Los italianos de las primeras décadas del siglo XVI estaban experimentando en carne propia los rigores y las consecuencias de la guerra. Con la incursión del rey francés Carlos VIII en 1494, iniciaron las llamadas guerras italianas, cuyas consecuencias más definitorias fueron que la mayor parte de los Estados italianos perdieron su independencia; a partir de este suceso las potencias europeas, principalmente España y Francia, se repartieron porciones importantes de su territorio. Nicolás Maquiavelo, gran observador de su tiempo, escribe al respecto en su libro Del arte de la guerra: “La intención de quienes promueven una guerra ha sido siempre, y es lógico que así sea, enriquecerse ellos y empobrecer al enemigo; y la única razón por la que se busca la victoria y se anhelan las conquistas es el acrecentar el propio poderío y debilitar al adversario”.

La guerra contra los pueblos y los Estados en los tiempos modernos es más sutil y tiene una cabeza de puente, que es la deuda. En ese altar se condicionan nuestro presente y nuestro futuro, se ceden activos, se pagan tributos (intereses y amortización de capital) y los gobernantes pasan a ser meros administradores de los acreedores, cumpliendo la definición del objetivo de la guerra del gran florentino.

El primer atisbo de que los subordinados no respetan el orden establecido y se va a dar batalla es no acatar las condiciones impuestas. Eso hizo el gobierno de Alberto Fernández cuando presentó su propio plan de pago y dejó de pagar a los tenedores privados de títulos argentinos, el 22 de abril de 2020.

La deuda externa argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos, para llegar a 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte, 66.238 millones de dólares, está en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera sobre los que el gobierno argentino plantea un canje, con nuevos plazos y nuevas tasas de interés, tras demostrar la imposibilidad de afrontar los pagos con las cláusulas originales, estudio que avaló el mismo Fondo Monetario Internacional.

Una parte importante es la deuda con el mismo FMI, unos 44.000 millones de dólares; otros aproximadamente 30.000 millones de dólares, con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y el equivalente a 53.000 millones de dólares restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional. (El gobierno nacional enviará un proyecto de ley de reestructuración para asimilarlos al canje propuesto a los títulos de jurisdicción extranjera y de acuerdo a la cláusula RUFO, que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, en cuanto a interés y plazo.)

El principal problema a dilucidar es por qué esa deuda se tomó para pagar el déficit fiscal que es en pesos, bajo qué condiciones el Estado Nacional le vendió esos dólares al BCRA y este a los bancos a un precio atrasado ex profeso para que la bicicleta financiera funcionase y por qué unos 86.200 millones de dólares fueron fugados del país, con el agravante de que los cien primeros compradores (personas físicas o jurídicas) lo hicieron por 24.679 millones de dólares. La deuda se tomó para endeudar al Estado y beneficiar a una minoría rentística.

Ese objetivo del endeudamiento no invalida que la Administración Nacional tomara deuda por más de 100.000 millones. Quienes las compraron lo hicieron muy cerca de ese valor. Los primeros que vendieron los títulos argentinos a bajo precio porque prefirieron pasarse a dólares, en abril de 2018, fueron JP Morgan, Deustche Bank, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley, lo que desató la corrida. El 25 de abril de 2018 compraron a $ 20,20 y a los tres meses valía más de $ 40 cada dólar. Prefirieron ganar el 100% o más en tres meses que esperar al vencimiento del título. Obviamente a ellos los siguieron otros tenedores de títulos argentinos y eso empujó a la baja en el precio de mercado de todas las obligaciones de deuda pública y también del valor de las acciones de las empresas argentinas.

Ante esa situación de derrape irremediable se acuerda con el FMI en junio de 2018, lo cual reflota al gobierno de Macri y, paralelamente, aparecen los principales poseedores actuales de los 21 títulos de deuda argentina con jurisdicción extranjera. Los fondos de cobertura BlackRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc, , compraron por la mitad del valor nominal de esos títulos.

El gobierno argentino hizo la primer propuesta de canje global el 19 de marzo de 2020, con un período de gracia hasta 2023 y una tasa de interés para los títulos nuevos del 0,5% anual. Esto implicaba un valor presente de esos nuevos títulos del 40%. La mayoría de los bonistas no lo aceptó.

La propuesta ante la SEC

El  lunes 6 de julio de 2020, tras una larga negociación, el gobierno argentino presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) una nueva oferta de reestructuración de deuda pública bajo legislación extranjera. A la vez informó que, de aceptarse mayoritariamente dicha propuesta, enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina, en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

La propuesta consiste básicamente en un canje de los 21 títulos de deuda por nuevos y que por ley nacional se les reconoce la prorroga de esa jurisdicción extranjera. Para estos casos se dan 12 propuestas distintas que van desde:

1. Bonos con interés anual fijo del 1,00% en U$D, con vencimiento en 2030;
2. Bonos con interés anual fijo del 0,5% en euros, con vencimiento en 2030;
3. Nuevos Bonos 2030 en U$D que devengan tasas de interés variables que van del 0,5% al inicio a 1,750% al vencimiento final;
4. Nuevos Bonos 2030 en euros que devengarán intereses del 0,125% anual pero comienzan a amortizar capital en 12 cuotas semestrales en 2025;
5. Nuevos Bonos 2035 en U$D que devengarán interés anual variable que va de 0,125 a 5% al final;
6. Nuevos Bonos 2035 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125% al 4,0%.
7. Nuevos Bonos 2038 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125% a 5,0%;
8. Nuevos Bonos 2038 en euros que devengarán interés anual variable de 0,1250 a 4,250%;
9. Nuevos Bonos 2041 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125 a 4,875%;
10. Nuevos Bonos 2041 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125 a 4,50%;
11. Nuevos Bonos 2046 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125 a 5,0%,
12. Nuevos Bonos 2046 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125% a 4,125% en el año 2046.

Depende de cuál de las doce opciones se tome, pero en promedio el valor presente para los títulos en dólares es de 54,4 dólares por láminas de 100. Y en las opciones en euros es de 50,8 euros por láminas de 100, siempre en el marco del exit yield del 10% que es reconocer una tasa de riesgo país de 1.000 punto por encima de la tasa de los Estados Unidos por un lado y, por otra parte, los títulos que provienen del canje del año 2005 que tenían la cláusula indenture 2005 (esto es cualquier modificación debe ser aceptada por el 85% de los acreedores), continúan con ese beneficio.

Análisis y síntesis

La deuda es legal porque el gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda.

La propuesta, como lo reconoce el Ministro Martín Guzmán, es un esfuerzo desmesurado porque cualquiera sea la alternativa que podrían elegir los acreedores de canje de títulos, va costar pagar y condiciona nuestro presente y nuestro futuro.

El fondo BlackRock que lidera uno de los grupos de acreedores dijo que no va aceptar la propuesta argentina, pese a que tiene fuerte participación en empresas en el país y le convendría que la economía local se recupere, pero pesa también el hecho de que, de aceptar la quita formal (por ejemplo que el BONAR 2024 devenga una tasa de interés anual en dólares del 8% y como se compra a menos del 50% de su valor nominal la tasa de interés real, si se pagara, sería más del 16%), sería un ejemplo a seguir por muchos países y seguramente que ellos poseen títulos de deuda de esas naciones que están en condiciones similares a la nuestra.

El gobierno argentino hizo la propuesta formal y dependía de que la aceptasen más de las dos terceras parte de los acreedores para no incurrir en default con las intimaciones de pagos judiciales correspondientes en jurisdicción extranjera. El rechazo de BlackRock y otros da por caída la misma. Aparentemente la presión del grupo es continuar la negociación a la espera de obtener una “libra más de carne”.

No es lo mismo defaultear con Paul Singer, que es un pequeño usurero con claras y manifiestas influencias en los tribunales de deuda de los Estados Unidos, que con Larry Fink, presidente de Blackrock que reconoce que administra activos por 7 billones de dólares (más de 20 veces el PIB argentino) y con vinculaciones de todo tipo, incluso en la misma Argentina, pero también queda claro que el gobierno nacional no quiso llegar a esta situación.

Auditar la deuda

Lo antes dicho es razón por demás para averiguar donde se fueron gran parte de los dólares de la deuda y si la gestión fue de acuerdo a derecho, y proceder internamente a que se haga público y se castigue a los culpables por el delito de malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.  Gran parte de la población los eligió para que deliberen y gobiernen en procura del bienestar general  para nosotros y para nuestra posteridad y en cambio, han endeudado al país sujetándonos a sacrificar nuestro trabajo y nuestra producción en dependencia a fondos extranjeros.

Repiten el mismo mecanismo desde Rivadavia y Mitre hasta la dictadura militar, Menem y Macri, y sin embargo, como han servido a intereses foráneos, gozan de impunidad legal.

Se necesita auditar la deuda, adónde se destinó, quiénes se beneficiaron y establecer responsabilidades. Paralelamente, se debe desarmar el andamiaje legal entre la ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público Nacional (sancionada en 1992) y la ley 25.188 de Responsabilidad de los funcionarios públicos (sancionada en 1999) y cumpliendo con la Constitución Nacional restablecer la plena soberanía del Congreso en auditar las acciones del Poder Ejecutivo. Es imprescindible comunicar fehacientemente todo lo actuado al pueblo, porque desde el 25 de mayo de 1810 quiere saber de qué se trata.

Los acreedores están sujetos a derecho, los que tuvieron acción maliciosa y dolosa deben hacerse cargo de su obrar, lo decía Arturo Illia: “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender.»

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La última oferta de canje de deuda formulada por el ministro Martín Guzmán ha puesto en debate la capacidad de pago del país, entendida esta última como la efectivización de los compromisos externos sin afectar el desenvolvimiento interno de la economía en el marco de un modelo expansivo con inclusión social. En definitiva, que la deuda no actúe como un ancla de sujeción de las políticas públicas que se intenten llevar adelante.

Este objetivo fue logrado durante los gobiernos de Néstor y Cristina. En 2003 se recibieron u$s 81.800 millones de deuda con el sector privado en cesación de pagos y, mediante las ofertas de canje de 2005 y 2010, se alcanzó a reestructurar u$s 75.600 millones nominales, equivalente al 92,4%.

La oferta se centró en un fuerte recorte del 65% del capital y una mejora sensible en el rendimiento de los nuevos bonos a través del denominado cupón PBI y la cancelación de intereses atrasados. El valor presente neto efectivamente abonado rondó en los u$s66 cada u$s100 reestructurados.

La baja de stock de deuda resultante de los canjes permitió que los servicios de capital e intereses oscilaran en un desembolso promedio anual de u$s 7.300 millones (u$s 1.900 millones de intereses + u$s 5.400 millones de capital). El monto pagado al exterior se aproximaba mucho al promedio anual recaudado de derechos de exportación en torno a los u$s 6.500 millones.

En el lapso 2006-2015, la deuda pública no limitó el desarrollo del Gobierno. La baja de servicios comprometidos fruto de la oferta de reestructuración con los bonistas y la aplicación de la renta primaria para su pago liberó al Estado de esa carga y lo devolvió como herramienta de un proyecto popular.

Esta reseña permite ver que el nivel de compromisos con el exterior que emerja de la reestructuración debe ser compatible con la actividad interna. En este punto, se estima que los mismos han de fluctuar en torno al 2,5% del PIB como máximo, dada la conformación de la economía nacional.

El otro punto es quién es el sujeto social afectado por los desembolsos con el exterior. Si bien el obligado es el Estado, el modo en que las cuentas públicas obtengan los recursos -presión tributaria y/o baja de inversión- no es neutral en términos de actividad ni de agentes económicos incididos.

La oferta de canje, bajo la lupa

La deuda que el Gobierno se propone reestructurar asciende a u$s 68.800 millones, abriendo el período de canje el próximo 4 de agosto. La oferta inicial del mes de abril sufrió sensibles mejoras en favor de los tenedores de bonos a fin de alcanzar un grado de adhesión que consolide el horizonte externo.

El cálculo para medir el impacto de la oferta sobre los bonistas es el denominado valor presente neto que surge de descontar todos los pagos que se efectúen durante la vigencia del acuerdo desde su fecha de vencimiento hasta el presente a una tasa del 10%, que es en la que se estima el riesgo argentino (riesgo país superior a los 1000pb).

El valor presente neto ofrecido fue subiendo desde los iniciales u$s 38 en abril hasta los u$s 53 actuales, lo que implica un aumento total de los desembolsos a lo largo de la reestructuración de u$s 10.000 millones.

A diferencia de los canjes de 2005 y de 2010 el énfasis en la reducción del stock de deuda está puesto en la baja de intereses antes que el recorte de capital. En la propuesta original, el rendimiento promedio descendía desde el 7,4% al 2,3% para nuevamente subir al 3,1% en la mejora reciente. El recorte de capital era de apenas el 5,2% en el inicio para achicarse aún más hasta el 1,9% en la última versión.

El ministro Guzmán ha expresado que aspira a que la oferta reciba una adhesión superior al 50% cuando se formalice la oferta pública en agosto, superando el 17% que alcanzó la propuesta de inicio. Sin embargo, ese acompañamiento se encuentra lejos aún del 66% necesario para que la reestructuración se encuentre a salvo de ataques especulativos de los “buitres” y litigantes varios, pues con una aceptación de dos tercios se activaría la clausula de acción colectiva (CAC) y la propuesta sería obligatoria para el tercio restante.

En columnas anteriores expresamos dudas sobre la oportunidad del acuerdo en un contexto global desquiciado por la pandemia y en transición acelerada hacia otra fase capitalista distinta a la inaugurada con la Caída del Muro de Berlín en 1989 y golpeada por el “Crack” financiero de 2008.

Una reestructuración de deuda exitosa sin dudas favorece certidumbres sobre el horizonte externo y moviliza ahorros hacia el circuito económico interno. Pero también expresamos que la reestructuración de deuda condiciona el devenir de un gobierno.

Así ocurrió con la tercera experiencia peronista liderada por Carlos Menem en donde el ingreso al Plan Brady para ordenar la deuda en default heredada de la dictadura cívico-militar abrió la puerta al Consenso de Washington con su impronta de reformas de mercado.

En esa línea de análisis, reseñamos lo sucedido en la cuarta experiencia peronista conducida por Néstor y Cristina, dónde una reestructuración autónoma impulsó un escenario de fuerte recuperación económica con inclusión social.

En el gobierno de Menem, el producido de la venta de las empresas públicas fue el instrumento de pago y las privatizaciones sustentaron la década de la Convertibilidad. En los gobiernos de Néstor y Cristina la baja de stock de deuda y la renta primaria destinada al pago aseguraron la Década Ganada.

El gobierno actual -la quinta experiencia peronista- afronta nuevamente la responsabilidad, frente a todos los argentinos y argentinas, de sacar al país del desastre de un sobre-endeudamiento del Estado provocado por el desmanejo del gobierno anterior, en el marco de extrema gravedad que provoca la pandemia.

El ministro Guzmán ha sostenido con mucha dignidad y solvencia técnica la posición nacional frente a la presión de un sector de bonistas que pretende extraer ganancias extraordinarias del país. Pero no debe olvidar que la deuda es sustentable a los fines de políticas públicas de recuperación interna si los servicios transferidos al exterior fluctúan en torno al 2,5% del PIB y que el mundo se encuentra en tránsito hacia un nuevo escenario global.

A los u$s 68.800 millones elegibles para la reestructuración hoy en debate, se deben agregar los u$s 46.200 millones estimados como deuda en moneda extranjera bajo legislación local que comenzará a tratarse en estos días y finalmente los u$s 44.800 millones otorgados por el FMI bajo la modalidad de “condicionalidades”. Nefasto legado del macrismo para ser abordado por el gobierno de la coalición peronista en este contexto históricamente adverso.

www.eldestapeweb.com/economia/reestructuracion-de-la-deuda/deuda-y-peronismo-sustentabilidad-y-decadas-de-gobiernos-202071119013

En este documento retomamos la inflación o los Índices de Precios del mes de MAYO y un par de agregados. Con la pandemia en pleno desarrollo, la inflación no pasa desapercibida, pero aun atenuada lucha contra el Covid-19 y resiste.

El promedio de varios organismos que producen Índices de Precios alcanza el 1.25 %, es el valor más bajo en los últimos 41 meses, pero sería un exceso decir que necesitamos una pandemia para lograr estos valores. Si seguimos la inflación de mayo 2020, en algunos países tenemos un ataque de menesunda, España, -0.01 %; Italia, -0.19 %; Francia, 0.14 %; Estados Unidos, 0.00 %; Chile, -0.1 %; Brasil, -0.38 %, y Perú, 0.20 %. Por el momento nada nos hace desviar de nuestra clara senda inflacionaria, pero sí se ha podido atenuarla. Seguramente junio no será distinto, pero no podemos dejar de reflexionar que la inflación debería bajar significativamente, a pesar de todos los ruidos monetarios. Después de la plaga, casi con seguridad diremos otra cosa.
Una muestra de nuestras dificultades la da el Word Economic Outlook (WEO del FMI de abril 2020). Mientras Argentina no figura en su informe con una proyección de inflación, todos los países restantes de América Latina, sí.

Al final agregamos tres temas que quitan el sueño. Uno tiene que ver con la tasa real de interés, otro con el atesoramiento y finalmente el riesgo país. Cerramos con una observación sobre valores y porcentajes que, desde cuando los tomamos, sirven para no “comerse una curva”.

No nos sorprenden los millones de personas que compran dólares. En el 2020 siguieron siendo miles, pero duramente acotados en el monto de compra. Pero comprar un dólar implica estar expuesto al clima, largas colas, sacrificios, condena al fuego eterno y superar la puerta del infierno. De esto sabía el Dante cuando adquiría dólares y los 1.600.000 alienígenos de mayo que lo seguían.

Ver informe 2020 MAYO IPC Prod. en JUNIO Inflación, tasas, bimonetaria

Existe en la Administración Nacional un nivel de inconsistencia fiscal y monetaria que no se puede extender en el tiempo por el incumplimiento de los pagos, por una parte y, una manifiesta lentitud en liquidar las exportaciones por otro lado, conformando una combinación perversa y en contra del pueblo argentino.

Por un lado, el déficit fiscal es de más del 1% del PIB por mes, para abril y para mayo y se puede inferir que también en junio, pese a que la recaudación tributaria descendió pero no tanto como en abril y mayo, dados los gastos ocasionados por la atención de Covid-19 y la asistencia de todo tipo a la población. Por otra parte, el crédito a las empresas es de 6% del PIB, que sumado a los créditos personales de un 5% del PIB, araña el 11% del Producto. El BCRA tiene que inmovilizar (pagando intereses) una suma que es incluso mayor a la Base Monetaria [1] en LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) por $ 1.683.302 millones y pases pasivos (que los bancos le prestan al BCRA a menos de siete días) por otros $ 666.090 millones. Esas inmovilizaciones totalizan una suma de $ 2.349 billones (cuando la Base Monetaria al 26 de junio de 2020 fue de $ 2.171 billones).

Déficit fiscal e inmovilizaciones monetarias (pagas, el BCRA le abona a los bancos intereses por las mismas por encima de la inflación) que reflejan el grado de desequilibrio de las cuentas públicas internas que solo financió el BCRA, a costa de expandir el déficit cuasi fiscal.

El BCRA debería tomar cartas en el asunto y utilizar el exceso de liquidez del sistema financiero reorientándolo desde la especulación hacia la inversión y el trabajo. Tener un mapa de qué sectores se quiere impulsar y obligar a las entidades financieras a prestar a ese sector y si no, que dejen de ser bancos: su función es canalizar el ahorro de parte de la población para financiar la producción, no para que especulen o le presten al BCRA para que este a su vez inmovilice esos fondos. El crédito al sector privado es insignificante (11% del PIB) y lo poco que hay en su mayor parte va dirigido al mismo grupo económico, cuando se rompen día a día las cadenas de pago y se acumulan los cheques rechazados.

Hay cientos de actividades que no funcionan por falta de crédito, incluso sin necesidad de importar nada, como es el caso de la construcción, que además es fuerte demandante de mano de obra.

Paralelamente la liquidación de las exportaciones de productos agropecuarios y de manufacturas de origen agropecuario se retrasa todo lo que los exportadores pueden. Habiendo sido la cosecha 2019/20 récord de 127 millones de toneladas de grano, según lo informado por las cámaras exportadoras de aceite y de cereales CIARA-CEC, la liquidación acumulada del primer semestre 2020 es de 9.307,2 millones de dólares, un 15,16% menor que en igual lapso del año pasado que fue de 10.718,6 millones, cuando en la cosecha 2018/19 hubo una fuerte sequía.

Las principales cuatro empresas exportadoras (COFCO, Cargill, ADM y Bunge Ceval) concentran el 48% de las ventas externas totales de Argentina, en tanto que las principales 10 (AGD, Vicentin [2], Glencore, LDC, ACA y Molinos Río de la Plata) representaron el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino. Como se explicó aquí, entre los años 2016 y 2019, amparándose en la normativa del gobierno de Cambiemos, no liquidaron más de 19.000 millones de dólares. Es claro y evidente que no liquidan esperando y propiciando una devaluación de nuestra moneda, lo cual explica la diferencia entre el valor del dólar oficial y todos los paralelos.

La devaluación haría volar por el aire el delicado equilibrio en que nos encontramos, subiría aún más el precio de los alimentos y demás insumos que requiere nuestro pueblo, empujando a fracciones cada vez mayores a la pobreza, a la indigencia y a la desesperación, a la par que se caería más el PIB por el menor consumo interno que no puede ser compensado porque las exportaciones no representan más del 25% del total de lo que se produce. Y es peor, porque en lugar de que esos mayores ingresos incrementen las inversiones terminan engrosando la fuga de capitales. Nuestro país ostenta un triste privilegio: su burguesía tiene más recursos afuera de la Argentina que adentro.

Esto esclarece por qué no les interesa tanto preservar el mercado interno, mientras coinciden grandes empresarios del agro y de la industria, banqueros y comerciantes en asegurar y expandir sus activos en el exterior.

Es más, desde el Rodrigazo y de menor a mayor, nuestra burguesía se somete al capital financiero internacional y a su moneda, el dólar, prefiriendo vender los activos en el país por saberse débil e incompetente para lidiar con el capital extranjero. Lo refleja clara y terminantemente el caso Vicentin, sexto exportador de granos y manufacturas de origen agropecuario, que monta un escenario de fraude y fuga para rendirse sin luchar.

Igual podríamos decir de todos los hijos y nietos de esos industriales que supo tener este país del confín del mundo, que poseen más activos financieros que reales, más activos afuera de la Argentina que en el país, porque han preferido vender sus empresas a la competencia extranjera.

La paradoja cierra cuando se entiende que parte de esos activos líquidos la administra Larry Fink, Presidente de BlackRock, y otros fondos de cobertura como Franklin Templeton, que supo poner a su representante en la Argentina, Gustavo Cañonero, como Vicepresidente del BCRA cuando el ex jefe de la Mesa de Dinero del JP Morgan y el Deustche Bank, Luis Caputo, fue nombrado Presidente y continuó en funciones cuando Caputo renunció presionado por el FMI, hasta el 9 de diciembre de 2019.

Nuestra burguesía en general (puede haber excepciones) espera que el gobierno le pague lo más que pueda a los acreedores y no por actuar de buena fe, sino para no perder tanto como han perdido con el macrismo, que sus acciones valen la mitad o menos que en diciembre de 2015 y, por otra parte, como seguramente compraron títulos públicos y no pudieron salir de los mismos (y no por patriotas), están engrampados en esa doble Nelson que los hace menos ricos.

Lo peor es que creen que con esas pérdidas ya contribuyeron con el país (como si hubieran comprado títulos de deuda por amor a la patria), sin comprender que eran ellos los que querían que cese el gobierno de los Kirchner y propusieron reemplazarlo por un gobierno de CEOs. Así les fue y así nos va. Son ineptos y quieren que toda la sociedad argentina pague sus errores, cuando debería ser exactamente al revés, que sea el pueblo de este país el que les reclame por su egoísmo, su supina ignorancia y su falta de inteligencia.

La alternativa

El economista Aldo Ferrer se equivocaba cuando ponía la esperanza en la burguesía que tenemos, ya que nuestros empresarios actuales no son los que él había visto en 1968 o aquellos liderados por José Gelbard hasta octubre de 1974. La dictadura militar y el modelo de valorización financiera de capital la diezmó y la que queda es una burguesía de rapiña, apátrida y tonta, a la que sólo le importa acumular dólares en el exterior aún a costa de que sus empresas valgan cada vez menos, como lo demostró la gestión de Cambiemos.

Por ejemplo las empresas del grupo Techint, cuyos directivos y funcionarios están entre las que fugaron dólares y, sin embargo, desde que se privatizó SOMISA en el gobierno de Carlos Menem y paso a llamarse Ternium Siderar, vende la chapa en el país un 30% más cara que cuando la exporta, encareciendo toda la industria argentina que utiliza ese insumo reduciendo las condiciones de competitividad respecto de sus pares extranjeros. Ese grupo económico que con el apoyo del gobierno de Cambiemos armó una filial en Texas con una inversión de 2.000 millones de dólares y generó 1.500 puestos de trabajo en esa Nación, en plena pandemia despidió 1.450 trabajadores en la Argentina.

Con esa burguesía se torna necesario repensar el país y plantear a qué nos vamos a dedicar en los próximos años. Qué vamos a producir, con quién, de qué manera, para quién, que rol debe jugar el Estado, etc., preguntas que son un desafío para el actual gobierno y para todos sus habitantes.

En la Argentina las inconsistencias fiscal, monetaria y de comercio exterior tienen nombre y apellido y están relacionadas entre sí.

[1] Que es la cantidad de billetes y monedas emitidas y puestas en circulación por el BCRA.

[2] Vicentin SAIC con un 9% del total de ventas externas agroindustriales, empresa que atravesó en el 2019 una situación de stress financiero que la llevó a paralizar sus actividades.

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Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la República el 25 de mayo de 2003 planteó un capitalismo serio que significó qué se produzcan bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos, sostenía el Presidente), que se defienda el mercado interno, que las exportaciones principalmente de soja paguen una retención que permita al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado, que el Estado cumpla su función de regulación de los mercados estableciendo claras reglas de juego por un lado y de asistencia a los que menos tienen por el otro, cumpliendo cabalmente los principios constitucionales de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

La Argentina crecía y crecía la industria, que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre 2003 y 2011, según los números del INDEC revisados durante el macrismo por Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, en lugar de invertir prefirió hacer el juego que más conoce y que más practica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, prefiriendo ensamblar, que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía, que en gran parte se debió comprar del exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debía producir un nuevo reordenamiento por parte del Estado. A fin de 2011 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunció con la denominación de “Sintonía Fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal” que significaría ver cuánto recibe en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., una empresa, y cuánto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

Se trataba de compensar el proceso de desinversión y fuga de capitales de los empresarios con políticas de impulso a la demanda. Pero como al mismo tiempo no se adoptaron las anunciadas medidas de sintonía fina, y ante la restricción de la oferta, se generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

Ante la falta de dólares para frenar la fuga y la presión sobre el tipo de cambio, se intentó volver a los mercados de capitales, de allí que primero se le pagó la indemnización a Repsol S.A. por el 51% del paquete accionario de YPF SA; se reconoció y comenzó a pagar la deuda con el Club de París; se aceptaron los fallos del CIADI; pero el rechazo a tratar el caso argentino por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el 14 de junio de 2014 y de esa manera convalidar la interesada interpretación del pari passu del juez Thomas Griesa, cercenó el retorno al sistema financiero internacional.

Una de las alternativas que Kirchner exploró en 2005, cuando junto a sus pares de la región le dijo no al ALCA en la Ciudad de Mar del Plata, fue acordar con China planes de inversión y financiamiento. Con los tiempos que se toman los orientales, sus frutos se vieron diez años más tarde, para financiar las represas Cepernic y Kirchner en su provincia natal, a la vez de acordar swaps [1] por un monto significativo que compensaron el goteo incesante de dólares demandados por los sectores de ingresos medios y superiores de la Argentina.

Las grandes empresas que operan en el país dependen más del exterior (sus ventas, su ganancia, las posibilidades de renta y de inversión) que del mercado interno. Para ellas los trabajadores son más un costo que un potencial demandante de sus productos (sea esto soja u acero), la fuerte extranjerización del sector, su interrelación con grandes organismos comerciales y financieros internacionales hace que propongan un Estado mínimo (en la dictadura se ufanaban diciendo que achicar el Estado era agrandar la Nación) y altas tasas de desempleo como presión sobre las remuneraciones de los que trabajan. Como esas empresas no quieren pagar impuestos, pretenden que ese Estado mínimo lo financien los trabajadores.

La idea del gran empresariado nacional es contar con un Estado limitado y que no traspase las puertas donde diga “Prohibida la entrada a toda persona ajena a la empresa” por un lado y, por otra parte, recibir todo tipo de prebendas (contratos y licitaciones, créditos a tasas preferenciales, desgravaciones impositivas y sobre todo, que el Estado se haga el desentendido de sus negocios). Cuando se produce una catástrofe, como la Covid-19, no garantizan los puestos de trabajo pero reciben la postergación o reducción hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al sistema previsional y el Estado abona el salario complementario por hasta el 50% de la remuneración neta percibida por el trabajador (no pudiendo ser inferior a un salario mínimo vital y móvil ni superar dos salarios mínimos), mediante el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Son los distintos Estados, nacional, provinciales y municipales, los que deben socorrer a la población en el equipamiento de los hospitales, en asistencia alimentaria y de ingresos como es el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), etc. La cuarentena impacta sideralmente sobre la economía (según estimaciones del FMI se proyecta un descenso del PIB del 9,9% para este año 2020 en nuestro país). Como el sistema impositivo está mayoritariamente ligado al consumo y al nivel de actividad, tanto en la Nación (IVA, impuesto al cheque, internos, combustible) como en las provincias (el impuesto a los Ingresos Brutos representa más del 70% de la recaudación propia de cada jurisdicción sub nacional) en abril y mayo 2020 el déficit fiscal de la Nación fue de casi la mitad del gasto total realizado [2]. Y en forma desigual pero otro tanto pasa en las provincias.

En el conjunto de las provincias el Impuesto Inmobiliario Rural solo representa el 0,3% del PBG y no están dispuestos a realizar ninguna contribución al erario público. Tal vez el caso más flagrante sea la provincia de Buenos Aires: cuando se discutió a principios de este año 2020 el Código Fiscal, se corroboró que 211 familias o sociedades son dueñas de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables) y la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural fue de $ 7.294 millones en 2018 (el 2,66% de la recaudación tributaria propia de la provincia, cuando el Impuesto a los Ingresos Brutos representó el 69,87% de la recaudación). En 2019 los terratenientes pagaron $ 10.047 millones (el 2,74% de los ingresos impositivos de la provincia); y en los primeros cuatro meses del año 2020 el pago acumulado por el gravamen fue de solo $ 3.097 millones (el 2,17% del total ingresado por los impuestos provinciales).

Esto obliga al gobernador Kicillof a presentar un Proyecto de Ley para que la provincia tome deuda en organismos bilaterales y/o multilaterales de créditos por 500 millones de dólares, suma que se hubiera logrado con creces con que solo aportaran las 211 familias y sociedades la suma de 50 dólares por hectárea, por única vez y en compensación de la miseria que pagan, si es que pagan, por su propiedad.

La pandemia y después

La crisis provocada por el Covid-19 se atraviesa con falencias de todo calibre. Ningún país está preparado para enfrentar a este tipo de enfermedad, ni la población en general que no termina de tomar conciencia de la gravedad, ni había infraestructura para afrontarla. Es cuando más se necesita de la solidaridad de todos, especialmente de aquellos privilegiados que están en condiciones de hacerlo.

Pero no, lo que buscan es que el Estado esté más debilitado para obligarlo a acordar bajo sus condiciones que ellos llaman gobernabilidad. No por casualidad, lo mismo buscan los fondos de coberturas poseedores de títulos de deuda argentina, como el grupo de acreedores Ad Hoc —bajo el liderazgo de BlackRock— que cuando estaban arribando a un acuerdo pretendían que los nuevos bonos que reemplacen a los actuales, sean emitidos bajo la cláusula «indenture 2005» hasta que se terminen de pagar, es decir, una suerte de condena a convivir con la amenaza de que cualquier alteración debe ser aceptada por el 85% de los acreedores, cuando desde el año 2014 dicha severa restricción dejó de usarse en la renegociaciones de deuda en todo el mundo. Ante esa imposición inadmisible, el gobierno argentino extendió nuevamente el plazo de las tratativas de la deuda hasta el 24 de julio de 2020, con el objetivo de alcanzar su reestructuración.

En un marco adverso, mientras la mayoría de la población trata de sobrellevar la pandemia y ver si puede seguir trabajando y produciendo, la minoría enriquecida presiona al gobierno en consonancia con los grandes administradores de títulos de deuda en una clara comunidad de intereses en que, seguramente, los grandes fugadores de capital de la Argentina deben tener parte de esa fuga administrada por BlackRock y demás fondos.

De hecho sabemos que oficialmente BlackRock es uno de los dueños de Glencore, que Glencore es socia de Vicentin en Renova SA, ubicada en Timbúes, Santa Fe, a orillas del Paraná, con capacidad para moler 30.000 toneladas/día de grano de soja y un puerto con 2 muelles de cargas de aceite, harina de soja y/o cereales, que también a partir de aceites se obtiene biodiesel y glicerina, mientras que de cereales (maíz/sorgo) se obtiene etanol y alimento para ovinos, aves y porcinos.

Los geólogos Miguel Gianfrancisco y Guillermo Vergara, de la Universidad de Tucumán, descubrieron una cuantiosa exacción al Estado por parte de Glencore, Goldcorp y Yamana Gold al no declarar la exportación de cromo, titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, hafnio, lantano, níquel, uranio, tungsteno y otros minerales de la planta minera Bajo la Alumbrera. Ubicada en Catamarca, fue descubierta por el investigador de la Universidad de Tucumán Aníbal Peirano. Glencore posee la mitad del paquete accionario de su explotación, Goldcorp 37,5% yYamana, 12,5%. Los auditores estiman las exportaciones no declaradas a lo largo de las décadas, en miles de millones de dólares

Dichos minerales son trasladados en tren desde Tucumán al puerto de Rosario en la provincia de Santa Fe, cuya administración era realizada por las firmas Vicentin y Ultramar de Chile, siendo el presidente de la Terminal Puerto Rosario, Gustavo Nardelli.

La alternativa

En primer lugar se debe comunicar a todo el pueblo argentino el estado de situación, al solo efecto de que se sepa la verdad y se pueda desenmascarar la farsa de la libertad que da el capital. Segundo, más allá de que hay 14 puertos privados sobre la llamada hidrovía del Paraná y la comercialización se realiza en gestión privada, lo inadmisible es que el Estado no tenga capacidad de control, se debe cruzar la información y tomar cartas en el asunto. Tercero, se tiene el listado de los que fugaron los 86.200 millones de dólares durante el gobierno de Cambiemos, con lo que se puede corroborar que rol juegan en el tema deuda y en el tema Vicentin y el comercio de granos y aceites. Incluso qué rol juegan en la difusión del conflicto.

Nuestra sociedad no ha superado ideológica y políticamente la dictadura militar, persisten sus escalas de valores en un alto porcentaje de la población. Una parte recibe algún beneficio, o piensa que si el Estado dirime le puede ir peor, sobre todo en ese sector que es uno de los principales acreedores por entrega de granos y dice que se trata de un negocio de palabra.

Es una contienda difícil, pero como le hace decir el poeta José Joaquín de Olmedo a Simón Bolívar a sus soldados en la Batalla de Junín: “Acometed, que de quien más se atreve el triunfo ha sido, quien no espera vencer ya está vencido”.

[1] El swap o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes (en este caso la República Popular China y la República Argentina), se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras.
[2] En el mes de abril 2020 el gasto total mensual fue de $ 582.298 millones y el total de ingresos de $ 316.248 millones (déficit fiscal $ 266.050 millones) Y en el mes de mayo 2020 el gasto fue de $ 636.340 millones y los ingresos de solo $ 328.121 millones (déficit fiscal de $ 308.219 millones) o sea en torno al 1% del PIB por mes.

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Hace unas semanas publicamos una columna sobre la aproximación del invierno, en la que reseñábamos los tres desafíos que debía afrontar el Gobierno en la estación fría: el aumento de la velocidad de la propagación del virus y su impacto en el sistema sanitario, el deterioro socio-económico después de un trimestre de freno en la actividad y la embestida de un bloque opositor comandado por los agentes económicos más poderosos en procura de un desgaste acelerado de la administración peronista.

El mensaje del viernes plantó al Gobierno en un endurecimiento del aislamiento social obligatorio y de las restricciones de movilidad en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para contener el crecimiento exponencial del número de contagios en esa región, acompañando la decisión sanitaria con la continuidad durante el trimestre invernal de los amortiguadores de la recesión: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y los créditos a tasa 0% garantizados por el Estado para MyPEs.

El Presidente expuso flanqueado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quienes a su turno hicieron uso de la palabra.

En este escenario nuevamente emergió el comentado cinismo amarillo. Horacio Rodríguez Larreta disertó sobre la importancia de la cuarentena como única medicina eficaz contra el virus y destacó el “trabajo coordinado” de las tres jurisdicciones. Lo hizo impávido, a pesar de que semanas atrás había liberado por completo las restricciones para la actividad comercial y el libre uso de los parques para las actividades deportivas y/o recreativas, impidiendo cualquier coordinación con los municipios lindantes y partes del mismo continuo urbano. Esta decisión fue el principal motivo de aumento en el número de infectados por circulación del virus en el AMBA, dada la interacción del conjunto de distritos urbanos. Como lo señalamos anteriormente “el volátil humor porteño” no puede marcar el devenir de la Argentina.

Contrastando con la ambigüedad política del Jefe de Gobierno, el Gobernador Axel Kicillof habló con precisión del difícil trance que atraviesa el conurbano bonaerense. En esa línea, graficó el esfuerzo apresurado para aumentar la oferta de unidades de terapia intensiva y respiradores -en un distrito donde la anterior mandataria consideró innecesario la construcción de hospitales-, tiempo para esa realización que fue alcanzado con la vigencia de la cuarentena, dilatando la demanda del sistema de salud.

Kicillof habló con consistencia y serena preocupación real por la suerte de sus gobernados, sin idas y vueltas, exteriorizando las diferencias profundas por las que transita el país a pesar de los esfuerzos del Presidente por forzar la convergencia necesaria en el marco de la pandemia.

Esta reseña de lo ocurrido en el anuncio expresa las tensiones en torno al riesgo de desmadre sanitario, pero el cuadro económico puede presentar aristas más gravosas para el recorrido de los próximos meses de bajas temperaturas.

El trimestre de cuarentena otoñal fue muy duro con la actividad. En principio porque se ingresó al mismo desde una economía que venía del deterioro macrista, con una caída promedio anual del 1% PIB en el lapso 2016-2019 y con un dato negativo de desempleo que alcanzó el 10,1% en el primer trimestre 2020.

Las empresas y las familias acometieron el aislamiento social obligatorio en el período abril/junio con escaso resto, dados los golpes previos descriptos. Las medidas de intervención gubernamental para asistir tanto al sector formal de la economía como al informal permitieron soportar el difícil tránsito y, paradójicamente, la ruptura más pronunciada se produjo en el distrito más rico de la Argentina.

El interrogante que surge en la nueva fase de la pandemia es si los paliativos previstos serán suficientes para afrontar un nuevo trimestre de caída de la economía.

El Gobierno ha invertido hasta ahora estímulos fiscales por 2,9% del PIB. Este guarismo, según un relevamiento publicado por la Universidad de Columbia para mediados de mayo, ubica a la Argentina levemente por encima del promedio de inversión fiscal contra la pandemia realizado en América Latina -del 2,4% del PIB- y con menos de la mitad de lo aplicado por los países ricos, que ascendió al 6,7% del PIB.

Estos indicadores permiten ver dónde se paró el Gobierno en el otoño. El invierno exige un esfuerzo mayor por la prolongación en el tiempo de la propagación del virus y también por los desafíos estructurales para la salida de la pandemia.

El bloque opositor embiste contra cualquier intento de avance en una modificación de fondo en la distribución de los ingresos y en la regulación de mercados. El estancamiento del impuesto a los ricos y el ataque judicial a la administración estatal del fallido grupo agroalimentario Vicentín son muestras de lo afirmado.

El cuidado del pueblo realizado hasta ahora requiere un escudo económico mas grueso que el actual. Sino, el enorme riesgo de convergencia de un colapso sanitario provocado por una desesperada ruptura de la cuarentena ante el desplome económico sellará el fracaso de las acertadas políticas del Gobierno y el triunfo de las pretensiones de los sectores más oscuros y antipopulares del país, que fueron desalojados en diciembre pasado por un contundente triunfo popular.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/llego-el-invierno-202062719057

Olegario Víctor Andrade, el poeta de Vuelta al hogar, definió la alianza para atacar al Paraguay entre la Argentina de Mitre, el Imperio de Brasil y el Uruguay de Venancio Flores, de Triple Infamia y nunca mejor puesto el nombre.

Hoy en nuestro país se ha conformado una triple alianza entre los grandes exportadores de grano y aceite, los 10 principales bancos privados que operan en estas pampas y, los fondos de cobertura poseedores de títulos de deuda argentinos. El campo de batalla es la depreciación de nuestra moneda.

Los exportadores quieren más pesos por cada dólar que obtienen por vender productos argentinos en el mundo, si no, no venden, y no quieren que haya una empresa estatal en la producción, acopio y comercio de granos y aceites, por lo que van a hacer lo imposible para impedirlo.

Los bancos son socios necesarios de los primeros, al financiar esas operaciones y como instrumentadores con su documentación (Letras de Cambio, Carta de Créditos, etc.) y administran la conversión de divisas a pesos y viceversa y por su imprescindible intervención para comprar dólares al BCRA ( la Ley 24.144, Carta Orgánica del BCRA de Cavallo lo permite) y fugarlos.

y su intervención para comprar dólares al BCRA. Y los acreedores externos quieren quebrar la resistencia del gobierno plasmada en la propuesta de pago con un período de gracia de tres años (no abonar intereses ni capital hasta mayo de 2023) y después una tasa de interés del 0,5% anual a fin de que el país vuelva a crecer y así pueda cumplir con dichas obligaciones. Si el valor de nuestra moneda se deprecia no solamente sale más cara la deuda, sino que el gobierno debilitado debería aceptar las condiciones impuestas por sus acreedores.

La obligada intervención de la empresa Vicentin SAIC debe leerse en el marco del avance de las tropas aliancistas contra el heroico pueblo paraguayo, es la batalla de Curupayti [1]. Pero para peor, ellos no avanzan en una zona lodosa y nosotros estamos en medio de una pandemia que aísla a los habitantes, limita severamente el trabajo y la producción y obliga a los Estados (nacional, provinciales y municipales) a extremar los recursos para hacer frente al virus y asistir a la población. Finalmente y no como tema menor, con un sector de sectores medios que no entiende nada de nada, pero aceptan las mentiras de los grandes medios y de los Vicentin como si fueran verdad.

Sacando fuerza de debilidad, apoyándose incluso en la legislación vigente escrita por la dictadura de Videla, como la Ley 21.499, sancionada el 17 de enero de 1977, que contempla en el régimen de expropiaciones una “justa” indemnización y que “se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor”, el gobierno de Alberto Fernández anunció la intervención de la firma Vicentin SAIC y la remisión de un proyecto de ley de expropiación.

Un país cuyos sectores de mayores ingresos pueden comprar y fugar 86.200 millones de dólares en cuatro años (un cuarto del PIB anual argentino) no es un país pobre (sí injusto) y demuestra que esos sectores tienen altas tasas de ganancia y por ende capacidad de ahorro. El problema es que ese ahorro en gran parte lo administran los fondos de cobertura que tienen fuerte participación en los títulos de deuda externa en moneda y en jurisdicción extranjera. Una comunidad de intereses en la que BlackRock (que es el fondo más grande por los activos financieros que administra) posee oficialmente el 6% del capital accionario de Glencore y, Glencore que es una empresa multinacional con sede en Ginebra (Suiza) y que posee el 50% de la explotación de oro y cobre en Bajo la Alumbrera (Catamarca), que es socia en la firma RENOVA SA con plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja en Timbúes, con Vicentin SA del Paraguay.

Sabemos que los mecanismos más usuales para fugar capitales fueron siempre la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones y los auto préstamos (aparecen tomando deuda cuando en realidad parte o todo el crédito tiene origen en dólares que lo supuestos deudores fugaron y depositaron en esas instituciones que aparecen como acreedoras). Es el caso del Grupo Vicentin. De otro modo no se explica cómo su nave insignia, que factura por año el equivalente a unos 3.000 millones de dólares y que conforma un grupo económico con Algodonera Avellaneda SA, Industrias Frigoríficas Friar SA, Oleaginosas San Lorenzo SA, Vicentin Paraguay SA, Vicentin Europa, Vicentin Brasil, Vicentin SAIC sucursal Uruguay y Bodegas Vicentin, entre otras empresas, y además es socia de la firma RENOVA SA junto a Oleaginosa Moreno SA —perteneciente a la multinacional Glencore— y Molinos Río de la Plata de Pérez Companc para producir biodiésel, que preside la terminal Puerto de Rosario a través de Gustavo Nardelli quien, junto a Alberto Padoan (que fue Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario)[2], serían los principales dueños del grupo, todos negocios y operaciones fuertemente rentables, sin embargo presenta una deuda que según el concurso abierto en que cada acreedor debió verificar el monto que les adeudan, suma a febrero de este año, en pesos y en divisas $ 100.300.000.000 (cien mil trescientos millones de pesos), equivalentes a unos 1.580 millones de dólares (se toma el tipo de cambio de la verificación de deuda de $ 63,40).

La empresa dejó de pagar sus obligaciones el 4 de diciembre de 2019, pero un día antes seguía recibiendo granos de terceros para acopiar, moler, exportar, transformar en aceite, etc., sin pagarlos, en un sistema impuesto que primero cobra la empresa y luego paga a sus proveedores. El 10 de febrero de 2020 Vicentin SAIC presentó su concurso preventivo y posteriormente presentó una propuesta de pago que era una licuación de la deuda que no fue aceptada por los acreedores reales, incluido el Estado nacional por obligaciones aduaneras, impositivas y previsionales.

En base a las cifras analizadas, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa para evitar aún una mayor concentración de un mercado fuertemente dominado por empresas extranjeras (Cargill; Cofco; Bunge Ceval; Louis Dreyfus; Glencore; etc). De esta manera, el Poder Ejecutivo busca controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía y al mismo tiempo ingresar en un sector que, en los últimos meses y debido a las restricciones en el mercado cambiario, incrementó la especulación financiera.

A las pruebas nos remitimos: la Sociedad Rural Argentina reconoce que en los primeros cinco meses del año se exportaron 64.500.000 toneladas, 9.600.000 toneladas más que en igual lapso del año pasado, y sin embargo la liquidación de las exportaciones es un 18% menor que en igual lapso del año 2019[3]. Obviamente, por un lado retienen exportaciones y por otra parte las que realizaron tardan lo indecible para liquidarlas, especulando con la suba del valor del dólar. La intervención de Vicentin SA hará que aparezcan dichas ventas y dichos ingresos al país. Así, el Gobierno no solo podrá tener injerencia en los precios de los alimentos, sino en término de liquidación de divisas necesarias para diagramar un plan económico, que es lo que la triple alianza trata de impedir.

Como dijo en la conferencia de prensa del lunes 8 de junio el Presidente Alberto Fernández, al anunciar la intervención: “Es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El objetivo es que siga funcionando y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos (se estima en 7.000 trabajadores directos) y que los 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura”.

De allí la importancia de la intervención a cargo de un hombre avezado en el tema, que fuera el último Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, como lo afirma la declaración de los trabajadores del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): “Gabriel Delgado, además de ser un economista altamente capacitado, es un afiliado de APINTA, y desde nuestro gremio abrazamos al compañero afiliado al gremio, que tendrá un rol histórico en la reconstrucción de un país más justo”.

Por ejemplo, a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) le fue verificada una acreencia por $ 4.929.060.800,53 (unos 77.500.000 dólares), pero su Presidente, Claudio Soumoulon asegura que se le adeudan no menos de 90 millones de dólares. Aparecen 2.638 productores que dicen haber entregado granos al grupo económico, y no les pagaron. Incluso se queja de lo mismo la señora Vicentin de Rodríguez, y otros parientes también dicen que la firma Vicentin SAIC les debe plata por no pagarles dicha provisión.

El abogado de la Ciudad de Santa Fe, Mariano Moyano, que fue contratado por acreedores extranjeros del grupo Vicentin, afirma que existe una empresa Nacadie Comercial SA en Uruguay que le compra la producción de granos, harinas y aceites a Vicentin Uruguay SA, que esa firma le vende a su vez a Nacadie Comercial SA en Panamá y que existe una tercera Nacadie Comercial SA en la Argentina. Cuando nos fijamos en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, efectivamente la firma existe y tiene domicilio fiscal en Boulevard Hipólito Yrigoyen 298 de la Ciudad de Reconquista (Departamento de General Obligado – Provincia de Santa Fe), que es el domicilio legal de Industrias Frigoríficas Friar SA, firma del grupo Vicentin, presidida por Cristian Padoan.

Para dilucidar todo esto, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa y el Juez, Fabián Lorenzini, quién antes de ser juez fue asesor legal del Banco Nación Argentina en la Sucursal Reconquista, resolvió el viernes 19 de junio 2020 que continúe administrando la empresa la familia Vicentin. En ese juzgado se realizó la certificación de la deuda de Vicentin SAIC, en Reconquista (Departamento de General Obligado – Provincia de Santa Fe).

Independientemente del futuro de la empresa, debe tener una intervención estatal nacional y provincial que estudie la problemática del grupo, que audite todas las operaciones y certifique los ingresos y egresos, la situación de proveedores y trabajadores y, la deuda con el fisco.

El pasado los condena
El Grupo Vicentin creció sideralmente con las dictaduras militares, primero con Onganía en 1966, cuando incorpora en la molienda de semillas el proceso de extracción por solventes en su planta de Avellaneda, norte de Santa Fe. En 1977 comienza a funcionar una planta de molienda de soja en el mismo complejo y a fines de 1979 se pone en marcha una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, al sur de la provincia. Al mismo tiempo inicia operaciones en nuevas plantas desmotadoras de algodón situadas en puntos neurálgicos de cosecha. Un hito fundamental en la trayectoria de Vicentin consistió en operar y exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná, en 1979.

Vicentin a través de su sociedad controlada Algodonera Avellaneda SA se involucra en el rubro textil con la adquisición de una nueva planta especialmente dedicada a la hilandería y tejeduría con importantes volúmenes de producción. Años más tarde se incorpora al grupo el complejo frigorífico Friar, importante protagonista en el rubro cárnico exportador. En sus tres plantas industriales se procesan gran variedad de cortes vacunos y derivados destinados tanto al mercado interno como a los mercados externos.

Con el menemismo se va a quedar con la terminal Puerto de Rosario que es donde se venden más toneladas de soja en granos en el mundo. Hacia 2005 inicia sus actividades Vicentin Paraguay S.A como agente de comercialización de soja destinada a los complejos industriales en permanente expansión, sumando una cuarta planta de molienda en San Lorenzo que elevó la capacidad de molienda a 21.000 toneladas diarias.

Todo los hicieron tomando deuda en dólares. Como el dólar se atrasaba y les cobraban tasas menores de interés que en pesos, era negocio y cuando el dólar derrapaba, como fue tras la guerra de Malvinas y fin de la dictadura militar, le traspasaban esa deuda en dólares al Estado mediante los seguros de cambio de Domingo Felipe Cavallo de 1982. En el año 2002 hicieron lo mismo por la pesificación asimétrica de Duhalde-Remes Lenicof, Pretendían volver a traspasar la deuda al Estado argentino, cuando el gobierno de Alberto Fernández le dijo que no.

No es que el Estado se apropie de una empresa, es exactamente al revés, ellos los dueños, siempre usaron al Estado para endosarle sus deudas al pueblo argentino.

Este grupo que supo tener un origen familiar en sus inicios en 1929 como algodonera en Avellaneda en el norte santafesino, termina en una red de sedes y sociedades vinculadas que operan en actividades sumamente rentables (que incluye empresas offshore) y, sin embargo, incurre en convocatoria de acreedores.

Su desarrollo exponencial con la dictadura militar queda demostrado en el mismo juzgado de Reconquista donde se tramita su concurso preventivo, que es donde Oscar Raúl Zarza, Efrén Venturini, Heraldo Salvador Sánchez y Adelqui Ramón Gavirondo presentaron la denuncia contra la familia Vicentin de que 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de la misma fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con la Aeronáutica mientras estaban desaparecidos. Las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista están investigando la responsabilidad de la Aceitera Vicentin en la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad.

Juan Bautista Alberdi, que se opuso tenazmente a la invasión al país hermano, concluida la Guerra del Paraguay aseveró que «fue la causa y razón de ser de los empréstitos y emisiones por valor de 80 millones de pesos fuertes en que han endeudado a la República Argentina los gobiernos desde 1861, sin más beneficios para la nación que el yugo de esa deuda, en que tiene que gastar por siglos casi todo el valor de su renta pública”.

Que la historia no se repita y comience a revertirse, depende de esta batalla.

[1] Y ojalá a nuestro gobierno lo ilumine el General paraguayo José Eduvigis Díaz.
[2] El actual Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, aseguró que «hay muchísima desilusión» por el desenlace de la firma y que sus dueños faltaron su palabra.»Diversificaron mucho las inversiones en otros negocios. Tal vez sea mal manejo de la empresa, para no pensar mal y que hubo fuga”.
[3] Según informa CIARA-CEC el monto total liquidado en los primeros cinco meses del año asciende a 6.963.259.090 dólares un 18% menos que en igual lapso del año pasado.

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En el año 2011 en el Ministerio de Economía, integrando como viceministro el equipo del ministro Amado Boudou, comenzamos a evaluar la necesidad de una intervención directa del Estado en los mercados de granos y de energía. La economía venía creciendo a tasas elevadas -del 10% en 2010 y del 6% en 2011- dejando atrás la recesión del 2009 provocada por la crisis financiera internacional, pero las señales de restricción externa comenzaban a asomar.

El desbalance de divisas del sector energético, la caída de la demanda desde Brasil y el aumento de los servicios de deuda pública en los próximos años obligaban a pensar cambios en el modelo de sector externo de apertura administrada que había regido en el lapso 2003-2011, sobre todo en el movimiento de divisas proveniente del comercio de “commodities”. Alimentos y energía son bienes centrales tanto en la oferta de divisas como en el consumo popular. Su regulación, entonces, es clave, máxime en un contexto de restricción de dólares.

El impulso a la presencia directa en energía culminó con la compra del 51% del capital accionario de YPF en poder de los españoles en el año 2012, configurándose una empresa mixta con control mayoritario del Estado.

El proyecto de una agencia estatal comercializadora de granos no prosperó. No obstante, abrió debates en la segunda presidencia de Cristina que fueron promovidos por figuras como Julián Domínguez, ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente de la Cámara de Diputados, o Sergio Urribarri, gobernador de la Provincia de Entre Ríos, poniéndose énfasis en la necesidad de regulación de los precios internos de los alimentos y el control del flujo de divisas del comercio exterior.

Pero una de las aristas más interesantes de las ideas en circulación fue el aporte a una revisión de la inserción internacional argentina y la optimización de una relación bilateral Estado-Estado con nuestro principal comprador de productos primarios: La República Popular China

En ese tiempo la Argentina se encontraba sólidamente inserta en la expansión del flujo de transacciones en Suramérica -convertida la región en el principal destino de nuestras ventas externas de productos manufacturados- y el modelo a seguir era el delineado por Néstor y Lula en la relación Argentina-Brasil después del rechazo al ALCA: las cancillerías y no los mercados organizaban el flujo de comercio e inversiones entre ambas naciones. De este modo, en 2011 el intercambio llegó a su pico de u$s 43.000 millones, más que duplicando el magro cierre de 2019 de u$s 20.500 millones. Inclusive se había comenzado tímidamente a realizar transacciones directas peso-real como sendero hacia la desdolarización del comercio bilateral.

La reproducción con China de una relación similar a la mantenida con Brasil en ese entonces contaba con el impulso de la nación oriental a encuadrar la compra-venta de productos primarios en un vínculo interestatal que sacara del medio al mercado multilateral dolarizado y, simultáneamente, a promover la creación de un canal financiero para la compra de productos y la recepción de inversiones chinas, a través del denominado acuerdo de “swap de monedas”.

China, como potencia emergente y siendo la segunda economía global, intenta que su moneda alcance poder de circulación internacional -como ocurre con el dólar o el euro- y un mecanismo para ellos es expandir sus transacciones en relaciones bilaterales con otros países, siendo la Argentina un socio relevante en ese objetivo.

El swap de monedas peso-yuan por el que Argentina puede usar los yuanes para cancelar importaciones, recibir inversiones -como el caso de la construcción de la represa Cepernic-Kirchner- y/o atesorarlos como reserva internacional, tuvo su inicio en el primer acuerdo celebrado en 2009 y fue ampliándose en sucesivos convenios hasta el presente mes de marzo, en el que la Argentina pide la renovación por un monto de u$s 18.600 millones. Ese importe representa un 43% de las reservas internacionales en el Banco Central.

La no concreción de la agencia estatal argentina de alimentos, definió que en el año 2014 la empresa pública China National Cereals, Oil & Foodstuffs (COFCO) adquiriera el 51% del grupo Nidera y de ese modo ingresara directamente en el mercado nacional de alimentos. En el año 2018 COFCO-Nidera aparece cuarta en el ranking de comercialización de granos, harinas y aceites con el exterior, con 6,8 millones de toneladas totales exportadas, equivalente a un 10% de dicho mercado.

En ese mismo registro del año 2018, la hoy concursada e intervenida Vicentin se encuentra en el puesto número 6, con 6,5 millones de toneladas totales vendidas al exterior, reuniendo el 9% del total exportado. A su vez, YPF-Agro ocupa el lugar 13 del ranking, con 0,7 millones de toneladas totales comercializadas externamente, alcanzando el 1% de las exportaciones.

Si se construye desde las ruinas de Vicentin provocadas por sus propios dueños una empresa pública de alimentos con capacidad de intervención en el mercado local y del exterior, se estará en posición inmejorable de avanzar en un acuerdo bilateral interestatal Argentina-China, que redefina la situación de vulnerabilidad externa que atraviesa nuestro país.

https://www.eldestapeweb.com/economia/expropiacion-de-vicentin/por-que-vicentin-es-la-clave-de-la-relacion-con-china-202062019047.