¿Saldremos indemnes de esta pandemia? ¿O los efectos letales del covid-19 provocarán cambios permanentes en los individuos, la política y la sociedad? Estas preguntas, y otras de similar naturaleza, han circulado de un modo frecuente en las últimas semanas. Pero la experiencia indica que es demasiado pronto para entender el alcance del fenómeno y elaborar respuestas definitivas.

Es sabido, por ejemplo, que las víctimas, los enfermos y los desempleados se cuentan por millares. En New York y en París, en Dublín y en Melbourne pero también en los arrabales de Andalucía, Sao Paulo y Teherán. Y que la mitad del planeta permanece confinada y en suspenso. Mientras que el personal sanitario se bate a destajo, dondequiera que esté.

Sin embargo, ni el tiempo transcurrido desde sus orígenes, apenas un cuatrimestre, ni la historia y el conocimiento acumulado permiten en estos momentos prever sus consecuencias en forma completa. Salvo que incurramos en el mismo error que Bertrand Russell advertía en la prosa filosófica de Hegel. Seleccionar algunos hechos para acomodar el mundo a nuestro gusto. Y hacerlo de una manera compleja para que la gente nos considere profundos.

Como los analistas que, a raíz de las sucesivas caídas en las bolsas de valores, se apresuran en vaticinar el fin del neoliberalismo y su paradigma productivo. Incluso del propio sistema capitalista y las coaliciones de poder que defienden sus intereses sin que, hasta ahora, medien actores sociales o políticos relevantes que los cuestionen con fuerza.

Además, las características globales y transversales de esta crisis solo pueden compararse con las que tuvo la llamada gripe española en el siglo pasado. Los virus del Ébola, el Marburgo y del síndrome respiratorio agudo (SRAG) causaron tragedias recientes. Pero en ciudades y regiones de África y de Asia de escasa relevancia para los medios de comunicación y los mercados financieros.

La gripe española, en cambio, se propagó por cinco continentes, sin distinción de género ni de clase social. Aunque la humanidad demoró en reconocer el daño ocurrido. En el campo económico casi no hubo registros. Tampoco en el arte y las ciencias sociales. A pesar de haber sesgado, entre otras, la vida de Max Weber, Egon Schiele y Gustav Klimt. Y los principales escritores norteamericanos de entonces, Hemingway o Scott Fitzgerald por caso, narraron secuelas de la primera gran guerra y de la era del jazz, más no de este flagelo que nació y recorrió de punta a punta su propio país.

De todos modos, si los perjuicios del covid-19 no se extienden por un largo período, es posible trazar algunas perspectivas. En la esfera privada, por ejemplo, las investigaciones revelan que estas circunstancias, sumadas a un encierro transitorio, producen graves deterioros en la salud mental de las personas. Incertidumbre, angustia, cambios de humor, violencia en los hogares y, sobretodo, una natural dosis de preocupación en los asalariados que tienen riesgos de contaminarse o bien, sufren la disminución o la pérdida de sus fuentes de ingresos.

Por consiguiente, pueden pasar meses hasta que la población más perjudicada retome su nivel de consumo y los adultos mayores vuelvan a hacer planes o acorten distancias sin temor al contagio. Aunque los valores primarios, aclaran, subsisten sin grandes modificaciones en quienes ya los tenían. Es decir, el amor y la honra. La memoria y el orgullo. La compasión y el esfuerzo.

A la vez, los recursos que los países desarrollados están dispuestos a utilizar para mitigar el colapso causan asombro. Créditos sin límites junto a enormes subsidios a empresas y ciudadanos. Y sus gobiernos, a diferencia de lo actuado en materia de salud, han obrado rápido y sin trabas para auxiliar la producción industrial. En especial, a las grandes corporaciones.

Aun así, el impacto de los parates inducidos resulta tremendo. Y la reactivación se presume desigual y escalonada. Primero en China. Luego en Europa y Estados Unidos. Con fuertes quiebras y fusiones en algunos sectores. La energía, los bienes exportables y el turismo, entre ellos. Actividades donde no habrá creación de capital sino combinación del que ya existe, junto a innovaciones en las modalidades de trabajo. Por tanto, es dable suponer que la intervención de los Estados, muy justificada por cierto, se mantendrá por un ciclo. Sobre todo en las áreas sociales.

En el plano internacional, es factible que la irresponsabilidad y la falta de colaboración de las grandes potencias entre sí y con el resto de las naciones sigan en pie. Al menos, mientras la mayoría de los líderes actuales continúen en sus cargos. Constituyendo un panorama desalentador para las naciones emergentes. Argentina, por su declive en los últimos años, deberá esforzarse el doble para atenuar la caída, resguardar el empleo y generar divisas. Aunque el contexto favorece la actual renegociación de la deuda pública y, por ende, el uso de esos fondos para sostener el tejido productivo y social.

En los albores de este siglo no fueron pocos los que, gracias a los saltos tecnológicos, enviaron las hambrunas y las pestes al rincón del olvido. Hay varios ensayos al respecto. Sin embargo, en estas horas aciagas reverdecen aquellas palabras que Herodoto puso en boca del sabio Solón dos milenios atrás. Mientras haya vida, todo puede acontecer.

https://www.clarin.com/opinion/covid-19-economia-global-puede-suceder_0_TKwE_d-z8.html

El Gobierno Nacional, manteniendo los trabajosos consensos de la coalición heterogénea que lo conforma, avanza en la dirección correcta para afrontar, en simultáneo, el control sanitario de la epidemia y amortiguar el impacto del despliegue del virus en la economía. 

No lo hace con la velocidad y profundidad deseables, pero avanza. Es precisamente ese derrotero el que altera la tranquilidad de los agentes económicos más poderosos. Sobre todo, porque conecta con un escenario global pos-pandemia posible, pero además grato a la esencia del peronismo. Veamos el recorrido:

• Puesta en vigencia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para varios millones de trabajadores en el área de servicios comerciales y de oficios, cuya inserción en la economía formal es muy débil. La oligarquía visualiza en el IFE la antesala de la Renta Básica Universal hoy debatida en Europa.
• El proyecto de impuesto a las grandes fortunas. La reacción de los poderosos es extrema por dos cuestiones: visualiza un gravamen que incida sobre los fondos atesorados ociosos -que no retira fondos del consumo y/o la inversión, por lo que no dañaría la actividad productiva- y además puede servir para otorgar sustentabilidad fiscal al ingreso familiar básico. La legitimidad política y social del impuesto a la riqueza es enorme.
• El Estado sosteniendo el 50% del salario de los trabajadores privados de las empresas pequeñas y medianas en crisis debido a la pandemia. Este subsidio masivo al sector privado de industriales y comerciantes de menor porte impide la destrucción generalizada de empresas y la consecuente concentración de mercados posterior. La acumulación de liquidez en dólares por parte de los agentes económicos más poderosos se orienta a adquirir activos y cuotas de mercado abaratados pos-pandemia. Esta intervención lo impide y sienta las bases para otras posteriores de características similares.

Complementario con el punto anterior, se desplegó una batería de instrumentos crediticios a tasa fija con garantía estatal para solventar las necesidades de capital de trabajo PyMe. Esta medida altera al sistema financiero privado, no tanto por los desembolsos inmediatos, sino porque lo ve como el preludio de la acción del Banco Central asignando crédito en la economía, algo que creían desterrado desde hace décadas.

La propuesta de reestructuración de deuda formulada por el ministro Martín Guzmán, que analizamos en la columna pasada, portadora de la virtud esencial de liberar a las cuentas públicas y externas de los servicios de deuda en el próximo lustro, otorgando márgenes de maniobra relevantes al actual Gobierno. Para los autodenominados “mercados”, la deuda no sólo es un mecanismo de financiamiento de la apropiación de divisas y su salida del país. También es una cadena que le ponen al Estado para impedir que se transforme en una herramienta de asignación de recursos en manos de un gobierno nacional y popular. Reestructurar la deuda rompiendo esa cadena implica recuperar la herramienta para esos fines. No aceptan una reedición de la autonomía alcanzada en el ciclo de gobierno 2003-2015 con los canjes de deuda 2005/2010.

La disparada de los precios del dólar “contado con liquidación”, “bolsa” y “blue” responden a los vetos de los agentes económicos a las medidas descriptas. El conflicto surca a la coalición de gobierno, al empresariado, a los sindicatos y a las organizaciones territoriales.

En la actual etapa, a diferencia de otras previas conducidas por el peronismo, no se puede financiar el amortiguamiento de la crisis económica sin una fuerte regulación de los mercados de la economía real y cambiario-financiero. Si la liquidez provista con emisión primaria de moneda se concentra en manos de los jugadores más potentes del mercado por la suba de precios, la presión sobre los mercados cambiarios será muy fuerte; si el otorgamiento de crédito depende de la aversión al riesgo de los banqueros privados y también de los públicos, el cierre de empresas será enorme; si el abastecimiento de energía y alimentos en los hogares depende del sistema de mercado, no hay ingreso familiar que alcance. Es imprescindible el control de la oferta.

Insistimos también en que energía y alimentos no son bienes de libre mercado, sino consumos esenciales: la regulación estatal sobre su abastecimiento debe ser total.

Las empresas nacionales, sobre todo las medianas -que alcanzan a 120.000 unidades de negocios-, pueden ser víctimas de compras hostiles por fondos extranjeros especulativos que concentran liquidez en dólares aguardando la devaluación. Protegerlas es cuidar su estructura de costos fijos y variables hasta la salida de la pandemia.

El Gobierno avanza en la dirección correcta, pero la nave enfrenta tormentas y su tripulación debe asumir los desafíos del momento.

https://www.eldestapeweb.com/nota/coronavirus-y-crisis-y-la-nave-va–202042420150

Nuestra burguesía en general (productores y comercializadores de granos y de carnes, empresarios petroleros y mineros, industriales, comerciantes, constructores y banqueros que operan en la Argentina) no es independiente ni soberana, sino funcional al capital financiero mundial. De allí que, por un lado, no cuenta con una estrategia propia y menos para toda la población y sí, lo que presenta son negocios rápidos que la benefician a costa de empobrecer el presente y el futuro de la sociedad, como lo corrobora la gestión de Cambiemos: fugaron en esos cuatro años 88.371 millones de dólares, pero sus activos en el país valen menos de la mitad que en diciembre de 2015. Basta ver el valor accionario (antes de la pandemia) de las firmas locales que cotizan en Wall Street, para saber que decimos la verdad.

Tenemos empresarios ricos que están entre las 2.000 fortunas más grandes del mundo y no quieren pagar impuestos. Pretenden que el Estado pague los títulos de deuda que administran los grandes fondos de cobertura porque tienen parte de su fuga allí . Sus empresas se han descapitalizado y muchas de ellas son compradas (por ahora parcialmente) por monedas por el capital extranjero.

Tal diversidad de intereses y sectores de la burguesía que opera en el país tiene, sin embargo, un objetivo común, que es el de reducir los salarios y demás costos medidos en dólares. Eso es lo que llaman devaluación exitosa. Consiste en que no todos los precios (esencialmente el salario) suban igual que el ajuste del tipo de cambio. En la devaluación de 2018 y 2019, los salarios y demás costos se redujeron fuertemente medidos en moneda dura, pero el país y su producto bruto se van reduciendo en forma proporcional al descenso de su consumo interno por la reducción sistemática de los salarios, que paralelamente hace que en la Argentina tenga trabajadores que perciben remuneraciones menores a la canasta básica total. Trabajan y son pobres.

Ese objetivo burdo que profundiza la desigualdad de ingreso lo impusieron con la dictadura militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Como decía el Secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, Juan Alemann, como era difícil estabilizar la economía con sobreocupación, necesitaban de la recesión y la suba de la tasa de interés, únicos medios para ajustar a la baja los salarios y determinados precios a los niveles deseados.

Lo consiguieron. El descenso de los ingresos de los asalariados comparando el quinquenio 1976-1980 con el quinquenio anterior fue en torno al 15% del PIB (de percibir el 50% de lo que se produce, pasaron los asalariados a recibir solo alrededor del 35%) e incluso fue peor al final de la dictadura tras la devaluación post Malvinas.

En su libro La Evolución de la Economía Argentina desde Diciembre de 1983 a Septiembre de 1989, Bernardo Grinspun afirmaba que “a partir del Plan Austral (y podríamos agregar igual que Martínez de Hoz, que Cavallo, que Macri) y en virtud de la política implementada, la tasa de interés fue mayor que el aumento del tipo de cambio; el nivel del tipo de cambio se elevó por encima de los precios, y estos a su vez por arriba de los salarios”. Es decir –agrega–, «operó un esquema de transferencia de ingresos de los sectores asalariados a los de producción; de los de la producción a los vinculados a la exportación, y de estos a los financieros, favoreciéndose así la concentración de capitales y facilitándose la fuga de divisas al exterior”.

Si a eso le sumamos el rol técnico de los bancos de facilitadores de la fuga de capitales (en la Balanza de Pagos de la Argentina de 2019 se estima una fuga total por 399.500 millones de dólares, cuando el PIB es de unos 343.656 millones de dólares), entendemos claramente cuál es el papel que juegan en nuestra sociedad. Por es se pintaron la cara cuando el Presidente Alberto Fernández, en su discurso del 1° de marzo de 2020, dijo: «El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

Sin embargo, para reducir las LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) que sumaban más de un billón de pesos, el Banco Central les da a los bancos “más de 460.000 millones de pesos con la intención de que ese dinero se preste”, según dijo su Presidente, Miguel Pesce. Seguramente que explicando razones burocráticas lo prestarán pero a cuentagotas, y eso explica la suba del dólar paralelo [1], del dólar CCL [2] y del dólar MEP [3], que es imposible de realizar si no se cuenta con la participación activa y manifiesta de los bancos Los diez primeros bancos privados (Galicia, Macro, Patagonia, Supervielle y Credicoop entre los nacionales; Santander-Río, BBV Argentina (Francés), HSBC, ICBC y Citibank entre los extranjeros) han tenido ganancias sobre su patrimonio mayor del 70% en todos estos años, y concentran el grueso de las operaciones del sector.

En un marco en que el total del crédito al sector privado es solo el 11,5% del PIB, o 2.584.256 millones de pesos al 20 de abril de 2020, el total de crédito a las pymes había ascendido a $ 108.000 millones, suma que, ante el grave problema de que no se produce y no se vende, es poco significativa y ni siquiera ayuda a paliar la cantidad de cheques rechazados y la ruptura de las cadenas de pago.

El gobierno, para dar respuesta al parate de la economía nacional por la cuarentena, destina de los magros recursos fiscales la suma de $ 11.000 millones para que se generen créditos a tasa cero para personas adheridas al régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributistas) y para trabajadores autónomos, con un subsidio del 100% del costo financiero tota. Debe realizarlo mediante la tarjeta de crédito del beneficiario, que depende de que esos diez grandes bancos instrumenten eficazmente el mandato.

Todas las empresas que vieron disminuir sus ventas considerablemente (deberán tener una facturación del 12 de marzo al 12 de abril igual o inferior, en términos nominales, a la de igual período de 2019) pueden conseguir que a partir de mayo, el gobierno pague hasta el 50% de los salarios de abril de los empleados (Decreto 376/2020 que amplió el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción – ATP) en el que se inscribieron 420.000 establecimientos. También en este caso, el que clasifica y da el subsidio con un costo fiscal total de $ 107.000 millones de pesos, es el banco con que opera el beneficiario.

El BCRA debería intervenir directamente y exigirle a las entidades financieras mayor eficiencia y eficacia para dar debida respuesta a la falta de liquidez. La capacidad crediticia que tienen es más de cuatro veces lo realizado. También debe fiscalizar exhaustivamente (como acordó con la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores) para limitar la fuga de capitales. La semana que pasó, el dólar bolsa, el contado con liqui y el blue rondaban los $ 110, un salto del 60% con respecto al tipo de cambio vendedor (en torno a los $ 68) y del 25% frente al dólar más el impuesto PAIS (que cerró el viernes 24 de abril a $ 89,12.-), cuando la experiencia histórica muestra que si se “dispara” el dólar  vamos camino a un nuevo 2002.

La combinación no puede ser peor, en medio de una recesión económica profundizada por las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que empobrece aún más a nuestro pueblo,  la imposibilidad de pagar las obligaciones externas y la presión de los acreedores con sus amanuenses de adentro y de afuera que se refleja sistemáticamente en el tipo de cambio paralelo, por lo que ese accionar debe frenarse con intervención directa del BCRA y un férreo control cambiario.

La lógica cambiaria y financiera

Se impuso con el Rodrigazo en que se dinamitó nuestro dinero ante la suba sideral de todos los precios. y el dólar pasó a ser el “bien refugio”. Antes del Rodrigazo y desde que se creó el Banco Central de la República Argentina en 1933, los bancos captaban ahorro del público y prestaban mayoritariamente  a las personas y a las empresas donde estaban radicados, por lo que cumplían el rol de reasignar recursos de aquellos que tenían capacidad de ahorrar y  los que requerían créditos para la vivienda, para el consumo, o para producir. En 1974, por ejemplo, existían 823 entidades financieras (entre ellas 486 cooperativas de crédito y 110 bancos comerciales) distribuidas en todo el país, mayoritariamente cajas de créditos y sociedades cooperativas. El total de préstamos al sector privado sobre el PIB era del 43,5% y, la Argentina era la Nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia).

La reforma financiera de 1977 cambió esencialmente el concepto. En lugar de que la actividad fuera un «servicio público» y los prestatarios privados considerados como concesionarios del Estado, que es el creador del dinero primario o Base Monetaria, se convirtieron en dueños del ahorro del público y habilitados a “realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras o por las normas dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades”. De esta forma, lejos de proponerse cualquier direccionamiento del crédito, la normativa se limitaba a establecer que las entidades hagan lo que quieren, que cobren las tasas que quieran y cambien nuestro dinero por dólar en nombre de la libertad de mercado.

Para romper ese mecanismo perverso de suba del dólar y fuga, el BCRA debe restablecer un férreo control cambiario que va desde restablecer el cepo, prohibir las transferencias de divisas al exterior (salvo expresa autorización del BCRA) y todo tipo de operaciones que impliquen salida de capitales, porque así como no se puede transitar libremente por el país por el coronavirus, hay que limitar de igual manera las operaciones con divisas de todo tipo, salvo que sea una operación que estrictamente lo justifique, y obligar a que se emplee el peso, nuestra moneda, como bien de cambio y de ahorro.

El 19 de febrero de 1985 cuando Alfonsín le pide la renuncia a su ministro, Bernardo Grinspun, al frente del Comité Nacional pintaron: “Lo echaron al ruso, ganó la Patria Financiera”.

[1] Eufemismo para nominar operaciones en negro, sin ningún tipo de registro.

[2] Dólar CCL («contado con liqui») de una cuenta de depósitos en pesos en un banco se da la orden de comprar un título público o privado (acción)  que cotiza en  mercados en el exterior y, se lo vende en dólares en ese mercado (y los dólares quedan en una cuenta en el exterior)

 [3] La misma operación, son títulos nominados en dólares que se compran en el mercado local en pesos y se venden en dólares y se depositan en una cuenta bancaria en el país y se llama Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar Bolsa

https://www.elcohetealaluna.com/la-patria-financiera/#_ftnref1

El miedo a la muerte y la incertidumbre sobre el destino final de esta pandemia ocupan hoy el centro de la escena política y desatan acciones colectivas y sentimientos profundamente contradictorios cuyo origen se remonta a un pasado oscuro y lejano.

Desde los orígenes del tiempo, la vida humana se reprodujo en un contexto implacablemente hostil donde todo conspiró para su destrucción. Sin embargo, los seres humanos sobrevivieron hasta el presente. En ese lapso de eternidad transcurrida, la vida estuvo siempre pendiente de un hilo. Las catástrofes naturales, las plagas y las guerras estuvieron a la orden del día. Se dieron, sin embargo, en el contexto de un desarrollo progresivo de la división del trabajo, la cooperación, la planificación y la creatividad intelectual. Así, lejos de transcurrir en la intemperie de la soledad, la vida humana floreció en el seno de incipientes formas de organización social centradas en modos específicos de control de las decisiones y de los recursos existentes.

Estas formas de organización no fueron una tabla rasa, traslúcida y aséptica. Muy por el contrario, anidaron en su seno el veneno de conflictos atávicos no resueltos. Así como el huevo de la serpiente no puede impedir que a través de sus membranas se vislumbre el reptil que anida en su seno, las instituciones formadas a lo largo del tiempo y de diversas culturas no han podido ocultar totalmente el caos inherente a conflictos primarios que subyacen a las mismas. Tampoco han podido impedir que estos conflictos retumben esporádicamente en la intimidad solitaria o que transpiren bajo la piel de acciones que se repiten a lo largo del tiempo.

La codicia en el centro de la escena

Distintas expresiones de la creatividad han inmortalizado en todos los tiempos a la épica de una humanidad tironeada entre el bien y el mal, entre lo perverso y lo sublime. El arte, la religión la filosofía y distintas vertientes de la vida cultural han dejado trascender las voces de conflictos que arden bajo innumerables placas tectónicas. Su esencia inalterable se oculta bajo formas de vida social que parecen naturales, eternas. En épocas de crisis, sin embargo, esta eternidad tambalea y la vida cotidiana se llena con el sonido y la furia de estos conflictos. Una codicia desmadrada arremete entonces para imponer intereses individuales y particulares sobre los del conjunto, destruyendo así cualquier vestigio de un bien común. Esto parece dominar nuestro presente.

Una controversia recorre hoy el mundo y desnuda la irracionalidad y el poco valor que la vida humana tiene en tiempos de un capitalismo global monopólico, un capitalismo que busca maximizar ganancias en todos los ordenes de la vida social. Algunos sectores de las élites dirigentes, empeñados en “salvar” a la economía, intentan levantar cuanto antes la cuarentena impuesta a la población para minimizar el contagio en tiempos de pandemia. Alegan que la destrucción de la economía será un remedio peor que la enfermedad pues sumirá a amplios sectores sociales en la miseria, las enfermedades y la muerte. Otros en cambio, buscan un supuesto equilibrio entre las necesidades de la economía y la salud de la población y, siguiendo la recomendación de médicos y epidemiólogos, intentan mantener la cuarentena por más tiempo para mejor controlar los contagios y aplicar los recursos sanitarios de un modo mas eficiente. Esta visión más compasiva no alcanza, sin embargo, a desnudar las causas últimas del problema. Así, los dos polos de la controversia terminan contribuyendo a oscurecer el significado del momento que vivimos.

Hoy no hay espacio ni tiempo para el equilibrio entre la economía y la salud de los sectores más vulnerables de la población. Por el contrario, la forma de organización social que prevalece en el mundo que conocemos potencia el desequilibrio económico y social y los problemas sanitarios concomitantes. El galope descontrolado del coronavirus (Covid-19) lejos de producir una crisis, ha contribuido a exponerla, descarnándola a jirones. Esta crisis no es solo una crisis económica. Es también una crisis política, cultural, geopolítica y ambiental. La forma de organización social que prevalece a nivel mundial ha dado lugar a conflictos catastróficos en un contexto de creciente depredación del medio ambiente y de un desarrollo tecnológico y militar que amenaza con extinguir la vida humana en este planeta.

En el ámbito de esta crisis sistémica y global, la controversia sobre los tiempos del levantamiento de la cuarentena se transforma en una cacofonía que obstruye la percepción de lo que está en juego. La pandemia agudiza la pelea dentro de los sectores dominantes por acrecentar su control sobre el conjunto de la sociedad. Esto se esparce a los cuatro vientos, permea realidades aparentemente muy diferentes y ocurre tanto en el centro como en la periferia del capitalismo global monopólico. Sin embargo, no todo esta dicho. Las crisis producen destrucción y muerte, pero también alumbran la posibilidad de parir algo nuevo. De ahí los innumerables intentos oficiales de desviar la atención de los que son muchos, nada tienen y aspiran a un mundo mejor. Hoy estamos ante un momento único, donde la alternativa es el caos y el fin de una civilización o la construcción de un nuevo mundo donde la racionalidad y la ética den sentido a la vida humana.

En los Estados Unidos la controversia azuza enfrentamientos políticos en el marco de una inminente elección presidencial. Es funcional al intento del Presidente de minimizar el costo político producido por la demora en tomar las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, la ineficacia de las mismas, la falta de recursos para combatirla, y sobre todo: la creciente visibilidad de las enormes diferencias económicas y sociales existentes en el país más poderoso del mundo. El resultado inmediato ha sido un intenso enfrentamiento entre el gobierno central y los gobernadores de los diferentes Estados, conflicto que se centra en el control de las decisiones, de los territorios y de los recursos existentes. Esto ocurre al mismo tiempo que los distintos Estados caen avasallados por el coronavirus y arrecia el fragor de una intensa pelea en el ámbito económico por el control de los resortes del poder. Este contexto de múltiples divisiones contribuye a oscurecer la militarización de la vida cotidiana y del mundo en que vivimos.

Las recientes acusaciones panfletarias del Presidente Trump contra China y la Organización Mundial de la Salud por el avance de la pandemia buscan convertir a estas entidades en chivos expiatorios de los errores propios. Ocurren luego de meses de falta de investigación seria sobre el origen de la pandemia al mismo tiempo que la prensa y las redes sociales bloquean sistemáticamente toda información que apunte a la relación existente entre la investigación biológica y la guerra y al rol de las principales potencias del mundo en la investigación biológica con fines militares. Esta actividad prohibida prolifera, sin embargo, sin control fehaciente.

Asimismo, la pandemia ha silenciado el rumor de un enfrentamiento militar entre las principales potencias, especialmente en Siria donde tropas militares de Estados Unidos y Rusia están desplegadas sobre el territorio y tienen escarceos casi diarios. Estas tensiones amenazan con estallar en un conflicto localizado que, de ocurrir, tendrá derivaciones absolutamente inéditas. Así, los ciudadanos de a pie aterrados ante la pandemia y encerrados en una cuarentena, ignoran que el destino de la humanidad y de esta civilización no son temas abstractos. Están a la orden del día en un mundo que atraviesa una crisis inédita cuya índole, sin embargo, se ignora.

Planificación del mercado

Hace poco menos de un mes, la Reserva Federal anunció una batería de medidas destinadas a facilitar liquidez y absorber activos tóxicos en un mercado financiero severamente golpeado. La semana pasada la Reserva incorporó a los bonos basura, con alto riesgo de default, a las nuevas medidas, concentrando así su poder sobre el mercado de capitales y quedando solo las acciones fuera de su control directo. Sin embargo, habría de llegar a este objetivo por otra vía.

La Reserva Federal designó a Larry Fink, brazo ejecutor de los nuevos programas. Fink es el presidente de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo que maneja mas de 7 billones (trillions) de dólares en activos financieros. Uno de sus principales componentes, el fondo LQD, sufrió grandes pérdidas desde principios de marzo. Inmediatamente después del nombramiento de Fink, LQD resolvió sus problemas y se convirtió en una estrella altamente cotizada. Al poco tiempo Rick Rieder, el ejecutivo a cargo de la estrategia global de BlackRock, indicaba a sus clientes que su estrategia futura será la acumulación de un gran colchón de efectivo para luego “seguir a la Reserva Federal y a los bancos centrales de los países más desarrollados, comprando lo que estos compran y otros activos compatibles con estas decisiones” (zerohedge.com 14 4 2020). De ahora en más la inversiones futuras de BlackRock serán determinadas por las intervenciones que la Reserva Federal, asesorada por el titular de este mismo fondo, realizará en el mercado financiero. Así, de un plumazo, BlackRock se asegura ganancias ilimitadas y sin riesgo alguno.

Las decisiones de la Reserva Federal causaron impacto en el mundo financiero. Algunos actores destacados han denunciado a una Reserva Federal “que ha implantado la planificación central en el seno del mercado financiero” (Rabobank); desatando “un capitalismo de estado asociado a conflictos de intereses” (DB); y ahora violando “sus propios reglamentos admite que ha fracasado y está fundamentalmente quebrado “( Jeff Gundlach) y gracias a la “pesada intervención de la Reserva Federal los mercados se han zombificado” (M. El Erian) . Otros magnates, sin embargo, han bendecido la existencia de un estimulo ilimitado “que en tres semanas ha desplegado 3 billones (trillions) de dólares,” y se preparan para disfrutar de una situación en la que el mercado ha sido sustituido por ganancias aseguradas para unos pocos (zerohedge.com 15 4 2020).

Así, poco a poco emerge a la luz del día el rol que hoy tiene la intervención del Estado en la generalización de la usura como columna vertebral de este sistema de organización social. La apropiación ilimitada de ganancias por parte de un núcleo cada vez más reducido de corporaciones cada vez más poderosas, tendrá consecuencias desastrosas a nivel social.

La multiplicación de la miseria

Como consecuencia de la intervención de la Reserva Federal en el mercado de capitales las acciones de grandes corporaciones, y especialmente de las tecnológicas, han aumentado rápidamente de valor. Esta semana las acciones de Amazon llegaron al valor más alto de los últimos tiempos y la fortuna de su propietario Jeff Bezos ascendió a los 138.5 mil millones de dólares (billions) (bloomberg.com 14 4 2020). No fue, sin embargo, el único. El valor neto de las acciones de las 500 personas mas ricas del mundo se incrementó un 20% desde los niveles más bajos a los que habían llegado el 23 de marzo, cuando la Reserva decidió su intervención. Esto ocurre en un contexto donde el 0.1% y el 1% de la población que concentran los mayores ingresos en los Estados Unidos poseen respectivamente el 17% y el 50% del total de las acciones (yahoofinance.com 17 1 2019).

Este enriquecimiento contrasta con la situación de más de 22 millones de personas que en el mismo lapso se han inscripto para obtener los beneficios de desempleo acordados en el plan de ayuda fiscal ($ 1200 por persona y por una sola vez). Contrasta también con la multiplicación de personas que asisten a los centros de distribución de alimentos gratis gestionados por ONGs, y se asocia con un aumento del 1064% en la suspensión de los pagos por deudas hipotecarias (nyt.com 12.4 2020, zdrohedge.com. 8 4 2020).

Por lo demás, nada queda fuera del tintero: esta semana se agotaron los recursos de la ayuda fiscal para la pequeña y mediana empresa (SBA) principal generadora de empleo. No hay créditos de otra índole para el sector, pues los grandes bancos retiraron todas las otras líneas de crédito que tenían luego de obtener el aumento sustancial de las comisiones que reclamaban y la garantía oficial en las líneas de créditos del paquete de ayuda fiscal.

Asimismo, la partida de préstamos asignados al rescate de municipalidades y ciudades endeudadas (MLF) ha dejado sin financiación a los sectores rurales y urbanos mas pobres del país, donde se concentra la mayor proporción de población afro-americana. Los criterios para otorgar esta partida privilegian a 10 ciudades y 15 condados del total del país, ninguno de ellos con una cantidad significativa de población negra (brookings.edu 14 4 2020).

Desestabilización política en la Argentina

En la Argentina se aceleran los contagios y muertes por la pandemia y paralelamente arrecia el embate contra el gobierno por parte de los sectores económicos más poderosos y algunos dirigentes de la oposición. Bajo el lema de terminar con la cuarentena para revivir la economía, se busca obstaculizar las medidas tomadas y evitar que deriven en cambios importantes en la actual estructura de riqueza y poder económico altamente concentrado.

Ex funcionarios del gobierno de Macri recomiendan al gobierno que cuide a la economía, que no se entusiasme tanto “con el apoyo que percibe en el manejo de la cuestión” de la pandemia, y que deje el problema impositivo para más adelante (Prat Gay, infobae.com 14 4 2020). Se advierte, además, que por esta vía estamos “yendo a un modelo de alta discrecionalidad. Cuidado con meter un impuesto, defaultear después… no crean que ganaron la batalla del toqueteo, la regulación”, y se solicita que “hagas un poco de fulbito para la tribuna, pero que no te la creas” (Melconian, lanacion.com 9 4 2020).

Junto con estas advertencias, proliferan los ataques con fake news en las redes sociales y en el periodismo de guerra, y se intenta impedir la discusión en el Congreso de la propuesta de un impuesto extraordinario a un grupo selecto constituido por las personas mas ricas del país y con el único objetivo de recaudar por una vez fondos extraordinarios para enfrentar a la emergencia. Hoy no hay pudor para defender el bolsillo propio e impedir cualquier cambio en la enorme y descontrolada apropiación de ingresos, recursos y riqueza acumulada por parte de un sector que, no por casualidad, ha jugado desde siempre un rol central en la evasión de impuestos y en la fuga de capitales.

En esta arremetida resuenan ecos del pasado. En 1988 un Ministro de Economía del gobierno de Alfonsín admitía su fracaso para detener una desestabilización económica por parte de los grandes grupos económicos y reconocía que “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Del mismo modo, hoy el gobierno sigue esperando que las grandes corporaciones respeten los precios máximos y que los bancos desembolsen los prestamos acordados a la pequeña y mediana empresa, con garantía oficial y tasas de interés del 24%.

Por otra parte, los bancos privados y grandes empresas han utilizado la liquidez que el gobierno ha inyectado para capear la emergencia especulando y fugando capitales a través de las operaciones en la bolsa local y extranjera y con los tipos de cambio no regulados; mep y ccl. Desde tiempo atrás, esta ha sido la vía de la especulación cambiaria preferida por las grandes corporaciones en tiempos de cepo. Esto puede tener serias consecuencias pues gracias al control monopólico ejercido sobre sectores claves de la economía, estos movimientos cambiarios repercuten inmediatamente sobre los precios. A pesar de las amenazas del gobierno de imponer severas sanciones a violaciones de los precios máximos, la inflación siguió creciendo en el mes de marzo.

En este contexto, el Ministro de Economía presento el jueves los lineamientos de una propuesta de reestructuración de la deuda externa ante un grupo de acreedores privados, que incluye a BlackRock, brazo derecho de la Reserva Federal. Si bien no se conocen los detalles al escribir estas líneas, pareciera que los términos de la misma no alcanzan para garantizar la sostenibilidad futura de una deuda externa que ha sido relegada a un segundo plano en un mundo en crisis y en un presente cada vez mas caldeado por los enfrentamientos internos.

PANDEMIA Y USURA

En columnas pasadas, decíamos que el programa económico delineado por el Gobierno en su inicio había sido diluido por la pandemia del COVID-19. Las proyecciones de equilibrio en los sectores externo y público para el trienio entrante, apoyadas en una reestructuración sustentable de la deuda contraída por el macrismo, tal como había expuesto el Ministro Guzmán en el Congreso de la Nación, han quedado desvirtuadas por las nuevas condiciones imperantes.

La propuesta de reestructuración de deuda pública externa, informada por el Ministro el jueves pasado en la residencia de Olivos, debe inscribirse en el contexto descripto.

El principal objetivo, teniendo en cuenta la situación, es economizar divisas de los desembolsos para el pago de deuda. En la presentación difundida por el Ministerio de Economía -“Propuesta de Reestructuración de la Deuda Externa Pública”- se ilustra que el ahorro de divisas por servicios de deuda en el período 2020/2022 alcanza a la suma de u$s21.200 millones, correspondiendo u$s4.500 millones al corriente año. Guzmán verbalizó que la Nación no está en condiciones de pagar durante los próximos tres años. En el documento se evidencia, mediante comparaciones explícitas, la importancia de que esos recursos sean aplicados para apuntalar el sistema sanitario y para amortiguar el impacto social del virus en los segmentos de población vulnerables.

Adentrándonos en la propuesta concreta, la misma abarca bonos vigentes por u$s66.238 millones, de los cuales un 63% corresponde a emisiones producidas en los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Dicho stock aspira a ser reducido en un 5,4%, equivalente a una quita de casi u$s3.600 millones, y el devengamiento de intereses aún más, con una tasa promedio anual para la vigencia de la deuda reestructurada del 2,33%-iniciando el cupón en 0,5%- lo que arroja una reducción total de los intereses a abonar del 62%, que asciende a la suma de u$s37.900 millones. La oferta se completa alargando el plazo total e incorporando el trienio inicial de gracia 2020/2022.

Respecto de lo ocurrido con los canjes de deuda 2005/2010, que reestructuraron el 92,4% de la deuda en default recibida por los gobiernos de Néstor y Cristina, el esfuerzo se centró en reducir fuerte el stock de capital (65% de quita) y en mejorar la oferta de rendimiento de los nuevos bonos (cupón PBI). La oferta actual planteada, en cambio, apunta a una reducción importante de los servicios de intereses antes que a una baja del capital, estirando los plazos de pago para reducir el impacto sobre el balance de pagos.

Al igual que la cuarentena en curso, dispuesta para evitar la propagación masiva del virus y el desborde del sistema sanitario, la propuesta de reestructuración de deuda informada también procura aplanar la curva de desembolsos al exterior y así atenuar las consecuencias sobre la economía argentina, tanto para atender la situación actual como para impulsar la recuperación posterior.

Los agentes económicos poderosos, locales y extranjeros, del mismo modo que intentan desbaratar la cuarentena para no afrontar el costo de la intervención del Estado como redistribuidor social, también enfrentarán con todos los medios que disponen, que no son pocos, la propuesta argentina sobre ordenamiento de sus pasivos. Han trascendido informalmente las presiones sobre el Gobierno por parte de los principales fondos financieros tenedores de bonos. Black Rock, Templeton, PIMCO y Fidelity son nombres que seguramente resonarán los próximos días, sobre todo en los medios de información solventados por esos actores.

El Ministro Guzmán ha formulado su planteo con respaldo político e institucional pleno. Lo acompañaron las máximas referencias políticas del gobierno y los mandatarios provinciales de todas las pertenencias partidarias. A pesar de haber recibido el Estado en crisis después de un mandato de macrismo, el gobierno afronta este contexto centrándose en la defensa de la vida y en los intereses de los argentinos, respondiendo a las expectativas de quienes lo instalaron en la Casa Rosada.

Los conflictos por venir no son menores, pero cualquier otro rumbo puede tener consecuencias negativas para el pueblo, en un escenario global singularmente inmisericorde e incierto.

https://www.eldestapeweb.com/nota/virus-y-deuda-aplanando-curvas-20204181300

La estrategia pergeñada por el gobierno de Alberto Fernández es acertada, elige primero la vida, de allí la cuarentena, el correr contra el reloj para equiparse y prepararse para el invierno, por un lado, y por otra parte, la propuesta en términos de la capacidad de pago real de nuestra Nación, de allí los tres años de gracia, la quita de capital e intereses sobre los 66.238 millones de dólares de deuda en 21 títulos distintos que están en moneda y en jurisdicción extranjera,  en los que seguramente los grandes Fondos de Cobertura (Blackrock, Fidelity, Vanguard, Pimco y Franklin Templeton) ya tienen un porcentaje de los mismos que anula la cláusula de acción colectiva (25 o 33% depende del bono) para exigir el pago en las condiciones originales,

La propuesta es lógica y razonable para nuestro país, tres años de gracia, una quita de capital del 5,4% y cambiar los intereses por una tasa del 0,5% en el primer año de pago (año 2023) y después ir aumentándola al 0,5% anual hasta ser de un promedio del 2,33%, que implica una disminución de los intereses del 62%, unos 37.900 millones de dólares y, en conjunto, significa una reducción en el pago en torno a la mitad de la deuda pactada originalmente.

Es obvio que no se van a pagar los vencimientos del 22 de abril, ni su extensión de plazo al 22 de mayo de 2020 y, las consecuencias serán que esos fondos de cobertura que administran activos financieros por varias veces la cantidad de bienes y servicios finales que produce nuestro país por año, pueden litigar en la justicia extranjera que también es más que probable, tendrá una conducta similar a la del Juez Thomas Griesa del Distrito Sur de Manhattan y, posteriormente, la Corte Suprema de los Estados Unidos que, el 14 de junio de 2014 se negó a tratar el caso argentino convalidando el fallo adverso.

Pero con la propuesta realizada y presentada ante la SEC (Comisión de Valores de los Estados Unidos) el viernes 17 de abril, se liberan fondos indispensables para hacer frente al gravísimo problema del coronavirus que es el enemigo letal que asola a nuestra Nación (y al mundo).  El orden es sobrevivir a la pandemia y salir en las mejores condiciones posibles para afrontar el resto de las limitaciones y dificultades.

El gobierno se legitima sólo si primero, salva la vida de las personas de la pandemia y luego, organiza una estructura política, social y económica suficientemente fuerte para dar las nuevas batallas con posibilidades de vencer.

Mientras el gobierno y la población se preparan para el pico de la pandemia, están quienes se preparan para debilitar al gobierno y enriquecerse, la disparada del dólar paralelo tiene mucho que ver con esto, los de adentro y los de afuera juegan a que la propuesta fracase y comprar por monedas los activos del país.

Lo han hecho otras veces, recordemos el año 1989 en que Héctor Magnetto, CEO del grupo Clarín, le dice al Presidente Alfonsín que tiene que renunciar, con la frase “Ud. no se da cuenta que ya estorba”.  Primero lo propiciaron para Presidente y poner fin a la dictadura militar (con la que se habían enriquecido y quedado con Papel Prensa), después lo presionaron para que legitime la deuda externa aprobando los seguros de cambio realizados en la dictadura y, finalmente, conspiran contra el gobierno radical porque esperaban la privatización de activos públicos que iban a realizar con Menem.

Ahora, no solo no quieren pagar impuestos y contribuir con el erario público en plena pandemia, sino que presionan sobre el dólar para erosionar nuestra moneda, sabiendo que la híper devaluación es la madre de la híper inflación, primero se dispara el dólar paralelo (y todas sus variantes: Contado Contra Liqui[1], dólar MEP[2], etc.) y luego los precios. El 6 de febrero de 1989 el dólar oficial valía 17,62 australes, pasó los 100 australes en abril, el 9 de julio de ese año que asume anticipadamente el Presidente Carlos Menem, el dólar estaba a 650 australes y llegó en abril de 2001 a 10.000 australes.

Recordemos una vez más que entre los principales fugadores de divisas del país están las empresas y sus dueños, del Grupo Clarín, Techint y Ledesma, denuncia que se ha presentado en la justicia tanta veces y que consta en  el “Primer Informe de la mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y de la Gestión de Pago de la Deuda Exterior de la Argentina”, publicado en julio de 2019.

Según el Balance Cambiario del BCRA la FAE (Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior) fue de 88.371 millones de dólares en la gestión del gobierno de Cambiemos y, las compras la realizaron los bancos para sí o en nombre de sus clientes. Mientras el Estado Nacional se endeudaba por 129.000 millones de dólares, 88.371 millones fueron adquiridos por particulares para sacarlos del circuito económico. Por eso el conflicto interno se desata cuando el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones ordinarias dijo: “…el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

Y los bancos, sobre todo los diez primeros bancos privados que operan en el mercado financiero local, ganan y han ganado fortunas prestándole al BCRA en LEBAC  (Letras del BCRA por lo general a 30 días de plazo) en los primeros años del gobierno de Cambiemos y luego, en Leliq (Letras de Liquidez del BCRA de un plazo promedio de 7 días), de manera tal que en  2019 mientras el país descendía en un 2,2% del PIB (unos 8.000 millones de dólares), ellos ganaron $ 314.044 millones (unos 5.800 millones de dólares) siendo su tasa de rentabilidad sobre su patrimonio (ROE) del 65,36%

El BCRA actual para reducir las Leliq le devuelve a los bancos “más de 460 mil millones de pesos con la intención que ese dinero se preste”, según dijo su Presidente, Miguel Pesce, pero el ministro Matías Kulfas, en una conferencia de prensa del día jueves 16 de abril 2020, reconoció que sólo entregaron 60.000 millones de pesos a las Pymes y eso, que el Estado nacional garantiza esos préstamos a través del Fondo de Garantías Argentino (Fogar).

La fortaleza

La fortaleza de la Argentina está  en que podemos auto abastecernos de alimentos, energía, combustible, producción industrial y, debemos tener nuestra propia moneda en base a nuestro trabajo y producción.

La Argentina puede no importar nada por varios meses (si lo imprescindible para luchar contra el virus), por lo que puede sustituir las compras del exterior de insumos, máquinas y equipos y hasta de  tecnología, generando trabajo local y limitando la salida de divisas, incluso impulsando el sistema de compre nacional (a empresas locales) y financiar a las personas y a las micropymes, que hoy sin trabajar y producir no tienen otra opción que endeudarse, máxime que se acerca el invierno con lo que aumentará la demanda de gas y electricidad.

Finalmente, una efectiva política de test de covid-19 debe ser prioritaria y los test deberían estar disponibles para la población de forma gratuita, en particular para lo/as trabajadore/as de la salud y también para la población más vulnerable. Si se reconoce que la disponibilidad de test está vinculada a la producción, el comercio, la distribución, los recursos económicos y otros asuntos, todas las administraciones públicas deberían considerar un enfoque integral para proporcionar soluciones efectivas, incluso en lo que respecta a la cooperación internacional. También es fundamental que lo/as trabajadores/as de la salud reciban equipamiento de protección personal gratuito.

Por lo tanto se debe luchar contra el virus y a la vez que asistir a la demanda, apuntalar a la oferta para que se cuente con los bienes y servicios necesarios para que el país vuelva a crecer.

La estrategia es la correcta, pero debe ser acompañada por tácticas afines, sabiendo que el enemigo acecha, como le dijo el representante de Blackrock al Ministro Martín Guzmán: “Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo”.  

[1] Dólar CCL («contado con liqui») de una cuenta de depósitos en pesos en un banco se da la orden de comprar un título público o privado (acción)  que cotiza en  mercados en el exterior y, se lo vende en dólares en ese mercado (y los dólares quedan en una cuenta en el exterior)

[2] La misma operación, son títulos nominados en dólares que se compran en el mercado local en pesos y se venden en dólares y se depositan en una cuenta bancaria en el país y se llama Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar Bolsa.

Asistir a oferta y demanda

En Occidente la salud suele verse como una cuestión individual, la economía como una consecuencia de las transacciones humanas y la política como una deriva de administración de la organización social. Está claro que son interdependientes.

Sin embargo, desde el coloquio Lippman (París, 1938), tanto desde la ideología como de la praxis neoliberal -en realidad, la causa de los costos sociales de la actual pandemia del COVID19- se incentiva la diferencia entre lo público y lo privado.

Lo público se nos muestra como ineficiente, improductivo y obstaculizador; algo digno de ser minimizado. Lo privado -en tanto- se ve como libertario, útil y creador de valor, deseable de maximizar.

Los más influyentes autores -H. Spencer (1820-1903), J. Rueff (1896-1978) y F. von Hayek (1899-1992), entre otros- impulsaron la toma de conciencia para la construcción de una nueva sociedad sustentada en la economía.

Desde sus propias perspectivas propusieron poner en duda y deteriorar el papel del Estado. Por eso el neoliberalismo configuró un sentido común que forma conciencia social y lo introdujo en los criterios decisionales de la política, la economía y la salud.

El homos economicus se presenta como individualista, portador de necesidades y maximizador de las conveniencias en todas sus dimensiones de vida. Se desprecia la circunstancia de que el hombre solamente es hombre en sociedad y se plantea que el individuo priva sobre la especie.

«Mi salud» vs. «nuestra salud»

El discurso económico orienta las decisiones de los CEO´s, presidentes y principales accionistas de los grandes conglomerados internacionales. Y también de algunos políticos restauradores del orden conservador, y se disemina a través de un periodismo del establishment rendido ante la postverdad.

La financierización de la vida humana alcanza casi todos los ámbitos de la cotidianeidad, inclusive los relativos a la salud. El sentido común neoliberal impulsa el convencimiento por «mi salud» y la despreocupación por «nuestra salud». Esta fuerte privatización-financierización de la salud ha deteriorado -en el mundo- la idea de la salud pública que pasó a entenderse como «algo para los pobres necesarios».

En Argentina la sapiencia presidencial actual le atribuyó la característica de «miserable» a un grupo empresario que despidió a 1450 empleados ni bien comenzó una cuarentena por salud pública que implica un gran esfuerzo para la población. Muchos vieron en esa miserabilidad una verdadera canallada del poder económico frente a la opción por la salud.

Un tema existencial

Los temas de salud pública son temas existenciales. Que la salud es un ax-ante de la cuestión económica se deduce tanto de su concepción antropológica como de su propia etimología. Salud refiere al buen estado físico, a la razón y al buen sentido. No pudo haber economía sin la energía humana actuando sobre la naturaleza para adecuarla a sus necesidades. Sin hombres saludables no hay transacciones posibles.

La definición más conocida de salud es la que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946), como «un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad». Es bienestar y no-enfermedad, dos sentidos que se complementan, y que posibilitan que la palabra pueda analizarse desde una infinidad de perspectivas: filosófica, sociológica, económica, política.

La salud individual condiciona la economía doméstica y la salud pública es un requisito de la economía social. A su vez, la economía incide en la salud. Pero la última palabra siempre es de la política que pone orden en esa relación en nombre del bien común.

El cálculo económico cede frente al número social de una sin-salud que puede terminar en enfermedad y muerte. Por eso la sociedad necesita confiar en la política y sospechar de los argumentos económicos en cuya trastienda anidan intereses individuales.

El político como organizador social

El «que se vayan todos» o «fuera los políticos» o «que se bajen los sueldos» disgrega la sociedad, la licúa y la hace más débil frente al poder, pero también frente a las pandemias.

Aplicando cierto reduccionismo, un político no es sino un organizador social. Se transforma en estadista cuando es capaz de acompañar y orientar estrategias de base popular de largo aliento. Es decir, cuando presentan ciertas ideas sobre la realidad y el futuro. Por eso Perón, Castro, De Gaulle, entre muchos otros, son estadistas. Miraron más allá del corto plazo. Son constitutivos de la sociedad humana.

Quizás la ocasión sea propicia para retomar algunas ideas de la denominada tercera posición. Un camino que pueda albergar la productividad económica del capitalismo y la equidad distributiva del socialismo. Donde la salud pública sea un «factor de producción» existencial. Es tarea muy compleja -quizás una quimera- pero vale la pena plantearla. Argentina está un paso más adelante porque el peronismo estableció la concepción de lo popular y ofrece experiencias históricas en ese sentido.

Al Estado como organizador social a través de la política y del gobierno público se le presentan dos cuestiones: la economía de la salud y la salud de la economía. Ambos son productos históricos y dependen de las medidas políticas que se hayan adoptado en el pasado. Y en el presente. Y pueden ser contradictorios.

Prepagas, hospitales y acumulación financiera

Desfinanciar la salud pública restringiendo inversiones y gastos sirve -en el ideario neoliberal- para reducir el gasto publico y el déficit fiscal, lo cual reduce la inflación, alienta la inversión privada en salud y permite segmentar la salud pública. Una suerte de meritocracia como premio a la acumulación.

Por eso se justifica que unos pocos tengan prepagas de alto costo y servicios amplios y abarcativos mientras las grandes masas irredentas tienen que recurrir a hospitales públicos, desmantelados, empobrecidos y atendidos a pulmón por su personal.

En condiciones «normales» ese funcionamiento del sistema económico se ve como propio del mercado, es deseable y aceptado socialmente. Un Estado sin déficit (el famoso déficit cero) se presenta como sano en términos de la salud de su economía. Detrás del velo de esa salud financiera está el bienestar de los poderosos y la crisis del hospital público.

En Argentina esa concepción permitió acumular capital financiero a costo de desmantelar la salud pública. Le toca ahora a la economía restaurar esa situación mediante el sistema fiscal de impuestos indirectos y progresivos sobre las riquezas. En definitiva, el covid19 vino a desnudar la deshumanización implícita del capital y su rasgo principal: la disgregación social.

https://www.elextremosur.com/nota/23908-salud-economia-y-politica-el-covid-19-desnudo-la-deshumanizacion/

El Gobierno inició su mandato con un programa económico que fue expuesto pormenorizadamente por el ministro Martín Guzmán ante el Congreso de la Nación en ocasión de presentar el cronograma de reestructuración de deuda. Esencialmente, se intentaba preservar el balance externo superavitario, alcanzar el equilibrio fiscal sin traumatismos sociales y apoyar ese diseño macroeconómico en una reestructuración de la deuda pública que fuera compatible con el crecimiento de la economía en el próximo trienio. Ese programa se esfumó con la llegada del coronavirus.

El objetivo ahora es preservar la salud de los argentinos y argentinas, asegurando que permanezcan aislados, con el menor movimiento posible, durante la estación fría. Sólo así se impedirá que la propagación veloz y masiva de la enfermedad haga colapsar el sistema sanitario y provoque muertes evitables.

https://www.eldestapeweb.com/nota/-hacia-otro-esquema-economico–202041019320

¿Cuál es el sentido que tenía la palabra Patria para Don José Gervasio de Artigas, que dejó todo —mujer e hijos— y luchó por ella contra españoles, porteños, portugueses e ingleses bajo el lema “Si la Patria me llama allí estoy yo”?  ¿Cuál es el concepto de Patria del soldado conscripto Oscar Poltronieri, que en Malvinas y con una metralleta, defendió la posición hasta que sus 120 compañeros estuvieron a salvo, que los mismos ingleses lo condecoraron por valor en el combate? ¿Cuál es el concepto de Patria del personal médico y paramédico que se juega todos los días la vida ante un enemigo que no se ve como el es Covid-19?

Seguramente que ese concepto es diametralmente distinto del de los empresarios argentinos que tienen activos financieros en el exterior y no los declaran, para no contribuir con el erario público. Para ellos, Patria es su patrimonio.

Observamos en el Informe Técnico de Cuentas Internacionales de la Balanza de Pagos que compila el INDEC, la posición de inversión internacional para el último trimestre de 2019: el total de activos financieros externos de residentes argentinos es de 399.550 millones de dólares. De ellos, 17% corresponden a inversión de cartera; 11% a inversión directa; 11%, a activos de reserva y 61% a “otra inversión” (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos).

Si el 70% del total de esos casi 400.000 millones de dólares de activos financieros fuera declarado por sus titulares, y se les restaran los bienes declarados en el exterior por 93.300 millones de dólares del año 2016 (Ley de sinceramiento fiscal), y pagaran la tasa del 2,25% anual (que es la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales para el mayor patrimonio), sobre esos 279.650 millones de dólares implicaría una contribución al fisco argentino por 6.900 millones de dólares por año.

Incluso por la misma ley vigente, pueden ingresar una parte de esa suma al país, la depositan en el sistema financiero local y se eximen de pagar el gravamen, tal lo dispone el impuesto.

Esto es, dejan gran parte de esos activos en el extranjero, pero contribuyen con los indispensables recursos para hacer frente a la pandemia con unos  5.000 millones de dólares por año, que sobre un PIB estimado de 343.656 millones de dólares significa el 1,45% del PIB que se sumaría a lo que abonan por los activos nacionales.

El problema es que no lo declaran. Si lo hicieran no solo dejarían de ser evasores y contribuirían con el sistema sanitario de la Argentina, de donde extrajeron esa riqueza, y  a cambio, solo pagarían por esos activos que dejan en el exterior la tasa del 2,25% que es la alícuota correspondiente.

Omertá

Pero no: solo les interesa lo que les pase a ellos, a lo sumo a sus allegados más cercanos y nada más. Y siempre amparándose en la sombra, en la protección de los grandes medios de los cuales son dueños. Recordemos por ejemplo el silencio sobre el Informe de la Comisión Bicameral que presidiera el diputado Roberto Feletti, donde consta la denuncia del ex funcionario del Banco JP Morgan, Hernán Arbizu, sobre cómo los grandes bancos que operan en la Argentin «asesoran a sus clientes, para hacer estructuras que ocultan la identidad de las cuentas”; así también la presentación de la AFIP de las operaciones bancarias de residentes argentinos por la denuncia del Ingeniero en Sistemas Hervé Falciani, que huyó a Francia y entregó una lista de dueños de cuentas no declaradas en la sucursal Ginebra del Banco HSBC, entre ellos 4.040 unidades de argentinos por 3.500 millones de dólares, solo en el año 2006; más la información provista por el BCRA sobre las compras de divisas en los años 2008 y 2009; el listado de compradores de divisas en 2011; y los Papeles de Panamá; de Bahamas; y de otras guaridas fiscales. En todos estos casos, apenas un puñado de personas es responsable de buena parte de la compra de divisas y de los capitales fugados. Algunos grupos económicos que operan en el país como Clarín, Ledesma y Techint, entre otros, se repiten constantemente a través de dichas firmas, pero además por la presencia de sus principales directivos y accionistas.

Práctica de fuga que continuaron y ampliaron en el gobierno de Cambiemos. Según el Balance Cambiario del BCRA, la FAE (Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior) en esos cuatro años fue de 88.371 millones de dólares y, las compras las realizaron los bancos para sí o en nombre de sus clientes. Es por eso que el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones ordinarias dijo: “El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

La actual administración de la AFIP recibió por parte de la OCDE (que nuclea a 37 países desarrollados) el nombre de los titulares de 950 cuentas en el exterior por unos 2.600 millones de dólares. Se trata de una información oficial de un organismo público del país en el que está radicada la cuenta, y la AFIP tiene que verificar si ese activo está declarado en la Argentina y reclamar a su titular el pago de la deuda (impuestos más intereses más multas). Una estimación preliminar dice que 700 de las 950 cuentas analizadas por la AFIP no habían presentado declaración jurada de Bienes Personales, o al presentarla no declararon bienes en el exterior.

Existen diversos trabajos sobre el tema pero ninguno aparece en los grandes medios por obvias razones, tan obvias como las que nos hace suponer que esos grandes fondos de cobertura o inversión financiera que tienen gran parte de los títulos de deuda externa Argentina, como BlackRock, Fidelity, Vanguard, Pimco, Franklin Templeton, seguramente administraran parte de esos activos  financieros no declarados por  sus poseedores argentinos

Ante una pandemia como no ha conocido ningún ser viviente del planeta, el gobierno les pide que en nombre de la Patria tengan un mínimo gesto de solidaridad y le contestan echando trabajadores.

El gobierno podrá ser lento en  sus procedimientos, pero la principal causa de lentitud es la falta de recursos. Ninguna nación de las que les gusta llamarse “el mundo libre” puede hacer frente al problema, no pueden los Estados Unidos y tampoco las naciones europeas, no hay vacuna y la principal medida que puede tomar y el gobierno argentino lo ha hecho, es prevenir, pero no basta. Se necesitan reactivos que son básicamente importados para que la población sepa si contrajo el virus o no, y en ese caso, se le dé debido tratamiento (con los serios problemas de infraestructura y equipos que tiene un país como el nuestro).  Tan lógico y elemental como eso. Que los que más tienen contribuyan pagando los impuestos.

QUÉ ES LA PATRIA

Algunos analistas, filósofos y economistas pronostican que el mundo sufrirá cambios de paradigma cuando se disipe la pandemia del COVID-19. Afirman, no sin cierto grado de audacia, que el virus termina por cerrar el período abierto en 1989 con el fin de la Guerra Fría conocido genéricamente como globalización, dando paso a una crisis de hegemonía signada por el repliegue estadounidense y el ascenso chino, el debilitamiento de bloques continentales como el europeo y el retorno modernizado de estados nacionales intervencionistas y planificadores.

Sin duda el virus, y en eso se fundan los pronósticos, acelera y profundiza tendencias pre-existentes de fin de ciclo que emergieron en la crisis financiera del 2008 y que se desplegaron con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU en 2017.

Para consistir las predicciones es imprescindible un recorrido por las tres décadas iniciadas con la caída del Muro de Berlín, identificando homogeneidades y rupturas.

La disolución de la Unión Soviética como superpotencia mundial antagónica de los EEUU implicó el triunfo de un ideario, denominado el Consenso de Washington, que esparció democracias formales, libre-mercado, apertura externa y privatizaciones por todo el planeta.

La idea de una “pax americana” longeva quedó sintetizada en el “fin de la historia” proclamado por Francis Fukuyama, en el que los gobiernos nacionales debían concentrarse en administrar el esquema neoliberal delineado y el sector privado en un adecuado ambiente de negocios haría el resto.

El éxito económico del modelo duraría dos décadas. Hasta el 2008 el PIB mundial creció a una tasa promedio anual del 4,6% y la legitimación política en los países desarrollados parecía carecer de fisuras. A partir del crack financiero el PIB mundial evolucionó a una tasa promedio anual del 1,8% y el valor agregado positivo era aportado en algo más de la mitad por las economías emergentes de Asia, lideradas por China. Aquí es donde puede identificarse una de las tendencias previas a la pandemia que se definen como posibles al final de ella: las naciones desarrolladas presentan un crecimiento económico magro durante la última década frente al dinamismo asiático.

El otro ingrediente es que los países triunfantes en 1989 no pudieron conservar el mundo unipolar de paz y prosperidad mucho más que una década. En septiembre del 2001 el atentado a las Torres Gemelas hizo visible el carácter multipolar del globo, el “fin de la historia” de Fukuyama cedió paso al “choque de civilizaciones” de Samuel Huntington que afirmaba que los modelos de desarrollo ideológico pueden haber sido superados pero las aspiraciones nacionales, étnicas y religiosas seguían vigentes y podían provocar hechos históricos. Otra de las tendencias pre-pandemia.

El recorrido nos lleva a repasar las políticas de las naciones más poderosas del orbe: Estados Unidos y Alemania.

Los Estados Unidos tuvieron un fuerte lapso expansivo con bajo desempleo durante las presidencias de Bill Clinton, con la afirmación de dos senderos claves en la etapa: el resuelto avance de la economía hacia la construcción de una sociedad posindustrial y la emisión monetaria acompañada de la desregulación financiera como impulsores de la liquidez planetaria e interna.

La economía estadounidense se reservaría la potestad del control de los adelantos científicos y tecnológicos, pero su aplicación en el terreno concreto de la producción sería llevada a cabo por naciones proveedoras de mano de obra barata. Este ensayo, que comenzó en México, se implementaría con fuerza en China. El tratado de integración continental de América del Norte (NAFTA) y los de libre comercio (TLC) iban en esa dirección, provocando dos efectos: un proceso interno de desestructuración laboral por pérdidas de puestos de trabajo en la industria y un déficit comercial crónico.

El primer problema sería resuelto con el desarrollo de una economía de servicios personales mano de obra intensivos. El ministro de trabajo de Clinton, Robert Reich, perfilaría un mercado laboral muy desregulado con dos componentes: un salario mínimo elevado y un seguro de desempleo bajo, resultando una política de pleno empleo con piso salarial pero amplia brecha entre los integrados al sistema de frontera tecnológica y los afectados a la vasta gama de servicios de baja calificación.

El segundo tema se abordaría desde la política monetaria, que se convertiría en dominante en los EEUU. La base monetaria aumentó en esos años un 410%, la tasa de interés se desplomó y la desregulación transformó a los bancos de inversión en los actores centrales para asignar los recursos de tamaña liquidez. En el plano interno se aflojaron los requisitos y controles para acceder a un préstamo y el consumo entonces no fue impulsado por la política de ingresos sino por el crédito. Las familias y las empresas se habituaron a permanecer endeudadas y el flujo financiero hacia los países emergentes también alcanzó niveles inéditos.

La red mundial de empresas, la globalización financiera y el despliegue planetario de los patrones de consumo madurados en los 80, se volvía indetenible en los 90. Es en este punto que se conforma otra tendencia de agotamiento del modelo que estallará en el crack del 2008, la crisis de un nivel de demanda sólo sostenido por el crédito.

Por su parte Alemania, después de su reunificación, retomó por tercera vez su proyecto hegemónico en Europa consistente en organizar a las economías del continente en torno a su patrón de acumulación industrial situado siempre en la frontera científica. La Unión Europea se articuló en torno la provisión de insumos y compra de productos con centro en la economía alemana, siendo el euro el cerrojo final del esquema. La diferencia con los EEUU radica en que Alemania no puede proveer de liquidez a los europeos sin que el euro se deprecie. Un euro devaluado encarece las importaciones de energía y abarata las exportaciones extra-Unión, forzando un desequilibrio riesgoso para el bloque. Aquí también aparecen límites a la demanda efectiva no resueltos.

Como se aprecia en la reseña, el modelo sostenido en las finanzas encontraría un límite en la demanda cuando se exteriorizará la incapacidad de repago de los créditos y los activos financieros no expresaran los bienes reales que decían representar. Esto es lo que ocurrió en 2008.  Pero, nuevamente, la crisis es enfrentada por las naciones desarrolladas con política monetaria que frene la caída de los títulos-valores en poder de las instituciones financieras y no con política fiscal que recupere con fuerza la demanda. Las presidencias de Obama aplicaron programas de fuerte emisión monetaria que derrumbaron la tasa de interés y alentaron la inflación interna de modo de licuar paulatinamente las deudas de familias y empresas. En la Unión Europea la salida fue mucho más dura, se impusieron severos planes de austeridad a las naciones endeudadas provocando penurias en el continente. El Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, se negó a emitir y depreciar el euro.

La salida de la crisis del 2008 se centró en dar liquidez a los agentes financieros para impedir la depreciación de acciones y otros activos, acompañada de ajustes fiscales para asegurar el pago de la deuda soberana. La recuperación de la demanda efectiva a través de la política de ingresos fue dejada de lado, constituyendo el principal factor del estancamiento de las economías desarrolladas.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU en 2017 marcó una ruptura en este derrotero intentando un experimento sin precedente histórico, que es reestablecer una economía industrial en un país que voluntariamente la había abandonado. Trump, apoyándose en el autoabastecimiento energético alcanzado, puso en marcha un programa de nacionalismo económico, retirada de los acuerdos multilaterales y expansión fiscal en obra pública y baja de impuestos a la inversión. El Reino Unido comandado por Boris Johnson a su vez rompe la Unión Europea, con difusas promesas de recuperación de viejas glorias imperiales.

El recorrido permite advertir que los componentes de agotamiento del modelo global iniciado en 1989 estaban presentes antes de la llegada del virus. La parálisis, el estancamiento y los intentos de transición marcan el mundo donde el COVID-19 impacta de lleno y en efecto le da un tiro de gracia al ciclo tambaleante de tres décadas.

La fragilidad de la economía sólo puede ser superada por una intervención estatal contundente, pero que a la vez visibiliza que salud, vivienda, energía y alimentos son bienes esenciales que hacen al carácter de humanidad y no pueden ser administrados por el mercado. La respuesta capitalista puede ser “de excepción” tolerando el escenario como un mal menor, también que las élites se apropien del Estado de modo autoritario para asegurar el control del proceso, o inclusive que se marche hacia escenarios bélicos si el ascenso de China y el repliegue de EEUU sacuden el orden internacional.

Lo cierto que la intervención estatal masiva en la economía nació con la Primera Guerra Mundial para atender las necesidades bélicas de los países en conflicto y desembocó en una crisis hegemónica del capitalismo que perduró precisamente hasta 1989. El “siglo corto” extendido de 1914 a 1989 como lo caracterizó el historiador Eric Hobsbawn.

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