La pandemia generada por el coronavirus Covid-19 plantea una guerra desigual porque no se conoce al enemigo y algo peor, al no haber una vacuna y con las limitaciones sanitarias para enfrentar el problema, tampoco conocemos nuestras propias fuerzas, con quién y con que realmente se cuenta, descartando las defecciones y traiciones de los que utilizan la situación para su propio beneficio.

El sistema político y de decisiones es distinto entre una economía centralizada y el capitalismo de mercado.

Desde Sun Tzu (El Arte de la Guerra, 400 años antes de Cristo)  sabemos que todas las guerras tienen principios y operaciones, de ellos debe rescatarse el de Seguridad, que dice: “Jamás permitas que el enemigo logre una ventaja inesperada”, porque la seguridad protege y preserva el poder de combate. La seguridad resulta por las medidas de comando tomadas para protegerse de la sorpresa, interferencia, sabotaje, peligros y amenazas de vigilancia y reconocimiento, en ese sentido la decisión de realizar una cuarentena y su prolongación hasta el 12 de abril para evitar el contagio del grueso de la población es una medida acertada, por la positiva lo demuestra la ciudad de Wuhan y, por la negativa, las principales ciudades de Europa y de los Estados Unidos.

Otro principio es el de Economía de Fuerza que implica destinar el poder de combate mínimo esencial a esfuerzos secundarios. Los comandantes destinan sólo el mínimo necesario de poder de combate para conformar y sostener operaciones para que puedan concentrar el poder de combate para la operación decisiva. Cuando llega el momento de llevar a cabo la operación, todas las unidades deben tener asignadas tareas por ejecutar. El gobierno cometió un craso error al pagar el martes 31 de marzo de 2020 los intereses de la deuda por 250 millones de dólares para mantener una ficción, dado que se deben afrontar vencimientos en este mes de abril por 506 millones de dólares por los Bonos Globales 2021, 2026, y 2046. Y el jueves 7 de mayo 2020 vence el Bonar 24 por 1.300 millones de dólares, sumas indispensables que se necesitan para comprar equipos y reactivos para atender la pandemia de Covid-19. Nadie puede desconocer que, tras el derrape en el valor de los títulos y valores argentinos antes de la pandemia y sobre todo después, en la gran mayoría de los títulos de deuda argentina con jurisdicción extranjera, los llamados fondos de cobertura o de inversión financiera como BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity, ente otros, tienen más del 25% o del 33% de las acreencias, según el título. De ese modo pueden evitar que se cumpla la cláusula de acción colectiva que hace que si el 75% o el 66% de los acreedores aceptan la propuesta argentina los demás deben también aceptar, con lo que se torna imposible que esos fondos voluntariamente consientan que se les postergue su pago hasta el año 2023.

Igual sucede con la deuda con el FMI. Las declaraciones del equipo técnico del FMI de reconocer la insostenibilidad de la deuda argentina es la base para que no se cumplan los exigentes plazos de tres años para cancelar capital e intereses que el FMI le prestó al gobierno de Cambiemos y que consta en el acuerdo firmado.  Se debe realizar, en el marco de la emergencia sanitaria, un roll over en que el mismo FMI o bien extiende los plazos y condiciones, o le concede nuevos créditos a la Argentina para que a cada vencimiento total o parcialmente pueda cumplir con esos compromisos. Con más razón cuando la deuda con el FMI que es actualmente de unos 44.000 millones de dólares, se va a ampliar porque la Argentina recibirá asistencia directa del FMI por la pandemia del Covid-19, esto es divisas que se emplearán en instrumental médico, medicamentos, etc., para atender la enfermedad que genera el coronavirus.

El mejor escenario es acordar, pero no es lo que quieren los fondos de cobertura, que pretenden activos por la deuda. Para ello van a iniciar juicios en las jurisdicciones extranjeras donde tienen clara influencia, como lo demostraron en el pasado inmediato en el Juzgado de Manhattan Sur con el Juez Thomas Griesa y la Corte Suprema de los Estados Unidos que, el 14 de junio de 2014, confirmó el fallo de Griesa al negarse a tratar el caso argentino.

Si bien la cesación de pagos es indeseada, no implica que cualquier acuerdo sea superior. Si el gobierno argentino, en su estrategia no disruptiva, terminase aceptando una renegociación insostenible, se prolongaría el estancamiento de la economía y el deterioro de las condiciones sociales, un panorama que para pueblo y gobierno va a ser más duro que un default abierto.

El objetivo estratégico para una Nación no puede ser otro que priorizar la emergencia sanitaria para toda la población y, por eso debe usar todos los medios a su alcance para evitar que el virus llegue a los barrios de los conurbanos del país. Si la República Popular China puede erradicar el problema donde se originó, en la ciudad de Wuhan, fue porque no trepidó en usar todos los medios a su alcance para asistir a la ciudad y a los enfermos.

La cuarentena va a ser efectiva en los que la puedan hacer. Incluso habiendo transcurrido 2 (dos) períodos de incubación, abarca a todos los viajeros offshore que retornaron, asegurados y con tranquilidad de aprovisionamiento en sus casas. Pero el mismo INDEC reconoce que 2019 terminó con el 35,5% de la población por debajo de la línea de pobreza y que la situación es peor en los conurbanos de las principales ciudades del país. Se trata de 16.100.000 personas, cuya situación se deteriora por la suba del precio de los alimentos y la pandemia del Covid-19 y que, por sus condiciones de vida y hábitat, no pueden guardar la cuarentena como debe ser.

Allí debe aplicarse a rajatabla otro de los grandes principios, el de Concentración de fuerzas. Concentrar los efectos del poder de combate en un lugar y momento decisivos. Concentrar los efectos en el tiempo y en el espacio implica aplicar los elementos del poder de combate contra múltiples puntos decisivos simultáneamente. Ambos tienen la capacidad de controlar la situación. Se debe aprovisionar de alimentos, equipos sanitarios, agua potable, personal médico y paramédico, de reactivos para determinar quienes son los afectados por el virus para darle el debido tratamiento y, a su vez, posibilitar que el que está sano pueda trabajar. La batalla se decide en esa concentración de tareas y en ese talón de Aquiles de la sociedad. De otro modo se deja librados a su suerte a los que viven del ingreso diario, hecho que será asumido cínicamente como parte de los daños colaterales de toda guerra.

Los Estados, nacional, provincial y municipal deben contar con los recursos y a la vez ser controlados por los beneficiarios.

De dónde se sacan los recursos

Por un lado, volvemos al Bono Patriótico de Carlos Pellegrini, un título a cinco años, que incluso reconozca un interés, pero que le permita disponer al fisco de divisas para comprar en el exterior equipos e insumos (entre ellos los reactivos para hacer la prueba de si se está infectado o no), para armar y equipar las salas de enfermos. Otro en pesos para comprar los insumos que se pueden producir en el país, ejemplo en los Estados Unidos las empresas automotrices Ford, General Motors y Tesla  producen respiradores artificiales.

Basta con los que conforman la lista de la revista Forbes más los que blanquearon capitales en la gestión de Cambiemos para saber quiénes son los argentinos que pueden aportar al Bono Patriótico.

Paralelamente, se le da poder de compra a toda la población mediante la propuesta de Mauricio Prelooker de su libro La Economía del Desastre, en que el Estado Nacional emite un Dinero No Convertible, de curso legal y aceptación obligatoria en todo el país, tanto para el sector público (se pagan impuestos) como el privado, en todas las transacciones en que se compran y venden bienes y servicios de todo tipo, menos las financieras y, obviamente, las cambiarias. No se puede comprar con ellos —y de ahí su carácter no convertible— la moneda local, las divisas extranjeras, los metales preciosos y los títulos y valores de cualquier naturaleza, estatales o privados, así como otros valores (cheques, certificados o no, facturas conformadas, etc.) susceptibles de un descuento bancario, es decir, que puedan ser convertidos en pesos.

Mauricio Prelooker asemeja la inyección de estos fondos en la economía y sin que le cueste al país un solo centavo de intereses, a un enorme autopréstamo que el país se hace a sí mismo, recuperable con el propio aumento del PIB, y al favorecerse las cuentas fiscales, a la par que se apuntala la demanda agregada sin presionar sobre los precios y sobre su conversión en divisas e instrumentos financieros.

El Dinero No Convertible propuesto por Mauricio Prelooker permite expandir la liquidez incrementando la monetización de nuestra economía, con todos los beneficios del rol de dinero como nexo de interrelación e impulso del circuito económico, sin tener que pagar el costo de la constante derivación del ahorro monetario a dólar, y con el menor impacto a los precios dado que impacta más y antes en la producción.

Se debe considerar en primer lugar que es un bono nacional, no provincial, pero es obvio que la mayor proporción del déficit de las provincias va a ser cubierto por la Administración Nacional (así como la moneda no convertible sirve para pagar impuestos provinciales y tasas municipales)

Es cierto que la experiencia de los Bonos Provinciales fue traumática, pero dio una solución a la falta de liquidez y al pago de deudas en los años 2001 y 2002. El objetivo es incrementar el grado de monetización, y que no se convierta esa mayor liquidez en dólares. Con el Dinero No Convertible se le das respuesta a tres problemas a la vez, el trilema déficit fiscal + falta de liquidez y de crédito + fuga al dólar.

La garantía del Dinero No Convertible es la creación de un impuesto nacional que actúe como complemento de los provinciales para garantizar una mayor progresividad y homogeneidad de la carga que permita captar la renta de la tierra. Máxime cuando sabemos que la recaudación del impuesto inmobiliario rural en todo el país el año 2019 es menos del 0,4% del PIB (unos mil trescientos millones de dólares). El nuevo impuesto propuesto abreva en el impuesto inmobiliario que rigió en la provincia de Buenos Aires entre los años 1948 y 1974. En ese período el tributo tenía al propietario como sujeto de imposición, a diferencia del actual  gravamen que grava al objeto, esto es, las tierras y sus mejoras. Hasta el golpe militar del 1955, además, rigió un recargo del 25% en la alícuota cuando el propietario fuese una sociedad anónima y otro 25% si el propietario residía más de tres años en el exterior.

Solo es posible vencer con el debido resguardo y eso implica recursos y paralelamente políticas que garanticen que los trabajadores no pierdan sus empleos, los arrendatarios y propietarios de viviendas no sean desalojados, las empresas eviten la quiebra y las redes económicas y comerciales se preserven.

En situaciones extraordinarias como es esta se requiere de soluciones extraordinarias. William Shakespeare le hace decir al Rey Enrique IV: “Fuertes razones hacen fuertes acciones”. Siempre las acciones más importantes provienen de fuertes motivaciones y la principal es la vida.

La economía del desastre

Empecé esta nota enojada y muy triste. Las pantallas de TV mostraban imágenes desoladoras de un montón de personas agolpándose en la puerta de los bancos. Muchas de esas personas tienen la edad de mis papás o de mis abuelas. Otros son discapacitados. Y había mujeres embarazadas. Los veía agolpándose en plena cuarentena. Un montón de personas que estaban donde no deberían haber estado, en condiciones en las que tampoco deberían haber estado.

Apenas 24 horas después las imágenes son bien distintas. Aún hay gente en los bancos para cobrar su jubilación, pero no están amontonados. Las pantallas los muestran tranquilos, muchos de ellos sentados en sillas dispuestas para esa espera. Y lo que ayer era un caos indignante hoy es un día inesperado de paz. Lo cual demuestra lo que siempre hemos sostenido los peronistas, aquello de que “la organización vence al tiempo” y —lo aprendimos durante estos días— que también vence al virus que circula entre nosotros.

Nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó. Y a estas alturas solo me resta rezar para que no tenga las peores consecuencias, las que nos asustan a todos. Las que no me animo a pronunciar ni a escribir.

¿Qué cambió entre ayer y hoy? Muchas cosas. La primera: la comunicación oficial fue mucho mas clara y precisa. No solo en cuanto a quienes debían concurrir a cobrar, sino también puertas adentro del sistema de gobierno. Algunos funcionarios se enteraron de que hay un mundo real detrás de sus escritorios. Un mundo que requiere que lo conozcan y que tomen medidas adecuadas. Y esto se los dice alguien que hace derecho administrativo desde hace muchos, pero muchos años. Alguien a quien cualquiera de ustedes llamaría, con justo derecho, una gran burócrata.

Se equivocaron, compañeros. Y de la peor forma. No es que no entienda que están desbordados, porque todos lo estamos. No es que no sepa que no hay manual de instrucciones para una situación inédita como esta que atravesamos. Tampoco desconozco que a muchos de ustedes les toca lidiar y ejecutar decisiones con una estructura básicamente desguazada por el gobierno de Mauricio Macri. Una verdadera tierra arrasada, como dice mi amigo Tristán.

Los que me parece menos excusable son los bancos. Que le pagan a jubilados y planes sociales desde hace años. Y que conocían exactamente el alud de gente que una vez por mes se presenta a cobrar las jubilaciones. Y que, aun así, solo tenían habilitadas tres cajas cuando son bancos con 15 boxes de atención.

Se equivocó horrible uno de los mejores y más lúcidos dirigentes sindicales que tiene este país, el secretario general de la Bancaria. Que exigió que el personal bancario no hiciese atención al cliente durante los primeros días de la cuarentena.

También nos equivocamos todos cuando no nos percatamos de las dificultades que tienen las personas mayores con los medios electrónicos de cobro y pago. Que no supimos enseñarles a manejar las herramientas tecnológicas para que no necesiten ir al banco. Y que no entendimos que, para ellos, el hecho de ir al banco y sentirse autosuficientes es uno de los pocos espacios de autonomía de libertad que tienen quienes ya no van a trabajar.

A quienes no imputaría error es a los viejos. Porque todos vamos llegando a la edad donde nos cuesta entender las cosas nuevas o simplemente no nos gustan. Lo dice alguien a quien su sobrina de 4 años le enseñó a manejar un teléfono de pantalla táctil cuando ya bordeaba los 40.

Todo esto mostró con crudeza las cosas a las que nos hemos acostumbrado y que solo nos llaman la atención cuando se tuercen de modo inesperado.

Nos acostumbramos a esperar horas en los bancos. Que tienen 15 boxes y solo atienden en 3. Esperas eternas que toleramos porque de algún modo somos cautivos. Nos hemos acostumbrado a que en esos lugares tan hostiles donde hay atención al público, no haya un solo puto baño para el público. Quien escribe esta nota padece hace años de colon irritable por diversas intolerancias alimentarias y cada vez que me toca ir a un banco, créanme, la paso muy mal. He llegado a pedir el baño, pero siempre me explican que no hay para el publico y me mandan al de un bar. Ayer no había bares abiertos y por ende un montón de personas no tenían baño para afrontar una espera de horas.

También nos acostumbramos a ver viejos parados a la intemperie. Bajo temperaturas extremas de frio o de calor. Sin una silla, sin un té caliente en el frío, sin agua ni sombra en el calor. Sin protección ante la lluvia. Y me pregunto y les pregunto: ¿cómo fue que nos acostumbramos a ver eso sin indignarnos? ¿Cómo?

También nos acostumbramos a que los trámites bancarios además de lentos sean larguísimos. ¿Cuánto demoran en reponer un tarjeta de débito? Infinitamente más que una de crédito, por cierto. Pero además la tarjeta de crédito te la mandan a tu casa, de hecho, te la mandan con extensiones que nunca pediste. Porque la tarjeta de crédito es un negocio para el que sí existen recursos. No así la de débito, salvo que tengas la fortuna de pertenecer a grupo de clientes selectos. Pero, además, nadie te avisa cuando llegó la tarjeta de débito. Te dicen que en una o dos semanas, después vas a buscarla y no llegó, cosa que te enteras después de esperar como mínimo 40 minutos. O vas a los días y te enterás de que llegó, y como no fuiste cuando llegó –como si pudieras adivinar cuándo ocurrió eso— la destruyeron. Y todo el trámite, cargado de incertidumbres y plazos imprecisos, debe comenzar de nuevo.

¿Y la asignación caprichosa de la sucursal donde va a estar radicada tu cuenta? Que es donde al banco se le ocurre y que no tiene en cuenta tu domicilio. Así te pasan cosas como tener un banco a dos cuadras de tu casa y que te manden a la sucursal que está a 25 cuadras. En un banco público hice alguna vez el planteo de lo absurdo que era eso, y encaré el trámite de cambio de domicilio de la cuenta. El resultado fue horrible. Tengo la cuenta sueldo y una de las tarjetas con sucursal en Microcentro y las otras dos tarjetas en una sucursal de Plaza Italia. Me cansé de pelear y dejé de usar esas tarjetas. Pero claro, yo tenía la opción de dejar de usar esas tarjetas porque tenía otras. ¿Y los que no tienen esa opción?

Además yo voy y vengo todo el día, pero quienes son viejos o discapacitados… ¿qué hacen? O mejor dicho, ¿cómo hacen? ¿Cómo los vas a mandar a cobrar a José C. Paz si viven en Del Viso? Absurdo al que nos acostumbramos también, casi sin protestar. Tan mansamente.

Y en parte, señores, eso es culpa de la ley. Hoy a las entidades financieras, esto es los bancos comerciales, las regula una ley que heredamos de la última dictadura militar, la Ley 21526 que se publicó el 21 de febrero de 1977.

Mas neoliberal no se podía y pese a los múltiples proyectos presentados a lo largo de la democracia, en lo que aquí importa ni siquiera han conseguido volver a declarar los servicios financieros como de interés público. Algo que si hacían las legislaciones anteriores (Decreto-Ley 13.527/57 y Ley 18.061), que así los consideraban.

Hace varios años Heller presentó un proyecto declarándolos servicios públicos. Recuerdo haberle dicho a Carlos que lo aprobara y que yo me comprometía a defendérselo luego ante el Poder Judicial. Pero no prosperó. Porque el capital tiene razones que todos entendemos.

¿Qué significa que una actividad sea de interés público? Refiere a determinadas actividades [1] que no han recibido una publificación expresa, pero que son objeto de una intensa regulación interventora de la Administración Pública correspondiente, en cuanto existe en ellas un interés público que se considera debe ser tutelado, pues aunque son «servicios privados», están dotados de una relevancia que trasciende los términos estrictos del interés particular donde solo se encuentran en juego derechos subjetivos privados, y por ello se justifica su dimensión pública. Se trata de actividades claramente servidas por particulares que, al mismo tiempo, son fuertemente intervenidas en razón del hecho que las cuestiones a que se refieren las mismas y que se traducen en un bien o en un servicio, no tienen un interés meramente particular, sino que se excede dicho ámbito, encontrándose comprometido con ello un interés general o colectivo –público finalmente–, con lo que realizan.

Pero ni siquiera eso hemos podido conseguir respecto a los bancos de nuestro país.

Menos aún conseguir que los servicios bancarios sean declarados como servicios públicos. Aun cuando, si así fuese, se solucionarían muchos de los problemas que conté en esta nota. Y tal vez tampoco hubiese sucedido lo que pasó ayer.

Enseña Agustín Gordillo que “la noción de servicio público floreció en Francia, caracterizada como actividad de determinado tipo realizada por la administración, y fue el concepto que sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. La relación con el servicio público era lo que justificaba la competencia contencioso-administrativa, la naturaleza de contrato administrativo que asumían ciertos convenios con la administración, el régimen jurídico del dominio público, etc… Posteriormente la noción fue perdiendo importancia, y hoy en día se supone que sirve para fundamentar un régimen jurídico especial para regir la actividad que se resuelva denominar como tal”.

Pero en los tiempos que corren, ya no todos los servicios públicos son brindados por la administración pública. Así sucede con las telefónicas, por ejemplo. Herencia esta vez de los furiosos ’90, el consenso de Washington, la mucha cocaína, la música electrónica y otras plagas de esos años. Estos servicios públicos en manos privadas son los que se llaman servicios públicos impropios, y se caracterizan entre otras muchas cosas por cumplir una actividad de interés publico esencial y por tener un régimen regulatorio llamado por la doctrina “exorbitante” (definitivamente quien nomina domina, tiene razón aun hoy Ursula K. Le Guin), que refiere a las condiciones que el propio Estado pone a los particulares concesionarios de dichas actividades para que brinden el servicio. Lo vemos todos los días cuando se quejan las empresas porque no pueden aumentar la tarifa de los servicios que brindan.

Los servicios públicos tienen además características distintivas: la Continuidad (por ninguna causa debe ser interrumpida la prestación del servicio), la Regularidad (deben ser prestados conforme las reglas), la Uniformidad o Igualdad (todos tienen derecho a exigir y recibir los servicios en igualdad de condiciones), la Generalidad (todos deben acceder) y la Obligatoriedad (es decir que su prestación es, valga la redundancia, obligatoria).

Claro que estas categorías no son absolutas y están llenas de excepciones, pero delimitan bastante bien que es un servicio público. Aun en estas épocas de servicios públicos impropios.

¿Cómo se transforma una actividad en servicio público o en actividad de interés público? En la Argentina se sigue un criterio nominalista, esto es que un servicio público o una actividad de interés público lo es porque una ley así lo declara. Siempre que haya un interés publico comprometido en dicha actividad y que la ley sea razonable. Por ejemplo Cafiero junior, según mis amigas, involucra un verdadero interés público en sí mismo, pero no podría declarárselo así porque no sería razonable.

¿Estoy pidiendo que declaren los bancos como servicios públicos? La respuesta es NO. Solo estoy recordándole a todos que el Estado cuenta con las herramientas y facultades para exigir que las actividades que hoy son manejadas por manos privadas se cumplan adecuadamente y atendiendo siempre a interés colectivo que le gana por goleada al interés individual. Promoción aplicable entre otras cosas a los servicios de salud de las prepagas, si llegara el caso.

Cuando pase esta emergencia podríamos analizar si el sector bancario no puede ser declarado como una actividad de interés público. Para que ajusten su pauta de actuación a criterios más racionales. Y para que el Estado pueda regularlos con mayor eficiencia.

Y para que nunca más nos acostumbremos, tan mansamente y tan rehenes, a que nos maltraten. Digo esto sabiendo que mi pena y mi enojo no van a curar a nadie ni van a impedir que nadie se enferme. Digo esto sabiendo que el Estado sí puede curar y sí puede impedir que las personas nos enfermemos. Digo esto convencida de que esta emergencia nos demuestra, por si faltaba más evidencia, que el capital tiene razones que la razón sí entiende. Y que tal vez sea tiempo de cuestionarlas.

Bien público

La cerrada defensa que hacen de su propiedad y su renta los agentes económicos más poderosos de la Argentina, en el marco de la pandemia global, induce a pensar que en ese sendero están dispuestos a sacrificar vidas aumentando el número de infectados con tal de que se prosiga con el orden económico vigente y se levante la cuarentena.

Si, tal como lo afirman las fuentes oficiales, el aislamiento es la única vacuna existente y la disposición de cuarentena temprana viene siendo exitosa contra la propagación del virus; ¿por qué levantarla o flexibilizarla a mediados de abril cuando se estima el pico de la epidemia en mayo? Convergen sin duda la presión del bloque primario-financiero, beneficiado durante el macrismo, con el temor a que los costos del freno a la actividad se descarguen sobre los sectores de ingresos medios sino se adoptan medidas profundas de regulación en el terreno económico.

El Gobierno cavila procurando ponderar adecuadamente el mal menor. Es claro que el neoliberalismo es indiferente a los daños humanos de su modelo de acumulación, pero difícilmente un gobierno peronista pueda legitimarse con los mismos. El dilema es serio y la resolución no es fácil.

La tenaz defensa de la renta experimentada en los últimos 40 días se jalona en:

–El fallido paro de la patronales agropecuarias frente a la suba de los derechos de exportación

–Los despidos y suspensiones de trabajadores por parte de empresas de primera línea, forzando un efecto demostración contra el Gobierno por los perjuicios provocados por la cuarentena

–El cacerolazo seguido de una propuesta de rebaja del 30% de los salarios públicos frente al planteo del Presidente de disminución de beneficios empresarios en el actual contexto

A este cuadro de reacciones concretas se le agregan dos hechos trascendentes más que surcaron la semana:

-El fuerte debate irresuelto sobre el rol de interés público del sistema sanitario en su conjunto, integrando los tres subsistemas: estatal, obras sociales y privado.

–El carácter de servicio esencial que tiene la provisión de efectivo y las transacciones bancarias a cargo del sistema financiero quedó evidenciado con dramatismo el último viernes, cuando los más desprotegidos se agolparon en las sucursales, mayoritariamente de bancos públicos, procurando percibir los subsidios y beneficios que les corresponden. Los banqueros privados se presentan al margen de la emergencia, se han negado a prorrogar vencimientos, recortar financiamiento, desembolsar créditos y no ofrecen bocas de atención que permitan descomprimir la demanda del público, -esencialmente del más vulnerable- para cobrar los subsidios definidos por el Gobierno.

Con las familias dueñas de la Argentina y sus socios extranjeros actuando para no ceder un ápice de sus privilegios en un contexto de gravedad extrema, el riesgo de impacto de la recesión sobre los segmentos de ingresos medios y la pérdida de ingresos de subsistencia de los más vulnerables va en aumento.

El Gobierno deberá tomar decisiones y optar más temprano que tarde. El llevar la crisis intentando minimizar costos en salud e impactos económicos puede ser correcto en el inicio, pero con el despliegue del virus ese sendero se angosta y las acciones deben ser más definidas.

Una ruptura de la cuarentena decidida por presión del “mercado” puede exponenciar la propagación del virus y que los muertos se cuenten por decenas de miles, decesos muchos de ellos evitables en el marco de un aislamiento protectivo que impida el desborde el sistema sanitario.

Atravesamos un tiempo en que a escala planetaria se ha puesto en discusión la asignación de recursos por parte del sector privado en los bienes esenciales a la condición humana: salud, vivienda, alimentos y energía. El virus esfumó al “mercado” y los poderosos procuran reinstalarlo sin medir costos humanos.

La Argentina puede estar a la vanguardia de la corriente mundial colocando al Estado como redistribuidor social, como lo hicimos durante el mejor ciclo de gobierno desde los tiempos Perón: el de Néstor y Cristina entre 2003 y 2015. Sólo así habremos vuelto mejores.

https://www.eldestapeweb.com/nota/-quien-se-hace-cargo-de-las-muertes-evitables–20204320150

El presidente Alberto Fernández manifestó con claridad que entre la economía y la vida, elegía proteger la vida de los argentinos y las argentinas.

Esta afirmación es la respuesta a una corriente de pensamiento liberal-conservadora que alientan las élites locales y globales sobre la necesidad de levantar el aislamiento obligatorio y permitir el funcionamiento normal de la actividad económica, como mecanismo para superar velozmente la pandemia en curso con el menor daño socio-económico, aún aceptando el impacto sobre la población más vulnerable.

Lo que oculta este planteo es que en cuestión de meses los infectados se contarían por millones y los muertos por colapso del sistema sanitario sería decenas de miles.Eso sí, los trabajadores que arriesgarían su salud para sostener “la economía” proporcionarían las ganancias habituales a las empresas beneficiadas de su trabajo.

Se desata entonces, una pulseada entre los trabajadores atenazados entre proteger su salud y la de su familia o percibir el ingreso necesario para el sustento diario y las exigencias de vuelta a las tareas de los agentes económicos. Hacia ese lugar pretende llevar la discusión el poder económico.

El Gobierno ha tomado posición y decisiones que procuran cuidar la salud del pueblo y atenuar la caída de ingresos, ponderando a diario la evolución de la crisis y sus impactos. Cuanto mayor sea el período de aislamiento, más profundas deberán ser las acciones de mitigación.

Ahora bien, el virus ha instalado a escala planetaria un conjunto de discusiones que hasta el presente y desde la crisis del 2008 se hallaban sumergidas y ahora han irrumpido en la superficie ante la angustia desoladora que la pandemia provoca en todas las sociedades.

El primero de ellos es el cuestionamiento frontal a los agentes económicos de continuar haciendo negocios con necesidades básicas de las personas. Con nitidez ha emergido que la educación, la salud, la vivienda, los alimentos y la energía no son bienes de mercado sino atributos esenciales de la humanidad y por lo tanto el Estado debe garantizar su abastecimiento universal. Se evidenció que no es una opción recibir atención médica o morirse, según lo decida la asignación de recursos hecha por el mercado.

Este es el temor más profundo de las élites: la irreversibilidad de estos planteos en el futuro una vez instalados y la consecuente pérdida del control social sobre el proceso económico. Además, la pérdida de liderazgo y legitimidad de esas élites es elevada al carecer de propuestas de integración social.

En los hechos, salida de la crisis del 2008 sólo habilitó la conformación de una nueva “burbuja” de precios de activos financieros sin sustento en la economía real, que nuevamente acaba de explotar motorizando los mismos esquemas de salvataje de hace una década. El capitalismo sólo parece ofrecer especulación financiera.

El “no parar la economía” es en realidad continuar con el presente esquema de funcionamiento y no garantizar vidas ni derechos en el marco de la crisis.

El otro punto que se ha abierto al debate es el del impacto material de la pandemia y quién lo soporta. Quienes han venido perdiendo desde hace tiempo, al menos desde el 2008 en el planeta y desde un lustro en Suramérica, no parecen dispuestos esta vez a afrontar el costo de esta crisis, y de hecho la mayoría de los líderes políticos se manifiestan y actúan en un sentido de convalidar el reclamo de las mayorías con más presencia del Estado.

Nuevamente para las élites, la preocupación no son las pérdidas coyunturales que perfectamente pueden soportar sino el cambio de paradigma que este derrotero encubre. Por ello presionan para la ruptura de la cuarentena

Se agrega que las naciones que se visualizan enfrentando la situación con solidez y medios son aquéllas de Estados fuertes e intervencionistas: China, Rusia y la puesta en valor mundial del sistema sanitario implementado por la Revolución Cubana a pesar del brutal bloqueo estadounidense de seis décadas.

La “economía” no debe pararse, debe seguir funcionando, abasteciendo las necesidades esenciales de los ciudadanos, algo que sólo puede hacerse desde un control centralizado del Estado de los medios de producción y prestación de servicios básicos y universales. Aquéllos que nunca provee el mercado, al menos para todos y todas.

https://www.eldestapeweb.com/nota/rentabilidad-empresarial-o-vida-de-los-trabajadores-202032720320

La historia de la salud pública muestra ejemplos de cuán difícil es controlar una pandemia, especialmente cuando la infección se propaga con la rapidez del Covid-19, no se tiene ni se cuenta con un conocimiento acabado de cómo se contagia, no hay tratamiento ni vacunas efectivas, la incertidumbre y el temor social se agigantan y no hay pautas claras de cómo actuar. De allí la medida elemental y necesaria  de la “cuarentena”  y el aislamiento de afectados, que conforma una de las pocas estrategias efectivas. Pero no puede ser eterno, porque en nuestro  país (y en mayor o menor medida en todo el mundo), si no se trabaja, no se come.

La disyuntiva es por cuánto tiempo y cuántas personas pueden guardar cuarentena, y más cuando no se puede precisar el lapso necesario por el propio proceso de contagio. Lo critican al Presidente Andrés López Obrador, pero gracias a las políticas liberales de flexibilidad laboral y según estadísticas oficiales de México, el 85,6% de la ocupación se desempeña en microempresas con 10 o menos empleados donde trabajan sin contrato el 67,8% del personal y el Estado federal no cuenta con medios para atender las necesidades mínimas de casi 25 millones de trabajadores con sus respectivas familias, que están en esas condiciones.

En los EE.UU. al día 26 de marzo, los pedidos de asistencia por desempleo alcanzaron los 3.450.000 personas, superando en cinco veces a la crisis de 2009 que fue de 665.000 trabajadores. Esa Nación cuenta con importantes recursos y emite dólares, pero por la lógica de mercado no puede contener a millones de parados por un lado y, por otra parte, al ser su sistema de salud esencialmente privado (bajo la misma lógica), no tiene forma de frenar la pandemia que hasta ahora se ha desarrollado esencialmente en los sectores altos y medios de ese país, superando los 1.000 muertos y con decenas de miles de infectados.

El Covid-19 puso en descubierto, en todos los países que se basan en la lógica del mercado, la precariedad de la salud pública y la ausencia del Estado y de la planificación, con un “mercado laboral” desregulado, precarizado y mercantilizado en extremo, con niveles de desigualdad y pobreza económica, habitacional y energética que conforman el eslabón más débil de la sociedad.

Los países desarrollados que cuentan con recursos toman medidas de emergencia económica, social y sanitaria. En los EE.UU., el proyecto de ayuda superará los 2 billones de dólares (más de cinco veces y media el PIB argentino) y tiene tres componentes: pagos directos por 1.200 dólares mensuales para trabajadores, ampliación de los beneficios por desempleo y un pago adicional de 500 dólares por hijo; un fondo de 500.000 millones de dólares para las empresas, de los cuales unos 75.000 millones se aplicarán a actividades específicas ligadas al turismo, como las aerolíneas y hotelería; y un programa de préstamos para las pequeñas y medianas empresas por 367.000 millones de dólares para que los pequeños negocios sigan pagando salarios mientras se obliga a sus empleados a quedarse en casa.

En Europa, otro tanto. En Italia al día 26 de marzo hay 8.165 fallecidos y 80.539 infectados. España registra más de 4.300 muertos y supera los 57.600 contagios. En ese marco, el Banco Central Europeo emite euros por 750.000 millones y los distintos gobiernos reasignan recursos para asistir a los enfermos y sostener a la mayor parte de sus trabajadores que se queden en sus casas.

Pero ellos, mal o bien, pueden hacerlo. No es el caso de la Argentina, con los gravísimos problemas de vivienda y desempleo y precariedad laboral que se refleja en que el 35,4% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, con cinco millones de monotributistas, 4.800.000 trabajadores en negro y 1.900.000 desocupados, que viven del trabajo diario.

Hay que pre­ser­var los in­gre­sos de estos trabajadores y para ello se requiere que el Estado —nacional, provincial, municipal— les genere asistencia médica y alimentaria. Para que con los debidos controles sanitarios y aplicación del test sobre el Covid-19 se generen puestos de trabajo y su correspondiente pago y que los trabajadores se organicen por barrios, por cuadras, por tareas, etc. Los recursos están. Hay alimentos, vestimentas, medicamentos, instrumentos de trabajo, personal médico y paramédico, y si no lo hay en cantidad suficiente se los produce: es una economía de guerra y se deben movilizar todos los recursos, con desgravaciones impositivas, de aportes previsionales, de colocación de bonos, cheques, pagarés, vales estatales que superada la crisis el Estado nacional va a cancelar. La utilización de moneda no convertible en divisas y demás activos financieros debe emplearse para pagar impuestos, tasas y comprar los bienes e insumos más indispensables, como fueron las monedas provinciales en la crisis de los año 2001 y 2002.

China y las economías de decisiones centralizadas

El problema de Covid-19 se origina en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China. En dos semanas en esa ciudad se construyeron dos hospitales nuevos de 1.200 camas uno y 1.500 camas el otro, movilizando grandes máquinas y gran cantidad de trabajadores, a quienes equiparon y dotaron de 450 médicos y de diez veces esa suma en personal paramédico. Fallecieron por el Covid-19 solamente en esa ciudad 2.524 personas y 3.160 en toda la provincia de Hubei. Por otra parte, el número total de infectados diagnosticados en toda China desde el inicio de la pandemia es de 81.171, entre los que han perecido 3.277 personas. También se ha dado de alta a 73.159 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.

Las autoridades sanitarias de la República Popular China decidieron levantar el 8 de abril la cuarentena a los habitantes la ciudad de Wuhan.

Si uno se detiene unos segundo a pensar cómo hizo China, la combinación no puede ser más elemental y lógica: planificación y trabajo. Un Estado fuerte que piensa y que tiene como principal objetivo la grandeza de su Nación, que en este caso puntual llevó a reasignar todo los recursos posibles para resolver el tema sanitario.

Si uno estudia cómo se gesta la inversión en China, el rol del capital trasnacional y un Estado presente, ve detrás una gran planificación estatal, que como todo plan debe tener objetivos claros y precisos. Es lo que le permite, paralelamente a ocuparse del problema sanitario y ante la fuerte baja en el precio de las acciones de empresas trasnacionales en ese país, que el Estado chino las compre con lo que se convierte en el accionista mayoritario de las empresas construidas por europeos y estadounidenses en su país.

EE.UU. y los países desarrollados tienen muchos más recursos, pero no cuentan con un Estado que planifique y trabaje por el bien común. Cuentan en cambio con especuladores de todo tipo que se beneficiaron con el derrape de los precios de los títulos y acciones para quedarse por menos de la mitad con algo que vale el doble. A esas conductas no se les ponen límites, al contrario: se las toma como lógicas y hasta correctas.

No digo que sea fácil vivir en China, pero sin haber descubierto la vacuna, le ha puesto un freno a la pandemia. Desgraciadamente, en el autodenominado «mundo libre» los muertos y los infectados se van a contar de a miles, mientras que los efectos del descenso de la actividad económica en su magnitud y en su prolongación en el tiempo serán desconocidos. Ni tan siquiera en esos países ricos se puede garantizar un testeo masivo de la población, que hace imposible saber cómo evoluciona el contagio del virus, mientras en Wuhan a partir del 8 de abril el Estado otorga “códigos verdes” a sus habitantes.

En la Argentina

El Estado bajo la conducción del Presidente Alberto Fernández y de un equipo en salud que no dudó en convocar a los principales sanitaristas e infectólogos del país, enfrenta la pandemia que al día 26 de marzo reconoce 12 muertos y 589 contagiados. Rápidamente se declaró la cuarentena y se compraron equipos para hacer frente al problema sanitario, centrando más en la prevención, tarea que debe apuntalarse con imprescindible testeo médico.

Se dotó de recursos al Ministerio de Desarrollo Social, a los gobiernos provinciales y a las intendencias para la compra de comida y asistencia a los comedores y viandas; paralelamente se compran materiales y herramientas para realizar tareas comunitarias, que siempre son insuficientes ante la magnitud del problema y la precariedad desde donde se parte.

A eso se le suma el auxilio a los cuentapropistas —monotributistas y trabajadores informales— con un bono extraordinario de 10.000 pesos que se hará efectivo en abril e implicará una inyección de unos 40.000 millones de pesos por mes para asistir a cuatro millones de personas en una segmentación hecha por tasa de pobreza e imposibilidad de reemplazar la actividad con teletrabajo.

Como lo dijo el Presidente, las dos variables para que no se profundice el problema y la pobreza son los precios de los alimentos y su abastecimiento y mantener las «changas», el trabajo informal.

Todos saben que si el tema se prolonga, la cuestión social en los Conurbanos de las grandes ciudades del país se tornará crítica.

También saben —el suscriptor a El Cohete a la Luna Hernán, de Rosario, nos los recuerda— las medidas adoptadas en los EE.UU. en la crisis de 1930 por el Presidente Franklin D. Roosevelt en el New Deal, donde se aplicó por ejemplo la Ley de Adaptación Agrícola y el apoyo a desempleados a través de los Estados de ese país, para generar trabajos en la construcción y reparación de carreteras, adecuación y mejoras de colegios, jardines, juzgados y otros edificios públicos que nosotros podríamos extender a viviendas, red cloacal, de agua, de gas, etc. Los recursos están, como dijo en su discurso ante la pandemia el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele: “Ustedes se privan de una parte de lo que les sobra y el pueblo se priva menos de lo que le falta”.

Si no se trabaja, no se come

La monetización es el proceso tecno-socio-económico por el cual la naturaleza y las acciones humanas pueden expresarse como mercancía factible de ser transada en un mercado. Las monedas metálicas (oro y plata) pasan a ser resguardos patrimoniales y el resto se convierte en papel moneda, un dinero fiduciario (legal) que posibilita el sistema de precios. Hoy no existe papel moneda que no refleje sino el poder político del emisor.

Por otro lado, el dinero es -como el número- una categoría del pensamiento. Pensamos en dinero y en números porque aceptamos que el dinero es todas las cosas, todas las acciones, todos los hechos. Por eso salvamos a los bancos antes que a los indigentes y aparece disonante quién se anima a pensar y ejecutar como política una salud pública preferente a la economía.

El trabajo humano se monetiza mediante el salario, así como tanto la naturaleza como la tecnología se dinerizan a través de los precios de los bienes, de los servicios y de los royalties. El capital se monetiza por la tasa de interés, y el Estado por los impuestos. Lo único acumulable es el capital financiero.

Los clásicos -el viejo Marx en El Capital, Tomo I; por ejemplo y con pasión-anticipaban la monetización de todo lo existente, así como que la expansión del crédito dinerario y las finanzas iban a producir cambios radicales en las relaciones económicas y sociales de la modernidad. La acumulación da lugar al atesoramiento de monedas que caracteriza a la sociedad financierizada actual.

Cómo se monetizan las pandemias

Desde el punto de vista epidemiológico las pandemias forman parte de las calamidades que a partir del origen de la historia azotan a la humanidad bajo la forma de pestes, enfermedades, contagios masivos. Junto con las guerras han tenido un notable impacto en la demografía. Según Colin McEvedy and Richard Jones, en el Atlas de la historia de la población del mundo (Penguin, 1978) de no haber existido esas calamidades la población mundial superaría hoy los 14.000M de habitantes.

Las pandemias también se monetizan. Además de sus impactos económicos sobre el sistema de producción; jurídicos por la emergencia de nuevas responsabilidades públicas; políticos por las distintas alternativas de la administración del Estado y biomédicos por su incidencia en la salud pública.

Al igual que los virus, el dinero se reproduce. En los virus la replicación es biológica, en el dinero es política. El virus causa infecciones y hasta la muerte; el dinero posibilita la acumulación financiera.

Nada será como antes

La pandemia del COVIC-19 causará impactos determinantes en los sistemas sociopolíticos. Recesión con inflación, disminución de la demanda, expectativas negativas, cambios fuertes en la estructura relativa de precios, multipolaridad, nuevas monedas, tecnología laboral, esterilización de ahorros.

Quizás nada será como antes. Hasta puede que el neoliberalismo sea guardado en el arcón de las falsas ideas y los amargos recuerdos y que la sociedad entienda que el mercado se ha visto superado e incapaz de resolver el problema.

La sociedad está entendiendo que el análisis de riesgo no es un hecho individual sino social. Tomará más conciencia sobre las actitudes empresariales, sobre la hipocresía implícita en la responsabilidad social empresaria, sobre el súper-aprovisionamiento de los poderosos y sobre las actitudes sociales de los grupos de elite. Todo ello puede servir de base para un cambio estructural de las relaciones económicas.

Hay tres caminos: «apelar a los capitales financieros acumulados y esterilizar sus rentas durante varios años», «emitir dinero» o una combinación de ambos.

La raíz del capitalismo no va a permitir que su principal bastión -el capital financiero-sea quien solvente la crisis. No va a permitir que los bancos sucumban porque sería el fin del sistema. No va a permitir una tasa de interés cero que esterilice la monetización del capital. Su apuesta será el gatopardismo; es decir que cambien algunas cosas para que todo siga como está.

El hecho político de una emisión monetaria ecuménica -quizás articulada entre monedas fuertes y débiles- que se aleje absolutamente de los cánones ortodoxos que ligan la emisión a la productividad global de la economía y al comercio internacional. Deberá sortearse la puja entre dólar y yuan y puede emerger una guerra monetaria.

La tercera opción que permita combinar las anteriores requiere verdaderos estadistas, humanistas con formación y con capacidad para alejarse del cibernántropo y proponer variantes hacia un sistema económico popular con equidad y productividad social que se aleje del enfoque financiero especulador.

Argentina -en la palabra de su presidente Alberto Fernández- tendrá algo que decir.

https://www.elextremosur.com/nota/23586-la-monetizacion-de-la-pandemia-y-el-dinero-de-la-politica-nada-sera-igual-despues-del-covid-19/

Dada la cada vez mayor interrelación entre los países, el virus que se conoció en China, se propagó en los lugares de mayores ingresos de Europa y en Estados Unidos, poniendo en descubierto la precariedad de sus sistemas de salud pública (falta de hospitales, de camas, de equipos respiratorios y de profesionales en el tema), provocando hasta el día 20 de marzo  4.032 muertos, con 41.035 contagiados en Italia; en España 1.094 muertos y 21.500 casos;  en Estados Unidos 18.170 casos positivos por COVID 19 y 241 fallecimientos.

Obviamente la economía se frenó, decidieron cercar ciudades enteras, para evitar el contagio. Sin embargo, se sabe que, como dijeron las autoridades de Alemania, en el transcurso del año gran parte de la población de ese país habrá contraído la enfermedad, pese a que decidieron cerrar todos los comercios, excepto los de comestibles y los de bebidas, los supermercados y mercados y las farmacias y hospitales.  Pero que se contagien no significa muerte, que depende de la carga viral y del estado de salud del receptor.

Al no poder contar con una vacuna no se puede poner límites a su propagación por lo que se hace es condicionar la movilidad de la gente.  Los países desarrollados cuentan con recursos tanto el Estado como la mayoría de las personas y pueden soportar una cuarentena.  El día lunes 16 de marzo 2020 en los EEUU por ejemplo, la Reserva Federal aumentó la emisión de dinero, ese solo día, en 700.000 millones de dólares (casi el doble de la cantidad de bienes y servicios que la Argentina produce por año, que es equivalente a un PIB de 352.300 millones de dólares) y el Banco Central  Europeo  aumentó la base monetaria en 750.000 millones de euros dos días más tarde, más otras medidas fiscales que en conjunto representan en torno al 15% del PIB de cada una de esas naciones.  Sin embargo en la Bolsa de Valores de Wall Street el martes 17 tuvieron que interrumpir la ronda porque las acciones no dejaban de depreciarse y al final de día descendieron en su valor en un 12,5% promedio y, otro tanto pasó con los mercados europeos.

Por supuesto que fue mucho más pronunciado el derrape en el precio de las acciones de las empresas argentinas (y en menor medida del resto de los países no desarrollados que cotizan en esos mercados de valores). Desde el lunes 2 hasta el martes 17 de marzo, las acciones de empresas nacionales vieron caer sus precios en promedio un 32%, pero a la que peor le fue es a YPF, cuya cotización al día miércoles 18 de marzo 2020 era de 2,57 dólares la acción, con lo que la compañía valdría menos de 1.200 millones de dólares, la cuarta parte de lo que se le pagó a la española Repsol por el 51% del paquete accionario en el año 2014, claro que acá juega además el fuerte descenso del precio del barril de petróleo que perforó el piso de los 25 dólares, cuando en  2014 era de 95 dólares el barril.

Un futuro incierto

La riqueza es trabajo y producción y ambas son severamente castigadas por el coronavirus.

China representa el 14% del PIB mundial, seguramente que este año si crece será a una tasa sensiblemente menor que otrora, con la consabida disminución de su demanda que en el caso del petróleo y de la soja, donde es el mayor comprador, significa menor producción mundial y fuerte descenso de su precio[1].

Ambas variables perjudican de sobremanera las aspiraciones del gobierno de Alberto Fernández, cuando se está en plena negociación con los acreedores de una deuda que creció en forma sideral durante la gestión de Cambiemos y que empoderó a grandes fondos de cobertura como BlackRock, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, entre otros.

En conferencia de prensa, el viernes 20 de marzo 2020, el Ministro Martín Guzmán presentó el “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina” contemplando el descenso del PIB de este año, agravado por la pandemia en un 1% o 1,5% y, por hacer frente a la emergencia sanitaria, un acrecentamiento del déficit fiscal del 1,1 al 1,5% del PIB (unos 5.000 millones de dólares).

En las nuevas proyecciones del Ministerio de Economía, se crecería en el año 2021 entre un 2,5 a un 3% del PIB, pero se sigue teniendo déficit fiscal, por lo que recién en 2022 y en el mejor de los casos, se logra un equilibrio de las cuentas públicas y, en 2023, un superávit primario que permitiría pagar deuda entre el 0,5 al 1% del PIB (unos 3.000 millones de dólares aproximadamente).

45 minutos antes de la conferencia de prensa del Ministro Guzmán presentando el “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina”, el FMI publicó un Informe Técnico de su Personal donde arriba a similares proyecciones y concluye que la deuda externa Argentina supera el 90% del PIB nacional y requiere una reestructuración que combine reducciones del valor nominal, extensiones de vencimientos, períodos de gracia y recortes de las tasas de interés, que signifique una quita de capital de la misma entre  55.000 a  85.000  millones de dólares. El Presidente Alberto Fernández dijo que estimbaa gratamente que el FMI avale los números presentados por su gobierno.

El mérito principal del trabajo del equipo de Martín Guzmán es que demuestra que el gobierno de Macri desfinanció al sector público por concederle exenciones impositivas a los sectores de mayores ingresos del país y, eliminar las retenciones en general (manteniendo la de la soja pero con descenso del 0,5% mensual en la alícuota).  En el cuadro respectivo dice que los ingresos de la Administración Nacional en el año 2015 eran del 25,8% del PIB y desciende año tras año para ser solo del 22,5% del PIB en 2019 (un PIB que además es menor que el del año 2015). A ese descenso de los ingresos fiscales del  3,3% del PIB, se le debe sumar que el pago de los intereses de la deuda se acrecienta, también año tras año, para ser otros 3,33% del PIB, y esos porcentajes del producto, se financiaron tomando más deuda.

Por el Decreto 250/2020 y en el marco de la Ley 27.544 de Emergencia Económica, se facultó al Ministro de Economía de la Nación a negociar con los tenedores de títulos de deuda que tienen jurisdicción extranjera y que en las filminas presentadas en el “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina” suman 83.000 millones de dólares. Tras la conferencia de prensa y  presentación del trabajo, el ministro invitó a los bonistas referidos a participar de un acuerdo, en el transcurso de la próxima semana, para reprogramar los vencimientos

Es claro que se va a producir de hecho un default con esos tenedores de deuda y ello explica el descenso de su precio, incluso por debajo del 35% de su valor nominal y que, la tasa de riesgo país que mide el banco JP Morgan se encuentre por arriba de los 4.000 puntos. Pero esta vez, el FMI da su apoyo implícito al gobierno argentino

Obviamente que el derrape de los títulos de deuda argentinos, que cotizan en torno al 35% de su valor, los hace apetecibles a los grandes fondos de inversión para asegurarse ellos, en la más amplia mayoría de los 34 títulos de deuda con jurisdicción extranjera, bloquear de esa forma la cláusula de acción colectiva que le permite a la Nación acordar con una mayoría de sus tenedores (en un caso 66% y en otros 75%) para que el resto cumplan el acuerdo.

La Argentina sin recursos, no puede hacer como la República Popular China que al declararse el problema sanitario con lo que derraparon el valor de las acciones de empresas trasnacionales en ese país, las compró el estado chino muy por debajo de su valor con lo que se convierte en el accionista mayoritario de las empresas construidas por europeos y estadounidenses en su país.

Pero el Estado argentino sí puede obligar a los tenedores de títulos de deuda nacionales a declarar cuándo compraron y a qué precio y, pagar sobre ese valor y, solamente a quienes le prestaron directamente al Tesoro de la Nación, que están registrados en el libro de la Oficina Nacional de Crédito Público, cuando ingresaron esos fondos al Tesoro de la Nación.

Planteada la situación externa se debe destinar parte de lo que no se puede vender al exterior por la pandemia, al consumo y a la actividad interna y, con ello, aumentar el PIB como históricamente se demostró cada vez que la Argentina se vio obligada a una política proteccionista, en un marco en que el gobierno nacional asegura que solo va a pagar cuando el país crezca, descartando imponer políticas de austeridad para hacer frente a las cancelaciones mientras que los niveles de pobreza se mantengan altos.

Y ante el coronavirus, utilizar esos recursos para la compra de medicamentos, camas, cámaras de oxigeno, respiradores, etc., en todo el país, con prioridad en los lugares de mayor riesgo, por un lado; la de impulsar el mercado interno con créditos subsidiados y desgravaciones impositivas, por otra parte; y asistir directamente con plata, con alimentos, con invento de trabajos públicos (pintar escuelas ahora que están sin clase) a los sectores más vulnerables de la población.

Medidas insuficientes

No se puede en la Argentina pos Cambiemos, ante los niveles de pobreza y de trabajo informal (en negro) en que nos encontramos, salir airosos de la pandemia sin tomar fuertes medidas de subsidios, ni mandar a la gente a su casa cuando no tiene para comprar la comida y menos los medicamentos en caso de contraer la enfermedad.  No hay política de asistencia social que alcance en la Argentina de 2020 con una tasa de pobreza del 35,4% de la población. Se debe retornar lo más rápido posible al trabajo y a la producción y se debe fortalecer la red de contención que incluye desde aplicar la ley de abastecimiento y garantizar el precio de los productos, hasta subsidios directos del Estado al trabajo, a la producción y al consumo en general y de los más necesitados particularmente.

No es suficiente aumentarles a los jubilados que cobren la mínima solo $ 3.000.- por mes o darle un bono de $ 3.100.-  a los que perciben AUH, cuando la Canasta Básica Total de febrero  para no ser pobre es de $40.790.- según el INDEC.

Quienes trabajan en el sector informal (en negro que es un alto porcentaje de la población y predominante en el Gran Buenos Aires y en provincias como Tucumán o Córdoba), los trabajadores monotributistas y autónomos y quienes no pueden trabajar desde sus casas, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares. En caso contrario, necesitarán ir a trabajar, poniendo así en riesgo su propia salud, la de sus familias y la de la comunidad.

Lo mismo sucede en los barrios periféricos donde la precariedad  de la vivienda y el hacinamiento determinan que la contención y la generación de empleo y pago debe ser de todo el vecindario.

Es esencial que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos. El pago de deudas debe ser suspendido para aquellas personas que de otro modo no serían capaces de hacer frente a la crisis de salud pública.

La Argentina es un país de gran riqueza, pero severamente desigual en su distribución, es con ese marco  que nos enfrentamos a la crisis sanitaria del Covid 19, que inevitablemente se agravará conforme pasen los días y semanas si no se toman más medidas de apoyo  a los necesitados y, es por el bien común, porque el virus se contagia de persona a persona.

Se debe pensar y obrar a dónde se pueden atender las personas sin hogar. Prever cómo alimentar y cuidar en la emergencia adecuadamente a niñas y niños que lo hacían en los establecimientos hoy cerrados, así con toda la población más vulnerable, porque a pesar de apoyar las medidas de confinamiento para detener en la medida de lo posible la extensión del coronavirus, las acciones puestas en marcha por el gobierno tienen que abordar también todas estas situaciones.

Las medidas de bajar los encajes, amentar el crédito, apuntalar la producción están bien y deben ser más amplias, pero en la Argentina de la pobreza y la marginalidad, el acento y la tarea primordial es asistir a los despojados de todo.

Alimentos, vestimenta, y trabajadores hay, que los ponga en disposición el Estado,  que los pague con un bono, un vale, a cambio de aportes patronales y de impuestos, no importa, lo esencial es hacerlo ya antes de que venga el invierno.

La tarea es de una guerra contra un enemigo invisible y poderoso, que más se asienta cuando más pobreza encuentra.

La condecoración más importante del Ejército ruso es la Orden del Mariscal Mijaíl Kutúzov y es por haber logrado vencer al enemigo (La armada de Napoleón) preservando la vida de sus soldados, en esta desigual guerra se necesita jefes que lo imiten y sean dignos de esa medalla.

Economía en cuarentena

La pandemia COVID-19 obligó a cerrar fronteras, reclucir y aislar internamente a la población e interrumpir la circulación de personas y bienes. Se afronta un dislocamiento del sistema económico de producción, intercambio y consumo comandado por el sector privado como no ocurría desde hace un siglo.

Fue con el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial cuando los países beligerantes comprendieron, a poco de iniciado el conflicto, que una nación industrial poderosa no sería aplastada en un par de batallas y consecuentemente se prepararon para sostener ejércitos numerosos en el frente por tiempo prolongado. Abastecer con armas, alimentos y servicios sanitarios a millones de combatientes en las trincheras que no producían nada, exigió una planificación e intervención estatal en la economía hasta entonces desconocida. Se acuñó el término “Nación en Armas”.

https://www.eldestapeweb.com/nota/ya-nada-es-amigable-202032116420

El derrumbe de los mercados financieros globales ocurrido el pasado 9 de marzo, acompañado de la caída del precio internacional del petróleo y la virtual parálisis de actividad que implican las medidas preventivas para enfrentar la pandemia del COVID-19, pusieron en la superficie el conjunto de debilidades que atraviesa la economía del planeta desde el crack del 2008.

La retracción del consumo y el movimiento económico general que implica esta suerte de estado de sitio continental impuesto por el contagio masivo del virus, demolió la frágil demanda efectiva en la que se desenvuelve la economía en la última década, rompiendo consecuentemente con el precio del insumo más difundido, el petróleo, y el valor de los activos financieros soberanos y privados.

Desde la caída del Muro de Berlín hasta la crisis financiera del 2008, el mundo experimentó un fuerte crecimiento económico a tasas promedio del 4,8% anual, que sirvió para legitimar los modelos de libre mercado en todo el orbe. La crisis marcó una interrupción de ese sendero y la tasa de evolución del PBI fue del 1,9% promedio anual desde el 2009 al presente. Siendo importante destacar que el aporte esencial a esa tasa positiva lo hicieron las economías asiáticas, lideradas por China.

El estancamiento de las economías desarrolladas de Occidente con bajas tasas de crecimiento ocurrió debido a la ausencia de políticas explícitas en esos países de recuperación concreta de la demanda efectiva.

La crisis de las subprime nunca fue resuelta porque las decisiones de política económica se orientaron a dar liquidez al sistema financiero de modo de impedir su quiebra. Como se observa, la política monetaria expansiva primó sobre la política fiscal: el objetivo se centró en mantener tasas de interés negativas respecto del nivel de precios para que, paulatinamente, el endeudamiento de empresas y familias se fuera licuando con el tiempo. La forma de resolver la crisis mantuvo el sistema previo desde una fuerte emisión de moneda.

Este esquema permitió sostener el conjunto de activos financieros globales, peroexpandió muy poco la economía real; consecuentemente, este desequilibrio entre activos financieros y bienes físicos, es el que vuelve a eclosionar en el presente cuando un virus (imprevisto o no, según las teorías conspirativas) rompe la dinámica de producción y consumo, y la actividad languidece.

El “cisne negro” que aparece con el coronavirus sincera la fragilidad global y deprecia todos los títulos valores representativos de deuda soberana y de participaciones en empresas, habilitando movimientos de “compra hostil” de esos papeles para presionar a naciones y al sector privado, concentrando aún más el poder económico.

Tanto Estados Unidos como China han impulsado desde sus estados movimientos de estas características. El gobierno chino ha ordenado a los fondos estatales adquirir la participación accionaria de las empresas extranjeras que cotizan en la bolsa china, y la reserva federal de Estados Unidos ha lanzado un programa de expansión monetaria (facilidades cuantitativas) destinado a comprar títulos valores depreciados para impedir el deterioro de su sistema financiero y proteger el carácter nacional de la economía estadounidense.

Este “cisne negro”, el coronavirus, acelera el proceso de protección económica nacional que había iniciado el presidente norteamericano Donald Trump desde el comienzo de su mandato. El estancamiento económico general, la retracción del intercambio comercial global y la necesidad de apuntalar los propios mercados internos, están profundizando las guerras proteccionistas, de monedas y el dislocamiento de los tratados de libre comercio, que se venía produciendo desde mediados de la presente década.

Todos los líderes mundiales han hablado de mayor intervención estatal para enfrentar el escenario, en el cual difícilmente el deterioro de una economía nacional pueda ser resuelto desde flujos comerciales y/o financieros del exterior.

Hasta la dura líder de la Unión Europea, Ángela Merkel, ha hablado de déficit fiscal y emisión monetaria, teniendo presente que ese bloque se evidencia como el más impactado por la presente crisis en un contexto de resquebrajamiento previo, cuyo pico fue el abandono de Reino Unido en lo que se conoció como BREXIT.

Nacionalismo económico, continentalismo y regulación estatal emergen para salvar a un capitalismo en crisis. No parece haber espacio para planteos globalizadores y/o aperturistas.