La economía argentina cuenta con ventajas considerables:

• su capacidad de autoabastecerse de alimentos y energía y,
• su potencialidad exportadora en y post pandemia.

El mundo con más de 3.800.000 infectados y más de 265.000 muertes por la Covid-19 ha frenado su nivel de actividad y, en mayor o menor medida, ha debido recluir a su población, pero se debe seguir alimentando. Así como se salió a buscar pulmotores y barbijos para aprovisionarse ante el virus, en segundo término se compraron, se compran y se comprarán alimentos que no pueden producirse por la pandemia.

El problema local reside en la fuerte concentración de la tierra, de los acopiadores y de los comercializadores y la posibilidad que tienen para subfacturar exportaciones y fugar capitales, que explica que esas mayores ventas no incrementen las reservas internacionales del BCRA y no se convierten en pesos, mientras paralelamente subsisten canales de salida de capitales que deberían prohibirse totalmente, al menos durante la pandemia, como son los mecanismos del contado con liqui y el dólar MEP o Bolsa.

En la teoría económica existe un teorema que lleva el nombre de su autor, Carlos Díaz Alejandro, quien en 1965 publicó su ensayo: Devaluación de la tasa de cambio en un país semi-industrializado. La experiencia de la Argentina 1955-61, editado por el Instituto Torcuato Di Tella, que sigue vigente y que dice que en nuestro país existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del salario, si el dólar sube su precio el salario real desciende. Como en tiempos normales más del 70% de lo que se produce va al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva del salario) y se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume (consumimos relativamente poca soja, pero la soja reemplaza a otros cultivos y a la cría de animales, incrementando su precio por dejarle menor hectáreas de tierras y no las mejores), con lo que por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menores que en Brasil (objetivo explicitado por Paolo Rocca de Techint y Cristiano Ratazzi de FIAT) se entra en una recesión que va a ser tan profunda como será la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.

Por lo tanto la presión a devaluar nuestra moneda por la existencia y persistencia de una brecha muy grande entre el valor oficial del dólar exportador (en torno a los $ 70) y los distintos dólares paralelos en torno a los $ 120 no solo alienta la fuga, sino que encarece los alimentos internos, con lo que se reduce el salario real y, dada la baja elasticidad-precio de la demanda de alimentos (se deben consumir igual para poder vivir), comprime la demanda de otros bienes, por ejemplo, manufacturas, de parte de los trabajadores.

La caída en la demanda de manufacturas no se ve compensada por una demanda proveniente de los mayores beneficios del sector que produce el bien exportable, unido a que los mayores ahorros tampoco se traducen en una demanda suficientemente mayor de bienes de capital dirigida al sector manufacturero local, por lo que la presión a la baja de los salarios y/o suspensión, despidos, cierre de establecimientos, etc., etc., que se establece en la pandemia, puede persistir por mucho tiempo, que sumado a la falta de inversión en el sector industrial genera una reconfiguración regresiva del país.

Pese al DNU 329/2020 promulgado por el gobierno nacional el día 1° de abril de 2020, que prohíbe los despidos y suspensiones, no solo no se cumple, sino que los despidos y las suspensiones aumentan semana a semana a la par de la reducción salarial, por más que los distintos Estados (nacional, provincial y municipal) sacando recursos que no tienen, abonen directamente o indirectamente (desgravaciones impositivas, diferimientos de los aportes previsionales, etc.) parte de esas remuneraciones, como es el caso del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que asiste a 1.700.00 asalariados que trabajan en 180.000 empresas, pero hay inscriptas 420.000. O el Programa REPRO que paga parcialmente la remuneración de 12.468 trabajadores de 128 empresas.

Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en enero había 12.076.900 asalariados registrados y 2.367.200 no asalariados (monotributistas, autónomos y monotributistas sociales). La amplia mayoría de ellos han sido afectados por la situación generada por el parate de la actividad, pero de no recomponerse el mercado interno y si no se pone la lupa en las exportaciones y el dólar paralelo, el problema tenderá  a ser crónico y se generará un modelo económico y social recesivo y con una menor participación de la industria y de los asalariados en el ingreso, como ha pasado en los últimos 45 años, con la dictadura militar y el plan de convertibilidad.

La puja es, por un lado entre los trabajadores y las empresas que están orientadas al mercado interno, principal motor de crecimiento argentino, y del otro lado —francamente enfrentados— los sectores exportadores que tienen garantizado mercado en el mundo por la pandemia. Los diferentes Estados asisten como pueden a la población pero si no limitan la voracidad de los segundos, toda asistencia será poca e inútil.

Por lo que los beneficiados de la situación, no solo no quieren pagar impuestos, sino que usufructúan de la misma para reconvertir la economía a una pequeña y exportadora donde sobran argentinos y trabajadores. Ni la década infame los hubiera reflejado mejor.

Deuda externa y política monetaria

Es patético ver como el Presidente de la Bolsa de Comercio, o el Vicepresidente de la UIA, le piden, le sugieren al gobierno que mejore la oferta que le hace a los tenedores de los 21 títulos en moneda y bajo jurisdicción extranjera (Bonos Globales Trust Indenture 2005 y 2016) por un total de 66.238 millones de dólares, básicamente en poder de los fondos de cobertura BlackRock, Franklin Templeton, Vanguard, Pimco y Fedelity, que tienen el porcentaje de las acreencias suficiente para que no se pueda cumplir la cláusula de acción colectiva.

No les interesa el problema de la pandemia, les interesa exclusivamente que la Administración Nacional no incurra en default, porque si no va a descender aún más el precio de las empresas locales que cotizan en los mercados internacionales (IRSA, Pampa Energía, Tenaris y Ternium de Techint, CRESUD, Telecom, Transportadora Gas del Sur, Central Puerto, Banco Galicia, Banco Macro, etc.), todas ellas valen hoy la mitad o menos que la cotización de diciembre de 2015. Como lo reconoció Adelmo Gabbi, «el default crudo no sólo traería serios problemas para el Estado nacional sino también para la gran cantidad de empresas argentinas que tienen obligaciones negociables», que son deudas que se pueden convertir en acciones de las empresas y que en el recinto porteño calculan hoy superan los 16.000 millones de dólares. (Y son de las mismas empresas que cotizan en el exterior.) O sea, no asisten al Estado en la pandemia, no contribuyen con los impuestos y encima, pretenden que el Estado nacional incurra en inconsistencias presentes y futuras para que ellos no pierdan plata.

En medio de la pandemia, el Banco Central emite dinero inducido por un desarme forzado de LELIQs en poder de los bancos —a través de una baja de las tasas de interés de los pasivos remunerados—. Ese dinero queda en la  cuenta corriente que tienen las entidades en el BCRA, en lugar de convertirse en crédito al sector privado. Evidentemente, con riesgo de incobrabilidad en la cartera de los bancos frente a un contexto recesivo, con depósitos a plazo fijo minoristas y mayoristas que son la contracara en la hoja de balance de las LELIQs que se encuentran en el activo de los bancos e inestabilidad nominal, la posibilidad de que se conviertan en crédito es poca y en cuentagotas, incapaz de dar respuesta  a la urgencia de las micro pymes e incluso empresas de mayor envergadura que venden al mercado interno.

En algún momento, se llegó a plantear que en ese caso sea directamente el Estado que se apropie de parte de los depósitos que tienen los bancos en la cuenta corriente del BCRA y que al día 4 de mayo 2020 sumaban $ 1.027.496 millones (una parte es el encaje o efectivo mínimo que es el reaseguro de los depósitos captados por los bancos, pero no menos de $ 400.000 millones se pueden prestar), que sería un impulso importante a la liquidez y con ello a la actividad de las micro pymes. Les serviría para recomponer su capital de trabajo, restablecer las cadenas de pago rotas (cuando día tras día aumentan los cheques rechazados) y hasta pagarles el salario a los trabajadores recluidos o no por la pandemia. Sin embargo pasan los días y ese dinero queda sin utilizarse.

Es cierto que se debe verificar fielmente a donde va ese dinero, para que en lugar de emplearse para fines productivos y comerciales no alimente el dólar contado con Liqui o bolsa o paralelo, pero ello se controla con una tarea eficiente del BCRA y de la AFIP para evitar la subfacturación de exportaciones (y la sobrefacturación de importaciones). El marco imperante es de ingreso de divisas por ventas externas y de menor salida de divisas por tener frenada la actividad interna, más el no pago de los servicios de la deuda, por lo que deberían sobrar dólares y presionar su precio a la baja y no, como sucede, al alza permanente y persistente. No son tantos los bancos, ni tantos los exportadores grandes como para no controlar la situación, e igual debería suceder con los precios, donde también se trata de grandes formadores que, por definición, son pocos, en una economía que languidece.

En síntesis

La disyuntiva de hierro es, o se controla a los exportadores y a los grandes bancos o se sale de la cuarentena propiciando un modelo de país más desigual y más injusto todavía que el que dejó el macrismo.

Así como se deben tomar todos los recaudos para volver al nivel de actividad de antes del 20 de marzo 2020, con estudiados y controlados protocolos de protección ante el virus,  de igual manera se debe obrar en la canalización del crédito a la producción y al trabajo, en el control de los mercados paralelos y en la correcta liquidación de las exportaciones, para que la demanda externa sostenida de alimentos beneficie a todos y no a una minoría en desmedro del grueso de la población, de la cual una parte se la condena a la pobreza y a la indigencia.

Si hay algo más importante que Dios, es que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor.

Cuando pase la pandemia

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, con módicos altibajos, el consumo de carne vacuna promedio “per cápita” oscilaba en los 60 kg anuales, el de pollo en alrededor de 35 kg anuales y el trigo enviado a los molinos para satisfacer las demandas de panificados y pastas se acercaba a los 7,8 millones de toneladas.

El consumo masivo de alimentos era prioritario para el gobierno de entonces. Consecuentemente, las exportaciones de esos productos se subordinaban al abastecimiento del mercado local. Sólo se habilitaban las ventas al exterior de carnes, maíz y trigo una vez que la oferta hubiera satisfecho la demanda alimenticia de los argentinos y las argentinas. De este modo, el precio interno no fluctuaba al compás de los precios internacionales de los alimentos y era menos sensible a las variaciones del tipo de cambio. La existencia de un mercado interno protegido de alimentos permitió una fuerte reducción del hambre en el país y aproximarse al objetivo de “hambre cero”.

El macrismo una vez arribado al gobierno inmediatamente desmontó los mecanismos regulatorios descriptos y vinculó los precios internacionales a los internos en los consumos básicos de alimentos y también de energía. Esta liberación de mercados impactó sobre los ingresos populares disparando en el transcurso del gobierno amarillo una catástrofe social, arrancando a los trabajadores de sus mesas hogareñas para arrojarlos a la demanda exponencial de asistencia en los comedores comunitarios. Desregular la oferta de alimentos es sinónimo de hambre.

El gobierno de la coalición peronista encabezado por el Presidente Fernández intervino desde el inicio en este cuadro de situación con la implementación de la Tarjeta Alimentaria y el control de una canasta básica en el marco del programa Precios Cuidados. El impacto económico del virus COVID-19 a partir de las necesidades de aislamiento social para evitar el colapso del sistema sanitario y la preservación de vidas, disparó la ayuda alimentaria a niveles inéditos, obligando a intervenciones estatales crecientes para sostenerla.

En primer trimestre del año, previo al despliegue de la epidemia, la suba de precios de los alimentos fue sensible, tendencia que probablemente continúe con las cifras de abril.

INDEC Argentina

Replying to @INDECArgentina

#DatoINDEC#IPC: Educación fue la división con la mayor alza mensual (17,5%) en marzo 2020, escoltada por Comunicación (8,3%) https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_20405E6A626E.pdf …

✔@INDECArgentina

#DatoINDEC#IPC: en marzo 2020, los Alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones de la Argentina https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_20405E6A626E.pdf …

En un contexto recesivo agudizado por la crisis del virus, la presión sobre los precios de consumos básicos puede ser explicada por la rigidez de la demanda de esos bienes y también por la conformación oligopólica de los mercados de oferta sobre los cuales no se ha actuado con marcos regulatorios apropiados aún.

Los informes del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) permiten observar que, para un corte habitual de parrilla, el asado de tira, su precio por kilo en el trimestre enero-marzo 2020 aumentó de $290 al inicio hasta $340 al cierre, es decir un 17%. A su vez, un corte para horno, la tapa de nalga, fue de $311 por kg a $357 por kg en igual lapso, registrando un aumento del 15%.

La misma fuente (IPCVA) reseña también que durante el primer trimestre de 2020 las exportaciones de carne fueron de 117.000 toneladas, respecto de las 99.000 toneladas en igual período del año 2019, incrementándose las ventas al exterior un 18% interanual. 

Estos datos revelan cómo la demanda externa suplanta la caída del consumo interno y puede habilitar la suba de precios locales. Los frigoríficos aprovechan la existencia de un comprador firme y sostenido como China y el salto del valor de dólar ocurrido desde agosto de 2019, que en el lapso enero-marzo 2020 fue del 8%.

Por su parte, el kilo de pollo en el primer trimestre de 2020 pasó de $101 al inicio hasta alcanzar los $115 al cierre, verificando un aumento del 14% (fuente: IPCVA). En el mismo lapso, las exportaciones de maíz, insumo del alimento balanceado, fueron de 7 millones de toneladas, un 15% más elevadas que los 6,1 millones exportados en el primer trimestre de 2019 (fuente: INDEC).

El kilo de pan flauta relevado en la ciudad de Buenos Aires por el IPCBA subió un 7%, de $115 a $123 entre puntas del trimestre enero-marzo 2020. En igual período, las exportaciones de trigo fueron de 7,2 millones de toneladas respecto de las 5,4 millones exportadas en el primer trimestre 2019, equivalente a un 33% más.

El recorrido trazado pretende fundar que sin un mercado de alimentos protegido de la situación de los precios internacionales y del valor de dólar, no se puede resolver el hambre en la Argentina. Si la opción de los comercializadores se define por la demanda global, es imposible garantizar la oferta de alimentos. Con ese esquema se destroza cualquier política de ingresos que se quiera implementar para potenciar el consumo interno, sea un salario mínimo, paritarias libres, ingreso familiar básico, haberes previsionales y salario familiar universal.

El análisis comprende el primer trimestre de este año porque son las cifras disponibles, pero sin duda en abril la situación evaluada se ha profundizado. La mayoría de los trabajadores han debido resignar parte de sus salarios e ingresos, como precio para impedir la propagación del virus, situación que ha llevado salvar cuantiosas vidas. No es aceptable que los consorcios de alimentos vendan en el extranjero producciones esenciales para los argentinos y las argentinas.

El gobierno debe asegurar un mercado alimenticio protegido para el pueblo, sino el esfuerzo que está realizando se convertirá en una penuria insostenible. Para ello debe controlar la oferta. De lo contrario, las políticas de ingresos serás estériles frente a la inflación, tal como venimos afirmando desde esta columna.

https://www.eldestapeweb.com/economia/inflacion/hay-que-desvincular-el-precio-de-los-alimentos-del-exterior-20205916250

Una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que  se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-ex Kraft, Molinos Cañuelas, Morixe) y las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios.

Para el año 2014 la Secretaría de Comercio se planteó controlar a unas 28 empresas productoras de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo (caso Unilever que produce artículos de limpieza y alimentos: Knorr, Hellmann’s, Maizena, Ades, etc.) para lo que debían presentar una estructura de costos. Y allí reside el primer gran problema: en la Argentina no hay estudios serios de costos y menos de márgenes de ganancia, razón por la cual se recibe el dato suministrado por la empresa que es la principal interesada de que ni el gobierno ni los consumidores sepan cuáles son sus utilidades. Encima, en enero de 2014, por presión de esas mismas empresas que son mayoritariamente exportadoras, se devaluó nuestra moneda en un 25% de $ 6,84 a 8,50 por dólar y ya no hubo forma de controlar nada.

Ahora, en abril de 2020, Arcor, Unilever, Molinos Río de La Plata y otras empresas de primer nivel redujeron sus entregas drásticamente. “Le hice un pedido de 10 millones de pesos a Arcor y me entregó 200.000 pesos”, señaló una cadena de supermercados al medio digital El Destape. “Le compré 200.000 cajas de harina y 50.000 de aceite a Molinos Cañuelas y me dijeron que no me pueden mandar nada”, relató uno de los mayoristas más grandes del país.

Con la carne vacuna pasa lo mismo. Ya 2019 fue récord de ventas al exterior, más de un millón de toneladas (y se producen un poco más de tres millones y medio  de toneladas de carne vacuna por año)[1] ,casi triplicando las ventas externas de  2018. Allí jugó fuerte la gripe porcina y la demanda de la República Popular China, pero en los primeros cuatro meses de 2020 la proporción de la demanda externa es aún mucho mayor que en igual lapso del año pasado.

Por lo tanto, el precio de los alimentos se dispara por varias razones:

• el Estado realizó compras enormes para asistir a los comedores sobre todo de los conurbanos de las principales ciudades del país,
• las fuertes compras de  Rusia, Italia y China (fundamentalmente de trigo, harina, aceite y carnes) y
• las grandes empresas del sector que  tienen posición dominante en el mercado interno, venden al mercado local en cuentagotas y presionan de nuevo, especulando con la devaluación.

Por ejemplo, en la producción y venta de aceite comestible, Aceitera General Deheza (AGD, de los Urquía), Molinos Río de la Plata (del Grupo Pérez Companc) y Arcor (Pagani) tienen el 90% del mercado interno, y Oleaginosa Moreno-Glencore (Estados Unidos), Vicentin [2] y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) el 90% de las ventas externas. Los precios están internacionalizados: una botella de 1,5 litros de aceite mezcla que venden al mercado interno local AGD (Natura), Molinos Río de la Plata (Cocinero) y Arcor, sale $ 200 porque en Ámsterdam se vende a dos dólares y ellos se rigen por el dólar paralelo o blue. Si el paralelo sigue subiendo, sigue subiendo el precio y si no, no venden  porque por la Covid-19 tienen asegurada la demanda externa.

Que el presidente de la UIA sea Miguel Acevedo (cuñado del presidente de Aceitera General Deheza) y el vicepresidente sea Daniel Funes de Rioja, quién fue reelecto para un sexto mandato como presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) por un período de dos años, demuestra la importancia de la agroindustria en la Argentina actual. Basta recordar que Funes de Rioja fue como abogado laboralista a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) durante la dictadura y que hoy proponen lo mismo, reducción de los salarios mientras ellos aumentan los precios.

El pan nuestro de cada día

Igual pasa con el precio del pan, que está directamente relacionado con la venta de trigo y harina al exterior. En estos primeros cuatro meses del año hubo fuertes ventas de trigo y de harina (lo dice el Mercado de Cereales de Rosario: aumento un 40% con respecto a igual lapso de 2019) .

En harinas el problema es principalmente para los molinos chicos, que no tienen stock de trigo y deben aumentar los precios que ofrecen por el cereal, ya que los productores lo tienen guardado hasta ver qué sucede con el dólar. Los molinos más grandes usan su poder de compra para asegurarse el trigo necesario. Del sector de la molienda de trigo para pan participan un total de 161 empresas que se reparten 204 plantas a lo largo de todo el país. La más importante concentra 12 establecimientos de molienda, la segunda empresa con más cantidad de plantas aglutina siete, un grupo de 26 empresas  poseen cada una de ellas dos plantas y la mayoría del sector, las restantes 133 empresas únicamente cuentan con un establecimiento. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos son las provincias con más industrias de molienda de trigo instaladas y a la vez , en ese orden, las mayores productoras de trigo del país. El trigo que se cultiva en la Argentina en su mayoría (98,5% del total cosechado) es Triticum aestivum L. o Triticum vulgare, denominado “trigo pan”. Con un rendimiento industrial del 75%, la producción de harina de trigo demanda anualmente unos 6 millones de toneladas de trigo pan (a razón de 500.000 toneladas por mes).

Lo cierto es que de las 42 millones de hectáreas de tierras cultivables en el país, solo siete millones se destinan al trigo, siendo la producción de granos (cereales y oleaginosas) estimada para la cosecha 2019/2020 de 147 millones de toneladas, de las cuales 18,8 millones de toneladas de trigo. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se registra un acumulado de compra de 14,7 millones de toneladas por parte de la exportación y de 2,5 millones de toneladas por parte de la industria.  El stock inicial es de 1,74 millones de toneladas, por lo tanto es exiguo el saldo para el consumo interno de otras 2,5 millones de toneladas en el mejor de los casos. En total, se destinan al mercado interno 5 millones de toneladas pero se consumen 6 millones (está faltando un millón de toneladas). Inferimos que el Ministerio sigue a pie juntillas la producción, ventas internas y externas, de otro modo —como hace Rusia, por ejemplo— se debería prohibir la exportación del cereal.

Pero por el contrario, en plena pandemia los grandes comercializadores de granos en el mundo (que se le llaman a sí mismos ABCD: ADM, Bunge Ceval, Cargill, Cofco y Louis Dreyfus y operan fuertemente en el país) aseguran sus compromisos en el exterior y los precios en dólares, desentendiéndose de lo que sucede en el mercado local.

Si se toma en cuenta que en 2019 se exportaron 600.000 toneladas de harina de trigo (por un monto de 200 millones de dólares) y que para el mercado interno se destinan 3,6 millones de toneladas de harina de trigo (un consumo promedio de 80 kilogramos de harina por habitante y por año), es obvio que la razón del faltante de harina y la suba de su precio (hace un mes la bolsa de 50 kilogramos estaba a $ 1.384 y ahora no baja de $ 1.450) en los primeros cuatro meses de 2020 recae principalmente en los productores de trigo que no entregan en tiempo y forma el cereal a la industria harinera, porque o retienen para exportar o esperan que nuestra moneda se devalúe, de allí el problema con el precio y con el abastecimiento.

Por supuesto que el desafío de las sociedades actuales (eliminar la pobreza y el hambre, mejorar la protección ambiental, etc.) depende de la tenencia, uso y administración de la tierra. La concentración de la propiedad de la tierra en nuestro país, como Mempo Giardinelli y Pedro Peretti afirman en su libro La Argentina agropecuaria, hace que con algo más de 45 millones de habitantes, haya unas 6.000 familias y sociedades (muchas de ellas extranjeras) que controlan por propiedad o por alquiler el 48 por ciento de la tierra cultivable, que se vuelven altamente productivos por la combinación de la siembra directa y el cultivo transgénico.

El problema en este caso particular del pan solo se resuelve estabilizando el tipo de cambio y acordando con los productores de la cadena triguera-harina y pan una relación razonable de costos y precios, acuerdo que garantice el pan en la mesa de los habitantes del país,  y después, que exporte el saldo, dado que es  uno de los 10 primeros productores mundiales de trigo, el cual fue históricamente su cultivo insignia.

El precio del dólar

En la producción y venta local, solo si se frena el valor del dólar se logra estabilizar la economía nacional. Esa es la principal batalla que se está librando con los factores de poder real, que tiene como protagonista la asociación agro-financiera y los mecanismos de fuga de capital y de desestabilización del tipo de cambio. Por eso cuando el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso del 1° de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones ordinarias dijo: «El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”, esa asociación de los ricos se pintó la cara.

La primera medida tras ese discurso fue el intento del lock-out patronal de la Mesa de Enlace. La segunda, azuzada tras la pandemia, es la fuga de capitales mediante las operaciones de contado con liqui y dólar bolsa, que el gobierno trata de regular, cuando el valor de la divisa norteamericana que se desprende de esas dos operaciones ronda los $ 115. El llamado dólar blue a $ 120 acumula un salto de $ 35 desde el inicio de la cuarentena obligatoria: el 20 de marzo había cerrado a $ 85.  El dólar turista —con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS— ronda los $ 90 en agencias y bancos de la City porteña y la cotización promedio del dólar minorista en los bancos es de $69.

Es obvio que los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa, esta historia la vivimos varias veces, por lo que se debe frenar a como dé lugar y sin miramiento la existencia de todo dólar que no sea oficial y no convalidar aumentos de precios sin una estructura de costos que los respalde y demuestre. De otro modo, el modelo agro exportador y de salarios bajos se retroalimenta para beneficio de unos pocos y pobreza de muchos.

En mayor o menor medida el mundo está en cuarentena, situación que lleva al parate de la economía que, en el caso de nuestro país, implica un fuerte superávit comercial: caen fuerte la demanda interna y con ella las importaciones y, se acrecientan las exportaciones por la fuerte demanda de alimentos de los países centrales. Controlar que no se realicen subfacturaciones de exportaciones y no dejar abierto ningún mecanismo de fuga garantiza que el tipo de cambio no se dispare. Si no se hacen esas imprescindibles tareas o se las realiza deficientemente, vamos camino a una hiperdevaluación con todo su significante y significado.

[1] En la Argentina se ha producido en 2019 en torno a seis millones de toneladas en el conjunto de las cuatro carnes más importantes (bovina, porcina, aviar y ovina), de las cuales casi el 60% corresponde a la vacuna, un poco menos del 30 % al pollo, el 10% a cerdo y 2% a la carne ovina.

[2] Vicentin tiene puerto propio en la hidrovía del Paraná, y aparece con deudas externas y con el Banco de la Nación Argentina que no paga.

elcohetealaluna.com/el-dolar-y-el-precio-de-los-alimentos/

En las columnas anteriores fuimos delineado cómo el impacto económico del virus se convirtió en un feroz terreno en disputa entre el Gobierno Nacional de la coalición peronista y el conjunto del poder económico. Tanto el bloque primario-financiero como los conglomerados industriales decidieron que la pandemia podría ser una excelente oportunidad para realizar un potente ajuste que los posicionara en la salida de la crisis para dictar las condiciones de la reforma estructural regresiva tan anhelada desde los tiempos de la dictadura cívico-militar.

Con esta lectura fueron abandonando todas las ideas de reparto consensuado de las cargas de la crisis y avanzaron resueltos a defender sus privilegios sin asumir responsabilidad social alguna en el contexto presente.

El domingo pasado describimos el conjunto de medidas de intervención estatal que el Gobierno había adoptado para amortiguar el deterioro económico durante la cuarentena y la preocupación a futuro que las mismas provocaban en los agentes económicos más poderosos: la asignación de crédito por el Banco Central, el subsidio al pago de salarios del sector privado, la implementación de un ingreso universal básico y una propuesta de reestructuración compatible con el crecimiento y la estabilidad del sector externo.

Ahora veamos las respuestas de quienes definen el funcionamiento de “los mercados”:

Presión en los mercados cambiarios alternativos. En el mes abril la devaluación en el mercado del dólar adquirido a través de la operación “contado con liquidación” fue del 31%, cotizando u$s1=$88 a principios de mes y cerrando u$s1=$115 a fines. Otro tanto ocurrió con el mercado ilegal de la divisa que en 30 días trepó un 40% de u$s1=$84 a u$s1=$118.

Retención de divisas por exportaciones. En marzo empezó la cuarentena y el período en el comienza el ingreso de divisas de liquidación de la cosecha. En el Mercado Único de Cambios, según cifras del Banco Central, en marzo de 2019 el ingreso neto de divisas por exportaciones en el rubro “Oleaginosas y Cereales” fue u$s 1.350 millones. En marzo de 2020 por el mismo concepto la entrada neta de dólares fue u$s 939 millones, es decir un 30% menos que el año pasado. Cuando se verifican las cifras del INDEC sobre exportaciones informadas para marzo 2020, el monto asciende a u$s 1.202 millones, que si los comparamos con los efectivamente liquidados al Banco Central (u$s 939 millones) se puede inferir que hay u$s 263 millones exportados y no liquidados en Argentina.

Reticencia en la implementación de medidas de alivio financiero. El desembolso de los créditos a PyMes para sostener la nómina salarial y el capital de trabajo de las empresas afectadas por la caída de la facturación ascendió en abril a $ 121.000 millones, beneficiando a 82.000 empresas. El presupuesto asignado para esa línea es de $ 220.000, es decir, que la ejecución fue del 55%. Y si bien no hay cifras disponibles aún, es muy probable que el grueso de las efectivizaciones la haya producido el sistema de banca pública. Los bancos han cortado sus propios márgenes crediticios al sector privado y exigido la cancelación de los adelantos en cuenta corriente a casi todas las empresas.

Rebaja salarial en el sector privado. El acuerdo superestructural UIA-CGT, homologado por el Ministerio de Trabajo, autoriza una rebaja nominal de hasta el 25% del salario de los trabajadores del sector privado que hayan sido suspendidos por la baja de actividad que implica la cuarentena. Ahora bien, si el Gobierno por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (AET) compromete el subsidio del 50% de la nómina salarial del sector privado hasta el tope de dos salarios mínimos y se autoriza una rebaja general del 25% a los trabajadores suspendidos, no emerge con claridad cuál será el compromiso del empresariado para sostener la remuneración de sus empleados en la crisis, habida cuenta, además, que por tres meses no pagaran las contribuciones patronales. ¿Aportaran un 25% de la nómina salarial de sus empresas?

Reducción del Estado. En el marco del impacto económico del virus, la oposición ha impulsado numerosos proyectos de reducción de impuestos al sector privado y rebaja salarial en el sector público. “Estado mínimo” en una catástrofe global que demanda intervención pública masiva.

Inflación de bienes esenciales. El acceso masivo y sin dificultad a alimentos y energía es clave en el sostenimiento de las medidas contra la pandemia. La suba de precios en alimentos comienza a ser un obstáculo en la política de ingresos compensatoria del Gobierno, con el agravante que las empresas oligopólicas de energía decidieron “estimar” el consumo residencial de abril facturando el pico alcanzado el año pasado y compensarse de hecho las bajas que provoca el receso industrial.

Si el pueblo valora que el sacrificio ha permitido tener 100 veces menos muertos que las naciones europeas y anglosajonas y a la vez los recursos compensatorios con los que cuenta hacen tolerable el esfuerzo, el Gobierno habrá dado un paso adelante en la legitimación de sus políticas.

Pero la virulencia de la embestida de los poderosos descripta precedentemente no puede ser desdeñada por ratios favorables de las encuestas. El enfrentamiento planteado exige en los meses venideros decisiones mucho más potentes de regulación de mercados. De lo contrario, los poderosos habrán sentado las bases de la reforma estructural regresiva que añoran desde hace décadas.

Abril es mes de balance en el conflicto, pero también de insumo para nuevas decisiones.

En este documento retomamos la inflación o los Índices de Precios del mes de MARZO y un par de agregados. Incluso con la pandemia en pleno desarrollo, la inflación no pasa desapercibida, pero hoy la urgencia tiene que ver con la sobrevivencia. No obstante, para no cortar la línea de información publicamos este informe ya que la economía tiene que seguir funcionando, hoy operando casi con grilletes. En un próximo documento trataremos de recopilar indicadores. Empiezan a aparecer en Argentina y en el mundo algunos pronósticos para el año. ¿Dónde quedaremos? La atención de la población y de los gobiernos (en todos los estamentos) es afrontar el COVID19. Como siempre, el énfasis es la inflación con algunas conjeturas. Los gráficos tratamos de hacerlos más claros poniendo el acento en las variaciones de cada mes, en 12 meses y por año. Podemos agregar que la inflación de marzo pudo hasta con el Covid 19. El promedio de varios organismos alcanza el 2.8%, el Indec Nacional un poco más arriba, el 3.3%. No es casual esto en Argentina, pero las comparaciones no dan lugar al humor dramático. Si vemos la inflación en algunos países, España, valor negativo -0.4%, Italia 0.1%, Francia 0.6 %, Estados Unidos – 0.2 %, Chile 0.3 %, Brasil 0.07%, Perú 0.65 %. Por el momento nada nos hace desviar de nuestra clara senda inflacionaria, seguramente abril no será distinto pero no podemos dejar de reflexionar que la inflación debiera bajar significativamente a pesar de todos los ruidos monetarios. Después de la plaga seguramente diremos otra cosa. También en esta conjetura nos afecta la inercia pesimista. Una muestra de nuestras dificultades la da el Word Economic Outlook (WEO del FMI de abril 2020). Mientras Argentina no figura en su informe con una proyección de inflación, todos los países restantes de América Latina, sí. Es decir, que ni siquiera este organismo, que recientemente hizo un reporte, se atreve a poner un número. El que utilizamos (en el informe) corresponde a una versión anterior con el 39%. Por otro parte, ya que estamos con el FMI, la misma publicación nos ubica como los peores del barrio (América Latina) y conjetura una caída del -5,7 % para el 2022, la mayor en comparación con la totalidad de países (de AL), excepto Venezuela, que muestra un -15 %. Creo que en este caso simplemente para poner un porcentaje. Al final agregamos trestemas que quitan el sueño, uno tiene que ver con la tasa real de interés, otro con el atesoramiento y finalmente el riesgo país En la página https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19, se puede encontrar amplia información.

Artículo completo:

2020 MARZO. IPC Prod. en ABRIL Inflación comp.

¿Saldremos indemnes de esta pandemia? ¿O los efectos letales del covid-19 provocarán cambios permanentes en los individuos, la política y la sociedad? Estas preguntas, y otras de similar naturaleza, han circulado de un modo frecuente en las últimas semanas. Pero la experiencia indica que es demasiado pronto para entender el alcance del fenómeno y elaborar respuestas definitivas.

Es sabido, por ejemplo, que las víctimas, los enfermos y los desempleados se cuentan por millares. En New York y en París, en Dublín y en Melbourne pero también en los arrabales de Andalucía, Sao Paulo y Teherán. Y que la mitad del planeta permanece confinada y en suspenso. Mientras que el personal sanitario se bate a destajo, dondequiera que esté.

Sin embargo, ni el tiempo transcurrido desde sus orígenes, apenas un cuatrimestre, ni la historia y el conocimiento acumulado permiten en estos momentos prever sus consecuencias en forma completa. Salvo que incurramos en el mismo error que Bertrand Russell advertía en la prosa filosófica de Hegel. Seleccionar algunos hechos para acomodar el mundo a nuestro gusto. Y hacerlo de una manera compleja para que la gente nos considere profundos.

Como los analistas que, a raíz de las sucesivas caídas en las bolsas de valores, se apresuran en vaticinar el fin del neoliberalismo y su paradigma productivo. Incluso del propio sistema capitalista y las coaliciones de poder que defienden sus intereses sin que, hasta ahora, medien actores sociales o políticos relevantes que los cuestionen con fuerza.

Además, las características globales y transversales de esta crisis solo pueden compararse con las que tuvo la llamada gripe española en el siglo pasado. Los virus del Ébola, el Marburgo y del síndrome respiratorio agudo (SRAG) causaron tragedias recientes. Pero en ciudades y regiones de África y de Asia de escasa relevancia para los medios de comunicación y los mercados financieros.

La gripe española, en cambio, se propagó por cinco continentes, sin distinción de género ni de clase social. Aunque la humanidad demoró en reconocer el daño ocurrido. En el campo económico casi no hubo registros. Tampoco en el arte y las ciencias sociales. A pesar de haber sesgado, entre otras, la vida de Max Weber, Egon Schiele y Gustav Klimt. Y los principales escritores norteamericanos de entonces, Hemingway o Scott Fitzgerald por caso, narraron secuelas de la primera gran guerra y de la era del jazz, más no de este flagelo que nació y recorrió de punta a punta su propio país.

De todos modos, si los perjuicios del covid-19 no se extienden por un largo período, es posible trazar algunas perspectivas. En la esfera privada, por ejemplo, las investigaciones revelan que estas circunstancias, sumadas a un encierro transitorio, producen graves deterioros en la salud mental de las personas. Incertidumbre, angustia, cambios de humor, violencia en los hogares y, sobretodo, una natural dosis de preocupación en los asalariados que tienen riesgos de contaminarse o bien, sufren la disminución o la pérdida de sus fuentes de ingresos.

Por consiguiente, pueden pasar meses hasta que la población más perjudicada retome su nivel de consumo y los adultos mayores vuelvan a hacer planes o acorten distancias sin temor al contagio. Aunque los valores primarios, aclaran, subsisten sin grandes modificaciones en quienes ya los tenían. Es decir, el amor y la honra. La memoria y el orgullo. La compasión y el esfuerzo.

A la vez, los recursos que los países desarrollados están dispuestos a utilizar para mitigar el colapso causan asombro. Créditos sin límites junto a enormes subsidios a empresas y ciudadanos. Y sus gobiernos, a diferencia de lo actuado en materia de salud, han obrado rápido y sin trabas para auxiliar la producción industrial. En especial, a las grandes corporaciones.

Aun así, el impacto de los parates inducidos resulta tremendo. Y la reactivación se presume desigual y escalonada. Primero en China. Luego en Europa y Estados Unidos. Con fuertes quiebras y fusiones en algunos sectores. La energía, los bienes exportables y el turismo, entre ellos. Actividades donde no habrá creación de capital sino combinación del que ya existe, junto a innovaciones en las modalidades de trabajo. Por tanto, es dable suponer que la intervención de los Estados, muy justificada por cierto, se mantendrá por un ciclo. Sobre todo en las áreas sociales.

En el plano internacional, es factible que la irresponsabilidad y la falta de colaboración de las grandes potencias entre sí y con el resto de las naciones sigan en pie. Al menos, mientras la mayoría de los líderes actuales continúen en sus cargos. Constituyendo un panorama desalentador para las naciones emergentes. Argentina, por su declive en los últimos años, deberá esforzarse el doble para atenuar la caída, resguardar el empleo y generar divisas. Aunque el contexto favorece la actual renegociación de la deuda pública y, por ende, el uso de esos fondos para sostener el tejido productivo y social.

En los albores de este siglo no fueron pocos los que, gracias a los saltos tecnológicos, enviaron las hambrunas y las pestes al rincón del olvido. Hay varios ensayos al respecto. Sin embargo, en estas horas aciagas reverdecen aquellas palabras que Herodoto puso en boca del sabio Solón dos milenios atrás. Mientras haya vida, todo puede acontecer.

https://www.clarin.com/opinion/covid-19-economia-global-puede-suceder_0_TKwE_d-z8.html

El Gobierno Nacional, manteniendo los trabajosos consensos de la coalición heterogénea que lo conforma, avanza en la dirección correcta para afrontar, en simultáneo, el control sanitario de la epidemia y amortiguar el impacto del despliegue del virus en la economía. 

No lo hace con la velocidad y profundidad deseables, pero avanza. Es precisamente ese derrotero el que altera la tranquilidad de los agentes económicos más poderosos. Sobre todo, porque conecta con un escenario global pos-pandemia posible, pero además grato a la esencia del peronismo. Veamos el recorrido:

• Puesta en vigencia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para varios millones de trabajadores en el área de servicios comerciales y de oficios, cuya inserción en la economía formal es muy débil. La oligarquía visualiza en el IFE la antesala de la Renta Básica Universal hoy debatida en Europa.
• El proyecto de impuesto a las grandes fortunas. La reacción de los poderosos es extrema por dos cuestiones: visualiza un gravamen que incida sobre los fondos atesorados ociosos -que no retira fondos del consumo y/o la inversión, por lo que no dañaría la actividad productiva- y además puede servir para otorgar sustentabilidad fiscal al ingreso familiar básico. La legitimidad política y social del impuesto a la riqueza es enorme.
• El Estado sosteniendo el 50% del salario de los trabajadores privados de las empresas pequeñas y medianas en crisis debido a la pandemia. Este subsidio masivo al sector privado de industriales y comerciantes de menor porte impide la destrucción generalizada de empresas y la consecuente concentración de mercados posterior. La acumulación de liquidez en dólares por parte de los agentes económicos más poderosos se orienta a adquirir activos y cuotas de mercado abaratados pos-pandemia. Esta intervención lo impide y sienta las bases para otras posteriores de características similares.

Complementario con el punto anterior, se desplegó una batería de instrumentos crediticios a tasa fija con garantía estatal para solventar las necesidades de capital de trabajo PyMe. Esta medida altera al sistema financiero privado, no tanto por los desembolsos inmediatos, sino porque lo ve como el preludio de la acción del Banco Central asignando crédito en la economía, algo que creían desterrado desde hace décadas.

La propuesta de reestructuración de deuda formulada por el ministro Martín Guzmán, que analizamos en la columna pasada, portadora de la virtud esencial de liberar a las cuentas públicas y externas de los servicios de deuda en el próximo lustro, otorgando márgenes de maniobra relevantes al actual Gobierno. Para los autodenominados “mercados”, la deuda no sólo es un mecanismo de financiamiento de la apropiación de divisas y su salida del país. También es una cadena que le ponen al Estado para impedir que se transforme en una herramienta de asignación de recursos en manos de un gobierno nacional y popular. Reestructurar la deuda rompiendo esa cadena implica recuperar la herramienta para esos fines. No aceptan una reedición de la autonomía alcanzada en el ciclo de gobierno 2003-2015 con los canjes de deuda 2005/2010.

La disparada de los precios del dólar “contado con liquidación”, “bolsa” y “blue” responden a los vetos de los agentes económicos a las medidas descriptas. El conflicto surca a la coalición de gobierno, al empresariado, a los sindicatos y a las organizaciones territoriales.

En la actual etapa, a diferencia de otras previas conducidas por el peronismo, no se puede financiar el amortiguamiento de la crisis económica sin una fuerte regulación de los mercados de la economía real y cambiario-financiero. Si la liquidez provista con emisión primaria de moneda se concentra en manos de los jugadores más potentes del mercado por la suba de precios, la presión sobre los mercados cambiarios será muy fuerte; si el otorgamiento de crédito depende de la aversión al riesgo de los banqueros privados y también de los públicos, el cierre de empresas será enorme; si el abastecimiento de energía y alimentos en los hogares depende del sistema de mercado, no hay ingreso familiar que alcance. Es imprescindible el control de la oferta.

Insistimos también en que energía y alimentos no son bienes de libre mercado, sino consumos esenciales: la regulación estatal sobre su abastecimiento debe ser total.

Las empresas nacionales, sobre todo las medianas -que alcanzan a 120.000 unidades de negocios-, pueden ser víctimas de compras hostiles por fondos extranjeros especulativos que concentran liquidez en dólares aguardando la devaluación. Protegerlas es cuidar su estructura de costos fijos y variables hasta la salida de la pandemia.

El Gobierno avanza en la dirección correcta, pero la nave enfrenta tormentas y su tripulación debe asumir los desafíos del momento.

https://www.eldestapeweb.com/nota/coronavirus-y-crisis-y-la-nave-va–202042420150

Nuestra burguesía en general (productores y comercializadores de granos y de carnes, empresarios petroleros y mineros, industriales, comerciantes, constructores y banqueros que operan en la Argentina) no es independiente ni soberana, sino funcional al capital financiero mundial. De allí que, por un lado, no cuenta con una estrategia propia y menos para toda la población y sí, lo que presenta son negocios rápidos que la benefician a costa de empobrecer el presente y el futuro de la sociedad, como lo corrobora la gestión de Cambiemos: fugaron en esos cuatro años 88.371 millones de dólares, pero sus activos en el país valen menos de la mitad que en diciembre de 2015. Basta ver el valor accionario (antes de la pandemia) de las firmas locales que cotizan en Wall Street, para saber que decimos la verdad.

Tenemos empresarios ricos que están entre las 2.000 fortunas más grandes del mundo y no quieren pagar impuestos. Pretenden que el Estado pague los títulos de deuda que administran los grandes fondos de cobertura porque tienen parte de su fuga allí . Sus empresas se han descapitalizado y muchas de ellas son compradas (por ahora parcialmente) por monedas por el capital extranjero.

Tal diversidad de intereses y sectores de la burguesía que opera en el país tiene, sin embargo, un objetivo común, que es el de reducir los salarios y demás costos medidos en dólares. Eso es lo que llaman devaluación exitosa. Consiste en que no todos los precios (esencialmente el salario) suban igual que el ajuste del tipo de cambio. En la devaluación de 2018 y 2019, los salarios y demás costos se redujeron fuertemente medidos en moneda dura, pero el país y su producto bruto se van reduciendo en forma proporcional al descenso de su consumo interno por la reducción sistemática de los salarios, que paralelamente hace que en la Argentina tenga trabajadores que perciben remuneraciones menores a la canasta básica total. Trabajan y son pobres.

Ese objetivo burdo que profundiza la desigualdad de ingreso lo impusieron con la dictadura militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Como decía el Secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, Juan Alemann, como era difícil estabilizar la economía con sobreocupación, necesitaban de la recesión y la suba de la tasa de interés, únicos medios para ajustar a la baja los salarios y determinados precios a los niveles deseados.

Lo consiguieron. El descenso de los ingresos de los asalariados comparando el quinquenio 1976-1980 con el quinquenio anterior fue en torno al 15% del PIB (de percibir el 50% de lo que se produce, pasaron los asalariados a recibir solo alrededor del 35%) e incluso fue peor al final de la dictadura tras la devaluación post Malvinas.

En su libro La Evolución de la Economía Argentina desde Diciembre de 1983 a Septiembre de 1989, Bernardo Grinspun afirmaba que “a partir del Plan Austral (y podríamos agregar igual que Martínez de Hoz, que Cavallo, que Macri) y en virtud de la política implementada, la tasa de interés fue mayor que el aumento del tipo de cambio; el nivel del tipo de cambio se elevó por encima de los precios, y estos a su vez por arriba de los salarios”. Es decir –agrega–, «operó un esquema de transferencia de ingresos de los sectores asalariados a los de producción; de los de la producción a los vinculados a la exportación, y de estos a los financieros, favoreciéndose así la concentración de capitales y facilitándose la fuga de divisas al exterior”.

Si a eso le sumamos el rol técnico de los bancos de facilitadores de la fuga de capitales (en la Balanza de Pagos de la Argentina de 2019 se estima una fuga total por 399.500 millones de dólares, cuando el PIB es de unos 343.656 millones de dólares), entendemos claramente cuál es el papel que juegan en nuestra sociedad. Por es se pintaron la cara cuando el Presidente Alberto Fernández, en su discurso del 1° de marzo de 2020, dijo: «El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

Sin embargo, para reducir las LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) que sumaban más de un billón de pesos, el Banco Central les da a los bancos “más de 460.000 millones de pesos con la intención de que ese dinero se preste”, según dijo su Presidente, Miguel Pesce. Seguramente que explicando razones burocráticas lo prestarán pero a cuentagotas, y eso explica la suba del dólar paralelo [1], del dólar CCL [2] y del dólar MEP [3], que es imposible de realizar si no se cuenta con la participación activa y manifiesta de los bancos Los diez primeros bancos privados (Galicia, Macro, Patagonia, Supervielle y Credicoop entre los nacionales; Santander-Río, BBV Argentina (Francés), HSBC, ICBC y Citibank entre los extranjeros) han tenido ganancias sobre su patrimonio mayor del 70% en todos estos años, y concentran el grueso de las operaciones del sector.

En un marco en que el total del crédito al sector privado es solo el 11,5% del PIB, o 2.584.256 millones de pesos al 20 de abril de 2020, el total de crédito a las pymes había ascendido a $ 108.000 millones, suma que, ante el grave problema de que no se produce y no se vende, es poco significativa y ni siquiera ayuda a paliar la cantidad de cheques rechazados y la ruptura de las cadenas de pago.

El gobierno, para dar respuesta al parate de la economía nacional por la cuarentena, destina de los magros recursos fiscales la suma de $ 11.000 millones para que se generen créditos a tasa cero para personas adheridas al régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributistas) y para trabajadores autónomos, con un subsidio del 100% del costo financiero tota. Debe realizarlo mediante la tarjeta de crédito del beneficiario, que depende de que esos diez grandes bancos instrumenten eficazmente el mandato.

Todas las empresas que vieron disminuir sus ventas considerablemente (deberán tener una facturación del 12 de marzo al 12 de abril igual o inferior, en términos nominales, a la de igual período de 2019) pueden conseguir que a partir de mayo, el gobierno pague hasta el 50% de los salarios de abril de los empleados (Decreto 376/2020 que amplió el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción – ATP) en el que se inscribieron 420.000 establecimientos. También en este caso, el que clasifica y da el subsidio con un costo fiscal total de $ 107.000 millones de pesos, es el banco con que opera el beneficiario.

El BCRA debería intervenir directamente y exigirle a las entidades financieras mayor eficiencia y eficacia para dar debida respuesta a la falta de liquidez. La capacidad crediticia que tienen es más de cuatro veces lo realizado. También debe fiscalizar exhaustivamente (como acordó con la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores) para limitar la fuga de capitales. La semana que pasó, el dólar bolsa, el contado con liqui y el blue rondaban los $ 110, un salto del 60% con respecto al tipo de cambio vendedor (en torno a los $ 68) y del 25% frente al dólar más el impuesto PAIS (que cerró el viernes 24 de abril a $ 89,12.-), cuando la experiencia histórica muestra que si se “dispara” el dólar  vamos camino a un nuevo 2002.

La combinación no puede ser peor, en medio de una recesión económica profundizada por las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que empobrece aún más a nuestro pueblo,  la imposibilidad de pagar las obligaciones externas y la presión de los acreedores con sus amanuenses de adentro y de afuera que se refleja sistemáticamente en el tipo de cambio paralelo, por lo que ese accionar debe frenarse con intervención directa del BCRA y un férreo control cambiario.

La lógica cambiaria y financiera

Se impuso con el Rodrigazo en que se dinamitó nuestro dinero ante la suba sideral de todos los precios. y el dólar pasó a ser el “bien refugio”. Antes del Rodrigazo y desde que se creó el Banco Central de la República Argentina en 1933, los bancos captaban ahorro del público y prestaban mayoritariamente  a las personas y a las empresas donde estaban radicados, por lo que cumplían el rol de reasignar recursos de aquellos que tenían capacidad de ahorrar y  los que requerían créditos para la vivienda, para el consumo, o para producir. En 1974, por ejemplo, existían 823 entidades financieras (entre ellas 486 cooperativas de crédito y 110 bancos comerciales) distribuidas en todo el país, mayoritariamente cajas de créditos y sociedades cooperativas. El total de préstamos al sector privado sobre el PIB era del 43,5% y, la Argentina era la Nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia).

La reforma financiera de 1977 cambió esencialmente el concepto. En lugar de que la actividad fuera un «servicio público» y los prestatarios privados considerados como concesionarios del Estado, que es el creador del dinero primario o Base Monetaria, se convirtieron en dueños del ahorro del público y habilitados a “realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras o por las normas dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades”. De esta forma, lejos de proponerse cualquier direccionamiento del crédito, la normativa se limitaba a establecer que las entidades hagan lo que quieren, que cobren las tasas que quieran y cambien nuestro dinero por dólar en nombre de la libertad de mercado.

Para romper ese mecanismo perverso de suba del dólar y fuga, el BCRA debe restablecer un férreo control cambiario que va desde restablecer el cepo, prohibir las transferencias de divisas al exterior (salvo expresa autorización del BCRA) y todo tipo de operaciones que impliquen salida de capitales, porque así como no se puede transitar libremente por el país por el coronavirus, hay que limitar de igual manera las operaciones con divisas de todo tipo, salvo que sea una operación que estrictamente lo justifique, y obligar a que se emplee el peso, nuestra moneda, como bien de cambio y de ahorro.

El 19 de febrero de 1985 cuando Alfonsín le pide la renuncia a su ministro, Bernardo Grinspun, al frente del Comité Nacional pintaron: “Lo echaron al ruso, ganó la Patria Financiera”.

[1] Eufemismo para nominar operaciones en negro, sin ningún tipo de registro.

[2] Dólar CCL («contado con liqui») de una cuenta de depósitos en pesos en un banco se da la orden de comprar un título público o privado (acción)  que cotiza en  mercados en el exterior y, se lo vende en dólares en ese mercado (y los dólares quedan en una cuenta en el exterior)

 [3] La misma operación, son títulos nominados en dólares que se compran en el mercado local en pesos y se venden en dólares y se depositan en una cuenta bancaria en el país y se llama Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar Bolsa

https://www.elcohetealaluna.com/la-patria-financiera/#_ftnref1

El miedo a la muerte y la incertidumbre sobre el destino final de esta pandemia ocupan hoy el centro de la escena política y desatan acciones colectivas y sentimientos profundamente contradictorios cuyo origen se remonta a un pasado oscuro y lejano.

Desde los orígenes del tiempo, la vida humana se reprodujo en un contexto implacablemente hostil donde todo conspiró para su destrucción. Sin embargo, los seres humanos sobrevivieron hasta el presente. En ese lapso de eternidad transcurrida, la vida estuvo siempre pendiente de un hilo. Las catástrofes naturales, las plagas y las guerras estuvieron a la orden del día. Se dieron, sin embargo, en el contexto de un desarrollo progresivo de la división del trabajo, la cooperación, la planificación y la creatividad intelectual. Así, lejos de transcurrir en la intemperie de la soledad, la vida humana floreció en el seno de incipientes formas de organización social centradas en modos específicos de control de las decisiones y de los recursos existentes.

Estas formas de organización no fueron una tabla rasa, traslúcida y aséptica. Muy por el contrario, anidaron en su seno el veneno de conflictos atávicos no resueltos. Así como el huevo de la serpiente no puede impedir que a través de sus membranas se vislumbre el reptil que anida en su seno, las instituciones formadas a lo largo del tiempo y de diversas culturas no han podido ocultar totalmente el caos inherente a conflictos primarios que subyacen a las mismas. Tampoco han podido impedir que estos conflictos retumben esporádicamente en la intimidad solitaria o que transpiren bajo la piel de acciones que se repiten a lo largo del tiempo.

La codicia en el centro de la escena

Distintas expresiones de la creatividad han inmortalizado en todos los tiempos a la épica de una humanidad tironeada entre el bien y el mal, entre lo perverso y lo sublime. El arte, la religión la filosofía y distintas vertientes de la vida cultural han dejado trascender las voces de conflictos que arden bajo innumerables placas tectónicas. Su esencia inalterable se oculta bajo formas de vida social que parecen naturales, eternas. En épocas de crisis, sin embargo, esta eternidad tambalea y la vida cotidiana se llena con el sonido y la furia de estos conflictos. Una codicia desmadrada arremete entonces para imponer intereses individuales y particulares sobre los del conjunto, destruyendo así cualquier vestigio de un bien común. Esto parece dominar nuestro presente.

Una controversia recorre hoy el mundo y desnuda la irracionalidad y el poco valor que la vida humana tiene en tiempos de un capitalismo global monopólico, un capitalismo que busca maximizar ganancias en todos los ordenes de la vida social. Algunos sectores de las élites dirigentes, empeñados en “salvar” a la economía, intentan levantar cuanto antes la cuarentena impuesta a la población para minimizar el contagio en tiempos de pandemia. Alegan que la destrucción de la economía será un remedio peor que la enfermedad pues sumirá a amplios sectores sociales en la miseria, las enfermedades y la muerte. Otros en cambio, buscan un supuesto equilibrio entre las necesidades de la economía y la salud de la población y, siguiendo la recomendación de médicos y epidemiólogos, intentan mantener la cuarentena por más tiempo para mejor controlar los contagios y aplicar los recursos sanitarios de un modo mas eficiente. Esta visión más compasiva no alcanza, sin embargo, a desnudar las causas últimas del problema. Así, los dos polos de la controversia terminan contribuyendo a oscurecer el significado del momento que vivimos.

Hoy no hay espacio ni tiempo para el equilibrio entre la economía y la salud de los sectores más vulnerables de la población. Por el contrario, la forma de organización social que prevalece en el mundo que conocemos potencia el desequilibrio económico y social y los problemas sanitarios concomitantes. El galope descontrolado del coronavirus (Covid-19) lejos de producir una crisis, ha contribuido a exponerla, descarnándola a jirones. Esta crisis no es solo una crisis económica. Es también una crisis política, cultural, geopolítica y ambiental. La forma de organización social que prevalece a nivel mundial ha dado lugar a conflictos catastróficos en un contexto de creciente depredación del medio ambiente y de un desarrollo tecnológico y militar que amenaza con extinguir la vida humana en este planeta.

En el ámbito de esta crisis sistémica y global, la controversia sobre los tiempos del levantamiento de la cuarentena se transforma en una cacofonía que obstruye la percepción de lo que está en juego. La pandemia agudiza la pelea dentro de los sectores dominantes por acrecentar su control sobre el conjunto de la sociedad. Esto se esparce a los cuatro vientos, permea realidades aparentemente muy diferentes y ocurre tanto en el centro como en la periferia del capitalismo global monopólico. Sin embargo, no todo esta dicho. Las crisis producen destrucción y muerte, pero también alumbran la posibilidad de parir algo nuevo. De ahí los innumerables intentos oficiales de desviar la atención de los que son muchos, nada tienen y aspiran a un mundo mejor. Hoy estamos ante un momento único, donde la alternativa es el caos y el fin de una civilización o la construcción de un nuevo mundo donde la racionalidad y la ética den sentido a la vida humana.

En los Estados Unidos la controversia azuza enfrentamientos políticos en el marco de una inminente elección presidencial. Es funcional al intento del Presidente de minimizar el costo político producido por la demora en tomar las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, la ineficacia de las mismas, la falta de recursos para combatirla, y sobre todo: la creciente visibilidad de las enormes diferencias económicas y sociales existentes en el país más poderoso del mundo. El resultado inmediato ha sido un intenso enfrentamiento entre el gobierno central y los gobernadores de los diferentes Estados, conflicto que se centra en el control de las decisiones, de los territorios y de los recursos existentes. Esto ocurre al mismo tiempo que los distintos Estados caen avasallados por el coronavirus y arrecia el fragor de una intensa pelea en el ámbito económico por el control de los resortes del poder. Este contexto de múltiples divisiones contribuye a oscurecer la militarización de la vida cotidiana y del mundo en que vivimos.

Las recientes acusaciones panfletarias del Presidente Trump contra China y la Organización Mundial de la Salud por el avance de la pandemia buscan convertir a estas entidades en chivos expiatorios de los errores propios. Ocurren luego de meses de falta de investigación seria sobre el origen de la pandemia al mismo tiempo que la prensa y las redes sociales bloquean sistemáticamente toda información que apunte a la relación existente entre la investigación biológica y la guerra y al rol de las principales potencias del mundo en la investigación biológica con fines militares. Esta actividad prohibida prolifera, sin embargo, sin control fehaciente.

Asimismo, la pandemia ha silenciado el rumor de un enfrentamiento militar entre las principales potencias, especialmente en Siria donde tropas militares de Estados Unidos y Rusia están desplegadas sobre el territorio y tienen escarceos casi diarios. Estas tensiones amenazan con estallar en un conflicto localizado que, de ocurrir, tendrá derivaciones absolutamente inéditas. Así, los ciudadanos de a pie aterrados ante la pandemia y encerrados en una cuarentena, ignoran que el destino de la humanidad y de esta civilización no son temas abstractos. Están a la orden del día en un mundo que atraviesa una crisis inédita cuya índole, sin embargo, se ignora.

Planificación del mercado

Hace poco menos de un mes, la Reserva Federal anunció una batería de medidas destinadas a facilitar liquidez y absorber activos tóxicos en un mercado financiero severamente golpeado. La semana pasada la Reserva incorporó a los bonos basura, con alto riesgo de default, a las nuevas medidas, concentrando así su poder sobre el mercado de capitales y quedando solo las acciones fuera de su control directo. Sin embargo, habría de llegar a este objetivo por otra vía.

La Reserva Federal designó a Larry Fink, brazo ejecutor de los nuevos programas. Fink es el presidente de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo que maneja mas de 7 billones (trillions) de dólares en activos financieros. Uno de sus principales componentes, el fondo LQD, sufrió grandes pérdidas desde principios de marzo. Inmediatamente después del nombramiento de Fink, LQD resolvió sus problemas y se convirtió en una estrella altamente cotizada. Al poco tiempo Rick Rieder, el ejecutivo a cargo de la estrategia global de BlackRock, indicaba a sus clientes que su estrategia futura será la acumulación de un gran colchón de efectivo para luego “seguir a la Reserva Federal y a los bancos centrales de los países más desarrollados, comprando lo que estos compran y otros activos compatibles con estas decisiones” (zerohedge.com 14 4 2020). De ahora en más la inversiones futuras de BlackRock serán determinadas por las intervenciones que la Reserva Federal, asesorada por el titular de este mismo fondo, realizará en el mercado financiero. Así, de un plumazo, BlackRock se asegura ganancias ilimitadas y sin riesgo alguno.

Las decisiones de la Reserva Federal causaron impacto en el mundo financiero. Algunos actores destacados han denunciado a una Reserva Federal “que ha implantado la planificación central en el seno del mercado financiero” (Rabobank); desatando “un capitalismo de estado asociado a conflictos de intereses” (DB); y ahora violando “sus propios reglamentos admite que ha fracasado y está fundamentalmente quebrado “( Jeff Gundlach) y gracias a la “pesada intervención de la Reserva Federal los mercados se han zombificado” (M. El Erian) . Otros magnates, sin embargo, han bendecido la existencia de un estimulo ilimitado “que en tres semanas ha desplegado 3 billones (trillions) de dólares,” y se preparan para disfrutar de una situación en la que el mercado ha sido sustituido por ganancias aseguradas para unos pocos (zerohedge.com 15 4 2020).

Así, poco a poco emerge a la luz del día el rol que hoy tiene la intervención del Estado en la generalización de la usura como columna vertebral de este sistema de organización social. La apropiación ilimitada de ganancias por parte de un núcleo cada vez más reducido de corporaciones cada vez más poderosas, tendrá consecuencias desastrosas a nivel social.

La multiplicación de la miseria

Como consecuencia de la intervención de la Reserva Federal en el mercado de capitales las acciones de grandes corporaciones, y especialmente de las tecnológicas, han aumentado rápidamente de valor. Esta semana las acciones de Amazon llegaron al valor más alto de los últimos tiempos y la fortuna de su propietario Jeff Bezos ascendió a los 138.5 mil millones de dólares (billions) (bloomberg.com 14 4 2020). No fue, sin embargo, el único. El valor neto de las acciones de las 500 personas mas ricas del mundo se incrementó un 20% desde los niveles más bajos a los que habían llegado el 23 de marzo, cuando la Reserva decidió su intervención. Esto ocurre en un contexto donde el 0.1% y el 1% de la población que concentran los mayores ingresos en los Estados Unidos poseen respectivamente el 17% y el 50% del total de las acciones (yahoofinance.com 17 1 2019).

Este enriquecimiento contrasta con la situación de más de 22 millones de personas que en el mismo lapso se han inscripto para obtener los beneficios de desempleo acordados en el plan de ayuda fiscal ($ 1200 por persona y por una sola vez). Contrasta también con la multiplicación de personas que asisten a los centros de distribución de alimentos gratis gestionados por ONGs, y se asocia con un aumento del 1064% en la suspensión de los pagos por deudas hipotecarias (nyt.com 12.4 2020, zdrohedge.com. 8 4 2020).

Por lo demás, nada queda fuera del tintero: esta semana se agotaron los recursos de la ayuda fiscal para la pequeña y mediana empresa (SBA) principal generadora de empleo. No hay créditos de otra índole para el sector, pues los grandes bancos retiraron todas las otras líneas de crédito que tenían luego de obtener el aumento sustancial de las comisiones que reclamaban y la garantía oficial en las líneas de créditos del paquete de ayuda fiscal.

Asimismo, la partida de préstamos asignados al rescate de municipalidades y ciudades endeudadas (MLF) ha dejado sin financiación a los sectores rurales y urbanos mas pobres del país, donde se concentra la mayor proporción de población afro-americana. Los criterios para otorgar esta partida privilegian a 10 ciudades y 15 condados del total del país, ninguno de ellos con una cantidad significativa de población negra (brookings.edu 14 4 2020).

Desestabilización política en la Argentina

En la Argentina se aceleran los contagios y muertes por la pandemia y paralelamente arrecia el embate contra el gobierno por parte de los sectores económicos más poderosos y algunos dirigentes de la oposición. Bajo el lema de terminar con la cuarentena para revivir la economía, se busca obstaculizar las medidas tomadas y evitar que deriven en cambios importantes en la actual estructura de riqueza y poder económico altamente concentrado.

Ex funcionarios del gobierno de Macri recomiendan al gobierno que cuide a la economía, que no se entusiasme tanto “con el apoyo que percibe en el manejo de la cuestión” de la pandemia, y que deje el problema impositivo para más adelante (Prat Gay, infobae.com 14 4 2020). Se advierte, además, que por esta vía estamos “yendo a un modelo de alta discrecionalidad. Cuidado con meter un impuesto, defaultear después… no crean que ganaron la batalla del toqueteo, la regulación”, y se solicita que “hagas un poco de fulbito para la tribuna, pero que no te la creas” (Melconian, lanacion.com 9 4 2020).

Junto con estas advertencias, proliferan los ataques con fake news en las redes sociales y en el periodismo de guerra, y se intenta impedir la discusión en el Congreso de la propuesta de un impuesto extraordinario a un grupo selecto constituido por las personas mas ricas del país y con el único objetivo de recaudar por una vez fondos extraordinarios para enfrentar a la emergencia. Hoy no hay pudor para defender el bolsillo propio e impedir cualquier cambio en la enorme y descontrolada apropiación de ingresos, recursos y riqueza acumulada por parte de un sector que, no por casualidad, ha jugado desde siempre un rol central en la evasión de impuestos y en la fuga de capitales.

En esta arremetida resuenan ecos del pasado. En 1988 un Ministro de Economía del gobierno de Alfonsín admitía su fracaso para detener una desestabilización económica por parte de los grandes grupos económicos y reconocía que “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Del mismo modo, hoy el gobierno sigue esperando que las grandes corporaciones respeten los precios máximos y que los bancos desembolsen los prestamos acordados a la pequeña y mediana empresa, con garantía oficial y tasas de interés del 24%.

Por otra parte, los bancos privados y grandes empresas han utilizado la liquidez que el gobierno ha inyectado para capear la emergencia especulando y fugando capitales a través de las operaciones en la bolsa local y extranjera y con los tipos de cambio no regulados; mep y ccl. Desde tiempo atrás, esta ha sido la vía de la especulación cambiaria preferida por las grandes corporaciones en tiempos de cepo. Esto puede tener serias consecuencias pues gracias al control monopólico ejercido sobre sectores claves de la economía, estos movimientos cambiarios repercuten inmediatamente sobre los precios. A pesar de las amenazas del gobierno de imponer severas sanciones a violaciones de los precios máximos, la inflación siguió creciendo en el mes de marzo.

En este contexto, el Ministro de Economía presento el jueves los lineamientos de una propuesta de reestructuración de la deuda externa ante un grupo de acreedores privados, que incluye a BlackRock, brazo derecho de la Reserva Federal. Si bien no se conocen los detalles al escribir estas líneas, pareciera que los términos de la misma no alcanzan para garantizar la sostenibilidad futura de una deuda externa que ha sido relegada a un segundo plano en un mundo en crisis y en un presente cada vez mas caldeado por los enfrentamientos internos.

PANDEMIA Y USURA

En columnas pasadas, decíamos que el programa económico delineado por el Gobierno en su inicio había sido diluido por la pandemia del COVID-19. Las proyecciones de equilibrio en los sectores externo y público para el trienio entrante, apoyadas en una reestructuración sustentable de la deuda contraída por el macrismo, tal como había expuesto el Ministro Guzmán en el Congreso de la Nación, han quedado desvirtuadas por las nuevas condiciones imperantes.

La propuesta de reestructuración de deuda pública externa, informada por el Ministro el jueves pasado en la residencia de Olivos, debe inscribirse en el contexto descripto.

El principal objetivo, teniendo en cuenta la situación, es economizar divisas de los desembolsos para el pago de deuda. En la presentación difundida por el Ministerio de Economía -“Propuesta de Reestructuración de la Deuda Externa Pública”- se ilustra que el ahorro de divisas por servicios de deuda en el período 2020/2022 alcanza a la suma de u$s21.200 millones, correspondiendo u$s4.500 millones al corriente año. Guzmán verbalizó que la Nación no está en condiciones de pagar durante los próximos tres años. En el documento se evidencia, mediante comparaciones explícitas, la importancia de que esos recursos sean aplicados para apuntalar el sistema sanitario y para amortiguar el impacto social del virus en los segmentos de población vulnerables.

Adentrándonos en la propuesta concreta, la misma abarca bonos vigentes por u$s66.238 millones, de los cuales un 63% corresponde a emisiones producidas en los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Dicho stock aspira a ser reducido en un 5,4%, equivalente a una quita de casi u$s3.600 millones, y el devengamiento de intereses aún más, con una tasa promedio anual para la vigencia de la deuda reestructurada del 2,33%-iniciando el cupón en 0,5%- lo que arroja una reducción total de los intereses a abonar del 62%, que asciende a la suma de u$s37.900 millones. La oferta se completa alargando el plazo total e incorporando el trienio inicial de gracia 2020/2022.

Respecto de lo ocurrido con los canjes de deuda 2005/2010, que reestructuraron el 92,4% de la deuda en default recibida por los gobiernos de Néstor y Cristina, el esfuerzo se centró en reducir fuerte el stock de capital (65% de quita) y en mejorar la oferta de rendimiento de los nuevos bonos (cupón PBI). La oferta actual planteada, en cambio, apunta a una reducción importante de los servicios de intereses antes que a una baja del capital, estirando los plazos de pago para reducir el impacto sobre el balance de pagos.

Al igual que la cuarentena en curso, dispuesta para evitar la propagación masiva del virus y el desborde del sistema sanitario, la propuesta de reestructuración de deuda informada también procura aplanar la curva de desembolsos al exterior y así atenuar las consecuencias sobre la economía argentina, tanto para atender la situación actual como para impulsar la recuperación posterior.

Los agentes económicos poderosos, locales y extranjeros, del mismo modo que intentan desbaratar la cuarentena para no afrontar el costo de la intervención del Estado como redistribuidor social, también enfrentarán con todos los medios que disponen, que no son pocos, la propuesta argentina sobre ordenamiento de sus pasivos. Han trascendido informalmente las presiones sobre el Gobierno por parte de los principales fondos financieros tenedores de bonos. Black Rock, Templeton, PIMCO y Fidelity son nombres que seguramente resonarán los próximos días, sobre todo en los medios de información solventados por esos actores.

El Ministro Guzmán ha formulado su planteo con respaldo político e institucional pleno. Lo acompañaron las máximas referencias políticas del gobierno y los mandatarios provinciales de todas las pertenencias partidarias. A pesar de haber recibido el Estado en crisis después de un mandato de macrismo, el gobierno afronta este contexto centrándose en la defensa de la vida y en los intereses de los argentinos, respondiendo a las expectativas de quienes lo instalaron en la Casa Rosada.

Los conflictos por venir no son menores, pero cualquier otro rumbo puede tener consecuencias negativas para el pueblo, en un escenario global singularmente inmisericorde e incierto.

https://www.eldestapeweb.com/nota/virus-y-deuda-aplanando-curvas-20204181300