La estrategia pergeñada por el gobierno de Alberto Fernández es acertada, elige primero la vida, de allí la cuarentena, el correr contra el reloj para equiparse y prepararse para el invierno, por un lado, y por otra parte, la propuesta en términos de la capacidad de pago real de nuestra Nación, de allí los tres años de gracia, la quita de capital e intereses sobre los 66.238 millones de dólares de deuda en 21 títulos distintos que están en moneda y en jurisdicción extranjera,  en los que seguramente los grandes Fondos de Cobertura (Blackrock, Fidelity, Vanguard, Pimco y Franklin Templeton) ya tienen un porcentaje de los mismos que anula la cláusula de acción colectiva (25 o 33% depende del bono) para exigir el pago en las condiciones originales,

La propuesta es lógica y razonable para nuestro país, tres años de gracia, una quita de capital del 5,4% y cambiar los intereses por una tasa del 0,5% en el primer año de pago (año 2023) y después ir aumentándola al 0,5% anual hasta ser de un promedio del 2,33%, que implica una disminución de los intereses del 62%, unos 37.900 millones de dólares y, en conjunto, significa una reducción en el pago en torno a la mitad de la deuda pactada originalmente.

Es obvio que no se van a pagar los vencimientos del 22 de abril, ni su extensión de plazo al 22 de mayo de 2020 y, las consecuencias serán que esos fondos de cobertura que administran activos financieros por varias veces la cantidad de bienes y servicios finales que produce nuestro país por año, pueden litigar en la justicia extranjera que también es más que probable, tendrá una conducta similar a la del Juez Thomas Griesa del Distrito Sur de Manhattan y, posteriormente, la Corte Suprema de los Estados Unidos que, el 14 de junio de 2014 se negó a tratar el caso argentino convalidando el fallo adverso.

Pero con la propuesta realizada y presentada ante la SEC (Comisión de Valores de los Estados Unidos) el viernes 17 de abril, se liberan fondos indispensables para hacer frente al gravísimo problema del coronavirus que es el enemigo letal que asola a nuestra Nación (y al mundo).  El orden es sobrevivir a la pandemia y salir en las mejores condiciones posibles para afrontar el resto de las limitaciones y dificultades.

El gobierno se legitima sólo si primero, salva la vida de las personas de la pandemia y luego, organiza una estructura política, social y económica suficientemente fuerte para dar las nuevas batallas con posibilidades de vencer.

Mientras el gobierno y la población se preparan para el pico de la pandemia, están quienes se preparan para debilitar al gobierno y enriquecerse, la disparada del dólar paralelo tiene mucho que ver con esto, los de adentro y los de afuera juegan a que la propuesta fracase y comprar por monedas los activos del país.

Lo han hecho otras veces, recordemos el año 1989 en que Héctor Magnetto, CEO del grupo Clarín, le dice al Presidente Alfonsín que tiene que renunciar, con la frase “Ud. no se da cuenta que ya estorba”.  Primero lo propiciaron para Presidente y poner fin a la dictadura militar (con la que se habían enriquecido y quedado con Papel Prensa), después lo presionaron para que legitime la deuda externa aprobando los seguros de cambio realizados en la dictadura y, finalmente, conspiran contra el gobierno radical porque esperaban la privatización de activos públicos que iban a realizar con Menem.

Ahora, no solo no quieren pagar impuestos y contribuir con el erario público en plena pandemia, sino que presionan sobre el dólar para erosionar nuestra moneda, sabiendo que la híper devaluación es la madre de la híper inflación, primero se dispara el dólar paralelo (y todas sus variantes: Contado Contra Liqui[1], dólar MEP[2], etc.) y luego los precios. El 6 de febrero de 1989 el dólar oficial valía 17,62 australes, pasó los 100 australes en abril, el 9 de julio de ese año que asume anticipadamente el Presidente Carlos Menem, el dólar estaba a 650 australes y llegó en abril de 2001 a 10.000 australes.

Recordemos una vez más que entre los principales fugadores de divisas del país están las empresas y sus dueños, del Grupo Clarín, Techint y Ledesma, denuncia que se ha presentado en la justicia tanta veces y que consta en  el “Primer Informe de la mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y de la Gestión de Pago de la Deuda Exterior de la Argentina”, publicado en julio de 2019.

Según el Balance Cambiario del BCRA la FAE (Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior) fue de 88.371 millones de dólares en la gestión del gobierno de Cambiemos y, las compras la realizaron los bancos para sí o en nombre de sus clientes. Mientras el Estado Nacional se endeudaba por 129.000 millones de dólares, 88.371 millones fueron adquiridos por particulares para sacarlos del circuito económico. Por eso el conflicto interno se desata cuando el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones ordinarias dijo: “…el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

Y los bancos, sobre todo los diez primeros bancos privados que operan en el mercado financiero local, ganan y han ganado fortunas prestándole al BCRA en LEBAC  (Letras del BCRA por lo general a 30 días de plazo) en los primeros años del gobierno de Cambiemos y luego, en Leliq (Letras de Liquidez del BCRA de un plazo promedio de 7 días), de manera tal que en  2019 mientras el país descendía en un 2,2% del PIB (unos 8.000 millones de dólares), ellos ganaron $ 314.044 millones (unos 5.800 millones de dólares) siendo su tasa de rentabilidad sobre su patrimonio (ROE) del 65,36%

El BCRA actual para reducir las Leliq le devuelve a los bancos “más de 460 mil millones de pesos con la intención que ese dinero se preste”, según dijo su Presidente, Miguel Pesce, pero el ministro Matías Kulfas, en una conferencia de prensa del día jueves 16 de abril 2020, reconoció que sólo entregaron 60.000 millones de pesos a las Pymes y eso, que el Estado nacional garantiza esos préstamos a través del Fondo de Garantías Argentino (Fogar).

La fortaleza

La fortaleza de la Argentina está  en que podemos auto abastecernos de alimentos, energía, combustible, producción industrial y, debemos tener nuestra propia moneda en base a nuestro trabajo y producción.

La Argentina puede no importar nada por varios meses (si lo imprescindible para luchar contra el virus), por lo que puede sustituir las compras del exterior de insumos, máquinas y equipos y hasta de  tecnología, generando trabajo local y limitando la salida de divisas, incluso impulsando el sistema de compre nacional (a empresas locales) y financiar a las personas y a las micropymes, que hoy sin trabajar y producir no tienen otra opción que endeudarse, máxime que se acerca el invierno con lo que aumentará la demanda de gas y electricidad.

Finalmente, una efectiva política de test de covid-19 debe ser prioritaria y los test deberían estar disponibles para la población de forma gratuita, en particular para lo/as trabajadore/as de la salud y también para la población más vulnerable. Si se reconoce que la disponibilidad de test está vinculada a la producción, el comercio, la distribución, los recursos económicos y otros asuntos, todas las administraciones públicas deberían considerar un enfoque integral para proporcionar soluciones efectivas, incluso en lo que respecta a la cooperación internacional. También es fundamental que lo/as trabajadores/as de la salud reciban equipamiento de protección personal gratuito.

Por lo tanto se debe luchar contra el virus y a la vez que asistir a la demanda, apuntalar a la oferta para que se cuente con los bienes y servicios necesarios para que el país vuelva a crecer.

La estrategia es la correcta, pero debe ser acompañada por tácticas afines, sabiendo que el enemigo acecha, como le dijo el representante de Blackrock al Ministro Martín Guzmán: “Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo”.  

[1] Dólar CCL («contado con liqui») de una cuenta de depósitos en pesos en un banco se da la orden de comprar un título público o privado (acción)  que cotiza en  mercados en el exterior y, se lo vende en dólares en ese mercado (y los dólares quedan en una cuenta en el exterior)

[2] La misma operación, son títulos nominados en dólares que se compran en el mercado local en pesos y se venden en dólares y se depositan en una cuenta bancaria en el país y se llama Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar Bolsa.

Asistir a oferta y demanda

En Occidente la salud suele verse como una cuestión individual, la economía como una consecuencia de las transacciones humanas y la política como una deriva de administración de la organización social. Está claro que son interdependientes.

Sin embargo, desde el coloquio Lippman (París, 1938), tanto desde la ideología como de la praxis neoliberal -en realidad, la causa de los costos sociales de la actual pandemia del COVID19- se incentiva la diferencia entre lo público y lo privado.

Lo público se nos muestra como ineficiente, improductivo y obstaculizador; algo digno de ser minimizado. Lo privado -en tanto- se ve como libertario, útil y creador de valor, deseable de maximizar.

Los más influyentes autores -H. Spencer (1820-1903), J. Rueff (1896-1978) y F. von Hayek (1899-1992), entre otros- impulsaron la toma de conciencia para la construcción de una nueva sociedad sustentada en la economía.

Desde sus propias perspectivas propusieron poner en duda y deteriorar el papel del Estado. Por eso el neoliberalismo configuró un sentido común que forma conciencia social y lo introdujo en los criterios decisionales de la política, la economía y la salud.

El homos economicus se presenta como individualista, portador de necesidades y maximizador de las conveniencias en todas sus dimensiones de vida. Se desprecia la circunstancia de que el hombre solamente es hombre en sociedad y se plantea que el individuo priva sobre la especie.

«Mi salud» vs. «nuestra salud»

El discurso económico orienta las decisiones de los CEO´s, presidentes y principales accionistas de los grandes conglomerados internacionales. Y también de algunos políticos restauradores del orden conservador, y se disemina a través de un periodismo del establishment rendido ante la postverdad.

La financierización de la vida humana alcanza casi todos los ámbitos de la cotidianeidad, inclusive los relativos a la salud. El sentido común neoliberal impulsa el convencimiento por «mi salud» y la despreocupación por «nuestra salud». Esta fuerte privatización-financierización de la salud ha deteriorado -en el mundo- la idea de la salud pública que pasó a entenderse como «algo para los pobres necesarios».

En Argentina la sapiencia presidencial actual le atribuyó la característica de «miserable» a un grupo empresario que despidió a 1450 empleados ni bien comenzó una cuarentena por salud pública que implica un gran esfuerzo para la población. Muchos vieron en esa miserabilidad una verdadera canallada del poder económico frente a la opción por la salud.

Un tema existencial

Los temas de salud pública son temas existenciales. Que la salud es un ax-ante de la cuestión económica se deduce tanto de su concepción antropológica como de su propia etimología. Salud refiere al buen estado físico, a la razón y al buen sentido. No pudo haber economía sin la energía humana actuando sobre la naturaleza para adecuarla a sus necesidades. Sin hombres saludables no hay transacciones posibles.

La definición más conocida de salud es la que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946), como «un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad». Es bienestar y no-enfermedad, dos sentidos que se complementan, y que posibilitan que la palabra pueda analizarse desde una infinidad de perspectivas: filosófica, sociológica, económica, política.

La salud individual condiciona la economía doméstica y la salud pública es un requisito de la economía social. A su vez, la economía incide en la salud. Pero la última palabra siempre es de la política que pone orden en esa relación en nombre del bien común.

El cálculo económico cede frente al número social de una sin-salud que puede terminar en enfermedad y muerte. Por eso la sociedad necesita confiar en la política y sospechar de los argumentos económicos en cuya trastienda anidan intereses individuales.

El político como organizador social

El «que se vayan todos» o «fuera los políticos» o «que se bajen los sueldos» disgrega la sociedad, la licúa y la hace más débil frente al poder, pero también frente a las pandemias.

Aplicando cierto reduccionismo, un político no es sino un organizador social. Se transforma en estadista cuando es capaz de acompañar y orientar estrategias de base popular de largo aliento. Es decir, cuando presentan ciertas ideas sobre la realidad y el futuro. Por eso Perón, Castro, De Gaulle, entre muchos otros, son estadistas. Miraron más allá del corto plazo. Son constitutivos de la sociedad humana.

Quizás la ocasión sea propicia para retomar algunas ideas de la denominada tercera posición. Un camino que pueda albergar la productividad económica del capitalismo y la equidad distributiva del socialismo. Donde la salud pública sea un «factor de producción» existencial. Es tarea muy compleja -quizás una quimera- pero vale la pena plantearla. Argentina está un paso más adelante porque el peronismo estableció la concepción de lo popular y ofrece experiencias históricas en ese sentido.

Al Estado como organizador social a través de la política y del gobierno público se le presentan dos cuestiones: la economía de la salud y la salud de la economía. Ambos son productos históricos y dependen de las medidas políticas que se hayan adoptado en el pasado. Y en el presente. Y pueden ser contradictorios.

Prepagas, hospitales y acumulación financiera

Desfinanciar la salud pública restringiendo inversiones y gastos sirve -en el ideario neoliberal- para reducir el gasto publico y el déficit fiscal, lo cual reduce la inflación, alienta la inversión privada en salud y permite segmentar la salud pública. Una suerte de meritocracia como premio a la acumulación.

Por eso se justifica que unos pocos tengan prepagas de alto costo y servicios amplios y abarcativos mientras las grandes masas irredentas tienen que recurrir a hospitales públicos, desmantelados, empobrecidos y atendidos a pulmón por su personal.

En condiciones «normales» ese funcionamiento del sistema económico se ve como propio del mercado, es deseable y aceptado socialmente. Un Estado sin déficit (el famoso déficit cero) se presenta como sano en términos de la salud de su economía. Detrás del velo de esa salud financiera está el bienestar de los poderosos y la crisis del hospital público.

En Argentina esa concepción permitió acumular capital financiero a costo de desmantelar la salud pública. Le toca ahora a la economía restaurar esa situación mediante el sistema fiscal de impuestos indirectos y progresivos sobre las riquezas. En definitiva, el covid19 vino a desnudar la deshumanización implícita del capital y su rasgo principal: la disgregación social.

https://www.elextremosur.com/nota/23908-salud-economia-y-politica-el-covid-19-desnudo-la-deshumanizacion/

El Gobierno inició su mandato con un programa económico que fue expuesto pormenorizadamente por el ministro Martín Guzmán ante el Congreso de la Nación en ocasión de presentar el cronograma de reestructuración de deuda. Esencialmente, se intentaba preservar el balance externo superavitario, alcanzar el equilibrio fiscal sin traumatismos sociales y apoyar ese diseño macroeconómico en una reestructuración de la deuda pública que fuera compatible con el crecimiento de la economía en el próximo trienio. Ese programa se esfumó con la llegada del coronavirus.

El objetivo ahora es preservar la salud de los argentinos y argentinas, asegurando que permanezcan aislados, con el menor movimiento posible, durante la estación fría. Sólo así se impedirá que la propagación veloz y masiva de la enfermedad haga colapsar el sistema sanitario y provoque muertes evitables.

https://www.eldestapeweb.com/nota/-hacia-otro-esquema-economico–202041019320

¿Cuál es el sentido que tenía la palabra Patria para Don José Gervasio de Artigas, que dejó todo —mujer e hijos— y luchó por ella contra españoles, porteños, portugueses e ingleses bajo el lema “Si la Patria me llama allí estoy yo”?  ¿Cuál es el concepto de Patria del soldado conscripto Oscar Poltronieri, que en Malvinas y con una metralleta, defendió la posición hasta que sus 120 compañeros estuvieron a salvo, que los mismos ingleses lo condecoraron por valor en el combate? ¿Cuál es el concepto de Patria del personal médico y paramédico que se juega todos los días la vida ante un enemigo que no se ve como el es Covid-19?

Seguramente que ese concepto es diametralmente distinto del de los empresarios argentinos que tienen activos financieros en el exterior y no los declaran, para no contribuir con el erario público. Para ellos, Patria es su patrimonio.

Observamos en el Informe Técnico de Cuentas Internacionales de la Balanza de Pagos que compila el INDEC, la posición de inversión internacional para el último trimestre de 2019: el total de activos financieros externos de residentes argentinos es de 399.550 millones de dólares. De ellos, 17% corresponden a inversión de cartera; 11% a inversión directa; 11%, a activos de reserva y 61% a “otra inversión” (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos).

Si el 70% del total de esos casi 400.000 millones de dólares de activos financieros fuera declarado por sus titulares, y se les restaran los bienes declarados en el exterior por 93.300 millones de dólares del año 2016 (Ley de sinceramiento fiscal), y pagaran la tasa del 2,25% anual (que es la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales para el mayor patrimonio), sobre esos 279.650 millones de dólares implicaría una contribución al fisco argentino por 6.900 millones de dólares por año.

Incluso por la misma ley vigente, pueden ingresar una parte de esa suma al país, la depositan en el sistema financiero local y se eximen de pagar el gravamen, tal lo dispone el impuesto.

Esto es, dejan gran parte de esos activos en el extranjero, pero contribuyen con los indispensables recursos para hacer frente a la pandemia con unos  5.000 millones de dólares por año, que sobre un PIB estimado de 343.656 millones de dólares significa el 1,45% del PIB que se sumaría a lo que abonan por los activos nacionales.

El problema es que no lo declaran. Si lo hicieran no solo dejarían de ser evasores y contribuirían con el sistema sanitario de la Argentina, de donde extrajeron esa riqueza, y  a cambio, solo pagarían por esos activos que dejan en el exterior la tasa del 2,25% que es la alícuota correspondiente.

Omertá

Pero no: solo les interesa lo que les pase a ellos, a lo sumo a sus allegados más cercanos y nada más. Y siempre amparándose en la sombra, en la protección de los grandes medios de los cuales son dueños. Recordemos por ejemplo el silencio sobre el Informe de la Comisión Bicameral que presidiera el diputado Roberto Feletti, donde consta la denuncia del ex funcionario del Banco JP Morgan, Hernán Arbizu, sobre cómo los grandes bancos que operan en la Argentin «asesoran a sus clientes, para hacer estructuras que ocultan la identidad de las cuentas”; así también la presentación de la AFIP de las operaciones bancarias de residentes argentinos por la denuncia del Ingeniero en Sistemas Hervé Falciani, que huyó a Francia y entregó una lista de dueños de cuentas no declaradas en la sucursal Ginebra del Banco HSBC, entre ellos 4.040 unidades de argentinos por 3.500 millones de dólares, solo en el año 2006; más la información provista por el BCRA sobre las compras de divisas en los años 2008 y 2009; el listado de compradores de divisas en 2011; y los Papeles de Panamá; de Bahamas; y de otras guaridas fiscales. En todos estos casos, apenas un puñado de personas es responsable de buena parte de la compra de divisas y de los capitales fugados. Algunos grupos económicos que operan en el país como Clarín, Ledesma y Techint, entre otros, se repiten constantemente a través de dichas firmas, pero además por la presencia de sus principales directivos y accionistas.

Práctica de fuga que continuaron y ampliaron en el gobierno de Cambiemos. Según el Balance Cambiario del BCRA, la FAE (Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior) en esos cuatro años fue de 88.371 millones de dólares y, las compras las realizaron los bancos para sí o en nombre de sus clientes. Es por eso que el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones ordinarias dijo: “El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

La actual administración de la AFIP recibió por parte de la OCDE (que nuclea a 37 países desarrollados) el nombre de los titulares de 950 cuentas en el exterior por unos 2.600 millones de dólares. Se trata de una información oficial de un organismo público del país en el que está radicada la cuenta, y la AFIP tiene que verificar si ese activo está declarado en la Argentina y reclamar a su titular el pago de la deuda (impuestos más intereses más multas). Una estimación preliminar dice que 700 de las 950 cuentas analizadas por la AFIP no habían presentado declaración jurada de Bienes Personales, o al presentarla no declararon bienes en el exterior.

Existen diversos trabajos sobre el tema pero ninguno aparece en los grandes medios por obvias razones, tan obvias como las que nos hace suponer que esos grandes fondos de cobertura o inversión financiera que tienen gran parte de los títulos de deuda externa Argentina, como BlackRock, Fidelity, Vanguard, Pimco, Franklin Templeton, seguramente administraran parte de esos activos  financieros no declarados por  sus poseedores argentinos

Ante una pandemia como no ha conocido ningún ser viviente del planeta, el gobierno les pide que en nombre de la Patria tengan un mínimo gesto de solidaridad y le contestan echando trabajadores.

El gobierno podrá ser lento en  sus procedimientos, pero la principal causa de lentitud es la falta de recursos. Ninguna nación de las que les gusta llamarse “el mundo libre” puede hacer frente al problema, no pueden los Estados Unidos y tampoco las naciones europeas, no hay vacuna y la principal medida que puede tomar y el gobierno argentino lo ha hecho, es prevenir, pero no basta. Se necesitan reactivos que son básicamente importados para que la población sepa si contrajo el virus o no, y en ese caso, se le dé debido tratamiento (con los serios problemas de infraestructura y equipos que tiene un país como el nuestro).  Tan lógico y elemental como eso. Que los que más tienen contribuyan pagando los impuestos.

QUÉ ES LA PATRIA

Algunos analistas, filósofos y economistas pronostican que el mundo sufrirá cambios de paradigma cuando se disipe la pandemia del COVID-19. Afirman, no sin cierto grado de audacia, que el virus termina por cerrar el período abierto en 1989 con el fin de la Guerra Fría conocido genéricamente como globalización, dando paso a una crisis de hegemonía signada por el repliegue estadounidense y el ascenso chino, el debilitamiento de bloques continentales como el europeo y el retorno modernizado de estados nacionales intervencionistas y planificadores.

Sin duda el virus, y en eso se fundan los pronósticos, acelera y profundiza tendencias pre-existentes de fin de ciclo que emergieron en la crisis financiera del 2008 y que se desplegaron con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU en 2017.

Para consistir las predicciones es imprescindible un recorrido por las tres décadas iniciadas con la caída del Muro de Berlín, identificando homogeneidades y rupturas.

La disolución de la Unión Soviética como superpotencia mundial antagónica de los EEUU implicó el triunfo de un ideario, denominado el Consenso de Washington, que esparció democracias formales, libre-mercado, apertura externa y privatizaciones por todo el planeta.

La idea de una “pax americana” longeva quedó sintetizada en el “fin de la historia” proclamado por Francis Fukuyama, en el que los gobiernos nacionales debían concentrarse en administrar el esquema neoliberal delineado y el sector privado en un adecuado ambiente de negocios haría el resto.

El éxito económico del modelo duraría dos décadas. Hasta el 2008 el PIB mundial creció a una tasa promedio anual del 4,6% y la legitimación política en los países desarrollados parecía carecer de fisuras. A partir del crack financiero el PIB mundial evolucionó a una tasa promedio anual del 1,8% y el valor agregado positivo era aportado en algo más de la mitad por las economías emergentes de Asia, lideradas por China. Aquí es donde puede identificarse una de las tendencias previas a la pandemia que se definen como posibles al final de ella: las naciones desarrolladas presentan un crecimiento económico magro durante la última década frente al dinamismo asiático.

El otro ingrediente es que los países triunfantes en 1989 no pudieron conservar el mundo unipolar de paz y prosperidad mucho más que una década. En septiembre del 2001 el atentado a las Torres Gemelas hizo visible el carácter multipolar del globo, el “fin de la historia” de Fukuyama cedió paso al “choque de civilizaciones” de Samuel Huntington que afirmaba que los modelos de desarrollo ideológico pueden haber sido superados pero las aspiraciones nacionales, étnicas y religiosas seguían vigentes y podían provocar hechos históricos. Otra de las tendencias pre-pandemia.

El recorrido nos lleva a repasar las políticas de las naciones más poderosas del orbe: Estados Unidos y Alemania.

Los Estados Unidos tuvieron un fuerte lapso expansivo con bajo desempleo durante las presidencias de Bill Clinton, con la afirmación de dos senderos claves en la etapa: el resuelto avance de la economía hacia la construcción de una sociedad posindustrial y la emisión monetaria acompañada de la desregulación financiera como impulsores de la liquidez planetaria e interna.

La economía estadounidense se reservaría la potestad del control de los adelantos científicos y tecnológicos, pero su aplicación en el terreno concreto de la producción sería llevada a cabo por naciones proveedoras de mano de obra barata. Este ensayo, que comenzó en México, se implementaría con fuerza en China. El tratado de integración continental de América del Norte (NAFTA) y los de libre comercio (TLC) iban en esa dirección, provocando dos efectos: un proceso interno de desestructuración laboral por pérdidas de puestos de trabajo en la industria y un déficit comercial crónico.

El primer problema sería resuelto con el desarrollo de una economía de servicios personales mano de obra intensivos. El ministro de trabajo de Clinton, Robert Reich, perfilaría un mercado laboral muy desregulado con dos componentes: un salario mínimo elevado y un seguro de desempleo bajo, resultando una política de pleno empleo con piso salarial pero amplia brecha entre los integrados al sistema de frontera tecnológica y los afectados a la vasta gama de servicios de baja calificación.

El segundo tema se abordaría desde la política monetaria, que se convertiría en dominante en los EEUU. La base monetaria aumentó en esos años un 410%, la tasa de interés se desplomó y la desregulación transformó a los bancos de inversión en los actores centrales para asignar los recursos de tamaña liquidez. En el plano interno se aflojaron los requisitos y controles para acceder a un préstamo y el consumo entonces no fue impulsado por la política de ingresos sino por el crédito. Las familias y las empresas se habituaron a permanecer endeudadas y el flujo financiero hacia los países emergentes también alcanzó niveles inéditos.

La red mundial de empresas, la globalización financiera y el despliegue planetario de los patrones de consumo madurados en los 80, se volvía indetenible en los 90. Es en este punto que se conforma otra tendencia de agotamiento del modelo que estallará en el crack del 2008, la crisis de un nivel de demanda sólo sostenido por el crédito.

Por su parte Alemania, después de su reunificación, retomó por tercera vez su proyecto hegemónico en Europa consistente en organizar a las economías del continente en torno a su patrón de acumulación industrial situado siempre en la frontera científica. La Unión Europea se articuló en torno la provisión de insumos y compra de productos con centro en la economía alemana, siendo el euro el cerrojo final del esquema. La diferencia con los EEUU radica en que Alemania no puede proveer de liquidez a los europeos sin que el euro se deprecie. Un euro devaluado encarece las importaciones de energía y abarata las exportaciones extra-Unión, forzando un desequilibrio riesgoso para el bloque. Aquí también aparecen límites a la demanda efectiva no resueltos.

Como se aprecia en la reseña, el modelo sostenido en las finanzas encontraría un límite en la demanda cuando se exteriorizará la incapacidad de repago de los créditos y los activos financieros no expresaran los bienes reales que decían representar. Esto es lo que ocurrió en 2008.  Pero, nuevamente, la crisis es enfrentada por las naciones desarrolladas con política monetaria que frene la caída de los títulos-valores en poder de las instituciones financieras y no con política fiscal que recupere con fuerza la demanda. Las presidencias de Obama aplicaron programas de fuerte emisión monetaria que derrumbaron la tasa de interés y alentaron la inflación interna de modo de licuar paulatinamente las deudas de familias y empresas. En la Unión Europea la salida fue mucho más dura, se impusieron severos planes de austeridad a las naciones endeudadas provocando penurias en el continente. El Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, se negó a emitir y depreciar el euro.

La salida de la crisis del 2008 se centró en dar liquidez a los agentes financieros para impedir la depreciación de acciones y otros activos, acompañada de ajustes fiscales para asegurar el pago de la deuda soberana. La recuperación de la demanda efectiva a través de la política de ingresos fue dejada de lado, constituyendo el principal factor del estancamiento de las economías desarrolladas.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU en 2017 marcó una ruptura en este derrotero intentando un experimento sin precedente histórico, que es reestablecer una economía industrial en un país que voluntariamente la había abandonado. Trump, apoyándose en el autoabastecimiento energético alcanzado, puso en marcha un programa de nacionalismo económico, retirada de los acuerdos multilaterales y expansión fiscal en obra pública y baja de impuestos a la inversión. El Reino Unido comandado por Boris Johnson a su vez rompe la Unión Europea, con difusas promesas de recuperación de viejas glorias imperiales.

El recorrido permite advertir que los componentes de agotamiento del modelo global iniciado en 1989 estaban presentes antes de la llegada del virus. La parálisis, el estancamiento y los intentos de transición marcan el mundo donde el COVID-19 impacta de lleno y en efecto le da un tiro de gracia al ciclo tambaleante de tres décadas.

La fragilidad de la economía sólo puede ser superada por una intervención estatal contundente, pero que a la vez visibiliza que salud, vivienda, energía y alimentos son bienes esenciales que hacen al carácter de humanidad y no pueden ser administrados por el mercado. La respuesta capitalista puede ser “de excepción” tolerando el escenario como un mal menor, también que las élites se apropien del Estado de modo autoritario para asegurar el control del proceso, o inclusive que se marche hacia escenarios bélicos si el ascenso de China y el repliegue de EEUU sacuden el orden internacional.

Lo cierto que la intervención estatal masiva en la economía nació con la Primera Guerra Mundial para atender las necesidades bélicas de los países en conflicto y desembocó en una crisis hegemónica del capitalismo que perduró precisamente hasta 1989. El “siglo corto” extendido de 1914 a 1989 como lo caracterizó el historiador Eric Hobsbawn.

Roberto Feletti: ¿Hay mundo después de la pandemia?

La pandemia generada por el coronavirus Covid-19 plantea una guerra desigual porque no se conoce al enemigo y algo peor, al no haber una vacuna y con las limitaciones sanitarias para enfrentar el problema, tampoco conocemos nuestras propias fuerzas, con quién y con que realmente se cuenta, descartando las defecciones y traiciones de los que utilizan la situación para su propio beneficio.

El sistema político y de decisiones es distinto entre una economía centralizada y el capitalismo de mercado.

Desde Sun Tzu (El Arte de la Guerra, 400 años antes de Cristo)  sabemos que todas las guerras tienen principios y operaciones, de ellos debe rescatarse el de Seguridad, que dice: “Jamás permitas que el enemigo logre una ventaja inesperada”, porque la seguridad protege y preserva el poder de combate. La seguridad resulta por las medidas de comando tomadas para protegerse de la sorpresa, interferencia, sabotaje, peligros y amenazas de vigilancia y reconocimiento, en ese sentido la decisión de realizar una cuarentena y su prolongación hasta el 12 de abril para evitar el contagio del grueso de la población es una medida acertada, por la positiva lo demuestra la ciudad de Wuhan y, por la negativa, las principales ciudades de Europa y de los Estados Unidos.

Otro principio es el de Economía de Fuerza que implica destinar el poder de combate mínimo esencial a esfuerzos secundarios. Los comandantes destinan sólo el mínimo necesario de poder de combate para conformar y sostener operaciones para que puedan concentrar el poder de combate para la operación decisiva. Cuando llega el momento de llevar a cabo la operación, todas las unidades deben tener asignadas tareas por ejecutar. El gobierno cometió un craso error al pagar el martes 31 de marzo de 2020 los intereses de la deuda por 250 millones de dólares para mantener una ficción, dado que se deben afrontar vencimientos en este mes de abril por 506 millones de dólares por los Bonos Globales 2021, 2026, y 2046. Y el jueves 7 de mayo 2020 vence el Bonar 24 por 1.300 millones de dólares, sumas indispensables que se necesitan para comprar equipos y reactivos para atender la pandemia de Covid-19. Nadie puede desconocer que, tras el derrape en el valor de los títulos y valores argentinos antes de la pandemia y sobre todo después, en la gran mayoría de los títulos de deuda argentina con jurisdicción extranjera, los llamados fondos de cobertura o de inversión financiera como BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity, ente otros, tienen más del 25% o del 33% de las acreencias, según el título. De ese modo pueden evitar que se cumpla la cláusula de acción colectiva que hace que si el 75% o el 66% de los acreedores aceptan la propuesta argentina los demás deben también aceptar, con lo que se torna imposible que esos fondos voluntariamente consientan que se les postergue su pago hasta el año 2023.

Igual sucede con la deuda con el FMI. Las declaraciones del equipo técnico del FMI de reconocer la insostenibilidad de la deuda argentina es la base para que no se cumplan los exigentes plazos de tres años para cancelar capital e intereses que el FMI le prestó al gobierno de Cambiemos y que consta en el acuerdo firmado.  Se debe realizar, en el marco de la emergencia sanitaria, un roll over en que el mismo FMI o bien extiende los plazos y condiciones, o le concede nuevos créditos a la Argentina para que a cada vencimiento total o parcialmente pueda cumplir con esos compromisos. Con más razón cuando la deuda con el FMI que es actualmente de unos 44.000 millones de dólares, se va a ampliar porque la Argentina recibirá asistencia directa del FMI por la pandemia del Covid-19, esto es divisas que se emplearán en instrumental médico, medicamentos, etc., para atender la enfermedad que genera el coronavirus.

El mejor escenario es acordar, pero no es lo que quieren los fondos de cobertura, que pretenden activos por la deuda. Para ello van a iniciar juicios en las jurisdicciones extranjeras donde tienen clara influencia, como lo demostraron en el pasado inmediato en el Juzgado de Manhattan Sur con el Juez Thomas Griesa y la Corte Suprema de los Estados Unidos que, el 14 de junio de 2014, confirmó el fallo de Griesa al negarse a tratar el caso argentino.

Si bien la cesación de pagos es indeseada, no implica que cualquier acuerdo sea superior. Si el gobierno argentino, en su estrategia no disruptiva, terminase aceptando una renegociación insostenible, se prolongaría el estancamiento de la economía y el deterioro de las condiciones sociales, un panorama que para pueblo y gobierno va a ser más duro que un default abierto.

El objetivo estratégico para una Nación no puede ser otro que priorizar la emergencia sanitaria para toda la población y, por eso debe usar todos los medios a su alcance para evitar que el virus llegue a los barrios de los conurbanos del país. Si la República Popular China puede erradicar el problema donde se originó, en la ciudad de Wuhan, fue porque no trepidó en usar todos los medios a su alcance para asistir a la ciudad y a los enfermos.

La cuarentena va a ser efectiva en los que la puedan hacer. Incluso habiendo transcurrido 2 (dos) períodos de incubación, abarca a todos los viajeros offshore que retornaron, asegurados y con tranquilidad de aprovisionamiento en sus casas. Pero el mismo INDEC reconoce que 2019 terminó con el 35,5% de la población por debajo de la línea de pobreza y que la situación es peor en los conurbanos de las principales ciudades del país. Se trata de 16.100.000 personas, cuya situación se deteriora por la suba del precio de los alimentos y la pandemia del Covid-19 y que, por sus condiciones de vida y hábitat, no pueden guardar la cuarentena como debe ser.

Allí debe aplicarse a rajatabla otro de los grandes principios, el de Concentración de fuerzas. Concentrar los efectos del poder de combate en un lugar y momento decisivos. Concentrar los efectos en el tiempo y en el espacio implica aplicar los elementos del poder de combate contra múltiples puntos decisivos simultáneamente. Ambos tienen la capacidad de controlar la situación. Se debe aprovisionar de alimentos, equipos sanitarios, agua potable, personal médico y paramédico, de reactivos para determinar quienes son los afectados por el virus para darle el debido tratamiento y, a su vez, posibilitar que el que está sano pueda trabajar. La batalla se decide en esa concentración de tareas y en ese talón de Aquiles de la sociedad. De otro modo se deja librados a su suerte a los que viven del ingreso diario, hecho que será asumido cínicamente como parte de los daños colaterales de toda guerra.

Los Estados, nacional, provincial y municipal deben contar con los recursos y a la vez ser controlados por los beneficiarios.

De dónde se sacan los recursos

Por un lado, volvemos al Bono Patriótico de Carlos Pellegrini, un título a cinco años, que incluso reconozca un interés, pero que le permita disponer al fisco de divisas para comprar en el exterior equipos e insumos (entre ellos los reactivos para hacer la prueba de si se está infectado o no), para armar y equipar las salas de enfermos. Otro en pesos para comprar los insumos que se pueden producir en el país, ejemplo en los Estados Unidos las empresas automotrices Ford, General Motors y Tesla  producen respiradores artificiales.

Basta con los que conforman la lista de la revista Forbes más los que blanquearon capitales en la gestión de Cambiemos para saber quiénes son los argentinos que pueden aportar al Bono Patriótico.

Paralelamente, se le da poder de compra a toda la población mediante la propuesta de Mauricio Prelooker de su libro La Economía del Desastre, en que el Estado Nacional emite un Dinero No Convertible, de curso legal y aceptación obligatoria en todo el país, tanto para el sector público (se pagan impuestos) como el privado, en todas las transacciones en que se compran y venden bienes y servicios de todo tipo, menos las financieras y, obviamente, las cambiarias. No se puede comprar con ellos —y de ahí su carácter no convertible— la moneda local, las divisas extranjeras, los metales preciosos y los títulos y valores de cualquier naturaleza, estatales o privados, así como otros valores (cheques, certificados o no, facturas conformadas, etc.) susceptibles de un descuento bancario, es decir, que puedan ser convertidos en pesos.

Mauricio Prelooker asemeja la inyección de estos fondos en la economía y sin que le cueste al país un solo centavo de intereses, a un enorme autopréstamo que el país se hace a sí mismo, recuperable con el propio aumento del PIB, y al favorecerse las cuentas fiscales, a la par que se apuntala la demanda agregada sin presionar sobre los precios y sobre su conversión en divisas e instrumentos financieros.

El Dinero No Convertible propuesto por Mauricio Prelooker permite expandir la liquidez incrementando la monetización de nuestra economía, con todos los beneficios del rol de dinero como nexo de interrelación e impulso del circuito económico, sin tener que pagar el costo de la constante derivación del ahorro monetario a dólar, y con el menor impacto a los precios dado que impacta más y antes en la producción.

Se debe considerar en primer lugar que es un bono nacional, no provincial, pero es obvio que la mayor proporción del déficit de las provincias va a ser cubierto por la Administración Nacional (así como la moneda no convertible sirve para pagar impuestos provinciales y tasas municipales)

Es cierto que la experiencia de los Bonos Provinciales fue traumática, pero dio una solución a la falta de liquidez y al pago de deudas en los años 2001 y 2002. El objetivo es incrementar el grado de monetización, y que no se convierta esa mayor liquidez en dólares. Con el Dinero No Convertible se le das respuesta a tres problemas a la vez, el trilema déficit fiscal + falta de liquidez y de crédito + fuga al dólar.

La garantía del Dinero No Convertible es la creación de un impuesto nacional que actúe como complemento de los provinciales para garantizar una mayor progresividad y homogeneidad de la carga que permita captar la renta de la tierra. Máxime cuando sabemos que la recaudación del impuesto inmobiliario rural en todo el país el año 2019 es menos del 0,4% del PIB (unos mil trescientos millones de dólares). El nuevo impuesto propuesto abreva en el impuesto inmobiliario que rigió en la provincia de Buenos Aires entre los años 1948 y 1974. En ese período el tributo tenía al propietario como sujeto de imposición, a diferencia del actual  gravamen que grava al objeto, esto es, las tierras y sus mejoras. Hasta el golpe militar del 1955, además, rigió un recargo del 25% en la alícuota cuando el propietario fuese una sociedad anónima y otro 25% si el propietario residía más de tres años en el exterior.

Solo es posible vencer con el debido resguardo y eso implica recursos y paralelamente políticas que garanticen que los trabajadores no pierdan sus empleos, los arrendatarios y propietarios de viviendas no sean desalojados, las empresas eviten la quiebra y las redes económicas y comerciales se preserven.

En situaciones extraordinarias como es esta se requiere de soluciones extraordinarias. William Shakespeare le hace decir al Rey Enrique IV: “Fuertes razones hacen fuertes acciones”. Siempre las acciones más importantes provienen de fuertes motivaciones y la principal es la vida.

La economía del desastre

Empecé esta nota enojada y muy triste. Las pantallas de TV mostraban imágenes desoladoras de un montón de personas agolpándose en la puerta de los bancos. Muchas de esas personas tienen la edad de mis papás o de mis abuelas. Otros son discapacitados. Y había mujeres embarazadas. Los veía agolpándose en plena cuarentena. Un montón de personas que estaban donde no deberían haber estado, en condiciones en las que tampoco deberían haber estado.

Apenas 24 horas después las imágenes son bien distintas. Aún hay gente en los bancos para cobrar su jubilación, pero no están amontonados. Las pantallas los muestran tranquilos, muchos de ellos sentados en sillas dispuestas para esa espera. Y lo que ayer era un caos indignante hoy es un día inesperado de paz. Lo cual demuestra lo que siempre hemos sostenido los peronistas, aquello de que “la organización vence al tiempo” y —lo aprendimos durante estos días— que también vence al virus que circula entre nosotros.

Nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó. Y a estas alturas solo me resta rezar para que no tenga las peores consecuencias, las que nos asustan a todos. Las que no me animo a pronunciar ni a escribir.

¿Qué cambió entre ayer y hoy? Muchas cosas. La primera: la comunicación oficial fue mucho mas clara y precisa. No solo en cuanto a quienes debían concurrir a cobrar, sino también puertas adentro del sistema de gobierno. Algunos funcionarios se enteraron de que hay un mundo real detrás de sus escritorios. Un mundo que requiere que lo conozcan y que tomen medidas adecuadas. Y esto se los dice alguien que hace derecho administrativo desde hace muchos, pero muchos años. Alguien a quien cualquiera de ustedes llamaría, con justo derecho, una gran burócrata.

Se equivocaron, compañeros. Y de la peor forma. No es que no entienda que están desbordados, porque todos lo estamos. No es que no sepa que no hay manual de instrucciones para una situación inédita como esta que atravesamos. Tampoco desconozco que a muchos de ustedes les toca lidiar y ejecutar decisiones con una estructura básicamente desguazada por el gobierno de Mauricio Macri. Una verdadera tierra arrasada, como dice mi amigo Tristán.

Los que me parece menos excusable son los bancos. Que le pagan a jubilados y planes sociales desde hace años. Y que conocían exactamente el alud de gente que una vez por mes se presenta a cobrar las jubilaciones. Y que, aun así, solo tenían habilitadas tres cajas cuando son bancos con 15 boxes de atención.

Se equivocó horrible uno de los mejores y más lúcidos dirigentes sindicales que tiene este país, el secretario general de la Bancaria. Que exigió que el personal bancario no hiciese atención al cliente durante los primeros días de la cuarentena.

También nos equivocamos todos cuando no nos percatamos de las dificultades que tienen las personas mayores con los medios electrónicos de cobro y pago. Que no supimos enseñarles a manejar las herramientas tecnológicas para que no necesiten ir al banco. Y que no entendimos que, para ellos, el hecho de ir al banco y sentirse autosuficientes es uno de los pocos espacios de autonomía de libertad que tienen quienes ya no van a trabajar.

A quienes no imputaría error es a los viejos. Porque todos vamos llegando a la edad donde nos cuesta entender las cosas nuevas o simplemente no nos gustan. Lo dice alguien a quien su sobrina de 4 años le enseñó a manejar un teléfono de pantalla táctil cuando ya bordeaba los 40.

Todo esto mostró con crudeza las cosas a las que nos hemos acostumbrado y que solo nos llaman la atención cuando se tuercen de modo inesperado.

Nos acostumbramos a esperar horas en los bancos. Que tienen 15 boxes y solo atienden en 3. Esperas eternas que toleramos porque de algún modo somos cautivos. Nos hemos acostumbrado a que en esos lugares tan hostiles donde hay atención al público, no haya un solo puto baño para el público. Quien escribe esta nota padece hace años de colon irritable por diversas intolerancias alimentarias y cada vez que me toca ir a un banco, créanme, la paso muy mal. He llegado a pedir el baño, pero siempre me explican que no hay para el publico y me mandan al de un bar. Ayer no había bares abiertos y por ende un montón de personas no tenían baño para afrontar una espera de horas.

También nos acostumbramos a ver viejos parados a la intemperie. Bajo temperaturas extremas de frio o de calor. Sin una silla, sin un té caliente en el frío, sin agua ni sombra en el calor. Sin protección ante la lluvia. Y me pregunto y les pregunto: ¿cómo fue que nos acostumbramos a ver eso sin indignarnos? ¿Cómo?

También nos acostumbramos a que los trámites bancarios además de lentos sean larguísimos. ¿Cuánto demoran en reponer un tarjeta de débito? Infinitamente más que una de crédito, por cierto. Pero además la tarjeta de crédito te la mandan a tu casa, de hecho, te la mandan con extensiones que nunca pediste. Porque la tarjeta de crédito es un negocio para el que sí existen recursos. No así la de débito, salvo que tengas la fortuna de pertenecer a grupo de clientes selectos. Pero, además, nadie te avisa cuando llegó la tarjeta de débito. Te dicen que en una o dos semanas, después vas a buscarla y no llegó, cosa que te enteras después de esperar como mínimo 40 minutos. O vas a los días y te enterás de que llegó, y como no fuiste cuando llegó –como si pudieras adivinar cuándo ocurrió eso— la destruyeron. Y todo el trámite, cargado de incertidumbres y plazos imprecisos, debe comenzar de nuevo.

¿Y la asignación caprichosa de la sucursal donde va a estar radicada tu cuenta? Que es donde al banco se le ocurre y que no tiene en cuenta tu domicilio. Así te pasan cosas como tener un banco a dos cuadras de tu casa y que te manden a la sucursal que está a 25 cuadras. En un banco público hice alguna vez el planteo de lo absurdo que era eso, y encaré el trámite de cambio de domicilio de la cuenta. El resultado fue horrible. Tengo la cuenta sueldo y una de las tarjetas con sucursal en Microcentro y las otras dos tarjetas en una sucursal de Plaza Italia. Me cansé de pelear y dejé de usar esas tarjetas. Pero claro, yo tenía la opción de dejar de usar esas tarjetas porque tenía otras. ¿Y los que no tienen esa opción?

Además yo voy y vengo todo el día, pero quienes son viejos o discapacitados… ¿qué hacen? O mejor dicho, ¿cómo hacen? ¿Cómo los vas a mandar a cobrar a José C. Paz si viven en Del Viso? Absurdo al que nos acostumbramos también, casi sin protestar. Tan mansamente.

Y en parte, señores, eso es culpa de la ley. Hoy a las entidades financieras, esto es los bancos comerciales, las regula una ley que heredamos de la última dictadura militar, la Ley 21526 que se publicó el 21 de febrero de 1977.

Mas neoliberal no se podía y pese a los múltiples proyectos presentados a lo largo de la democracia, en lo que aquí importa ni siquiera han conseguido volver a declarar los servicios financieros como de interés público. Algo que si hacían las legislaciones anteriores (Decreto-Ley 13.527/57 y Ley 18.061), que así los consideraban.

Hace varios años Heller presentó un proyecto declarándolos servicios públicos. Recuerdo haberle dicho a Carlos que lo aprobara y que yo me comprometía a defendérselo luego ante el Poder Judicial. Pero no prosperó. Porque el capital tiene razones que todos entendemos.

¿Qué significa que una actividad sea de interés público? Refiere a determinadas actividades [1] que no han recibido una publificación expresa, pero que son objeto de una intensa regulación interventora de la Administración Pública correspondiente, en cuanto existe en ellas un interés público que se considera debe ser tutelado, pues aunque son «servicios privados», están dotados de una relevancia que trasciende los términos estrictos del interés particular donde solo se encuentran en juego derechos subjetivos privados, y por ello se justifica su dimensión pública. Se trata de actividades claramente servidas por particulares que, al mismo tiempo, son fuertemente intervenidas en razón del hecho que las cuestiones a que se refieren las mismas y que se traducen en un bien o en un servicio, no tienen un interés meramente particular, sino que se excede dicho ámbito, encontrándose comprometido con ello un interés general o colectivo –público finalmente–, con lo que realizan.

Pero ni siquiera eso hemos podido conseguir respecto a los bancos de nuestro país.

Menos aún conseguir que los servicios bancarios sean declarados como servicios públicos. Aun cuando, si así fuese, se solucionarían muchos de los problemas que conté en esta nota. Y tal vez tampoco hubiese sucedido lo que pasó ayer.

Enseña Agustín Gordillo que “la noción de servicio público floreció en Francia, caracterizada como actividad de determinado tipo realizada por la administración, y fue el concepto que sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. La relación con el servicio público era lo que justificaba la competencia contencioso-administrativa, la naturaleza de contrato administrativo que asumían ciertos convenios con la administración, el régimen jurídico del dominio público, etc… Posteriormente la noción fue perdiendo importancia, y hoy en día se supone que sirve para fundamentar un régimen jurídico especial para regir la actividad que se resuelva denominar como tal”.

Pero en los tiempos que corren, ya no todos los servicios públicos son brindados por la administración pública. Así sucede con las telefónicas, por ejemplo. Herencia esta vez de los furiosos ’90, el consenso de Washington, la mucha cocaína, la música electrónica y otras plagas de esos años. Estos servicios públicos en manos privadas son los que se llaman servicios públicos impropios, y se caracterizan entre otras muchas cosas por cumplir una actividad de interés publico esencial y por tener un régimen regulatorio llamado por la doctrina “exorbitante” (definitivamente quien nomina domina, tiene razón aun hoy Ursula K. Le Guin), que refiere a las condiciones que el propio Estado pone a los particulares concesionarios de dichas actividades para que brinden el servicio. Lo vemos todos los días cuando se quejan las empresas porque no pueden aumentar la tarifa de los servicios que brindan.

Los servicios públicos tienen además características distintivas: la Continuidad (por ninguna causa debe ser interrumpida la prestación del servicio), la Regularidad (deben ser prestados conforme las reglas), la Uniformidad o Igualdad (todos tienen derecho a exigir y recibir los servicios en igualdad de condiciones), la Generalidad (todos deben acceder) y la Obligatoriedad (es decir que su prestación es, valga la redundancia, obligatoria).

Claro que estas categorías no son absolutas y están llenas de excepciones, pero delimitan bastante bien que es un servicio público. Aun en estas épocas de servicios públicos impropios.

¿Cómo se transforma una actividad en servicio público o en actividad de interés público? En la Argentina se sigue un criterio nominalista, esto es que un servicio público o una actividad de interés público lo es porque una ley así lo declara. Siempre que haya un interés publico comprometido en dicha actividad y que la ley sea razonable. Por ejemplo Cafiero junior, según mis amigas, involucra un verdadero interés público en sí mismo, pero no podría declarárselo así porque no sería razonable.

¿Estoy pidiendo que declaren los bancos como servicios públicos? La respuesta es NO. Solo estoy recordándole a todos que el Estado cuenta con las herramientas y facultades para exigir que las actividades que hoy son manejadas por manos privadas se cumplan adecuadamente y atendiendo siempre a interés colectivo que le gana por goleada al interés individual. Promoción aplicable entre otras cosas a los servicios de salud de las prepagas, si llegara el caso.

Cuando pase esta emergencia podríamos analizar si el sector bancario no puede ser declarado como una actividad de interés público. Para que ajusten su pauta de actuación a criterios más racionales. Y para que el Estado pueda regularlos con mayor eficiencia.

Y para que nunca más nos acostumbremos, tan mansamente y tan rehenes, a que nos maltraten. Digo esto sabiendo que mi pena y mi enojo no van a curar a nadie ni van a impedir que nadie se enferme. Digo esto sabiendo que el Estado sí puede curar y sí puede impedir que las personas nos enfermemos. Digo esto convencida de que esta emergencia nos demuestra, por si faltaba más evidencia, que el capital tiene razones que la razón sí entiende. Y que tal vez sea tiempo de cuestionarlas.

Bien público

La cerrada defensa que hacen de su propiedad y su renta los agentes económicos más poderosos de la Argentina, en el marco de la pandemia global, induce a pensar que en ese sendero están dispuestos a sacrificar vidas aumentando el número de infectados con tal de que se prosiga con el orden económico vigente y se levante la cuarentena.

Si, tal como lo afirman las fuentes oficiales, el aislamiento es la única vacuna existente y la disposición de cuarentena temprana viene siendo exitosa contra la propagación del virus; ¿por qué levantarla o flexibilizarla a mediados de abril cuando se estima el pico de la epidemia en mayo? Convergen sin duda la presión del bloque primario-financiero, beneficiado durante el macrismo, con el temor a que los costos del freno a la actividad se descarguen sobre los sectores de ingresos medios sino se adoptan medidas profundas de regulación en el terreno económico.

El Gobierno cavila procurando ponderar adecuadamente el mal menor. Es claro que el neoliberalismo es indiferente a los daños humanos de su modelo de acumulación, pero difícilmente un gobierno peronista pueda legitimarse con los mismos. El dilema es serio y la resolución no es fácil.

La tenaz defensa de la renta experimentada en los últimos 40 días se jalona en:

–El fallido paro de la patronales agropecuarias frente a la suba de los derechos de exportación

–Los despidos y suspensiones de trabajadores por parte de empresas de primera línea, forzando un efecto demostración contra el Gobierno por los perjuicios provocados por la cuarentena

–El cacerolazo seguido de una propuesta de rebaja del 30% de los salarios públicos frente al planteo del Presidente de disminución de beneficios empresarios en el actual contexto

A este cuadro de reacciones concretas se le agregan dos hechos trascendentes más que surcaron la semana:

-El fuerte debate irresuelto sobre el rol de interés público del sistema sanitario en su conjunto, integrando los tres subsistemas: estatal, obras sociales y privado.

–El carácter de servicio esencial que tiene la provisión de efectivo y las transacciones bancarias a cargo del sistema financiero quedó evidenciado con dramatismo el último viernes, cuando los más desprotegidos se agolparon en las sucursales, mayoritariamente de bancos públicos, procurando percibir los subsidios y beneficios que les corresponden. Los banqueros privados se presentan al margen de la emergencia, se han negado a prorrogar vencimientos, recortar financiamiento, desembolsar créditos y no ofrecen bocas de atención que permitan descomprimir la demanda del público, -esencialmente del más vulnerable- para cobrar los subsidios definidos por el Gobierno.

Con las familias dueñas de la Argentina y sus socios extranjeros actuando para no ceder un ápice de sus privilegios en un contexto de gravedad extrema, el riesgo de impacto de la recesión sobre los segmentos de ingresos medios y la pérdida de ingresos de subsistencia de los más vulnerables va en aumento.

El Gobierno deberá tomar decisiones y optar más temprano que tarde. El llevar la crisis intentando minimizar costos en salud e impactos económicos puede ser correcto en el inicio, pero con el despliegue del virus ese sendero se angosta y las acciones deben ser más definidas.

Una ruptura de la cuarentena decidida por presión del “mercado” puede exponenciar la propagación del virus y que los muertos se cuenten por decenas de miles, decesos muchos de ellos evitables en el marco de un aislamiento protectivo que impida el desborde el sistema sanitario.

Atravesamos un tiempo en que a escala planetaria se ha puesto en discusión la asignación de recursos por parte del sector privado en los bienes esenciales a la condición humana: salud, vivienda, alimentos y energía. El virus esfumó al “mercado” y los poderosos procuran reinstalarlo sin medir costos humanos.

La Argentina puede estar a la vanguardia de la corriente mundial colocando al Estado como redistribuidor social, como lo hicimos durante el mejor ciclo de gobierno desde los tiempos Perón: el de Néstor y Cristina entre 2003 y 2015. Sólo así habremos vuelto mejores.

https://www.eldestapeweb.com/nota/-quien-se-hace-cargo-de-las-muertes-evitables–20204320150

El presidente Alberto Fernández manifestó con claridad que entre la economía y la vida, elegía proteger la vida de los argentinos y las argentinas.

Esta afirmación es la respuesta a una corriente de pensamiento liberal-conservadora que alientan las élites locales y globales sobre la necesidad de levantar el aislamiento obligatorio y permitir el funcionamiento normal de la actividad económica, como mecanismo para superar velozmente la pandemia en curso con el menor daño socio-económico, aún aceptando el impacto sobre la población más vulnerable.

Lo que oculta este planteo es que en cuestión de meses los infectados se contarían por millones y los muertos por colapso del sistema sanitario sería decenas de miles.Eso sí, los trabajadores que arriesgarían su salud para sostener “la economía” proporcionarían las ganancias habituales a las empresas beneficiadas de su trabajo.

Se desata entonces, una pulseada entre los trabajadores atenazados entre proteger su salud y la de su familia o percibir el ingreso necesario para el sustento diario y las exigencias de vuelta a las tareas de los agentes económicos. Hacia ese lugar pretende llevar la discusión el poder económico.

El Gobierno ha tomado posición y decisiones que procuran cuidar la salud del pueblo y atenuar la caída de ingresos, ponderando a diario la evolución de la crisis y sus impactos. Cuanto mayor sea el período de aislamiento, más profundas deberán ser las acciones de mitigación.

Ahora bien, el virus ha instalado a escala planetaria un conjunto de discusiones que hasta el presente y desde la crisis del 2008 se hallaban sumergidas y ahora han irrumpido en la superficie ante la angustia desoladora que la pandemia provoca en todas las sociedades.

El primero de ellos es el cuestionamiento frontal a los agentes económicos de continuar haciendo negocios con necesidades básicas de las personas. Con nitidez ha emergido que la educación, la salud, la vivienda, los alimentos y la energía no son bienes de mercado sino atributos esenciales de la humanidad y por lo tanto el Estado debe garantizar su abastecimiento universal. Se evidenció que no es una opción recibir atención médica o morirse, según lo decida la asignación de recursos hecha por el mercado.

Este es el temor más profundo de las élites: la irreversibilidad de estos planteos en el futuro una vez instalados y la consecuente pérdida del control social sobre el proceso económico. Además, la pérdida de liderazgo y legitimidad de esas élites es elevada al carecer de propuestas de integración social.

En los hechos, salida de la crisis del 2008 sólo habilitó la conformación de una nueva “burbuja” de precios de activos financieros sin sustento en la economía real, que nuevamente acaba de explotar motorizando los mismos esquemas de salvataje de hace una década. El capitalismo sólo parece ofrecer especulación financiera.

El “no parar la economía” es en realidad continuar con el presente esquema de funcionamiento y no garantizar vidas ni derechos en el marco de la crisis.

El otro punto que se ha abierto al debate es el del impacto material de la pandemia y quién lo soporta. Quienes han venido perdiendo desde hace tiempo, al menos desde el 2008 en el planeta y desde un lustro en Suramérica, no parecen dispuestos esta vez a afrontar el costo de esta crisis, y de hecho la mayoría de los líderes políticos se manifiestan y actúan en un sentido de convalidar el reclamo de las mayorías con más presencia del Estado.

Nuevamente para las élites, la preocupación no son las pérdidas coyunturales que perfectamente pueden soportar sino el cambio de paradigma que este derrotero encubre. Por ello presionan para la ruptura de la cuarentena

Se agrega que las naciones que se visualizan enfrentando la situación con solidez y medios son aquéllas de Estados fuertes e intervencionistas: China, Rusia y la puesta en valor mundial del sistema sanitario implementado por la Revolución Cubana a pesar del brutal bloqueo estadounidense de seis décadas.

La “economía” no debe pararse, debe seguir funcionando, abasteciendo las necesidades esenciales de los ciudadanos, algo que sólo puede hacerse desde un control centralizado del Estado de los medios de producción y prestación de servicios básicos y universales. Aquéllos que nunca provee el mercado, al menos para todos y todas.

https://www.eldestapeweb.com/nota/rentabilidad-empresarial-o-vida-de-los-trabajadores-202032720320

La historia de la salud pública muestra ejemplos de cuán difícil es controlar una pandemia, especialmente cuando la infección se propaga con la rapidez del Covid-19, no se tiene ni se cuenta con un conocimiento acabado de cómo se contagia, no hay tratamiento ni vacunas efectivas, la incertidumbre y el temor social se agigantan y no hay pautas claras de cómo actuar. De allí la medida elemental y necesaria  de la “cuarentena”  y el aislamiento de afectados, que conforma una de las pocas estrategias efectivas. Pero no puede ser eterno, porque en nuestro  país (y en mayor o menor medida en todo el mundo), si no se trabaja, no se come.

La disyuntiva es por cuánto tiempo y cuántas personas pueden guardar cuarentena, y más cuando no se puede precisar el lapso necesario por el propio proceso de contagio. Lo critican al Presidente Andrés López Obrador, pero gracias a las políticas liberales de flexibilidad laboral y según estadísticas oficiales de México, el 85,6% de la ocupación se desempeña en microempresas con 10 o menos empleados donde trabajan sin contrato el 67,8% del personal y el Estado federal no cuenta con medios para atender las necesidades mínimas de casi 25 millones de trabajadores con sus respectivas familias, que están en esas condiciones.

En los EE.UU. al día 26 de marzo, los pedidos de asistencia por desempleo alcanzaron los 3.450.000 personas, superando en cinco veces a la crisis de 2009 que fue de 665.000 trabajadores. Esa Nación cuenta con importantes recursos y emite dólares, pero por la lógica de mercado no puede contener a millones de parados por un lado y, por otra parte, al ser su sistema de salud esencialmente privado (bajo la misma lógica), no tiene forma de frenar la pandemia que hasta ahora se ha desarrollado esencialmente en los sectores altos y medios de ese país, superando los 1.000 muertos y con decenas de miles de infectados.

El Covid-19 puso en descubierto, en todos los países que se basan en la lógica del mercado, la precariedad de la salud pública y la ausencia del Estado y de la planificación, con un “mercado laboral” desregulado, precarizado y mercantilizado en extremo, con niveles de desigualdad y pobreza económica, habitacional y energética que conforman el eslabón más débil de la sociedad.

Los países desarrollados que cuentan con recursos toman medidas de emergencia económica, social y sanitaria. En los EE.UU., el proyecto de ayuda superará los 2 billones de dólares (más de cinco veces y media el PIB argentino) y tiene tres componentes: pagos directos por 1.200 dólares mensuales para trabajadores, ampliación de los beneficios por desempleo y un pago adicional de 500 dólares por hijo; un fondo de 500.000 millones de dólares para las empresas, de los cuales unos 75.000 millones se aplicarán a actividades específicas ligadas al turismo, como las aerolíneas y hotelería; y un programa de préstamos para las pequeñas y medianas empresas por 367.000 millones de dólares para que los pequeños negocios sigan pagando salarios mientras se obliga a sus empleados a quedarse en casa.

En Europa, otro tanto. En Italia al día 26 de marzo hay 8.165 fallecidos y 80.539 infectados. España registra más de 4.300 muertos y supera los 57.600 contagios. En ese marco, el Banco Central Europeo emite euros por 750.000 millones y los distintos gobiernos reasignan recursos para asistir a los enfermos y sostener a la mayor parte de sus trabajadores que se queden en sus casas.

Pero ellos, mal o bien, pueden hacerlo. No es el caso de la Argentina, con los gravísimos problemas de vivienda y desempleo y precariedad laboral que se refleja en que el 35,4% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, con cinco millones de monotributistas, 4.800.000 trabajadores en negro y 1.900.000 desocupados, que viven del trabajo diario.

Hay que pre­ser­var los in­gre­sos de estos trabajadores y para ello se requiere que el Estado —nacional, provincial, municipal— les genere asistencia médica y alimentaria. Para que con los debidos controles sanitarios y aplicación del test sobre el Covid-19 se generen puestos de trabajo y su correspondiente pago y que los trabajadores se organicen por barrios, por cuadras, por tareas, etc. Los recursos están. Hay alimentos, vestimentas, medicamentos, instrumentos de trabajo, personal médico y paramédico, y si no lo hay en cantidad suficiente se los produce: es una economía de guerra y se deben movilizar todos los recursos, con desgravaciones impositivas, de aportes previsionales, de colocación de bonos, cheques, pagarés, vales estatales que superada la crisis el Estado nacional va a cancelar. La utilización de moneda no convertible en divisas y demás activos financieros debe emplearse para pagar impuestos, tasas y comprar los bienes e insumos más indispensables, como fueron las monedas provinciales en la crisis de los año 2001 y 2002.

China y las economías de decisiones centralizadas

El problema de Covid-19 se origina en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China. En dos semanas en esa ciudad se construyeron dos hospitales nuevos de 1.200 camas uno y 1.500 camas el otro, movilizando grandes máquinas y gran cantidad de trabajadores, a quienes equiparon y dotaron de 450 médicos y de diez veces esa suma en personal paramédico. Fallecieron por el Covid-19 solamente en esa ciudad 2.524 personas y 3.160 en toda la provincia de Hubei. Por otra parte, el número total de infectados diagnosticados en toda China desde el inicio de la pandemia es de 81.171, entre los que han perecido 3.277 personas. También se ha dado de alta a 73.159 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.

Las autoridades sanitarias de la República Popular China decidieron levantar el 8 de abril la cuarentena a los habitantes la ciudad de Wuhan.

Si uno se detiene unos segundo a pensar cómo hizo China, la combinación no puede ser más elemental y lógica: planificación y trabajo. Un Estado fuerte que piensa y que tiene como principal objetivo la grandeza de su Nación, que en este caso puntual llevó a reasignar todo los recursos posibles para resolver el tema sanitario.

Si uno estudia cómo se gesta la inversión en China, el rol del capital trasnacional y un Estado presente, ve detrás una gran planificación estatal, que como todo plan debe tener objetivos claros y precisos. Es lo que le permite, paralelamente a ocuparse del problema sanitario y ante la fuerte baja en el precio de las acciones de empresas trasnacionales en ese país, que el Estado chino las compre con lo que se convierte en el accionista mayoritario de las empresas construidas por europeos y estadounidenses en su país.

EE.UU. y los países desarrollados tienen muchos más recursos, pero no cuentan con un Estado que planifique y trabaje por el bien común. Cuentan en cambio con especuladores de todo tipo que se beneficiaron con el derrape de los precios de los títulos y acciones para quedarse por menos de la mitad con algo que vale el doble. A esas conductas no se les ponen límites, al contrario: se las toma como lógicas y hasta correctas.

No digo que sea fácil vivir en China, pero sin haber descubierto la vacuna, le ha puesto un freno a la pandemia. Desgraciadamente, en el autodenominado «mundo libre» los muertos y los infectados se van a contar de a miles, mientras que los efectos del descenso de la actividad económica en su magnitud y en su prolongación en el tiempo serán desconocidos. Ni tan siquiera en esos países ricos se puede garantizar un testeo masivo de la población, que hace imposible saber cómo evoluciona el contagio del virus, mientras en Wuhan a partir del 8 de abril el Estado otorga “códigos verdes” a sus habitantes.

En la Argentina

El Estado bajo la conducción del Presidente Alberto Fernández y de un equipo en salud que no dudó en convocar a los principales sanitaristas e infectólogos del país, enfrenta la pandemia que al día 26 de marzo reconoce 12 muertos y 589 contagiados. Rápidamente se declaró la cuarentena y se compraron equipos para hacer frente al problema sanitario, centrando más en la prevención, tarea que debe apuntalarse con imprescindible testeo médico.

Se dotó de recursos al Ministerio de Desarrollo Social, a los gobiernos provinciales y a las intendencias para la compra de comida y asistencia a los comedores y viandas; paralelamente se compran materiales y herramientas para realizar tareas comunitarias, que siempre son insuficientes ante la magnitud del problema y la precariedad desde donde se parte.

A eso se le suma el auxilio a los cuentapropistas —monotributistas y trabajadores informales— con un bono extraordinario de 10.000 pesos que se hará efectivo en abril e implicará una inyección de unos 40.000 millones de pesos por mes para asistir a cuatro millones de personas en una segmentación hecha por tasa de pobreza e imposibilidad de reemplazar la actividad con teletrabajo.

Como lo dijo el Presidente, las dos variables para que no se profundice el problema y la pobreza son los precios de los alimentos y su abastecimiento y mantener las «changas», el trabajo informal.

Todos saben que si el tema se prolonga, la cuestión social en los Conurbanos de las grandes ciudades del país se tornará crítica.

También saben —el suscriptor a El Cohete a la Luna Hernán, de Rosario, nos los recuerda— las medidas adoptadas en los EE.UU. en la crisis de 1930 por el Presidente Franklin D. Roosevelt en el New Deal, donde se aplicó por ejemplo la Ley de Adaptación Agrícola y el apoyo a desempleados a través de los Estados de ese país, para generar trabajos en la construcción y reparación de carreteras, adecuación y mejoras de colegios, jardines, juzgados y otros edificios públicos que nosotros podríamos extender a viviendas, red cloacal, de agua, de gas, etc. Los recursos están, como dijo en su discurso ante la pandemia el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele: “Ustedes se privan de una parte de lo que les sobra y el pueblo se priva menos de lo que le falta”.

Si no se trabaja, no se come