El eje rector de la política económica programada y ejecutada por los empleados del JP Morgan (representados por Caputo-Bausili) es garantizar una deuda creciente. Esto es así porque no se pueden pagar ni la mitad de los intereses que devenga. Por eso, el Estado nacional lleva a cabo los ajustes necesarios y vende y concesiona activos para priorizar su pago.
Si bien en 2024 y 2025 continuaron con la Ley 27.701 de Presupuesto Nacional 2023, adaptándola para ese fin, lo hicieron con esa premisa.
- Refinanciaron el déficit fiscal de 2023, estimado por la Secretaría de Hacienda de Caputo en 5,13% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 24.624 millones de dólares de ese año). Lo canjearon con títulos de deuda interna, en su gran mayoría ajustables por inflación más un plus, tras haber devaluado más del 100% el 12 de diciembre de 2023. Esto generó una renta de más del 80% en dólares (al ser el IPC del año de 117,8% y el precio del dólar se acrecentó durante todo el 2023 menos del 35%). Esa renta extraordinaria obtenida por el capital financiero explica la refinanciación de dicho déficit fiscal.
- Canjearon las Leliq (letras de liquidez del BCRA que eran deuda del BCRA con los bancos para inmovilizar dinero) y demás pasivos del BCRA por 32.760 millones de dólares, por títulos de deuda del Tesoro de la Nación. Así, transfirieron el problema bancario al pueblo argentino.
- Como el problema financiero se les complicó, mediante el DNU 602/24 crearon la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) por 20 billones de pesos, que devenga interés diario fijado por el BCRA.
- Como la deuda consolidada y aceptada por el gobierno de Milei, más las altas tasas de interés acordadas por el tándem Caputo-Bausili con los acreedores externos y con los bancos locales no se podían pagar, crearon las LECAP (Letras del Tesoro de la Nación que capitalizan intereses) y los BONCAP (igual, pero en un bono de 90 días y más plazo). Estos suman a julio de 2026 el equivalente de 88.820 millones de dólares. Por ende, tanto el financiamiento de la deuda fiscal y monetaria del gobierno de Alberto Fernández como el supuesto superávit financiero que presentan se lograron capitalizando intereses que acrecientan la deuda total.
Para el año 2026, institucionalizaron lo realizado mediante el art. 1.° de la ley 27.798 de Presupuesto de la Administración Nacional de ese año. El artículo expresa: «Establécese como regla fiscal que el Sector Público Nacional deberá obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que, frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero». Para el año 2027, este vuelve a ser el primer artículo. Así se prioriza el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante y todo el esquema de recursos y gastos debe ser compatible con dichos pagos.
Esto incumple el objetivo del presupuesto como plan integral y general de gobierno. Este debe dar respuesta a las necesidades de la población con el “objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, como reza el «Preámbulo» de la Constitución nacional.
Presupuesto 2027, ingresos
Por un lado, han beneficiado a un sector minoritario y rico del país con la reducción de los gravámenes, como la eliminación del impuesto PAIS. Este gravaba la adquisición de dólares billetes y, en el año 2024, último año en el que rigió, significó un ingreso equivalente a 8.000 millones de dólares. También hubo una baja de derechos de exportación, importación y del impuesto a los bienes personales. Además, pusieron en marcha el régimen de inocencia fiscal, así como un conjunto de medidas de administración tributaria que reducen impuestos, por el equivalente a 2,5% del PIB (unos 14.500 millones de dólares).
Prosiguen incrementando el gasto tributario, que representa los ingresos que el fisco deja de recaudar porque existe un tratamiento impositivo especial como es el caso de exenciones, deducciones de la base imponible y alícuotas reducidas para determinadas actividades o zonas geográficas específicas.
El monto del gasto tributario estimado para el 2027 es de 51.914.317,8 millones de pesos, que equivale a 3,67 por ciento del PBI [1]. Desglosado por impuesto, el impuesto al valor agregado representa el 1,33% del PIB, seguido por el impuesto a las ganancias, que equivale al 0,65%. Los regímenes de promoción económica significan el 0,44% del PIB. Y eso que no contemplan las exenciones y disminuciones impositivas y de derechos de exportación del RIGI. En este se han aprobado 23 proyectos por un monto de inversión de 49.766 millones de dólares. Esto implica un no ingreso al fisco de unos 3.300 millones de dólares por año.
Tampoco estiman el monto del beneficio fiscal que se les concede en el artículo 67 del proyecto a las empresas que firmen nuevos contratos de concesión de rutas nacionales y también a las que ya los tienen y realicen «ampliación de obras”. Esto implica la amortización acelerada del impuesto a las ganancias por las inversiones que realicen en bienes muebles adquiridos para la ejecución de la concesión vial y en obras de infraestructura vial y el reintegro del IVA de las operaciones realizadas para esas obras. También podrán computar a su favor el 100% de lo que les deduzcan por el impuesto al cheque para el pago de ganancias, IVA o contribuciones patronales.
Este gobierno pondera las concesiones y privatizaciones, que se hacen sin intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Este fue reemplazado por el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y creó una oficina para tasar las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, la participación del Estado en Transener, en AySA e Intercargo SAU. Sin embargo, reconocen el mayor ingreso este año 2026 y que se reduce en más de dos tercios para el año 2027. Venden y/o concesionan activos públicos a un precio que no condice con su valor (por eso los tasa el BICE), para pagar intereses de una deuda que no se investigó, cuyas tasas de interés acuerda el tándem Caputo-Bausili, y cuyo servicio es pagado a precios desregulados por la población, como lo demuestra claramente el aumento de las facturas de gas, luz, agua, comunicaciones, combustible, transporte, etc.
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Prevén para el año 2027 una inflación medida por IPC del 18,4% anual, y un crecimiento del PIB del 4% para todo el año 2027. De por sí no se va a lograr ninguno de los dos supuestos. Por lo tanto, estimar un incremento del ingreso impositivo del 30,6% puede ser posible en términos nominales, pero no reales.
Reconocen el desfinanciamiento de “Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social”, fuertemente afectado por la creación del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), y la disminución de las transferencias de utilidades del BCRA por la reforma de su Carta Orgánica. Esto hace que la renta de propiedad crezca 12,3% con respecto al año 2026.
Estimación del gasto
Siempre en el marco inflacionario y de incremento del PIB supuesto, infieren que van a aumentar el magro gasto de capital, que no alcanza ni para el mantenimiento de las rutas nacionales. Violaron la ley de distribución del impuesto a los combustibles (suma que aplicaron mayoritariamente para pagar intereses de la deuda pública). Esta situación se agrava en el año 2027 porque concesionaron por 30 años peaje, bacheos y mantenimiento (pero ninguna obra) en más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales [2]. Basta ver el deterioro de los edificios públicos en todo el país, la desinversión en vivienda y en obras de infraestructura. Esto es suficiente para comprender que la tasa de inversión en obra pública es de menos del 0,3% del PIB, cuando en el período 2003-2015 fue del 4,5% del PIB promedio. Es más, prometen realizar obras que figuran en el Plurianual de Inversiones del proyecto de presupuesto 2027, para convencer a los gobernadores, pero que no realizan o lo hacen muy parcialmente, como hicieron desde que asumieron en diciembre de 2023.
Reducen el gasto primario (antes del pago de la deuda) al “licuar” los gastos indexados con una inflación medida por el IPC que no es real. Y, paralelamente, redujeron y reducen severamente las transferencias a las provincias, la obra pública, el gasto social y los salarios que no tienen sistema de ajuste.
Ejemplo claro es que pretenden (como en el proyecto del año 2026) eliminar la actualización automática de la AUH. También buscan eliminar las actualizaciones de las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual, por nacimiento, por adopción, por matrimonio, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral.
En el proyecto se fija para el año 2027, en la suma de 7,3 billones de pesos, el presupuesto anual para las universidades. Esta es la cifra que exigieron los rectores para este año 2026, con una inflación real para el año del 35% en el mejor de los casos.
El desfinanciamiento a la CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), al INTA, al INTI, a la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), al Instituto Malbrán, etc., habla claramente de la poca importancia que se le da a la ciencia.
Párrafo aparte merece la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Mientras comienza a debatirse el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, también abrió el tratamiento de un proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la de Discapacidad.
El problema es que en el proyecto de presupuesto 2027, los artículos 36, 37, 39 y 40 modifican el régimen de pensiones.
El artículo 36 establece nuevamente una pensión no contributiva por invalidez laboral equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y desplaza el esquema de pensión no contributiva por discapacidad para protección social creado por la Ley de Emergencia.
El artículo 37 establece que la pensión será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado. Cuando se busca compatibilizar protección social con la inclusión laboral, tener una discapacidad y necesitar una pensión no debería significar quedar excluido del mundo del trabajo.
El artículo 40 vincula el acceso al beneficio con la condición de estar “imposibilitado para trabajar”, junto con otros requisitos que determine la reglamentación.
Finalmente, el artículo 39 desconoce la Ley 24.901. Allí se incluyen tratamientos, apoyos, rehabilitación, transporte, centros educativos terapéuticos, hogares, centros de día y otras prestaciones indispensables para miles de personas, y los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, que debían ser iguales para todos los entes obligados. Pero el proyecto de presupuesto cambia esa lógica, dado que propone que el nomenclador continúe existiendo, pero establece expresamente que sus valores no serán universales. Cada financiador podría determinar entonces cuánto paga por una misma prestación a cada prestador.
Por lo tanto, plantear un aumento nominal del gasto en remuneraciones, en bienes y servicios públicos, en transferencias y demás gastos, sobre partidas que subejecutaron todos estos años, es una falacia presupuestaria.
Sobre todo cuando observamos que la partida que menos crece en el gasto para el año 2027 es la de los intereses de la deuda. La deuda pública no para de aumentar y la tasa de interés también, tanto de la deuda colocada en el exterior como la de la refinanciación de los títulos del Tesoro en el mercado interno.
Los intereses estimados de la deuda pública en el presupuesto del año 2026 fueron del 1,2% del PIB (unos 6.720 millones de dólares), cuando a julio 2026 (siete meses acumulados) el pago de intereses netos fue de 8.586.270,7 millones de pesos (unos 5.724 millones de dólares) y se habían capitalizado en LECAP y BONCAP por 7.917 millones de dólares (por 80.903 millones de dólares en diciembre de 2025 a 88.820 millones de esa moneda en julio de 2026).
En esa ficción, el presupuesto plantea financiarse en el mercado local al emitir bonares por 19.000 millones de pesos (equivalente a 11.000 millones de dólares) sin el regreso a los mercados internacionales. Y a su vez, contempla obtener unos 6.270 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales (FMI, BID y BIRF).
En síntesis, es un presupuesto que no condice con la realidad y en el que no han resuelto el tema del endeudamiento, que implica, en un año electoral, la presión de los acreedores y su repercusión en la compra y fuga de divisas.
El gobierno relativiza la situación porque insinúa que van a contar con la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos (directamente y/o vía FMI), dada la subordinación a ese país, la renta financiera que obtienen sus principales bancos y capitales y la conversión de nuestros principales activos (petróleo, gas, cobre, oro, litio, uranio, tierras raras, empresas públicas, etc.) por la deuda, en la que ellos son los principales acreedores.
