Seguramente es el trabajo (empleo) uno de los problemas más serios a resolver. De alguna manera el gobierno ha tomado nota por cuanto las últimas medidas tienden a darle algún ánimo a la actividad con los créditos hipotecarios y parcialmente con el salario mínimo, que no tiene los acuerdos en el “Consejo del Salario”. Pero otras medidas ortodoxas o rígidas ponen en duda los efectos. El documento contiene la información cuantitativa que esperamos sea de utilidad.
Sabemos de larga data que si la producción se eleva es probable entonces que se incremente el empleo. Ahí está el huevo y no lo pise, don Inodoro dice Mendieta.
Pero por lo menos hasta la mitad del 2026 no parece que la economía reaccione y crezca. El año finalizará con problemas y el 2027 no tendrá base de despegue. Está visto que las variables económicas no son fáciles de modificar, muchas se mueven inercialmente, otras no cuentan con empuje y otros proyectos son de lenta maduración.
Una de las cuestiones más observadas es la tasa de desocupación. La más elevada se produjo durante la peste en el 2022. Alcanzó el 13 %, momento también de la mayor caída del PBI; otro momento fue en 2008/2009. Pero pareciera que la media de la “tasa normal” oscila entre 6.50 % y 7.8 %, a diferencia de otros países que pueden conjeturar sobre una “tasa natural” en el caso nuestro sería simplemente una fantasía. Recordemos que la tasa de desocupación (Indec) es la relación entre la población económicamente activa (PEA) y los desocupados. Pero no solo es un problema de tasa, sino de las personas afectadas.
Lo que queda claro en los últimos años es la indexación de los salarios, mayormente de acuerdo con las variaciones de la inflación, y aun cuando esta fuera alta (la inflación), la desocupación se mantenía dentro de los valores mencionados. Con el dólar ha sido un poco más errática la relación por cuanto en algunos años el dólar aparecía apreciado o depreciado (peso depreciado o apreciado) como en el 2018 y otros años, incluyendo el actual 2026, similar o parecido al del año 2017.
Son varias las fuentes que se pueden utilizar para contar con una aproximación al total de trabajadores y al Ingreso de la población. Destacamos en este documento números de trabajadores, puestos, con diversas características y población de las fuentes siguientes:
Cuentas Nacionales Indec: en particular la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”, también de “Remuneración al trabajo asalariado, ingreso mixto e insumo de mano de obra, por sexo y tramos de edad”.
Trabajo e ingresos Indec: “Evolución de la distribución del ingreso (EPH)”, y además “Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano. Evolución de la distribución del ingreso” también“Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Principales tasas”.
Secretaría de trabajo: Información de empleo. Por una parte “La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)” y “El Boletín de Estadísticas Laborales (BEL)”.
Completaremos la información en un próximo informe con la Remuneración bajo distintas criterios o fuentes, tanto en valores nominales como ajustados por precios implícitos y relaciones con el Valor Agregado pb.
En algunos casos en los indicadores señalamos el informe técnico publicado para facilitar la actualización y control.
Para Nicolás Maquiavelo, las acciones políticas no deben ser juzgadas por la moral o la ética religiosa, sino por su eficacia y su capacidad para mantener el Estado y el orden público.
Es lo que sucede en nuestro país, donde un sector minoritario y poderoso administra y condiciona al Estado nacional imponiendo un modelo que tiene dos fases que se superponen entre sí, sin una fuerza social ni política opositora de consideración que lo enfrente. Una primera, de endeudamiento, renta financiera y fuga de capitales. Una segunda, de privilegiar a determinados capitales o cambiar los títulos de deuda por empresas públicas y por nuestros recursos naturales (petróleo, gas, litio, minerales raros, cobre, oro, plata, uranio, agua pesada, agua potable, etc.).
Para ello, el gobierno de Javier Milei lleva a cabo un fuerte ajuste fiscal y económico con el único fin de generar excedentes para financiar la fuga de capitales y pagar los intereses de una deuda cada vez mayor. Deuda que se originó en el gobierno de Cambiemos y que nunca se auditó ni investigó y que mayoritariamente se convirtió en fuga de capitales, beneficiando a la minoría privilegiada del país.
Si bien en su comienzo la actual administración formalmente cumplía con cierto control de cambio (mal llamado “cepo”), en abril de 2025 y ante un nuevo acuerdo con el FMI, fue levantado para las personas físicas. Esto se realizó en un proceso que definen como la liberación de las entradas y salidas de capitales. Sin embargo, en 31 meses significaron salidas netas por 64.255 millones de dólares.
El tipo de cambio controlado por el gobierno favorece, paralelamente, las importaciones, el turismo y los gastos de argentinos en el exterior. Y debemos sumar que desde este año 2026, las empresas extranjeras pueden girar dividendos a sus casas matrices por el ejercicio económico cerrado en el año 2025.
Plena apertura de capitales mientras el Ministerio de Economía y el BCRA no trepidan en violar leyes, reglamentos y hasta la Constitución nacional, a fin de contener el precio del dólar muy por debajo de la inflación mentida por el IPC del INDEC. Pero también de la real (que es mucho mayor) y de las tasas de interés. Esto perpetúa el carry trade y la compra de divisas por los beneficiados del modelo.
Obviamente, también le permite a la Administración nacional, con una recaudación atada al nivel de actividad interna que es cada vez menor, comprar los dólares para pagar parte de los intereses que la deuda devenga. Además coloca títulos públicos, que capitalizan los intereses que no pueden pagar, a tasas mayores que la depreciación cambiaria.
En efecto, incumple con la asignación específica de la Ley de Impuesto a los Combustibles, desfinanciando las obras viales e hídricas. También se apropió (denuncia de la Auditoría General de la Nación) de un crédito del BID de 400 millones de dólares que debían emplearse para la remodelación y el mejor funcionamiento del Ferrocarril San Martín, y no se hizo, lo que amerita sendas presentaciones judiciales por administración fraudulenta, malversación de fondos, mal desempeño de la función pública, etc.
Patrimonio público
El gobierno nacional delegó a la provincia de Río Negro la inversión en las rutas nacionales 22 y 151, que atraviesan 508 kilómetros en esa provincia y son el acceso obligado a Vaca Muerta. Por Resolución 1.379/2026 del Ministerio de Economía, adjudicó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, entregando más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados por un plazo de 20 años.
A ello debemos sumarle la creación dentro del Banco de Inversión y de Comercio Exterior (BICE) de un tribunal de tasación que reemplaza al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Este ente fue creado el 11 de diciembre de 1944 y su funcionamiento y marco legal se rigen por la Ley N.º 21.626 (Texto Ordenado 2001) y su reglamentación fue aprobada por el Decreto 2166/2002. Ese tribunal ad hoc en el BICE es el que tasó las cuatro represas del Comahue, que fueron concesionadas a 30 años, y también la participación del Estado nacional en Transener, que fue vendida a grupos locales.
Las cuatro represas se concesionaron al Grupo Neuss, a Guillermo Reca, a la familia Miguens Bemberg, a Eduardo Escassany y a Manuel Santos Uribelarrea. Transener fue vendida a Jorge Brito, presidente y accionista de Genneia y del Banco Macro, los hermanos Patricio y Juan Neuss, del Grupo Edison, junto a socios del fondo Inverlat que incluyen a Federico Salvai, dueño de Havanna, y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, propietarios de Newsan.
El Ministerio de Economía es el que preside el RIGI y el Super RIGI (en este último caso, la coordinación general y aprobación de los proyectos está a cargo de Daniel González, quien se desempeña como secretario coordinador de Energía y Minería de ese ministerio). El régimen otorga beneficios fiscales inadmisibles para cualquier pyme o productor nacional: reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, exención total de derechos de importación para bienes de capital e insumos y la eliminación progresiva de las retenciones a las exportaciones. A esto se suma el núcleo central del drenaje: la libre disponibilidad de hasta el 100% de las divisas generadas por la exportación a partir del quinto año, sin la obligación de liquidar un solo dólar en el Banco Central de la República Argentina.
El Ministerio de Economía decide quiénes son los que se benefician con el RIGI, que principalmente son, en el caso del petróleo y del gas, las corporaciones extranjeras Chevron, Shell, Continental Resources (que preside Harold Hamm, artífice de la explotación a gran escala en la formación Bakken en Dakota del Norte, Estados Unidos). También Mercuria Energy Group (en sociedad con Integra Capital, que representa José Luis Manzano), que compró más de 700 estaciones de servicio bajo la marca Shell, la refinería de Dock Sud, plantas de almacenamiento y el negocio de lubricantes; además, es socia de Continental Resources en Vaca Muerta. Otras de las beneficiadas son Fluxus (el brazo petrolero del grupo brasileño J&F que invierte en áreas de Neuquén), GeoPark (la firma de Colombia que reactivó sus planes de inversión en la cuenca neuquina), Eni y XRG, las empresas de Italia y Emiratos Árabes Unidos que se aliaron con YPF para desarrollar gas natural licuado.
Sumemos a esta lista las empresas locales del sector asociadas al capital extranjero, como Pampa Energía, presidida por Marcelo Mindlin; Pan American Energy, de la familia Bulgheroni; Pluspetrol, de los Rey Rodríguez; Tecpetrol, del grupo Techint; Compañía General de Combustible, de la familia Eurnekian; Vista Energy, que preside Miguel Galuccio (que es un pool petrolero donde el 80% del capital cotiza en la bolsa de Nueva York).
Entre las mineras beneficiadas por el RIGI, principalmente, se encuentra Glencore, de origen suizo. Hoy mayoritariamente pertenece a BlackRock, Vanguard y otros capitales de los Estados Unidos. Había frenado su extracción en Farallón Negro en Catamarca, pero la ha reiniciado por la permisiva modificación de la ley de glaciares de este año 2026. Además, realiza la explotación de la mina de Pachón en San Juan. Su emplazamiento en alta montaña involucra la cuenca del río Los Patos, uno de los cuatro afluentes del río San Juan.
Le sigue en inversión aprobada por el RIGI el proyecto Vicuña Corp (BHP y Lundin Mining), en San Juan, que incluye los depósitos Josemaría y Filo del Sol a 4.230 y 5.200 metros respectivamente sobre el nivel del mar, y que atraviesan áreas glaciares y periglaciares. Se perfila como el mayor desarrollo cuprífero de la Argentina con una inversión inicial de 7.000 millones de dólares.
También se distingue la inversión de Los Azules, la empresa McEwen Cooper de Canadá, con el desarrollo del proyecto minero en San Juan destinado a la exploración y explotación de cobre, proyecto aprobado en el RIGI con un monto de 2.672 millones de dólares.
Otra de las beneficiadas es Rio Tinto, una corporación minera anglo-australiana; cotiza en bolsa y es gestionada por accionistas institucionales como Vanguard y JPMorgan. Extrae litio del Salar del Rincón en la provincia de Salta.
También fue favorecida por el RIGI la Barrick Mining Corporation (ex Barrick Gold) con el proyecto Veladero, cuyos principales accionistas son The Vanguard Group, Inc. y Van Eck Associates Corp. de los Estados Unidos. Explota cobre, oro y plata en San Juan, y están interesados en abrir Pascua Lama en esa provincia, luego de que fuera obligada a cerrar la mina en Chile por contaminación del agua, durante el gobierno de Gabriel Boric.
Con la connivencia de la mayoría de los diputados y senadores nacionales, van a convertir en leyes la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, y van a extender hasta el 31 de diciembre de 2027, eliminando todo tipo de límite, la mal llamada inocencia fiscal, que revierte la carga de la prueba y exige que la ARCA demuestre la fuga de capitales.
La modificación de la ley 24.144 de la Carta Orgánica del BCRA se hace para:
Que los empleados del JP Morgan perpetúen el control de la creación del dinero y con ello determinen el crédito, la tasa de interés y el tipo de cambio. Esto se hace permitiendo que el actual directorio del banco continúe después del 12 de diciembre de 2027, dado que tiene mandato por seis años. Es más, su remoción requerirá un decreto del Poder Ejecutivo, con aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes.
Que el BCRA se endeude en los mercados internacionales utilizando las reservas (brutas) como garantía. Lo hizo fuera de la ley con la emisión de los Bopreales, y luego utilizando parte de las reservas de oro para garantizar una parte de los Repos. La emisión de esos dos instrumentos es una confirmación de que tanto el mercado local como el internacional pueden prestarle al BCRA aun cuando el fisco no recupere acceso al financiamiento en esos mismos mercados.
Es mentira que el BCRA deja de prestarle al Tesoro de la Nación; si bien se le limita en forma directa, se le permite utilizar el sistema financiero en su conjunto. En agosto de 2026, el total del crédito generado por el sistema fue del 16% del PIB. El 7,6% de este (casi la mitad) financia a la Administración nacional con la compra de títulos públicos, que incluso emplean como parte del encaje de los depósitos que reciben.
Finalmente, el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses no se utiliza para mejorar los paupérrimos haberes previsionales ni para pagar las deudas del PAMI a sus prestadores. Se está empleando para darles negocios a los bancos y financiar créditos hipotecarios para “soluciones habitacionales” a quienes pueden pagarlos. El ministro Caputo explicó que para aplicar a un crédito de 106.667 dólares se deberán presentar ingresos por 3.460.391 de pesos y la cuota inicial será de 865.089 pesos. La tasa a pagar por el crédito será de UVA + 7% y el plazo de 25 años.
¿Caputo sabrá que el salario mínimo vital y móvil es de 376.600 pesos por mes para trabajadores mensualizados o de 1.883 por hora para los jornalizados?
¿Sabrá que, según un informe del Observatorio Económico Social de la Universidad de Rosario, más de cuatro de cada diez trabajadores tienen empleos sin aportes jubilatorios, carecen de cobertura de salud vinculada al trabajo y de otros derechos laborales? ¿O que el 34,3% de los trabajadores informales vive en hogares pobres y el 5,2% está en situación de indigencia?
¿Sabrá que un informe de la Fundación Encuentro sostiene que el 78% de los hogares gana menos de 2.800.000 pesos, lo que los coloca en una situación de consumos mínimos para cubrir elevadísimos gastos en alimentación, alquiler, transporte, etc.?
El pacto de la Liga de las Naciones de 1919 afirmó que las “partes contratantes” asumían “la aceptación de las obligaciones de no recurrir a la guerra.” La carta de Naciones Unidas dice en su Artículo 2, inciso 1: “La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros.” Adicionalmente, en dicho artículo, inciso 2 dice: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”, al tiempo que en el inciso 7 dice: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.” A su vez, la carta de la Organización de Estados Americanos remarca en cuatro oportunidades la defensa, respeto e inviolabilidad de la soberanía; rechaza la intervención directa o indirecta; y repudia el recurso a la fuerza armada. Asimismo, la Resolución 2131 del 21 de diciembre de 1965 de la Asamblea General de la ONU sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados y Protección de su Independencia y Soberanía asevera: “Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas.” Paralelamente, la Resolución 2625 del 24 de octubre de 1970 declara que “cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía.” Esta escueta mención a algunas pocas referencias que remiten al acervo en materia del derecho internacional ligado a la doble cuestión de la soberanía y la intervención permite enmarcar el análisis del cuadro de abajo. Lo que sigue es una narración sobre lo que se puede apreciar en dicho gráfico. A partir de la periodización indicada, explico el sentido y contenido de cada columna. Con ello pretendo un abordaje inicial a un tema crucial en la política mundial contemporánea.
En la primera etapa, que en los hechos ya tiene antecedentes en el siglo XIX, la intervención internacional provino de Europa donde distintas potencias desplegaron, abiertamente y sin legitimidad alguna, su poder militar en aras de asegurar las respectivas posesiones y proyectos imperiales en diferentes latitudes. El alcance del comportamiento europeo fue geográficamente vasto y se extendió en el tiempo. En ese contexto, la fuerza también fue utilizada por Estados Unidos como parte de su propósito expansionista en lo que ya consideraba su “patio trasero”; particularmente, en los países de la amplia Cuenca del Caribe. Desde América Latina, y a partir de reconocer la notable asimetría respecto a Estados Unidos y Europa, se recurrió de modo diligente al derecho para así responder y limitar, jurídicamente, la agresión de Occidente. Las Doctrinas Calvo, Drago, Carranza, en especial, fueron la expresión de la defensa de la soberanía y de la resistencia a la intervención.
Durante la Guerra Fría, los principales, aunque no únicos, interventores fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. En algunos casos violentaron la soberanía de las naciones de manera directa como en Vietnam y Afganistán, respectivamente. En la mayoría de los ejemplos de entonces, y en lo que se denominaba el Tercer Mundo, apelaron a formas indirectas de intervención por vía de “guerras por encargo” (proxy wars), “guerras de baja intensidad” (low intensity wars), “guerras encubiertas” (covert warfare) y demás modalidades de “guerras irregulares” (irregular warfare), así como a prácticas de involucramiento abierto o clandestino mediante la promoción del conocido “cambio de régimen” (regime change). Tanto Washington como Moscú buscaron asegurar su control y predominio en sus correspondientes esferas de influencia bajo doctrinas cuyo objetivo era la exclusión territorial de otros en lo que se consideraba “su” vecindario: en un caso, a través de la restauración de la Doctrina Monroe; en el otro, bajo la imposición de la Doctrina Brézhnev.
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América Latina utilizó distintos foros formales como la OEA, la ONU y el Movimiento de Países No Alineados y foros informales como el Grupo de Contadora para, mediante acciones diplomáticas defensivas y ofensivas, reafirmar el principio de no intervención y preservar la soberanía nacional. Siempre es bueno recordar que 20 de los 51 Estados fundadores de Naciones Unidas eran de Latinoamérica. Distintos líderes políticos, diestros diplomáticos y expertos legales fueron actores relevantes en la construcción de reglas, normas y procedimientos de la organización: la gravitación del área en la materia era reconocible. Ello, a su turno, se dio en medio de un incipiente proceso de descolonización que se fue acelerando desde la década del cincuenta: hasta los años sesenta (cuando ingresan 42 nuevos miembros) y los años setenta (cuando ingresaron 20 nuevos miembros), la región tenía la mayor representación colectiva de la periferia. Asimismo, corresponde subrayar que, durante la década del setenta en especial, América Latina desplegó “su” modalidad de intervención a nivel regional. En efecto, las dictaduras de Suramérica participaron decisivamente en el Plan Cóndor; un plan para perseguir, secuestrar, desaparecer y asesinar a opositores con la anuencia y el respaldo de Estados Unidos. Se trató de una intervención transfronteriza represiva en la que los gobiernos militares cohonestaban la violación de cada soberanía nacional en aras de aniquilar a ciudadanos de otros países vecinos.
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La etapa de la Posguerra Fría conoció dos fases. En la primera, hubo, a su vez, dos momentos. El inicial se manifestó en el marco de una condición unipolar que Estados Unidos no pudo prolongar por mucho tiempo. Washington, junto a distintos acompañantes del Norte Global y del Sur Global, lideró el recurso legítimo a la fuerza a través de resoluciones unánimes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más tarde, encabezó, sin legitimidad institucional, acciones militares con sus seguidores claves de Occidente. De 1991 (primera guerra contra Irak) hasta Kosovo (1998-99), el propósito enunciado apuntaba, en alguna medida, a alcanzar lo que Kant llamaba foedus pacificus; una “comunidad de paz” que hiciera innecesaria las guerras. Esa aspiración altruista—con el eslogan del “dividendo de la paz” invocado por George H. W. Bush y Margaret Thatcher–era producto de lo que por entonces se llamaba el inicio de un “nuevo orden mundial” asentado en el pluralismo político, la economía de mercado, la disminución de los presupuestos de defensa, una agenda actualizada de asuntos mundiales y la reivindicación del multilateralismo. A ese efímero lapso, le siguió un segundo momento en el que predominó la tentación imperial de Washington expresada a través de la estrategia de primacía que tuvo como para su despliegue un catalizador en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y se ahondó con la segunda guerra contra Irak en 2003. Básicamente, la estrategia de la primacía no tolera la existencia de un poder de igual talla, sea quien fuera. Mientras que para la operación militar contra Afganistán la Casa Blanca procuró y logró el respaldo de Naciones Unidos e invocó la legítima defensa; para el ataque a Bagdad actuó por fuera de la ONU y al margen del derecho internacional.
América Latina se fue sumando en los noventa al gradual desplazamiento del principio de no intervención y acompañó el avance paulatino del denominado “deber de injerencia”. En ese sentido, un buen número de países del área promovieron y apoyaron el principio de la “Responsabilidad de Proteger” (R2P). A su vez, una concatenación de factores—la adopción extendida del llamado Consenso de Washington en materia económica, la promesa de establecer en 2005 el Área de Libre Comercio de las Américas, la trascendencia que alcanzó en la región la “guerra contra las drogas” propiciada por Estados Unidos, las variantes que se fueron produciendo en las posiciones de algunos gobiernos frente al recurso a la fuerza, por ejemplo, entre la primera y la segunda guerra contra Irak, entre otros—reflejaba un lento pero detectable repliegue de Latinoamérica en materia del lugar prioritario de la soberanía nacional en la política internacional de los países.
En la segunda fase de la Posguerra Fría, Washington ensayó la práctica de establecer “coaliciones de voluntarios” (coalition of the willing) no sólo en el marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”, sino también en acciones bélicas contra Estados. Esas coaliciones eran y son bien distintas a las alianzas militares formales que se guían por el principio de “todos para uno y uno para todos” en el evento de que cualquier miembro se viese atacado. Las coalition of the willing consisten en que un actor—para el caso, Estados Unidos—determina una misión y convoca a algunos aliados y afines a seguirlo en su acción militar: el principio, entonces, se transforma en “uno dispone y los otros se suman” estén o no en juego los intereses del conjunto. El uso de la fuerza arrasó con principios que se creía reivindicaban la evolución jurídica desde 1991 en adelante: en Libia en 2011 se invocó explícitamente la R2P mediante una resolución del Consejo de Seguridad y su aplicación fue un fiasco. Un argumento semejante se pretendió evocar en Siria pero nunca se obtuvo una resolución de la ONU al respecto. Con el correr de los años y de las operaciones lanzadas contra distintos objetivos estatales y no estatales, Washington fue mostrando, otra vez, su sentido expansionista en el marco de la persistente estrategia de primacía, así como una actitud revisionista. En breve, un Estado revisionista es uno insatisfecho que pretende cambiar drásticamente o derribar frontalmente el orden regional o internacional, sus reglas, normas, instituciones y, de ese modo, moldear y determinar la distribución regional o global de poder. En general, el revisionismo se expresa con el uso de la fuerza y no apenas mediante la amenaza de su utilización. A esos efectos, la soberanía del “otro” resulta irrelevante y el derecho internacional un estorbo. Pero no es únicamente Estados Unidos quien ha ido adoptando un comportamiento revisionista a través del recurso bélico, sino también, por ejemplo, Rusia, Israel e Irán (vía proxies). Quizás no falten émulos en el futuro.
En la actual coyuntura, es evidente que Estados Unidos retornó a América Latina en clave de dominación y de reimplantación coercitiva de su antigua esfera de influencia. Eso ha implicado el despliegue de una avalancha de guerras en el área que se ha convertido en un laboratorio de experimentación único en el Sur Global: la “guerra contra el narcoterrorismo”, la “guerra contra los migrantes”, la “guerra comercial”, la “guerra por los recursos estratégicos” y la “guerra tecnológica”. A ello se agregó el primer ataque histórico en más de doscientos años de relaciones interamericana contra un país en Sudamérica, Venezuela y una masiva “guerra económica” contra otro país de la región, Cuba, así como las inéditas ejecuciones extrajudiciales de más de 200 personas en aguas del Caribe y del Pacífico este y la amenaza (así sea retórica por el momento) que aún pesa acerca de la recuperación forzada del Canal de Panamá.
Ante lo que viene sucediendo en América Latina como producto de hechos consumados y de chantajes latentes por parte de la administración Trump, la región ha mostrado el mayor nivel de fragmentación y concesión en décadas respecto a Estados Unidos. No ha recurrido a ningún ámbito minilateral (por ejemplo, MERCOSUR) o colectivo (por ejemplo, CELAC) del área, ni a la OEA ni a la ONU ni a las instancias jurídicas internacionales específicas para cuestionar y denunciar a Washington. No ha utilizado el derecho internacional, así sea en clave defensiva. No ha buscado aliados extra-regionales—por ejemplo, en Europa—para aunar esfuerzos y hacer frente a las arbitrariedades del gobierno republicano. No ha propiciado contactos, en forma conjunta o mediante grupos acotados, con actores sociales y políticos internos de Estados Unidos para encontrar aliados en causas comunes. La región, en síntesis, oscila frente a Estados Unidos entre la aquiescencia de muchos, la parálisis de varios y el temor de algunos.
Este escrito ha buscado mostrar la evolución y los cambios de la región respecto a la soberanía y la intervención. En ese sentido, se impone una pregunta: ¿asistimos a un momento anómalo en cuanto a la posición original y durante décadas de América Latina ante la soberanía y la intervención o estamos ante el inicio de una tendencia que viene modificándose y que hoy, resignando la defensa del derecho internacional, expresa el abandono gradual de la salvaguarda de la soberanía y del rechazo a la intervención?
Se inicia la carrera electoral para el 2027. Los recientes dichos de Milei sobre “la foto horrible pero la película es la mejor de la historia”, seguramente es producto de la película Parque Lezama, cuando León Schwatz (Brandoni) le cuenta la historia de la “industria cinematográfica” a Antonio Sánchez (Blanco), los premios ganados como productor, director y guionista.
Pero vayamos al tema que nos ocupa, un dólar (promedio) se incrementa un 2.8 % respecto a diciembre 2025 y un 17.5 % en 12 meses. Un dólar controlado para que no baje ni tampoco suba por el BCRA, es lo que hay, y depende que tiempo utilizamos en las comparaciones, por momentos aparece muy retrasado, y por momentos en el corto plazo retrasado, pero no tanto.
La inflación de julio (2.1%) siempre tranquila pero en las proyecciones a diciembre no baja del 30 %, habiendo acumulado en estos 7 meses el 20 %, el M. Economía y el BCRA miran con los ojos abierto esperando que los próximos meses sea el 1 %, también esperando las elecciones, no es mucho lo que tienen para mostrar pero algo es algo.
El BCRA sigue comprando dólares, y de paso continua con la política contractiva, eso se puede apreciar en el M1 que oscila en el 6 % del PBI en dólares. Cueste lo que cueste, y está costando….a la gente.
El FMI continuará con lo acordado, pero parece que sin fondos nuevos. Si acumular dólares y ajustar que todo va de acuerdo a lo planeado.
El riesgo país es un “sube y baja”, pero alcanzar valores menores de 300 puntos, cuesta “un ojo en la cara”. Y mientras tanto el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) repta negativamente en los valores anuales.
Un breve comentario de la situación internacional, finalmente Putin y Trump lograron convertirse en una dupla imbatible, el daño es continuo y siempre logran sumar actores de reparto por el mundo. Rappaport ¿Qué están buscando? Yo no soy Rappaport.
Serie especial: tres aportes mínimos para el debate político sobre el modelo productivo provincial
«Todas las naciones cultas se esmeran
en que sus materias primas no salgan de sus Estados para manufacturarse»
Manuel Belgrano, Memoria de 1802.
EL ADN EXTRACTIVISTA: UN MODELO QUE DEFINE EL TERRITORIO
El extractivismo no es una actividad más en la economía de Chubut. Es su ADN.
Es un modelo de acumulación y distribución que determina cómo se usa el territorio, cómo se endeuda la provincia, quién toma las decisiones y, sobre todo, quién se queda con las ganancias.
Propio del capitalismo periférico, se basa en la extracción masiva de recursos —petróleo, minerales, lana, pesca, viento— que se exportan sin valor agregado local. Aunque es ecológicamente destructivo y socialmente injusto, sigue siendo el núcleo de la economía provincial.
En realidad, la extracción —del latín extractio, acción de sacar algo fuera— se aplica a todos los factores de producción. La extracción del trabajo se llama plusvalía, la extracción del dinero es el interés, y la “nueva extracción” del conocimiento se designa como KDD o minería de datos. El poder extractor es siempre el capital.
ECONOMÍA ECOLÓGICA VS. MODELO EXTRACTIVISTA
La economía ecológica crítica plantea lo opuesto: la Naturaleza y sus recursos —incluido el ser humano— son la base de cualquier sistema socioeconómico sustentable. Sin agua, sin suelo, sin energía y sin clima estable, no hay economía posible.
En Chubut, sin embargo, el modelo extractivista ganó por goleada.
Y se sostiene sobre un trípode histórico:
Concesiones para la explotación de recursos, con renovaciones anticipadas.
Endeudamiento público permanente en dólares.
Pasividad fiscal y ausencia de políticas públicas.
De esta forma, el extractivismo encuentra sustento en la administración política, mientras el pueblo protagoniza la sustentabilidad ecológica. El ejemplo más claro es el plebiscito del No a la megaminería de Esquel.
REGALÍAS: ¿RENTA O DESCAPITALIZACIÓN?
Para la cosmovisión neoliberal, las regalías son un precio: lo que cobra el Estado propietario por permitir que un privado use un recurso. Viene de regalía del Rey.
Para la economía ecológica, son otra cosa: agotamiento de capital natural. Cada barril de petróleo o metro cúbico de gas extraído reduce el patrimonio socio-natural de la provincia.
No es renta, es descapitalización. La pérdida de capital es la palanca de la deuda y su propia justificación política.
Y el ciclo se cierra con deuda: las regalías futuras se hipotecan para pagar deuda presente.
En abril de 2024, la gestión de Ignacio Torres obtuvo autorización para un nuevo endeudamiento garantizado con regalías petroleras hasta 2030.
El futuro ya está gastado y bajo jurisdicción de Nueva York.
EL MAPA DEL EXTRACTIVISMO EN CHUBUT (2026)
El modelo ya no es solo petróleo. Se diversifica y se actualiza:
A. Hidrocarburos: el corazón del sistema
Zona: Cuenca del Golfo San Jorge (Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento). Empresas: PAE, Pérez Companc, Tecpetrol, CAPSA.
Impacto: piletas a cielo abierto, derrumbes de casas por movimientos de suelo, derrames crónicos, pozos abandonados en barrios y competencia por el agua. Una renta que se va directo al pago de deuda externa.
B. Minería: la batalla de la Ley 5001
Zona: Meseta Central y Cordillera (Gastre, Gan, Paso de Indios, Esquel, Trevelin). Proyectos: Navidad (plata y plomo, uno de los yacimientos más grandes del mundo) y Suyai / Cerro Solo (uranio). Ambos frenados por la Ley 5001, que desde 2003 prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Es una ley común, sin rango constitucional, por eso la presión de capitales internacionales para derogarla es permanente.
C. Pesca: el mar como enclave
Zona: Puerto Madryn, Rawson, Camarones.
Modelo: captura de merluza, langostino y calamar con congelado mínimo a bordo y escasa industrialización en tierra. Concentración de cuotas en pocas manos y pérdida de empleo en plantas locales.
D. Eólico: el nuevo extractivismo verde
Zona: Litoral y meseta (Trelew, Rawson, Madryn, Comodoro).
Empresas: Genneia, YPF Luz, Central Puerto, y ahora Green Capital con el proyecto Atlas GigaHub.
Problema: energía barata que se exporta fuera de la región, pocos empleos permanentes y el cierre de 130.000 hectáreas por 66 años —con monto de canon no informado oficialmente— con impacto en fauna, paisaje y comunidades.
E. Extractivismo digital: la nueva frontera
Zona: Trelew – Puerto Madryn. Proyectos: Atlas GigaHub (Green Capital) y Stargate Argentina (el data center que impulsa OpenAI en el país).
Riesgo: convertir a Chubut en la «Potosí del siglo XXI»: exportar energía, territorio y capacidad de cómputo en crudo, sin soberanía tecnológica.
Como declaró Marta Złotkowska, directora de Atlas GigaHub a Bnamericas: «El proyecto está orientado a atender a clientes internacionales, en particular a las principales empresas de tecnología de IA de Estados Unidos y Asia».
LAS CINCO CLAVES DEL MODELO EXTRACTÍVORO
Exporta materia prima en crudo: petróleo sin refinar, pescado apenas fileteado, MW de energía y ahora datos sin procesar.
Nulo valor agregado local: no hay polo petroquímico, ni fundición, ni fábrica de molinos, ni desarrollo de software con IA libre.
Economía de enclave: genera dólares pero con escaso derrame. Islas de riqueza en medio de la precariedad. El ejemplo es Comodoro Rivadavia y el retiro de YPF: dejó los pasivos y se llevó la renta.
Pasivos ambientales como externalidad: contaminación, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos que no se reflejan en el precio de mercado. Quedan como deuda eterna para el pueblo.
Decisiones tomadas afuera: el precio del petróleo lo fija Houston, el del langostino Madrid, y el de la energía y los datos, el mercado global.
CONCLUSIÓN: ¿PUENTE O GRILLETE?
Donde hay viento, petróleo, mar o minerales, hay extractivismo en Chubut.
La diferencia radical está en cómo se usa ese recurso: si para desarrollar la provincia con trabajo digno y soberanía, o para girar dólares a los centros de poder global.
El proyecto Atlas GigaHub es el ejemplo perfecto de esta disputa. Usa el viento, la tierra, el clima y el agua de la provincia para servir a la Inteligencia Artificial de afuera.
Por eso, la pregunta no es si estamos a favor o en contra de la tecnología.
La pregunta real es otra:
¿Este proyecto rompe con el modelo extractivo histórico o lo profundiza?
¿Es soberano e independiente o es dependientemente extractívoro?
¿Favorece el buen vivir del pueblo chubutense o solo aumenta las rentas financieras del capital?
Próxima entrega: II – Deuda provincial y gobernanza extranjera: quién se queda con la renta.
Se cumplen sesenta años de la publicación de uno de los libros de sociología más reconocidos e influyentes en Estados Unidos y a nivel internacional: “La élite del poder” de C. Wright Mills. Una de las cuestiones principales que aborda ese texto es la de la “metafísica militar”.
Para el autor, el liderazgo político, castrense y empresarial comparte una visión de los asuntos internacionales en clave de amenaza bélica persistente; la cual requiere de las fuerzas armadas y del castigo como el medio indispensable para hacerle frente.
De allí el perpetuo estado de “emergencia” para confrontar los distintos retos a la “seguridad nacional”. Así, el país debería prepararse permanentemente para guerras de diverso tipo. Se trata de un mapa cognitivo y un sistema de ideas que ordena la política y la sociedad a nivel doméstico y que moldea, en el plano externo, el comportamiento de Washington.
Con la segunda presidencia de Donald Trump la metafísica militar se ha exacerbado: ha sido históricamente un hilo conductor de administraciones de diferente origen partidista, pero hoy adquiere, para los tomadores de decisión en el gobierno y en el mundo de los poderosos vendedores de armamento y las grandes compañías tecnológicas, una centralidad excepcional. Como afirmaba Bertolt Brecht, “la propia guerra es un negocio, incluso aquellas que se pierden”.
Frente a América Latina y el Caribe, sobresale lo que en noviembre de 2025 el Conversatorio Latinoamericano (consorcio conformado por cuatro universidades de la región) llamó la “hipersecuritización”.
Se trata de la intención, por parte de Estados Unidos, de capturar, subyugar y exhibir a la región como espacio de experimentación de su capacidad de uso de la fuerza y de dominación. Muy atrás en el tiempo quedó la tentación de recuperar la hegemonía; ahora se trata de imponer un modo de subordinación.
Una singularidad del mandato de Trump II es que del dicho al hecho hay solo un trecho. Las evidencias son elocuentes. El mandatario anunció su voluntad de recuperar el Canal de Panamá y el gobierno panameño ha cedido en prácticamente todo ante exigencias y chantajes.
Señaló que el petróleo de Venezuela le pertenecía y bombardeó ese país y extrajo a su presidente para someterlo a juicio en EE. UU., mientras ha obtenido del gobierno interino mucho de lo que ha exigido. Advirtió que buscaría incrementar el bloqueo a Cuba y ha cercado la isla mediante una política de máxima asfixia material y energética. A su vez, el Pentágono no descartó una acción militar contra el gobierno cubano.
Declaró que un presunto contubernio foráneo entre narcotraficantes y terroristas –el llamado narco-terrorismo– constituía un peligro inminente para Estados Unidos y en septiembre de 2025 comenzó una serie de ejecuciones extra-judiciales, a cargo del US Southern Command y mediante bombas y misiles, en el Caribe y el Pacífico, que a la fecha ha provocado 221 muertes.
Ya en diciembre del año pasado activó un nuevo comando para la región: el US Army Western Hemisphere Command. Desde marzo de este año, fuerzas especiales estadounidenses acompañan con logística e inteligencia a militares de Ecuador en tareas contra el narcotráfico. En mayo, otro acuerdo de cooperación anti-drogas se firmó con Guatemala. Recientemente el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que Medellín sería sede del llamado Escudo de las Américas patrocinado por Washington.
En junio, a través de un ataque llevado a cabo por el Comando Sur, se dio de baja en Venezuela al líder del denominado Tren de Aragua. Este rediseño de la “guerra contra las drogas” ha mostrado –como en el pasado– ser un fiasco.
Una investigación de The Atlantic del 6 de julio, otra de Breaking Defense del 21 de julio y, adicionalmente, una del Washington Post del 28 de julio, y con base en entrevistas con funcionarios del gobierno, entre otros, muestra que entre septiembre y octubre de 2025 hubo una interrupción temporal del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, acompañado de un incremento del precio de la cocaína y de la violencia asociada.
Rápidamente hubo una readecuación de rutas y tácticas por parte de los narcotraficantes a tal punto que no se redujo la llegada de drogas a ciudades estadounidenses. A su vez, las muertes por sobredosis viene descendiendo por tercer año consecutivo, según el National Center for Health Statistics. La nueva cruzada contra las drogas apunta, evidentemente, a disciplinar a América Latina.
Paralelamente, y a pesar del notable aporte de los extranjeros al país, la “guerra contra los migrantes” no cesa. De los aproximadamente 590.000 deportados entre enero de 2025 y julio de 2026, la mayoría ha sido de latinoamericanos.
En el marco de un proceso interno de des-industrialización y de pérdida de competitividad internacional ante China, Trump ha reforzado una “guerra comercial” imponiendo aranceles: 180 países y territorios han sido objeto de esa acción abusiva. A 32 naciones de América Latina y el Caribe se le aplicaron aranceles. Respecto a Beijing, EE.UU. ha desplegado también en el área una “guerra tecnológica” y una “guerra por recursos estratégicos”.
En resumen, la región es epicentro de una superposición de guerras que, sin duda, incrementará la inestabilidad, la vulnerabilidad, la polarización y la dependencia. En realidad, asistimos, sin reacción alguna, a una versión extrema de la metafísica militar.
El devenir y la comprensión del vínculo bilateral entre la Argentina y Brasil han pasado por diferentes etapas. A lo largo del siglo XX hasta la década de 1980, el análisis estuvo dominado por perspectivas geopolíticas sobre los fenómenos de la competencia y la rivalidad por entonces prevalecientes en la relación entre ambos países. La tensión latente argentino-brasileña era, en parte, sucesora de la hispanoportuguesa. Los resabios de la época colonial, además de la falta de sincronización entre los respectivos procesos de desarrollo económico, contribuyeron a construir imágenes parciales y sesgadas en la visión que cada uno se fue formando del otro. Una resultante importante – e indeseable – de ello, señaló Helio Jaguaribe (1982), fue la intensificación de una disputa “retórica” por la supremacía en América del Sur hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. La literatura académica de la época se abocó entonces a estudiar los desencuentros y encuentros bilaterales signados por una historia de avances y retrocesos diplomáticos, acompañados de un bajo nivel de confianza mutua y de una muy escasa institucionalización de los lazos (Lafer & Peña 1973, Puig 1975, Perez Llana 1975, Tulchin 1980, Jaguaribe 1982, Peña 1982, Selcher 1985, De Camargo & Ocampo 1988).
Las transiciones a la democracia de la Argentina, en 1983, y de Brasil, en 1985, dieron inicio a una segunda etapa, cuando se incorporan al análisis en forma creciente elementos propios de una incipiente convergencia entre ambos. El proceso tendiente a mayores grados de integración política, que decanta posteriormente en la creación del MERCOSUR en 1991, da comienzo a una era de acuerdos: primero, asentados en el diálogo estratégico Alfonsín-Sarney (Russell & Hirst 1987, Hirst 1988a, Hirst 1988b); luego, ya en la década del noventa, bajo la fórmula del regionalismo abierto en un período de notable predominio de Estados Unidos, la potencia triunfante de la Guerra Fría. Desde allí, el análisis de los logros y las dificultades en el camino hacia la integración comercial moldea los trabajos académicos hasta el comienzo del siglo XXI (De Camargo 1992, Hirst 1992, Lafer 1997, Lladós & Guimarães 1999, Bernal-Meza 1999, Da Motta Veiga 1999, Bouzas 2001, Bouzas & Fanelli 2002).
La tercera etapa es inaugurada en los años 2000 dentro de una atmósfera de relaciones económicas relevantes, diálogos intersocietales en ascenso y coincidencias en las orientaciones de política exterior entre ambos países que abren oportunidades para desarrollar una nueva agenda conjunta de integración. En ese contexto, parece avanzar en Brasilia y Buenos Aires la “lógica de la autonomía” por sobre la “lógica de la aquiescencia” (Russell & Tokatlian 2013) en clave de aspiración de gran estrategia. La proverbial competencia de antaño se diluye, aumenta la cooperación, Brasil intenta proyectarse como una potencia emergente y la Argentina procura preservar una condición de poder regional. Son tiempos en que se configuran percepciones distintas sobre los dos países: sobresale más la autoestima brasileña y la sensación de declive argentino. En efecto, los trabajos académicos abordan las percepciones de las elites, aspectos relativos a la integración y lecturas sobre el origen de la crisis financiera internacional y su impacto en las relaciones argentino-brasileñas (Russell & Tokatlian 2002, Malamud 2002, Saraiva 2004, Candeas 2005, Vigevani et al. 2008, Bernal-Meza 2008).
Las visiones a favor de una vinculación más estrecha y prioritaria con Estados Unidos se van diluyendo al tiempo en que se fortalecen las voces que perciben a Asia como un espacio para establecer una relación más intensa y benéfica. Así como en algún momento del siglo XX fue la potencialidad de una “carta europea” y una “carta tercermundista” a los fines de diversificar las relaciones exteriores de diversos tipo, ahora comienza a gravitar la idea de la existencia de una atractiva “carta china” (Actis 2017). Sin embargo, desde la segunda década del siglo XXI, la interacción bilateral atraviesa una etapa de intensidad y profundidad relativas más atenuadas y complicadas respecto al periodo inmediatamente anterior (Pereyra Doval 2014, Actis 2015, Busso et al. 2017).
Una cuarta etapa más reciente analiza con amplitud tanto las variables sistémicas – el fenómeno del ascenso de China y su impacto en el vínculo bilateral y en la reprimarización de las economías – como las variables domésticas – las coaliciones gobernantes y sus divergencias internas (Frenkel & Azzi 2018, Pereyra Doval & Ordoñez 2020, Belém Lopes & Lopez Burian 2018, Scholvin & Malamud 2020, Merke & Stuenkel 2020). Los cambios en las concepciones socioeconómicas y en los paradigmas de relacionamiento externo habían sido más o menos simultáneos entre Argentina y Brasil. Cuando en Brasilia prevalecía una “lógica de la aquiescencia”, en Buenos Aires ocurría lo mismo; y a la inversa, cuando en Buenos Aires predominaba la “lógica de la autonomía”, en Brasilia era similar. Sin embargo, el elemento novedoso ocurre en 2019, a partir de la llegada al poder de Jair Bolsonaro, cuando se divisa un giro en la política exterior brasileña.[1] Así emerge una serie de trabajos que explican los retrocesos a través de la falta de coincidencia de los partidos en el poder, en cuanto a la política exterior, el modelo de desarrollo, la relación con las grandes potencias, o las diferencias ideológicas y percepciones de las elites (Frenkel & Azzi 2018, Caetano et al. 2019, Hoffmann 2020, Zelicovich 2020). En suma, en la actualidad han aumentado los análisis académicos de economía política que reflejan el evidente y gradual deterioro de la sociedad estratégica argentino-brasileña.
En este trabajo no interesa poner el foco en las implicancias que puede tener para la integración la existencia de posturas ideológicas opuestas y que podría constituir un fuerte agravante del deterioro del vínculo bilateral, sino en las causas profundas que han favorecido las tendencias a la desintegración regional y al desacoplamiento bilateral entre Buenos Aires y Brasilia. Las preguntas que aquí nos planteamos se relacionan con los factores de fondo: a) ¿en qué consisten los procesos de desintegración regional y desacoplamiento bilateral?; b) dentro de este contexto, ¿qué cuestiones clave del acoplamiento bilateral se muestran vigentes en los ámbitos diplomáticos políticos y económicos?, ¿cuáles se han roto o perdido?, ¿cuáles se perciben frágiles?; y c) ¿se puede proyectar una agenda para renovar y relanzar política y económicamente la relación bilateral?, ¿cuáles podrían ser los temas pertinentes?
DEFINIENDO DESINTEGRACIÓN REGIONAL Y DESACOPLAMIENTO BILATERAL
Es posible afirmar que, desde mediados de la década del ochenta del siglo XX hasta los primeros tres lustros del siglo XXI, y a pesar ciertos vaivenes y tropiezos, la relación entre la Argentina y Brasil fue estable. En los últimos tiempos parece evidente un gradual e inquietante deterioro de la cultura de la amistad entre ambos países. Ello se manifiesta en dos procesos concretos: la desintegración regional y el desacoplamiento bilateral. El primero, en el plano subregional, está relacionado con el estado de la desintegración del MERCOSUR; el segundo, en el plano de las políticas públicas y de las interacciones económicas y sociales, está ligado al grado de desacoplamiento entre los dos países. Cabe remarcar, de entrada, que la mayoría de las investigaciones sobre las relaciones bilaterales argentino-brasileñas han centrado sus esfuerzos en tratar de explicar cómo y por qué ambos países han procurado asociarse. La desintegración y el desacoplamiento han sido, en cambio, muy poco estudiados: se los considera una anomalía y resultan, por supuesto, indeseables.
En los últimos tiempos parece evidente un gradual e inquietante deterioro de la cultura de la amistad entre [Argentina y Brasil]. Ello se manifiesta en dos procesos concretos: la desintegración regional y el desacoplamiento bilateral.
La noción de desintegración regional admite varias acepciones.[2] Una de ellas significa destruir por completo; otra, perder cohesión y fortaleza. La literatura de relaciones internacionales identifica dos tipos de explicaciones analíticas al fenómeno de la desintegración: las basadas en factores exógenos y las centradas en los endógenos. La primera pone el acento en los cambios ambientales o sistémicos provocados por shocks externos, procesos de transición de poder internacional, crisis económica global, cambios en las percepciones de amenazas o declinación de la confianza mutua entre países socios. La segunda aborda cuestiones como las características institucionales intrínsecas, las condiciones de interdependencia económica, de infraestructura y sociodemográficas, las pujas domésticas, los cambios de régimen político y las divisiones ideológicas. No obstante, existen diversos caminos hacia la desintegración y, por lo tanto, resulta difícil formular una sola “gran teoría” al respecto. A los fines de este artículo, se asume que la desintegración, además de constituir la antítesis de la integración, refleja el ocaso de un modo de diseñar y aplicar políticas comunes y compartidas en una amplia gama de asuntos entre Estados que están vinculados por un acuerdo formalizado e institucionalizado cuyo propósito principal es configurar una comunidad política entre las partes.
La perspectiva más frecuente aplicada a la desintegración ha sido la que la define como el opuesto de la integración. Hablamos aquí de desintegración no como un impasse en la integración sino como un proceso multidimensional de distanciamiento y divergencia política, económica y social entre las elites y las sociedades de países que conforman un núcleo comunitario que involucra a gobiernos, empresarios, trabajadores, académicos, científicos, partidos políticos y demás actores de la sociedad civil. Ciertamente, a diferencia de la integración, ésta se enfoca en los procesos de pérdida del sentido social de comunidad, reducción de la interdependencia económica y ocaso de la convergencia política entre Estados. Esas dinámicas involucran, por ejemplo, la disminución de la cooperación y la provisión de muy escasos recursos para invertir en empresas comunes o la menor disposición al compromiso con valores compartidos que pueden promoverse a través del esfuerzo colaborativo. Un caso cercano es el de Colombia y Venezuela, que han escogido alineamientos internacionales claramente opuestos y que, de hecho, han socavado la integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Otro ejemplo es lo que ocurrió con la Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia (SAARC), fundada en 1985. La organización no ha podido organizar una cumbre desde 2014. La última correspondía a Pakistán, pero con el aumento de tensiones tras los ataques terroristas en Bombay en 2016, India boicoteó los intentos de realizar tal cónclave. Llevan ocho años sin reuniones y en ese lapso Pakistán consolidó una relación muy estrecha con China, mientras que la India fortaleció su acercamiento a Estados Unidos.
Siguiendo a Deutsch (1990), la integración es “una relación entre unidades en la cual éstas son mutuamente interdependientes y poseen en conjunto propiedades sistemáticas de las que carecerían si estuvieran aisladas… Un sistema integrado se encuentra cohesionado en la medida en que puede afrontar tensiones y presiones, soportar desequilibrios y resistir divisiones”. Así, entonces, la integración es un proceso amplio, intenso y profundo que implica la vinculación e interpenetración social, política, económica, cultural, científica, diplomática e incluso militar entre dos o más naciones. En síntesis, y siguiendo a Deutsch, la experiencia del MERCOSUR, en especial, en materia de integración muestra niveles elementales de cohesión. Ha podido mínimamente, con marchas y contramarchas, “afrontar tensiones y presiones, soportar desequilibrios y resistir divisiones”. No obstante, se refleja la ausencia de “las condiciones de fondo” para una integración exitosa. Es decir, aún se carece de “1) relevancia mutua de las unidades, 2) compatibilidad de valores y ciertas gratificaciones conjuntas reales, 3) comprensión mutua y 4) cierto grado de identidad o lealtad común generalizada”.[3]
A su turno, la noción de desacoplamiento bilateral refiere a la brecha entre compromisos asumidos en un vínculo bilateral y las políticas nacionales específicas vinculadas con dichos compromisos. Se trata de la diferencia entre lo prometido o estipulado formalmente y lo efectivamente consumado o concretado. En ese sentido, cabe diferenciar el desacoplamiento provocado, absoluto e inmediato del desacoplamiento contingente, relativo y gradual. El primero está signado por la determinación, de una de las partes, de provocarlo a través de un sistema amplísimo de acciones y/o sanciones inmediatas, categóricas y definitivas. El ejemplo hoy de Rusia y Occidente es ilustrativo. El segundo surge de una dinámica de acción-reacción y, a diferencia del anterior, no está hecho ex profeso, es relativo, cubre una amplia gama de temas y asuntos, y es gradual porque es paulatino y va desplegándose en el tiempo. Un ejemplo reciente de este tipo de desacoplamiento bilateral es el de Colombia y Venezuela. Advertimos que el sendero que podría transitar el desacoplamiento argentino-brasileño se podría asemejar al reciente de los dos países andinos.[4]
El concepto de desacoplamiento bilateral que aquí empleamos comprende tres ámbitos: el político, el económico y el social. En primer lugar, el ámbitopolítico refiere a aquellas acciones unilaterales que puede desplegar cualquier Estado, no precedidas de consultas con su contraparte y que podrían afectar seriamente el vínculo bilateral. Aquí asumimos que la política del fait accompli entre actores que no son grandes potencias es algo más que la antítesis de la consulta y el diálogo: refleja y puede conducir al eventual ocaso de un modo de articular y converger sobre políticas, medidas y formas de mitigar riesgos y aprovechar oportunidades mutuamente convenientes. En segundo lugar, el ámbito económico involucra el debilitamiento de las fuerzas productivas y la disminución de sus conexiones en dimensiones tales como el comercio, el financiamiento, las inversiones o la colaboración en ciencia y tecnología. Así, por ejemplo, podría implicar una disminución del volumen de importaciones y exportaciones entre ambos países, una caída paulatina de la interdependencia comercial; la erosión de la infraestructura de conexión o del entramado científico-tecnológico; la reducción de la inversión relacionada con la tecnología en los mercados de cada uno, o una menor disposición a la creación de empresas binacionales o conjuntas. Finalmente, el ámbito social se refiere a la pérdida de sentido de comunidad, de amalgama de valores compartidos, de lealtades a compromisos adquiridos, y de disposición a la supranacionalidad de ambas partes.
Reinhard Wolf (2002) presenta una escala de comportamiento entre países socios que se extiende desde una estrecha asociación hasta una creciente rivalidad. La escala comprende cuatro niveles que bien podrían ser leídos desde una mirada puesta en el comportamiento de países intermedios como la Argentina y Brasil. El primer nivel sería el máximo ideal positivo; por ejemplo, significa compartir una visión en materia de integración regional, buscar la concertación de posiciones en foros multilaterales, coordinar acciones para desactivar crisis vecinales, evitar posibles carreras armamentistas y/o contener interferencias externas en el área geopolítica compartida. En el segundo nivel decrecería el entendimiento y se pasaría a una ausencia de medidas colectivas o colaborativas, la reducción de consultas, la tentación de acciones unilaterales; todo lo cual generaría niveles de desconfianza y reduciría los espacios para el acuerdo. El tercer nivel podría alcanzar una situación inquietante donde serían más frecuentes las medidas individuales inconsultas, los contrapuntos rígidos y las tensiones bilaterales, hasta llegar a un extremo de conformación de sistemas de alineamientos antagónicos en política exterior, donde cada uno de los países se pliegue a una gran potencia diferente. Finalmente, el cuarto nivel correspondería a un escenario límite: el antagonismo enraizado. ¿Se encuentran hoy la Argentina y Brasil en una situación de desacoplamiento tal del vínculo que podría asemejarse al “nivel dos” detallado por Wolf o podríamos ir, por acción u omisión, camino hacia el “nivel tres”? En las dos últimas décadas, ¿qué cuestiones unieron y cuáles dividieron a Buenos Aires y Brasilia? ¿Pudieron ambos países (sus Estados y sociedades) asumir un diálogo estratégico profundo y amplio como el que caracteriza al “nivel uno”?
Es fundamental comprender que detrás del desacoplamiento suele haber una promesa incumplida, una frustración honda, una confianza perdida, una reforma irrealizada. En esencia, ello significa la primacía de la política doméstica: en el balance entre imperativo interno y responsabilidad internacional, se privilegia lo nacional. Evidentemente, la mayor interdependencia que se supone tener es percibida, después de un conjunto de experiencias, por una o ambas partes como costosa, disfuncional o intolerable: la base social y material que entrelazaba a los actores se lesiona y resulta preferible y probable el “cortarse solo”.
BUENOS AIRES Y BRASILIA: LO VIGENTE, LO PERDIDO Y LO FRAGIL
Las relaciones entre la Argentina y Brasil han estado marcadas, principalmente, por la historia de las políticas exteriores de ambos países y sus interacciones. Las construcciones de poder, los equilibrios regionales y las instituciones comunes de la integración fueron consecuencias directas de ejercicios diplomáticos impulsados por los gobiernos. De la misma forma, estas políticas han sido responsables de la cooperación y el conflicto, del acoplamiento y del desacoplamiento. No obstante, la política exterior exhibe importantes signos de complejidad en su formulación y en sus alcances, conformando una realidad que gravita más allá del curso de las relaciones diplomáticas para cubrir un amplio espectro de lazos en el ámbito económico-comercial y social-ciudadano.
La dinámica acoplamiento/desacoplamiento no es un proceso que avance de forma ordenada. No puede serlo debido a que se desarrolla a partir del accionar de una multiplicidad de actores de la política, la economía y la sociedad atravesados, a su turno, por fuerzas y fenómenos globales. Cada uno de ellos persigue objetivos que coinciden en algunas ocasiones, y cuando no lo hacen se origina una competencia que tiene lugar en diferentes ámbitos. Del resultado de estas pujas se va derivando el desarrollo de la dinámica, muchas veces contradictoria, puesto que coexisten fuerzas centrífugas y centrípetas de la relación bilateral, cuyo peso va variando según lo contextos y/o los paradigmas de política exterior y modelos de desarrollo imperantes. Un modo de aproximarse a la cuestión es examinando la articulación bilateral en tres ámbitos: el del diálogo estratégico y la coordinación ante las grandes potencias, el de la diplomacia económica y el de la diplomacia ante el desastre.
El diálogo estratégico y la coordinación frente a las grandes potencias
Uno de los espacios en donde ha mermado la disposición mutua al diálogo estratégico y la coordinación frente a las grandes potencias ha sido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde 2004, ambos países habían acordado un mecanismo de consulta y voto de forma conjunta cuando uno de ellos ocupara un asiento como miembro no permanente. Dicho mecanismo consistía en designar un diplomático del otro país para integrar la misión del país que tenía designado el asiento. Brasil cumplió este acuerdo durante su periodo de dos años como miembro no permanente entre el 1 de enero de 2004 y finales de 2005, mientras que Argentina hizo lo propio en el bienio 2005-2006. Sin embargo, esta práctica de la “silla compartida” fue abandonada cuando Brasil ocupó un asiento en los períodos 2010-2011 y 2022-23, y en el período 2013-2014, cuando hizo lo propio Argentina.[5] Tampoco, en ese ámbito, las propuestas argentina y brasileña respecto de una eventual reforma del Consejo de Seguridad han coincidido, pues Brasil ha buscado un asiento individual permanente y Argentina ha promovido la idea de un sistema rotativo.
La carencia de diálogo, consulta o compromisos prácticos sobre posturas diplomáticas es ya una constante en el G-20, donde ambos países participan en calidad de miembros. Para la Argentina, que Brasil se retirara de CELAC en enero de 2020, un ámbito que justamente este país había impulsado, en su momento, junto con México, no ha sido un dato menor. En votaciones estratégicas, como han sido la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA en 2020, y las elecciones de la presidencia del BID en 2020 y de la CAF en 2021, Buenos Aires y Brasilia votaron diferente; y en resoluciones importantes sobre la Guerra en Ucrania, como la ES11/1 de la Asamblea General y la A/HRC/49/L.1 de la Comisión de Derechos Humanos, no coordinaron posturas. No obstante, más recientemente, y a contramano de esta tendencia, ambos países – y de manera conjunta con Uruguay y Paraguay – acordaron la creación de un grupo de negociación sobre cambio climático en el marco de la COP 26 en Glasgow. En suma, en esta materia, con algunas afinidades y muchos distanciamientos, está claro que ha predominado la “lógica del desacoplamiento”.
Otro de los ámbitos de convergencia política podría ser el campo de la defensa, donde podrían articularse visiones y acciones con respecto a las misiones de paz, la cooperación transfronteriza, el rol en alianzas militares y procesos de paz, en la cooperación en torno al resguardo del Atlántico Sur como zona de paz. Hacia 2002, ambos países coincidieron en la condena al terrorismo internacional y en la coordinación en la Triple Frontera a partir de la creación del mecanismo 3+1[6]. También lo hicieron en Haití (2004-17), mediante la presencia de cascos azules en la MINUSTAH y la articulación diplomática a partir de 2005 a través del mecanismo ABC+U, de manera conjunta con los embajadores de Chile y Uruguay. A su vez, cabe destacar los ejercicios militares combinados anuales (por ejemplo, “Fraterno”, “Guaraní” y “Cruzex”); las instancias de intercambio de experiencias, como la Reunión Regional de Intercambio Militar (RRIM); el programa de intercambios de oficiales de las distintas fuerzas; la participación de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA) como proveedor de partes para el avión militar Embraer KC-390 y la provisión de motores y chasis por parte de la planta IVECO de la Provincia de Córdoba para la fabricación del vehículo blindado a rueda VBTP Guaraní 6×6, o más recientemente la conformación del “Comité Bilateral de Emergencia por el Covid-19” (DPDN 2021).
Sin embargo, ni Brasilia ni Buenos Aires acordaron posiciones con respecto a ciertos aspectos relevantes de sus relaciones con Estados Unidos: Argentina fue designado aliado extra OTAN en 1997 y Brasil en 2019.[7] Cuando en mayo de 2019 Trump notificó al Congreso su decisión de designar a Brasil como aliado extra OTAN del país, Bolsonaro correspondió el gesto: primero, al realizar la primera visita a la sede del Comando Sur en Miami de un presidente en la historia brasileña; segundo, al mostrar sintonía con el despliegue del Operativo Amazonas, un ejercicio de simulacro militar en la frontera con Venezuela que coincidió con la visita del entonces Secretario de Estado Mike Pompeo (Nepomuceno 2020). Cabe añadir, en ese sentido, que ningún presidente argentino visitó el Comando Sur; por lo que resulta evidente que los lazos militares entre Estados Unidos y Brasil son mucho más intensos que el vínculo argentino-estadounidense en esta materia; algo que tiene antecedentes históricos y que hoy sigue diferenciando a Buenos Aires y Brasilia. En parte, ello obedece al papel y peso de las fuerzas armadas brasileñas en el marco de las relaciones civiles-militares de ese país.
La coordinación entre Brasilia y Buenos Aires estuvo ausente, además, en el caso del proceso de paz en Colombia. Argentina, por ejemplo, asistió en 2016 a la firma del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC en Cartagena, mientras que Brasil no lo hizo, reflejando diferentes miradas y grados de compromiso con el asunto. Asimismo, en un espacio común de suma importancia estratégica como el Atlántico Sur se ha evidenciado un alarmante deterioro de mecanismos de consultas. La decisión de los gobiernos de Temer, y posteriormente de Bolsonaro, de autorizar el establecimiento de una escala regular en su territorio para aviones militares británicos que se dirigen a Malvinas es quizás el ejemplo más contundente. Se trata, pues, de un retroceso en uno de los pilares principales de los acuerdos Alfonsín-Sarney (Cisneros & Escudé 2000, 534). A ello hay que sumar el estancamiento del mecanismo de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS); en parte, por la desatención de Brasil, pese a infructuosos esfuerzos de Argentina por relanzarlo, mientras el Atlántico Sur continúa configurándose como un espacio de disputa y proyección geoestratégica de las grandes potencias (Reyes 2021).
Es quizás la política nuclear el ámbito donde más ha avanzado el diálogo estratégico Buenos Aires-Brasilia desde la Declaración de Foz de Iguazú en 1985. Cabe resaltar la labor de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), creada en 1991 para propiciar el entendimiento en esta materia.[8] En 2005, se firmó la Declaración Conjunta Argentino-Brasileña sobre Política Nuclear y el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación con Brasil para el Desarrollo de la Aplicación de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear en Materia de Reactores, Combustibles Nucleares y Residuos. Además, la creación de la Comité Binacional de Energía Nuclear (COBEN) en 2008 permitió habilitar una serie de proyectos conjuntos como la construcción de los reactores RA-10 y RMB, la constitución de una Empresa Binacional de Enriquecimiento de Uranio, la promesa de colaboración en la construcción del submarino nuclear brasileño y otros. Un punto muy importante a resaltar durante este período es el diálogo en foros internacionales y frente al tratado de no proliferación (TNP) y principalmente en cuanto a la posición que ambos adoptaron frente al Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación, acordando su rechazo hasta tanto las potencias nucleares no comenzaran a cumplir con sus compromisos asumidos en el TNP en material de desarme nuclear. Esa posición común llevó, en 2011, a que el Grupo Suministradores Nucleares aceptara el Acuerdo Cuatripartito (Argentina, Brasil, ABACC y OIEA) como criterio alternativo a la firma del Protocolo Adicional, lo que significó un reconociemiento de ambos países como pilares del régimen de no proliferación (Balbino 2021). Sin e,bargo, esta amplia y valiosa agenda de cooperación no logró traducirse en desarrollos conjuntos efectivos, y ambos países terminaron priorizando sus desarrollos nucleares individuales.[9] Más recientemente, Brasil ha decidido iniciar negociaciones con la IAEA sobre las salvaguardias (conocidas como procedimientos especiales) para poder utilizar combustible nuclear en su programa de submarinos de combustión lenta; y, como consecuencia del acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia (conocido como el marco de seguridad AUKUS) han aumentado las presiones para que Brasil adopte el protocolo adicional, lo que podría poner en jaque al acuerdo cuatripartito de salvaguardias con Argentina en el marco de la ABACC.[10]
Desde 1983 a la fecha, la concertación entre Argentina y Brasil en materia nuclear se ha planteado dos misiones principales. Primero, garantizar la transparencia, reforzar la democracia, afianzar el control civil en un área sensible y consolidar una región en paz. Segundo, preservar la simetría en una dimensión clave de la relación bilateral, superar la pugnacidad que por décadas robusteció el poder de las fuerzas armadas en ambos países y entorpeció la integración, asegurar que el vecino no desarrolle planes nucleares con fines militares, y tener una buena carta de presentación internacional como actor nuclear responsable. Los beneficios para los dos países, la región y todo el régimen global de no proliferación fueron y son palpables; por lo que cualquier intento individual o unilateral de avanzar por fuera de estos ejes fundamentales dinamitaría la confianza construida trabajosamente durante casi cuarenta años, poniendo en riesgo la estabilidad y la seguridad regional.
Otro de los ámbitos estratégicos en los que se ha manifestado la lógica de acoplamiento/desacoplamiento es el de la industria espacial y satelital. En el campo bilateral, al día de la fecha el proyecto más significativo de cooperación espacial es el SAC-E o SABIA-MAR (satélite argentino-brasileño de Información en Alimento, Agua y Ambiente), el primer satélite construido de manera conjunta entre ambos países desde 2011 (Diez 2016). Sin embargo, no es irrelevante recordar que, a raíz del acuerdo de Argentina con China para la instalación de la Estación de Espacio Lejano en Neuquén, se incrementaron los esfuerzos de Washington por vincular estas actividades de Beijing con una hipotética proyección militar. Asimismo, tras los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil – en círculos civiles y militares – fue buscando la ocasión para enviar una señal a Washington de que ellos preferían a Estados Unidos. Por esa razón, en 2020, se firmó el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas que permite el lanzamiento de cohetes y satélites que empleen tecnología estadounidense desde la base brasileña de Alcántara. En ambos casos, los acuerdos con las grandes potencias fueron resultantes de consensos domésticos. En el caso argentino, el acuerdo fue negociado por la administración de Cristina Fernández, aprobado por ley en el Congreso, y ejecutado durante el gobierno de Mauricio Macri; mientras en el caso brasileño surgió de una reunión bilateral entre Bolsonaro y Trump en 2019, para luego ser enviado y aprobado en el Congreso. “Neuquén/Alcántara” epitoma un desacoplamiento que no es marginal de la vinculación entre la Argentina y Brasil en relación con China y Estados Unidos. El campo espacial es un ámbito sensible y donde han aumentado recientemente las presiones del Comando Sur para aislar a China.[11]
La diplomacia económica conjunta
En los ochenta y hasta principios de los noventa, académicos, políticos y comunicadores hablaban del abandono de las hipótesis de conflicto recíprocas. La creación del MERCOSUR y el establecimiento de la ABACC, entre otros, reflejaban un símil con la relación entre Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. París y, entonces, Bonn forjaron una amistad basada en la complementariedad de sus fortalezas y atributos. La idea de una especie de complemento relativamente equilibrado entre la Argentina y Brasil fue más una aspiración que una realidad. No obstante, estimuló muchos avances muy fructíferos. A inicios del siglo XXI, y en parte por las recurrentes crisis económicas argentinas, el símil de convergencia francoalemana se diluyó y el vínculo se comenzó a equiparar a la buena, pero asimétrica, relación entre Estados Unidos y Canadá. Así, durante las primeras dos décadas de este siglo, los indicadores económicos – tal el caso del PBI – reflejan una mayor asimetría en favor de Brasil.
Gráfico 1. Evolución del PBI de Argentina y Brasil a dólares en precios actuales (2002-2021). Fuente: Banco Mundial
Inmediatamente después de la crisis de 2001, comenzó a aflorar la sintonía argentino-brasileña. Brasil acompañó de manera consistente y rotunda a Argentina en su demanda por el problema de la deuda ante los organismos internacionales de crédito y en diferentes foros internacionales. Las prédicas de Fernando H. Cardoso, primero, y Lula Da Silva, después, fueron fundamentales en ese entonces para hacer conocida la problemática argentina ante diferentes mandatarios. No obstante, cabe también señalar que este importante respaldo presidencial no se tradujo finalmente en la concertación de posiciones comunes para negociar con el Fondo Monetario Internacional, puesto que ambos países tenían diferentes situaciones de deuda y orientaciones en la política fiscal. Algunos años más tarde, tras la negociación de la deuda argentina, una medida reflejó una mayor sintonía bilateral: la cancelación anticipada en común acuerdo de las deudas de Brasil y Argentina con el FMI en diciembre de 2005. Se trató, pues, de un intento de ambos de dar una señal de autonomía en el manejo de las políticas económicas, aún pese a las diferencias que existían entre las carteras de economía de Brasilia y Buenos Aires.
El entendimiento en materia financiera continuó en 2009, en plena crisis financiera global, cuando Argentina y Brasil acordaron un swap de monedas que le permitía a cada país tener disponible un crédito en reales o en pesos por el equivalente a 1500 millones de dólares, con un plazo de 3 años. Esta medida, que implicaba un compromiso de asistencia mutua frente a la crisis, no fue reactivada luego, pese a un pedido de asistencia de Argentina en 2014. Por aquel entonces, Buenos Aires había conseguido un apoyo tibio de Brasil en su reclamo de la deuda. La sociedad de palabra funcionaba en los foros multilaterales donde Argentina reclamaba una solución al conflicto con los acreedores privados – los llamados “fondos buitres” –, pero no había podido cristalizarse en una asistencia financiera por parte de Brasilia en contexto de caída de las reservas del Banco Central argentino. De esta manera, al comparar el vínculo en esta materia en los períodos 2007-2010 y 2011-2014, queda en evidencia que la interacción bilateral atravesó una etapa de baja intensidad relativa; es decir, un proceso de deterioro de las bases centrales sobre las cuales se había estructurado la relación desde principios del siglo XXI (Actis 2015).
La merma en la intensidad relativa de las interacciones se manifestó también en el campo del comercio y las inversiones. El declive de los intercambios intrarregionales comenzó a verificarse de forma continua a partir de 2011 y se acentuó, de manera abrupta, con el crecimiento de la demanda de productos primarios por parte de China; lo cual, a la par, contribuyó a la aceleración de un proceso de “primarización” del perfil de inserción externa de América del Sur (CEPAL 2020). Frente a ello, Buenos Aires y Brasilia no generaron nuevas condiciones para un nuevo despegue productivo basado en cadenas de valor agroindustriales o en proyectos conjuntos de diversificación productiva; por ejemplo, en el campo de los satélites, el espacio y lo nuclear, así como en la biotecnología, donde ambos poseen capacidades y trayectoria reconocida. Por el contrario, se fueron incrementando lentamente dinámicas unilaterales y creencias dogmáticas que desalentaron en la práctica los lazos productivos, alejando la posibilidad de forjar una coalición exportadora pro-MERCOSUR y abriendo el juego a negociar de modo bilateral con EE. UU. o China, por ejemplo. El comercio al interior del bloque llegó a ubicarse en 2019 en sus niveles más bajos desde la creación del MERCOSUR, inferiores incluso a los registros verificados durante la crisis de 2001-2002. El bajo dinamismo de las economías del MERCOSUR redujo sus demandas de importaciones. Así, las exportaciones al propio bloque cayeron 19,7% y representaron en 2019 tan solo un 10,6% de sus exportaciones totales. Más allá de la coyuntura, esto refleja un proceso de más larga data. Es a partir de 2011 que el comercio intrabloque alcanza su pico máximo y ya no vuelve a recuperarlo en los años subsiguientes.
Gráfico 2. Comercio intrabloque: exportaciones e importaciones del MERCOSUR y participación del bloque como destino y origen en millones de dólares corrientes (1996-2019). Fuente: CEPAL (2020).
En materia comercial, las tensiones por el régimen del comercio automotriz y la política cambiaria argentina, llevaron a reclamos de parte de Brasil para destrabar el régimen de importaciones argentino. Ni siquiera en el propio MERCOSUR pudieron converger programáticamente, habiendo sido expuestas estas diferencias en la decisión adoptada por Itamaraty, en noviembre de 2021, de modificar unilateralmente el arancel externo común. Las inversiones, por su parte, no corrieron distinto rumbo. No solamente se asiste con frecuencia a la suspensión o retiro de iniciativas, como la del proyecto de explotación de potasio de la empresa Vale en Mendoza en 2013, sino que además la relación bilateral carece de un vínculo estrecho en materia de inversiones. Más aún, brillan por su ausencia empresas binacionales en cadenas productivas regionales, uno de los objetivos que se había planteado el MERCOSUR en sus orígenes en la década del noventa.
Más recientemente, que la Argentina firmase el memorando de entendimiento con China de adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de modo unilateral en febrero de 2022 no ha sido una cuestión menor para Brasil. En esa misma semana, el vicepresidente Hamilton Mourão señaló que Brasil no necesita estar, por sus dimensiones, en la llamada nueva Ruta de la Seda. A su vez, hay que recordar que tres países latinoamericanos intermedios con importantes relaciones con Estados Unidos no son parte de la iniciativa: Brasil, Colombia y México. Todo pareciera indicar la ausencia de un acuerdo previo entre la Argentina y Brasil antes de la solicitud del gobierno argentino a Rusia y China para sumarse a los BRICS. Fue así que Itamaraty declaró que la ampliación de los BRICS no estaba en discusión. En esta y otras cuestiones, no ha aflorado una diplomacia económica conjunta.
La diplomacia conjunta ante un desastre
Un factor coyuntural de origen exógeno que también afecta a la relación bilateral ha sido la pandemia como un síntoma más de un mundo más entrópico. Ilan Kelman (2011), un experto en disaster diplomacy, destaca que ese tipo de diplomacia busca contener y reducir la conmoción que generan las grandes calamidades. Así, los desastres naturales o provocados por los seres humanos pueden generar nuevos incentivos para la cooperación. La pandemia provocada por el nuevo COVID-19 ha sido una catástrofe de envergadura que produce daños y costos enormes a las naciones; en especial en América Latina. Sin embargo, el Coronavirus no estimuló ninguna “diplomacia ante el desastre” entre Buenos Aires y Brasilia. Ni siquiera ambos países contemplaron una acción combinada o colaborativa en la respuesta farmacéutica de las vacunas, incluso en la pospandemia. Los proyectos de vacunas binacionales entre institutos de investigación de ambos países no contaron con el suficiente apoyo político y el necesario financiamiento. La única decisión de compromiso netamente regional vinculada a la pandemia fueron fondos provistos por el FOCEM para el desarrollo de una cooperación en material biotecnológica. Tampoco se ha visto al momento una respuesta cooperativa en materia de agroindustria para ofrecer un paliativo conjunto a la crisis alimentaria mundial derivada de la guerra en Ucrania. Como señala un estudio CEPAL (2020), posibles estrategias de integración y/o cooperación productiva regional podrían facilitar el aprovechamiento de las ventajas de la producción en escala, la especialización y la complementación e el mercado regional.
El devenir del vínculo argentino-brasileño es el reflejo, de manera paulatina y elocuente, de una confluencia de dinámicas globales, regionales, bilaterales y domésticas que actúan como causas inhibidoras/obstaculizadoras – y eventualmente destructoras – del vínculo bilateral. En el ámbito de las dinámicas globales, la dinámica acoplamiento/desacoplamiento guarda relación con los cambios en las percepciones de amenazas que ambos países manifiestan a partir del proceso de transición de poder mundial. En un escenario de disputa acentuada entre Estados Unidos y China, las respectivas aquiescencias a las grandes potencias podrían dinamitar las bases de la sociedad estratégica. Así, por ejemplo, podría haber signos y señales, en ese sentido, de parte de sectores domésticos – civiles y militares, sociales y económicos, políticos e intelectuales, partidistas y mediáticos, estatales y no gubernamentales – que empujen a favor de un plegamiento pleno a Washington o Beijing.
En cuanto a las dinámicas regionales, es notorio el resquebrajamiento de compromisos y las divergencias diplomáticas, lo que afecta directamente a ambos países inmersos en un cuadro sudamericano fragmentado. Esto se suma, en el plano bilateral, a una merma importante de la confianza recíproca en momentos y temas claves. En las dos últimas décadas, aun con gobiernos de similar orientación en la Argentina y Brasil, la fiabilidad bilateral se ha visto reducida por posiciones no coincidentes frente a asuntos políticamente sensibles a nivel global y en América del Sur, proteccionismo individual, trabas burocráticas, y orientaciones de desarrollo que desdeñan de las cadenas productivas subregionales, entre otros factores. De manera significativa, se observa, además, el impacto de las crisis domésticas en Argentina a partir de 2011 y en Brasil desde 2015. Como refleja el gráfico 3, el año 2011 es el punto de quiebre en la relación, momento en que empieza a predominar la lógica del desacoplamiento por sobre el acoplamiento. También en ese año es cuando alcanza su pico más alto el comercio intrabloque y comienza su declive (gráfico 2).
Tabla 1. Lógicas predominantes en eventos destacados de la relación bilateral en los ámbitos de diálogo estratégico, diplomacia económica y diplomacia ante los desastres (2002-2022).
Gráfico 3. Acoplamiento/Desacoplamiento bilateral por cantidad de eventos destacados anuales Fuente: elaboración propia en base a Tabla 1.
BUENOS AIRES Y BRASILIA: LO PENDIENTE
A pesar de que durante muchas décadas tuvieron una relación marcada por la rivalidad y con algunos acercamientos puntuales, la Argentina y Brasil nunca fueron enemigos. Rivales regionales es una condición que se ha presentado en distintas geografías y momentos. Suecia y Dinamarca, Francia y Alemania, Irak e Irán, Egipto e Israel, China y Japón, entre varios ejemplos y sin dejar de mencionar la aún vigente entre Irán y Arabia Saudita. Jamás la rivalidad de la Argentina y Brasil alcanzó la intensidad y el alcance de la competencia entre India y Pakistán que devino una rivalidad nuclear.
La transición a la democracia permitió inaugurar una etapa distinta en los lazos bilaterales que, a su vez, se dio en un contexto geopolítico y material diferente al pasado. Hace varios años (Russell & Tokatlian 2002), se subrayó el cambio hacia una cultura de la amistad argentino-brasileña. Sin embargo, era advertible que esa amistad podía ser frágil si no se internalizaban las normas de conducta derivadas de tal cultura y si no se lograba enraizar un principio de mutua ayuda. En sucesivas etapas, el diálogo estratégico y la coordinación frente a las grandes potencias y la diplomacia económica conjunta fue mermando. El signo característico de estos tiempos de reducción de esta vitalidad ha sido la ausencia de una diplomacia conjunta ante el desastre; en particular, a partir de la emergencia desatada por la pandemia de COVID-19. Si bien existen aún múltiples y alentadoras “coincidencias no explicitadas” (Malacalza & Tokatlian 2022) entre Buenos Aires y Brasilia, la disposición hacia una sociedad estratégica se ha erosionado, al punto de que la relación está estancada y sin horizonte.
Como telón de fondo del vínculo bilateral, es relevante destacar seis tendencias que están marcando el primer tercio del siglo XXI. Primero, se ha acelerado, complejizado y exacerbado la transición de poder e influencia internacional que tiene a Estados Unidos y China como protagonistas centrales. Segundo, uno de los ámbitos en que se expresa más la intensa competencia entre Washington y Beijing es el tecnológico. Tercero, es clave observar los avances en materia de energías renovables en razón, entre varias, de la importancia alcanzada por el problema del cambio climático. Cuarto, la principal dinámica global en diferentes ámbitos se ha trasladado de Occidente y del Atlántico norte al Asia y a la Cuenca del Pacífico. Quinto, el orden global pos-Segunda Guerra Mundial está en entredicho con lo que varias reglas e instituciones internacionales y regionales viven un intenso proceso de debilitamiento y mutación. Y sexto, la guerra lanzada por Rusia en Ucrania refleja la vigencia de la geopolítica y sus efectos ya visibles ponen en evidencia la creciente gravitación de la geoeconomía. Las transformaciones sistémicas impactan en el vínculo bilateral: generan riesgos, pero también abren oportunidades.
Las restricciones del contexto actual no significan, sin embargo, que: a) las potencias emergentes y los poderes medios deban resignar su margen de autonomía relativa o aceptar pasivamente la evolución de la pugna entre Estados Unidos y China; b) los dos grandes países de Sudamérica abandonen sus históricas aspiraciones en el campo de la ciencia y la tecnología como parte de un modelo de desarrollo más inclusivo; c) los recursos energéticos convencionales se hayan tornado irrelevantes; d) el Sur y, en especial, el Atlántico Sur carezca de gravitación en la política mundial; y e) la Argentina y Brasil se conviertan en simples receptores de normas y regímenes que afectan sus intereses estratégicos. Por ello, parece importante concebir una agenda con potenciales intereses convergentes entre Buenos Aires y Brasilia.
Una agenda de trabajo viable entre Argentina y Brasil podría surgir de una mesa de diálogo estatal-no gubernamental binacional. No se trataría de reemplazar las comisiones bilaterales vigentes, sino de ampliar el espacio de deliberación. En materia de diálogo estratégico, diversas iniciativas podrían evaluarse: por ejemplo, en un mundo en el que los océanos tienen una relevancia incuestionable, plasmar una política colaborativa en la Cuenca del Atlántico Sur. Para ambos países es fundamental eludir que ella se convierta en un área de disputa entre las grandes potencias. En 1986 se creó, a propuesta de Brasil, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur compuesta por 24 países a ambos lados del océano. Esto demanda una responsabilidad compartida: proveer estabilidad (sin atraer a actores extrahemisféricos), evitar negocios ilícitos (pesca depredadora, tráfico de drogas, etc.) y afirmar la protección ambiental (y la riqueza existente). Argentina y Brasil podrían invitar a Uruguay y concebir conjuntamente un Libro Azul de política exterior y defensa en materia oceánica. Por otro lado, y en el marco del gran activo que significa el petróleo shale para Argentina y el petróleo offshore para Brasil, podría ser relevante que el gobierno nacional sugiriera a su vecino que los dos países promuevan una propuesta dirigida a establecer lo que se llamaría la Cuenca Energética del Atlántico Sur (CEAS), en la que confluyan los mayores productores y exportadores de petróleo y gas de ambos lados del océano. Así, empresas petroleras nacionales argentinas y brasileñas podrían asociarse entre sí y con sus pares africanas, y entrelazar a los sectores estatales y privados en proyectos multinacionales de inversión energética de mediano y largo plazos con la mirada puesta en los renovables. La transición energética ya es un hecho y los dos países tendrían la capacidad de llevarla a cabo con las ganancias derivadas de sus hidrocarburos.
Adicionalmente, aquella mesa podría ser valiosa para estimular un pensamiento común en torno a la transición de poder y las alternativas disponibles. La profundidad y variedad de los vínculos de Beijing con ambos es de una magnitud superior al conjunto de relaciones de China con el resto de América del Sur. Sería un sinsentido que Buenos Aires y Brasilia no generaran un marco de consulta y colaboración para manejar esas relaciones y los vínculos con Estados Unidos en medio de una acelerada redistribución de poder mundial. Ambos pueden elevar sus márgenes de negociación con Washington y Beijing. Si ambos escogieran caminos muy distintos en sus opciones estratégicas, más temprano que tarde se potenciará la rivalidad y se desgastará definitivamente la cultura de la amistad.
A su turno, si la Argentina y Brasil contemplan reconstruir una suerte de “proyecto autonomizante”, ello exige repensar el patrón de desarrollo que, en las actuales circunstancias, asegure prosperidad económica, equidad social y sustentabilidad ecológica. Y el elemento clave es un modelo que se asiente en investigación e innovación en ciencia y tecnología (CyT).
A su turno, si la Argentina y Brasil contemplan reconstruir una suerte de “proyecto autonomizante”, ello exige repensar el patrón de desarrollo que, en las actuales circunstancias, asegure prosperidad económica, equidad social y sustentabilidad ecológica. Y el elemento clave es un modelo que se asiente en investigación e innovación en ciencia y tecnología (CyT). El potencial transformador de la CyT no remite solo al crecimiento y a la productividad, sino que está ligado a la transición hacia una estructura ambientalmente más limpia y, asimismo, a políticas específicas respecto a la igualdad de género. Un patrón de desarrollo con acento en la ciencia y la tecnología implica recuperar el vínculo entre el Estado, la comunidad científica y la industria. Hoy, quizás más que nunca, la superación de la dependencia descansa, en gran medida, en la autonomía tecnológica. La mesa que hemos mencionado podría ser el ámbito para esa reconstrucción.
En cuanto a la diplomacia económica conjunta, las dos naciones necesitan revalorar sus modelos de desarrollo y el lugar de la ciencia y la tecnología en ellos. ¿Es posible que existan áreas vitales para ambos en las que los estados, los empresarios y los científicos puedan concentrar sus esfuerzos y de ese modo asegurar un polo tecnológico en el Sur global para hacer frente a los retos de la política mundial? Existe una suerte de “fábrica estadounidense” alrededor de la cual giran las economías de Canadá, México, América Central y el Caribe; otra “fábrica europea” centrada en el viejo continente; una “fábrica china” crecientemente expansiva en el sudeste de Asia. ¿Es posible que la Argentina y Brasil puedan erigir una “fábrica sudamericana” atractiva para el área? En el contexto de la guerra en Europa y la crisis alimentaria mundial, ambos países podrían avanzar hacia un esquema de acuerdos en materia de alimentos y proyectos conjuntos, empresas binacionales, alianzas público-privadas, como proveedores alimentarios al Sur global.
Por último, ambos países podrían estimular y ahondar la diplomacia ciudadana. A pesar de que como bien señala Kristian Herbolzheimer (2004), este es un concepto relativamente reciente y sin definición única y universalmente asentida, en general se la asume como parte de una estrategia dirigida a resolver problemas; particularmente a mitigar relaciones y/o situaciones difíciles. Entendemos aquí a este tipo de diplomacia como aquel en el que grupos no gubernamentales desarmados tienen un rol complementario al del Estado, asumen una labor de interlocución legítima con distintas contrapartes en el exterior y despliegan alianzas novedosas con las sociedades civiles de otras naciones en ámbitos bilaterales y multilaterales. En esencia, se trata de un proceso de entrelazamiento social transnacional que no sustituye los contactos y acuerdos entre Estados y de los Estados en foros internacionales. Más bien, exige conocer en profundidad la agenda pública (interna e internacional), prepararse para actuar por fuera de las fronteras nacionales, contar con la habilidad para movilizar recursos, gozar de cierta autonomía y disponer de la credibilidad indispensable para la interlocución con distintas contrapartes.
En suma, la diplomacia ciudadana comprueba que la noción monolítica y ambigua del interés nacional es errada: diversos intereses se expresan hacia adentro y hacia fuera de los países y se pueden robustecer o debilitar. En ese sentido, es fundamental entender la configuración y el alcance de la economía política vigente en cada país. También confirma que las relaciones asimétricas de poder entre naciones se pueden compensar, de algún modo, con ciudadanos movilizados y activos que complementan la diplomacia tradicional y elevan la capacidad de maniobra del más débil. Una diplomacia ciudadana exitosa es aquella que establece redes y coaliciones transfronterizas, crea interdependencias sociales fuertes en el exterior, influye sobre la opinión pública dentro y fuera del país, amplía los lazos de cooperación con sus contrapartes en otras naciones y contribuye a reconstruir o a mejorar los vínculos entre los Estados.
La Argentina y Brasil necesitan hoy quizás más que nunca que se despliegue una renovada diplomacia ciudadana. Políticos, empresarios, trabajadores, científicos, las ONG, jóvenes, mujeres, universidades, comunicadores, etcétera, podrían organizarse mejor domésticamente y proyectarse más bilateralmente para aportar a un reencauzamiento de los vínculos binacionales. Es fundamental comprender que detrás del desacoplamiento suele haber una promesa incumplida, una frustración honda, una confianza perdida, una reforma irrealizada. En esencia, ello significa la primacía de la política doméstica: en el balance entre imperativo interno y responsabilidad internacional, se privilegia lo nacional. Evidentemente, la mayor interdependencia que se supone tener es percibida, después de un conjunto de experiencias, por una o ambas partes como costosa, disfuncional o intolerable: la base social y material que entrelazaba a los actores se lesiona y resulta preferible y probable el “cortarse solo”. Es prioritario comprender la envergadura de lo que está en juego en el presente y futuro de las relaciones bilaterales. La diplomacia convencional sola ya no alcanza para regenerar una cultura de la amistad entre brasileños y argentinos. En todo caso, hoy es clave repensar y relanzar la relación desde un renovado pacto de voluntad política.
Notas
[1] Nunca antes desde el advenimiento de la democracia en la Argentina y Brasil había surgido un mandatario en alguno de los dos países que sistemáticamente se manifestara agresivamente hacia el otro país, tal el caso del presidente Jair Bolsonaro. Quizás él expresa lo que se podría llamar la “diplomacia del enfado” y que Todd Hall (2011) desarrolló para definir una forma de política exterior: la diplomacy of anger. Para él ese tipo de diplomacia es un tipo específico de acción política que adoptan los decisores. Esta diplomacia tiene una lógica distintiva, sigue una trayectoria determinada y se despliega en ciertas ocasiones mediante una reacción vehemente que no pareciera actuar en función de un cálculo costo-beneficio. La “diplomacia del enfado” no es la demostración de una política exterior cínica, torpe o vacía. Puede ser un recurso efectivo, por ejemplo, respecto a la política interna (electoral, gubernamental), al tipo de liderazgo que se pretende demostrar y a la pugna frente adversarios domésticos. Puede localizarse en el más alto tomador de decisiones (un mandatario) y/o puede reflejarse en varios decisores. El enfado con la Argentina fue elocuente en el caso de Bolsonaro, pero también en el del canciller Ernesto Araujo y el ministro de economía Paulo Guedes.
[2] Entre los estudios que abordan la cuestión de la desintegración podemos mencionar Eppler et al. (2016), Hooghe & Marks (2009), Jachtenfuchs & Kasack (2017), Jones (2018), Vollaard (2014) y Webber (2014).
[3] Cabe aclarar que los dilemas de la integración son notorios a lo largo y ancho de América Latina. Un balance de la integración en la región entre finales de los 80 y comienzo de los 90 – de hace más de 30 años – identificaba las cuestiones que frenaban, obstaculizaban o impedían que el impulso asociativo derivara en una mayor integración. La enumeración, acotada, puede poner de relieve algunas constantes que década tras década se repiten: a) vacilación política debido al lugar distinto que cada gobierno le otorgaba a la integración; b) escasa disposición o capacidad innovadora del empresariado; c) fragilidad social derivada de la débil participación de la ciudadanía en esos proyectos; d) disparidad regional entendida como las extremas diferencias de desarrollo socioeconómico inter e intranacionales; e) insuficiencia infraestructural por la ausencia de una base física (puertos, fuentes de energía, etc.) y comunicativa (transporte, vías, etc.) acorde con la necesidad de intercambio comercial y contacto humano; f) aversión a la supranacionalidad – esto es, rechazo a ceder soberanía nacional y a aceptar la autonomía de órganos e instituciones superiores a cada Estado –; g) bajo nivel de cumplimiento de los compromisos comerciales adquiridos; h) divergencia en las opciones estratégicas de política exterior y de defensa de los países; i) reiteradas situaciones conflictivas en áreas fronterizas; j) diversas crisis económicas individuales y colectivas – por ejemplo, la de la deuda externa –, k) escaso respaldo, y eventual entorpecimiento, al proceso integracionista regional y subregional por parte de Estados Unidos; y l) insatisfacción de las naciones menores por los limitados beneficios logrados y por la persistencia de asimetrías no corregidas. Ver Tokatlian (2012).
[4] Habrá que observar con detenimiento si el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y el fracaso del “regime change” en Venezuela (promovido activamente por Washington y secundado sin disimulo por países como la Argentina – gobierno de Mauricio Macri –, y Brasil – gobierno de Jair Bolsonaro) pueden implicar un intento de revertir, así sea muy gradualmente, el desacoplamiento entre Bogotá y Caracas.
[5] Ver al respecto Ares (2003).
[6] De acuerdo con documentos y pronunciamientos oficiales de la época, para Estados Unidos la importancia de la Triple Frontera (TF) como zona propicia para el “extremismo islámico” es anterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ese evento puso a la TF en la mira de Washington; tanto que, como lo narra en el libro War and Decision el ex subsecretario de Defensa Douglas Feith, el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld contempló un ataque de retaliación contra Al Qaeda en América del Sur, en la Triple Frontera, a pesar de que los ataques no se hubieran preparado ahí ni se hubieran perpetrado por las denominadas “células dormidas”. A su vez, el 10 de octubre de 2001, en una audiencia en el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el presidente del Subcomité, Cass Ballenger (Republicano, Carolina del Norte) aseveró: “También nos enfocaremos en el terrorismo en América Latina y cómo se relaciona con la guerra contra las drogas…Ambos comparten una relación simbiótica”. El informe sobre Patterns of Global Terrorism en 2001 del Departamento de Estado también le dedicó una sección extensa a la TF, superior a los breves tres párrafos de 2000. En 2002 y en buena medida para evitar ser identificados como un problema de seguridad para Estados Unidos, aumentar la confianza entre las partes, procurar una colaboración equilibrada, preservar márgenes de autonomía y mantener a distancia a Washington dado el valor estratégico del Acuífero Guaraní, se acordó el esquema 3 (Argentina, Brasil y Paraguay) más 1 (Estados Unidos) en torno a la Triple Frontera, destinado a intercambiar información de inteligencia. Los gobiernos de Duhalde, Kirchner y Fernández de Kirchner fueron meticulosos en el cumplimiento del acuerdo. Así, en una entrevista al diario Perfil (23 de noviembre de 2014), el coronel Joseph Napoli, quien fuera por años la máxima autoridad militar de la Embajada de EE. UU. en Buenos Aires, afirmó: “la relación entre la Triple Frontera y la amenaza del terrorismo no es tan fuerte como creíamos en 2001”.
[7] Ver al respecto Berg (2022).
[8] En julio de 1991, ambos países sellaron el acuerdo de salvaguardias nucleares bilaterales (SCCC) que creó la ABACC para su ejecución. En diciembre de ese año, los dos países, la ABACC y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) firmaron también un acuerdo para la aplicación de salvaguardias amplias. Este Acuerdo Cuatripartito (AC) cumple las exigencias del TNP; cualquier protocolo adicional sería una enmienda. La ABACC y el AC constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se apoya la decisión estratégica de la Argentina y Brasil para el uso de la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos. Desde su adopción, éste ha sido un ejemplo mundialmente reconocido en materia de no proliferación.
[9] La crisis del régimen de no proliferación nuclear empezó hace mucho, pero la invasión de Rusia a Ucrania la podría profundizar y esta profundización tendría, entre otros, un eventual impacto indeseable en la relación entre la Argentina y Brasil. Distintas naciones, antes y después de la invasión rusa a Ucrania, han mostrado lo que llamamos una “tentación” nuclear. Por ejemplo, en 2019 el hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, reivindicó el desarrollo de armas nucleares para que su país fuese “más respetado”. Sintéticamente, el régimen de no proliferación nuclear, ya en situación crítica, ha sido socavado de manera dramática por varios países, al menos en sus anuncios y denuncias. Es probable que se abra, ahora sí, una caja de Pandora en materia de proliferación nuclear: ¿se pasará de la “tentación” al “impulso” nuclear? Si esto fuese verosímil, es urgente un nuevo diálogo entre la Argentina y Brasil sobre el tema. La creación de la ABACC en 1991 fue un hito histórico en Latinoamérica y un modelo único en el Sur Global. Un potencial desacoplamiento mayor al ya existente entre los dos países puede conducir a un escenario estratégico muy complicado. Esté quien esté en los gobiernos en Brasilia y Buenos Aires, es imperativa una franca conversación al respecto.
[10] Ver al respecto Comunidad Submarinista Latinoamericana (2022).
[11] Ver al respecto Szuba (2020).
Referencias bibliográficas
Actis, E. 2015. “La relación bilateral entre Argentina y Brasil (2011-2014). La confluencia de factores sistémicos y domésticos para una menor intensidad relativa en las interacciones”. Estudos internacionais: revista de relações internacionais da PUC Minas, 3 (1): 27-44. http://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/article/view/9607.
Actis, E. 2017. “El magnetismo del gigante asiático: la relación bilateral entre Argentina y Brasil (2013-2015) ante el ascenso de China”. Comentario Internacional 15: 121-137. http://hdl.handle.net/10644/6293.
Ares, Carlos. 2003. “Argentina y Brasil compartirán silla en el Consejo de Seguridad”. El País,18 de diciembre de 2003. https://elpais.com/diario/2003/12/19/internacional/1071788413_850215.html.
Balbino 2021. “Cooperación Nuclear Argentino Brasileña 1985-2015: un caso de cooperación Sur-Sur”. Revista Defensa Nacional 2: 34-56. https://www.undef.edu.ar/libros/wp-content/uploads/2021/02/BALBINO.-Defensa-Nacional -Nro.-2-art%C3%ADculo-2.pdf.
Belém Lopes, D. & C. López Burian. 2018. “La política exterior brasileña del siglo xxi: un cambio epocal”. In Panorama de las Relaciones Internacionales en el Paraguay actual, organizado por Diego Abente Brun & Carlos Gómez Florentín, 99-129. Asunción del Paraguay: Conacyt-Prociencia-Universidad Nacional de Asunción.
Berg, R. 2022. “The Future of U.S.-Brazil Security Cooperation: Opportunities Presented by Brazil’s Major Non-NATO Ally Status”. Center for Strategic and International Studies (CSIS), 15 de julio de 2022. https://www.csis.org/analysis/future-us-brazil-security-cooperation-opportunities-presente d-brazils-major-non-nato-ally.
Bernal-Meza, R. 1999. “Las percepciones de la actual política exterior argentina sobre la política exterior del Brasil y las relaciones Estados Unidos-Brasil”. Estudios Internacionales 32 (125): 51-82. https://doi.org/10.5354/0719-3769.1999.15023.
Bernal-Meza, R. 2008. “Argentina y Brasil en la Política Internacional: regionalismo y Mercosur (estrategias, cooperación y factores de tensión)”. Revista Brasileira de Política Internacional 51 (2): 154-178. https://doi.org/10.1590/S0034-73292008000200010.
Bouzas, R. 1995. “Mercosur y la liberación de comercio preferencial en América del Sur: resultados, temas y proyecciones”. Coyuntura Económica XXV (3): 139-162. http://hdl.handle.net/11445/2210.
Bouzas, R. 2001. “El Mercosur diez años después.¿ Proceso de aprendizaje o déjà vu?” Desarrollo Económico 40 (162): 179-200.
Bouzas, R. & J.M. Fanelli. 2002. Mercosur: integración y crecimiento. Buenos Aires: GEA.
Busso, A., E. Actis & M.R. Novello. 2017. “La geometría de la Política Exterior Argentina (1989-2015): fin del diseño triangular e irrupción de un nuevo vértice: las relaciones con Estados Unidos, Brasil y China”. In Modelos de desarrollo e inserción internacional: aportes para el análisis de la política exterior argentina desde la redemocratización: 1983-2011, actores y temas de agenda, organizado por A. Busso et al., 11 – 55. Rosario: UNR Editora.
Caetano, G., C. López Burian & C. Luján. 2019. “El Brasil de Bolsonaro, las orientaciones posibles de su política exterior y el futuro del regionalismo en Sudamérica”. Revista Uruguaya de Ciencia Política 28 (1): 95-130. https://doi.org/10.26851/rucp.28.1.4.
Candeas, A. W. 2005. “Relações Brasil-Argentina: uma análise dos avanços e recuos”. Revista Brasileira de Política Internacional 48 (1): 178-213. https://doi.org/10.1590/S0034-73292005000100007.
CEPAL. 2020. “Los desafíos de la integración en el mundo de la pospandemia”. Boletín de Comercio Exterior del MERCOSUR 3 (LC/TS.2020/98). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45927/1/S2000542_es.pdf.
Cisneros, A. & C. Escudé. 2000. Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina. Tomo XIV. Las relaciones políticas 1966-1989. Buenos Aires: Nuevohacer.
Comunidad Submarinista Latinoamericana. 2022. “Brasil y Australia en busca de tratamiento especial para su programa de submarino nuclear”. ElSnorkel, 9 de julio de 2022. https://www.elsnorkel.com/2022/07/Brasil-y-Australia-en-busca-de-tratamiento-especial-pa ra-su-programa-de-submarino-nuclear.html
Da Motta Veiga, P. 1999. “Brasil en Mercosur: influencias recíprocas”. In Mercosur: Integración regional y mercados mundiales, organizado por Riordan Roett. Buenos Aires: Nuevo Hacer-GEL.
De Camargo, S. & J. M. V. Ocampo. 1988. Autoritarismo e democracia na Argentina e Brasil: uma década de política exterior, 1973-1984. São Paulo: Editoria Convívio.
De Camargo, S. 1992. “A integração do Cone Sul: 1960-1990”. IRI Textos 13. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Deutsch, Karl W. 1990 [1968]. El Análisis de las relaciones internacionales. México, DF: Ediciones Gernika.
Diez, E. 2016. “Cooperación nuclear y espacial. El caso argentino-brasileño: de la competencia a la colaboración”. Perspectivas Revista de Ciencias Sociales 2: 157-175. http://hdl.handle.net/2133/6916.
DPDN. 2021. “Decreto 457/2021”. Directiva de Política de Defensa Nacional, 14 de agosto de 2021. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246990/20210719.
Eppler, A., L.H. Anders & T. Tuntschew. 2016. “Europe’s Political, Social, and Economic (Dis-) Integration: Revisiting the Elephant in Times of Crisis”. IHS Political Science Series. Working Paper No. 143, 21 de Octubre de 2016. http://irihs.ihs.ac.at/4093/.
Frenkel, A. & D. Azzi. 2018. “Cambio y ajuste: la política exterior de Argentina y Brasil en un mundo en transición (2015-2017)”. Colombia Internacional 96: 177-207. https://doi.org/10.7440/colombiaint96.2018.07.
Hall, T. H. 2011. “We will not swallow this bitter fruit: Theorizing a diplomacy of anger”. Security Studies, 20 (4): 521-555. https://doi.org/10.1080/09636412.2011.625771.
Herbolzheimer, K. 2004. “Diplomacia ciudadana en conflictos armados: el caso de Colombia”. Revista Futuros 2(8).
Hirst, M. 1988a. Contexto e estratégia do programa de integração Argentina-Brasil. Brazilian Journal of Political Economy, 8 (3): 55-72. https://centrodeeconomiapolitica.org.br/repojs/index.php/journal/article/view/1104.
Hirst, M. 1988b. Argentina-Brasil. El largo camino de la integración, Legasa, Buenos Aires.
Hirst, M. 1992. El MERCOSUR y las nuevas circunstancias para su integración. Revista de la CEPAL 46: 147-158. http://hdl.handle.net/11362/11850.
Hirst, M. 1996. “La dimensión política del Mercosur: actores, politización y ideologia”. Estudos Avançados 10 (27):, 217-250. https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8945/10497.
Hoffmann, A. R. 2020. “Mercosur between resilience and disintegration”. In Regionalism Under Stress: Europe and Latin America in Comparative Perspective, organizado por Detlef Nolte, Brigitte Weiffen, 119-132. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429442186.
Hooghe, L. & G. Marks. 2009. “A postfunctionalist theory of European integration: from permissive consensus to constraining dissensus”. British Journal of Political Science 39 (1): 1–23. https://doi.org/10.1017/S0007123408000409.
Jachtenfuchs, M. & C. Kasack. 2017. “Balancing Sub-unit autonomy and collective problem-solving by varying exit and voice. An analytical framework”. Journal of European Public Policy 24 (4): 598–614. https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1273376.
Jaguaribe, H. 1982. “Brasil-Argentina: breve análisis de las relaciones de conflicto y cooperación”. Estudios Internacionales 15 (57): 9–27. http://www.jstor.org/stable/41391039.
Jones, E. 2018. “Towards a theory of disintegration”. Journal of European Public Policy 25 (3): 440-451. https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1411381.
Kelman, Ilan. 2011. Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203806210.
Lafer, C. 1997. “Relações Brasil-Argentina: alcance e significado de uma parceria estratégica”. Contexto Internacional 19 (2), 249-265. http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/Lafer_vol19n2.pdf.
Lafer, C. & F. Peña. 1973. Argentina e Brasil no sistema das relações internacionais. São Paulo: Duas Cidades.
Lladós, J. M. & S. P. Guimarães. 1999. Perspectivas: Brasil y Argentina. Brasília: IBRI – Instituto Brasileiro de Relações Internacionais.
Malacalza, B. & J. G. Tokatlian. 2022. “Argentina-Brasil: entre Beijing, Washington y los riesgos de una política de hechos consumados”. El Diario AR, 13 de febrero de 2022. https://www.eldiarioar.com/opinion/argentina-brasil-beijing-washington-riesgos-politica-he chos-consumados_129_8740178.html.
Malamud, A. 2002. “Integración Regional en América Latina: teorías e instituciones comparadas”. Revista Argentina de Ciencia Políticas 5/6: 49-66.
Merke, F. & O. Stuenkel. 2020. “Argentina y Brasil: Una alianza necesaria”. Foreign Affairs Latinoamérica 20 (2): 32-39. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8153673.
Nepomuceno, E. 2020. “Bolsonaro jugó a la guerra en el estado de Amazonas”. Pagina 12, 15 de octubre de 2020. https://www.pagina12.com.ar/299239-bolsonaro-jugo-a-la-guerra-en-el-estado-de-amazonas.
Peña, F. 1982. “Perspectivas de las relaciones entre la Argentina y el Brasil: algunos apuntes”. Estudios Internacionales 15 (57): 28–38. http://www.jstor.org/stable/41391040.
Pereyra Doval, G. P. 2014. “Relaciones Argentina-Brasil: cooperación con algunas discordias”. Conjuntura Global 3 (2): 80-88. http://dx.doi.org/10.5380/cg.v3i2.37588.
Pereyra Doval, M. G. & E. Ordoñez. 2020. “De pivote a proxy: El occidentalismo rígido de la política exterior bolsonarista”. Instituto Tecnológico Autónomo de México; Foreign Affairs Latinoamérica, 19 de junio de 2020; http://hdl.handle.net/11336/151065.
Pérez Llana, C. 1975. “La Argentina y la integración de América Latina». Revista Argentina de Relaciones Internacionales 1 (1).
Puig, J. C. 1975. “Las tendencias profundas de la política exterior argentina”. Revista Argentina de Relaciones Internacionales 1: 7-27.
Reyes, C. 2021. “Política exterior hacia Zopacas: los casos de Argentina y Brasil en la reconfiguración de la agenda de defensa y seguridad regional”. Boletín del Departamento de América Latina y El Caribe 78: 9-27. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/135594.
Russell, R. & M. Hirst. 1987. “Democracia y política exterior: los casos de Argentina y Brasil”. Estudios Internacionales 20 (80): 442-490. http://www.jstor.org/stable/41391255.
Russell, R. & J. G. Tokatlian. 2002. “El lugar del Brasil en la política exterior de la Argentina: La visión del otro”. Desarrollo Económico 42 (167): 405-428. https://doi.org/10.2307/3455844.
Russell, R. & J. G. Tokatlian. 2013. “América Latina y su gran estrategia: entre la aquiescencia y la autonomía/Latin America and its grand strategy: between acquiescence and autonomy”. Revista Cidob d’afers internacionals 104: 157-180. http://www.jstor.org/stable/23611652.
Saraiva, J. F. S. 2004. “Argentina e Brasil: um novo ensaio estratégico”. Relaciones Internacionales 13 (26): 141-148. https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1570.
Scholvin, S. & A. Malamud. 2020. “Is Brazil a Geoeconomic Node? Geography, Public Policy, and the Failure of Economic Integration in South America”. Brazilian Political Science Review 14 (2): e0004. https://doi.org/10.1590/1981-3821202000020004.
Selcher, W. A. 1985. “Relaciones entre Brasil y Argentina en la década del 80: de una cautelosa rivalidad a una competencia amistosa”. Estudios Internacionales 18 (70): 270-301. http://www.jstor.org/stable/41391174.
Tokatlian, J. G. 2012. Latinoamérica y el complejo integracionista: un concepto a debate. Desarrollo Económico 51 (204): 475-492. https://www.jstor.org/stable/23612355.
Tulchin, J. S. 1980. “Una perspectiva histórica de la política argentina frente al Brasil”. Estudios Internacionales 13 (52): 460–480. http://www.jstor.org/stable/41390997.
Vigevani, T., G. D. M. Favaron, H. Ramanzini Júnior & R. A. Correia. 2008. “O papel da integração regional para o Brasil: universalismo, soberania e percepção das elites”. Revista Brasileira de Política Internacional 51 (1): 5-27. https://doi.org/10.1590/S0034-73292008000100001.
Vollaard, H. 2014. ‘Explaining European disintegration’, JCMS: Journal of Common Market Studies 52 (5): 1142–1159. https://doi.org/10.1111/jcms.12132.
Webber, D. 2014. “How likely is it that the European Union will Disintegrate? A critical analysis of competing theoretical perspectives”. European Journal of International Relations 20 (2): 341–65. https://doi.org/10.1177/1354066112461286.
Wolf, R. 2002. “How partners become rivals: Testing neorealist and liberal hypotheses”. Security Studies 12 (2): 1-42. https://doi.org/10.1080/09636410212120008.
Zelicovich, J. 2020. La decreciente, asimétrica y desenfocada relación comercial entre Argentina y Brasil. Relaciones Internacionales 29 (59):102. https://doi.org/10.24215/23142766e102.
Szuba, Jared. 2020. “US-Brazil defense cooperation could help counter China’s space ambitions, general says”. The Defense Post, 11 de marzo de 2020. https://www.thedefensepost.com/2020/03/11/us-brazil-defense-space-china-southcom/.
Aclaración previa: Este escrito está inspirado en la lectura referencial de E. Stimilli en su libro «Deuda y culpa», Herder, Barcelona, 2020.
I. Preludio: tres voces, un mismo eco
Perdonamos nuestras deudas, así como
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre Nuestro, San Mateo 6:12-15 (RVR1960).
¿Y qué es la felicidad de estar libre de deudas?
Es cuando un caballero no debe ninguna deuda, grande o
pequeña, a nadie. Cuando reflexiona sobre esto, se llena de
placer y felicidad. Esto se llama ‘la felicidad de estar libre de deudas’.
Buda al An?thapi??ika, en SuttaCentral (AN 4,62).
«Y si (el deudor) está en apuros,
concededle un plazo de espera hasta que tenga facilidad
para pagar; pero si renunciáis a la deuda y la condonáis como
caridad, será mejor para vosotros, si supierais»
Corán, aleya 280 de la Sura Al-Báqara (La Vaca).
Tres tradiciones en textos sagrados y referencias coinciden en un punto que la modernidad financiera se empeña en olvidar: la deuda no es un mero contrato económico, sino un vínculo humano que la antropología demuestra que está atravesado por la compasión, el perdón y la responsabilidad colectiva.
Sin embargo, el capitalismo contemporáneo ha convertido ese vínculo en un mecanismo de dominación silenciosa, y la deuda pública -esa enorme cifra que los Estados arrastran como un lastre- se ha transformado en la bisagra que permite la extracción de riqueza desde los territorios periféricos hacia los centros financieros globales.
II. El paradigma del endeudamiento perpetuo
La propensión al endeudamiento aparece como una tendencia ecuménica: se manifiesta en individuos, familias, empresas y Estados. No es accidental ni fruto de la irresponsabilidad; es una característica constitutiva del ciclo actual del sistema capitalista. Los economistas clásicos lo explican mediante la relación igualitaria entre ahorro e inversión; los heterodoxos, en cambio, lo atribuyen a la correlación asimétrica entre ingresos y gastos. No ahondaremos el tema en esta nota.
Partimos de una premisa más amplia: vivir endeudado se ha convertido en el modelo de la existencia contemporánea, una suerte de paradigma del presente. Lejos de ser una anomalía del sistema, la deuda -especialmente tras la crisis financiera de 2008 y las posteriores políticas de austeridad gubernamental- funciona como un mecanismo central de regulación del capitalismo neoliberal.
En el caso particular de la deuda pública, su funcionalidad sistémica es doble: por un lado, posibilita el proceso de monetización del valor agregado del trabajo nacional y de la explotación de los recursos naturales; por otro, esa monetización es esencial para permitir la fuga financiera hacia los grandes centros de acumulación global.
III. El caso de Chubut: extractivismo y deuda como herramienta de apropiación
El caso de la provincia argentina de Chubut resulta paradigmático. La deuda pública, en esta provincia, está intrínsecamente ligada a su principal recurso: el petróleo. El principal instrumento de deuda externa es el BOCADE (Bono de Cancelación de Deuda de Chubut), emitido originalmente en 2016 por USD 650 millones y garantizado con las regalías petroleras de la provincia.
Esta garantía convierte a la deuda en un mecanismo directo de extracción de riqueza. Los acreedores son prioritarios para cobrar la deuda y sus servicios directamente de las regalías, que son la contrapartida económica de la explotación de los hidrocarburos en el territorio.
El extractivismo es, así, la base de la monetización de la renta, la cual, en lugar de reinvertirse en el desarrollo local para mejorar la vida de los chubutenses, fluye hacia el exterior en forma de intereses y rentas del capital, consolidando la fuga financiera.
La presión de esta deuda sobre las finanzas provinciales es abrumadora. Según datos de 2025, Chubut tiene una de las cargas de deuda per cápita más altas del país, y el equivalente a casi 4 de cada 10 pesos (38,1%) que ingresan a la provincia está comprometido en obligaciones financieras. Además, más del 60% de la deuda está denominada en moneda extranjera, lo que la hace especialmente sensible a las fluctuaciones del tipo de cambio.
Esta dinámica genera tensiones sociales profundas. La prioridad del pago de la deuda ha llevado a situaciones de ajuste que afectan a los trabajadores públicos, como se evidenció durante la pandemia de COVID-19, cuando el Gobierno provincial continuó con los pagos a los acreedores externos mientras los salarios de los trabajadores estatales se pagaban de forma escalonada y con retrasos, afectando su capacidad para cubrir necesidades básicas.
Las operaciones de deuda recientes refuerzan este círculo. En abril de 2026, la provincia de Chubut emitió un nuevo bono internacional por USD 650 millones a 10 años, con una tasa de interés del 9,45% anual, para refinanciar pasivos, incluyendo una parte de los bonos BOCADE que vencían en 2030. Esta operación puede ser calificada como una «bomba financiera» que «hipoteca el futuro de la provincia», ya que se toma deuda a una tasa más alta para pagar vencimientos, comprometiendo aún más los ingresos futuros.
Al mismo tiempo, el Gobierno provincial negocia acuerdos con Nación para cancelar otras deudas a cambio de realizar obras de infraestructura, como la reparación de la Ruta 40, transformando las deudas en inversión pública. Esto demuestra que la gestión de la deuda es una decisión política que internaliza al pueblo del Chubut para hacer frente a deudas que son de Nación y definen el destino de los recursos públicos y el desarrollo de la provincia.
IV. La deuda como categoría multidimensional
Aceptamos la tesis que postula que la deuda no es únicamente una dimensión financiera, ni siquiera sólo económica.
La deuda -como concepto fundante de un sistema socioeconómico- es también una categoría política (en el sentido de su administración y de las relaciones de poder que la atraviesan), teológica (en el sentido de su origen antropológico y su vínculo con la culpa y el sacrificio) y psíquica (en el sentido de sus efectos microeconómicos sobre la subjetividad de los deudores).
Para comprender su operación en el caso de Chubut -y en general en las economías periféricas- destacamos tres transformaciones clave:
1. De la apropiación al intercambio: El capitalismo no se basa -exclusivamente- en el intercambio de equivalentes (mercancía por dinero), sino en una «apropiación» originaria de los recursos naturales y del trabajo vivo, que luego se transforma en acumulación financiera. En Chubut, las concesiones de explotación y sus prórrogas son la licencia política del extractivismo; la deuda pública es la herramienta de apropiación que convierte la riqueza natural en renta financiera evadida.
2. Del don a la deuda: Chubut ha recibido el don (regalo) de la naturaleza: yacimientos de petróleo y gas, mares ricos en pesca, paisajes naturales admirables para el turismo, energía hidráulica y eólica extraordinaria, recursos mineros y forestales.
Es sobre ese don, operado en favor de los intereses populares, que deberían fundarse los lazos sociales del buen vivir y la identidad colectiva del pertenecer.
Sin embargo, el sistema económico y el andar político se ocuparon de distorsionar esta lógica de reciprocidad Naturaleza-Sociedad para generar dependencia financiera. El don se ha convertido en deuda y la riqueza común, en pasivo externo.
3. Del súbdito al «empresario de sí mismo»: Bajo el neoliberalismo, la figura del «empresario de sí mismo» transforma cada aspecto de la vida en «capital humano» que debe generar beneficios. Esta lógica genera un estado de endeudamiento perpetuo: ya no se trata de pagar una hipoteca o un crédito, sino de ser un deudor existencial, alguien que debe invertir permanentemente en su propia empleabilidad, salud, educación y bienestar para no quedar fuera del sistema.
Es cierto que hay una dimensión previa: nacemos en una sociedad que nos recibe, nos da lengua, cultura, infraestructura y sentido. Por eso llegamos a la vida como individuos deudores de la sociedad. La deuda se «reparte» entre más individuos que harán los inútiles esfuerzos de pago, pero esa redistribución no es equitativa: los más vulnerables cargarán con el mayor peso proporcional.
V. Profundizando en el vínculo: deuda y culpa
La conexión entre deuda y culpa ha sido explorada a partir de la ambigüedad de la palabra alemana Schuld, que significa tanto «deuda» como «culpa». Esta polisemia no es casual: revela que, en la cultura occidental, deber dinero y ser culpable son dos caras de la misma moneda.
El legado de Walter Benjamin: El filósofo Walter Benjamin (1871-1918) presenta la hipótesis de que el capitalismo es una religión de culto sin dogma. A diferencia del cristianismo, que ofrece redención a través del sacrificio de Cristo, el capitalismo no ofrece redención alguna; su función principal es crear culpa, no expiarla. Cada deuda genera una nueva falta; cada pago, un nuevo deber. El ciclo es infinito.
El sacrificio como expiación: La culpa se manifiesta en el sacrificio. Milei, Caputo, en Nación; Torres en Chubut y miles de dirigentes políticos se empecinan en auspiciarlo.
Así como en las comunidades primitivas se sacrificaba una víctima (animal o humana) para expiar culpas colectivas y restaurar el orden comunitario, el neoliberalismo exige sacrificios -austeridad, recortes, ajustes, flexibilización laboral- para mantener el sistema financiero.
El deudor se convierte en una «vida desnuda» endeudada, al mismo tiempo inocente (porque heredó una estructura) y culpable (porque no logra salir de ella). La deuda opera como una penitencia laica: no se paga para saldar, sino para seguir mereciendo la posibilidad de pertenecer.
VI. La raíz ascética del capitalismo: La deuda del viviente
El endeudamiento es el paradigma político y psíquico del neoliberalismo contemporáneo. Que tiene raíces histórico-filosóficas y que no funciona solo por acumulación, sino también por disciplina de la vida.
Ese capitalismo pretende de los pueblos una actitud ascética, un conjunto de prácticas -ayuno, vigilia, disciplina corporal, sacrificio de los deseos- orientadas a dominar las pasiones para alcanzar un estado espiritual superior. Esta lógica se seculariza y se internaliza en el capitalismo.
. Del monasterio al mercado: Las prácticas ascéticas de control de la vida y el tiempo no desaparecieron con la modernidad, sino que se transformaron en la ética del trabajo y la productividad. El trabajo ya no es solo un medio de subsistencia, sino una práctica de perfeccionamiento moral para pagar/renovar la deuda. El trabajador disciplinado, ahorrador y productivo es el nuevo monje laico.
. La deuda como penitencia perpetua: Si en la ascesis religiosa la culpa se expiaba mediante la penitencia (rezos, ayunos, flagelaciones), en el capitalismo la deuda se convierte en una penitencia perpetua. El deudor no es solo alguien que no tiene dinero; es alguien que «debe» en un sentido existencial -debe ser mejor, debe esforzarse más, debe reinventarse, debe postergarse para el futuro- y debe «pagar» con su esfuerzo y su tiempo de vida, sin que el saldo se liquide nunca.
VII. Conclusión: la psique endeudada y el futuro
Queda claro que el endeudamiento produce una «mutación antropológica» que genera sujetos activos y flexibles, pero dominados por un mandato: frente a ingresos insuficientes, endeudamiento continuo. Esto desempodera al individuo al internalizar sus obligaciones consigo mismo, reemplazando los derechos garantizados (salud, educación, vivienda, trabajo estable) por la administración constante de su propia falta y el riesgo.
La deuda crea un círculo vicioso que obliga a invertir la propia vida en un sistema del que es imposible salir. La vida se convierte en una «cura» -promete redención a través del esfuerzo- y al mismo tiempo en una «enfermedad» -genera ansiedad perpetua porque la falta nunca se termina de pagar. El sujeto siempre es un «deudor del viviente», alguien que debe ajustar constantemente su vida a un estándar inalcanzable.
Epílogo: la deuda que hiciste mal
Volviendo al inicio: la deuda pública no es un mal necesario ni una fatalidad técnica. Es una construcción política que puede ser deconstruida. Las tradiciones religiosas nos recuerdan que el perdón de la deuda es un acto de justicia, no de caridad.
La condonación, como sugiere el Corán, es «mejor para vosotros, si supierais». Saber, en este caso, implica reconocer que la deuda no es un hecho natural sino un dispositivo de poder. Y como todo dispositivo, puede ser desafiado, renegociado y, eventualmente, cancelado.
Mientras tanto, la pregunta que este escrito intenta hacer resonar es: ¿hasta cuándo seguiremos pagando una deuda que no aprovechamos y que no contrajimos, con una moneda que no poseemos, y con un tiempo de vida que nos es arrebatado? La respuesta, quizás, está en volver a lo esencial: la vida se da, pero no se regala. Y tampoco se hipoteca.
«Deuda que hiciste mal (y sin embargo se te quiere)». Ironía final: la sociedad sigue queriendo mantener el vínculo financiero de la deuda como si fuera una acción exitosa y un lazo afectivo. Esa es la gran perversión del capitalismo contemporáneo: hacernos amar nuestras cadenas. Motivo por el cual se festejan los endeudamientos.
(*) Economista, investigador y ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
Iniciado y mitad del 2026, a partir de julio, finalizó el mundial y se inicia la carrera electoral para el 2027.
¿Pero Rappaport porque algunos nos pegaron fuerte en páginas deportivas y otras? Yo no soy Rappaport.
¿Pero Rappaport porque mezclar a Trump, Palestina, Israel, Milei, tarjeta roja, infracción, racismo, Messi, Scalone y más en una final de futbol? Yo no soy Rappaport.
¿Pero Rappaport se guardaron todo para tirarlo en el cierre? Yo no soy Rappaport.
¿Pero Rappaport como dice la canción es un “juego de tontos” agarrársela con Messi y Scalone, “es una pena”? Yo no soy Rappaport.
Pero volvamos al tema, datos significativos: un dólar con variaciones positivas en el promedio del mes pero sin crecimiento en el año. Sigue siendo un problema a pesar de los dichos de Caputo. Un quiebre rotundo en la marcha de los índices IPC anuales desde hace varios meses, pero una inflación “dura de boca”.
Los ruidos de las dos guerras, Ucrania y Medio Oriente bloquean el futuro, muere gente y desencaja la economía. Pero todo sigue.
La inflación de JUNIO 2026 ofrece un respiro al gobierno, pero los combustibles pueden hacer ruido para siga vivita y coleando.
· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de JUNIO 2026 y otros indicadores.
· El BCRA comprando reservas y los particulares también, será para “curarse en salud”. Esto y la política monetaria siempre mantiene en vilo a muchos.
· Milei y la oposición ingresan en proceso electoral para 2027. Todo girará mirando esa fecha.
· El FMI, continuará con los aportes y recomendaciones. Más reservas, más ajustes, reformas en el IPC, menos subsidios, más tarifas.
· El riesgo país se mueve lentamente a la baja. Pero alcanzar los 300 puntos, cuesta.
· El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) pierde puntos, genera efectos múltiples. Por ahora disminuyendo en los interanuales de los meses del 2026.
· La inflación (alrededor del 1.8 % promedio) en el mes de JUNIO 2026. Las conjeturas oficiales, de organismos y consultoras miran al 30 % en diciembre 2026. ¿Se vienen más ajustes?
Asistimos a una nueva derrota política de Estados Unidos después de otra guerra. El informe del Congressional Research Service—unidad de investigadores que provee análisis para el legislativo estadounidense–sobre “Instances of Use of the United States Armed Forces Abroad, 1798-2023” es una fuente apropiada para enumerar y evaluar las intervenciones militares.
En el texto, de 55 páginas, las acciones (ataques quirúrgicos, invasiones, operativos especiales, despliegues de tropas, etc.) durante la Guerra Fría se resumen en 3 páginas, mientras que las de la Posguerra Fría se extienden por 37 páginas.
Acá la enumeración y los resultados: en la guerra de Corea (1950-53), EE. UU. encabezó una coalición de países en un conflicto que produjo unos 700.000 militares y entre 2 a 3 millones de civiles muertos y culminó con un armisticio que no alteró la división de las dos Coreas.
La guerra de Vietnam (1965-73) produjo más de 3 millones de civiles y militares muertos del lado vietnamita y concluyó con una obligada retirada estadounidense. En 1983, Estados Unidos (con 7.300 soldados), junto a algunas naciones del Caribe, invadió la isla de Granada (95.000 habitantes) y proclamó una rápida victoria.
En 1989, Estados Unidos, con unos 27.000 hombres, invadió Panamá (16.000 efectivos) y extrajo al presidente Manuel Noriega, acusado de narcotraficante. En 1991, Estados Unidos encabezó una amplia coalición (950.000 soldados de 35 países) que atacó Irak–que había invadido Kuwait–, obtuvo un triunfo militar expeditivo, aunque Saddam Hussein mantuvo el poder.
Entre 1992 y 2026, Washington convirtió el recurso a la fuerza en algo habitual: la opción bélica atravesó, con ligeros matices, todos los gobiernos, demócratas y republicanos por igual. Guerras irregulares, guerras perpetuas, guerras punitivas se volvieron frecuentes.
En 2001, después de los atentados terroristas del 11/9, EE. UU. lideró una “coalición de voluntarios” contra Afganistán. Veinte años más tarde, y después de unas 175.000 víctimas directas, más 6 millones de personas desplazadas y US$ 2.3 billones de dólares gastados, EE. UU. abandonó Afganistán.
En 2003, mediante otra “coalición de voluntarios”, Washington invadió Irak. Luego de unas 450.000 muertes, más de 4 millones de desplazados y unos US$ 2 billones de dólares gastados, EE. UU. salió de Irak en 2011.
De acuerdo con el Watson Institute of International & Public Studies de la Universidad de Brown, la guerra contra el terrorismo emprendida por Washington y desplegada en Afganistán, Irak, Siria, Pakistán y Yemen entre 2001 y 2023 produjo entre 3.6 a 3.8 millones de muertes indirectas debido a la destrucción en materia económica, ambiental y de servicios públicos. En los recientes 18 meses, el gobierno lanzó ataques en Siria, Somalia, Yemen, Irak y Nigeria.
En enero de 2026, mediante un operativo militar efectivo y la extracción del presidente Nicolás Maduro, en el marco de un ejercicio más amplio (agosto 2025-marzo 2026) que demandó unos US$ 4.700 millones de dólares, Trump intenta convertir a Venezuela en un neo-protectorado por imposición.
Quizás ese trofeo, debido en parte a la pobre reacción de la fuerza armada venezolana, incidió, entre otros, para que EE. UU. se sumará a Israel en su bombardeo a Irán en febrero de este año, dando continuidad a la breve guerra contra Teherán de junio de 2025.
Era y es abrumadora la magnitud militar estadounidense, a la ya potente de Israel. A pesar de los anuncios iniciales de una victoria cercana, lo cierto es que el esquema de conflicto asimétrico empleado por Irán mediante el cierre del estrecho de Ormuz y la respuesta a blancos militares y de infraestructura en los países árabes, derivó al final en un complejo Memorándum de Entendimiento entre Washington y Teherán, facilitado por la mediación de Pakistán (referente principal de China en Asia Central) y Catar.
Se produjeron 18 bajas de Estados Unidos, 69 israelíes fallecidos y unos 5.000 iraníes muertos, al tiempo que el costo militar directo para EE. UU. fue de US$ 29.000 millones de dólares y, según Moody’s Analytics, con un costo para los consumidores estadounidenses de US$ 132.000 millones de dólares.
En breve, la incuestionable superioridad militar estadounidense no necesariamente le ha asegurado éxitos estratégicos ni réditos políticos. En los conflictos en los que no existen objetivos precisos y acotados ni parámetros de terminación claros que, a su turno, se extienden en el tiempo, muestran, una y otra vez, fracasos tanto militares como políticos.
Para los socios militares de EE.UU. los resultados frustrantes en guerras empantanadas han debilitado la formación de nuevas “coalitions of the willing”, tal el reciente caso de Irán. Washington, desde hace lustros, ha menospreciado y manipulado la diplomacia y optado por invertir el dictado de Carl von Clausewitz para quien la guerra es la continuación de la política por otros medios: para la Casa Blanca lo primero se ha vuelto la guerra.
En América Latina, y desde los ‘80, los ataques e invasiones muestran logros de Washington. Si EE.UU. persiste en recuperar a como sea su esfera de influencia en el área, lo más probable es que recurra cada vez más a la fuerza militar. Y si eso sucediese, EE.UU. se habrá convertido, se admita o no en los gobiernos, en un serio problema de seguridad para Latinoamérica.