiar el gasoil para los productores e importadores del combustible. Para compensar el costo fiscal, el gobierno dispuso un aumento temporal en las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo. La alícuota en la retención pasó al 12% para las exportaciones de petróleo crudo o minerales bituminosos. También se fijó una alícuota del 50% sobre las exportaciones de gasoil. En principio, las medidas son de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de este año.

Este gobierno prefiere malvender los activos del país y, aun así, no le va a alcanzar para pagar el capital y los intereses de la deuda y, a la par, beneficiar a la minoría privilegiada para que siga fugando divisas.

[1] Declaración, realizada por Javier Milei en la Universidad Yeshiva en Nueva York, el lunes 9 de marzo 2026.
[2] JPMorgan Chase & Co. es el principal banco por valuación de activos de los Estados Unidos; sus principales accionistas son Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Morgan Stanley y Geode Capital Management.
[3] Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

ADN de una deuda impagable

Trump, el faro de Milei: Argentina y la pulsión belicista

Por

Juan Tokatlian

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22 marzo, 2026

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man in brown camouflage sitting on top of tank — Photo by Konrad Ciężki on Pexels.com

Probablemente aún no se tiene suficiente dimensión acerca del ostensible intento del gobierno del presidente Javier Milei de replantear plenamente la política exterior de la Argentina. En ese sentido, lo bélico ocupa un sitio inusitado en la política internacional del país. Menciono un ejemplo para que se comprenda dicha intención refundacional; aunque hay muchos otros asuntos — Israel/Palestina, agenda/compromiso multilateral, posiciones/votaciones internacionales, entre varios — en los que el viraje es indudable y profundo.

En 1902 Venezuela, atravesada por una cruenta guerra civil, estuvo acosada por tres potencias europeas que bloquearon y bombardearon puertos y buques de ese país para el cobro compulsivo de deudas. Estados Unidos no fue en auxilio de Caracas. El entonces Canciller argentino, Luis María Drago, se manifestó de inmediato contra tal acción de fuerza y elaboró un principio que dio lugar a lo que se conoce como Doctrina Drago: “La deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada”. Fue, efectivamente, un hito histórico en materia jurídica y una postura diplomática acorde con el valor otorgado a la paz y la seguridad internacionales.

Muchos años después, entre el 9 y el 18 de agosto de 1987, se produjo un muy grave incidente, que pudo haber desembocado en una confrontación entre Venezuela y Colombia, a raíz del ingreso de una corbeta de la armada colombiana en aguas del Golfo de Venezuela (Golfo de Coquivacoa para Colombia), sobre las que no había una delimitación aceptada entre las partes. El presidente Raúl Alfonsín, junto a quien era secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, jugó un papel fundamental para distender la situación que parecía escalar día a día. Gracias a la gestión conjunta, Colombia retiró su corbeta y se evitó lo que parecía un conflicto naval nefasto y de impredecibles consecuencias entre vecinos de América del Sur. Otra vez, la Argentina comprometida con el no a la fuerza y la hostilidad respecto a Venezuela.

En 2026, y a raíz del ataque armado de Estados Unidos a Venezuela y de la extracción de su mandatario, Nicolás Maduro y su esposa — ambos hechos violatorios del derecho internacional — , la posición del gobierno fue reveladora. Por un lado, el comunicado de la Cancillería señaló que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”. Por el otro, la Casa Rosada afirmó que “la Oficina del presidente celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América”. La operación militar no se debió a una amenaza o agresión de Venezuela contra Estados Unidos, ni se podía justificar bajo el argumento de la legítima defensa por parte de Washington. La Argentina la avaló sin insinuar siquiera argumentos jurídicos en favor de principios y normas del derecho internacional.

Trump, el “faro” de Milei

Antes y después de ese evento, la Presidencia y la Cancillería han secundado todas la acciones militares de Estados Unidos sin siquiera detenerse a considerar cuánto y cómo ello afecta a lo que se ha dado en llamar “orden basado en reglas” de cuño occidental y a la postura legal del país, así como a su seguridad. Por ejemplo, el 13 de junio de 2025 Israel lanzó un ataque contra Irán. Ni la Cancillería ni la Presidencia se manifestaron oficialmente al respecto. El día 15 la Casa Rosada se expresó de la siguiente manera: “La Oficina del presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil”. Días después, el mandatario públicamente apoyó a Donald Trump y el involucramiento de Estados Unidos en el ataque a centrales nucleares iraníes. El entonces ministro de Defensa, Luis Petri, fue aún más lejos: después de los iniciales bombardeos estadounidenses, aseguró que “mañana el mundo despertará más libre y en paz”. Tampoco en este caso hubo comentarios oficiales sobre la legalidad de las acciones; en especial, la prohibición de atacar instalaciones nucleares. Vale la pena aludir al hecho de que la Argentina posee tres centrales nucleares en funcionamiento.

Desde el 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos ha bombardeado lanchas en el Caribe y el Pacífico, presuntamente con narcoterroristas a bordo como parte de una política contra el narcotráfico en y desde Venezuela, en el marco de una directiva secreta que involucró a las fuerzas armadas estadounidenses. Lo que el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, consideró “inaceptable” y e “injustificado” de acuerdo al derecho internacional, jamás ha sido condenado por autoridad alguna de la Argentina. Cabe recordar que, a la fecha de redacción de esta nota, el número de muertos es 157. A su vez, es bueno tener en cuenta que: a) el fentanilo — la sustancia que produce el 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos — no se produce ni se trafica desde América del Sur y b) la cocaína se trasporta mucho más a través del Pacífico que del Caribe. Las acciones de fuerza fueron, en realidad, el preludio para el ataque de enero de 2026; ataque que el gobierno argentino justificó.

Más recientemente y ante el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, el 28 de febrero de 2026, la Presidencia se manifestó en estos términos: “La Oficina del presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad”. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció así: “El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”. No hubo, previo a los bombardeos, ni inminencia ni evidencia de que Irán estuviera ad portas de un ataque contra Israel y/o Estados Unidos; lo cual refleja que lo ejecutado por Washington y Tel Aviv no se trató de una acción preventiva legal. Tampoco los ataques se pueden justificar por razones vinculadas al régimen de no proliferación nuclear. En la última visita a Estados Unidos, durante marzo, Milei fue más allá y en relación a la guerra contra Irán aseguro — como si la Argentina participara de algún modo en ella — “vamos a ganar”. El mandatario parece cautivado por lo bélico y aprovecha cada ocasión para sobreactuar la relación subordinada a Washington.

En breve, la disposición a respaldar, sin reparo alguno, las acciones militares en todos los casos mencionados que han contado con la participación directa de Estados Unidos, y dejando de lado toda referencia al derecho internacional, es inédito. Habrá que ver en el futuro qué efecto tiene este cheque en blanco a Washington en cuestiones claves de política exterior y de defensa de la Argentina.

Milei, bajo el “escudo” de Trump

En ese marco, la administración de la La Libertad Avanza ha dado un paso adicional en su inclinación a validar el uso de la fuerza sin hesitar. En efecto, el 5 de marzo, el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, firmó, junto a otros 15 ministros de defensa de América Latina y el Caribe más el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, — quien volvió a invocar la Doctrina Monroe — la llamada Declaración de Seguridad Conjunta durante la Conferencias Anti-Carteles de las Américas. Este evento fue previo a la Cumbre “Escudo de las Américas” que contó con la asistencia de 12 presidentes; entre ellos, estuvo Javier Milei.

Atrás quedó la Cumbre de las Américas de 1994 que reunió 34 naciones y cuyo propósito básico, cualquiera sea la apreciación histórica y actual al respecto, fue de naturaleza material: concretar un Área de Libre Comercio. El nuevo esquema de la administración del presidente Donald Trump no persigue un objetivo semejante (vía intercambio, asistencia, etc.) sino que se trata de una iniciativa fundamentalmente militar. Ya no hay aspiración hegemónica, sino anhelo de dominación. Esa iniciativa, a su vez, parece encuadrarse en lo que señalan Nevada Joan Lee y Christopher Preble: ante el estado moribundo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, lo aconsejable “parece ser la adopción de acuerdos ad hoc”. Lo alcanzado en la reunión de la Florida es, sin duda, eso: Estados Unidos escoge el asunto, determina la misión y un conjunto de gobiernos afines lo acompañan sin controvertir. Algo propio, en política internacional, de la relación patrón-cliente.

El asunto principal que subraya la Declaración es el establecimiento de “una coalición para combatir el narco-terrorismo y otras amenazas compartidas en el hemisferio occidental”. En la alocución de Donald Trump — único orador — durante la Cumbre la “otra amenaza” evidente fue China. Sin embargo, lo más importante es analizar la Proclama que anunció el 7 de marzo la Casa Blance y que explicita, sin equívocos, de qué se trata lo firmado según el mandatario estadounidense. En pocas palabras, es “un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está preparada para operacionalizar la fuerza militar para derrotar a las amenazas a nuestra seguridad y civilización.” En consecuencia, “los cárteles criminales y las organizaciones terroristas…deben ser destruidos”, al tiempo que “las influencias extranjeras malignas” deben ser contenidas. El acuerdo firmado no es un texto jurídicamente vinculante, pero sí constituye una decisión política de reforzar la relación militar con Estados Unidos de acuerdo a las prioridades que Washington fija; máxime tratándose de gobiernos de indiscutible cercanía ideológica. Lo suscrito encierra la idea de una “coalition of the willing” (coalición de voluntarios) unificada por motivos ideológicos y dispuestos a sumarse a una nueva cruzada anti-drogas.

La clave entonces es descifrar qué significa para el Pentágono la operacionalización de la “fuerza militar” en la región. Ante el vacío de información por parte de las autoridades argentinas, lo genérico de la Declaración suscrita, la acción presidencial publicada por la Casa Blance el 7 de marzo y las operaciones específicas recientes desplegadas por los militares estadounidenses en América Latina, es posible conjeturar ciertas alternativas no necesariamente excluyentes. En esa dirección, es relevante recordar que el primer ítem de la “Evaluación Anual de Amenaza” de la comunidad de inteligencia estadounidense que se hizo pública en marzo de 2025 fue el “Foreign Illicit Drug Actors”, con particular atención sobre México; país que desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón, lanzó la “guerra contra las drogas”, ha padecido 463.000 homicidios. Asimismo, el 15 de diciembre del año pasado la Casa Blanca emitió una Orden Ejecutiva que afirmó que el fentanilo es un “arma de destrucción masiva”; si bien no lo es, alimenta la idea de recurrir a la fuerza en el exterior para resolver un problema severo derivado de la demanda interna de sustancias psicoactivas ilícitas.

Así entonces, por una parte, están los ataques a lanchas en el Pacífico y el Caribe que ha venido llevando a cabo el Comando Sur. Conviene recordar que, según información en los medios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reaccionó furiosa en noviembre de 2025 ante el hecho de que el almirante Carlos M. Allievi, por entonces jefe del Estado Mayor de la Armada (JEMGA), no aceptara la solicitud del Departamento de Guerra de sumar un destructor argentino a la fuerza naval estadounidense en el Caribe. El 3 de diciembre el almirante fue sustituido de la JEMGA. Un día antes, Carlos Pagni comentó en su columna habitual que en septiembre de 2025 — cuando se iniciaron las ejecuciones extra-judiciales en el Caribe y el Pacífico — el secretario de Estado Marco Rubio, le pidió al presidente Milei su apoyo “en el conflicto con Venezuela”. Dado que las ilegales ejecuciones de lancheros en el Pacífico y el Caribe continúan, una opción es que Washington procure ahora que otros países de la región se sumen de algún modo para normalizar el uso de la fuerza letal contra presuntos narco-terroristas.

Otra eventual alternativa es que los países signatarios de la Declaración de Seguridad Conjunta inviten, como ya lo hizo Ecuador, a Fuerzas Especiales de Estados Unidos para combatir grupos criminales. El 3 de marzo, exactamente dos meses después del ataque militar a Venezuela y 48 horas antes del encuentro de ministros de Defensa en la Florida, el Comando Sur anunció que Washington y Quito se asociaban en “operaciones contra narco-terroristas” en el país andino. Un frente nuevo de despliegue militar en medio de la guerra a Irán. Una versión menos ostensible a la alternativa mencionada se observa en el caso de México en el que la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, establecida por el Departamento de Guerra en enero de 2026, aportó información de inteligencia para dar de baja a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” en febrero de este año. Cada país firmante de la Declaración de Seguridad Conjunta, podría, en consecuencia, acordar un rol de los militares estadounidenses en la lucha interna contra las drogas; desplazando a las fuerzas de seguridad e involucrando activamente a las fuerzas armadas nacionales en cuestiones de orden público. Desde antes del 11/9 Estados Unidos había impulsado el criterio de los militares latinoamericanos como “crime fighters” (combatientes del crimen) en la región. Hubo, al respecto, escasas resistencias; siendo la Argentina una de las excepciones. Ahora Washington pretende la plena naturalización de aquel criterio. No sorprendería que el gobierno actual se entusiasmara con esa propuesta. Por ello, corresponde subrayar el Decreto 1112 de 2024 mediante el cual se apuntó a modificar el sistema de defensa nacional, explicitando entre las agresiones a repeler no solo a las “organizaciones terroristas”, sino “otras organizaciones transnacionales”. Mediante definiciones vagas de distinto tipo de amenazas el decreto habilita la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior.

Una tercera hipotética opción podría estar ligada a la obsesión de Trump por desmantelar laboratorios de fentanilo en México. Su último secretario de Defensa en su primer mandato, Mark Esper, aseveró en sus memorias que el presidente le propuso “lanzar misiles contra México para destruir laboratorios de drogas”. En la reunión de los 12 presidentes del continente en la cual solo habló Trump, él afirmó que México “es el epicentro de la violencia de los carteles”. Trump no ha cejado en su intención de atacar los laboratorios de fentanilo en el país vecino. En el problemático evento de que ello sucediera, es probable que Washington aspire a que los países alineados con el llamado “Escudo” no lo condenen con la vehemencia que ello requeriría. En el caso de la Argentina durante el actual gobierno, las relaciones con México han sido frías y tensas desde que Milei se refiriera al presidente Andrés Manuel López Obrador como patético, lamentable e ignorante. El vínculo ha persistido en estado glacial durante la presidencia de Claudia Sheinbaum.

En síntesis, hay algunas consideraciones básicas que importa destacar. Primero, los datos provisionales sobre muertes por sobredosis de sustancias declaradas ilegales vienen descendiendo, no aumentando, en Estados Unidos. El argumento del pánico social y moral es sobredimensionado y utilizado para racionalizar una política de mano dura contra las drogas, tanto adentro como afuera. A pesar de un millón de billones (1 trillón en la escala numérica estadounidense) de dólares en la lucha contra las drogas durante medio siglo, el fracaso de la “guerra contra las drogas” ha sido estruendoso. La Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 y la Estrategia de Defensa Nacional de enero de 2026 refuerzan la centralidad del fenómeno de las drogas en la política exterior estadounidense hacia la región. Las victorias pírricas han sido habituales y la hiper-securitización del fenómeno de los narcóticos se ha potenciado sin ninguna claridad estratégica salvo para mostrar que los gobiernos están dispuestos a librar batallas perennes (y frustrantes) contra las drogas.

Segundo, los asuntos de defensa en la región son realmente trascendentales: convertir a las fuerzas armadas en una suerte de guardias nacionales es un error mayúsculo cuando se requieren fuerzas armadas dotadas y preparadas para un escenario global y continental cada vez más desafiante y peligroso en el que la soberanía ya está en entredicho. A su vez, una mayor militarización del combate contra las drogas y los criminales en la región derivará, más temprano que tarde, en una mayor politización de las fuerzas armadas, inducida por gobiernos civiles desbordados por la inseguridad pública y los apuros económicos.

Y tercero, no hay nada que indique que a la Argentina en sus actuales condiciones de elocuente vulnerabilidad le convenga la exacerbación de confrontaciones; por el contrario, el país necesita distensión para hacer frente a los retos internos y encrucijadas internacionales. La promoción o justificación de escenarios armados en la región y el mundo es completamente disfuncional a los fines de asegurar los intereses nacionales. La pulsión belicista del actual gobierno es desacertada y podría ser, además, altamente costosa.

https://cenital.com/trump-el-faro-de-milei-argentina-y-la-pulsion-belicista

Juan Gabriel Tokatlian: “Si Perú, Colombia y Brasil van por derecha en las elecciones, EEUU tendrá al grueso de América Latina disciplinada”

Por

Juan Tokatlian

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7 marzo, 2026

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beige analog compass — Photo by Ylanite Koppens on Pexels.com

En 1950, el célebre diplomático y estratega estadounidense George F. Kennan —recordado como el arquitecto de la llamada doctrina de la contención frente a la Unión Soviética— envió un memorándum al secretario de Estado con una advertencia cruda: Estados Unidos debía adoptar una postura mucho más dura frente a las regiones donde crecían simpatías comunistas. En particular, sostenía que Washington tenía que subrayar sin ambigüedades su condición de gran potencia, dejando en claro que necesitaba mucho menos a los países de América Latina que ellos a él. Y que, si no cooperaban, serían disciplinados. Con Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca, esa lógica de dominación y disciplina parece haber encontrado una nueva vida. Y, según advierte el sociólogo argentino especializado en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian, empieza a traducirse en avances concretos.

Este sábado, doce mandatarios latinoamericanos peregrinarán a Miami para participar de Escudo de las Américas, una cumbre de aliados convocada por Trump en un club de golf de su propiedad. “Estados Unidos ha entendido que es posible unificarlos, coordinarlos. Es posible que su proyecto ahora encuentre una oportunidad”, resume Tokatlian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y autor de Consejos no solicitados sobre política internacional (Siglo XXI).

Pregunta: ¿Cree que esta nueva guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encerrará en Oriente Medio o podría convertirse en un conflicto global?

Respuesta: Es muy dudoso que este conflicto se ramifique a otras regiones. Si bien hay en la vecindad próxima otra serie de conflictos no resueltos, no hay una interconexión entre ellos, en buena medida porque hay otro conjunto de actores extrazonales que no están interviniendo ni pretenden intervenir en materia militar, que son Rusia y China. Lo que está haciendo Estados Unidos, más allá de acompañar la solicitud que le extendió Netanyahu de comprometerse nuevamente en atacar Irán, no parece ajustarse a un plan estratégico. Parece cambiar tácticamente día por día respecto de sus objetivos y está dispuesto a seguir escalando. En ese sentido, en la vecindad próxima, sin duda el conflicto ya tiene una dimensión zonal mucho más grande que la que tuvo en junio del año pasado. Ahora, si lo miro con un lente aún mayor, éste es un conflicto que revela quizá como ningún otro —desde la invasión rusa a Ucrania, desde el ataque de Hamás al sur de Israel y la retaliación feroz del gobierno de Netanyahu, hasta Irán 2025— un quiebre dramático del derecho internacional.

P: ¿Qué quiere decir con eso?

R: En primer lugar, ninguno de los dos actores que iniciaron esta acción militar buscó algún nivel de legitimación internacional. No pudieron invocar la legítima defensa, alegando que había evidencia de que serían atacados. Y, por lo tanto, este era un test global importante de cómo los países se iban a comportar respecto al derecho internacional. Y aquí fue dramático, porque en el mismo día de los hechos el Reino Unido, Francia, Alemania emiten un comunicado en el cual ni siquiera nombran el ataque ni el agresor y es un comunicado de cuatro párrafos dirigidos contra Irán. Pocas horas después, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, felicita a Estados Unidos y a Israel por la medida militar, sin siquiera mencionar que hay algún principio de legalidad en juego. Cuando se hace el debate en el Consejo de Seguridad, sí hubo exposiciones críticas, pero lo más llamativo es que no hubo la posibilidad de redactar una resolución al menos deplorando el evento. Ni Rusia, ni China buscaron dejar constancia de que había sucedido algo respecto al derecho internacional. Si leo el comunicado de India, también veo que es un comunicado muy suave. Y Milei, entre otros, aparece respaldando directamente la acción. Quiero decir que este acontecimiento puede ser el inicio de la sepultura del derecho internacional tal cual lo conocemos en términos del uso de la fuerza, su legalidad y su legitimidad.

P: ¿Qué consecuencias puede tener este quiebre de reglas, a qué abre la puerta?

R: A que la arbitrariedad de los poderosos sea la norma. Y que los propósitos sean, a nivel regional o global, de sumisión. Es decir, ya no es una cuestión de que falló el multilateralismo —que falló nuevamente—, falló una arquitectura que nos guió desde 1945 en adelante. Y cuando uno borra el papel del derecho internacional como una forma de convivencia, entra en una terra incógnita.

La inernacional reaccionaria

Tokatlian describe el avance de una “internacional reaccionaria”, un articulado transnacional que se nutre de think tanks y de magnates que movilizan recursos en función de un proyecto político que promete restaurar un supuesto pasado glorioso. Aunque líderes como Kast, Milei o Trump tienen estilos y contextos distintos, comparten un lenguaje político similar y forman parte de una misma familia ideológica que se expande globalmente.

P: Este sábado gran parte de los presidentes latinoamericanos llegarán a Miami a ver al “tótem” de la internacional reaccionaria, como describe usted a Trump.

R: Esa reunión es la expresión de que Estados Unidos ha entendido que es posible unificarlos, coordinarlos. Es posible que su proyecto —expresado en la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional de alinear y disciplinar a América Latina— ahora encuentre una oportunidad. Y si en abril Perú va por derecha; si en mayo vuelve la derecha Colombia y si en octubre gana la derecha otra vez en Brasil, tendrán prácticamente el grueso de esta región totalmente disciplinada. Si este proceso resultase, habría que ir prácticamente a los 60 y 70, cuando la mayoría de los gobiernos de la región estaban alineados con Estados Unidos por razones de combatir contra el comunismo y por razón de que había gobiernos militares. Ahora los tenemos en democracia, no están combatiendo contra nadie, pero van a estar ideológicamente mucho más alineados.

P: Trump tiene su ejército voluntario en Latinoamérica.

R: Esa es una buena forma de ponerlo. A esta internacional reaccionaria hay que pensarla como un proyecto con recursos, con contactos. Acá hay unos tipos que tienen muchísimo dinero, que son magnates, que además tienen una estructura organizativa vía think tanks, que además adoctrinan muy bien, que están jugando un juego a mediano y largo plazo.

P: ¿Y qué quieren?

R: Poder. Reorganizar las sociedades. Cuando Milei y otros, incluido Trump, hablan de batalla cultural, evidencian algo más profundo que una lucha política, porque cambiar una cultura toma muchas décadas, posiblemente siglos.

Milei y una cancillería irrelevante

P: Argentina ya sufrió dos atentados terroristas, cuya autoría se vincula a Irán. ¿Estar tan pegados a Estados Unidos e Israel en este momento expone a Argentina a un riesgo que no le corresponde?

R: Si uno piensa qué sucedió en el pasado, aparece que Argentina sumó un listado de cosas que nos pusieron en la mira de países en conflicto: por ejemplo, el plan misilístico argentino de los 80, el hecho de haber sido el único país latinoamericano en sumarse a la guerra a Irak en el 91. Cuando los actores de la zona buscaron un flanco débil, ese flanco débil era Argentina. Esa visión desmesurada de una Argentina, la idea de que podía convertirse en un jugador significativo por lo que hiciera o por lo que dejara de hacer, ya nos mostró que nos metíamos en un lugar peligroso. ¿Estoy queriendo decir que ahora se van a repetir estos atentados terroristas? No. Lo que estoy diciendo es que ésta es una Argentina aún más débil y vulnerable que aquella y asume compromisos como si fuera un actor que controla a actores claves en Medio Oriente.

P: ¿Ve una estrategia clara, alineada con los intereses nacionales, en la política exterior de Milei?

R: Yo creo que el gobierno de Milei tiene una visión del mundo anacrónica, que no tiene matices ni la suficiente flexibilidad. No contempla que hay temas en los cuales Argentina tenía un prestigio que debía seguir preservando, que hay socios históricos a los cuales no podemos seguir maltratando, como Brasil. El ejemplo simbólico de esto es que se logra la liberación de un gendarme argentino en Venezuela por medio de una organización deportiva, porque el gobierno se negaba a negociar con las autoridades de ese país por razones dogmáticas.

P: ¿Esta visión anacrónica que tiene Milei es que le basta con ponerse detrás del escudo del más poderoso?

R: Creo que la idea es: yo secundo a Estados Unidos, que es vital para mi existencia como proyecto político.

P: Que, en rigor, ha demostrado serlo. Milei salvó el pellejo antes de las elecciones de octubre pasado por el auxilio que le dio Trump de 20.000 millones de dólares.

R: Sí, él ahí tiene un punto. En su criterio, para la sustentabilidad de su proyecto político solamente necesita a Estados Unidos. Hace un tiempo le pregunté a un embajador cómo le estaba yendo con las relaciones con Argentina y me dijo que no sabía, porque era parte “de los 191 países”. Se refería al grupo de países por fuera de Estados Unidos y de Israel con el que el gobierno de Milei directamente no se relaciona. “No sabemos si somos amigos de Argentina, enemigos, si nos repudia, si nos registra”, decía. Si esto sirve para la preservación de un gobierno y de una coalición gobernante, uno puede decir a dos años vista que eso lo ha logrado. ¿Eso significa defender los intereses nacionales? No, no es lo mismo.

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Grupo La Capitana

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Negocio para pocos

La guerra del Golfo

En síntesis

La batalla por las emociones: qué pasa cuando la política alimenta el odio

Trump y los militares: un asunto delicado

El hilo conductor del saqueo

Del 4 de junio de 1943 al 4 de junio de 1975

La valorización financiera del capital responde a la división internacional del trabajo

El caso YPF S.A.

Intentando entender

Desmoronar el silencio cómplice para proyectar un pueblo libre y con memoria

Informe económico mensual

ADN de una deuda impagable

En síntesis

Trump, el faro de Milei: Argentina y la pulsión belicista

Juan Gabriel Tokatlian: “Si Perú, Colombia y Brasil van por derecha en las elecciones, EEUU tendrá al grueso de América Latina disciplinada”

La inernacional reaccionaria

Milei y una cancillería irrelevante

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