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sábado, junio 27, 2026
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UNA DE CAL Y UNA DE ARENA

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El gobierno de Alberto Fernández tiene dos meritos insoslayables:

  1. haber elegido preservar la vida en la lucha contra la Covid–19, sabiendo que la reclusión de los habitantes repercute negativamente en la economía del país y,
  2. la propuesta de pago de la deuda pública nacional, con el objetivo no solo de salir de la situación extrema a la que nos llevó el gobierno de Cambiemos y no solo para que no afecte en los cuatro años de gestión del actual gobierno, sino para generar una salida estructural, que como bien dice el Ministro Martín Guzmán, termine para siempre con el flagelo de la hipoteca de la deuda y que la misma sea financiable a largo plazo, para lo cual pide tres años de gracia y un canje por un bono a 15 años.

El Ministro lo denominó el “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina” y consiste en dividir la deuda externa bruta nacional, que al 31/12/2019 asciende a 323.065 millones de dólares y representa el 91% del PIB, en cinco partes bien diferenciadas, y a cada una de ellas darle un tratamiento específico.

  1. 66.238 millones de dólares son 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera. Se infiere que los fondos de cobertura encabezados por BlackRock tienen  la masa crítica de las acreencias para impedir que se cumpla la cláusula de acción colectiva;
  2. 44.000 millones de dólares que se adeudan al FMI;
  3.  30.000 millones de dólares aproximadamente con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc. que básicamente financian obra pública;
  4. 130.000 millones de dólares de deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y
  5. 53.000 millones de dólares con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional.

Dado el marco de la pandemia por el virus, los acreedores no pueden imponer sus condiciones y terminarán aceptando la propuesta argentina, sabiendo que el efecto dominó en las declaraciones en default de más de 50 países que se encuentran en similares condiciones sería catastrófico para los grandes acreedores que administran fondos.

Pero también pueden señalarse sus defectos

El problema del gobierno nacional reside en considerar que somos todos iguales ante el Estado y eso no es cierto. No se le puede dar igual trato a las grandes empresas que a las micro y pymes. E incluso entre ellas también se debe diferenciar. No es posible que el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) sea de solo 10.000 pesos por mes y no para todos los que están desocupados ya que, por una razón u otra, hay quienes no perciben el beneficio, tarea que se realiza con una meticulosa precisión digna de mejor causa. En cambio, se asiste con mayor ligereza a grandes empresas con el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

De las aproximadamente 600.000 empresas que hay en el país, unas 500.000 solicitaron el programa, pero por diversas cuestiones el Estado nacional aprobó el pago de parte del salario de abril de 2020 a unos 2.200.000 asalariados que trabajan en 247.000 firmas. En las empresas de menos de 25 empleados la ATP cubre en promedio el 70 por ciento del salario neto, mientras que en las de 800 empleados esa cifra es del 50 por ciento.

Pero observamos que recibieron el programa ATP por ejemplo la cerealera y aceitera Vicentin SA, que un día antes de que se fuera Mauricio Macri del gobierno de la Nación presentó un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de stress financiero por una deuda bancaria de unos 1.000 millones de dólares, de los cuales 350 son del Banco de la Nación Argentina. Todo en la empresa es dudoso. Comparte con la empresa chilena Ultramar SA la concesión del principal puerto de exportación de granos de soja del mundo, en Rosario. El negocio ha sido siempre rentable, hoy la firma norteamericana Glencore a través de su controlada Oleaginosa Moreno SA, utiliza los silos de Vicentin SA en el puerto lindante de San Lorenzo.

También recibieron el Programa ATP las empresas del grupo Clarín, Techint y Ledesma, cuando se trata de grandes evasores fiscales y fugadores de divisas a través de las empresas y de sus dueños y CEOs, tal lo demostrara en su momento el “Primer Informe de la mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y de la Gestión de Pago de la Deuda Exterior de la Argentina”, publicado en julio de 2019 e impresa en libro en febrero de 2020, que se corroborará en el presente cuando se presente el listado de quienes fueron las personas físicas y jurídicas que fugaron los 86.200 millones de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos. El de las empresas puede consultarse en la nota principal de esta edición.

Paralelamente se mantienen los mecanismos de fuga de capitales y hasta se los apuntala, como es el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que con la fuerte demanda de dólar paralelo imperante extendió por más de 40 días (hasta fines de julio) los plazos para que las personas físicas presenten sus declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto a la renta financiera (grava las ganancias por compraventa de activos financieros), que junto con sus declaraciones juradas debían ingresar el saldo resultante de dichos tributos. La medida beneficia a más de dos millones de contribuyentes

Tampoco se prohíbe la operación de Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) con la salvedad a favor de sus beneficiarios que disminuye contablemente sus ganancias, dado que cuando se vendan los títulos y se reciba la moneda extranjera, se valuará la misma al tipo de cambio (comprador, en el caso) vigente de ese momento y ese será el valor obtenido por la enajenación; si se compara el mismo con el valor de costo de las especies vendidas (importe invertido en pesos por la compra de los títulos), el resultado será un quebranto, no una diferencia de cambio.

Habiendo publicado el BCRA el jueves 14 de mayo 2020 el Informe “Deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, inferimos que se citará a cada apoderado de las empresas o personas que aparecen en el listado para que expliquen de donde extrajeron los recursos y cómo es su contribución con el fisco, cuando el Artículo 16 de la Constitución Nacional afirma que “todos sus habitantes son iguales ante la ley” y que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Esa riqueza que sacaron del país debe pagar impuestos, que es la forma en que nos constituimos en una sola nación y en una misma sociedad. El Preámbulo de la Constitución proclama que el gobierno y todos sus habitantes deben “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres [y mujeres] del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Si ese es el verdadero marco legal, no es concebible que la ciudadana Ramona Medina, del Barrio Padre Múgica, muera afectada por el virus Covid-19 y que el barrio, con unos 40.000 vecinos, no tuviera agua durante doce largos y penosos días. Ella siendo insulino dependiente, con dos hijas —una discapacitada—, asistía con sus ahorros y con su trabajo a los comedores del barrio. La responsabilidad de su muerte es del Estado en claro y franco incumplimiento de nuestra Carta Magna.

El crédito no aparece

El total de préstamos (en pesos y en divisas) al sector privado generado por las 65 –sesenta y cinco— entidades financieras autorizadas a funcionar por el BCRA, significa solo el 11,3% del PIB [1].

Se trata de 13 –trece— bancos públicos de la Nación, de las provincias (que tienen banca oficial) y el Banco Municipal de Rosario que, en conjunto, captan el 60% de los depósitos y prestan al sector privado el 40% del total de créditos. Y de 52 –cincuenta y dos— entidades privadas, de las cuales las diez más grandes por volumen de depósito generan el 55% del crédito total.

Las entidades financieras privadas no están preparadas ni equipadas para otorgar créditos a las micro, pequeñas y hasta medianas empresas porque en su concepción el negocio era prestarle al Estado [2] y a grandes empresas vinculadas o no (que se financian con ahorro argentino). Esa es la razón por la cual el total del crédito del conjunto de entidades del sistema financiero legal argentino crece solamente un 6,4% en lo que va del año 2020 hasta el viernes 15 de mayo. El total de créditos (en pesos y en dólares) al sector privado fue de dos billones cuatrocientos setenta y seis mil millones de pesos al 30 de diciembre de 2019 y se acrecienta a solo dos billones seiscientos treinta y seis mil millones al 15 de mayo de 2020, cuando el tipo de cambio oficial aumentó en un 17% (de $ 59,92 a $ 70) y el dólar paralelo lo hizo en un 70% (de $ 73,5  a $ 120).

Los depósitos en cuenta corriente de las 65 entidades financieras en el BCRA que constituye básicamente el encaje o efectivo mínimo, que es la parte de los depósitos que deben inmovilizar las entidades como reaseguro de esas imposiciones, ascendía a $ 682.000 millones a diciembre de 2019, crece un 30% al 15 de mayo de 2020 para sumar un billón de pesos. Esto quiere decir que el sistema financiero en conjunto cuenta con no menos de $ 300.000 millones para prestar y no lo hace, la lenta e inexplicable instrumentación de los créditos a tasa subsidiada o a tasa cero para los monotributistas propuesto por el gobierno nacional, lo demuestra. El dinero no llega con la rapidez y la potencia que requiere la situación de pandemia, pero sí alcanza para que suba el dólar paralelo que el viernes 22 de mayo cerró a $ 125, cuando el oficial es de $ 70,5.

Los bancos públicos mal o bien cumplen con la función de asistir a sus respectivos Estados y prestan al sector privado, mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas y créditos personales. Obviamente las nuevas autoridades de los bancos oficiales están en condiciones de auditar la gestión anterior, si se hizo debidamente o no (Caso Vicentin SA en el Banco de la Nación Argentina).

Pero los bancos privados, esencialmente los diez más grandes por volúmenes de depósitos, han sido y son los instrumentos de la compra de dólar Contado con Liqui (CCL) y bolsa (o dólar MEP) y los que registran la mayor parte de las operaciones de comercio exterior. Directa o indirectamente son responsables del dólar paralelo y de facilitar los mecanismos de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, caminos recurrentes de la fuga de capitales.

La principal tarea del BCRA es fiscalizar esencialmente a esos 10 –diez— grandes bancos y, de cerciorarse que incurren en mala práctica, sancionarlos y hasta quitarles la autorización para funcionar, que es la carta de la reina para convertir a un pirata en un corsario.

El sistema financiero así como está solo le sirve a Sir Francis Drake.

 

[1] En la Argentina de 1943-1974 el crédito al sector privado sobre el PIB rodaba el 45% del PIB. En Brasil actual es del 40% del PIB. En los países de la Unión Europea ronda el 80% y en los EEUU es del 52%
[2] El Stock de Leliqs al 15 de mayo 2020 fue de $ 1.202,5 millones y devengó una tasa del 38% anual, por lo que va del año, el BCRA les pagó a esas entidades $ 170.000 millones, mientras las entidades abonan tasas pasivas del 15,2% promedio.

 

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Economía en tiempos de «coronacrisis»: ¿La centralidad de la deuda?

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Para el Gobierno de la coalición peronista, hasta la eclosión del virus, el tema de la reestructuración de la deuda heredada del macrismo emergía como una cuestión central para el relanzamiento del crecimiento de la economía argentina. Desde esta columna describimos el programa inicial de la administración, centrado en recuperar los equilibrios externo y fiscal para estabilizar las variables desmadradas y consolidar un esquema financiero sustentable que despeje los interrogantes del exterior. Por este sendero la actividad productiva comenzaría a desplegarse y el pueblo argentino a recuperar bienestar y confianza en poco tiempo. Así lo pormenorizó el ministro Martín Guzmán en su última presentación en el Congreso.

Lo sorprendente es que el tema de la deuda siga siendo central hoy, en este presente de hundimiento de la economía global, dislocamiento de comercio internacional y con la puesta en marcha de políticas monetarias expansivas de guarismos enormes para preservar empresas y familias impactadas. Hay una cincuentena de países emergentes que exteriorizan dificultades para cumplir sus presupuestos financieros; el Banco Central Europeo emite euros para comprar bonos soberanos depreciados de los países de la UE; y la bolsa de Estados Unidos no se desploma porque la Reserva Federal compra acciones.

La pregunta a formularse ahora es ¿cuál es la capacidad de pago de la Argentina en el marco de la pandemia? 

El ministro Guzmán proyectó para este año una caída del PIB del -6,5% y es difícil escudriñar cómo será el 2021 si la economía no se reconvierte rápidamente hacia circuitos de producción y consumo no trasnacionalizados, movilizando los recursos disponibles principalmente a la provisión de bienes esenciales para todos los argentinos y todas las argentinas.

Difícilmente un sendero de equilibrios macroeconómicos e ingreso de divisas proveniente de una reestructuración exitosa de deuda pueda proyectarse en lo inmediato. Por ende, no parece ser el camino más viable a la salida del choque que implicó la llegada del virus. Fundamentalmente, porque éste va a dejar una secuela de deterioro de los ingresos populares y desarticulación económica que debe ser afrontada rápidamente y, con ese objetivo por delante, el arreglo de la deuda no parece aportar mucho para alcanzarlo.

Se argumenta lo gravoso que significaría entrar en default y sin duda es así. El golpe inmediato lo sufrirían las importaciones, que debieran cancelarse por anticipado y de contado, situación que con un tipo de cambio regulado, pero sin administración de comercio exterior, puede drenar reservas internacionales y complicar una adecuada planificación del flujo de divisas con que cuenta el país. Pero dado el actual contexto mundial, no parece ser un tema insoluble a corto plazo.

Otras consecuencias inmediatas como el “cierre de los mercados financieros internacionales en un ambiente de tasas de interés muy baratas” es una muletilla usada por los voceros del poder económico que nunca ocurre. El Gobierno de Mauricio Macri, con un país desendeudado y tasas de interés para los países emergentes del 4% anual, pactó servicios de intereses del 7/8% anual, que ahora con acierto el ministro Guzmán quiere reducir al 2,33% en promedio.

Por último, se invocan los fallos en contra de la Argentina y en favor de los “fondos buitres” producidos por el Juez Thomas Griesa como una amenaza blandida contra el deudor díscolo e insumiso. No abundaremos aquí sobre el abuso que significaron esas sentencias, ni lo opaco de su cancelación en 2016. Si es necesario ponderar magnitudes, los “fondos buitres” adquirieron los bonos defaulteados en el año 2004 con el exclusivo fin de litigar contra el país no ingresando a los canjes 2005/2010. Ahora bien, la cifra comprometida en ese entonces por los cuatro “fondos buitres” fue de u$s 800 millones, percibiendo en compensación tras doce años de conflictos u$s 4.200 millones, ganancia extraordinaria pero realizada en un tiempo prolongado. El monto de deuda en reprogramación en la actualidad es de u$s 67.000 millones y, según trasciende, los fondos menos dispuestos a aceptar la oferta argentina tienen alrededor del 50% de esa cifra y su objetivo original al adquirirlos no fue judicializar el tema. No parece probable que comprometan una inmovilización de activos en su cartera de una magnitud superior a los u$s 30.000 millones durante una década a resultas de un juicio, acarreando el costo de la depreciación de la cuota parte del fondo por poseer títulos defaulteados.

De hecho, estos fondos de inversión más intransigentes presionan por una mejora de oferta a fin de aumentar el “valor de salida” (“exit value”) del bono nuevo y desprenderse rápidamente de estos valores en el mercado. Su negocio no es inmovilizar cartera en un litigio sino obtener una ganancia rápida vendiendo títulos a un precio de u$s 50, que hoy cotiza u$s 30. Y aprovechar los beneficios de un mercado de valores estadounidense muy líquido y subsidiado por la Reserva Federal.

Retorna la pregunta en forma circular ¿Por qué la deuda sigue siendo un tema central de la política económica en el marco global y con los argumentos expuestos?

A modo de ensayo de respuesta, parece tratarse de un punto de agenda que subsistió después de la pandemia y que el Gobierno se esfuerza en despejar para evitar males mayores. No es bueno perder ductilidad y audacia en el actual escenario y con esos atributos fijar una agenda con prioridades que respondan al desafío presente.

El problema heredado de la deuda hay que resolverlo, pero en el presente de virus no ocupa la centralidad que tenía cuándo se inició el mandato del Presidente Fernández.

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/reestructuracion-de-la-deuda/-la-centralidad-de-la-deuda–202052315290

Crisis económica y emisión: en defensa de la política monetaria

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La pandemia ha hundido la actividad económica a niveles no registrados desde las grandes crisis capitalistas. Las naciones se encuentran en la necesidad de intervenir en la economía sosteniendo empresas y familias. En un contexto donde la recaudación tributaria ha menguado sustancialmente por la crisis, consecuentemente han apelado a la política monetaria para cumplir este cometido. Ni siquiera los fondos soberanos, que tienen sus activos financieros duramente golpeados, pueden cumplir eficazmente su rol contracíclico en esta coyuntura.

Todos los gobiernos del mundo han lanzado programas de expansión monetaria agresivos, combinando la emisión directa de moneda con facilidades de multiplicación de crédito que han derrumbado la tasa de interés.

La política monetaria permite financiar la emisión del gasto público imprescindible para aumentar la oferta del sistema sanitario y a la vez asistir a las familias para cumplir con las normas de aislamiento social obligatorio. También habilita a los bancos centrales a comprar acciones de empresas en crisis y expandir el crédito barato para evitar el derrumbe de unidades de producción.

Sin duda, este escenario marca diferencias entre los países que pueden crear moneda con poder cancelatorio global como EEUU y el bloque de la Unión Europea, respecto de las naciones emergentes o con alcance sólo regional de sus divisas, como China, Japón y más recientemente -a consecuencia del Brexit-, el Reino Unido.

La política monetaria permite financiar la emisión del gasto público imprescindible para aumentar la oferta del sistema sanitario y a la vez asistir a las familias para cumplir con las normas de aislamiento social obligatorio

Las capacidades de intervención son diferentes, pero en un contexto de dislocamiento de las relaciones comerciales y financieras alumbradas por la globalización, este desequilibrio tiende a reducirse, porque los espacios nacionales como núcleo de las relaciones económicas han cobrado otro significado. Ya no se trata de alcanzar el ideal de la frontera del consumo global para la ciudadanía que requeriría ingentes cantidades de moneda con poder cancelatorio global, sino de recrear un circuito de producción de bienes básicos de acceso masivo (energía, alimentos, vivienda, salud y educación a distancia) que garanticen la preservación de la mayor cantidad de vidas y una existencia confortable.

En la Argentina bimonetaria, en donde el peso es unidad de cuenta y medio de pago pero no reserva de valor -consecuencia del comportamiento sistemático de acumulación de capital en moneda dura en el exterior por parte del bloque dominante primario-financiero-, plantear una política monetaria expansiva que sostenga la economía surge como una herejía.

Los voceros de los agentes económicos más poderosos claman a coro “emiten sin respaldo”, consigna a la que le cabe la pregunta: ¿sin respaldo de qué bienes?. La respuesta dominante es: “el dólar”, porque no pueden emitirse pesos en forma autónoma de la oferta de divisas que ingrese al país si se quiere mantener estable la cotización del dólar.

En el conjunto de países, la Argentina es el número 25 por tamaño de su economía, el 30 por cantidad de población y el 8 por superficie. Acotar el funcionamiento de su actividad productiva al ingreso de moneda extranjera es un corset demasiado apretado.

Nuestro país tiene una producción diversificada, con abundantes recursos naturales y calificados recursos humanos, capaz de proveer a sus habitantes vivienda, alimentos, energía, indumentaria, educación de excelencia y salud pública universal. En definitiva, la casi totalidad de bienes requeridos en este presente y alejados de un circuito trasnacionalizado dependiente del flujo de moneda extranjera.

Movilizar la actividad económica en esa dirección con una inyección direccionada de pesos es absolutamente viable y necesario en un contexto de crisis y cierre internacional.

Al respecto son ilustrativos algunos números:

El coeficiente de monetización, entendido como la totalidad de pesos existente incluyendo la circulación en poder del público y los nominados en los diferentes tipos de cuentas bancarias, respecto al tamaño del PIB, es del 26%, una cifra baja si se la compara con otros países de menor porte que el nuestro.

La Base Monetaria o dinero de emisión primaria era del 8% del PIB en diciembre, una cifra muy reducida que revelaba la magnitud del ajuste macrista. La política monetaria expansiva seguida por el Gobierno llevó ese número al 11% del PIB, una recuperación progresiva de los medios de pago acorde a la necesidad de sostener la actividad

Los indicadores precedentes no revelan elementos que expliquen que la emisión monetaria pausada, desde niveles muy bajos, provoquen una suba de precios o del dólar.

Quienes tienen capacidad de fijar precios y de valorizar su rentabilidad y patrimonio en moneda extranjera son los que repudian al peso e impugnan la política monetaria como herramienta de política económica redistributiva, sobre todo en un contexto en que una acción regulatoria del Estado puede construir un circuito viable de producción y consumo no trasnacionalizado, reduciendo su presencia dominante en mercados de bienes esenciales.

Es la oportunidad de revertir una historia de avances y recurrentes crisis externas, rompiendo el verdadero cepo monetario que es colocar a la actividad interna en función del flujo de divisas.

Es la oportunidad, pero también la única vía, según parece.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-mundial/en-defensa-de-la-politica-monetaria–202051611530

HORA DE DEFINICIONES

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“Esto yo ya lo viví en 2003. Los acreedores tienen cómo molestar en la economía interna y, lamentablemente, estas cosas pasan», enfatizó el Presidente Alberto Fernández en medio de la dura negociación de deuda, al sostener que los acreedores «tienen cómo hacerlo y tienen gente en la Argentina que se pone al servicio de ellos. Es un tema que me preocupa y estamos viendo cómo resolverlo. No hay argumento lógico para que esto pase».

Tienen gente en la Argentina dice el Presidente y es verdad, desde lo ideológico, político y cultural y por razones financieras están los que masivamente juegan al dólar, pero el gobierno contraatacó fuerte el jueves 14 de mayo, al publicar el BCRA un informe denominado “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos 2015-2019”, donde afirma que el acrecentamiento de la deuda externa argentina  en el período fue de 100.000 millones de dólares, de los cuales se fugaron 86.200 millones. En el desgobierno de Cambiemos aumentaron la deuda en 100.000 millones y el 86% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de privilegiados residentes argentinos en el exterior.

Es más,  los 10 mayores compradores (personas físicas y jurídicas) adquirieron  7.945  millones de dólares entre diciembre de 2015 y octubre de 2019. Los 50 mayores compradores (incluidos los primeros 10):19.153 millones de dólares y los 100 mayores  24.679 millones de dólares . Obviamente, las autoridades saben nombre y apellido y/o razón social, domicilio, actividad, etc. etc. de quienes son, uno por uno, para llamarlos y decirles, ustedes declaran que ganan tanto y, como puede ser que fuguen en menos de cuatro años 86.200 millones de dólares, una cuarta parte del PIB anual argentino.

Sin tener esos datos, que si tiene el gobierno nacional, es justo suponer que entre los primero 100 fugadores están los dueños de los grandes bancos privados nacionales y de las grandes empresas que operan en el país. Decimos esto con el fundado razonamiento de que es imprescindible la participación de los grandes bancos del sistema financiero local en la fuga de capitales de la Argentina, tal lo demuestra en sus declaraciones ante la justicia argentina del ex funcionario del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, como en la presentación de la AFIP de las cuentas de residentes argentinos no declaradas en el Banco HSBC de Ginebra, más la información provista por el BCRA sobre las compras de divisas en los años 2008 y 2009, el listado de compradores de divisas en 2011 y los Papeles de Panamá, de Bahamas y de otras guaridas fiscales, y los más de 2.600 millones de dólares no declarados por 950 argentinos en bancos de la OCDE (organización de 37 países desarrollados) que recibió la AFIP de Alberto Remigio Abad, actual Director del Banco Santander-Río, que archivó la denuncia. El tributarista Jorge Gaggero solicitó que sea investigada toda la causa y así lo presentó el Fiscal Federal Federico Delgado en la semana transcurrida.  En todos estos casos, apenas un puñado de firmas es responsable de buena parte de la compra de divisas y de los capitales fugados. Algunos grupos económicos que operan en el país como Clarín, Ledesma y Techint, entre otros, se repiten constantemente a través de dichas firmas, pero además por la presencia de sus principales directivos y accionistas.

Si ese es el marco, podemos entender porque se genera una nueva corrida cambiaria que hace que en plena cuarentena, donde estamos mayoritariamente recluidos los habitantes, el dólar paralelo dicen que vale (siempre tipo de cambio vendedor) $ 138, cuando el 20 de marzo 2020 decían que valía $ 85.  O que el dólar CCL (contado con liqui) el viernes 15 de mayo cerró a $ 121 cuando el dólar PAIS cotiza a $ 91 y el oficial a $ 70, siendo la brecha del 33% y 72,8% respectivamente.

Esa disparada del precio del dólar que perjudica a la mayoría de la población que percibe ingresos fijos en moneda nacional, se genera por:

  1. Restructuración de la deuda– Entre los acreedores privados de los 21 títulos que están en moneda y en jurisdicción extranjera, por 66.238 millones de dólares en total,  los grandes Fondos de Cobertura (Blackrock, Fidelity, Vanguard, Pimco, Gramercy, Ashmore y Franklin Templeton, etc.) ya tienen un porcentaje de los mismos que anula la cláusula de acción colectiva (25 o 33% depende del bono) para exigir el pago en las condiciones originales, no aceptan la propuesta argentina y, como tantas veces pasó otrora, utilizan los grandes medios que también seguramente tienen parte de los dólares que fugaron en esos fondos que se los administran, con el amor a la patria que los caracteriza. La propuesta Argentina es lógica y razonable, tres años de gracia, una quita de capital del 5,4% y cambiar los intereses por una tasa del 0,5% en el primer año de pago (mayo de 2023) y, después, ir aumentándola al 0,5% anual hasta ser de un promedio del 2,33% para toda la vida del nuevo bono, cuando ellos mayoritariamente no le prestaron a la argentina y compraron esos títulos al 30 o 35% de su valor, que significa una tasa real en torno al 7% anual en dólares (El rendimiento efectivo no es sobre la lámina de 100 dólares, que es su valor nominal, sino sobre 30 o 35 dólares que es el valor al que adquirieron esos títulos).
  2. Subfacturación y retención de exportaciones- La Bolsa de Rosario informa  que las exportaciones de trigo en el primer trimestre de 2020 habían superado en un 40% a igual período del año anterior (6,16 millones de toneladas versus 4,42 millones) y que el pedido de compras hasta ahora y  para todo el año 2020 es de 14,7 millones de toneladas (superior en un 40% a la del año pasado). Por lo tanto, no es creíble que CIARA – CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales)  reporten que comparado el primer cuatrimestre 2020 con el del 2019 el ingreso en divisas es un 17,8 % inferior.  Ellos dicen que en los primeros cuatro meses de 2020 ingresaron 5.017,5 millones de dólares y en igual lapso del año pasado 6.104,4 millones de dólares, cuando el peso oficial se devaluó en promedio un 65% entre ambas fechas, de $ 42,5 a $ 70.- y se infiere que semejante depreciación es un estímulo a exportar. En la zona núcleo, la cosecha de soja aún no concluyó, la mayor parte se cosecha entre abril y mayo, en ese marco el BCRA mediante la Comunicación “A” 7018 estableció que a partir del lunes 18 de mayo las Pymes agrícolas que quieran acceder a los créditos a tasa subsidiada del 24% –ofrecidos por el BCRA– deberán tener en acopio no más de un 5% de su “capacidad de cosecha anual” de “trigo y/o soja (2019/20), medida que en realidad no va a desandar el camino especulativo pero va “marcando la cancha”. Los principales puertos exportadores de granos y de aceite están sobre la Hidrovía del Paraná, son 18 (dieciocho) puertos, de los cuales 14 (catorce) son concesiones privadas a Cargill, COFCO-Agri, Aceitera General Deheza, Bunge Ceval, Vincentín, Louis Dreyfus, Glencore y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y, dada la situación, más que justifica una fuerte fiscalización.
  3. El sistema financiero- Los nueve mayores bancos privados realizan la mayor parte de las operaciones de comercio exterior y a la vez, son los principales vehículos para que sus clientes cambien depósitos en pesos por contado con liqui (CCL) o dólar bolsa (dólar MEP), razones por los que también se requiere un fuerte control de dichas operatorias.  Paralelamente, la nueva conducción del BCRA les otorgó a los bancos capacidad prestable por $ 460.000 millones, de los cuales unos $ 120.000 millones prestaron al 24%, supuestamente para hacer frente a la pandemia y a la merma del trabajo y la producción.  Habría que rastrear entre quienes recibieron ese monto, si una parte no fue a comprar dólares vía CCL o MEP (en que el precio del dólar implícito creció en dos meses  en un 62%).  Y, finalmente, con los $ 340.000 millones restantes que tienen de capacidad prestable y no prestan ¿que hacen?
  4. El pago de impuestos a las ganancias y bienes personales-En los meses de abril a junio de cada año deben abonar el impuesto a las ganancias del año pasado (los mayores bancos ganaron fortunas, con una tasa de rentabilidad promedio del 70%), y lo mismo pasa con las grandes empresas, Tenaris y Ternium de Techint, Ledesma y el multimedio Clarín y otras. Igual con respecto al gravamen a los Bienes Personales (Patrimonio de los contribuyentes) del año 2019 que deben pagar ahora, se trata de ganancias y patrimonio antes de la pandemia, que permitiría financiar al fisco y a la vez restaría fondos que van a comprar dólares y fugarlos del sistema económico nacional.
  5. Devaluación de Brasil y demás países de la región- El dólar en Brasil se pactaba a 5,96 reales al viernes 15 de mayo de 2020, con un incremento del 48,3% desde los 4,02 reales del cierre de 2019. Pese a ello, la venta de granos, harina, aceite y carne de este año 2020, sumada al freno en el nivel de actividad (y por consiguiente menos importaciones), más el período de gracia de suspensión del pago de los servicios de la deuda externa, en conjunto, implica un fuerte superávit comercial para este año, siempre y cuando se controlen las operaciones de comercio exterior y la operatoria de los grandes bancos del país.

En síntesis

La tarea de la Administración Nacional es ardua, pero posible, se trata de controlar exhaustivamente a nueve grandes bancos, su operatoria (esencialmente las operaciones con el exterior y las que posibilitan la compra de acciones y/o títulos en pesos para venderlos en divisas), a sus dueños y ceos, por un lado y, por el otro, fiscalizar los 14 puertos concesionados de la Hidrovía del Paraná,  con eso se limita la fuga de capitales y se asegura que no aumenten más el precio de los alimentos, del alcohol, etc., para que la demanda externa sea para bien de todos y no en beneficio de una minoría rentística y parasitaria como siempre ha sido.  Hoy el Presidente de la República tiene los nombres y apellidos de los que se beneficiaron con el endeudamiento macrista que pagamos todos los demás. Ya sabe fehacientemente con quienes está lidiando, donde había dudas hay certeza, no le van a volver a decir a su ministro que no sabe con quién se está metiendo. En la mesa del juego, conocer las cartas del rival no es poco.

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2008-2020: una crisis tanto o más grave que la de 1929

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Si se buscara una explicación sobre la crisis de 1929 habría que recurrir al libro del economista egipcio Isaac Johsua La crisis de 1929 y el emerger norteamericano, publicado por primera vez en 1999 en Francia y editado con actualización en la Argentina en 2012 (Ediciones IPS). Allí Johsua analiza las cuatro mayores explicaciones generales que se habían dado sobre aquella crisis: el subconsumo, la sobreinversión, el monetarismo y el sobreendeudamiento, sobre todo en su relación con el ascenso de Estados Unidos como potencia económica y militar dominante, en el largo período que abarcó desde el fin del siglo XIX –y al que Johsua ingresa en 1918- hasta la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Su autor no destaca ninguna de esas motivaciones en particular -salvo la de la emergencia estadounidense- sino que combina las cuatro.

Siguiendo su ruta, vamos a componer de manera particular esas causas destacando sobre todo la del endeudamiento, que en la crisis de 2008 es indudablemente la de mayor importancia y consecuencia de la financierización, de la que se deriva y que también estuvo presente antes de 1929 pero que de ninguna manera alcanzó la importancia actual, característica esencial de la presente crisis. Esta característica posibilita la sobreacumulación aun en los períodos sin inversión y el ímpetu adquirido por el monetarismo. El subconsumo tiene importancia pero es una consecuencia de la recesión, la crisis, la financierización y el endeudamiento.

La financierización es la inversión en fondos monetarios y no en activos destinados a la producción. Una inversión privada productiva se destina a una empresa que produce en la actividad industrial, agropecuaria o minera y en el comercio y los servicios, siempre que en estos dos últimos casos no exceda de la magnitud requerida por la producción y su perspectiva o por la generación de ingresos y la demanda derivada de ella. La colocación de dinero en un banco es una inversión financiera necesaria si se complementa con la actividad productiva a la que potencia y por la que percibe una tasa de interés. Pero si la colocación financiera desborda en magnitud a la que absorbe la actividad productiva y el interés rinde más que la ganancia, hay financierización y provoca una menor actividad productiva, encarecida por los altos intereses. Y cuando los altos intereses frenan la producción, el endeudamiento ya no se destina tanto a la producción sino a renovar las deudas en continuo crecimiento, que también provienen de quienes perciben ingresos laborales; por eso la crisis inmobiliaria por imposibilidad de pagar los intereses llevó a la crisis bancaria (Lehman Brothers) de 2008. De ahí que la financierización está asociada al sobreendeudamiento. Y el Estado se sobre-endeuda cuando rescata a los bancos quebrados por el exceso de préstamos que no se pueden pagar, como está sucediendo en todos los países desarrollados, mientras que en los menos desarrollados o periféricos, el Estado se sobre-endeuda para pagar a los bancos y fondos financieros extranjeros que adquirieron bonos de esa deuda excesiva. Si el Estado se sobre-endeuda, se desestabilizan las monedas y desaparecen las paridades fijas duraderas.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como la potencia económica hegemónica, fruto de su relativo aislamiento previo y de la rápida  transformación y acumulación de capital con la que desplazó a Gran Bretaña, pero solo pudo desalojar a Alemania como otra gran potencia económica emergente porque consiguió delegar en la Unión Soviética el principal esfuerzo militar en Europa, y la consecuencia fue que el poder militar soviético impidió que el potencial económico de Estados Unidos pudiera significarle la hegemonía absoluta de poder. Para asegurar su gran ventaja económica y preparar la liquidación del condicionamiento resultante de la presencia de la Unión Soviética, la obligó a realizar un gasto militar que limitó su crecimiento económico, de por si condenado por su aislamiento del sistema mundial. Al mismo tiempo, utilizó la gran tenencia de oro en sus reservas y el consiguiente poder del dólar derivado de su condición de única gran potencia económica para imponer al resto del mundo capitalista en Bretton Woods (1944) el patrón de cambio dólar oro que, al funcionar como un virtual sustituto del antiguo patrón oro, le permitió crear y regular el dinero mundial.

En 1971 Estados Unidos perdió esa capacidad porque ya sus reservas de oro eran insuficientes para respaldar la masa monetaria. Debió abandonar el patrón de cambio dólar oro y dos años después tampoco pudo sostener el tipo de cambio fijo y tuvo que devaluar. Es posible que los soviéticos hayan contribuido inesperadamente a esa decisión –evidencia de la pérdida relativa del poder estadounidense- al depositar los dólares requeridos para respaldar el comercio internacional del bloque que encabezaban en bancos europeos de Londres, para no depositarlos en Estados Unidos. Así se originó el mercado del eurodólar, que tuvo gran crecimiento desde fines de los años ´60 porque los bancos europeos no dejaron perder la oportunidad de colocar allí sus dólares y pronto fueron seguidos por los mismos bancos y empresas transnacionales estadounidenses, dando lugar a un mercado mundial de capitales cada vez más desprovisto de control, que incorporó funciones como la de los seguros de cambio y los derivados, para protección de riesgos cada vez mayores, que empezaron con la inestabilidad de las paridades. Al eurodólar después se le sumaron los mercados offshore, que repitieron la experiencia del eurodólar en un contexto aún más desprovisto de controles y de ocultamiento tributario para los capitales.

En repetidas ocasiones el gobierno de Estados Unidos intentó retomar el control de la creación y control del dinero mundial y otras tantas lo perdió en manos del capital mundial, dando lugar a la pregunta de si no existía una contradicción entre el dominio del mercado por el capital y su condicionamiento a la regulación estatal. El presidente Donald Trump obligó a reiterar esta pregunta cuando llevó el proteccionismo al mayor nivel de una época marcada por la globalización del capital y  pidió a empresas estadounidenses radicadas en China que vuelvan a Estados Unidos. La imposibilidad del dólar de controlar el dinero mundialse hizo evidente cuando el titular del fondo de inversión BlackRock observó que su papel como moneda de reserva no era seguro ya que 40% del déficit estadounidense se financia con deuda externa, por lo que “recomendaba no pelear con los acreedores externos”, como apuntó Mónica Peralta Ramos (El pez por la boca muere, El Cohete a la Luna, 3/5/20). La decisión de Trump, de entregarle a BlackRock la gestión de los programas especiales de la Fed de defensa del dólar, también señalado por Mónica, implica no sólo incrementar enormemente la riqueza de un pequeño grupo sino que muestra que aquella contradicción no existe. El control del Estado sobre el dinero mundial afirma el poder de Estados Unidos y no se puede separar de su objetivo de mantener al mismo tiempo el dominio del capital sobre la economía mundial,  particularmente el de los grandes grupos financieros con sede en ese país, y constata que el eje actual del capitalismo es el financiero y por eso la financierización del capital es lo decisivo.

BlackRock es el mayor fondo gestor de inversión del mundo y principal accionista de 88% de las empresas que en mayo de 2018 integraban el índice S&P 500, constituye el más grande y más concentrado monopolio privado, uno de sus principales negocios se orienta a sustituir al Estado en gestionar los planes de pensión de los asalariados sobre la base del capital tecnológico (la Inteligencia Artificial) y en ese momento administraba unos 6,3 billones de dólares, un monto casi igual al PBI de Alemania y Francia sumados (La Vanguardia, Barcelona, 6/5/2018). En Argentina es uno de los fondos de inversión que más bonos posee y rechazó la oferta del gobierno nacional, mientras Jeffrey Sachs, que apoyó la oferta por “realista y favorable”, le pidió que la acepte para “evitar una catástrofe global” (El Cronista7/5/20).

Ahora es posible entender por qué en la actualidad no hay sobreinversión y por qué el Premio Nobel Paul Krugman se pregunta “La economía se hunde, la bolsa sube en tiempo de coronavirus: ¿qué está pasando?”, en una nota de TheNew York Timesque Clarínreprodujo el 4/5/20. El razonamiento de Krugman puede sintetizarse así: Los precios de las acciones estadounidenses, que bajaron cuando empezó el coronavirus, se recuperaron hasta volver al inicio de la caída, cuando parecía que la economía marchaba muy bien. Por eso recomienda muy especialmente recordar “que la bolsa no es la economía”,y señala que “los inversores están comprando acciones en parte porque no tienen ningún otro sitio al que ir”,ya que “la deuda pública ofrece una rentabilidad increíblemente baja”en Estados Unidos, con tipos de interés de los bonos a 10 años del 0,6%, de rendimiento real negativo, que lo explica en razón de que el mercado de bonos prevé que la economía se mantenga deprimida varios años”, que la Fed seguirá con tasas bajas “en un futuro predecible” y concluye que “las acciones están fuertes precisamente porque la economía real está débil”.

En la Argentina, con el rodrigazo que prologó el golpe de 1976 y la dictadura, se instaló la economía del ajuste y la deuda y se reforzó en la democracia por el efecto buscado de la deuda a lo largo de los últimos 45 años, con excepción de los 13 años del kirchnerismo y los últimos más de cinco meses de la presidencia de Alberto Fernández. El kirchnerismo la renegoció, redujo los pagos y rompió con la política del FMI. Alberto Fernández volvió a frenar la deuda y a renegociarla y es cada vez más hostigado por los mayores diarios del país, que funcionaron como la prensa del macrismo después de haber sido la prensa de la dictadura y de una cerrada oposición al kirchnerismo, porque su prédica fue y sigue siendo esencial para crear y sostener una opinión y un partido de derecha que permita profundizar la política de ajuste y de deuda en la democracia, que en la Argentina es una absoluta novedad.

La política de Macri fue una perfecta muestra de que la acumulación puede no tener nada que ver con la inversión en la época del capital financiero y la financierización y sí con el hundimiento de la economía y el aumento de la pobreza y la desigualdad social, beneficiando a quienes acumulan sin invertir, ingresan o compran dólares, los prestan subiéndose al endeudamiento continuado y después lo fugan. Por eso Macri y su primer ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, provocan risa al afirmar que no se debe asustar a los inversores con impuestos o reglamentaciones y controles capaces de hundir la inversión porque ellos ya la hundieron con la deuda, premiando a los mayores especuladores -los fondos buitre-, afirmando la especulación como política de endeudamiento paralela a la toma de créditos y utilizando el ajuste para financiar los pagos y la fuga de capitales. Y lo que se puede constatar es que esta política de inversión divorciada de la acumulación es también una realidad de la economía mundial.

En cuanto al otro fundamento presente en Johsua para explicar la crisis de 1929 -el paso de la hegemonía británica a la estadounidense-, en la crisis internacional iniciada en 2008 habría que marcar la rapidez de la emergencia china y la posibilidad que llegue a sustituir la hegemonía de Estados Unidos, lo que también se está dirimiendo en un período que empieza a extenderse, porque si bien esta posibilidad recién se puso de manifiesto el decenio pasado, con Xi Jinping al frente de la República Popular y del Partido Comunista Chino (PCCh), va a cobrar virulencia en lo sucesivo, y se confirma con la política de Trump de resguardar y afirmar el papel plenamente hegemónico que su país pretendió conquistar con la Segunda Guerra Mundial, que apenas pudo disfrutar desde la caída de la Unión Soviética y que empezó a diluirse con el vertiginoso ascenso chino. Y lo curioso es que coincide con la nueva crisis del capitalismo, como ocurriera en medio de la transición anterior de hegemonía, un siglo atrás.

Hay una infinidad de cuestiones que caracterizan la peculiaridad del ascenso chino y que pueden ayudar a comprender sus incógnitas. La experiencia soviética, de intentar construir un sistema diferente fuera del sistema mundial, es posiblemente lo que hizo entender al PCCh que para superar un sistema mundial, hay que hacerlo desde adentro, y no es una cuestión ideológica, porque ninguna teoría puede ser inmune a los cambios en el sistema y en las clases sociales y convertirse en una teología, sino que en el capitalismo no hay manera de alcanzar la tecnología y la participación en el comercio sin el concurso de la inversión extranjera y la creación de empresas privadas, porque difícilmente las empresas estatales podrían cumplir esa tarea y asociarse con las grandes empresas capitalistas para hacerlo. Gracias a ese concurso, China ha conseguido avanzar en tiempo récord y es tan indudable que su régimen económico no es socialista como que representa un desafío para la hegemonía estadounidense. Sin embargo, también parece indudable que en la República Popular el Estado orienta la conducta del capital de modo que el comportamiento de las empresas privadas se rige por la planificación estatal, mientras que en Estados Unidos es el capital el que determina la acción del Estado, como quedó más que claro cuando Trump delegó en BlackRock gestionar la defensa del dólar.

La situación intermedia china difícil de explicar (Néstor Restivo, “China: cómo entender si diagnosticamos mal”, AdSina, 10/5/20) tampoco parece resolverse definiéndola como capitalismo de Estado. Se asemeja más bien a un capitalismo bajo la tutela de un Estado regido por un partido comunista cuya finalidad no es el capitalismo, y éste aparece como un medio ineludible dictado por la presencia en el sistema mundial, en el que la burguesía sería prisionera del Estado. Precisamente por eso y por su inevitable desenvolvimiento dentro del capitalismo mundial, nadie puede asegurar cuál será la fórmula definitivao que incluso en algún momento el capital pueda asumir el control del Estado si el actual Estado no se afirmara en la relación de fuerza con Estados Unidos. Todo esto es lo que se juega en esta guerra virtual que en algún momento será también una guerra interna, como ya lo fue en distintos momentos del pasado, sobre todo si la transición se prolongara, posibilidad que seguramente se encuentra también en los cálculos estadounidenses como parte de la defensa de su estatus actual de potencia dominante amenazada.

No por eso la dirigencia china va a forzar el aumento de la velocidad de tránsito, porque –a pesar de los grandes avances- su economía todavía es 6,4 veces menos rica que la de Estados Unidos, si se las compara por el PBI per cápita (9.771 dóls vs. 62.800 dóls, según el Bco. Mundial), aunque esa diferencia se reduce a la mitad (3,4 veces) si se toma en cuenta la paridad del poder adquisitivo. En ese caso, China más bien podría modificar el sentido de su política. Así comohasta ahora prevaleció la apertura inaugurada por Deng Xiaoping, Xi Jinping está poniendo más énfasis en el desarrollo interno, que ya había iniciado antesqueEstados Unidos apelara al proteccionismo, aunque esta orientación tiene muchas otras causas difíciles de sintetizar. Por algunos motivos coincidentes y por otros muy distintos, Trump vuelve a colocar el eje de la inversión estadounidense en el desarrollo interno, intensificándolo ante el agravamiento de la crisis y buscando afirmar su dominio mundial, no por nacionalismo y menos para permitir el nacionalismo de los demás. Sobre todo, porque colocar el eje en el centro estadounidense es situarlo en el centro del sistema, disminuir el papel de los emergentes y volver a la división internacional del trabajo, para lo que el macrismo se especializa con su política de desindustrialización, que diferencia más que nunca la estrategia del peronismo. Habrá que ver si, en esas condiciones, China consigue consolidar su propio desarrollo interno sin dejar de lado su Ruta de la Seda.

Todavía es posible avanzar más para entender la crisis actual apoyándose en la experiencia de 1929. En el análisis deJohsua, la relación entre los distintos factores que la provocaron parece más equilibrada que en la crisis que comenzó en 2008; en ésta -sin duda- lo que prevalece es el endeudamiento como consecuencia de la financierización, y no en vano se suele especificar que el neoliberalismo es el dominio del capital financiero y a la crisis de 2008 se la designa siempre como financieray, como hemos procurado destacar al principio, todos los otros factores aparecen subsumidos en el financiero y el de la deuda, o como sus consecuencias. En su análisis de 1929 Johsua le concede especial gravitación a la emergencia estadounidense y a la velocidad con que se desarrolló.

La emergencia china actual es aún más veloz, pero tiene menos que ver en forma directa con la crisis capitalista, puesto que cuando la República Popular inició su incorporación al mercado mundial no era un país capitalista y ahora sería muy difícil clasificarlo así, aunque haya apelado al capitalismo orientado y controlado por el Estado para desarrollarse, ya que en el PCCh impera la idea de que sin desarrollo no hay socialismo, y no hay duda que al haber puesto en marcha esa premisa desencadenó su emergencia y acaba de obligar a Estados Unidos a defenderse con su peculiar proteccionismo.

Pareciera que el problema hay que atacarlo desde otro frente. El capitalismo es un sistema mundial. En 1929 también lo era pero no estaba consolidado como tal, no tanto por la lucha competitiva que llevó a las dos guerras mundiales sino porque no se había desenvuelto plenamente, al contrario de lo que sucede en la actualidad con la globalización, el alcance de la inversión extranjera y la emergencia de la periferia a una más profunda integración en los años ochenta y noventa, que incluso la llevó a protagonizar la crisis internacional de los noventa, que en la Argentina culminó a fines de 2001.

En el sistema capitalista el equilibrio se rompe periódicamente y en forma continua. El sistema se destaca por el capital privado y la relación salarial, y el equilibrio reside en que el capital se invierte en la medida que obtiene rentabilidad, vendiendo su producción en el mercado, lo que requiere un ingreso salarial que crezca en proporción con la producción y la productividad, porque de lo contrario no hay mercado suficiente. En los años del Estado de Bienestar que siguieron a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el aumento de la producción y la productividad marchaba en el mismo sentido que el de la capacidad de compra, y era también una premisa política para impedir el avance del comunismo y para aislar a la Unión Soviética, puesto que si bien su producción crecía muy rápido, su productividad no, porque estaba separada del sistema mundial y debía afrontar un gasto en armamento que Estados Unidos podía solventar con su enorme diferencial de productividad, con la que también pudo reconstruir y desarrollar a Europa con el Plan Marshall.

En los años sesenta ese equilibrio se empezó a romper con más frecuencia: la rentabilidad caía porque la demanda crecía más lentamente, la renovación del capital fijo era menor que en la inmediata posguerra, reaparecía la competencia entre las economías nacionales y en los años setenta ya Estados Unidos no pudo mantener la base oro de sus reservas a tono con la expansión monetaria, y el dólar y todas las paridades se volvieron inestables. La necesidad de sostener la producción llevó al crecimiento de las deudas y el capital financiero se liberó de la tutela del Estado a partir del eurodólar y de los mercados offshore, alcanzando una autonomía que colocó a las finanzas, la deuda y los instrumentos para asegurar los riesgos en el centro de la acumulación y ésta se divorció de la inversión productiva, dándole su característica al neoliberalismo. Cada vez más, como dice Krugman, las bolsas se desentendieron de la economía y con el clima recesivo sobrevino una continua presión a la baja de los salarios, otra característica del neoliberalismo.

Algo de esto ya había sucedidoantes de 1929, pero no en la enorme medida actual y como algo inseparable del sistema. El crédito siempre fue necesario y más en los períodos recesivos, pero salvo en los países coloniales o subdesarrollados, la deuda no provenía sobre todo de fuentes externas. Si bien el capitalismo se estaba conformando como sistema mundial, todavía imperaban las economías nacionales y la acumulación en cada país, aunque el auxilio de la explotación y la inversión colonial fueran enormes, pero el desequilibrio en el centro del sistema todavía era controlable. El secreto consiste en que allí el capital en su forma financiera estaba sujeto a la regulación del Estado nacional.

La excepción fue la deuda alemana por las reparaciones de guerra. Los pagos demoraban la reconstrucción, impedían el crecimiento, llevaron a la hiperinflación en Alemania y su freno contribuía a frenar también la recuperación europea. Esa realidad obligó a Francia a aceptar la reducción de la deuda alemana y al final Alemania terminó pagando no más del 15%. Aun así las deudas influyeron en la baja actividad de la segunda mitad de los años veinte porque se dispararon y muchas se volvieron impagables por esa baja actividad, aunque la falta de pago golpeaba a las economías nacionales desde adentro y no como una crisis internacional de pagos, pero su gravitación en la crisis de 1929 es indudable. Cuando Jeffrey Sachs pide a los acreedores “evitar una catástrofe global” aceptando la oferta de pago de la deuda argentina actual, busca impedir que –por la amenazadora magnitud del endeudamiento global- se transforme en el gran detonante de la presente crisis. Sin embargo, no imperan los criterios razonables: BlackRock, que gestionará la defensa del dólar, rechazó de plano el acuerdo con la misma insensatez que tuvieron Macri al endeudar al país y Trump frente al coronavirus.

En la crisis iniciada en 2008 el papel de las finanzas es mucho mayor porque el sistema adquirió su carácter global implícito por el resultado de la Segunda Guerra Mundial, pese a la imposibilidad de la política monetaria de Estados Unidos de sostener el control del dinero mundial, que llevó al capital financiero a librarse del control de los Estados nacionales creando un mercado de crédito efectivamente global y el dominio de las finanzas impulsó la acumulación a través del crédito sin regulación –tal como sucedió en la Argentina de Macri con el visto bueno del FMI dirigido por Christine Lagarde-. El resultado inevitable es que el peso creciente de las deudas las hace cada vez más impagables y las convierte en las mayores responsables de la recesión. Por consiguiente, aunque la crisis a la que asistimos no es igual a la de 1929, ésta nos ayuda mucho a entender la actual y a comprender que si bien la pandemia la empeora, la gravedad es propia de la crisis, a tal punto que  su enseñanza más inquietante es que únicamente fue superada cuando el sistema logró reconfigurarse a costa de una guerra mundial.

Cuando pase la pandemia

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La economía argentina cuenta con ventajas considerables:

  • su capacidad de autoabastecerse de alimentos y energía y,
  • su potencialidad exportadora en y post pandemia.

El mundo con más de 3.800.000 infectados y más de 265.000 muertes por la Covid-19 ha frenado su nivel de actividad y, en mayor o menor medida, ha debido recluir a su población, pero se debe seguir alimentando. Así como se salió a buscar pulmotores y barbijos para aprovisionarse ante el virus, en segundo término se compraron, se compran y se comprarán alimentos que no pueden producirse por la pandemia.

El problema local reside en la fuerte concentración de la tierra, de los acopiadores y de los comercializadores y la posibilidad que tienen para subfacturar exportaciones y fugar capitales, que explica que esas mayores ventas no incrementen las reservas internacionales del BCRA y no se convierten en pesos, mientras paralelamente subsisten canales de salida de capitales que deberían prohibirse totalmente, al menos durante la pandemia, como son los mecanismos del contado con liqui y el dólar MEP o Bolsa.

En la teoría económica existe un teorema que lleva el nombre de su autor, Carlos Díaz Alejandro, quien en 1965 publicó su ensayo: Devaluación de la tasa de cambio en un país semi-industrializado. La experiencia de la Argentina 1955-61, editado por el Instituto Torcuato Di Tella, que sigue vigente y que dice que en nuestro país existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del salario, si el dólar sube su precio el salario real desciende. Como en tiempos normales más del 70% de lo que se produce va al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva del salario) y se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume (consumimos relativamente poca soja, pero la soja reemplaza a otros cultivos y a la cría de animales, incrementando su precio por dejarle menor hectáreas de tierras y no las mejores), con lo que por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menores que en Brasil (objetivo explicitado por Paolo Rocca de Techint y Cristiano Ratazzi de FIAT) se entra en una recesión que va a ser tan profunda como será la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.

Por lo tanto la presión a devaluar nuestra moneda por la existencia y persistencia de una brecha muy grande entre el valor oficial del dólar exportador (en torno a los $ 70) y los distintos dólares paralelos en torno a los $ 120 no solo alienta la fuga, sino que encarece los alimentos internos, con lo que se reduce el salario real y, dada la baja elasticidad-precio de la demanda de alimentos (se deben consumir igual para poder vivir), comprime la demanda de otros bienes, por ejemplo, manufacturas, de parte de los trabajadores.

La caída en la demanda de manufacturas no se ve compensada por una demanda proveniente de los mayores beneficios del sector que produce el bien exportable, unido a que los mayores ahorros tampoco se traducen en una demanda suficientemente mayor de bienes de capital dirigida al sector manufacturero local, por lo que la presión a la baja de los salarios y/o suspensión, despidos, cierre de establecimientos, etc., etc., que se establece en la pandemia, puede persistir por mucho tiempo, que sumado a la falta de inversión en el sector industrial genera una reconfiguración regresiva del país.

Pese al DNU 329/2020 promulgado por el gobierno nacional el día 1° de abril de 2020, que prohíbe los despidos y suspensiones, no solo no se cumple, sino que los despidos y las suspensiones aumentan semana a semana a la par de la reducción salarial, por más que los distintos Estados (nacional, provincial y municipal) sacando recursos que no tienen, abonen directamente o indirectamente (desgravaciones impositivas, diferimientos de los aportes previsionales, etc.) parte de esas remuneraciones, como es el caso del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que asiste a 1.700.00 asalariados que trabajan en 180.000 empresas, pero hay inscriptas 420.000. O el Programa REPRO que paga parcialmente la remuneración de 12.468 trabajadores de 128 empresas.

Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en enero había 12.076.900 asalariados registrados y 2.367.200 no asalariados (monotributistas, autónomos y monotributistas sociales). La amplia mayoría de ellos han sido afectados por la situación generada por el parate de la actividad, pero de no recomponerse el mercado interno y si no se pone la lupa en las exportaciones y el dólar paralelo, el problema tenderá  a ser crónico y se generará un modelo económico y social recesivo y con una menor participación de la industria y de los asalariados en el ingreso, como ha pasado en los últimos 45 años, con la dictadura militar y el plan de convertibilidad.

La puja es, por un lado entre los trabajadores y las empresas que están orientadas al mercado interno, principal motor de crecimiento argentino, y del otro lado —francamente enfrentados— los sectores exportadores que tienen garantizado mercado en el mundo por la pandemia. Los diferentes Estados asisten como pueden a la población pero si no limitan la voracidad de los segundos, toda asistencia será poca e inútil.

Por lo que los beneficiados de la situación, no solo no quieren pagar impuestos, sino que usufructúan de la misma para reconvertir la economía a una pequeña y exportadora donde sobran argentinos y trabajadores. Ni la década infame los hubiera reflejado mejor.

Deuda externa y política monetaria

Es patético ver como el Presidente de la Bolsa de Comercio, o el Vicepresidente de la UIA, le piden, le sugieren al gobierno que mejore la oferta que le hace a los tenedores de los 21 títulos en moneda y bajo jurisdicción extranjera (Bonos Globales Trust Indenture 2005 y 2016) por un total de 66.238 millones de dólares, básicamente en poder de los fondos de cobertura BlackRock, Franklin Templeton, Vanguard, Pimco y Fedelity, que tienen el porcentaje de las acreencias suficiente para que no se pueda cumplir la cláusula de acción colectiva.

No les interesa el problema de la pandemia, les interesa exclusivamente que la Administración Nacional no incurra en default, porque si no va a descender aún más el precio de las empresas locales que cotizan en los mercados internacionales (IRSA, Pampa Energía, Tenaris y Ternium de Techint, CRESUD, Telecom, Transportadora Gas del Sur, Central Puerto, Banco Galicia, Banco Macro, etc.), todas ellas valen hoy la mitad o menos que la cotización de diciembre de 2015. Como lo reconoció Adelmo Gabbi, «el default crudo no sólo traería serios problemas para el Estado nacional sino también para la gran cantidad de empresas argentinas que tienen obligaciones negociables», que son deudas que se pueden convertir en acciones de las empresas y que en el recinto porteño calculan hoy superan los 16.000 millones de dólares. (Y son de las mismas empresas que cotizan en el exterior.) O sea, no asisten al Estado en la pandemia, no contribuyen con los impuestos y encima, pretenden que el Estado nacional incurra en inconsistencias presentes y futuras para que ellos no pierdan plata.

En medio de la pandemia, el Banco Central emite dinero inducido por un desarme forzado de LELIQs en poder de los bancos —a través de una baja de las tasas de interés de los pasivos remunerados—. Ese dinero queda en la  cuenta corriente que tienen las entidades en el BCRA, en lugar de convertirse en crédito al sector privado. Evidentemente, con riesgo de incobrabilidad en la cartera de los bancos frente a un contexto recesivo, con depósitos a plazo fijo minoristas y mayoristas que son la contracara en la hoja de balance de las LELIQs que se encuentran en el activo de los bancos e inestabilidad nominal, la posibilidad de que se conviertan en crédito es poca y en cuentagotas, incapaz de dar respuesta  a la urgencia de las micro pymes e incluso empresas de mayor envergadura que venden al mercado interno.

En algún momento, se llegó a plantear que en ese caso sea directamente el Estado que se apropie de parte de los depósitos que tienen los bancos en la cuenta corriente del BCRA y que al día 4 de mayo 2020 sumaban $ 1.027.496 millones (una parte es el encaje o efectivo mínimo que es el reaseguro de los depósitos captados por los bancos, pero no menos de $ 400.000 millones se pueden prestar), que sería un impulso importante a la liquidez y con ello a la actividad de las micro pymes. Les serviría para recomponer su capital de trabajo, restablecer las cadenas de pago rotas (cuando día tras día aumentan los cheques rechazados) y hasta pagarles el salario a los trabajadores recluidos o no por la pandemia. Sin embargo pasan los días y ese dinero queda sin utilizarse.

Es cierto que se debe verificar fielmente a donde va ese dinero, para que en lugar de emplearse para fines productivos y comerciales no alimente el dólar contado con Liqui o bolsa o paralelo, pero ello se controla con una tarea eficiente del BCRA y de la AFIP para evitar la subfacturación de exportaciones (y la sobrefacturación de importaciones). El marco imperante es de ingreso de divisas por ventas externas y de menor salida de divisas por tener frenada la actividad interna, más el no pago de los servicios de la deuda, por lo que deberían sobrar dólares y presionar su precio a la baja y no, como sucede, al alza permanente y persistente. No son tantos los bancos, ni tantos los exportadores grandes como para no controlar la situación, e igual debería suceder con los precios, donde también se trata de grandes formadores que, por definición, son pocos, en una economía que languidece.

En síntesis

La disyuntiva de hierro es, o se controla a los exportadores y a los grandes bancos o se sale de la cuarentena propiciando un modelo de país más desigual y más injusto todavía que el que dejó el macrismo.

Así como se deben tomar todos los recaudos para volver al nivel de actividad de antes del 20 de marzo 2020, con estudiados y controlados protocolos de protección ante el virus,  de igual manera se debe obrar en la canalización del crédito a la producción y al trabajo, en el control de los mercados paralelos y en la correcta liquidación de las exportaciones, para que la demanda externa sostenida de alimentos beneficie a todos y no a una minoría en desmedro del grueso de la población, de la cual una parte se la condena a la pobreza y a la indigencia.

Si hay algo más importante que Dios, es que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor.

Cuando pase la pandemia

La imperiosa necesidad de desvincular los precios internos de los consumos básicos de los precios internacionales

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Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, con módicos altibajos, el consumo de carne vacuna promedio “per cápita” oscilaba en los 60 kg anuales, el de pollo en alrededor de 35 kg anuales y el trigo enviado a los molinos para satisfacer las demandas de panificados y pastas se acercaba a los 7,8 millones de toneladas.

El consumo masivo de alimentos era prioritario para el gobierno de entonces. Consecuentemente, las exportaciones de esos productos se subordinaban al abastecimiento del mercado local. Sólo se habilitaban las ventas al exterior de carnes, maíz y trigo una vez que la oferta hubiera satisfecho la demanda alimenticia de los argentinos y las argentinas. De este modo, el precio interno no fluctuaba al compás de los precios internacionales de los alimentos y era menos sensible a las variaciones del tipo de cambio. La existencia de un mercado interno protegido de alimentos permitió una fuerte reducción del hambre en el país y aproximarse al objetivo de “hambre cero”.

El dólar y el precio de los alimentos

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Una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que  se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-ex Kraft, Molinos Cañuelas, Morixe) y las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios.

Para el año 2014 la Secretaría de Comercio se planteó controlar a unas 28 empresas productoras de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo (caso Unilever que produce artículos de limpieza y alimentos: Knorr, Hellmann’s, Maizena, Ades, etc.) para lo que debían presentar una estructura de costos. Y allí reside el primer gran problema: en la Argentina no hay estudios serios de costos y menos de márgenes de ganancia, razón por la cual se recibe el dato suministrado por la empresa que es la principal interesada de que ni el gobierno ni los consumidores sepan cuáles son sus utilidades. Encima, en enero de 2014, por presión de esas mismas empresas que son mayoritariamente exportadoras, se devaluó nuestra moneda en un 25% de $ 6,84 a 8,50 por dólar y ya no hubo forma de controlar nada.

Ahora, en abril de 2020, Arcor, Unilever, Molinos Río de La Plata y otras empresas de primer nivel redujeron sus entregas drásticamente. “Le hice un pedido de 10 millones de pesos a Arcor y me entregó 200.000 pesos”, señaló una cadena de supermercados al medio digital El Destape. “Le compré 200.000 cajas de harina y 50.000 de aceite a Molinos Cañuelas y me dijeron que no me pueden mandar nada”, relató uno de los mayoristas más grandes del país.

Con la carne vacuna pasa lo mismo. Ya 2019 fue récord de ventas al exterior, más de un millón de toneladas (y se producen un poco más de tres millones y medio  de toneladas de carne vacuna por año)[1] ,casi triplicando las ventas externas de  2018. Allí jugó fuerte la gripe porcina y la demanda de la República Popular China, pero en los primeros cuatro meses de 2020 la proporción de la demanda externa es aún mucho mayor que en igual lapso del año pasado.

Por lo tanto, el precio de los alimentos se dispara por varias razones:

  • el Estado realizó compras enormes para asistir a los comedores sobre todo de los conurbanos de las principales ciudades del país,
  • las fuertes compras de  Rusia, Italia y China (fundamentalmente de trigo, harina, aceite y carnes) y
  • las grandes empresas del sector que  tienen posición dominante en el mercado interno, venden al mercado local en cuentagotas y presionan de nuevo, especulando con la devaluación.

Por ejemplo, en la producción y venta de aceite comestible, Aceitera General Deheza (AGD, de los Urquía), Molinos Río de la Plata (del Grupo Pérez Companc) y Arcor (Pagani) tienen el 90% del mercado interno, y Oleaginosa Moreno-Glencore (Estados Unidos), Vicentin [2] y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) el 90% de las ventas externas. Los precios están internacionalizados: una botella de 1,5 litros de aceite mezcla que venden al mercado interno local AGD (Natura), Molinos Río de la Plata (Cocinero) y Arcor, sale $ 200 porque en Ámsterdam se vende a dos dólares y ellos se rigen por el dólar paralelo o blue. Si el paralelo sigue subiendo, sigue subiendo el precio y si no, no venden  porque por la Covid-19 tienen asegurada la demanda externa.

Que el presidente de la UIA sea Miguel Acevedo (cuñado del presidente de Aceitera General Deheza) y el vicepresidente sea Daniel Funes de Rioja, quién fue reelecto para un sexto mandato como presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) por un período de dos años, demuestra la importancia de la agroindustria en la Argentina actual. Basta recordar que Funes de Rioja fue como abogado laboralista a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) durante la dictadura y que hoy proponen lo mismo, reducción de los salarios mientras ellos aumentan los precios.

El pan nuestro de cada día

Igual pasa con el precio del pan, que está directamente relacionado con la venta de trigo y harina al exterior. En estos primeros cuatro meses del año hubo fuertes ventas de trigo y de harina (lo dice el Mercado de Cereales de Rosario: aumento un 40% con respecto a igual lapso de 2019) .

En harinas el problema es principalmente para los molinos chicos, que no tienen stock de trigo y deben aumentar los precios que ofrecen por el cereal, ya que los productores lo tienen guardado hasta ver qué sucede con el dólar. Los molinos más grandes usan su poder de compra para asegurarse el trigo necesario. Del sector de la molienda de trigo para pan participan un total de 161 empresas que se reparten 204 plantas a lo largo de todo el país. La más importante concentra 12 establecimientos de molienda, la segunda empresa con más cantidad de plantas aglutina siete, un grupo de 26 empresas  poseen cada una de ellas dos plantas y la mayoría del sector, las restantes 133 empresas únicamente cuentan con un establecimiento. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos son las provincias con más industrias de molienda de trigo instaladas y a la vez , en ese orden, las mayores productoras de trigo del país. El trigo que se cultiva en la Argentina en su mayoría (98,5% del total cosechado) es Triticum aestivum L. o Triticum vulgare, denominado “trigo pan”. Con un rendimiento industrial del 75%, la producción de harina de trigo demanda anualmente unos 6 millones de toneladas de trigo pan (a razón de 500.000 toneladas por mes).

Lo cierto es que de las 42 millones de hectáreas de tierras cultivables en el país, solo siete millones se destinan al trigo, siendo la producción de granos (cereales y oleaginosas) estimada para la cosecha 2019/2020 de 147 millones de toneladas, de las cuales 18,8 millones de toneladas de trigo. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se registra un acumulado de compra de 14,7 millones de toneladas por parte de la exportación y de 2,5 millones de toneladas por parte de la industria.  El stock inicial es de 1,74 millones de toneladas, por lo tanto es exiguo el saldo para el consumo interno de otras 2,5 millones de toneladas en el mejor de los casos. En total, se destinan al mercado interno 5 millones de toneladas pero se consumen 6 millones (está faltando un millón de toneladas). Inferimos que el Ministerio sigue a pie juntillas la producción, ventas internas y externas, de otro modo —como hace Rusia, por ejemplo— se debería prohibir la exportación del cereal.

Pero por el contrario, en plena pandemia los grandes comercializadores de granos en el mundo (que se le llaman a sí mismos ABCD: ADM, Bunge Ceval, Cargill, Cofco y Louis Dreyfus y operan fuertemente en el país) aseguran sus compromisos en el exterior y los precios en dólares, desentendiéndose de lo que sucede en el mercado local.

Si se toma en cuenta que en 2019 se exportaron 600.000 toneladas de harina de trigo (por un monto de 200 millones de dólares) y que para el mercado interno se destinan 3,6 millones de toneladas de harina de trigo (un consumo promedio de 80 kilogramos de harina por habitante y por año), es obvio que la razón del faltante de harina y la suba de su precio (hace un mes la bolsa de 50 kilogramos estaba a $ 1.384 y ahora no baja de $ 1.450) en los primeros cuatro meses de 2020 recae principalmente en los productores de trigo que no entregan en tiempo y forma el cereal a la industria harinera, porque o retienen para exportar o esperan que nuestra moneda se devalúe, de allí el problema con el precio y con el abastecimiento.

Por supuesto que el desafío de las sociedades actuales (eliminar la pobreza y el hambre, mejorar la protección ambiental, etc.) depende de la tenencia, uso y administración de la tierra. La concentración de la propiedad de la tierra en nuestro país, como Mempo Giardinelli y Pedro Peretti afirman en su libro La Argentina agropecuaria, hace que con algo más de 45 millones de habitantes, haya unas 6.000 familias y sociedades (muchas de ellas extranjeras) que controlan por propiedad o por alquiler el 48 por ciento de la tierra cultivable, que se vuelven altamente productivos por la combinación de la siembra directa y el cultivo transgénico.

El problema en este caso particular del pan solo se resuelve estabilizando el tipo de cambio y acordando con los productores de la cadena triguera-harina y pan una relación razonable de costos y precios, acuerdo que garantice el pan en la mesa de los habitantes del país,  y después, que exporte el saldo, dado que es  uno de los 10 primeros productores mundiales de trigo, el cual fue históricamente su cultivo insignia.

El precio del dólar

En la producción y venta local, solo si se frena el valor del dólar se logra estabilizar la economía nacional. Esa es la principal batalla que se está librando con los factores de poder real, que tiene como protagonista la asociación agro-financiera y los mecanismos de fuga de capital y de desestabilización del tipo de cambio. Por eso cuando el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso del 1° de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones ordinarias dijo: «El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”, esa asociación de los ricos se pintó la cara.

La primera medida tras ese discurso fue el intento del lock-out patronal de la Mesa de Enlace. La segunda, azuzada tras la pandemia, es la fuga de capitales mediante las operaciones de contado con liqui y dólar bolsa, que el gobierno trata de regular, cuando el valor de la divisa norteamericana que se desprende de esas dos operaciones ronda los $ 115. El llamado dólar blue a $ 120 acumula un salto de $ 35 desde el inicio de la cuarentena obligatoria: el 20 de marzo había cerrado a $ 85.  El dólar turista —con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS— ronda los $ 90 en agencias y bancos de la City porteña y la cotización promedio del dólar minorista en los bancos es de $69.

Es obvio que los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa, esta historia la vivimos varias veces, por lo que se debe frenar a como dé lugar y sin miramiento la existencia de todo dólar que no sea oficial y no convalidar aumentos de precios sin una estructura de costos que los respalde y demuestre. De otro modo, el modelo agro exportador y de salarios bajos se retroalimenta para beneficio de unos pocos y pobreza de muchos.

En mayor o menor medida el mundo está en cuarentena, situación que lleva al parate de la economía que, en el caso de nuestro país, implica un fuerte superávit comercial: caen fuerte la demanda interna y con ella las importaciones y, se acrecientan las exportaciones por la fuerte demanda de alimentos de los países centrales. Controlar que no se realicen subfacturaciones de exportaciones y no dejar abierto ningún mecanismo de fuga garantiza que el tipo de cambio no se dispare. Si no se hacen esas imprescindibles tareas o se las realiza deficientemente, vamos camino a una hiperdevaluación con todo su significante y significado.

 

[1] En la Argentina se ha producido en 2019 en torno a seis millones de toneladas en el conjunto de las cuatro carnes más importantes (bovina, porcina, aviar y ovina), de las cuales casi el 60% corresponde a la vacuna, un poco menos del 30 % al pollo, el 10% a cerdo y 2% a la carne ovina.
[2] Vicentin tiene puerto propio en la hidrovía del Paraná, y aparece con deudas externas y con el Banco de la Nación Argentina que no paga.

 

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La embestida de los poderosos: ¿quién pagará la crisis económica por el Coronavirus?

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En las columnas anteriores fuimos delineado cómo el impacto económico del virus se convirtió en un feroz terreno en disputa entre el Gobierno Nacional de la coalición peronista y el conjunto del poder económico. Tanto el bloque primario-financiero como los conglomerados industriales decidieron que la pandemia podría ser una excelente oportunidad para realizar un potente ajuste que los posicionara en la salida de la crisis para dictar las condiciones de la reforma estructural regresiva tan anhelada desde los tiempos de la dictadura cívico-militar.

Con esta lectura fueron abandonando todas las ideas de reparto consensuado de las cargas de la crisis y avanzaron resueltos a defender sus privilegios sin asumir responsabilidad social alguna en el contexto presente.

El domingo pasado describimos el conjunto de medidas de intervención estatal que el Gobierno había adoptado para amortiguar el deterioro económico durante la cuarentena y la preocupación a futuro que las mismas provocaban en los agentes económicos más poderosos: la asignación de crédito por el Banco Central, el subsidio al pago de salarios del sector privado, la implementación de un ingreso universal básico y una propuesta de reestructuración compatible con el crecimiento y la estabilidad del sector externo.

Ahora veamos las respuestas de quienes definen el funcionamiento de “los mercados”:

Presión en los mercados cambiarios alternativos. En el mes abril la devaluación en el mercado del dólar adquirido a través de la operación “contado con liquidación” fue del 31%, cotizando u$s1=$88 a principios de mes y cerrando u$s1=$115 a fines. Otro tanto ocurrió con el mercado ilegal de la divisa que en 30 días trepó un 40% de u$s1=$84 a u$s1=$118.

Retención de divisas por exportaciones. En marzo empezó la cuarentena y el período en el comienza el ingreso de divisas de liquidación de la cosecha. En el Mercado Único de Cambios, según cifras del Banco Central, en marzo de 2019 el ingreso neto de divisas por exportaciones en el rubro “Oleaginosas y Cereales” fue u$s 1.350 millones. En marzo de 2020 por el mismo concepto la entrada neta de dólares fue u$s 939 millones, es decir un 30% menos que el año pasado. Cuando se verifican las cifras del INDEC sobre exportaciones informadas para marzo 2020, el monto asciende a u$s 1.202 millones, que si los comparamos con los efectivamente liquidados al Banco Central (u$s 939 millones) se puede inferir que hay u$s 263 millones exportados y no liquidados en Argentina.

Reticencia en la implementación de medidas de alivio financiero. El desembolso de los créditos a PyMes para sostener la nómina salarial y el capital de trabajo de las empresas afectadas por la caída de la facturación ascendió en abril a $ 121.000 millones, beneficiando a 82.000 empresas. El presupuesto asignado para esa línea es de $ 220.000, es decir, que la ejecución fue del 55%. Y si bien no hay cifras disponibles aún, es muy probable que el grueso de las efectivizaciones la haya producido el sistema de banca pública. Los bancos han cortado sus propios márgenes crediticios al sector privado y exigido la cancelación de los adelantos en cuenta corriente a casi todas las empresas.

Rebaja salarial en el sector privado. El acuerdo superestructural UIA-CGT, homologado por el Ministerio de Trabajo, autoriza una rebaja nominal de hasta el 25% del salario de los trabajadores del sector privado que hayan sido suspendidos por la baja de actividad que implica la cuarentena. Ahora bien, si el Gobierno por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (AET) compromete el subsidio del 50% de la nómina salarial del sector privado hasta el tope de dos salarios mínimos y se autoriza una rebaja general del 25% a los trabajadores suspendidos, no emerge con claridad cuál será el compromiso del empresariado para sostener la remuneración de sus empleados en la crisis, habida cuenta, además, que por tres meses no pagaran las contribuciones patronales. ¿Aportaran un 25% de la nómina salarial de sus empresas?

Reducción del Estado. En el marco del impacto económico del virus, la oposición ha impulsado numerosos proyectos de reducción de impuestos al sector privado y rebaja salarial en el sector público. “Estado mínimo” en una catástrofe global que demanda intervención pública masiva.

Inflación de bienes esenciales. El acceso masivo y sin dificultad a alimentos y energía es clave en el sostenimiento de las medidas contra la pandemia. La suba de precios en alimentos comienza a ser un obstáculo en la política de ingresos compensatoria del Gobierno, con el agravante que las empresas oligopólicas de energía decidieron “estimar” el consumo residencial de abril facturando el pico alcanzado el año pasado y compensarse de hecho las bajas que provoca el receso industrial.

La primera semana de mayo permitirá balancear cómo han impactado en el nivel de vida del pueblo las consecuencias que del aislamiento social obligatorio han tenido sobre la economía y las medidas adoptadas por el Gobierno para aminorar el golpe.

Si el pueblo valora que el sacrificio ha permitido tener 100 veces menos muertos que las naciones europeas y anglosajonas y a la vez los recursos compensatorios con los que cuenta hacen tolerable el esfuerzo, el Gobierno habrá dado un paso adelante en la legitimación de sus políticas.

Pero la virulencia de la embestida de los poderosos descripta precedentemente no puede ser desdeñada por ratios favorables de las encuestas. El enfrentamiento planteado exige en los meses venideros decisiones mucho más potentes de regulación de mercados. De lo contrario, los poderosos habrán sentado las bases de la reforma estructural regresiva que añoran desde hace décadas.

Abril es mes de balance en el conflicto, pero también de insumo para nuevas decisiones.

 

Informe mensual. Marzo 2020.

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En este documento retomamos la inflación o los Índices de Precios del mes de MARZO y un par de agregados. Incluso con la pandemia en pleno desarrollo, la inflación no pasa desapercibida, pero hoy la urgencia tiene que ver con la sobrevivencia. No obstante, para no cortar la línea de información publicamos este informe ya que la economía tiene que seguir funcionando, hoy operando casi con grilletes. En un próximo documento trataremos de recopilar indicadores. Empiezan a aparecer en Argentina y en el mundo algunos pronósticos para el año. ¿Dónde quedaremos? La atención de la población y de los gobiernos (en todos los estamentos) es afrontar el COVID19. Como siempre, el énfasis es la inflación con algunas conjeturas. Los gráficos tratamos de hacerlos más claros poniendo el acento en las variaciones de cada mes, en 12 meses y por año. Podemos agregar que la inflación de marzo pudo hasta con el Covid 19. El promedio de varios organismos alcanza el 2.8%, el Indec Nacional un poco más arriba, el 3.3%. No es casual esto en Argentina, pero las comparaciones no dan lugar al humor dramático. Si vemos la inflación en algunos países, España, valor negativo -0.4%, Italia 0.1%, Francia 0.6 %, Estados Unidos – 0.2 %, Chile 0.3 %, Brasil 0.07%, Perú 0.65 %. Por el momento nada nos hace desviar de nuestra clara senda inflacionaria, seguramente abril no será distinto pero no podemos dejar de reflexionar que la inflación debiera bajar significativamente a pesar de todos los ruidos monetarios. Después de la plaga seguramente diremos otra cosa. También en esta conjetura nos afecta la inercia pesimista. Una muestra de nuestras dificultades la da el Word Economic Outlook (WEO del FMI de abril 2020). Mientras Argentina no figura en su informe con una proyección de inflación, todos los países restantes de América Latina, sí. Es decir, que ni siquiera este organismo, que recientemente hizo un reporte, se atreve a poner un número. El que utilizamos (en el informe) corresponde a una versión anterior con el 39%. Por otro parte, ya que estamos con el FMI, la misma publicación nos ubica como los peores del barrio (América Latina) y conjetura una caída del -5,7 % para el 2022, la mayor en comparación con la totalidad de países (de AL), excepto Venezuela, que muestra un -15 %. Creo que en este caso simplemente para poner un porcentaje. Al final agregamos trestemas que quitan el sueño, uno tiene que ver con la tasa real de interés, otro con el atesoramiento y finalmente el riesgo país En la página https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19, se puede encontrar amplia información.

Artículo completo:

2020 MARZO. IPC Prod. en ABRIL Inflación comp.