En el excelente ensayo “Del choque al diálogo de civilizaciones. De la globalización a la perestroika en EEUU” sus autores Walter Formento y Wim Dierckxsens, describen con mucha precisión el conflicto que surca la principal potencia del mundo, entre las élites aferradas a sostener el modelo global y los renacidos planteos de un reordenamiento en clave continental promovidos desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia.

Al referir al comportamiento de la Reserva Federal como garante del valor de las acciones corporativas a través de la emisión monetaria “sin límites”, el trabajo focaliza la disputa globalizadores-continentalistas en torno a la potencial propiedad de las empresas de inteligencia artificial, Google-Apple-Facebook-Amazon-Microsoft (GAFAM) rescatadas con fondos federales y reseñan la constitución de un fondo administrado por BlackRock que protegería dichos paquetes accionarios de una “compra hostil” (“take over”) por parte del Gobierno.

Al respecto, describen: “Existía la expectativa al otorgar crédito mediante la expansión monetaria sin límite coordinada entre la Fed y el Tesoro (gobierno de Trump), que la articulación entre el gran capital no-globalista (JPMorgan, Goldman Sachs, Bank-of-America, Warren Buffet, entre otros), la Secretaria del Tesoro y el Gobierno de EEUU podrían forzar la situación y consolidar un reposicionamiento como dominantes en el Complejo Estratégico de Inteligencia Artificial angloamericano. Esto lo harían ‘comprando’ las acciones GAFAM, a través de la expansión monetaria ilimitada”.

Para concluir: “Se le ‘otorgó’ a BlackRock un contrato sin licitación en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES) para ‘desplegar y manejar’ un fondo de $ 4 billones en créditos de la Reserva Federal y otro de casi medio billón del Tesoro (…) Por el momento podemos considerar este hecho como un golpe de estado del Globalismo (BlackRock) que lo fortalece y reposiciona frente al Continentalismo (JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America-Warren Buffet) y a los nacionalistas (Trump).”

En respaldo del cuadro de situación descripto, el analista financiero Germán Fermo escribe en el Cronista Comercial: “De una locura pesimista en marzo 2020 pasamos a una locura exuberante en julio 2020 liderado por el equity tecnológico…No parece razonable un mundo entero comprando tecnológicas…”

El despliegue de este conflicto en los Estados Unidos, abordado también en la columna anterior, ubica al fondo de inversión BlackRock como espada protagónica de los intereses del capital financiero global administrando la protección de las empresas GAFAM, núcleo duro del control social a escala planetaria a través del conocimiento y el procesamiento de los datos individuales de los ciudadanos, en lo que se conoce como “Big Data”.

Una globalización en declive desde la crisis del 2008 y golpeada en forma casi irreversible por el impacto del virus en las economías nacionales, redobla su apuesta de poder en la conjunción de acumulación de capital en las finanzas y control social mediante los sistemas de inteligencia artificial que relevan en línea el comportamiento de la población.

El fondo de inversión BlackRock emerge como articulador de dicha conjunción Finanzas-Big Data en la disputa de élites estadounidenses. Esta institución financiera admite gestionar una cartera de u$s 5,1 billones con tenencias de títulos-valores de todo el mundo y pretende ejercer un rol de custodio de la cotización de esos activos financieros en todo el planeta, papel que ya desempeñó en la crisis de Grecia impulsando las posiciones más duras del ajuste que sufrió esa Nación. En el año 2010 las reestructuraciones de la deuda pública europea golpeada por el crack del 2008 desembocaron en sucesivos planes de austeridad, siendo Grecia una muestra ejemplificadora a imitar por el resto de los países de la Unión Europea.

El comportamiento descripto se repite en la Argentina, donde BlackRock aglutina el conglomerado de bonistas que en forma sistemática aumenta las exigencias de condiciones que debe contener el proceso de reestructuración de deuda, dilatando el fin de las negociaciones frente a la resistencia a sus pretensiones que ejerce el Ministro Guzmán en defensa del interés nacional.

Es un escenario similar al de Europa en el 2010, pero agravado por el alcance y la escala de la crisis detonada por la pandemia. Una salida favorable hacia la Argentina de la reestructuración de los u$s68.800 millones sujetos a canje, implicaría la reproducción de esas condiciones beneficiosas en los casi 50 países en dificultades con sus compromisos con el exterior.

BlackRock erigido en gendarme del capital financiero global en alianza con las empresas de inteligencia artificial, comanda el conflicto de élites en los EEUU, pero a la vez traslada ese rol de preservación del valor de los activos financieros al mundo en crisis por el virus COVID-19.

Argentina en los canjes 2005/2010 ha evidenciado como una nación con liderazgo firme y convencida de la justicia de su causa puede destruir capital financiero y adaptar el valor de esos títulos al funcionamiento de su economía real. Los canjes 2005/2010 reestructuraron deuda por valor nominal de u$s 75.600 millones, emitiendo bonos nuevos por u$s 29.900 millones resultantes de una quita de capital aplicada de dos tercios.

El fallo del entonces juez Thomas Griesa sobre los montos no reestructurados y validado por el Gobierno de Mauricio Macri pretendieron obrar como un correctivo de esa acción. Después de todo, quien canceló el reclamo de los “fondos buitres” y los bonistas no ingresados al canje fue el mismo que convocó a BlackRock a comprar casi toda una serie de Títulos emitidos localmente: Luis “Toto” Caputo. Este fondo de inversión también tiene participación accionaria en bancos, empresas de energía y de comunicaciones argentinas.

El desequilibrio, llamado simpáticamente “burbuja”, entre activos financieros y activos reales es un dato mundial que la economía ha venido padeciendo desde hace tres décadas y que tuvo su primera explosión masiva de “burbuja” en el 2008. Ese crack se resolvió preservando el valor de los activos financieros como nuevamente ocurre ahora en EEUU.

Ahora bien, el capitalismo financiero no ofrece recuperación de la demanda efectiva ni expansión de la producción. La pregunta es si la profundidad de la crisis provocada por la pandemia soporta en todos los países un esquema de resolución igual al del 2008.

BlackRock presiona y Argentina intenta no ceder. Pero como se desgrana en esta columna, el conflicto tiene un alcance mucho mayor que los dólares de diferencia entre el valor presente neto de la oferta nacional y el pretendido por el fondo de inversión.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-mundial/blackrock-el-gendarme-financiero-que-aprieta-a-la-argentina-202072519023.

La Argentina no es un país pobre sino terriblemente injusto, con una población de unos 45 millones de habitantes y una tasa de Actividad que ronda el 47%, quiere decir que aproximadamente 21.150.000 personas forman la Población Económicamente Activa (que está en condiciones de trabajar), por ende si al mes de mayo de 2020 el total de personal público (nacional, provincial y municipal) es de 3.194.700 personas y los trabajadores registrados del sector privado suman 7.595.704 —sumados a asalariados de casas particulares, independientes autónomos y monotributistas, lo que conforma un total de 12.076.810 trabajadores formales—, se deducen dos cosas:

1. Que un país que tiene recursos naturales y capital para generar trabajo para todos, cuenta con 9.000.000 de desocupados y/o con precariedad laboral (hecho que además merma nuestra capacidad de producir bienes y servicios).
2. Que esto explica y fundamenta el programa IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que a su vez debería ser la base de datos para un plan de Renta Mínima de Inserción [1].

El IFE y los demás planes sociales, incluidos los gastos ocasionados en salud por Covid-19, implican una inyección de recursos estatales fuerte, que debería contar con una fuente de financiamiento genuino, que pasara por cobrar impuestos a los sectores de manifiesta capacidad adquisitiva y redireccionar el crédito y la liquidez, en un país en el que en cuatro años se detrajo ahorro por 86.200 millones de dólares que no se convirtieron en inversión. Además, una parte del mismo es administrado por los fondos de cobertura que son acreedores del Estado Nacional.

Lo demuestra BlackRock, que se reconoce en la Argentina accionista del Grupo Financiero Galicia (de Braun, Ayerza y Escasany), del Banco Macro (Brito y Carballo) y del Santander (grupo Botín, que en la Argentina son dueños del Banco Santander-Río), pero también es accionista de YPF y del grupo Mindlin (Edenor, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía), en Central Puerto, en Loma Negra, en IRSA, en Telefónica, en Procter & Gamble, en Bayer-Monsanto, en Tenaris, en Mercado Libre, en Transportadora Gas del Norte, en Arcos Dorados y en Adecoagro, más su participación en Glencore y de esta con Vicentin en Renova SA. Paralelamente posee títulos públicos nacionales, estimándose en unos 3.000 millones de dólares, de los cuales unos 2.000 millones son los títulos de deuda argentina bajo jurisdicción extranjera y que hace que lidere el grupo Ad Hoc que rechazó el plan de pagos que el Ministro Martín Guzmán presentara el 6 de julio 2020 a la SEC (Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos). Otros 1.000 millones son bonos bajo leyes locales, especialmente los Bonos del Tesoro (BOTE 2023 y 2026), emitidos el 14 de mayo de 2018, cuando el Secretario de Finanzas de la Nación era Luis “Toto” Caputo.

Si combinamos la fuga de capitales con la fuerte extranjerización de la economía argentina y la lógica financiera que las direcciona, podremos explicarnos por qué se demora hasta el cansancio el planteo de extender el Impuesto a los Bienes Personales a unas 12.000 a 14.000 personas cuyo patrimonio supera los 3.000.000 de dólares, que implicaría de realizarse, a una alícuota del 2,25% una recaudación de $ 300.000 millones [2], cuando mensualmente el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) es de unos $ 90.000 millones  (unas nueve millones de personas a razón de $ 10.000 cada una).

Los bancos

Es obvio que se necesita de otros ingresos y de allí que se vuelva la mirada hacia el sistema financiero que al 8 de julio de 2020 inmoviliza por Letras de liquidez del BCRA (LELIQs) $ 1.709.442 millones, que devengan un interés nominal anual del 38% y efectivo del 46%.  Esto significa unos $ 60.000 millones de pesos por mes que paga el BCRA y que equivalen a las dos terceras partes de lo que se abona por IFE a 9 millones de personas. No tenemos el desagregado por banco, pero podemos inferir sin temor a equivocarnos que la mayor parte de esos intereses los perciben los 10 primeros bancos por volumen de depósitos, de los cuales dos que creíamos privados nacionales (Galicia y Macro) tienen participación de BlackRock. Esas diez entidades financieras privadas ganaron el año pasado el equivalente a unos 6.000 millones de dólares, mientras la cantidad de bienes y servicios que se produjeron en 2019 descendía en una suma similar (Caída del 2,2% del PIB).

Es inconcebible que por mes se les pague a los bancos no menos de $ 60.000 millones por inmovilizar recursos y que, a la vez, el Estado deba abonar por IFE una suma de $ 90.000 millones.

El problema reside en que el sistema financiero argentino no genera ni liquidez ni crédito suficiente:

• La tasa de liquidez medida por la Base Monetaria es menos del 11% del PIB y,
• El total del crédito (en pesos y en divisas) al sector privado es del 11,35% del PIB[3] .

Estos son los indicadores más bajos de toda la región y de nuestra historia, lo cual explica la rotura de las cadenas de pago, el cúmulo de cheques rechazados y la falta de dinero en la mayoría de la población, mientras hay una minoría que utiliza el excedente para comprar divisas por cualquier alternativa que consiga (dólar blue o ilegal, CCL, dólar Bolsa, etc., etc.).

El conjunto de bancos privados en los primeros cuatro meses de 2020 incrementó su Patrimonio Neto en un 35,5% (muy por encima de la inflación), con una ganancia  acumulada de $ 65.388 millones. Mientras paralelamente en el sector privado cerraron unas 18.000 empresas (a mayo 2020 quedaron 520.507 empresas registradas) y se perdieron 285.000 empleos (quedan 7.595.704 de trabajadores formales) y el descenso de la masa salarial fue del 10%. La masa total abonada fue de $ 446.852 millones, lo que significa un salario promedio bruto de $ 58.000 y un salario mensual neto en torno a los $ 48.000. La Canasta Básica Total para un matrimonio y dos hijos (siempre al mes de mayo 2020) es de $ 43.080 por mes. Muchos trabajan y son pobres, esa es la Argentina post-Cambiemos, desocupación y bajas remuneraciones, a lo que se suma la flexibilidad laboral tipo Mercado Libre que desconoce que sus transportistas son camioneros y que sus empleados no son de comercio sino bancarios, para hacerlos trabajar más horas, en peores condiciones y pagarles mucho menos.

Así pensaban seguir

Según informa la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, los planes sociales del gobierno evitan que entre 2,2 y 2,8 millones de personas caigan en la pobreza y entre 1,8 y 3,1 millones en la indigencia. Sumados a la tarjeta Alimentar más la Asignación Universal por Hijo, «evitan que entre 2,7 y 3,4 millones caigan en la pobreza y que entre 2,9 y 4,5 millones caigan en la indigencia”.

Por ende, es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que, principalmente está conformados por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio y, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello, el profesor Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), propone transformar el stock de LELIQs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privado y estatal. Finalmente, en lo inmediato, suspender el cómputo máximo de asistencia del BCRA al Estado impuesto por la Ley 24.144 de su Carta Orgánica de 1992 por Domingo Felipe Cavallo, mientras dure la pandemia. (Lo que dejara de pagar el BCRA a los bancos todos los meses, se emplearía para cubrir parte del gasto público.)

Igual con el sector externo, repetimos hasta el cansancio, la crisis castiga a todas las poblaciones que requieren alimentarse y la Argentina es el décimo exportador mundial de alimentos. Por un lado, se deben anular las concesiones realizadas por el gobierno de Cambiemos en su gestión a los exportadores para que ingresen los dólares de las ventas realizadas cuando ellos quieren y, por otra parte, que  se aceleren los plazos de liquidación de las ventas externas de la excelente cosecha 2019/2020.

En una situación como nos encontramos el Estado debe intervenir, como lo hicieron San Martín y Güemes ,detrayendo recursos a los sectores pudientes para pertrechar su ejército. El sacrificio debe ser de toda la población y no de los que menos tienen.

De no hacerlo, imperará una vez más la lógica del capitalismo financiero al que lo que menos le importa es el país y sus habitantes y, en ese caso, nos encontraremos una vez más con lo que definiera Antonio Gramsci: “La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo, sin que pueda nacer lo nuevo. Estas etapas generan un ambiente propicio para que surjan ideas para reorganizar y reestructurar la vida del Estado. En estas ocasiones la clase dirigente tradicional que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y reasume el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor de cuanto ocurre en las clases subalternas; si es necesario hace sacrificios, se expone a un porvenir oscuro cargado de promesas demagógicas, pero se mantiene en el poder, lo refuerza por el momento y se sirve de él para destruir al adversario y dispersar a su personal directivo que no puede ser muy numeroso y adiestrado”.

[1] La Renta Mínima de Inserción es una prestación de carácter subsidiario para las personas que no dispongan de un mínimo de ingresos necesarios para acceder a bienes y servicios indispensables. Es una medida de protección social que garantiza que la población cuente con los recursos e ingresos suficientes para tener una vida digna,  tal como lo plantea nuestra Constitución Nacional, por el solo hecho de vivir en suelo argentino

[2] El ingreso por Bienes Personales de todo el año 2019 fue de $ 31.183,8 millones que convertido al dólar promedio del BCRA de $ 51,55  significan unos 604,9 millones de dólares (solo el 0,18% del PIB)

[3] Similar al total del monto inmovilizado por LELIQs y por pases pasivos de los bancos en el BCRA. Se esteriliza más dinero de lo que se emite, es mayor la esterilización que la Base Monetaria.

CAPITALISMO FINANCIERO

La propagación del virus COVID-19 ha generado turbulencias económicas y sociales hacia el interior de las naciones, popularizando la frase “territorio en disputa”. Las tensiones se agudizan de un modo singular y se vaticinan potentes cambios una vez superada la pandemia.

Desde el mes de marzo hasta el presente, el derrotero seguido por los Estados Unidos lo convirtieron en un emblema de la colisión de poderosas fuerzas internas que pugnan por impartir un rumbo estructural a la principal potencia del orbe pero que, a la vez, exteriorizan una sociedad lacerada y confusa por años de desestructuración de su tejido constitutivo.

La ausencia de un sistema de salud pública quedó en evidencia con los casi 140.000 fallecidos por la peste. A su vez, convergió con el desmadre provocado por un sistema laboral precarizado que llevó velozmente a 39 millones de estadounidenses a demandar el seguro de desempleo. Este cuadro de situación fue rematado por el brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía estadual, lo que puso en la superficie la falta de garantías constitucionales para los humildes.

En pocas semanas, los Estados Unidos mostraron que no todos los ciudadanos cuentan con los mismos derechos. Muy lejos está el presente de la potencia global triunfante en la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría, que exhibía el “estilo de vida americano” como modelo incuestionable de sociedad.

De Obama a Trump: subsidio a las acciones

Mientras esta tragedia se despliega, la Reserva Federal lanza el “Flexibilidades cuantitativas 5-QEV”, mediante el cual se compran títulos, valores públicos y privados, en forma masiva para inyectar liquidez en el mercado. El volumen volcado en esa modalidad de préstamos hacia las instituciones financieras fue, hasta ahora, de casi u$s 3 billones, a una tasa de interés reducida del 0,25%.

Repitiendo el comportamiento de la crisis del 2008, la Reserva Federal interviene con emisión monetaria para rescatar las acciones del sector privado en crisis. La política monetaria actúa como un motor de la actividad bursátil y financiera para sostener el valor de las acciones corporativas, fondos que esas empresas usan para recomprar sus propias acciones y consolidar su capital. De este modo, no financia el déficit de las cuentas públicas ocasionado por las políticas de recuperación de la demanda efectiva, sino que subsidia el valor de los paquetes accionarios de las grandes empresas.

El analista financiero German Fermo escribió en el Cronista Comercial: “Desde el 2009 hasta la actualidad la economía de Estados Unidos creció en promedio nominal anual solamente un 3,75%. Sin embargo, el Nasdaq lo hizo con un promedio nominal anual de 20,16%, el S&P con un 11,43% anual y el Dow con un 9,45%. Claramente se observa que el mercado de equity norteamericano creció muy por encima del promedio nominal de su respectiva economía lo que nos permite una conclusión razonablemente obvia: los dólares emitidos en las Facilidades Cuantitativas I, II y III (del 2008/2009) por la Reserva Federal terminaron comprando activos financieros de valor intrínseco”. Divorcio entre la economía real y la política monetaria si los hay, alentado con fondos públicos. Desde febrero, la historia vuelve a empezar.

Este mecanismo de liquidez para recompra de acciones dispuesto por la Reserva Federal apunta a resguardar a las empresas núcleo del desarrollo de la “inteligencia artificial”: Google-Apple-Facebook-Amazon-Microsoft (grupo GAFAM), las cuales compiten con sus similares chinas lideradas por Huawei. Esta política es leída como una contraofensiva de los sectores de poder impulsores del sostenimiento de los EE.UU. como potencia global en detrimento del proyecto continentalista-industrialista desplegado por el gobierno de Donald Trump desde su asunción de la presidencia en 2017.

El golpe de los mercados financieros, utilizando el marco de deterioro socio-económico producido por la pandemia y apropiándose de las políticas de salvataje, procura producir un cambio de gobierno en las elecciones del próximo 4 de noviembre, a fin de retomar el rol planetario de los EE.UU.

Hasta ahora, el gobierno republicano se ha mostrado impotente para torcer el rumbo impuesto por la Reserva Federal al programa de facilidades cuantitativas, viendo diluirse el trienio de recuperación económica y baja del desempleo. El partido demócrata, con su candidato presidencial Joe Biden, mantiene sus críticas a la situación general pero guarda un prudente silencio sobre el rumbo de la política monetaria.

La emisión monetaria sin límite, tal como se ha planteado, desencadena un problema a futuro que es la pérdida de cotización del dólar como moneda de reserva internacional. El desafío se lo vuelve a plantear China que, como segunda economía mundial, pretende otorgarle al yuan también status de divisa global.

La disputa entre el modelo industrialista-continental inaugurado por Donald Trump y el financiero-globalista se despliega sobre una sociedad fragmentada y golpeada económicamente durante años, sin liderazgos capaces de representarla.

El capitalismo financiero no genera una economía de crecimiento y la emisión de dólares para sostener sus valores puede deteriorar severamente la capacidad de EE.UU. de solventar sus déficits externo y fiscal. El modelo industrialista-continental se ha revelado como extremadamente débil política y económicamente frente al escenario desafiante del virus, aprovechado al extremo por los financistas y sus sostenes políticos.

Los líderes de nuestra región, y en particular de la Argentina, deben sopesar adecuadamente el devenir de la principal potencia mundial, hoy convertida en territorio en disputa.

www.eldestapeweb.com/economia/crisis-mundial/los-estados-unidos-un-territorio-en-disputa-202071819025

Los italianos de las primeras décadas del siglo XVI estaban experimentando en carne propia los rigores y las consecuencias de la guerra. Con la incursión del rey francés Carlos VIII en 1494, iniciaron las llamadas guerras italianas, cuyas consecuencias más definitorias fueron que la mayor parte de los Estados italianos perdieron su independencia; a partir de este suceso las potencias europeas, principalmente España y Francia, se repartieron porciones importantes de su territorio. Nicolás Maquiavelo, gran observador de su tiempo, escribe al respecto en su libro Del arte de la guerra: “La intención de quienes promueven una guerra ha sido siempre, y es lógico que así sea, enriquecerse ellos y empobrecer al enemigo; y la única razón por la que se busca la victoria y se anhelan las conquistas es el acrecentar el propio poderío y debilitar al adversario”.

La guerra contra los pueblos y los Estados en los tiempos modernos es más sutil y tiene una cabeza de puente, que es la deuda. En ese altar se condicionan nuestro presente y nuestro futuro, se ceden activos, se pagan tributos (intereses y amortización de capital) y los gobernantes pasan a ser meros administradores de los acreedores, cumpliendo la definición del objetivo de la guerra del gran florentino.

El primer atisbo de que los subordinados no respetan el orden establecido y se va a dar batalla es no acatar las condiciones impuestas. Eso hizo el gobierno de Alberto Fernández cuando presentó su propio plan de pago y dejó de pagar a los tenedores privados de títulos argentinos, el 22 de abril de 2020.

La deuda externa argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos, para llegar a 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte, 66.238 millones de dólares, está en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera sobre los que el gobierno argentino plantea un canje, con nuevos plazos y nuevas tasas de interés, tras demostrar la imposibilidad de afrontar los pagos con las cláusulas originales, estudio que avaló el mismo Fondo Monetario Internacional.

Una parte importante es la deuda con el mismo FMI, unos 44.000 millones de dólares; otros aproximadamente 30.000 millones de dólares, con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y el equivalente a 53.000 millones de dólares restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional. (El gobierno nacional enviará un proyecto de ley de reestructuración para asimilarlos al canje propuesto a los títulos de jurisdicción extranjera y de acuerdo a la cláusula RUFO, que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, en cuanto a interés y plazo.)

El principal problema a dilucidar es por qué esa deuda se tomó para pagar el déficit fiscal que es en pesos, bajo qué condiciones el Estado Nacional le vendió esos dólares al BCRA y este a los bancos a un precio atrasado ex profeso para que la bicicleta financiera funcionase y por qué unos 86.200 millones de dólares fueron fugados del país, con el agravante de que los cien primeros compradores (personas físicas o jurídicas) lo hicieron por 24.679 millones de dólares. La deuda se tomó para endeudar al Estado y beneficiar a una minoría rentística.

Ese objetivo del endeudamiento no invalida que la Administración Nacional tomara deuda por más de 100.000 millones. Quienes las compraron lo hicieron muy cerca de ese valor. Los primeros que vendieron los títulos argentinos a bajo precio porque prefirieron pasarse a dólares, en abril de 2018, fueron JP Morgan, Deustche Bank, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley, lo que desató la corrida. El 25 de abril de 2018 compraron a $ 20,20 y a los tres meses valía más de $ 40 cada dólar. Prefirieron ganar el 100% o más en tres meses que esperar al vencimiento del título. Obviamente a ellos los siguieron otros tenedores de títulos argentinos y eso empujó a la baja en el precio de mercado de todas las obligaciones de deuda pública y también del valor de las acciones de las empresas argentinas.

Ante esa situación de derrape irremediable se acuerda con el FMI en junio de 2018, lo cual reflota al gobierno de Macri y, paralelamente, aparecen los principales poseedores actuales de los 21 títulos de deuda argentina con jurisdicción extranjera. Los fondos de cobertura BlackRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc, , compraron por la mitad del valor nominal de esos títulos.

El gobierno argentino hizo la primer propuesta de canje global el 19 de marzo de 2020, con un período de gracia hasta 2023 y una tasa de interés para los títulos nuevos del 0,5% anual. Esto implicaba un valor presente de esos nuevos títulos del 40%. La mayoría de los bonistas no lo aceptó.

La propuesta ante la SEC

El  lunes 6 de julio de 2020, tras una larga negociación, el gobierno argentino presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) una nueva oferta de reestructuración de deuda pública bajo legislación extranjera. A la vez informó que, de aceptarse mayoritariamente dicha propuesta, enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina, en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

La propuesta consiste básicamente en un canje de los 21 títulos de deuda por nuevos y que por ley nacional se les reconoce la prorroga de esa jurisdicción extranjera. Para estos casos se dan 12 propuestas distintas que van desde:

1. Bonos con interés anual fijo del 1,00% en U$D, con vencimiento en 2030;
2. Bonos con interés anual fijo del 0,5% en euros, con vencimiento en 2030;
3. Nuevos Bonos 2030 en U$D que devengan tasas de interés variables que van del 0,5% al inicio a 1,750% al vencimiento final;
4. Nuevos Bonos 2030 en euros que devengarán intereses del 0,125% anual pero comienzan a amortizar capital en 12 cuotas semestrales en 2025;
5. Nuevos Bonos 2035 en U$D que devengarán interés anual variable que va de 0,125 a 5% al final;
6. Nuevos Bonos 2035 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125% al 4,0%.
7. Nuevos Bonos 2038 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125% a 5,0%;
8. Nuevos Bonos 2038 en euros que devengarán interés anual variable de 0,1250 a 4,250%;
9. Nuevos Bonos 2041 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125 a 4,875%;
10. Nuevos Bonos 2041 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125 a 4,50%;
11. Nuevos Bonos 2046 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125 a 5,0%,
12. Nuevos Bonos 2046 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125% a 4,125% en el año 2046.

Depende de cuál de las doce opciones se tome, pero en promedio el valor presente para los títulos en dólares es de 54,4 dólares por láminas de 100. Y en las opciones en euros es de 50,8 euros por láminas de 100, siempre en el marco del exit yield del 10% que es reconocer una tasa de riesgo país de 1.000 punto por encima de la tasa de los Estados Unidos por un lado y, por otra parte, los títulos que provienen del canje del año 2005 que tenían la cláusula indenture 2005 (esto es cualquier modificación debe ser aceptada por el 85% de los acreedores), continúan con ese beneficio.

Análisis y síntesis

La deuda es legal porque el gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda.

La propuesta, como lo reconoce el Ministro Martín Guzmán, es un esfuerzo desmesurado porque cualquiera sea la alternativa que podrían elegir los acreedores de canje de títulos, va costar pagar y condiciona nuestro presente y nuestro futuro.

El fondo BlackRock que lidera uno de los grupos de acreedores dijo que no va aceptar la propuesta argentina, pese a que tiene fuerte participación en empresas en el país y le convendría que la economía local se recupere, pero pesa también el hecho de que, de aceptar la quita formal (por ejemplo que el BONAR 2024 devenga una tasa de interés anual en dólares del 8% y como se compra a menos del 50% de su valor nominal la tasa de interés real, si se pagara, sería más del 16%), sería un ejemplo a seguir por muchos países y seguramente que ellos poseen títulos de deuda de esas naciones que están en condiciones similares a la nuestra.

El gobierno argentino hizo la propuesta formal y dependía de que la aceptasen más de las dos terceras parte de los acreedores para no incurrir en default con las intimaciones de pagos judiciales correspondientes en jurisdicción extranjera. El rechazo de BlackRock y otros da por caída la misma. Aparentemente la presión del grupo es continuar la negociación a la espera de obtener una “libra más de carne”.

No es lo mismo defaultear con Paul Singer, que es un pequeño usurero con claras y manifiestas influencias en los tribunales de deuda de los Estados Unidos, que con Larry Fink, presidente de Blackrock que reconoce que administra activos por 7 billones de dólares (más de 20 veces el PIB argentino) y con vinculaciones de todo tipo, incluso en la misma Argentina, pero también queda claro que el gobierno nacional no quiso llegar a esta situación.

Auditar la deuda

Lo antes dicho es razón por demás para averiguar donde se fueron gran parte de los dólares de la deuda y si la gestión fue de acuerdo a derecho, y proceder internamente a que se haga público y se castigue a los culpables por el delito de malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.  Gran parte de la población los eligió para que deliberen y gobiernen en procura del bienestar general  para nosotros y para nuestra posteridad y en cambio, han endeudado al país sujetándonos a sacrificar nuestro trabajo y nuestra producción en dependencia a fondos extranjeros.

Repiten el mismo mecanismo desde Rivadavia y Mitre hasta la dictadura militar, Menem y Macri, y sin embargo, como han servido a intereses foráneos, gozan de impunidad legal.

Se necesita auditar la deuda, adónde se destinó, quiénes se beneficiaron y establecer responsabilidades. Paralelamente, se debe desarmar el andamiaje legal entre la ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público Nacional (sancionada en 1992) y la ley 25.188 de Responsabilidad de los funcionarios públicos (sancionada en 1999) y cumpliendo con la Constitución Nacional restablecer la plena soberanía del Congreso en auditar las acciones del Poder Ejecutivo. Es imprescindible comunicar fehacientemente todo lo actuado al pueblo, porque desde el 25 de mayo de 1810 quiere saber de qué se trata.

Los acreedores están sujetos a derecho, los que tuvieron acción maliciosa y dolosa deben hacerse cargo de su obrar, lo decía Arturo Illia: “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender.»

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La última oferta de canje de deuda formulada por el ministro Martín Guzmán ha puesto en debate la capacidad de pago del país, entendida esta última como la efectivización de los compromisos externos sin afectar el desenvolvimiento interno de la economía en el marco de un modelo expansivo con inclusión social. En definitiva, que la deuda no actúe como un ancla de sujeción de las políticas públicas que se intenten llevar adelante.

Este objetivo fue logrado durante los gobiernos de Néstor y Cristina. En 2003 se recibieron u$s 81.800 millones de deuda con el sector privado en cesación de pagos y, mediante las ofertas de canje de 2005 y 2010, se alcanzó a reestructurar u$s 75.600 millones nominales, equivalente al 92,4%.

La oferta se centró en un fuerte recorte del 65% del capital y una mejora sensible en el rendimiento de los nuevos bonos a través del denominado cupón PBI y la cancelación de intereses atrasados. El valor presente neto efectivamente abonado rondó en los u$s66 cada u$s100 reestructurados.

La baja de stock de deuda resultante de los canjes permitió que los servicios de capital e intereses oscilaran en un desembolso promedio anual de u$s 7.300 millones (u$s 1.900 millones de intereses + u$s 5.400 millones de capital). El monto pagado al exterior se aproximaba mucho al promedio anual recaudado de derechos de exportación en torno a los u$s 6.500 millones.

En el lapso 2006-2015, la deuda pública no limitó el desarrollo del Gobierno. La baja de servicios comprometidos fruto de la oferta de reestructuración con los bonistas y la aplicación de la renta primaria para su pago liberó al Estado de esa carga y lo devolvió como herramienta de un proyecto popular.

Esta reseña permite ver que el nivel de compromisos con el exterior que emerja de la reestructuración debe ser compatible con la actividad interna. En este punto, se estima que los mismos han de fluctuar en torno al 2,5% del PIB como máximo, dada la conformación de la economía nacional.

El otro punto es quién es el sujeto social afectado por los desembolsos con el exterior. Si bien el obligado es el Estado, el modo en que las cuentas públicas obtengan los recursos -presión tributaria y/o baja de inversión- no es neutral en términos de actividad ni de agentes económicos incididos.

La oferta de canje, bajo la lupa

La deuda que el Gobierno se propone reestructurar asciende a u$s 68.800 millones, abriendo el período de canje el próximo 4 de agosto. La oferta inicial del mes de abril sufrió sensibles mejoras en favor de los tenedores de bonos a fin de alcanzar un grado de adhesión que consolide el horizonte externo.

El cálculo para medir el impacto de la oferta sobre los bonistas es el denominado valor presente neto que surge de descontar todos los pagos que se efectúen durante la vigencia del acuerdo desde su fecha de vencimiento hasta el presente a una tasa del 10%, que es en la que se estima el riesgo argentino (riesgo país superior a los 1000pb).

El valor presente neto ofrecido fue subiendo desde los iniciales u$s 38 en abril hasta los u$s 53 actuales, lo que implica un aumento total de los desembolsos a lo largo de la reestructuración de u$s 10.000 millones.

A diferencia de los canjes de 2005 y de 2010 el énfasis en la reducción del stock de deuda está puesto en la baja de intereses antes que el recorte de capital. En la propuesta original, el rendimiento promedio descendía desde el 7,4% al 2,3% para nuevamente subir al 3,1% en la mejora reciente. El recorte de capital era de apenas el 5,2% en el inicio para achicarse aún más hasta el 1,9% en la última versión.

El ministro Guzmán ha expresado que aspira a que la oferta reciba una adhesión superior al 50% cuando se formalice la oferta pública en agosto, superando el 17% que alcanzó la propuesta de inicio. Sin embargo, ese acompañamiento se encuentra lejos aún del 66% necesario para que la reestructuración se encuentre a salvo de ataques especulativos de los “buitres” y litigantes varios, pues con una aceptación de dos tercios se activaría la clausula de acción colectiva (CAC) y la propuesta sería obligatoria para el tercio restante.

En columnas anteriores expresamos dudas sobre la oportunidad del acuerdo en un contexto global desquiciado por la pandemia y en transición acelerada hacia otra fase capitalista distinta a la inaugurada con la Caída del Muro de Berlín en 1989 y golpeada por el “Crack” financiero de 2008.

Una reestructuración de deuda exitosa sin dudas favorece certidumbres sobre el horizonte externo y moviliza ahorros hacia el circuito económico interno. Pero también expresamos que la reestructuración de deuda condiciona el devenir de un gobierno.

Así ocurrió con la tercera experiencia peronista liderada por Carlos Menem en donde el ingreso al Plan Brady para ordenar la deuda en default heredada de la dictadura cívico-militar abrió la puerta al Consenso de Washington con su impronta de reformas de mercado.

En esa línea de análisis, reseñamos lo sucedido en la cuarta experiencia peronista conducida por Néstor y Cristina, dónde una reestructuración autónoma impulsó un escenario de fuerte recuperación económica con inclusión social.

En el gobierno de Menem, el producido de la venta de las empresas públicas fue el instrumento de pago y las privatizaciones sustentaron la década de la Convertibilidad. En los gobiernos de Néstor y Cristina la baja de stock de deuda y la renta primaria destinada al pago aseguraron la Década Ganada.

El gobierno actual -la quinta experiencia peronista- afronta nuevamente la responsabilidad, frente a todos los argentinos y argentinas, de sacar al país del desastre de un sobre-endeudamiento del Estado provocado por el desmanejo del gobierno anterior, en el marco de extrema gravedad que provoca la pandemia.

El ministro Guzmán ha sostenido con mucha dignidad y solvencia técnica la posición nacional frente a la presión de un sector de bonistas que pretende extraer ganancias extraordinarias del país. Pero no debe olvidar que la deuda es sustentable a los fines de políticas públicas de recuperación interna si los servicios transferidos al exterior fluctúan en torno al 2,5% del PIB y que el mundo se encuentra en tránsito hacia un nuevo escenario global.

A los u$s 68.800 millones elegibles para la reestructuración hoy en debate, se deben agregar los u$s 46.200 millones estimados como deuda en moneda extranjera bajo legislación local que comenzará a tratarse en estos días y finalmente los u$s 44.800 millones otorgados por el FMI bajo la modalidad de “condicionalidades”. Nefasto legado del macrismo para ser abordado por el gobierno de la coalición peronista en este contexto históricamente adverso.

www.eldestapeweb.com/economia/reestructuracion-de-la-deuda/deuda-y-peronismo-sustentabilidad-y-decadas-de-gobiernos-202071119013

En este documento retomamos la inflación o los Índices de Precios del mes de MAYO y un par de agregados. Con la pandemia en pleno desarrollo, la inflación no pasa desapercibida, pero aun atenuada lucha contra el Covid-19 y resiste.

El promedio de varios organismos que producen Índices de Precios alcanza el 1.25 %, es el valor más bajo en los últimos 41 meses, pero sería un exceso decir que necesitamos una pandemia para lograr estos valores. Si seguimos la inflación de mayo 2020, en algunos países tenemos un ataque de menesunda, España, -0.01 %; Italia, -0.19 %; Francia, 0.14 %; Estados Unidos, 0.00 %; Chile, -0.1 %; Brasil, -0.38 %, y Perú, 0.20 %. Por el momento nada nos hace desviar de nuestra clara senda inflacionaria, pero sí se ha podido atenuarla. Seguramente junio no será distinto, pero no podemos dejar de reflexionar que la inflación debería bajar significativamente, a pesar de todos los ruidos monetarios. Después de la plaga, casi con seguridad diremos otra cosa.
Una muestra de nuestras dificultades la da el Word Economic Outlook (WEO del FMI de abril 2020). Mientras Argentina no figura en su informe con una proyección de inflación, todos los países restantes de América Latina, sí.

Al final agregamos tres temas que quitan el sueño. Uno tiene que ver con la tasa real de interés, otro con el atesoramiento y finalmente el riesgo país. Cerramos con una observación sobre valores y porcentajes que, desde cuando los tomamos, sirven para no “comerse una curva”.

No nos sorprenden los millones de personas que compran dólares. En el 2020 siguieron siendo miles, pero duramente acotados en el monto de compra. Pero comprar un dólar implica estar expuesto al clima, largas colas, sacrificios, condena al fuego eterno y superar la puerta del infierno. De esto sabía el Dante cuando adquiría dólares y los 1.600.000 alienígenos de mayo que lo seguían.

Ver informe 2020 MAYO IPC Prod. en JUNIO Inflación, tasas, bimonetaria

Existe en la Administración Nacional un nivel de inconsistencia fiscal y monetaria que no se puede extender en el tiempo por el incumplimiento de los pagos, por una parte y, una manifiesta lentitud en liquidar las exportaciones por otro lado, conformando una combinación perversa y en contra del pueblo argentino.

Por un lado, el déficit fiscal es de más del 1% del PIB por mes, para abril y para mayo y se puede inferir que también en junio, pese a que la recaudación tributaria descendió pero no tanto como en abril y mayo, dados los gastos ocasionados por la atención de Covid-19 y la asistencia de todo tipo a la población. Por otra parte, el crédito a las empresas es de 6% del PIB, que sumado a los créditos personales de un 5% del PIB, araña el 11% del Producto. El BCRA tiene que inmovilizar (pagando intereses) una suma que es incluso mayor a la Base Monetaria [1] en LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) por $ 1.683.302 millones y pases pasivos (que los bancos le prestan al BCRA a menos de siete días) por otros $ 666.090 millones. Esas inmovilizaciones totalizan una suma de $ 2.349 billones (cuando la Base Monetaria al 26 de junio de 2020 fue de $ 2.171 billones).

Déficit fiscal e inmovilizaciones monetarias (pagas, el BCRA le abona a los bancos intereses por las mismas por encima de la inflación) que reflejan el grado de desequilibrio de las cuentas públicas internas que solo financió el BCRA, a costa de expandir el déficit cuasi fiscal.

El BCRA debería tomar cartas en el asunto y utilizar el exceso de liquidez del sistema financiero reorientándolo desde la especulación hacia la inversión y el trabajo. Tener un mapa de qué sectores se quiere impulsar y obligar a las entidades financieras a prestar a ese sector y si no, que dejen de ser bancos: su función es canalizar el ahorro de parte de la población para financiar la producción, no para que especulen o le presten al BCRA para que este a su vez inmovilice esos fondos. El crédito al sector privado es insignificante (11% del PIB) y lo poco que hay en su mayor parte va dirigido al mismo grupo económico, cuando se rompen día a día las cadenas de pago y se acumulan los cheques rechazados.

Hay cientos de actividades que no funcionan por falta de crédito, incluso sin necesidad de importar nada, como es el caso de la construcción, que además es fuerte demandante de mano de obra.

Paralelamente la liquidación de las exportaciones de productos agropecuarios y de manufacturas de origen agropecuario se retrasa todo lo que los exportadores pueden. Habiendo sido la cosecha 2019/20 récord de 127 millones de toneladas de grano, según lo informado por las cámaras exportadoras de aceite y de cereales CIARA-CEC, la liquidación acumulada del primer semestre 2020 es de 9.307,2 millones de dólares, un 15,16% menor que en igual lapso del año pasado que fue de 10.718,6 millones, cuando en la cosecha 2018/19 hubo una fuerte sequía.

Las principales cuatro empresas exportadoras (COFCO, Cargill, ADM y Bunge Ceval) concentran el 48% de las ventas externas totales de Argentina, en tanto que las principales 10 (AGD, Vicentin [2], Glencore, LDC, ACA y Molinos Río de la Plata) representaron el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino. Como se explicó aquí, entre los años 2016 y 2019, amparándose en la normativa del gobierno de Cambiemos, no liquidaron más de 19.000 millones de dólares. Es claro y evidente que no liquidan esperando y propiciando una devaluación de nuestra moneda, lo cual explica la diferencia entre el valor del dólar oficial y todos los paralelos.

La devaluación haría volar por el aire el delicado equilibrio en que nos encontramos, subiría aún más el precio de los alimentos y demás insumos que requiere nuestro pueblo, empujando a fracciones cada vez mayores a la pobreza, a la indigencia y a la desesperación, a la par que se caería más el PIB por el menor consumo interno que no puede ser compensado porque las exportaciones no representan más del 25% del total de lo que se produce. Y es peor, porque en lugar de que esos mayores ingresos incrementen las inversiones terminan engrosando la fuga de capitales. Nuestro país ostenta un triste privilegio: su burguesía tiene más recursos afuera de la Argentina que adentro.

Esto esclarece por qué no les interesa tanto preservar el mercado interno, mientras coinciden grandes empresarios del agro y de la industria, banqueros y comerciantes en asegurar y expandir sus activos en el exterior.

Es más, desde el Rodrigazo y de menor a mayor, nuestra burguesía se somete al capital financiero internacional y a su moneda, el dólar, prefiriendo vender los activos en el país por saberse débil e incompetente para lidiar con el capital extranjero. Lo refleja clara y terminantemente el caso Vicentin, sexto exportador de granos y manufacturas de origen agropecuario, que monta un escenario de fraude y fuga para rendirse sin luchar.

Igual podríamos decir de todos los hijos y nietos de esos industriales que supo tener este país del confín del mundo, que poseen más activos financieros que reales, más activos afuera de la Argentina que en el país, porque han preferido vender sus empresas a la competencia extranjera.

La paradoja cierra cuando se entiende que parte de esos activos líquidos la administra Larry Fink, Presidente de BlackRock, y otros fondos de cobertura como Franklin Templeton, que supo poner a su representante en la Argentina, Gustavo Cañonero, como Vicepresidente del BCRA cuando el ex jefe de la Mesa de Dinero del JP Morgan y el Deustche Bank, Luis Caputo, fue nombrado Presidente y continuó en funciones cuando Caputo renunció presionado por el FMI, hasta el 9 de diciembre de 2019.

Nuestra burguesía en general (puede haber excepciones) espera que el gobierno le pague lo más que pueda a los acreedores y no por actuar de buena fe, sino para no perder tanto como han perdido con el macrismo, que sus acciones valen la mitad o menos que en diciembre de 2015 y, por otra parte, como seguramente compraron títulos públicos y no pudieron salir de los mismos (y no por patriotas), están engrampados en esa doble Nelson que los hace menos ricos.

Lo peor es que creen que con esas pérdidas ya contribuyeron con el país (como si hubieran comprado títulos de deuda por amor a la patria), sin comprender que eran ellos los que querían que cese el gobierno de los Kirchner y propusieron reemplazarlo por un gobierno de CEOs. Así les fue y así nos va. Son ineptos y quieren que toda la sociedad argentina pague sus errores, cuando debería ser exactamente al revés, que sea el pueblo de este país el que les reclame por su egoísmo, su supina ignorancia y su falta de inteligencia.

La alternativa

El economista Aldo Ferrer se equivocaba cuando ponía la esperanza en la burguesía que tenemos, ya que nuestros empresarios actuales no son los que él había visto en 1968 o aquellos liderados por José Gelbard hasta octubre de 1974. La dictadura militar y el modelo de valorización financiera de capital la diezmó y la que queda es una burguesía de rapiña, apátrida y tonta, a la que sólo le importa acumular dólares en el exterior aún a costa de que sus empresas valgan cada vez menos, como lo demostró la gestión de Cambiemos.

Por ejemplo las empresas del grupo Techint, cuyos directivos y funcionarios están entre las que fugaron dólares y, sin embargo, desde que se privatizó SOMISA en el gobierno de Carlos Menem y paso a llamarse Ternium Siderar, vende la chapa en el país un 30% más cara que cuando la exporta, encareciendo toda la industria argentina que utiliza ese insumo reduciendo las condiciones de competitividad respecto de sus pares extranjeros. Ese grupo económico que con el apoyo del gobierno de Cambiemos armó una filial en Texas con una inversión de 2.000 millones de dólares y generó 1.500 puestos de trabajo en esa Nación, en plena pandemia despidió 1.450 trabajadores en la Argentina.

Con esa burguesía se torna necesario repensar el país y plantear a qué nos vamos a dedicar en los próximos años. Qué vamos a producir, con quién, de qué manera, para quién, que rol debe jugar el Estado, etc., preguntas que son un desafío para el actual gobierno y para todos sus habitantes.

En la Argentina las inconsistencias fiscal, monetaria y de comercio exterior tienen nombre y apellido y están relacionadas entre sí.

[1] Que es la cantidad de billetes y monedas emitidas y puestas en circulación por el BCRA.

[2] Vicentin SAIC con un 9% del total de ventas externas agroindustriales, empresa que atravesó en el 2019 una situación de stress financiero que la llevó a paralizar sus actividades.

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