Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la República el 25 de mayo de 2003 planteó un capitalismo serio que significó qué se produzcan bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos, sostenía el Presidente), que se defienda el mercado interno, que las exportaciones principalmente de soja paguen una retención que permita al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado, que el Estado cumpla su función de regulación de los mercados estableciendo claras reglas de juego por un lado y de asistencia a los que menos tienen por el otro, cumpliendo cabalmente los principios constitucionales de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

La Argentina crecía y crecía la industria, que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre 2003 y 2011, según los números del INDEC revisados durante el macrismo por Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, en lugar de invertir prefirió hacer el juego que más conoce y que más practica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, prefiriendo ensamblar, que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía, que en gran parte se debió comprar del exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debía producir un nuevo reordenamiento por parte del Estado. A fin de 2011 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunció con la denominación de “Sintonía Fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal” que significaría ver cuánto recibe en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., una empresa, y cuánto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

Se trataba de compensar el proceso de desinversión y fuga de capitales de los empresarios con políticas de impulso a la demanda. Pero como al mismo tiempo no se adoptaron las anunciadas medidas de sintonía fina, y ante la restricción de la oferta, se generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

Ante la falta de dólares para frenar la fuga y la presión sobre el tipo de cambio, se intentó volver a los mercados de capitales, de allí que primero se le pagó la indemnización a Repsol S.A. por el 51% del paquete accionario de YPF SA; se reconoció y comenzó a pagar la deuda con el Club de París; se aceptaron los fallos del CIADI; pero el rechazo a tratar el caso argentino por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el 14 de junio de 2014 y de esa manera convalidar la interesada interpretación del pari passu del juez Thomas Griesa, cercenó el retorno al sistema financiero internacional.

Una de las alternativas que Kirchner exploró en 2005, cuando junto a sus pares de la región le dijo no al ALCA en la Ciudad de Mar del Plata, fue acordar con China planes de inversión y financiamiento. Con los tiempos que se toman los orientales, sus frutos se vieron diez años más tarde, para financiar las represas Cepernic y Kirchner en su provincia natal, a la vez de acordar swaps [1] por un monto significativo que compensaron el goteo incesante de dólares demandados por los sectores de ingresos medios y superiores de la Argentina.

Las grandes empresas que operan en el país dependen más del exterior (sus ventas, su ganancia, las posibilidades de renta y de inversión) que del mercado interno. Para ellas los trabajadores son más un costo que un potencial demandante de sus productos (sea esto soja u acero), la fuerte extranjerización del sector, su interrelación con grandes organismos comerciales y financieros internacionales hace que propongan un Estado mínimo (en la dictadura se ufanaban diciendo que achicar el Estado era agrandar la Nación) y altas tasas de desempleo como presión sobre las remuneraciones de los que trabajan. Como esas empresas no quieren pagar impuestos, pretenden que ese Estado mínimo lo financien los trabajadores.

La idea del gran empresariado nacional es contar con un Estado limitado y que no traspase las puertas donde diga “Prohibida la entrada a toda persona ajena a la empresa” por un lado y, por otra parte, recibir todo tipo de prebendas (contratos y licitaciones, créditos a tasas preferenciales, desgravaciones impositivas y sobre todo, que el Estado se haga el desentendido de sus negocios). Cuando se produce una catástrofe, como la Covid-19, no garantizan los puestos de trabajo pero reciben la postergación o reducción hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al sistema previsional y el Estado abona el salario complementario por hasta el 50% de la remuneración neta percibida por el trabajador (no pudiendo ser inferior a un salario mínimo vital y móvil ni superar dos salarios mínimos), mediante el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Son los distintos Estados, nacional, provinciales y municipales, los que deben socorrer a la población en el equipamiento de los hospitales, en asistencia alimentaria y de ingresos como es el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), etc. La cuarentena impacta sideralmente sobre la economía (según estimaciones del FMI se proyecta un descenso del PIB del 9,9% para este año 2020 en nuestro país). Como el sistema impositivo está mayoritariamente ligado al consumo y al nivel de actividad, tanto en la Nación (IVA, impuesto al cheque, internos, combustible) como en las provincias (el impuesto a los Ingresos Brutos representa más del 70% de la recaudación propia de cada jurisdicción sub nacional) en abril y mayo 2020 el déficit fiscal de la Nación fue de casi la mitad del gasto total realizado [2]. Y en forma desigual pero otro tanto pasa en las provincias.

En el conjunto de las provincias el Impuesto Inmobiliario Rural solo representa el 0,3% del PBG y no están dispuestos a realizar ninguna contribución al erario público. Tal vez el caso más flagrante sea la provincia de Buenos Aires: cuando se discutió a principios de este año 2020 el Código Fiscal, se corroboró que 211 familias o sociedades son dueñas de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables) y la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural fue de $ 7.294 millones en 2018 (el 2,66% de la recaudación tributaria propia de la provincia, cuando el Impuesto a los Ingresos Brutos representó el 69,87% de la recaudación). En 2019 los terratenientes pagaron $ 10.047 millones (el 2,74% de los ingresos impositivos de la provincia); y en los primeros cuatro meses del año 2020 el pago acumulado por el gravamen fue de solo $ 3.097 millones (el 2,17% del total ingresado por los impuestos provinciales).

Esto obliga al gobernador Kicillof a presentar un Proyecto de Ley para que la provincia tome deuda en organismos bilaterales y/o multilaterales de créditos por 500 millones de dólares, suma que se hubiera logrado con creces con que solo aportaran las 211 familias y sociedades la suma de 50 dólares por hectárea, por única vez y en compensación de la miseria que pagan, si es que pagan, por su propiedad.

La pandemia y después

La crisis provocada por el Covid-19 se atraviesa con falencias de todo calibre. Ningún país está preparado para enfrentar a este tipo de enfermedad, ni la población en general que no termina de tomar conciencia de la gravedad, ni había infraestructura para afrontarla. Es cuando más se necesita de la solidaridad de todos, especialmente de aquellos privilegiados que están en condiciones de hacerlo.

Pero no, lo que buscan es que el Estado esté más debilitado para obligarlo a acordar bajo sus condiciones que ellos llaman gobernabilidad. No por casualidad, lo mismo buscan los fondos de coberturas poseedores de títulos de deuda argentina, como el grupo de acreedores Ad Hoc —bajo el liderazgo de BlackRock— que cuando estaban arribando a un acuerdo pretendían que los nuevos bonos que reemplacen a los actuales, sean emitidos bajo la cláusula «indenture 2005» hasta que se terminen de pagar, es decir, una suerte de condena a convivir con la amenaza de que cualquier alteración debe ser aceptada por el 85% de los acreedores, cuando desde el año 2014 dicha severa restricción dejó de usarse en la renegociaciones de deuda en todo el mundo. Ante esa imposición inadmisible, el gobierno argentino extendió nuevamente el plazo de las tratativas de la deuda hasta el 24 de julio de 2020, con el objetivo de alcanzar su reestructuración.

En un marco adverso, mientras la mayoría de la población trata de sobrellevar la pandemia y ver si puede seguir trabajando y produciendo, la minoría enriquecida presiona al gobierno en consonancia con los grandes administradores de títulos de deuda en una clara comunidad de intereses en que, seguramente, los grandes fugadores de capital de la Argentina deben tener parte de esa fuga administrada por BlackRock y demás fondos.

De hecho sabemos que oficialmente BlackRock es uno de los dueños de Glencore, que Glencore es socia de Vicentin en Renova SA, ubicada en Timbúes, Santa Fe, a orillas del Paraná, con capacidad para moler 30.000 toneladas/día de grano de soja y un puerto con 2 muelles de cargas de aceite, harina de soja y/o cereales, que también a partir de aceites se obtiene biodiesel y glicerina, mientras que de cereales (maíz/sorgo) se obtiene etanol y alimento para ovinos, aves y porcinos.

Los geólogos Miguel Gianfrancisco y Guillermo Vergara, de la Universidad de Tucumán, descubrieron una cuantiosa exacción al Estado por parte de Glencore, Goldcorp y Yamana Gold al no declarar la exportación de cromo, titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, hafnio, lantano, níquel, uranio, tungsteno y otros minerales de la planta minera Bajo la Alumbrera. Ubicada en Catamarca, fue descubierta por el investigador de la Universidad de Tucumán Aníbal Peirano. Glencore posee la mitad del paquete accionario de su explotación, Goldcorp 37,5% yYamana, 12,5%. Los auditores estiman las exportaciones no declaradas a lo largo de las décadas, en miles de millones de dólares

Dichos minerales son trasladados en tren desde Tucumán al puerto de Rosario en la provincia de Santa Fe, cuya administración era realizada por las firmas Vicentin y Ultramar de Chile, siendo el presidente de la Terminal Puerto Rosario, Gustavo Nardelli.

La alternativa

En primer lugar se debe comunicar a todo el pueblo argentino el estado de situación, al solo efecto de que se sepa la verdad y se pueda desenmascarar la farsa de la libertad que da el capital. Segundo, más allá de que hay 14 puertos privados sobre la llamada hidrovía del Paraná y la comercialización se realiza en gestión privada, lo inadmisible es que el Estado no tenga capacidad de control, se debe cruzar la información y tomar cartas en el asunto. Tercero, se tiene el listado de los que fugaron los 86.200 millones de dólares durante el gobierno de Cambiemos, con lo que se puede corroborar que rol juegan en el tema deuda y en el tema Vicentin y el comercio de granos y aceites. Incluso qué rol juegan en la difusión del conflicto.

Nuestra sociedad no ha superado ideológica y políticamente la dictadura militar, persisten sus escalas de valores en un alto porcentaje de la población. Una parte recibe algún beneficio, o piensa que si el Estado dirime le puede ir peor, sobre todo en ese sector que es uno de los principales acreedores por entrega de granos y dice que se trata de un negocio de palabra.

Es una contienda difícil, pero como le hace decir el poeta José Joaquín de Olmedo a Simón Bolívar a sus soldados en la Batalla de Junín: “Acometed, que de quien más se atreve el triunfo ha sido, quien no espera vencer ya está vencido”.

[1] El swap o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes (en este caso la República Popular China y la República Argentina), se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras.
[2] En el mes de abril 2020 el gasto total mensual fue de $ 582.298 millones y el total de ingresos de $ 316.248 millones (déficit fiscal $ 266.050 millones) Y en el mes de mayo 2020 el gasto fue de $ 636.340 millones y los ingresos de solo $ 328.121 millones (déficit fiscal de $ 308.219 millones) o sea en torno al 1% del PIB por mes.

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Hace unas semanas publicamos una columna sobre la aproximación del invierno, en la que reseñábamos los tres desafíos que debía afrontar el Gobierno en la estación fría: el aumento de la velocidad de la propagación del virus y su impacto en el sistema sanitario, el deterioro socio-económico después de un trimestre de freno en la actividad y la embestida de un bloque opositor comandado por los agentes económicos más poderosos en procura de un desgaste acelerado de la administración peronista.

El mensaje del viernes plantó al Gobierno en un endurecimiento del aislamiento social obligatorio y de las restricciones de movilidad en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para contener el crecimiento exponencial del número de contagios en esa región, acompañando la decisión sanitaria con la continuidad durante el trimestre invernal de los amortiguadores de la recesión: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y los créditos a tasa 0% garantizados por el Estado para MyPEs.

El Presidente expuso flanqueado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quienes a su turno hicieron uso de la palabra.

En este escenario nuevamente emergió el comentado cinismo amarillo. Horacio Rodríguez Larreta disertó sobre la importancia de la cuarentena como única medicina eficaz contra el virus y destacó el “trabajo coordinado” de las tres jurisdicciones. Lo hizo impávido, a pesar de que semanas atrás había liberado por completo las restricciones para la actividad comercial y el libre uso de los parques para las actividades deportivas y/o recreativas, impidiendo cualquier coordinación con los municipios lindantes y partes del mismo continuo urbano. Esta decisión fue el principal motivo de aumento en el número de infectados por circulación del virus en el AMBA, dada la interacción del conjunto de distritos urbanos. Como lo señalamos anteriormente “el volátil humor porteño” no puede marcar el devenir de la Argentina.

Contrastando con la ambigüedad política del Jefe de Gobierno, el Gobernador Axel Kicillof habló con precisión del difícil trance que atraviesa el conurbano bonaerense. En esa línea, graficó el esfuerzo apresurado para aumentar la oferta de unidades de terapia intensiva y respiradores -en un distrito donde la anterior mandataria consideró innecesario la construcción de hospitales-, tiempo para esa realización que fue alcanzado con la vigencia de la cuarentena, dilatando la demanda del sistema de salud.

Kicillof habló con consistencia y serena preocupación real por la suerte de sus gobernados, sin idas y vueltas, exteriorizando las diferencias profundas por las que transita el país a pesar de los esfuerzos del Presidente por forzar la convergencia necesaria en el marco de la pandemia.

Esta reseña de lo ocurrido en el anuncio expresa las tensiones en torno al riesgo de desmadre sanitario, pero el cuadro económico puede presentar aristas más gravosas para el recorrido de los próximos meses de bajas temperaturas.

El trimestre de cuarentena otoñal fue muy duro con la actividad. En principio porque se ingresó al mismo desde una economía que venía del deterioro macrista, con una caída promedio anual del 1% PIB en el lapso 2016-2019 y con un dato negativo de desempleo que alcanzó el 10,1% en el primer trimestre 2020.

Las empresas y las familias acometieron el aislamiento social obligatorio en el período abril/junio con escaso resto, dados los golpes previos descriptos. Las medidas de intervención gubernamental para asistir tanto al sector formal de la economía como al informal permitieron soportar el difícil tránsito y, paradójicamente, la ruptura más pronunciada se produjo en el distrito más rico de la Argentina.

El interrogante que surge en la nueva fase de la pandemia es si los paliativos previstos serán suficientes para afrontar un nuevo trimestre de caída de la economía.

El Gobierno ha invertido hasta ahora estímulos fiscales por 2,9% del PIB. Este guarismo, según un relevamiento publicado por la Universidad de Columbia para mediados de mayo, ubica a la Argentina levemente por encima del promedio de inversión fiscal contra la pandemia realizado en América Latina -del 2,4% del PIB- y con menos de la mitad de lo aplicado por los países ricos, que ascendió al 6,7% del PIB.

Estos indicadores permiten ver dónde se paró el Gobierno en el otoño. El invierno exige un esfuerzo mayor por la prolongación en el tiempo de la propagación del virus y también por los desafíos estructurales para la salida de la pandemia.

El bloque opositor embiste contra cualquier intento de avance en una modificación de fondo en la distribución de los ingresos y en la regulación de mercados. El estancamiento del impuesto a los ricos y el ataque judicial a la administración estatal del fallido grupo agroalimentario Vicentín son muestras de lo afirmado.

El cuidado del pueblo realizado hasta ahora requiere un escudo económico mas grueso que el actual. Sino, el enorme riesgo de convergencia de un colapso sanitario provocado por una desesperada ruptura de la cuarentena ante el desplome económico sellará el fracaso de las acertadas políticas del Gobierno y el triunfo de las pretensiones de los sectores más oscuros y antipopulares del país, que fueron desalojados en diciembre pasado por un contundente triunfo popular.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/llego-el-invierno-202062719057

Olegario Víctor Andrade, el poeta de Vuelta al hogar, definió la alianza para atacar al Paraguay entre la Argentina de Mitre, el Imperio de Brasil y el Uruguay de Venancio Flores, de Triple Infamia y nunca mejor puesto el nombre.

Hoy en nuestro país se ha conformado una triple alianza entre los grandes exportadores de grano y aceite, los 10 principales bancos privados que operan en estas pampas y, los fondos de cobertura poseedores de títulos de deuda argentinos. El campo de batalla es la depreciación de nuestra moneda.

Los exportadores quieren más pesos por cada dólar que obtienen por vender productos argentinos en el mundo, si no, no venden, y no quieren que haya una empresa estatal en la producción, acopio y comercio de granos y aceites, por lo que van a hacer lo imposible para impedirlo.

Los bancos son socios necesarios de los primeros, al financiar esas operaciones y como instrumentadores con su documentación (Letras de Cambio, Carta de Créditos, etc.) y administran la conversión de divisas a pesos y viceversa y por su imprescindible intervención para comprar dólares al BCRA ( la Ley 24.144, Carta Orgánica del BCRA de Cavallo lo permite) y fugarlos.

y su intervención para comprar dólares al BCRA. Y los acreedores externos quieren quebrar la resistencia del gobierno plasmada en la propuesta de pago con un período de gracia de tres años (no abonar intereses ni capital hasta mayo de 2023) y después una tasa de interés del 0,5% anual a fin de que el país vuelva a crecer y así pueda cumplir con dichas obligaciones. Si el valor de nuestra moneda se deprecia no solamente sale más cara la deuda, sino que el gobierno debilitado debería aceptar las condiciones impuestas por sus acreedores.

La obligada intervención de la empresa Vicentin SAIC debe leerse en el marco del avance de las tropas aliancistas contra el heroico pueblo paraguayo, es la batalla de Curupayti [1]. Pero para peor, ellos no avanzan en una zona lodosa y nosotros estamos en medio de una pandemia que aísla a los habitantes, limita severamente el trabajo y la producción y obliga a los Estados (nacional, provinciales y municipales) a extremar los recursos para hacer frente al virus y asistir a la población. Finalmente y no como tema menor, con un sector de sectores medios que no entiende nada de nada, pero aceptan las mentiras de los grandes medios y de los Vicentin como si fueran verdad.

Sacando fuerza de debilidad, apoyándose incluso en la legislación vigente escrita por la dictadura de Videla, como la Ley 21.499, sancionada el 17 de enero de 1977, que contempla en el régimen de expropiaciones una “justa” indemnización y que “se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor”, el gobierno de Alberto Fernández anunció la intervención de la firma Vicentin SAIC y la remisión de un proyecto de ley de expropiación.

Un país cuyos sectores de mayores ingresos pueden comprar y fugar 86.200 millones de dólares en cuatro años (un cuarto del PIB anual argentino) no es un país pobre (sí injusto) y demuestra que esos sectores tienen altas tasas de ganancia y por ende capacidad de ahorro. El problema es que ese ahorro en gran parte lo administran los fondos de cobertura que tienen fuerte participación en los títulos de deuda externa en moneda y en jurisdicción extranjera. Una comunidad de intereses en la que BlackRock (que es el fondo más grande por los activos financieros que administra) posee oficialmente el 6% del capital accionario de Glencore y, Glencore que es una empresa multinacional con sede en Ginebra (Suiza) y que posee el 50% de la explotación de oro y cobre en Bajo la Alumbrera (Catamarca), que es socia en la firma RENOVA SA con plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja en Timbúes, con Vicentin SA del Paraguay.

Sabemos que los mecanismos más usuales para fugar capitales fueron siempre la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones y los auto préstamos (aparecen tomando deuda cuando en realidad parte o todo el crédito tiene origen en dólares que lo supuestos deudores fugaron y depositaron en esas instituciones que aparecen como acreedoras). Es el caso del Grupo Vicentin. De otro modo no se explica cómo su nave insignia, que factura por año el equivalente a unos 3.000 millones de dólares y que conforma un grupo económico con Algodonera Avellaneda SA, Industrias Frigoríficas Friar SA, Oleaginosas San Lorenzo SA, Vicentin Paraguay SA, Vicentin Europa, Vicentin Brasil, Vicentin SAIC sucursal Uruguay y Bodegas Vicentin, entre otras empresas, y además es socia de la firma RENOVA SA junto a Oleaginosa Moreno SA —perteneciente a la multinacional Glencore— y Molinos Río de la Plata de Pérez Companc para producir biodiésel, que preside la terminal Puerto de Rosario a través de Gustavo Nardelli quien, junto a Alberto Padoan (que fue Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario)[2], serían los principales dueños del grupo, todos negocios y operaciones fuertemente rentables, sin embargo presenta una deuda que según el concurso abierto en que cada acreedor debió verificar el monto que les adeudan, suma a febrero de este año, en pesos y en divisas $ 100.300.000.000 (cien mil trescientos millones de pesos), equivalentes a unos 1.580 millones de dólares (se toma el tipo de cambio de la verificación de deuda de $ 63,40).

La empresa dejó de pagar sus obligaciones el 4 de diciembre de 2019, pero un día antes seguía recibiendo granos de terceros para acopiar, moler, exportar, transformar en aceite, etc., sin pagarlos, en un sistema impuesto que primero cobra la empresa y luego paga a sus proveedores. El 10 de febrero de 2020 Vicentin SAIC presentó su concurso preventivo y posteriormente presentó una propuesta de pago que era una licuación de la deuda que no fue aceptada por los acreedores reales, incluido el Estado nacional por obligaciones aduaneras, impositivas y previsionales.

En base a las cifras analizadas, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa para evitar aún una mayor concentración de un mercado fuertemente dominado por empresas extranjeras (Cargill; Cofco; Bunge Ceval; Louis Dreyfus; Glencore; etc). De esta manera, el Poder Ejecutivo busca controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía y al mismo tiempo ingresar en un sector que, en los últimos meses y debido a las restricciones en el mercado cambiario, incrementó la especulación financiera.

A las pruebas nos remitimos: la Sociedad Rural Argentina reconoce que en los primeros cinco meses del año se exportaron 64.500.000 toneladas, 9.600.000 toneladas más que en igual lapso del año pasado, y sin embargo la liquidación de las exportaciones es un 18% menor que en igual lapso del año 2019[3]. Obviamente, por un lado retienen exportaciones y por otra parte las que realizaron tardan lo indecible para liquidarlas, especulando con la suba del valor del dólar. La intervención de Vicentin SA hará que aparezcan dichas ventas y dichos ingresos al país. Así, el Gobierno no solo podrá tener injerencia en los precios de los alimentos, sino en término de liquidación de divisas necesarias para diagramar un plan económico, que es lo que la triple alianza trata de impedir.

Como dijo en la conferencia de prensa del lunes 8 de junio el Presidente Alberto Fernández, al anunciar la intervención: “Es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El objetivo es que siga funcionando y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos (se estima en 7.000 trabajadores directos) y que los 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura”.

De allí la importancia de la intervención a cargo de un hombre avezado en el tema, que fuera el último Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, como lo afirma la declaración de los trabajadores del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): “Gabriel Delgado, además de ser un economista altamente capacitado, es un afiliado de APINTA, y desde nuestro gremio abrazamos al compañero afiliado al gremio, que tendrá un rol histórico en la reconstrucción de un país más justo”.

Por ejemplo, a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) le fue verificada una acreencia por $ 4.929.060.800,53 (unos 77.500.000 dólares), pero su Presidente, Claudio Soumoulon asegura que se le adeudan no menos de 90 millones de dólares. Aparecen 2.638 productores que dicen haber entregado granos al grupo económico, y no les pagaron. Incluso se queja de lo mismo la señora Vicentin de Rodríguez, y otros parientes también dicen que la firma Vicentin SAIC les debe plata por no pagarles dicha provisión.

El abogado de la Ciudad de Santa Fe, Mariano Moyano, que fue contratado por acreedores extranjeros del grupo Vicentin, afirma que existe una empresa Nacadie Comercial SA en Uruguay que le compra la producción de granos, harinas y aceites a Vicentin Uruguay SA, que esa firma le vende a su vez a Nacadie Comercial SA en Panamá y que existe una tercera Nacadie Comercial SA en la Argentina. Cuando nos fijamos en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, efectivamente la firma existe y tiene domicilio fiscal en Boulevard Hipólito Yrigoyen 298 de la Ciudad de Reconquista (Departamento de General Obligado – Provincia de Santa Fe), que es el domicilio legal de Industrias Frigoríficas Friar SA, firma del grupo Vicentin, presidida por Cristian Padoan.

Para dilucidar todo esto, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa y el Juez, Fabián Lorenzini, quién antes de ser juez fue asesor legal del Banco Nación Argentina en la Sucursal Reconquista, resolvió el viernes 19 de junio 2020 que continúe administrando la empresa la familia Vicentin. En ese juzgado se realizó la certificación de la deuda de Vicentin SAIC, en Reconquista (Departamento de General Obligado – Provincia de Santa Fe).

Independientemente del futuro de la empresa, debe tener una intervención estatal nacional y provincial que estudie la problemática del grupo, que audite todas las operaciones y certifique los ingresos y egresos, la situación de proveedores y trabajadores y, la deuda con el fisco.

El pasado los condena
El Grupo Vicentin creció sideralmente con las dictaduras militares, primero con Onganía en 1966, cuando incorpora en la molienda de semillas el proceso de extracción por solventes en su planta de Avellaneda, norte de Santa Fe. En 1977 comienza a funcionar una planta de molienda de soja en el mismo complejo y a fines de 1979 se pone en marcha una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, al sur de la provincia. Al mismo tiempo inicia operaciones en nuevas plantas desmotadoras de algodón situadas en puntos neurálgicos de cosecha. Un hito fundamental en la trayectoria de Vicentin consistió en operar y exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná, en 1979.

Vicentin a través de su sociedad controlada Algodonera Avellaneda SA se involucra en el rubro textil con la adquisición de una nueva planta especialmente dedicada a la hilandería y tejeduría con importantes volúmenes de producción. Años más tarde se incorpora al grupo el complejo frigorífico Friar, importante protagonista en el rubro cárnico exportador. En sus tres plantas industriales se procesan gran variedad de cortes vacunos y derivados destinados tanto al mercado interno como a los mercados externos.

Con el menemismo se va a quedar con la terminal Puerto de Rosario que es donde se venden más toneladas de soja en granos en el mundo. Hacia 2005 inicia sus actividades Vicentin Paraguay S.A como agente de comercialización de soja destinada a los complejos industriales en permanente expansión, sumando una cuarta planta de molienda en San Lorenzo que elevó la capacidad de molienda a 21.000 toneladas diarias.

Todo los hicieron tomando deuda en dólares. Como el dólar se atrasaba y les cobraban tasas menores de interés que en pesos, era negocio y cuando el dólar derrapaba, como fue tras la guerra de Malvinas y fin de la dictadura militar, le traspasaban esa deuda en dólares al Estado mediante los seguros de cambio de Domingo Felipe Cavallo de 1982. En el año 2002 hicieron lo mismo por la pesificación asimétrica de Duhalde-Remes Lenicof, Pretendían volver a traspasar la deuda al Estado argentino, cuando el gobierno de Alberto Fernández le dijo que no.

No es que el Estado se apropie de una empresa, es exactamente al revés, ellos los dueños, siempre usaron al Estado para endosarle sus deudas al pueblo argentino.

Este grupo que supo tener un origen familiar en sus inicios en 1929 como algodonera en Avellaneda en el norte santafesino, termina en una red de sedes y sociedades vinculadas que operan en actividades sumamente rentables (que incluye empresas offshore) y, sin embargo, incurre en convocatoria de acreedores.

Su desarrollo exponencial con la dictadura militar queda demostrado en el mismo juzgado de Reconquista donde se tramita su concurso preventivo, que es donde Oscar Raúl Zarza, Efrén Venturini, Heraldo Salvador Sánchez y Adelqui Ramón Gavirondo presentaron la denuncia contra la familia Vicentin de que 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de la misma fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con la Aeronáutica mientras estaban desaparecidos. Las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista están investigando la responsabilidad de la Aceitera Vicentin en la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad.

Juan Bautista Alberdi, que se opuso tenazmente a la invasión al país hermano, concluida la Guerra del Paraguay aseveró que «fue la causa y razón de ser de los empréstitos y emisiones por valor de 80 millones de pesos fuertes en que han endeudado a la República Argentina los gobiernos desde 1861, sin más beneficios para la nación que el yugo de esa deuda, en que tiene que gastar por siglos casi todo el valor de su renta pública”.

Que la historia no se repita y comience a revertirse, depende de esta batalla.

[1] Y ojalá a nuestro gobierno lo ilumine el General paraguayo José Eduvigis Díaz.
[2] El actual Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, aseguró que «hay muchísima desilusión» por el desenlace de la firma y que sus dueños faltaron su palabra.»Diversificaron mucho las inversiones en otros negocios. Tal vez sea mal manejo de la empresa, para no pensar mal y que hubo fuga”.
[3] Según informa CIARA-CEC el monto total liquidado en los primeros cinco meses del año asciende a 6.963.259.090 dólares un 18% menos que en igual lapso del año pasado.

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En el año 2011 en el Ministerio de Economía, integrando como viceministro el equipo del ministro Amado Boudou, comenzamos a evaluar la necesidad de una intervención directa del Estado en los mercados de granos y de energía. La economía venía creciendo a tasas elevadas -del 10% en 2010 y del 6% en 2011- dejando atrás la recesión del 2009 provocada por la crisis financiera internacional, pero las señales de restricción externa comenzaban a asomar.

El desbalance de divisas del sector energético, la caída de la demanda desde Brasil y el aumento de los servicios de deuda pública en los próximos años obligaban a pensar cambios en el modelo de sector externo de apertura administrada que había regido en el lapso 2003-2011, sobre todo en el movimiento de divisas proveniente del comercio de “commodities”. Alimentos y energía son bienes centrales tanto en la oferta de divisas como en el consumo popular. Su regulación, entonces, es clave, máxime en un contexto de restricción de dólares.

El impulso a la presencia directa en energía culminó con la compra del 51% del capital accionario de YPF en poder de los españoles en el año 2012, configurándose una empresa mixta con control mayoritario del Estado.

El proyecto de una agencia estatal comercializadora de granos no prosperó. No obstante, abrió debates en la segunda presidencia de Cristina que fueron promovidos por figuras como Julián Domínguez, ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente de la Cámara de Diputados, o Sergio Urribarri, gobernador de la Provincia de Entre Ríos, poniéndose énfasis en la necesidad de regulación de los precios internos de los alimentos y el control del flujo de divisas del comercio exterior.

Pero una de las aristas más interesantes de las ideas en circulación fue el aporte a una revisión de la inserción internacional argentina y la optimización de una relación bilateral Estado-Estado con nuestro principal comprador de productos primarios: La República Popular China

En ese tiempo la Argentina se encontraba sólidamente inserta en la expansión del flujo de transacciones en Suramérica -convertida la región en el principal destino de nuestras ventas externas de productos manufacturados- y el modelo a seguir era el delineado por Néstor y Lula en la relación Argentina-Brasil después del rechazo al ALCA: las cancillerías y no los mercados organizaban el flujo de comercio e inversiones entre ambas naciones. De este modo, en 2011 el intercambio llegó a su pico de u$s 43.000 millones, más que duplicando el magro cierre de 2019 de u$s 20.500 millones. Inclusive se había comenzado tímidamente a realizar transacciones directas peso-real como sendero hacia la desdolarización del comercio bilateral.

La reproducción con China de una relación similar a la mantenida con Brasil en ese entonces contaba con el impulso de la nación oriental a encuadrar la compra-venta de productos primarios en un vínculo interestatal que sacara del medio al mercado multilateral dolarizado y, simultáneamente, a promover la creación de un canal financiero para la compra de productos y la recepción de inversiones chinas, a través del denominado acuerdo de “swap de monedas”.

China, como potencia emergente y siendo la segunda economía global, intenta que su moneda alcance poder de circulación internacional -como ocurre con el dólar o el euro- y un mecanismo para ellos es expandir sus transacciones en relaciones bilaterales con otros países, siendo la Argentina un socio relevante en ese objetivo.

El swap de monedas peso-yuan por el que Argentina puede usar los yuanes para cancelar importaciones, recibir inversiones -como el caso de la construcción de la represa Cepernic-Kirchner- y/o atesorarlos como reserva internacional, tuvo su inicio en el primer acuerdo celebrado en 2009 y fue ampliándose en sucesivos convenios hasta el presente mes de marzo, en el que la Argentina pide la renovación por un monto de u$s 18.600 millones. Ese importe representa un 43% de las reservas internacionales en el Banco Central.

La no concreción de la agencia estatal argentina de alimentos, definió que en el año 2014 la empresa pública China National Cereals, Oil & Foodstuffs (COFCO) adquiriera el 51% del grupo Nidera y de ese modo ingresara directamente en el mercado nacional de alimentos. En el año 2018 COFCO-Nidera aparece cuarta en el ranking de comercialización de granos, harinas y aceites con el exterior, con 6,8 millones de toneladas totales exportadas, equivalente a un 10% de dicho mercado.

En ese mismo registro del año 2018, la hoy concursada e intervenida Vicentin se encuentra en el puesto número 6, con 6,5 millones de toneladas totales vendidas al exterior, reuniendo el 9% del total exportado. A su vez, YPF-Agro ocupa el lugar 13 del ranking, con 0,7 millones de toneladas totales comercializadas externamente, alcanzando el 1% de las exportaciones.

Si se construye desde las ruinas de Vicentin provocadas por sus propios dueños una empresa pública de alimentos con capacidad de intervención en el mercado local y del exterior, se estará en posición inmejorable de avanzar en un acuerdo bilateral interestatal Argentina-China, que redefina la situación de vulnerabilidad externa que atraviesa nuestro país.

https://www.eldestapeweb.com/economia/expropiacion-de-vicentin/por-que-vicentin-es-la-clave-de-la-relacion-con-china-202062019047.

Caso 1: el abandono de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni planteó con precisión la imposibilidad de coordinar la política de aislamiento social obligatorio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dada la súbita apertura masiva de comercios y el levantamiento de restricciones para circular para los habitantes de la ciudad capital. Habida cuenta que Buenos Aires no es un núcleo urbano inserto en un entorno rural, sino que, por el contrario, se enclava en un tejido construido extenso en superficie y denso en población que permea a la jurisdicción con alta movilidad diaria de transeúntes, la decisión unilateral de abandonar la cuarentena acercándose el pico de la pandemia impacta de lleno en el área metropolitana que la circunda, y sin embargo ocurrió.

A pesar de media docena de conferencias de prensa que reunían al Presidente de la Nación con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, en las que este último enaltecía permanentemente “el trabajo en equipo” -muletilla macrista si las hay- relajó el aislamiento y disparó el número de contagios con epicentro en la Ciudad, pero con onda expansiva al área metropolitana, sin medir consecuencias sobre el sistema de salud. El cinismo también es un atributo macrista.

Caso 2: el impuesto a los ricos

Hay u$s 100.000 millones declarados como consecuencia de último blanqueo impulsado por el Gobierno de Cambiemos en el 2016 que permanecen en el exterior del país. Se trata de fondos acumulados mediante la evasión fiscal y la fuga de capitales que padece el país como una endemia de su economía. A pesar de beneficiarse con el derecho de mantener esos activos fuera de la Argentina y pagar una alícuota bastante menor de la que hubiera correspondido para blanquearlo, también se han visto favorecidos por una rebaja gradual de la alícuota a los Bienes Personales en estos últimos años.

La pandemia ha impactado en la economía global y numerosos países han adoptado medidas para contener el declive de la actividad y la pérdida de ingresos de sus ciudadanos, acciones que deben ser financiadas con distintas fuentes, entre ellas la contribución de los ricos al sostén del tejido social.

En la Argentina el intento de tratamiento parlamentario de una contribución a las grandes fortunas reestableciendo alícuotas razonables del impuesto a los bienes personales, sobre todo sobre los bienes radicados en el exterior, ha sido respondido por la oposición con virulentas diatribas al planteo redistributivo solidario propaladas a través de los medios de comunicación hegemónicos y la realización de un cacerolazo de repercusión en el tradicional arco norte de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios bonaerenses costeros de la también confortable línea del Norte.

Caso 3: la intervención de la empresa Vicentin y el proyecto de su expropiación

El grupo agroalimentario Vicentin se presentó en concurso preventivo en diciembre pasado, arrojando una deuda impaga con el sector público consolidado de $ 29.600 millones verificada a febrero de este año. Dicho importe se conforma de $ 18.200 millones adeudados al Banco Nación, $ 1.800 millones al Banco Provincia y $ 9.600 millones de impuestos no abonados a distintos fiscos. Además, dejo un tendal de productores agrícolas que le vendieron su cosecha y no recibieron la liquidación de los fondos generados. La participación de la empresa en el mercado de comercialización de soja oscila en el 10%, con presencia en la actividad de biocombustibles y producción de alimentos para el consumo interno.

La intervención del Estado en este escenario responde, primero, a una razón de responsabilidad legal que consiste en accionar para resguardar los casi $ 30.000 millones de fondos públicos que Vicentín adeuda. En segundo lugar, se trata de una oportunidad para construir un regulador público del mercado de alimentos para exportar y destinar al mercado interno.

En la columna pasada advertíamos sobre el mal desempeño de las cuentas externas en el primer cuatrimestre del año, en parte por la existencia de exportaciones agrícolas no realizadas o no liquidadas al Banco Central. La construcción de una agencia comercializadora de granos estatal, proyecto barajado hace tiempo en varios círculos de economistas heterodoxos, permite intervenir y transparentar ese mercado. Del mismo modo en la producción de alimentos para el consumo popular, desvinculando precios internos de los internacionales, tema que abordamos en columnas anteriores.

La intervención y potencial expropiación de Vicentín es un avance notable en la construcción del abastecimiento de bienes esenciales -alimentos y energía- para nuestro pueblo. Su imbricación en un grupo empresario mixto con YPF delinea un horizonte virtuoso en ese sentido.

Nuevamente, la oposición respondió con furia poco democrática presentando una denuncia penal contra el Presidente, vociferando en los medios hegemónicos con planteos de “poner límites al Gobierno” por fuera de los correspondientes al funcionamiento de las instituciones y agregándose el consabido cacerolazo de la zona de Norte de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios aledaños.

La descripción de los tres casos revela la absoluta falta de consenso y el intento de quebrar resueltamente las políticas de Gobierno destinadas a proteger al pueblo, en dos direcciones: ruptura de la cuarentena y propagación del virus y a la vez deterioro acelerado de la economía.

La cuarentena ha impedido hasta ahora la saturación del sistema sanitario y consecuentemente ha garantizado la preservación de vidas. Una apertura irresponsable como la ocurrida en la CABA lesiona directamente ese objetivo.

El impuesto a las grandes fortunas allega recursos ociosos al Fisco, imprescindibles para amortiguar el impacto de la pandemia, pero también para trazar una perspectiva de restablecimiento del equilibrio de las cuentas públicas a mediano plazo. La intervención estatal en el mercado alimenticio y la comercialización de granos y oleaginosas con el exterior asegura mejores precios internos y flujo de divisas positivo, coadyuvando a nivelar las cuentas externas.

La oposición pretende un colapso sanitario y un desborde macroeconómico fiscal y externo, procurando en forma más o menos desembozada la desestabilización del Gobierno.

El Gobierno de la coalición peronista debe afirmar su agenda en curso y apoyarse en la enorme mayoría democrática que lo respalda para reparar y frenar los daños causados y que pretende perpetrar la barbarie macrista. La Argentina no debe funcionar al ritmo del humor volátil de los porteños ricos, que salen a correr masivamente ignorando el riesgo del virus o cacerolean defendiendo causas de minorías privilegiadas.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/el-semestre-sin-consensos-202061311180

En este documento retomamos la inflación o los Índices de Precios del mes de ABRIL y un par de agregados. Con la pandemia en pleno desarrollo, la inflación no pasa desapercibida, pero hoy la urgencia tiene que ver con la sobrevivencia. No obstante, para no cortar la línea de información publicamos este informe ya que la economía tiene que seguir funcionando, hoy operando casi con grilletes y lentamente abriéndolos.

¿Dónde quedaremos? Como ha dicho el Presidente en la reciente reunión con empresarios: “Lo peor de la pandemia ya pasó”. Pero también en la información sobre la extensión de la cuarentena aclaró: “sigamos atentos la situación, que nadie tome con displicencia este tema”.

La atención de la población y de los gobiernos (en todos los estamentos) es cómo afrontar el Covid-19 en esta nueva etapa.

Como siempre, el énfasis es la inflación con algunas conjeturas. Los gráficos tratamos de hacerlos más claros poniendo el acento en las variaciones de cada mes, en 12 meses y por año.

Podemos agregar que la inflación de abril pudo hasta con el Covid-19, pero acuso recibo. El promedio de varios organismos alcanza el 1.8%; el Indec Nacional un poco más abajo, el 1.5%.  Si vemos la inflación de abril 2020 en algunos países, España, valor 0.3%, Italia 0.1%, Francia -0.03 %, Estados Unidos -0.67 %, Chile 0.03 %, Brasil -0.31%, Perú 0.10 %. Por el momento nada nos hace desviar de nuestra clara senda inflacionaria, seguramente mayo no será distinto, pero no podemos dejar de reflexionar que la inflación debería bajar significativamente, a pesar de todos los ruidos monetarios. Después de la plaga seguramente diremos otra cosa.

Una muestra de nuestras dificultades la da el Word Economic Outlook (WEO del FMI de abril 2020). Mientras Argentina no figura en su informe con una proyección de inflación, todos los países restantes de América Latina, sí. Pronosticar inflación en la Argentina es moverte en arenas movedizas.

Al final agregamos tres temas que quitan el sueño. Uno tiene que ver con la tasa real de interés, otro con el atesoramiento y finalmente el riesgo país. Sobre lo segundo no nos sorprende los millones de personas que compran dólares, algunos seguramente un montón cuando existía esa posibilidad y otros muchos menos. En el 2020 siguieron siendo miles, pero duramente acotados en el monto de compra. Todo esto atenta contra las hipótesis de Fontanarrosa o Inodoro: “Creo que casi todos los grandes logros y avances de la civilización se debieron a la vagancia. O sea, el tipo que inventó la rueda es porque no quería caminar más. Y después de la rueda, el otro invento maravilloso, que ha hecho dar un salto cualitativo y cuantitativo a la humanidad, es el cambiador del televisor”. Pero comprar un dólar implica estar expuesto al clima, largas colas, sacrificios y condena al fuego eterno. Nada que se pueda asociar con la vagancia.

2020 ABRIL IPC Prod. en MAYO Inflación, tasas, bimonetaria.docx

Dos hechos relevantes en el plano económico signaron la semana; la postergación de la presentación de la oferta definitiva de reestructuración de la deuda pública argentina para el 12 de junio y el encuentro del Presidente y su equipo económico con los empresarios relevantes de la Nación. Ambos eventos dirigen la mirada hacia el sector externo. El primero porque define compromisos de erogaciones de divisas a mediano plazo y el segundo porque, según lo trascendido, se focalizó en un debate sobre el acceso al mercado cambiario de los agentes económicos más poderosos.

No deja de sorprender el hecho de que una Nación esté atravesada por el riesgo de saturación de la demanda de su sistema de salud pública -impuesto por la propagación del virus- que ocurre concomitantemente con un desplome histórico de su nivel de actividad y, sin embargo, su agenda clave la constituyan la oferta de reprogramación de deuda pública y las regulaciones sobre el movimiento de divisas.

Con estos tópicos arriba de la mesa, resulta imprescindible abordar el comportamiento del sector externo, en este caso el desarrollo durante el primer cuatrimestre del corriente año, conforme a las últimas cifras disponibles que se despliegan en el cuadro que continúa:

                 Evolución del mercado cambiario (1)

Cifras en millones de U$S

EVOLUCIÓN BALANCE CAMBIARIO                                      PRIMER CUATRIMESTRE 2020

COMERCIO EXTERIOR 

COBRO EXPORTACIONES                                                             16319

PAGO IMPORTACIONES                                                                -12949

RESULTADO BALANCE COMERCIAL                                                3370

DEUDA FINANCIERA PÚBLICA Y PRIVADA

PAGO DE INTERESES                                                                    -1387

MOVIMIENTO NETO DE CAPITALES                                                 -2365

RESULTADO FLUJO DE DEUDA                                                        -3752

EGRESOS POR FORMACION ACTIVOS EXTERNOS                             -1900

OTROS MOVIMIENTOS NETOS                                                         2225

RESULTADO MERCADO CAMBIARIO                                                  -57

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/el-todopoderoso-sector-externo-2020661280

En la contabilidad pública de un país existen tres grandes cuentas que reflejan la situación fiscal, monetaria y cambiaria y las tres, desde al año 1956 en que nos adherimos al FMI, se compilan de acuerdo al Manual de esa institución, de modo que cualquier técnico de afuera, incluso sin saber castellano, puede leerlas.

La primera es el presupuesto que es el plan anual de un gobierno. Sus números no son buenos. Dada la necesidad de enfrentar a la coronavirus se debieron reasignar recursos para comprar equipos médicos y para asistir a la población, a través del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo). Los ingresos son muy inferiores a los esperados: en el último mes contabilizado, abril de 2020, el déficit fiscal fue de 266.050 millones de pesos, o el 45,69% del gasto total de la Administración Nacional y supera en un uno por ciento el PIB anual.

Mayo de 2020 no se presenta mejor: la recaudación suma 499.535 millones de pesos que es un 12,4% mayor a la del mes de mayo 2019, mientras la inflación en ese lapso superó el 50% anual. Paralelamente las obligaciones de mayo son superiores a las de abril, pero con una ventaja sideral, y es que al no pagarse la deuda vencida el 22 de abril 2020 esos recursos se reasignan para reducir el déficit. Se torna imprescindible el cobro de impuestos a los sectores de mayor patrimonio del país, sector que incluso se beneficia con los activos que tienen en el exterior y que no tributan en la Argentina y las personas físicas que tienen residencia en el exterior solo pagan por los bienes que tienen en el país, lo cual explica porque son tantos los que pasaron a tener domicilio fiscal en el Uruguay.

El impuesto a las 13.000 o 14.000 personas más ricas del país para recaudar por una única vez unos 3.500 millones de dólares[1], se demora lo indecible y encima de salir la ley no está librada de presentaciones ante la justicia argentina para demostrar que es inconstitucional y/o que hay duplicación de impuestos. La decisión debe ser política, la coronavirus avanza en los barrios populares y no observamos que se diga que se viola la Constitución Nacional cuando el Estado no les garantiza los medios para preservarse y curarse.

La función del Estado es  detraer recursos de los que tienen manifiesta capacidad contributiva y asistir a la sociedad, máxime en un estado de conmoción general.

Dinero y bancos

El dinero debe tener doble función, la de ser medio de cambio (y de esa manera ser el nexo entre la producción, la distribución, el comercio y el consumo) y la de ser instrumento de ahorro para convertirse en crédito que permita financiar mayores niveles de inversión y de consumos.

Sin embargo, el crédito total otorgado por el conjunto de las entidades financieras, incluidos los subsidios a tasa del 24% anual para pymes y a tasa 0% para monotributistas y autónomos que implemento el actual gobierno, se acrecentó en lo que va del año solo un 9,3%. Y lo mismo pasa con el total del dinero emitido y puesto en circulación por el BCRA (Base Monetaria) que solo se incrementó en un 16,5%. Mientras el dólar blue lo hacía en un 62% (de $ 78,5 a $ 127.-) en el mismo período.

La esterilización del dinero creció un 72,3% en el período referido. Si a eso le sumamos las necesidades del Tesoro por $ 1.164.730 millones, suma que representa el 42,3% del total del crédito al sector privado y el 56,5% de la base monetaria, que es de por sí un despropósito, se explica la falta de medios de pagos en la Argentina de la pandemia. Se rompen las cadenas de pagos y se acumulan los cheques rechazados porque el dinero no alcanza para cumplir el rol de nexo (no hay dinero en la calle) y, sin embargo, el sistema financiero y cambiario se retroalimenta a escalas siderales, reflejadas en el valor del dólar blue. Es inconcebible que en medio de la pandemia no crezca el crédito ni la cantidad de dinero con una economía en franco descenso y, el dólar blue vuela por el aire.

Otra forma de ver la limitada presencia del crédito en la economía argentina es analizar su importancia macroeconómica. A mayo de 2020 el total de créditos concedido por el conjunto de las entidades del sistema financiero local al sector privado era del 11,36 del PBI, nivel muy, pero muy inferior no solo al verificado en las principales economías desarrolladas, sino también de nuestra propia historia monetaria (solo es una cuarta parte de lo que alguna vez fue). Esa baja participación del crédito indica que las empresas se deben financiar con su propio capital, y/o deben obtener financiamiento fuera del sistema financiero argentino y explica la fuerte extranjerización de la economía argentina.  Pero el grueso de las 600.000 micro, pequeñas y medianas compañías dependen del crédito y no lo obtienen.

Estamos hablando de que 13 bancos públicos (Nación; Provincia de Buenos Aires; Provincia de Córdoba; Ciudad de Buenos Aires; Municipal de Rosario; del Chubut; de la Pampa; de Corrientes; provincia del Neuquén; provincia de Tierra del Fuego; de Inversión y Comercio Exterior; Rioja y Nuevo Banco del Chaco) generan el 40% del crédito total y 10 bancos privados (Galicia y Buenos Aires; Macro; Patagonia; Santander Rio; BBVA; HSBC; ICBC; Citibank NA; Credicoop y Supervielle) el 55% de los préstamos, cuando esos diez bancos privados tuvieron una ganancia en el año 2019 equivalente a 8.000 millones de dólares y su tasa sobre Patrimonio (ROE) fue del 75,56% promedio (contra un IPC del INDEC del 53,8%)

La conclusión es obvia: sube sin parar el precio del dólar marginal y la gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas no venden y no obtienen créditos para financiar stocks y poder pagar los salarios a los trabajadores parados o semi parados por la pandemia. Las soluciones son dos. En lo inmediato, se debe obligar a los 23 bancos nombrados a prestar a las empresas de acuerdo a la nómina salarial del año pasado (antes de la pandemia) y allí no tienen pretexto de que falta documentación, etc. etc., la cantidad de trabajadores con aportes demuestra la solvencia de la empresa en tiempos normales. Y en lo mediato, crear un Banco Nacional de Desarrollo que financie proyectos de inversión y de sustitución de importaciones y de promoción de exportaciones, incluso puede conformarse en base al BICE y al Banco de la Nación Argentina.

La soberanía [2] cambiaria

En nuestro país existe una relación inversamente proporcional entre el valor del tipo de cambio (del dólar) y el salario. Cuando el dólar sube, el poder adquisitivo del salario cae. En ese marco la soberanía cambiaria es que el gobierno continúe administrando el tipo de cambio y con ello protegiendo el poder adquisitivo de nuestro salario, no solo por una cuestión de justicia social, sino porque además nuestro país históricamente crece cuando crece el mercado interno, mercado que se nutre y se sustenta del salario. Para ello debe prohibir mientras dure la pandemia la compra y venta de dólares (incluidos los 200 dólares por mes), y todas las operaciones de compra y venta de acciones y títulos que se pasen a dólares y, si se quiere importar, que en todos los casos se financie con el exportador del otro país.

El BCRA mediante la Circular A 7030 del 28 de mayo 2020 dispuso que si una empresa tiene Formación de Activos Externos líquidos (está en la lista de los que fugaron capitales) debe primero disponer de esos recursos para el pago de las importaciones o deudas antes de solicitar los dólares al BCRA y, también, extendió de 30 a 90 días la condición de no adquirir divisas a través de operaciones de Contado Con Liquidación y MEP, para el que acceda al mercado oficial. Esa imprescindible y lógica medida hizo que lo más granado de nuestros empresarios se vieran con el Presidente de la Nación.

Los exportadores del período agosto de 2016 a enero de 2019 en que el gobierno de Cambiemos les había concedido plazos para liquidar sus ventas de 5 a 10 años y después, el 2 de noviembre de 2017 sin límite alguno, abusando de tal situación no liquidaron a la fecha operaciones por más de 16.000 millones de dólares. Según el experto en comercio internacional Fernando Basso, como pagan el derecho de exportación cuando realizan la operación, nada impide que cuando ingresen esos dólares se los liquide al mismo precio que cuando pagaron las retenciones, esto es, si se acogieron a ese beneficio en septiembre de 2016 y esperan liquidar hasta septiembre de 2021, cambiárselos al precio de cinco años atrás. Con esa simple resolución, seguramente que harían cola para vender ya e ingresen las divisas tan necesarias para pagar insumos y equipos demandados por el país por el Covid -19.

Un estado soberano

La prueba de fuego de defensa de la soberanía monetaria y cambiaria va a estar dada en la medida en que no se ceda a la presión de los devaluacionistas, en que se impulse el crédito a la producción y se defienda el trabajo y el mercado interno, en un marco de crisis internacional agudizada por la pandemia y ante la necesidad imperiosa de disciplinar a los que más se han beneficiado en la historia de nuestro país.

Con lo que es claro que se torna imprescindible que se discipline a los poseedores de capital y organizadores de gran parte de la producción, como sucede en Corea del Sur, en Japón, en Malasia, en Australia o en cualquier país que ha avanzado en su economía y en el bienestar de la población.  Ese disciplinamiento es posible, en primer lugar, con un mayor conocimiento del sector y con medidas que los obliguen a cumplir su función, los bancos a dar créditos, los exportadores a liquidar las operaciones y todos a pagar impuestos.

El Estado es el garante del crecimiento, de expandir la “demanda efectiva” y con un análisis inteligente amalgamar la lógica de la formación de los precios con la existencia de mercado interno y externo, y la preservación del poder adquisitivo, y con ello el nivel de vida presente y futuro de la población.

De no ser así, el Covid-19 hará estragos en la población sin medios de defenderse por una parte y por la otra, se marcha lenta pero inexorablemente a una híper devaluación con cambios de precios relativos que tarde o temprano reproducirán los fenómenos del año 1989 o de los años 2001/2002.

[1] Suma que alcanzaría para cubrir solamente el déficit fiscal del mes de abril que al tipo de cambio oficial son los 3.500 millones de dólares.

[2] Soberanía, derecho que tiene un Estado para ejercer sus poderes.

elcohetealaluna.com/los-bancos-toman-todo

Don Víctor me vio salir de casa, alzó una mano y cruzó la calle para hablarme. Hasta ese momento sabía que hincha por Platense y fue maestro de primaria. Sin embargo, el viernes pasado me confió un problema con dos componentes difíciles de resolver. “¿Usted qué cree? ¿Habrá un mañana para nosotros, los de más de 70?”, me preguntó y luego, sin acortar distancia ni quitarse el tapaboca, añadió: “porque entre el virus y como vienen las jubilaciones nos veo en el horno”.

Es sabido que la epidemia del Covid-19 interrumpió vidas, planes y sueños por doquier. Y también que los adultos mayores, como este vecino, han sido uno de los grupos que soportaron la peor parte.

Porque a las estadísticas que revelan su fragilidad ante los embates de contagios, se le deben sumar los discursos que pretenden marginarlos de un futuro que, a ciencia cierta, nadie puede predecir.

En este sentido, se le resta importancia a sus relaciones sociales. Incluso a sus propias existencias en esta complicada coyuntura histórica. Por ejemplo, hay quienes, apelando al darwinismo social, sugieren abandonar su atención para dedicar esos esfuerzos a rescatar la economía. Y otros que plantean la posibilidad de aislarlos hasta que desaparezcan por completo la enfermedad y los posibles rebrotes.

Por esto, cuando la tímida hierba de agosto, como dice el poeta, los vuelva a redimir de tanto dolor y desaliento, la sociedad en su conjunto deberá revalorizar su pertenencia y posición en el mundo. Ya sea en los vínculos con la naturaleza o con los amigos y familiares.

Situándose muy lejos de observarlos como débiles o irresponsables por haber sido considerados población de riesgo y, aun así, continuar deseando emociones conocidas o desconocidas con la torpe, libre y atrevida actitud que suele manifestarse a esa altura del partido.

La cuestión de las jubilaciones, en cambio, comprende distintos aspectos. En principio, cabe señalar que el régimen previsional engloba a seis millones de beneficiarios. Y que cuenta con recursos provenientes de los aportes de trabajadores, empleadores y autónomos y también del sector público, vía impuestos y rentas específicas.

Unos 50 mil millones de dólares contribuidos en forma pareja. Aunque los primeros tendrían que ser más cuantiosos. Es un esquema llamado de reparto asistido que funciona, a grandes rasgos, del mismo modo que en Alemania, España, Nueva Zelanda y otros países.

Su origen se remonta a las pensiones graciables que concedían los gobiernos patrios y a leyes que favorecieron en aquel tiempo a militares y magistrados. Pero el primer instituto específico se creó en 1904, con la caja de jubilaciones para los empleados estatales. Luego, con el correr de las décadas, hubo un notable crecimiento en la cobertura de los asalariados en blanco. Algunos hitos de esa etapa fueron la reciprocidad jubilatoria, la seguridad social con rango constitucional y la unificación de parámetros. Al igual que el acceso de las amas de casa y la organización del PAMI.

Mientras que en este siglo se destacan la restitución del régimen público, con la supresión de la gravosa capitalización individual implantada por el gobierno de Menem, y la movilidad de los ingresos establecida en 2008. Además de una sustancial incorporación de los trabajadores autónomos y no registrados mediante la pensión universal y un nuevo régimen para el personal de casas particulares. Y, sobre todo, a través de las moratorias de 2005 y 2014 para los que habían hecho cotizaciones esporádicas o insuficientes y se les permitió completarlas después.

Estas medidas, si bien pudieron ser mejor instrumentadas, verificando por caso la condición de algunos beneficiarios, resultaron una indudable ayuda para amplios sectores de menores recursos. Y, al mismo tiempo, permitieron atravesar el declive de los últimos años sin escenarios de anomia social.

Pero las crisis económicas y los vaivenes introducidos en su funcionamiento han ido menguando la eficacia del sistema. En particular, el nivel y la estabilidad de las prestaciones. Además de elevar su presupuesto hasta representar más de un tercio del gasto público nacional y un porcentaje significativo de su déficit. Y de mantener una brecha infamante entre jubilados que asumieron riesgos similares a lo largo de su trayectoria profesional: una diplomática o jueza percibe un retiro promedio veinticinco veces mayor que una argentina común.

Sería deseable entonces que el Congreso, una vez superada la pandemia, cumpla con el compromiso de restablecer una fórmula reparadora para actualizar los haberes. Y tomando en cuenta que Argentina tiene diez años por delante en los cuales la población en edad de trabajar será superior a la potencialmente inactiva, promueva un debate para definir la manera de aprovechar esta ventaja. Y para potenciar al sistema mediante el aumento de la recaudación previsional a través de recursos genuinos.

Alentando el trabajo decente, las contribuciones patronales y un manejo apropiado de los fondos de garantía. Además de un crecimiento que privilegie los empleos de calidad y la capacitación laboral.

Se trata, en suma, de una combinación de acciones que requieren un amplio consenso. Y, tal vez, un capítulo de un acuerdo global. De esta forma, la circunstancia de vivir más años podrá resultar, en el plano simbólico y material al menos, una noticia aceptable.

https://www.clarin.com/opinion/-lugar-viejos-_0_AXL8ZP3Ps.html