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FIN DEL PERÍODO MACRI: LA INDUSTRIA, EL PERONISMO Y LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EN MEDIO DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS MUNDIAL. Primera Parte

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Wooden blocks with the word Stagnation and dollars. Prolonged period of slow economic growth, measured in terms of GDP growth. High unemployment. Economic stagnation. Performance slowdown

En medio de un estancamiento económico mundial que podría derivar hacia una recesión en Europa y Japón,

con la cada vez menos probable excepción de Estados Unidos por su peculiar proteccionismo que modifica la globalización generalizada por la globalización centrada en ese país –objetivo de la política del presidente Donald Trump-,

con la incógnita de China que crecerá menos de lo habitual (2,5% a 4% en 2020, contra 5,9% en 2019), paralizada por el coronavirus, y con economías emergentes con flojo desempeño, como Brasil, India y México,

la Argentina trata de salir del hundimiento con una renegociación de la deuda con el FMI y los bonistas que le va a dejar muy poco margen para crecer, sobre todo en medio de las actuales condiciones mundiales.

Las perspectivas se estaban agravando desde comienzos de año. La mayoría de los CEOs de las principales corporaciones sostenían que en 2020 el crecimiento mundial descendería a 1% frente al 2,6% de 2019. Un descenso del 1,3% en Estados Unidos (2% en 2019) y se afirmaba ante la inversión de la curva de rendimiento (un interés muy bajo para las colocaciones a largo plazo -sometidas a riesgo por más tiempo- que el interés a plazos cortos, y pese a que éste igual es bajo) e indicaba una recesión a la vista.

El cuadro negativo se complicó primero con la suba del petróleo y luego por su baja, que sobrecarga la crisis del coronavirus y podría llevar al PBI mundial del I trimestre 2020 a cero crecimiento.

Nouriel Roubini, que anticipó la crisis financiera mundial de 2008, había afirmado en julio 2018 que Trump ha contribuido a debilitar el orden económico global creado por ese país en la II Guerra Mundial  con su “Estados Unidos primero”. Esto debido a el insostenible gasto fiscal para poder crecer, una mayor inflación y las tasas de interés que terminarían subiendo, según refirmó en septiembre de ese mismo año. En esto último se equivocó porque cuando se afirmó la amenaza de recesión, las tasas siguieron bajando junto a más disputas comerciales, menos inversión en alta tecnología y desaceleración del crecimiento fuera de Estados Unidos, en lo que acertó.

Lo interesante en ese análisis es que habla de la existencia de capital privado sobrevaluado y bonos públicos muy caros, lo que llevaría a una baja de ventas y un colapso de mercados financieros, ya sin espacio para aplicar políticas monetarias no convencionales. En febrero 2020, alertó que la Argentina estaba al borde de un default y que “una solución intermedia honrosa es lo mejor”.

En ese momento, Roubini agregó a las amenazas de crisis la de una guerra. En realidad, esa guerra ya empezó y tiene un carácter muy diferente de lo que habitualmente se entiende por guerra, porque se desarrolla en la economía y sobre todo en la tecnología vinculada con la Cuarta Revolución Industrial, con China y a Estados Unidos como principales rivales.

Lo que destacó Roubini en esta ocasión es que Estados Unidos está encerrado en una rivalidad estratégica creciente con China, Rusia, Irán y Corea del Norte, a lo que podría agregarse una crisis política interna por el recuento de votos que lo debilitaría frente al exterior. La amenaza estadounidense a Irán llevaría a ese país a intensificar el conflicto y a una guerra en gran escala que daría lugar a una recesión y hundiría las perspectivas de reelección de Trump.

Con China, Roubini le dio un alcance secundario y temporal a la llamada fase uno del acuerdo comercial. Pero advirtió que «la guerra fría bilateral sobre tecnología, datos, inversión, moneda y finanzas ya está escalando bruscamente», mientras el brote del coronavirus  impulsa el desacoplamiento de los dos países con una epidemia “más grave de lo que se espera”. Además habrá efectos indirectos de la economía china en las cadenas mundiales de suministro, incluidos los artículos farmacéuticos, de los que China es un proveedor fundamental».

Roubini destaca que para algunos líderes chinos, no puede ser una coincidencia que su país esté experimentando simultáneamente un brote masivo de gripe porcina, una de gripe aviar, la epidemia de coronavirus, disturbios políticos en Hong Kong, la reelección del presidente proindependentista de Taiwán y el aumento de las operaciones navales de EEUU en el mar de China Meridional y Oriental, por lo que “la opinión en Pekín se está inclinando hacia lo conspirativo«.

Roubini destaca que habla de una primera ciberguerra mundial en que las potencias rivales también podrían atacar los sistemas financieros de todo Occidente, incluyendo el sistema SWIFT (un sistema para la transferencia segura de fondos en el mundo a través de los bancos), porque la infraestructura de telecomunicaciones estadounidense es potencialmente vulnerable, y Estados Unidos responderá con un ataque asimétrico que podrían intensificarse en 2020 con “un enorme desorden económico, financiero y político».

En caso de que las tensiones aumenten, China podría deshacerse de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense ante el peligro de que Estados Unidos congele esos activos mediante sanciones, amenazando su crecimiento económico, por lo que trataría de diversificar sus reservas convirtiéndolas en un activo menos vulnerable como el oro, que es lo que ha estado haciendo junto a Rusia para compensar cualquier pérdida incurrida por la venta de los bonos del Tesoro. Y si la diversificación se acelera, podría desencadenar una conmoción en el mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y conducir a una fuerte desaceleración económica allí.

A esto se agregan los riesgos adicionales del cambio climático que no son sólo de largo plazo, como lo demuestra la creciente frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos.

Expuesta la posición de Roubini, esencial para entender la crisis, aclaremos siete cuestiones que nos parecen evidentes. De ellas, la mitad final de la 3) y las siguientes cuatro últimas se desarrollan a partir de la crítica efectuada en estas páginas y por lo tanto, están destinadas a ser objeto de discusión.

1) La guerra de la que se habla es cibernética. Lo termina de aclarar Jorge Castro (Clarín, 8/3/20) “El presupuesto norteamericano del año fiscal 2020/2021 dispone aumentar 6% los gastos de investigación y desarrollo (R&D) del gobierno federal, llevándolos a 142.200 M dóls”, y sumándolo al gasto privado en el mismo fin “asciende a 480.000 M dóls, más del doble de la República Popular, que suman 240.000 M dóls. También el presupuesto de Donald Trump en su cuarto año de mandato prioriza el desarrollo de las industrias del futuro, fundadas en la Inteligencia artificial (AI), la Internet de las Cosas (IoT), y la robotización, y destina a este sector decisivo 200.000 M”. Agregamos que esta afirmación no significa que la guerra no pueda llegar también a otra dimensión, aunque su eje es la disputa por la Cuarta Revolución Industrial.

2) La epidemia parecía mejorar en China en contraposición con el empeoramiento en el resto del mundo, y la actividad no podrá recuperarse en el corto plazo en parte por la política china de arriesgar una baja de la producción anulando contactos para terminar lo más pronto posible con la epidemia, y en parte porque la epidemia en Occidente difícilmente se detenga tan rápido como en China – a principios de marzo, en un día, hubo cerca de nueve veces más de nuevos casos fuera de China que en China, según la OMS-, lo que seguramente fue por el impresionante control ejercido allí, imposible de aplicar donde el mercado está por encima del Estado. 

3) La larga fase recesiva o de bajo crecimiento económico mundial ha llevado a que, según la OIT, el insuficiente empleo remunerado afecte a 500 M de personas en el mundo. Es una situación cada vez más difícil de revertir y se advierte en que la crisis de 2008 no ha podido ser superada en doce años, y esta larga fase recesiva o de bajo crecimiento que siguió a la fase del bienestar de la posguerra, lleva ya 45 años con altibajos que son cada vez más bajos que altos y sólo fue mejorada con el crecimiento chino que ahora el presidente Trump se propone frenar.

Además, la casi paralización china para terminar con la epidemia limita una parte decisiva del mercado mundial (ya en febrero, las exportaciones globales cayeron 50.000 M dóls por falta de piezas chinas en distintas industrias).

A esto hay que agregar lo que sostenemos a lo largo de la nota: la política del presidente Trump consiste en implantar una mundialización centrada en ese país a costa de un proteccionismo que reduce el crecimiento de todos para elevar el propio. Intenta contrarrestar la influencia de China (el éxito de la Ruta de la Seda) y de Rusia, y, al profundizar la baja en el resto de la economía mundial, agrava la amenaza de recesión.

4) La defensa contra la recesión motivó bajas generalizadas en la tasa de interés, que en la Fed consistió el 3/3/20 en un descenso de medio punto de la tasa de referencia, llevándola a un rango de entre el 1% y el 1,25%, presentada como una estrategia para proteger a la economía estadounidense de los impactos del coronavirus, sin mencionar la indiscutible barranca abajo económica previa a la epidemia, y parece destinada a reproducir todos los inconvenientes actuales, porque en última instancia sólo afirma al capital financiero, pero no al crecimiento productivo.

5) También, en cierto sentido, la epidemia es una consecuencia de la globalización del capitalismo. Un estudio del Adecco Group Institute (BAE 24/2/20, Suplemento Lunes, “Los optimistas de la Inteligencia Artificial”, Héctor Medina) afirma que gracias a la tecnología una jornada laboral de 1970 equivale actualmente a una hora y media de trabajo (empleo de máquinas en el análisis de datos y en las tareas directas) y que en diez años más las labores con poco valor agregado -como las del capitalismo de la Primera y la Segunda Revolución Industrial- se verán reducidas en un 20% adicional a esa marca.

Estos datos ponen en evidencia el enorme crecimiento de la productividad, pero la reducción del trabajo diario no va en el sentido del bienestar, porque la queja de la OIT sobre el desempleo señalada más arriba lo pone muy en claro: es “cada vez más difícil que las personas se construyan una vida mejor gracias a su trabajo”.

El enorme crecimiento de la productividad que acompañó al bienestar de la era inmediata de la posguerra se ha transformado cada vez más en un empeoramiento de las condiciones de vida, profundizada desde la crisis de 2008, que en la Argentina hay que agregar a las consecuencias del gobierno de Macri.

6) Anteriormente habíamos señalado que Nouriel Roubini se equivocaba al esperar del excesivo uso de la política monetaria un efecto inflacionario como los tradicionales, sobre los precios. En el capitalismo industrializado de primera fila, como el de Estados Unidos, esa expansión monetaria -como la emisión de 500.000 M dóls diarios por parte de la Fed para frenar la baja de los mercados en la crisis del lunes negro del 9/3 de 2020- es absorbida por el capital financiero en una falsa valorización bursátil que sustituye a la inflación tradicional sobre los precios pero que no deja de ser una nueva forma de inflación.

Con esa falsa valorización, el capital financiero se refuerza sobre el productivo no sólo a costa de recesión o de bajo crecimiento sino que expropia parte del ingreso asalariado. Por eso su expansión ha dado lugar a la larga fase recesiva o de bajo crecimiento que ya lleva 45 años de vigencia con cada vez más frecuentes caídas explosivas. Estas son financiadas directamente por el Estado desde la crisis de 2008, con lo que consigue expandir el valor del capital financiero en el selecto ámbito de los mercados y –al comprar empresas tecnológicas- también se prepara para controlar la Cuarta Revolución Industrial y apropiarse de sus beneficios.

7) Esta conclusión sobre el carácter de la crisis permite entender por qué la situación sigue empeorando, y más aún con las soluciones monetaristas. En los países industrializados, al financiar una nueva expansión del capital financiero para salvarlo de la crisis, como sucedió en 2008, se acotan las posibilidades del capital productivo y se reduce el ingreso salarial y social. Esto porque la valorización bursátil que ocasiona y neutraliza su baja previa, tiene lugar exclusivamente en el mercado, por eso la inflación no va a los precios sino a un aumento del capital. Pero como este aumento da lugar a ingresos en la bolsa, el capital así valorizado se transforma en real con una magnitud creciente que los otros sectores no tienen.

Y en tanto el capital privilegiado se mantiene como capital financiero acrecentado, la cada vez más estrecha actividad sólo se puede mantener con más créditos ofrecidos por el capital financiero a las empresas productivas o a los consumidores (los créditos hipotecarios estadounidenses en 2008 o los créditos UVA en la Argentina de Macri). Como no se amplía el mercado de productos reales ni los ingresos, los créditos se vuelven cada vez más difíciles de pagar.

En los países no industrializados el capital financiero es mucho más reducido y el Estado adquiere créditos en la gran banca internacional, pero como el mercado productivo no se expande y encima los precios de las materias primas en que se especializan crecen menos o caen directamente en la crisis, la posibilidad de no pagar los créditos se concentra en ellos. La crisis de la deuda argentina es el mejor ejemplo: la desindustrialización la priva de alto valor agregado y de mayor empleo, la especialización primaria (agro y petróleo) en la crisis es castigada con la mayor baja de precios y cuando se adopta una política de máximo ajuste como la que impulsó en el país el FMI con el gobierno de Macri, la deuda se vuelve imposible de pagar.   

Debilidades y fortalezas

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El coronavirus, que es mortal y sumamente contagioso, generó el derrape de los precios del petróleo y de los commodities por la menor demanda de China y después del resto de las naciones. Esto castiga de doble manera a nuestro país, en primer lugar por la recesión mundial misma, que no se sabe cuánto tiempo va a durar. La pandemia impacta además sobre el nivel de actividad, cuando nosotros exportamos básicamente alimentos. En segundo término, porque se tienen fundadas expectativas en la extracción de petróleo y gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta y sus 30.000 kilómetros cuadrados que abarcan las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. La baja en el precio del petróleo en torno de los 34 dólares el barril y el gas entorno de 1,98 dólares el millón de BTU, arrastra al resto de las producciones energéticas a escala mundial en general y más a la no convencional, cuyo costo de extracción es incluso mayor que el precio referido.

En esas condiciones, la Argentina se encuentra en plena negociación con sus acreedores de una deuda que creció en forma sideral durante la gestión de Cambiemos y empoderó a grandes fondos de cobertura o inversión financiera como BlackRock, Fidelity, Pimco y Franklin Templeton, entre otros. Estos fondos crecieron tras la crisis internacional del año 2008 en torno de los bonos de securitización, reemplazando en la administración de activos a grandes bancos por un lado y gestionando aportes de capitalización de jubilaciones y pensiones privadas e ingresos de capitales por el otro.

La proyección del Ministro Martín Guzmán de alcanzar un superávit fiscal primario para el año 2023 y comprar los dólares que generarían las exportaciones creciendo una tasa del 4,5 al 5% anual, se torna más difícil ante el derrape del comercio internacional y las barreras proteccionistas que naturalmente se adoptan ante la paranoia de la pandemia.

Es cierto también que, logrado un acuerdo con el pago de la deuda, el país podría destinar parte de lo que no vende al exterior al consumo y a la actividad interna. De ese modo aumentaría el PIB, como históricamente se demostró cada vez que la Argentina se vio obligada a una política proteccionista. El gobierno nacional aseguró que solo va a pagar cuando el país crezca, descartando imponer políticas de austeridad para hacer frente a las cancelaciones mientras los niveles de pobreza se mantengan altos.

Asociación ilícita e inmoral

Los grandes fondos de inversión administran capitales que provienen de todo el mundo, incluso de la Argentina. Allí reside el quid de la cuestión.

BlackRock administra activos financieros por varias veces el PIB argentino (equivalente a 352.300 millones de dólares), teniendo acciones de Monsanto-Bayer, BASF, Netflix, Coca Cola, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, General Electric, etc., y es uno de los principales tenedores de títulos de deuda del Tesoro de los EE.UU., país que es el principal deudor de la tierra con un pasivo de 22 billones de dólares (62,5 veces el PIB argentino).

Estos grandes fondos representan al capital financiero internacional y tienen clara influencia sobre los Estados y sobre importantes palancas de producción y comercialización de la economía mundial.

Arturo Illia solía decir que “no temía al de afuera que nos quiere comprar, sino a los de adentro que nos quiere vender”. El conflicto interno se desató cuando el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo de 2020 dijo: El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

En grandes números, el Tesoro de la Nación Argentina se endeudó por 129.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, de los cuales 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el FMI.

Cuando asumió Mauricio Macri las reservas internacionales del BCRA ascendían al equivalente a 25.092 millones de dólares. Cuando se fue eran solamente 45.190 millones. Quiere decir que, de los 129.000 millones ingresados por deuda, 108.902 millones que, una fracción se destinó a pagar servicios de la deuda en moneda extranjera, pero de la otra parte no sabemos quiénes compraron esas divisas al BCRA.

El Tesoro de la Nación se endeudó para pagar intereses de la deuda en divisas, pero en su mayor parte para pagar a los jubilados y pensionados. Deuda en pesos, trabajadores públicos, licitaciones y demás erogaciones en pesos, por lo tanto, las divisas tomadas en deuda se las vendió el Tesoro al BCRA al tipo de cambio oficial y el BCRA, a su vez, al ser banco de bancos por la Ley 24.144 de su carta orgánica, le vendió esas divisas a las instituciones financieras autorizadas a operar en cambio. El BCRA sabe día por día quién le compró esas reservas. Lo que debe hacer ahora por mandato presidencial es ver quiénes le dieron la orden de compra a esa entidad (o si compraron por cuenta propia).

Fácil es deducir que los que pueden adquirir esas divisas por su magnitud son los sectores más ricos de la sociedad y, entre ellos, obviamente, las 50 familias residentes en la Argentina que aparecen en la revista Forbes entre las 2.000 personas más ricas del mundo: los Rocca, Bulgheroni, Pérez Companc, Roemmers, Galperín, Sigman, Werthein, Eurnekian, Pagani, Coto, Madanes, Macri, Mindlin, Magnetto, Urquía, Braun, Vicentin, entre otros, más las 211 familias y sociedades que son dueñas de 2.516 establecimientos agropecuarios que poseen 11.158.368,9 hectáreas en la provincia de Buenos Aires (entre ellos los Grobo, los Martínez de Hoz, los Ayerza, los Blanco Villegas); o los Benetton; los Joseph Lewis; los Hiriart; los Walbrook; los Soros, entre otros grandes latifundistas de este país. Igual podríamos decir de los demás dueños de bancos, petroleras, mineras y grandes comercios que operan en el país.

Y es allí donde la Mesa de Enlace, funcional a esos intereses, convoca a un paro agrario por 96 horas, iniciando un desgaste del gobierno que quieren debilitar en plena discusión con los fondos acreedores.

El aumento de los tres puntos de las retenciones (derechos de exportación) no alcanza a ser unos 350 millones de dólares por año. El complejo sojero exportó en el año 2019 por 16.943 millones de dólares. Por otro lado, la suba de las retenciones sólo alcanza a los que producen más de 1.000 toneladas de soja por año y su recaudación se redistribuye en otros productores de soja (que no alcanza a cosechar 1.000 toneladas por año) y a otros cultivos, esencialmente los regionales.

Un ejemplo claro de lo que decimos, de unión entre fuga y deuda, es tal vez la aceitera Vicentin SAIC de la familia Vicentin, que aparece con obligaciones externas sobredimensionadas por 1.350 millones de dólares. (Beneficiada, incluso, con un préstamo por el equivalente a 300 millones de dólares con el Banco de la Nación Argentina.) Bien podría ser que los mismos socios dueños de Vicentin tengan depósitos y acciones en los supuestos bancos y firmas acreedoras más colocaciones de activos en los grandes fondos internacionales mencionados. De otro modo no se explica la convocatoria de acreedores del segundo exportador de aceite del país, que tiene puerto propio sobre el Río Paraná.

Es también obvio que existe una comunidad de intereses entre los accionistas de Bayer-Monsanto y la compra y aplicación a mansalva del glifosato, así como seguramente Black Rock y otros fondos administran recursos de los ricos de nuestro país.

El frente externo

Parte de la deuda externa total, equivalente a 324.300 millones de dólares, está en moneda y en jurisdicción extranjera, razón por la cual con fecha 10 de marzo de 2020 el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 250/20 para reestructurar 68.842 millones de dólares, que son los bonos emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020, confiriéndose al Ministro de Economía, Martín Guzmán, la autoridad para efectuar la renegociación con los acreedores y reestructurar la deuda.

El decreto del Poder Ejecutivo también lo faculta a que prorrogue la jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres, y Tokio, como fue en su emisión original. La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana es exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen, pero no implica renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que posee en el exterior.

La exigencia de parte importante de los tenedores de esos bonos era que la Argentina presentase junto a su reestructuración un plan de pago. Ese plan debería nacer de los supuestos de superávit comercial y fiscal necesarios para comprar divisas y afrontar las obligaciones que, dadas las condiciones imperantes, son imposible de precisar.

Los grandes fondos de inversión o de cobertura como los nombrados son tenedores de parte importante de los títulos de deuda del decreto 250/20, y no van a estar dispuestos a esperar tres años para cobrar parte de los intereses. Tampoco van a esperar para cobrar la amortización del capital ni aceptarán quitas en el capital adeudado, que son las tres variantes de la reestructuración planteada. Esos fondos tuvieron reuniones en estas últimas semanas con el Ministro Guzmán. La prueba de que no se ha arribado a un acuerdo es la baja sistemática del precio de esos títulos en los mercados internacionales y el aumento de la tasa de Riesgo País.

El marco internacional desfavorable y el conflicto interno con los privilegiados de siempre tornan difícil la situación. Por eso no sería raro que en varios títulos de deuda la Argentina reestructurase, y en forma unilateral, el capital adeudado, los plazos y la tasa de interés, que en el caso de los títulos comprendidos en el decreto 250/20 implicará por parte de sus tenedores la correspondiente presentación judicial. Otra vez se agiganta la sombra del fallecido juez Thomas Griesa y su fallo a favor de los acreedores del país.

Pero no hay otro camino posible. Sabemos lo inútil que fue acatar el fallo del juez Griesa para el país: solo benefició a los que formaron parte de esa estafa, gobierno de Macri incluido.

El camino a seguir

Es imprescindible hacer conocer el estado real de situación a todo el pueblo argentino. Que se sepa quiénes son los que fugaron divisas bajo el amparo legal del macrismo. Lo que seguramente es ilegal es de dónde extrajeron las ganancias, que no declararon o lo hicieron muy parcialmente al fisco argentino. La fuga es una apropiación indebida de recursos que se generaron en nuestro territorio y que no se invirtieron en él. La pobreza, la falta de fuentes de trabajo, de máquinas y equipos nace de esa fuga, por lo que deben ser penados y deben pagar impuestos.

Benjamín Franklin, gran inventor y gran patriota estadounidense, decía: “Debemos hacer una Nación donde haya dos cosas que no se puedan evitar, la muerte y pagar impuestos”.  En la Argentina con la primera no pudieron, pero evitar el pago de impuestos y fugar esos recursos lo han convertido en su actividad principal.

El gobierno debe imponer severos límites a esas prácticas, en nombre del pueblo argentino.

 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

La apertura de sesiones legislativas en la Provincia: la pica en Flandes

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En ocasión de la apertura de sesiones legislativas ordinarias en la Provincia de Buenos Aires, el pasado lunes 2 de marzo el gobernador Axel Kiciloff planteó con precisión el abordaje que exige resolver el corset estructural que padece la provincia.

Jurisdicción que reúne el principal complejo agro-industrial del país, cuyo Producto Bruto Geográfico alcanza al 40% del PIB nacional y sin embargo los gobernadores a poco de andar quedan reducidos a meros “pagadores de sueldos” sin poder atenuar los fuerte desequilibrios y contrastes existente, sobre todo entre el Área Metropolitana y las zonas rurales.

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El gobernador Kicillof describió serenamente las graves carencias recibidas de la administración de María Eugenia Vidal, en términos de inversión social e inversión en infraestructura, la cual, sin embargo, contó con los recursos extraordinarios proporcionados por U$S 4.300 millones frescos de deuda tomada en divisas, sin elevarse las citadas tasas de inversión. Al contrario, los indicadores se ubicaron por debajo del gobierno de su predecesor Daniel Scioli.

El plan de gobierno expuesto por Kicillof comprende un programa de emergencia que revierta las debilidades inmediatas que exige la coyuntura: asistencia alimentaria, puesta en funcionamiento de los sistemas de salud y educación, reordenamiento tarifario, recuperación de niveles razonables de recaudación propia y sustentabilidad de la deuda heredada. Lo cual no es poco.

Ahora bien, resolviendo esos baches, la debilidad socio-económica de la Provincia subsiste como consecuencia de un conjunto de factores muy bien descriptos en el mensaje:

Las oleadas desindustrializadoras que dejaron sin destino productivo al Área Metropolitana, situando tres: la dictadura cívico-militar, las reformas de mercado de los 90 y la apertura comercial indiscriminada y sin sentido del macrismo.

-La resistencia de las patronales agrarias y la ausencia de políticas públicas sostenidas para generar manufacturas agropecuarias en origen, desconcentrando población del Área Metropolitana

-La necesidad fiscal de la Provincia de contar con mayores recursos nacionales en forma automática para poder impulsar políticas de reversión estructural de los déficit territoriales y sociales.

La formulación realizada por el gobernador Kicillof hacia la Nación se centró en concluir con el Estado pasivo que gestionó Vidal acompañando el mazazo aperturista y tarifario sobre el tejido productivo provincial, en parte por voluntad política pero también por falta de recursos.

En concreto, el mandatario avanzó sobre la necesidad de participar en el sistema de reparto de regalías petroleras como provincia refinadora y la demanda de mayores fondos con destino a un aglomerado urbano pauperizado por el neoliberalismo.

Subyace un reclamo de revisión profunda del pacto federal-fiscal realizado en Olivos en 1993 y plasmado en la Constitución promulgada en 1994.

La Carta Magna vigente le ha otorgado en los hechos rango constitucional al sistema de alícuotas de distribución secundaria de los recursos coparticipables al exigir (en su artículo 75, inc.2, cuarto párrafo) que cualquier modificación debe ser ratificada por las provincias. Este sistema emergió de un acuerdo celebrado en 1988 entre un gobierno nacional débil y un conjunto de gobernadores peronistas de provincias no pampeanas. El Pacto de Olivos de 1993 coronó ese acuerdo fiscal con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la elección de un tercer senador, requerimientos de la Unión Cívica Radical en el llano para habilitar legislativamente la reforma constitucional.

El saldo fue la institucionalización de la debilidad fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que se plasmó en el terreno político con sendas derrotas electorales de gobernadores peronistas frente a jefes de gobierno porteños anti-peronistas en 1999 y 2015. Habida cuenta que los presidentes peronistas provinieron de provincias extra-pampeanas: La Rioja y Santa Cruz.

El sistema federal-fiscal de 1994 probó su efectividad. Tanto que los mandatarios peronistas de la provincia tampoco pudieron hacer sentir su peso territorial y electoral en los gobiernos nacionales peronistas. Incluso el actual gobierno nacional no giró los fondos necesarios para un aterrizaje suave de Kicillof ante el vencimiento inmediato de la deuda y el pago de la clausula gatillo salarial a los docentes. Ambos desembolsos obligados y heredados que hubieran sido resueltos con menos del 10% de la ampliación de Base Monetaria por $400.000 millones ocurridos en diciembre-febrero.

El gobernador, consciente de esta realidad y decidido a revertir este fatalismo de “provincia inviable” perpetrado en los acuerdos descriptos, puso la pica en Flandes en la apertura de sesiones: la revisión del pacto federal-fiscal consagrado hace un cuarto de siglo.

El Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires exige este planteo.

https://www.eldestapeweb.com/nota/apertura-de-sesiones-en-la-provincia-la-pica-en-flandes-202031319540

Para que el plan funcione

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La teoría económica presenta un dilema y una solución. El dilema es que las oportunidades de inversión dependen de una fuerte demanda interna que, a su vez, depende de la inversión. Si el país comienza aumentando la demanda, esto puede generar inflación; si la idea es comenzar por aumentar las inversiones, ¿cuál será el incentivo para invertir? La respuesta teórica es que el crecimiento debe ser liderado por las exportaciones. En este caso, cuando el país en crecimiento posee cierta capacidad tecnológica y un tipo de cambio competitivo, estará en condiciones de sacar ventaja de su mano de obra barata (medida en moneda dura). La demanda deja de ser exclusivamente interna y se expande para convertirse en demanda mundial. Esto es lo que hicieron los tigres asiáticos y también Brasil y México en la década de 1970, con muy buenos resultados. Esto es también lo que los dos últimos países dejaron de hacer después de la crisis de la deuda de la década de 1980, cuando aceptaron abrir sus cuentas financieras externas y dejaron de neutralizar la tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio. Las exportaciones basadas en un tipo de cambio competitivo no sólo constituyen demanda cuando el saldo de las operaciones comerciales es positivo sino que, además, fomentan la inversión, que opera tanto de lado de la oferta como del lado de la demanda.

Anthony Thirlwall, en su libro La naturaleza del crecimiento económico: un marco alternativo para comprender el desempeño de las nacionesplantea que el crecimiento económico de largo plazo está determinado por las exportaciones y por la sustitución de importaciones. Esta teoría concluye que, en consecuencia, el equilibrio del balance de pagos, en particular de la cuenta corriente, restringe y determina el crecimiento de una economía abierta.

El Plan dado a conocer por el Ministro Martín Guzmán se asienta primero en el crecimiento de nuestras exportaciones, que proyectó en un escenario optimista a una tasa del 4,5 al 5% anual para los años 2020/2023 y que con el fortalecimiento de la demanda interna arrastraría un incremento del PIB en torno al 2% anual.

Pero la coyuntura se presenta adversa. Por un lado el coronavirus frena el comercio internacional e implica baja en los precios de los granos, especialmente la soja, y aproximadamente el 65% de nuestras exportaciones son productos primarios (principalmente granos) y manufacturas de origen agropecuario [1]. Por otra parte, nuestro mayor socio comercial, Brasil, devalúa su moneda, en una clara estrategia de depreciación del real y baja de su tasa de interés de manera tal que cierra el mes de febrero de 2020 con 4,50 reales por un dólar, una caída del 11% de la paridad en los dos primeros meses del año y es el menor valor de su moneda en 10 años.

Desde el peronismo la Argentina crece si crece su mercado interno, dado que el 75% y más de lo que producimos se demanda en el país y eso también debe fortalecerse, máxime con el profundo descenso del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y pensiones que dejó el macrismo.

En ese marco el Ministro Martín Guzmán presenta su Plan Económico:

  1. Solucionar tema de la deuda externa.
  2. Mantener el tipo de cambio alto.
  3. Aumento de las exportaciones.
  4. Control y sustitución de importaciones.
  5. Preservación del superávit comercial.
  6. Mantener la presión tributaria.
  7. Disciplina fiscal pero sin el imperativo de conseguir superávit de las cuentas públicas.
  8. Medidas de estímulo al consumo, particularmente de los sectores de menores ingresos.
  9. Recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios.
  10. Intentar que sectores de la clase media recuperen poder adquisitivo. (Por ejemplo, vía bajos aumentos tarifarios, Ahora 12, baja de tasas de interés en las tarjetas de crédito.)
  11. Subsidios para dinamizar ciertos sectores de la economía.
  12. Desarrollo de la obra pública con el propósito de generar demanda de empleo.
  13. Eliminar situaciones de privilegio y solicitar o imponer “aportes solidarios” a los sectores más pudientes.
  14. Recomposición tarifaria con incrementos proporcionalmente mayores para los sectores de altos ingresos.

Priorizar el acuerdo sobre la deuda externa ha sido el camino elegido por el gobierno de Alberto Fernández, y se lo está transitando.

Es válido el planteo del control y la sustitución de importaciones a como dé lugar, son divisas que no se pierden y a la vez se apuntala la producción nacional, como afirma Thirwall: “El crecimiento depende de la elasticidad de las exportaciones y de la elasticidad del ingreso de la demanda de importaciones (como sustituir importaciones)”.

Pero en el actual estado de las cuentas públicas es imposible pensar en disciplina fiscal, máxime que la recaudación no aumenta porque está atada al nivel de actividad y el país está parado. Por eso, los ingresos tributarios de enero 2020 crecieron con respecto a igual mes del año pasado solo en un 38,5%, cuando la inflación del período fue del 55%. A la vez las prestaciones sociales, como las jubilaciones y pensiones, AUH y otros programas (y en buena hora) se acrecentaron en un 61,5% y representan el 62% del gasto total. La mitad de los jubilados y pensionados cobran la mínima o cerca de a mínima y la jubilación mensual promedio de la ANSES en diciembre de 2019 es de $ 20.575.-[2]

La variable de ajuste fue la obra pública y el gasto de capital, que incluso es una partida menor en términos nominales que la de enero 2019. En enero de 2020 se invirtieron solamente $ 11.481 millones, el 2,36% del gasto total del mes, cuando en enero de 2019 y en pleno ajuste fiscal, fue de $ 17.730 millones y representaba el 4,97% del gasto. Durante el kirchnerismo, la inversión pública era del 12% o más del gasto total, que a su vez era mayor (y mayor el pago de las jubilaciones y pensiones).

 

 

 

Sin recursos suficientes y sin fortalecer al Estado es imposible impulsar la obra pública y al mercado interno, por lo menos en la magnitud necesaria para estimular la demanda y el multiplicador de la inversión. De allí el planteo de no pagar intereses y capital de la deuda hasta 2023. Por ejemplo, si los $ 87.052 millones de intereses netos de enero 2020 (excluye intereses pagados Intra-Sector Público Nacional) se destinaran a aumentar las jubilaciones y pensiones y a la obra pública todos los meses, se incrementarían esas erogaciones en torno a un 30%, cifra nada desdeñable y que sería el punto de partida del crecimiento económico.

Finalmente, para que el Plan presentado tenga consistencia se debe apuntalar el punto 13 – Eliminar situaciones de privilegio y solicitar o imponer “aportes solidarios” a los sectores más pudientes, que es a la vez, el camino que permite zanjar la diferencia entre la posición defendida por el Ministro cuando fue a exponer a la Cámara de Diputados de la Nación, de que solo va a poder pagar a partir del año 2023 en que, en el mejor de los casos, se va a conseguir un superávit primario del 1% o 1,2% del PIB y, por otra parte, la pretensión de cobrar de grandes fondos acreedores que ya demostraron, caso Bono BP 21 en la Provincia de Buenos Aires y caso Bono Dual en la Nación, que tienen una mayor participación en la deuda que les permite superar la cláusula de acción colectiva.

Se debe contar con un aporte solidario de los sectores más ricos de esta sociedad, que son los que fugaron dólares por 88.300 millones en los cuatro años de gestión de Cambiemos y que identificamos básicamente con beneficiados por el macrismo (bancos, energéticas, servicios públicos privatizados, Ternium y Tenaris, telefónicas y comunicaciones y los grandes productores, acopiadores y comercializadores del agro), para que en lo inmediato se les coloque un Bono de Ahorro Forzoso a cinco años, con la opción que si el Estado lo decide se renueve por otros cinco años más.

 

 

 

Objetivos y contradicciones

Un plan estratégico o un “programa macroeconómico muy definido”, como dijo el Ministro en su presentación en Diputados, debe contar con más medios que objetivos. Esos objetivos y esos medios no pueden contradecirse entre sí y finalmente debe haber un orden de prioridades, para que se concatenen medidas y objetivos en una relación de causa y efecto.

Es loable tener un tipo de cambio competitivo, pero los precios en la Argentina se siguen fijando por los mercados externos, esto es, para dar un ejemplo burdo: una botella de aceite mezcla de 900 cc, que en nuestro país producen y comercializan tres firmas, se vende en el mercado de Amsterdam a un dólar. Obviamente los productores van a imponer ese precio también en el mercado local, de otro modo les conviene exportar, con lo que impacta sobre los ingresos fijos (salarios, jubilaciones y pensiones). Nuestro territorio está mucho más internacionalizado de lo que los medios comerciales dan a conocer y forman opinión al respecto. De las quinientas empresas más grandes por nivel de facturación, trescientas son extranjeras. La comercialización de nuestros granos se realiza mayoritariamente por empresas extranjeras, y la deuda pública externa nacional bajo ley internacional supera los 70.000 millones de dólares.

Nuestros empresarios son débiles ante el gran capital internacional, pero nuestro Estado no se encuentra en mejor situación y tiene como tarea principal redireccionar el proceso económico e implementar y posibilitar un esquema sustentable a mediano plazo.

Por lo tanto, sin desconocer el fin y la importancia estratégica de incrementar nuestras ventas al exterior, no se lo puede hacer vía depreciación cambiaria porque se debe fortalecer el mercado interno en primer lugar y eso exige aumentar el poder adquisitivo de los asalariados y jubilados y pensionados y garantizarles a las empresas que operan en el país una demanda sostenida. Paralelamente, es preciso un fuerte control de las importaciones para evitar que se pierda el efecto multiplicador comprando insumos del exterior, el control de las tarifas cuya pesificación es un paso importante en ese sentido, y controlar los precios.

El plan económico debe ser apropiado por el pueblo argentino. Si no se comunica fehacientemente a la población el estado en que nos encontramos, no se puede avanzar en ningún programa o plan. El ejemplo último fue la presentación en el Congreso de la Nación del privilegio del Poder Judicial y de los jubilados y pensionados que trabajaron en relaciones exteriores. Cuando se hizo público lo que percibían sus miembros por mes, se acabó la discusión.

Con el plan y la deuda se debe hacer exactamente lo mismo. No puede una minoría imponer sus privilegios si la mayoría toma conciencia del real estado de situación.

Lo decía Mariano Moreno: “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.

Desde el 22 de mayo de 1810, nuestro pueblo quiere saber de qué se trata.

PARA QUE EL PLAN FUNCIONE

Las tensiones sobre el financiamiento interno

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El Gobierno nacional se encuentra desarrollando en paralelo dos senderos de ordenamiento financiero. El primero, comentado en varias columnas previas, consiste en reestructurar la deuda pública en moneda extranjera, para lo cual elaboró un apretado cronograma que concluye a fin de marzo. El segundo está orientado a reconstituir el mercado de pesos, cuestión fundamental para solventar el déficit del sector público hasta tanto se alcance el equilibrio y, a la vez, para financiar al sector privado empresario en sus necesidades de capital de trabajo.

En este artículo nos referiremos a los esfuerzos para reconstituir el citado mercado de pesos, severamente dañado por los desbordes provocados por un modelo de valorización financiera (arbitraje entre tasa de interés/tasa de valuación) implementado desde el comienzo del gobierno de Macri y heredado por el gobierno actual.

Las nuevas autoridades del Banco Central vienen desarrollando un esfuerzo considerable para aumentar la monetización de la economía y la baja de la tasa de interés, sin que esto provoque tensiones en el nivel de precios y/o el tipo de cambio.

Desde el mes de diciembre, la relación de pesos existentes (billetes y monedas en poder del público + depósitos del sector privado y público) respecto del PBI viene aumentando. Este vínculo: pesos existentes/PIB se conoce como coeficiente de monetización y en diciembre fue de 18,7%, en enero 20,2% y en febrero se estima en 21,3%.

A su vez, la tasa de interés de referencia de la política monetaria disminuyó de 63% en diciembre a 52% en enero, para situarse promediando febrero en 40%.

También se advierte un aumento de la base monetaria -es decir, creación de dinero de alta potencia- en febrero del 13,4% sobre el promedio bimensual diciembre-enero. La base monetaria se ubica en 1.942 billones respecto de los 1.713 billones que promedió en el bimestre diciembre-enero.

El Banco Central, entonces, intenta dar más liquidez al mercado de pesos y forzar un descenso de la tasa de interés de referencia.

Los grandes bancos privados, mayoritariamente extranjeros, y los fondos de inversión tenedores de bonos soberanos, emitidos tanto en dólares como en pesos, han comenzado a exteriorizar su incomodidad con este recorrido del ente rector. Hay resistencias para aplicar esta mayor disponibilidad de recursos en crédito al sector privado y, a la vez, frenos a la baja del rendimiento de los activos financieros nominados en pesos.

Esta pulseada por reconstituir un mercado financiero interno capaz de canalizar el ahorro local hacia el equilibrio de las cuentas públicas y el financiamiento de corto plazo de un sector privado que comenzará demandando al calor de un proceso de reactivación económica, es casi tan importante como el proceso de reestructuración de la deuda publica en dólares que se encuentra en curso.

Cualquier resultado que arroje el reordenamiento financiero del sector externo limitará la capacidad argentina de acceder a nuevas fuentes de fondos, por lo cual el mercado local de ahorro interno se vuelve decisivo, tanto para el sector público como para el sector privado. El problema es que los actores que administran este mercado no sólo están fuertemente emparentados con los acreedores del exterior, sino que tienen largos años de ganancias fáciles en la intermediación de recursos a corto plazo y bajo riesgo.

La reconstrucción de un mercado financiero y también de capitales en moneda local implica, además de las acertadas políticas que está impulsando el Banco Central, un fuerte liderazgo de los bancos públicos y los bancos privados nacionales como captadores de ahorro interno y creadores secundarios de crédito.

El desafío está planteado y las tensiones seguramente se agudizarán.

https://www.eldestapeweb.com/nota/las-tensiones-sobre-el-financiamiento-interno-202022819560

De dónde venimos y a dónde vamos

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El INDEC dio a conocer que el Producto Bruto Interno cayó en el año 2019 en un 2,1% y en los cuatro años de la administración de Cambiemos suma casi un 10% del PIB, que descendió aún más la Inversión Bruta fija y que aumentó la tasa de desocupación, el cierre de empresas, la pobreza y la inseguridad.

Sumado a que en los cuatro años del gobierno de Macri se endeudó a la Nación por unos 129.000 millones de dólares, de los cuales unos 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el FMI y, paralelamente, se fueron del país 88.300 millones de dólares que contabiliza el Balance Cambiario del BCRA como FAE – Formación de Activos Externos.

Pero la realidad también nos dice que en los primeros dos meses largos de gobierno de la alianza Frente de Todos, la economía no muestra signos vitales de recuperación, que los salarios, jubilaciones y pensiones pierden contra la inflación y que la inversión sigue descendiendo, que no se han tomado medidas profundas y necesarias para revertir la situación heredada, que se pagaron los vencimientos que hubo desde que asumió el nuevo gobierno con reservas internacionales del BCRA y que se “reperfiló” el vencimiento de los Bonos Dual (que es en pesos pero se ajusta por el precio del dólar), todo ello a la espera de acordar con el conjunto de los acreedores de una deuda pública que, es más del 90% del PIB y que, tiene una escala de vencimientos que supera holgadamente la capacidad de pago del país.

La propuesta original y tal como la reafirmó en su presentación el jueves 13 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados el Ministro de Economía Martín Guzmán, es que se obtenga un período de gracia y no pagar capital e interés de la deuda externa hasta el año 2023, en que recién se contaría con un superávit primario (los ingresos que superan a los gastos antes de intereses) que a lo sumo podría llegar a ser del 1,2% del PIB (unos 4.000 millones de dólares) con lo que el plan de pago se ata a esa capacidad.

Y en ese plano sabemos por los medios y por los periodistas estrellas de esos grandes medios, que son cinco fondos, Templeton, Fidelity, Ashmore, Blackrock y Pimco, los que poseen varios y diversos de los 34 títulos de deuda emitidos por la Argentina (títulos que en conjunto suman 105.402 millones de dólares), en los que cuentan con más del 25% de las acreencias, con lo que anulan la cláusula de acción colectiva que le permite al Estado acordar con el 75% de los poseedores de cada título y de esa manera obligar al resto a aceptar

En la administración nacional existe una Oficina Nacional de Crédito Público que depende del Secretario de Finanzas, Diego Bastourre, que por el artículo 69 de la ley 24.156 de administración financiera y control de gestión del sector público tiene como principales funciones, por su Inciso “d”:Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público; y en su Inciso “h”:Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental. De ambos incisos se desprende que se conoce quiénes fueron los que compraron el título de deuda no bien se emitió.

Como ese trabajo debe actualizarse, la tarea que le encomienda el Ministerio de Economía de la Nación a los bancos y otras entidades financieras que contrata como agentes intermediarios es ayudar al gobierno a saber quiénes son los actuales poseedores de los títulos y a la vez, reunir a la mayor cantidad de acreedores para proceder a su reestructuración.

Por otra parte, distinguimos fehacientemente que no bien el 25 de abril de 2018 decidieron irse del país varios de los fondos y bancos que eran los principales colocadores de títulos de deuda argentina en los mercados internacionales, mientras ellos se desprendían de esas acreencias, hubo fuertes órdenes de compra de esos mismos títulos por parte de los grandes fondos mencionados en el quinto párrafo de la nota, por ende debe realizarse un tratamiento diferencial entre los títulos que colocó la administración nacional (y que percibió directamente las divisas), de aquellos que fueron comprados a terceros con el objetivo de tener más del 25% del capital de los mismos.

También debería prohibirse que el BCRA venda oro y divisas de las reservas internacionales que tienen como origen el endeudamiento público. Esto es, el Tesoro de la Nación (que depende de la Secretaría de Hacienda) se endeuda (y endeuda al pueblo argentino) en divisas, pero como paga a sus trabajadores, jubilados y pensionados nacionales, obra pública, contrataciones, etc. en pesos, debe vender esas divisas al tipo de cambio oficial al BCRA y este le da los pesos. Pero la ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA le permite a la autoridad monetaria ser banco de bancos y les vende a esos dólares, de los cuales en el gobierno de Macri se fugaron 88.300 millones de dólares.

Tomando estas medidas precautorias, el problema sigue siendo de qué sector social se extraen los recursos para poder cumplir con las obligaciones que formarán parte del plan de pago de la deuda pública, porque si no se obra en ese sentido, la deuda o lo que se pueda pagar de ella, lo hace el pueblo argentino, cuando se tiene un millón y medio de jóvenes en la Argentina actual que no trabajan ni estudian, cuando los niveles de pobreza son francamente insoportables y muchos tienen trabajo y con lo que perciben no dejan de ser pobres.

Desde la dictadura militar de 1976 el país tiene serios problemas económicos y sociales y, según la revista Forbes, 50 familias radicadas en la Argentina se encuentran entre las 2.000 familias más ricas del mundo. ¿Son compatibles los niveles de pobreza extrema alcanzado en la Argentina con los niveles de riqueza de una minoría, en un país que es solo el 0,3% del PIB mundial? ¿Cómo es posible que se pueda convivir con una cada vez más desigual distribución de los recursos? ¿Se está esperando un estallido social para tomar debida cuenta del real estado de situación?

La crisis de 1890

Debemos aprender de nuestra historia, de otra forma estamos condenados a arrastrar la hipoteca de la deuda por años y paralelamente subordinar la economía real y la población al capital financiero.

En primer lugar, debe estudiarse detenidamente qué bancos le compraron los dólares al BCRA y cuál fue el destino de los mismos. Los adquirieron por sí y por sus clientes, bien identificar en que se emplearon esas divisas, cual es la situación tributaria, etc.

En segundo término, identificar los sectores fuertemente beneficiados por el macrismo (bancos, energéticos, servicios públicos privatizados, Ternium y Tenaris, telefónicas y comunicaciones y, los grandes productores, acopiadores y comercializadores del campo) y en lo inmediato colocarles un Bono de Ahorro Forzoso, a cinco años con la opción que si el Estado lo decide se renueve por otros cinco años más.

La crisis financiera de 1890 se produce también por fuerte endeudamiento. La gran diferencia es que la República Argentina había tomado crédito principalmente para la construcción de ferrocarriles y para la modernización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires. Pero a fines de la década de 1880 ya no se podía pagar los servicios de esa deuda, más el hecho que el precio de nuestros productos de exportación (carne y trigo) lo fijaba el comprador (básicamente Inglaterra). En 1888 las acciones del “Banco Constructor de La Plata” cayeron de 235 puntos a 160, desencadenando el derrape del valor de las empresas locales y de los títulos de deuda nacional.

La rotura de las cadenas de pago e incumplimientos de contratos de todo tipo (incluido la devolución de los créditos a los bancos interno y externos) ocasionó la quiebra del Banco Nacional que derivó en crisis política reflejada en la “Revolución del Parque” encabezada por el radicalismo de Leandro N. Alem. Es allí donde se ponen de acuerdo Julio Roca y Bartolomé Mitre por mandato de los comerciante y banqueros ingleses y la oligarquía terrateniente, para desplazar a la incipiente Unión Cívica Radical y hacer renunciar al inútil de Juárez Celman (que era concuñado de Roca) y que lo suceda su Vicepresidente, Carlos Pellegrini.

Pellegrini era rico e hijo de ricos, pertenecía a la elite porteña, pero tenía una clara convicción de Nación que lo llevó a crear el Banco de la Nación Argentina en base al quebrado Banco Nacional y logró financiar la deuda de los estancieros a la vez que los sectores más ricos de la sociedad compraron un Bono Patriótico, con lo que pudo normalizar el pago de la deuda y el país retoma al modelo agro exportador hasta la crisis de 1930.

Murió en 1906 a los 59 años de edad. Con una salud muy precaria había asumido ese año su cargo de Diputado y en su asunción dijo: “Llego con menos ilusiones, con menos entusiasmos, con más experiencia. Traigo la máquina fatigada porque la jornada ha sido larga y el camino muchas veces accidentado y espinoso. Pero vengo con la misma fe ciega en el porvenir de mi país y la misma resolución de servirlo hasta donde mis fuerzas alcancen”.

De eso se trata.

DE DÓNDE VENIMOS Y DÓNDE VAMOS

Deuda: Argentina frente a los agentes financieros globales

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La deuda

En su presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación, el ministro de Economía Martín Guzmán delineó el rompecabezas de acreedores que van elevando el tono de reclamos contra el país. En ese sentido, habló de tenedores de:

  • Bonos bajo legislación y tribunales del exterior
  • Letras y bonos en moneda extranjera emitidos bajo legislación y tribunales nacionales
  • Instrumentos financieros nominados en pesos
  • Fondo Monetario Internacional

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La interacción de estos acreedores multilaterales y del sector privado global avanza generando tensiones sobre el objetivo de la política económica, que es compatibilizar la reestructuración de deuda pública con un modelo productivo de desarrollo que torne al esquema viable política y económicamente.

La estrategia de los fondos de inversión

En estos días, los fondos de inversión de mayor envergadura comenzaron a desplegar acciones destinadas a fortalecer su capacidad de negociación frente a la Argentina.

El primer paso fue la conformación de distintos comités de fondos tenedores de bonos, que permitan coordinar acciones que neutralicen la cláusula de acción colectiva con la que fueron emitidas las especies argentinas. El ejemplo preciso es lo ocurrido con el vencimiento BP21 de la Provincia de Buenos Aires. El fondo Fidelity logró reunir, en acuerdo con otros agentes financieros, una cantidad de votos representativos de la serie provincial emitida superior al 25% de su valor nominal, bloqueando de esta forma el planteo de la gobernación de prorrogar el vencimiento.

En esa dirección, Fidelity ha conformado con otro fondo importante, BlackRock, un comité al que esperan sumar a otros actores con la intención de reproducir a nivel nacional lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires. Es decir, frenar cualquier propuesta de reestructuración que no le sea satisfactoria a ellos. Esto denota la voluntad de los grandes fondos de no ser condescendientes con las propuestas de renegociación argentinas, sino que, por el contrario, persiguen el objetivo de recuperar sus acreencias y continuar haciendo beneficiosos negocios a costa del país.

Los voceros de estos agentes financieros han dejado trascender que es fundamental la cotización de los nuevos bonos surgidos del eventual canje, fijando un piso para la misma consistente en un riesgo país inferior a los 1.000 puntos básicos, de modo que los valores de los títulos que hoy se encuentran en una paridad del 50%, trepen al 70/75% y puedan realizar ganancias de portafolio rápidamente.

La oposición política y el periodismo económico han planteado casi a coro la ausencia de “programa”, y esto se alinea con la demanda de los fondos de inversión

En ese sentido, la sustentabilidad del programa de deuda que el ministro Guzmán vincula con la necesidad de expansión económica interna, contrasta con la demanda del “programa macroeconómico” que asegure el pago de los servicios de deuda que han comenzado a esbozar los acreedores a través de sus portavoces habituales.

En efecto, la oposición política y el periodismo económico han planteado casi a coro la ausencia de “programa”, y esto se alinea con la demanda de los fondos de inversión en cuanto a que el valor de los nuevos bonos canjeados tiene que alcanzar rápidamente una paridad mucho mayor a la que tienen hoy las especies vigentes. Para que esto ocurra, la Argentina deberá realizar un esfuerzo externo y fiscal sobre las espaldas de su pueblo, incompatible con los postulados de recuperación económica que el gobierno nacional viene planteando.

Otra alternativa que circula en las “mesas financieras” es permitir que el país ingrese en default y sufra así una devaluación de su moneda en los mercados cambiarios alternativos al oficial, como el “Blue” y/o “contado con liquidación”, facilitando la recompra de activos locales depreciados y de bonos soberanos con cotización en baja, para ampliar la gama de beneficios financieros derivada de ese escenario.

Como se puede advertir, el protagonismo de los grandes fondos de inversión en este proceso de reestructuración apunta a ser elevado e intenta mantener un escenario de negocios con la Argentina que les permita completar el rinde de las operaciones iniciadas durante el gobierno de Cambiemos. Si esos fondos dictan las condiciones, es difícil pensar un escenario futuro de crecimiento y sustentabilidad de la deuda pública.

El FMI que todos conocemos

En su calidad de miembro del organismo multilateral, a la Argentina le hubiera correspondido un préstamo “stand by” de U$S 22.500 millones como máximo (cifra que surge de multiplicar el aporte argentino por 4,75). Sin embargo, entre mayo de 2018 y julio de 2019, el FMI comandado por Christine Lagarde aportó U$S 44.500 millones. Este desembolso es el mayor que hizo la institución a nación alguna.

Las condicionalidades derivadas del crédito, como la supresión de la emisión monetaria y el ajuste destinado a alcanzar superávit fiscal primario, provocaron una fuerte caída del nivel de actividad y un desmadre de las principales variables económicas: precios, tasa de interés y tipo de cambio. Además, los fondos ingresados, contrariando los estatutos del FMI, financiaron una aguda salida de capitales que obligó al gobierno de Cambiemos a restablecer el control de cambios que había denostado y desarmado ni bien asumió la administración.

Christine Lagarde abandonó la titularidad del FMI después de la derrota electoral de Macri y fue reemplazada por Kristalina Georgieva. Esta semana el organismo emitió un comunicado aseverando la insustentabilidad de la deuda argentina, la necesidad de una reestructuración y pidiendo que los tenedores de títulos soberanos contribuyan a resolver la cuestión (leáse, que acepten una quita). Por su parte, el FMI ablanda las condiciones para el cobro de sus acreencias otorgando plazos hasta el 2024 y sólo condicionando un sendero de superávit gemelos a esa fecha que asegure divisas para el pago.

Entre el ajuste “blando” y el escenario de negocios “amigable”

El pronunciamiento del FMI apunta a dejar flotar la economía en un contexto de equilibrio macroeconómico sin mayores presiones de ajuste pero consolidando un esquema de precios e ingresos sin alteraciones significativas en el corto plazo.

Los tenedores de bonos procuran recuperar sus créditos por distintas vías de construcción de marcos favorables a la diversidad de negocios financieros que genera una crisis como la presente.

Contra esas presiones, el ministro Guzmán y el presidente Fernández han sido claros: la deuda solo podrá afrontarse en el marco de un esquema de sostenibilidad cuyo peso no recaiga sobre las espaldas de la ciudadanía.

https://www.eldestapeweb.com/nota/argentina-frente-a-los-agentes-financieros-globales-202022116560

Informe Especial: la mitología neoliberal, la deuda externa inacabable y el hilo de Ariadna en el laberinto

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ONBARCELONA EL TEATRO DE LOS SENTIDOS EL HILO DE ARIADNA

En la mitología griega el Minotauro – monstruo con cabeza de toro que habitaba el laberinto de Creta- devoraba la juventud de muchachos y doncellas atenienses. De la misma forma, la deuda engulle -sin eufemismos- el esfuerzo y el trabajo de los pueblos. Es, en ese sentido, una suerte de Minotauro, que acumula riquezas económicas, patrimonios financieros y poderes políticos. Detrás de la deuda está el poder.

Esa misma mitología nos relata que Ariadna le entregó a Teseo un ovillo de hilo mágico y una espada. Con la espada Teseo mató al monstruo y con el hilo halló el camino de regreso, pudo salir del laberinto y salvar a su ciudad del terrible tributo al que estaba sometida.

Ese hilo mágico es la Historia. Y cada uno de nosotros podrá efectuar premoniciones y especular quién quisiera que fuera Ariadna y quién Teseo (que al final abandona a Ariadna en una isla y ésta se casa con Dionisio con quién tiene cuatro hijos).

Se suele aceptar que la Economía es una «ciencia menor, aburrida y triste», apenas algo más que ideologías y dogmas disimulados tras fórmulas matemáticas, estadísticas y pseudo-teóricas que terminan ignorando la realidad y conformando un lenguaje y un discurso específico sobre ella. Sin embargo, en ese sentido la economía ortodoxa no tiene nada que envidiarle a la mitología griega con sus dioses -como el mercado y el dinero-, sus panteones -como el FMI y el Banco Mundial- y sus relatos sobrenaturales -como el déficit cero y el acabar con la inflación y la pobreza de Macri.

El menú económico argento

En Argentina el tema económico es cotidiano, central y despierta grietas, pasiones y ofuscamientos. Los precios, el dólar, la tasa de interés, los impuestos, la corrupción del poder, las leliq´s y, siempre, la deuda, forman parte activa del menú coloquial argento.

Guste o no, el principal mensaje de la economía occidental es que «todo es dinero, nada es gratis». Y la trampa de la deuda y la necesidad de su pago es parte del mensaje. Por dos motivos al menos: hay que hacer frente a los intereses y existen condicionalidades.

Los intereses vienen torturando las cuentas públicas y privadas. Según el CIPPEC en su informe «GPS del Estado, radiografía y balance de la administración pública nacional 2015-2019», con el macrismo los servicios de la deuda pasaron del 8% sobre el gasto de la Administración Pública Nacional al 18%. Más que se duplicaron. En cambio, el gasto social apenas creció (pasó del 60% al 63%).

El agobio alcanza a las empresas (que dedican promedio el 15% de sus ingresos brutos al pago de amortizaciones, intereses y gastos financieros) y a las familias (con una incidencia del 10% entre bancos y tarjetas).

Las condicionalidades son enemigas de la independencia económica y, por ende, del bienestar de los pueblos. A los Estados se les exige que deben ajustar sus cuentas fiscales y tender al déficit cero relegando el empleo; a las PYMES que cedan sus activos a altos costos y se olviden de la productividad real; a las familias que paguen el mínimo de la tarjeta y comprometan los bienes personales de sus integrantes. La deuda es un requerimiento global.

 

La deuda no es invento argentino

Claro que la deuda no es un invento argentino. La actualización de la deuda mundial total (pública más privada según datos oficiales del FMI) era de u$ 188 billones a finales de 2018, es decir, u$ 3 billones más que en 2017 (ese crecimiento de la deuda mundial equivale a más de seis veces el PBI de Argentina). La relación deuda/PIB media a escala mundial (ponderada en función del PIB de cada país) aumentó a 226% en 2018. Como debemos algo más del 110% del PBI, !todavía podríamos duplicar esa deuda para alcanzar al promedio de la economía mundial! No estamos lo suficientemente endeudados.

Como referencia, el coeficiente de endeudamiento total de China llegó al 258% del PIB al final de 2018. Es decir, igual que el de Estados Unidos y no muy alejado del promedio de las economías avanzadas, que es de 265%.

Nuestra Ariadna, la historia, puede identificar algunos hitos en el hilo mágico de la deuda:

En su origen fue el imperio inglés

La Baring Brothers & Co de Londres, en 1824 con el empréstito de un millón de libras esterlinas (£) a la provincia de Buenos Aires para obras de aguas corrientes y desagües pluviales y mejoras en el puerto. Entre intereses adelantados y comisiones a intermediarios sólo llegaron £ 540.000.-. Se empeñaron bienes, rentas y tierras como garantía de pago. La deuda no se usó para obras, sino para importar mercancías inglesas y cubrir el déficit inflacionario del Banco de descuentos a tasas más bajas que las que se pagaban a la Baring.

Los servicios de la deuda equivalían al 120% de la recaudación y el déficit triplicaba a ésta. La cancelación de la obligación pudo concretarse recién en 1947 con el gobierno del Gral. Perón y las sumas abonadas a lo largo de los años llegaron a superar ocho veces el importe recibido.

Argentina iniciaba su romance con la deuda.

Eligiendo la madama

Argentina ingresó al FMI en 1956 tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, quien impulsaba la necesidad de la independencia económica. El gobierno militar de Aramburu inicia la dependencia financiera y desarrolla una política exterior para alinearse a los Estados Unidos.

El FMI otorga al país un crédito de u$ 75 millones -al que se adicionan préstamos de bancos y empresas norteamericanas por u$ 180M, con lo que se inicia una cadena de préstamos que se perpetúa en el tiempo.

Argentina opta por el camino de la deuda.

Las armas que confían en la deuda

Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), el monto de la deuda creció a una tasa acumulativa del 70% anual y se quintuplicó pasando de u$ 7.800 millones a u$ 43.600 millones. En tanto, no se registró crecimiento del PBI. Esa política de valorización financiera acentuó la fuga de capitales, facilitó la compra de armas, justificó altas comisiones por las negociaciones para contraer deuda y permitió la estatización de la deuda privada. Ese ambiente delineó el término «patria financiera».

Martínez de Hoz alentó el endeudamiento externo de las empresas a tasas bajas, para luego valorizar esos fondos en un proceso de plata dulce: la «bicicleta financiera». Los bancos internacionales ofrecían créditos a una tasa de interés menor al 6% que a comienzos de los ochenta subió a más del 16% debido a cambios en la economía mundial. Posteriormente, el estado nacional se hizo cargo de la deuda externa privada comprometiendo al conjunto de la sociedad argentina.

Argentina convive y procrea la deuda.

La democracia que ama la deuda

Argentina se siguió endeudando en el gobierno de Alfonsín (1983-1989) para cubrir desequilibrios en sus cuentas fiscales y en la balanza comercial. La deuda de u$ 45mM a u$ 65mM sin mejoras en las variables económicas del país.

La etapa se conoce como década de la crisis de la deuda. Afectó a los principales países deudores y nació con la interrupción de pagos de México en 1982, seguido por Argentina y Brasil.

Los organismos internacionales advirtieron que el incumplimiento de los países endeudados generaba un riesgo significativo para los bancos de los países acreedores. Los planes de ajustes recesivos habían fracasado. Los economistas planteaban un debate: se trataba de problema transitorio de iliquidez o un tema estructural de insolvencia. Las soluciones diferían, pero las ideas neoliberales instalaron la necesidad de reformas de largo plazo con apertura a los mercados internacionales en los que los países centrales (acreedores) imponían condiciones de desarrollo a los países periféricos (deudores).

Argentina legaliza su relación con la deuda y acepta su condicionalidad globalizada.

El oxímoron del «populismo neoliberal»: con la deuda a la cabeza o con la cabeza de los deudores.

La década del ’90 -gobierno de Menem- marcó un ciclo financiero que triplicó el endeudamiento del 31 por ciento del PBI al 56 por ciento en el 2001, sin mejoras en los indicadores socioeconómicos. La deuda pasa de u$ 65 mil a más de u$ 150 mil millones de dólares.

Con la convertibilidad ($ 1.- = u$s 1.-) se consolidó el ciclo de valorización financiera iniciado en 1976 al compás del aumento del endeudamiento. Los dólares fugados retornaron para la privatización de empresas públicas como repatriación de capitales. Las ganancias extraordinarias en dólares fueron garantidas por la desregulación y giradas al exterior. Ese saldo negativo en la balanza de pagos y el endeudamiento generó más egresos por los pagos y servicios de la deuda produciéndose un cuello de botella financiero.

La estrategia, iniciada en la dictadura y consolidada en la democracia, consistió en contraer deuda externa y lograr fondos que se valoricen. Esa operación la canalizaban grupos económicos y empresas transnacionales y fue posible por la diferencia de las tasas internas respecto de las internacionales. La apropiación de esos beneficios por el capital concentrado la pagaba la población. Se suma a ello la transferencia directa de activos mediante la privatización de empresas públicas tras una larga campaña de desprestigio de estas.

El endeudamiento de la última dictadura y los años noventa tuvo como finalidad capitalizar a los grupos económicos concentrados, generando una importante privatización y extranjerización de la economía.

La deuda en Argentina se fuga y se hace promiscua.

El desafío de desendeudar: un flaco contra la corriente.

Néstor Kirchner (2002-2007) inició una política financiera anticíclica a partir de las mejoras en los precios de los commodities. Canceló la deuda con el FMI y liberó al país de las condicionalidades imperantes. Se inicia una alternativa de independencia económica, un ciclo denominado «vivir con lo nuestro» (Ferrer, 1983).

Cristina (2007-2015) continúa esa política. El porcentaje de la Deuda en el PBI era de 139,5% en 2003 y en 2015 (último dato oficial disponible), de 45,6 por ciento.

La deuda en Argentina sale del escenario.

El padre putativo de la criatura: procrear fondos buitres para no abortar la deuda.

El gobierno neoliberal de Macri (2015-2019) adopta el endeudamiento como fórmula para cubrir su déficit y permitir la fuga de capitales. Argentina se transforma en el país más endeudado de la región. Según los datos ajustados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la proporción de la deuda pública argentina alcanzó el 97,7% del PBI a mediados del 2019, cuando en 2015 el porcentaje era del 45,6%.

No sólo eso. Reconoce y paga los saldos de los fondos buitres instalando una seria limitación a las negociaciones del futuro. La trampa ha dado resultados.

Argentina se entrampa en la deuda inacabable.

La convivencia de la deuda y su pago con los populismos -principalmente para el peronismo- es traumática y contradictoria. Combatiendo al capital tiene que reconocer la necesidad de capitales del exterior y la actual dependencia de la deuda. El vivir con lo nuestro se hace difícil en el contexto dependiente de la financierización. Los capitales tienen allanado el camino legal en jurisdicción extranjera. La deuda es un instrumento del gobierno de los mercados y los reformismos se hacen insuficientes. La población empezará a sentir los efectos del ajuste sin una reducción de la deuda y sus intereses.

En un país en recesión pagar la deuda implica un simulacro, hacer como que pagamos, aunque mientras tanto se reduzcan la asistencia social, las jubilaciones y las expectativas de desarrollo -inclusive los niveles salariales. Si no se logra el trípode mágico (quitas de la deuda, reprogramación de vencimientos y baja de la tasa de interés) habrá que adecuarse a una verdadera economía de guerra con niveles de austeridad fiscal, empresarial y familiar que pueden cuestionar la viabilidad democrática. Y abrir el camino al retorno de lamentables experiencias neoliberales.

La enseñanza de la historia

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Nicolás Maquiavelo tenía una concepción cíclica de la historia. De allí que en la dedicatoria de su libro El Príncipe a Lorenzo de Médici, afirma que lo escribe tras “una larga lectura de las cosas antiguas y una larga experiencia de las cosas modernas. De todo esto, meditado y examinado con detención escrupulosa, he formado un pequeño volumen”.  Y en su Discurso sobre la Primera década de Tito Livio afirma que “los hombres nacen, viven y mueren sujetos a las mismas leyes naturales”.

La conclusión principal que se desprende para Maquiavelo de la lectura de la historia es que “quienquiera compare el presente al pasado verá que todas las ciudades, todos los pueblos siempre han estado y están aún animados de los mismos deseos y los mismos humores.” (Discursos: Libro I, cap. 39). Maquiavelo cree descubrir similitudes en las situaciones más diversas y encuentra en las características básicas de la condición humana el elemento estable y permanente que confiere inteligibilidad a los procesos históricos, por lo que deben examinarse con diligencia las cosas del pasado y con ello prever lo que ocurrirá en el presente y en el futuro. Por eso propone usar los métodos de los antiguos o imaginar nuevos según la similitud de los acontecimientos, “estudios rara vez emprendidos y siempre ignorados por los que gobiernan, por lo cual siempre vuelven los mismos males” (Discursos: Libro I, cap. 39). “Los hombres prudentes suelen decir con razón, que para prever el futuro hay que consultar el pasado, pues los acontecimientos del presente encuentran siempre en ese pasado su correspondencia. Realizados por hombres que están y que siempre han estado animados de las mismas pasiones, deben necesariamente producir los mismos efectos.” (Discursos: Libro III, cap. 43).

En El Príncipe escribe: “El fin del pueblo es más honesto que el de los ricos y poderosos, ya que estos quieren oprimir y aquel no ser oprimido. Además, si el pueblo le es enemigo, jamás puede un príncipe asegurarse ante él, por ser demasiados; de los grandes sí que puede, pues son pocos». Pero a continuación relativiza el peligro y dice: “Lo peor que puede esperar un príncipe del pueblo es verse abandonado por él, pero si sus enemigos son los ricos y poderosos, no solamente ha de temer que lo abandonen, sino incluso que se vuelvan en su contra”.

Si todo lo que afirma el gran florentino es cierto, entonces el gobierno de Alberto Fernández debe abrevar en las negociaciones de la deuda que se realizaron en los años 2004 y 2005, que se plasmó en el Decreto 1735/2004 firmado por Néstor Kirchner, el mismo Alberto Fernández y Roberto Lavagna, estableciendo los alcances, términos y condiciones del proceso de reestructuración. Pero también en las consecuencias que implican el accionar de los llamados fondos buitre, que en la mayoría de los casos no le prestaron un dólar al país pero sí compraron a precio vil los títulos de deuda argentinos ante el incumplimiento del contrato.

Los grandes bancos y fondos de inversión aprenden de la experiencia y, ante la cláusula según la cual si el 75% de los acreedores aceptan la reestructuración y/o canje de títulos de deuda, el resto debe acatar el acuerdo, ellos van a poseer el 25,01% de las acreencias de manera tal que toda decisión deba pasar por su tamiz.

Lo demostró el fondo Fidelity, que administra fundamentalmente un sistema de capitalización de retiro y/o jubilación principalmente en los EE.UU. y que poseía —directa o indirectamente— más del 25% de los Bonos BP 21 que vencieron el lunes 27 de enero de 2020, por un valor total de 249.975.000 dólares. Había un plazo de 10 días corridos para no incurrir en default, que se cumplía el miércoles 5 de febrero de 2020.

El día 4 de febrero el Gobernador Axel Kicillof dijo que iba a pagar la totalidad del vencimiento más los intereses, suma que debe detraer de los escasos recursos de la provincia y que implica un menor gasto en obra pública y en las prestaciones de salud, educación, asistencia social, etc. Primera enseñanza: se debe saber a ciencia cierta quiénes y qué porcentaje del título tienen en su poder.

No otra cosa han venido realizando los principales acreedores de la deuda de la Administración Nacional Argentina, ya se trate de Black Rock, Franklin Templeton, PIMCO, Greylock, etc. e incluso con las deudas de las provincias, como se demostró en el caso antedicho y la conducta del Fondo Fidelity. Conscientes de la inminencia del fin del gobierno de Macri, mientras otros inversores trataban de salir de las posiciones argentinas, ellos compraban a precios muy por debajo de su valor nominal, con lo que se explica que, pese a las fuertes órdenes de venta en los mercados internacionales, no derrapara aún más el importe de los bonos de deuda (si en promedio, en los primeros días de diciembre de 2019 los títulos públicos valían un 45% de su valor nominal).

Ese es el verdadero estado de situación y esos acreedores tienen un solo fin: maximizar sus ganancias a como dé lugar. Lo demostraron en su momento los fondos buitre cuando tras ser aprobado su pago por el Congreso de la Nación a comienzos de 2016, con el pretexto de que ello permitiría la reinserción de la economía argentina en el mercado de crédito mundial, llegaron a tener una ganancia hasta de un 1.180% sobre el capital invertido, Nuestro país hasta pagó los honorarios legales de la demanda, como es el caso del fondo NML Eliott de Paul Singer, según demostraron Joseph Stiglitz y Martín Guzmán en el artículo que publicaron en el New York Times el 1 de abril de 2016.

 

 

 

¿Cuántas divisiones tiene el Papa?

Cuenta la historia que poco después de que Alemania restableciese sus fuerzas aéreas e implantase el servicio militar obligatorio, en mayo de 1935 el canciller francés Pierre Laval acudió a Rusia para firmar un tratado de solidaridad entre ambos países. Laval explicó con cuántas divisiones militares podría defenderse Francia de Alemania. Luego le pidió a José Stalin que se rebajara la presión sobre los católicos rusos, ya que eso ayudaría al gobierno de París en sus relaciones con el Papa. Fue en ese momento cuando Stalin formuló la pregunta del subtítulo.

Salvando el tiempo y la distancia uno no niega la importancia del gesto del Papa Francisco, ni tampoco de las autoridades de España, Francia y Alemania. Pero el problema de la deuda es concreto, se debe establecer un plan de pago con la más amplia mayoría de los acreedores y de cada título emitido o se va a un nuevo default, con las consecuencias presentes y futuras que ello implica.

Los acreedores de nuestro país solicitan al gobierno un plan integral como base de cualquier acuerdo. Afirmar que la única condición para poder pagar es postergar los pagos de la deuda por algunos años no resultará suficiente para que los bonistas acepten un acuerdo.

De nuestra parte, los acreedores deben saber que el país está dispuesto a defaultear si no le aceptan un plan que como se dejó trascender, tenga un período de gracias apreciables (el trascendido dice cuatro años) y una tasa máxima de interés del 6%. Debería verse cuál es el plan propuesto de amortización del capital y con ello se tendrían los plazos finales del pago de la deuda.

Obviamente que el default implica que, en todos los casos de títulos de deuda bajo jurisdicción extranjera, se iniciarían juicios sumarísimos como el que realizaron en el Juzgado del Juez Thomas Griesa en el Distrito sur de Nueva York en  2012. Su sentencia fue convalidada el 14 de junio de 2014  por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. al no tratar el caso argentino.

Hacia el futuro, el hecho de que el país haya incumplido con los pagos en diversos tramos de su historia hace que los banqueros y fondos de inversión le presten a la Argentina, pero a una tasa muy superior a la que obtienen los países vecinos de la región.

Se debe dar fin a este tormento. La propuesta debe ser lo suficientemente buena para que el país vuelva a crecer y, a la vez, con la capacidad de demostrar fehacientemente que si no se acepta el plan de pagos no hay posibilidad alguna de que se cumpla con los términos contractuales.

Los acreedores constituyen un enemigo poderoso. Se debe comunicar al pueblo argentino el verdadero estado de situación con nombre y apellido de los acreedores, consecuencia de una y otra medida, etc.

Es obvio que existe una sociedad de hecho entre los acreedores de todo tipo y el sector que extrajo del país la suma de 88.371 millones de dólares en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Fuga permitida por el BCRA, que tiene como origen la deuda del Tesoro de la Nación que paga sus compromisos internos (jubilaciones y pensiones, proveedores, contratistas, obra pública, salarios, etc.) en pesos y, le vende los dólares (obtenidos por deuda y otros) al BCRA, que a su vez se los vende a los que detrajeron la suma mencionada.

Maquiavelo le advertía a Lorenzo de Médici que los ricos y poderosos te abandonan y conspiran contra ti.  Y esa conducta se va a cumplir inexorablemente, pero antes van a promover que el gobierno nacional y popular se deteriore día a día al no poder dar respuesta a la población.

Cada demora en dar respuesta al hambre, a la desocupación, a los bajos salarios, a la inflación, a las confiscatorias tasas de interés, que el nuevo gobierno se tome su tiempo para juzgar conductas como el crédito del Banco de la Nación Argentina por 1.350 millones de dólares a la empresa Vicentin cuando la misma está al borde de la convocatoria de acreedores; caso del Correo Argentino, la irregular compra de parques eólicos, la venta de la autopista Ausol y la suma de las 144  causas abiertas contra el gobierno de Cambiemos, mientras Amado Boudou sigue preso sin sentencia firme porque puede darse a la fuga, degrada la autoridad del nuevo gobierno.

La contrapropuesta es que se tomen medidas ejemplificadoras, esto es, en el caso de la deuda, se aceptan las obligaciones y se negocia con los “bonistas”, pero paralelamente se audita a donde fue cada dólar tomado de deuda. No es imprescindible que primero se audite y después se pague. El gobierno asume los compromisos firmados por el gobierno constitucional de Macri, pero eso no impide investigar a donde fueron los más de 129.000 millones de dólares en que se endeudó la administración de Cambiemos y que se determinen responsabilidades

Maquiavelo ponderaba a Cesar Borgia porque sus medidas, arriesgadamente pensadas, dejaban al pueblo “satisfecho y estupefacto”. Con convicción, inteligencia, información y organización se logran los resultados

Maquiavelo termina así El Príncipe: “No se debe, pues, dejar pasar esta ocasión para que Italia, después de tanto tiempo, vea por fin a su redentor. No puedo expresar con cuánto amor, con cuánta sed de venganza, con cuánta obstinada fe, con cuánta ternura, con cuántas lágrimas, sería recibido en todas las provincias que han sufrido el aluvión de los extranjeros. ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué pueblos le negarían obediencia? ¿Qué envidias se le opondrían? ¿Qué italiano le rehusaría su homenaje? A todos repugna esta dominación de los bárbaros. Abrace, pues, vuestra ilustre familia esta causa con el ardor y la esperanza con que se abrazan las causas justas, a, fin de que bajo su enseña la patria se ennoblezca y bajo sus auspicios se realice la aspiración de Petrarca: la virtud tomará las armas contra el atropello; el combate será breve, puesto que el antiguo valor en los corazones italianos aún no ha muerto”.

https://www.elcohetealaluna.com/author/horacio-rovelli/

La hora de la deuda III: palabras amables y hechos duros

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El Presidente de la Nación ha concluido su gira diplomática por Europa Occidental, a la vez que el ministro de Economía desarrolló su intervención en el foro económico convocado por El Vaticano ante diversos representantes de las finanzas globales, el FMI y el propio Papa.

Los resultados del periplo sin duda fueron positivos. Los mandatarios de Alemania y Francia verbalizaron su respaldo a la negociación que la Argentina lleva adelante y el encuentro del ministro Guzmán con la titular del FMI reflejó un marco de entendimiento aceptable.

Sin embargo, mientras esto ocurría en Europa, en Buenos Aires dos hechos marcaron la dureza del poder financiero frente al país.

El primero de ellos fue el fracaso del canje del Bono Dual AF20, cuya oferta solo logró un 10% de aceptación, U$S164 millones frente a un vencimiento total de U$S 1.637 millones. Este rechazo al intento de la Secretaría de Finanzas de la Nación de reperfilar una deuda local que mejore sus vencimientos y reduzca el stock entre un 18% y un 33% según la especie ofertada, expresa la presión de los fondos de inversión tenedores de esos títulos, algunos muy cercanos al ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, como Templeton y BlackRock.

El gobierno nacional se verá obligado a realizar una nueva oferta, esta vez de Letras del Tesoro (LETES), el próximo martes a fin de impedir una emisión monetaria cercana a los $95.000 millones para cubrir el vencimiento y el fallido canje.

El segundo caso, también grave por lo emblemático antes que por lo cuantitativo, fue la rotunda negativa de los tenedores de bonos emitidos por la Provincia de Buenos Aires BP21, a prorrogar por escasos 90 días el vencimiento de un servicio de apenas U$S256 millones.

El esfuerzo del gobernador Axel Kicillof por sancionar una ley impositiva que permita recuperar la recaudación perdida por el gobierno provincial anterior sin incidir a los contribuyentes de menor capacidad, y a la vez contar con los recursos para afrontar el año 2020, reparando la grave situación social recibida, fue mellado por la intransigencia de los agentes financieros.

Es inexplicable que los tenedores de bonos provinciales no hayan accedido al razonable planteo de la gobernación casi tanto como las declaraciones desafortunadas de los ex ministros de la administración Vidal, que festejan las consecuencias del desastre que provocaron.

El comportamiento de los mercados, contrastante con el accionar diplomático, abre interrogantes sobre cuál será la postura de los operadores de Wall Street frente a la oferta que pueda realizar Argentina el mes próximo.

Decíamos en la columna anterior, que el FMI aparece representado hoy con una burocracia asustada, consciente de los fallos institucionales cometidos en el apoyo al gobierno de Macri, y a la espera del pronunciamiento de su principal mandante, los EEUU. Pero que, a la vez, los intereses del organismo multilateral tendían a colisionar con los de los tenedores de bonos. Cuanto más dura y beneficiosa para la Argentina sea la reestructuración con los tenedores privados, más recursos se liberarían para afrontar las acreencias con el FMI, es la reflexión de la burocracia del organismo.

Argentina ha apretado el paso de la negociación con un cronograma de resolución en el inmediato bimestre enero/febrero para ingresar a la reestructuración con la deuda en situación normal, “performing”. Un retraso en el cierre agotaría esta posibilidad por la escasez de recursos para continuar atendiendo los servicios. La dureza de los bonistas, además de la mencionada controversia con el FMI, también cabalga en esa urgencia de concluir el esquema de sustentabilidad de la deuda.

El Gobierno ha decidido comprometer su inicio, los habituales 100 días de arranque, en resolver la restricción del endeudamiento para despejar el horizonte de despegue de la economía. Excepto la atención inmediata del grave problema del hambre masiva, ha colocado el resto de la política económica en el “freezer” hasta tanto se cierre la negociación externa en curso.  De hecho, el Ministro de Economía sólo ha abordado el problema financiero.

Diplomacia y tensiones se despliegan en verano, el otoño marcará un nuevo tiempo.

https://www.eldestapeweb.com/nota/la-hora-de-la-deuda-iii-palabras-amables-y-hechos-duros-20202814480