Mauricio Macri definió, en víspera de las elecciones de las “PASO” del 9 de agosto de 2015, que el “Circulo Rojo” es un “grupo de personas que lo presionan para unirse a Sergio Massa para frenar al kirchnerismo”.  Obviamente a ese grupo de persona se refería a Héctor Magnetto de Clarín, Paolo Rocca de Techint, Luis Pagani de Arcor, los Blaquier-Arrieta del Ingenio Ledesma y monjes negros de la política (en la concepción de Nicolás Maquiavelo) como puede ser Enrique “Coty” Nosiglia en lo que fuera el radicalismo o Eduardo Duhalde y José Luis Manzano en el peronismo, por no nombrar a Carlos Grosso, José Bordón  y Juan Schiaretti, los tres ligados a Franco Macri,  pero todos ellos funcionales a los grandes empresarios territoriales del país.

Macri no aceptó la presión del Círculo Rojo porque había acordado con el capital financiero internacional y creyó que esa asociación le iba  a permitir consolidar un fuerte y permanente ingreso de recursos hasta lograr que la Argentina se inserte en el mundo permitiendo un flujo de fondos que equilibren las necesidades fiscales y de cuentas corriente da la Balanza de Pagos del país, y los principales precios (tasa de interés, tipo de cambio, precios de bienes y servicios, tarifas y salarios).

El desenlace inevitable al no poder superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que se aplicó endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, priorizando la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares (básicamente por endeudamiento) para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa que condiciona al nuevo gobierno asumido el 10 de diciembre de 2019.

Solamente dejaron que los precios de grandes empresas y sobre todo las vinculadas al equipo gobernante crecieran por encima del dólar (que punta contra punta en el gobierno de Cambiemos se acrecentó en un 670%), como es el caso de las tarifas eléctricas (cuya tarifa incluso creció por encima de la devaluación de nuestra moneda), donde las principales empresas estaban vinculadas a Mauricio Macri, como es el caso de Pampa Energía SA de Marcelo Mindlin (quién blanqueó dinero para comprarle la empresa constructora IECSA al grupo Macri) y que controla también a las energéticas Transener y Edenor. O de Nicolás Caputo que tiene participación junto con capitales chilenos y las firmas española ENDESA y la italiana ENEL en Edesur.  O de Rogelio Pagano que de ser empleado de Marcelo Mindlin en Dolphin SA (que luego iba a llamarse Pampa Energía SA) pasó a ser titular de todas las empresas distribuidoras de electricidad de la Provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDES, EDEA Y EDEN  y de la distribuidora de la Provincia de Salta: EDESA.

Cuando a fines de abril de 2018 los EEUU subió la tasa de interés del Bono del Tesoro a 10 –diez- años, que pasó la barrera psicológica del 3% anual, se fueron de la Argentina los principales bancos colocadores de títulos de deuda en bandadas, llevándose la suma que trajeron acrecentada con creces por el carry trade que, significaron más de 11.000 millones de dólares desde el 25 de abril al 30 de junio de 2018. Y el tipo de cambio pasó de $ 20,20 a $ 38,90 entre esas fechas.

Derrapado el modelo de valorización financiera el gobierno de Cambiemos se subordinó a la lógica del FMI y de esa manera llegaron a cumplir el mandado.

Los dueños del Círculo Rojo emplearon todo este tiempo para sacar provecho del gobierno de Macri y fueron los principales fugadores de capital, de los 86.200 millones de dólares comprados por residentes argentinos y detraídos del circuito económico legal argentino según informara el BCRA.  Pero el derrape del gobierno de cambiemos y la suba sideral de precio del dólar, también significó la caída del precio de sus empresas en el país, de manera tal que, por ejemplo, el Grupo “Clarín” que tiene como niña mimada su participación en Telecom (Telecom SA, Personal, Fibertel y Cablevisión), en diciembre de  2019 la empresa declaró un Patrimonio Neto de 6.639 millones de dólares, pero el año anterior ese patrimonio era de 12.350,9 millones de dólares y soportó un resultado negativo de $ 46.983 millones de pesos (unos 1.022 millones de dólares al valor promedio del dólar de ese año 2019 determinado por el BCRA).

Igual pasa con las empresas del Grupo Techint que en el año 2019 logró compensar sus números con la producción de vaca muerta por su controlada Tecpetrol SA y el subsidio del gobierno de Macri por unos 300 millones de dólares, pero el valor accionario de Tenaris SA y de Ternium Argentina SA descendieron un 25% en dólares comparando el valor en Wall Street con respecto a diciembre 2015.  Las perspectivas son peores en el año 2020 a raíz de la pandemia de la Covid-19 y la pronunciada baja en los precios de los commodities, especialmente en el mercado del petróleo producto del desentendimiento comercial de los principales exportadores mundiales.  Techint ha diversificado su inversión a varios países del planeta y lo que más teme es a la competencia de la República Popular China, tanto en el laminado de acero, como en los caños sin costuras, como en la construcción y en la ingeniería, de allí que, pese a que en los EEUU le han retirado la visa a Paolo y Gianfelice Rocca por tener un juicio por corrupción en Brasil y el caso SIDOR, no dudan en aliarse al país del norte ante lo que consideran el “peligro chino”.

El Balance General de  ARCOR SA demuestra que tiene una deuda en una obligación negociable por 350 millones de dólares y que operando con resultado negativo en los años 2018 y 2019, su Patrimonio Neto desciende para ser de 650 millones de dólares el año pasado, cuando en el 2018 era de 1.118 millones de dólares.

Finalmente la empresa Ledesma SA Agrícola Industrial, en el Balance General presentado el 29 de febrero 2020, contabiliza una deuda en divisas por 90 millones de dólares y un patrimonio total de $ 7.498 millones. En Libertador General San Martín- Jujuy donde opera el Ingenio, es la  localidad con más muertos de Covid-19 del país en relación a su población, con 73,9 fallecimientos cada 100 mil habitantes y una tasa de letalidad del 4,5% (más del doble de la media nacional, hoy en torno al 2%), al 28 de agosto de 2020 los contagios allí ascienden a 1.474 y las muertes a 66 personas.

El Presidente del BCRA. Miguel A Pesce sostuvo en una entrevista: “Los argentinos hoy son propietarios de empresas en el exterior por un valor mayor que las empresas argentinas en manos de no residentes en el país. Y el balance te da 380.000 millones de dólares de activos de residentes en el exterior”.[1]  Entonces es seguro que los socios y dueños de los cuatro grupos nombrados tienen dólares en el exterior suficientes para cancelar la deuda de sus empresas, por eso juegan alegremente a que no converjan su precio informal (contado con liqui, dólar bolsa, dólar blue, etc.) con el oficial, para comprar en el país activos a un precio menor por la depreciación monetaria, pero con dos agravantes, una que también se desvalorizan sus propios activos, por un lado y por el otro, que pueden llegar a tener socios más poderosos que ellos como es el caso de los Rocca, dado que Blackrcok aprovechó la baja del precio de las acciones de Tenaris SA para comprarlas.

EL FMI,  LA DEUDA  Y EL AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES

La negociación de la deuda con el FMI no va a ser fácil, primero, porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concediera los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) a la Argentina de Cambiemos (unos 45.000 millones de dólares en la actualidad), que como dijo el Presidente Alberto Fernández fue para financiar la campaña política más cara de la historia Argentina.  En cambio el que va amortizar esa suma es un gobierno que entiende que tenemos economía complementaria con la República Popular China, con Venezuela, con Irán, con Corea del Norte, con los países del ASEAN (especialmente Camboya y Vietnam), que a muchos de ellos en el Departamento de Estado los consideran el “eje del mal” e igual repiten los principales referentes del “Círculo Rojo”, pero no así, el Consejo Agroindustrial Argentino[2] que proponen el Plan Agro Industrial que estiman incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año.

El acuerdo firmado por el Gobierno de Cambiemos  plantea pagar el crédito del FMI en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.

Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares  y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.

El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por  5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones  de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.

Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI.  Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2022 en adelante, y por otra parte no sabemos el valor del DEG. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la de del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual, suma imposible de pagar

La propuesta Argentina era pagar como hasta ahora, unos 300 millones de dólares por trimestre (unos 1.200 millones de dólares en el año) y contar con un nuevo plan de amortización en más cuotas trimestrales y que se pague desde septiembre 2024.

La propuesta del FMI van a ser dos, un stand by (se tiene que devolver en tres años, imposible) o un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidad que son las de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de  años de aportes y de  edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo reimplantar el IVA a los alimentos) y estructurales que son siempre las mismas, privatizaciones y sistema de capitalización previsional.

EN SINTESIS

La Argentina necesita ponerse de pie y crecer, producimos alimentos y podemos sumarle mayor valor agregado a los mismos y a cierta industrialización, no es el camino que nos depara el FMI y el “Círculo Rojo”,  debemos recrear una salida sustentable, no exenta de  riesgos, pero como dijo el gran maestro Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos.”

[1] Revista Crisis del 4 de junio 2020.

[2] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

Con la tenacidad y paciencia del artesano, el equipo que dirige el ministro Martín Guzmán logra postergar para el año 2024 el pago de la amortización del capital tanto de la deuda externa en jurisdicción extranjera, 21 bonos por 66.137 millones de dólares y, por extensión por la cláusula RUFO, también extiende los vencimientos con los tenedores de títulos públicos de deuda con jurisdicción nacional que asciende a 41.715 millones de dólares que es ley. Por eso ahora el camino es reestructurar el acuerdo con el FMI en el mayor plazo posible, abonando aproximadamente 300 millones de dólares por trimestre como se viene haciendo y no pagar nada de capital hasta 2025.

Los capitales financieros se mueven por su propia cuenta (autónomos de los gobiernos, incluso del de Estados Unidos) y saben que la Argentina no está en condiciones de amortizar capital de la deuda. La situación es similar a la de al menos otros 50 países y, los administradores de fondos no quieren lidiar con una cadena de default, porque los dueños de las divisas que ellos administran querrán retirar esos recursos, entonces van a tener que mal vender activos para poder cubrir dicho retiro y, ante el primer problema, se produce una fuga en estampida.

Por lo tanto, el pago de los intereses de los 152.000 millones de dólares que es la masa crítica por la suma adeudada al FMI y a los bonistas (en jurisdicción local y extranjera), irrogará en total unos 11.200 millones de dólares desde septiembre de 2020 hasta diciembre 2024, suma que se debe pagar con la recaudación de impuestos y derechos de exportación (retenciones) ante un superávit comercial esperado de no menos de 15.990 millones de dólares para este año 2020 (repitiendo la  cifra en que las exportaciones superaron a las importaciones en el año 2019) y en los años subsiguientes.

Y decimos esto porque la Argentina que es sólo el 0,3% del PIB mundial, es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja, en un mundo que en mayor o menor medida tuvo que aislar a su población y garantizarle el sustento por una parte. Por otro lado, estructuralmente, gran porcentaje de la población rural de la República Popular China y los súper habitados países del este asiático ha migrado en los últimos años a las ciudades. A su vez han mecanizado e industrializado la producción sobre todo de carne aviar y porcina. El consecuente hacinamiento de los animales provoca la mutación de los virus y su contagio a las personas humanas. Para evitar el problema, van a importar sistemáticamente parte de las proteínas que consumen y la Argentina con sus actuales 37,5 millones de hectáreas cultivables y para cría de animales es un referente obligado a tener en cuenta.

Ahora bien, si ese es el estado de situación y su posible evolución, el superávit comercial referido y los menores pagos de la deuda (básicamente intereses) hasta diciembre de 2024, implican que la oferta de divisas supera y superará a la demanda, por lo que deberían converger el tipo de cambio oficial de 77,77 pesos por dólar y el paralelo en cualquiera de sus formas (contado con liqui, dólar bolsa, informal, etc.). Sin embargo eso no está ocurriendo y la pregunta es por qué.

¿Por qué ocurre?

 Hay varios factores que se conjugan.

1. Entre quienes estuvieron comprando dólares, sobre todo los 100 grandes que adquirieron en menos de cuatro años de la gestión de Cambiemos 24.679 millones de dólares y los fugaron, están los mayores bancos privados (Galicia, Macro, Santander, Bilbao Vizcaya, City, HSBC, BNP Paribas, Patagonia, Supervielle), y
2. En todas las investigaciones anteriores que realizaron distintas comisiones investigadoras del Congreso de la Nación había tres empresas  con sus principales socios y CEOs que encabezaban la fuga: los Arrieta-Blaquier del Ingenio Ledesma; los Magnetto, Aranda, Rendo, Herrera de Noble y Pagliaro del Grupo Clarín; y los Rocca, Betnazza y Zavaleta del Grupo Techint. Es más, son tan miserables los Rocca de Techint, que apenas comenzó la pandemia no dudaron en echar a 450 trabajadores, e insisten en hacer trabajar a los que quedaron en condiciones de inseguridad laboral por el Covid-19. Peor si cabe es el caso del Ingenio Ledesma, con seis mil trabajadores en Villa Libertador General San Martín en Jujuy: al 18 de agosto 2020 tenía 11 muertos y 306 infectados. Estos son los grandes fugadores y su única obsesión es que el salario que paga su empresa sea, medido en dólares, menor que el salario en Brasil.
3. Por su parte, el grupo Clarín que tiene su mercado cautivo en la clase media que se subordina ideológicamente al gran capital, presiona al gobierno por ser el poseedor del 5 G que es la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil y, como el gobierno no se lo cede, tiene una prédica constante contra la administración nacional.

Pero siendo una parte importante de la burguesía argentina, no son todos los empresarios locales y como “negocios son negocios”, obviamente que el potencial que implica la demanda de alimentos posicionaría a los productores agro industriales que incluso se unieron y armaron su propia propuesta para los próximos años, generando con su actitud una fisura en la ex Mesa de Enlace, donde los sectores más reaccionarios de la Sociedad Rural Argentina quedan marginados, y lo mismo pasa en la Unión Industrial Argentina cuyo presidente y su familia política polarizan la prédica en que el futuro es nuestro.

El problema es que la economía complementaria es China, y si bien la Embajada no vio con buenos ojos que la Argentina no haya acompañado las decisiones del Grupo de Lima, no haya reconocido al gobierno golpista de Jeanine Añez en Bolivia, pero sí reconoce como gobierno legítimo al de Nicolás Maduro en Venezuela, el acrecentamiento comercial y de inversiones con el país asiático, a lo que se suma la renovación de los swaps chinos y sin quedar sujeto a revisión por el FMI, excede su nivel de tolerancia.

Los principales referentes de la convocatoria del 17 de agosto 2020 fueron los grandes medios de comunicación y figuras de segundo orden, todos ellos asiduos concurrentes a la Embajada y no solo los 4 de julio.

Por lo tanto el dólar refleja una puja mucho más gravitante que la oferta y la demanda, es una cuestión de qué país vamos a ser.

Si se elige el propuesto por la Embajada y en segundo término por los grupos encabezados por Ledesma, Techint y Clarín, la combinación de devaluación y suba de la tasa de interés producirá de hecho un aumento de los precios, y eso implicará menores ventas y menor consumo, profundizando la depresión económica y el padecimiento de nuestro pueblo, sin trabajo y el poco que se genera, mal remunerado.

Si se elige defender el mercado interno y la inserción internacional que le corresponde a la Argentina, el hostigamiento de los nombrados en el párrafo anterior va a ser permanente, que vamos camino a ser Venezuela y otras canalladas por el estilo van a ser su prédica diaria.

A Juan Domingo Perón le gustaba decir: “La economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este». A Perón y al peronismo también lo acusaban de todo para derrocarlo en 1955.

Por lo tanto un gobierno nacional y popular debe emprender un camino distinto que parta de fortalecer al Estado y eso se consigue con medidas firmes, cobrando impuestos y disciplinando (con pena y multa) la evasión, los sobreprecios, el desabastecimiento, etc.

Un Estado fortalecido puede estimular la exportación mediante la suba de ciertos reintegros y la baja de determinadas retenciones a economías regionales; reactivar las obras públicas con las provincias y los municipios, hay al respecto un interesante trabajo denominado “Iniciativas interprovinciales para el desarrollo” del Ministerio del Interior de la Nación que puede ser la guía a seguir; transformar los IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en salarios de inserción social; y sobre todo aumentar los salarios para generar un creciente mercado interno, al principio por Decreto y luego con paritarias libres.

Un país con casi nueve millones de personas que reciben el IFE porque no tienen trabajo o si lo tienen es precarizado; donde el Estado abona prácticamente la mitad del salario de 2.040.000 empleados de 242.000 empresas en un universo de 7.595.704 trabajadores en 520.507 establecimientos; donde el salario bruto promedio es de $ 58.000 por mes y la Canasta Básica Total para una familia constituida por matrimonio y dos hijos en junio 2020 fue de $ 43.811; donde la industria reconoce una capacidad ociosa del 47% en promedio y, en la construcción es aún mayor el efecto; debe estimular la demanda a como dé lugar, primero aumentando los salarios por Decreto y segundo haciendo obra pública e incentivando la construcción y el comercio.

Lo decía Néstor Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los ’90, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.

Cuando asumió el 25 de mayo de 2003 lo hizo con el 22,5% de los votos y la desocupación abierta de ese mes fue del 25%. Haciendo una política de decisiones claras y contundentes (lo primero que hizo por ejemplo fue remover a la corte menemista), con lo que no se pagó afuera de deuda aumentó los salarios y las jubilaciones y las pensiones (dio jubilaciones a los que tenían la edad y no los aportes), propició acuerdos comerciales con los países que nos compran y tenemos economías complementarias, acordó con China la venta de alimentos a cambio de inversiones públicas (represas, trenes, energía nuclear, etc.), se opuso al ALCA.

Kirchner afirmaba: “El crecimiento sostenido de China, India y demás países emergentes configura una nueva realidad internacional, de la que nuestro país debe saber sacar provecho, vendiendo cada vez más productos, primero alimentos y materias primas y luego acordar productos con mayor cantidad de mano de obra y tecnología nacional”.

“Para ello se debe contar con soberanía fiscal (incluido el Programa Financiero),  monetaria, cambiaria, fuerte intervención en resortes claves (energía y transporte), y con acuerdos comerciales, productivos y financieros en la región que permitan emplear tecnología propia”

Y durante sus cuatro años de gobierno crecimos a tasa del 9% anual.

En la Argentina tenemos que decidir nosotros, para ello se necesita concientizar a la población y tomar medidas ejemplificadoras, de otro modo, una parte de nuestro pueblo va a creer que el camino propuesto por Clarín es el  que vale.

Y la Embajada y su país tienen que respetar la soberanía de las otras naciones, quieran o no quieran, porque la dominación se basa en la sumisión del dominado, el solo hecho de levantar la frente y asumir el principio de la igualdad entre pares ha sido siempre el camino de la independencia y de la justicia.

[1] RUFO es la sigla de Rights Upon Future Offers. Se trata de una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010, a partir de la cual se prohíbe pagarle a los holdouts (que son los que no entran en el canje) más que los que sí lo hicieron. Por extensión implica que a los bonistas con jurisdicción Argentina se le da las mismas condiciones que a los de jurisdicción extranjera.

PRIMERO, AUMENTAR LOS SALARIOS

El político e historiador Miguel Bonasso pronosticó que la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia de Brasil implicaba el intento de instalación de un modelo político y socioeconómico que actuaría como espejo disciplinador del resto de las naciones suramericanas, aludiendo a lo ocurrido en la década de 1960 con la consolidación de un régimen militar autoritario que tendería a ser imitado en el resto de la región durante los 70’. Predicción que a un año y medio de gobierno puede asumir algún grado de realidad.

Desde esta columna en aquél aciago momento también planteamos que se producía el acceso al gobierno de un conjunto de fuerzas distinto al que había hegemonizado el control del Estado en esa Nación desde la década del 30’ con la fundación del “Estado Novo” por Getulio Vargas. 

La coalición desplazada era conducida por una burguesía que había industrializado la renta primaria y, consecuentemente, sostenido durante décadas un modelo manufacturero con capacidad de mantener subordinados a los trabajadores y concitar el respaldo de los factores de poder internos y externos, incluidos los militares. Esta burguesía industrial portadora de un elitismo recalcitrante que construyó una sociedad profundamente desigual, terminó aceptando -después de tres intentos vetados- el desembarco en la Presidencia de un obrero metalúrgico, procurando ampliar la sustentación política y social del modelo en curso, mediante el ensayo de una alianza de clases atípica para el devenir brasileño.

El golpe institucional que derrocó a Dilma Rouseff marcó el fin político del ensayo descripto y la persecución mediática-judicial que lo siguió hicieron el resto para allanar el camino del militar y eterno legislador de distintos partidos de derecha a la Presidencia del gigante suramericano.

Sin embargo, los actores económicos integrantes de este poder rupturista se constituyeron lentamente al calor de los errores de administración de los últimos años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), que permitieron una fuerte valorización financiera de los excedentes y la reprimarización progresiva de las exportaciones, a partir de prolongar la vigencia combinada de una tasa de interés real positiva y un tipo de cambio atrasado, como anclas de estabilización económica. Un bloque primario-financiero germinó en ese tiempo y encontró su expresión política en Jair Bolsonaro.

El gobierno entrante colocó como ministro de economía a Paulo Guedes, formado en la Escuela de Chicago y declarado admirador del modelo chileno implantado por el dictador Augusto Pinochet. 

Durante el primer año de gestión, avanzó en completar la desregulación del mercado laboral –iniciada durante del gobierno interino de Michel Temer– con una reforma previsional que consolide una reducción promedio del salario y de la inversión social en jubilaciones, como oferta de insumos competitivos al empresariado antes de iniciar el sendero de apertura e inserción de la economía brasileña en el mercado mundial.

Situación que fue potenciada con el mantenimiento de la tasa de desempleo en el 11% a pesar de afirmarse la recuperación del PIB con una suba del 1,1%, después de la aguda crisis de 2015/2016.

Las señales promercado se acompañaron con un alineamiento durante el 2019 de las principales variables de precios: la devaluación interanual del real fue del 4,4%, la tasa de interés de referencia descendió hasta ubicarse en el 4,5% anual y la inflación minorista acumuló el 4,3% en el año.

Estabilidad general con nula volatilidad de precios relativos, mercados laboral y previsional desprotegidos, desempleo en dos dígitos y paulatino ascenso de la actividad, un conjunto de condiciones que configuran el sueño dorado de cualquier inversionista global. Máxime cuando se trata de la octava economía del planeta. Todo listo entonces para “lanzarse al mundo”.

Pero llegó la pandemia. El gobierno federal decidió enfrentarla minimizando su impacto sanitario y desalentando medidas de aislamiento social para impedir la propagación del virus. Los resultados más recientes arrojan 3.500.000 brasileños infectados y 111.000 fallecidos, desbordando las previsiones de atención sanitaria.

El sacrificio humano de mantener la actividad casi sin restricciones no impidió el deterioro acelerado del modelo aperturista promercado, más allá de las declamaciones oficiales:

1. La salida de capitales generalizada en todos los emergentes durante el trimestre abril/junio provocó una caída de reservas internacionales de u$s 16.754 millones, configurando una baja del 4,5% en ese lapso
2. La fuerte devaluación del real del 35% en el semestre no contuvo la salida y desalineó las variables económicas cuidadosamente ordenadas en 2019
3. El desempleo rápidamente trepó del 11% al 13,3%
4. La proyección de contracción del PIB es del 6,7% durante 2020
5. Para amortiguar el impacto de la pandemia sobre la actividad, y a pesar de la devaluación del real, la tasa de interés de referencia se redujo del 4,5% al 2%, agudizando la presión cambiaria
6. La suba del dólar no aceleró la inflación, contenida por la recesión, que se ubicó debajo de las metas previstas en torno al 0,5% en el semestre.

La otra consecuencia de la pandemia fue el despliegue de un importante plan de ayuda a trabajadores informales para asegurar un ingreso mínimo por u$s 18.000 millones y a empresas PyMe para asegurar el empleo privado por u$s 20.000 millones. Produciéndose un freno en el plan de privatizaciones y apertura de mercados previsto para 2020.

Esta situación ha provocado dos consecuencias políticas. En el plano interno, se desataron fuertes tensiones en el equipo económico por la alteración del rumbo original, que se materializó en la renuncia de los secretarios a cargo de las privatizaciones y la reforma del Estado, preanunciando agrias discusiones en torno al ajuste del gasto a la hora de presentar el proyecto de Presupuesto 2021. Y en el plano externo, el repunte de la imagen positiva del presidente hasta un 37% de aprobación, respaldado por los trabajadores informales beneficiarios de la ayuda extraordinaria y la baja inflación, pese al colapso sanitario que surca al país.

El doble reflejo político de la pandemia resulta antagónico entre sí, porque frustra el avance del modelo aperturista y desregulador, y la vez potencia la importancia de abandonar el rígido control de gasto público subordinado a la meta inflacionaria, conforme lo establecido por la ley de restricción presupuestaria promulgada durante el gobierno del Temer. Más inversión de recursos públicos se asocia a mayor popularidad del gobierno y, por ende, a tensiones con el dispositivo económico de origen.

https://www.eldestapeweb.com/economia/brasil/un-fantasma-recorre-sudamerica-el-bolsonarismo-20208221904

En columnas anteriores describimos los núcleos de problemas que afrontaba el Gobierno en el inicio de su gestión, legados por el desmadre macrista y su agudización potenciada por el desencadenamiento de la pandemia COVID-19, identificando tres de ellos:

1. La reestructuración de la deuda pública y su impacto en el devenir futuro del Gobierno, conforme lo evidenciado por las dos experiencias históricas peronistas previas (el gobierno de Carlos Menem y las presidencias de Néstor y Cristina).
2. Los límites de la política monetaria para financiar la expansión de la inversión social que exige la atención de las consecuencias del virus.
3. El comportamiento del sector externo expresado en el nivel estancado de las reservas internacionales del Banco Central, en el semestre de mayor ingreso de divisas por exportaciones primarias.

De concluir exitosamente el canje de bonos -emitidos en su mayoría por el gobierno anterior- a lo largo del corriente mes, la economía argentina habrá consolidado un programa financiero que despeja vencimientos importantes en el próximo lustro, otorgando un plazo interesante para iniciar un proceso de crecimiento que torne sustentable el programa a largo término.

Señalamos que una reestructuración exitosa de deuda crea condiciones de certidumbre sobre las cuentas externas que provoca una movilización de recursos retenidos hacia la producción y el consumo. Es entonces una condición necesaria para la recuperación, aunque no suficiente.

Cerrado el capítulo de la deuda, el Gobierno inicia una nueva etapa centrada en orientar los recursos disponibles de la Nación hacia superar los efectos del virus en la economía, impulsando la expansión.

Esta etapa se abre en un contexto internacional singularmente grave, el peor desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia ha acelerado condiciones pre-existentes de una crisis en Occidente desencadenada con el “crack financiero” de 2008 y no superada, que cuestiona la vigencia del modelo de relaciones internacionales surgido al final de la Guerra Fría desembocando en una disputa de hegemonía entre China y EEUU. Y el plano regional está surcado por el divorcio de Brasil después de treinta y cinco años de construcción de progresivos y virtuosos vínculos político-económicos.

Si es real la afirmación de Perón -en paráfrasis de Bismarck- acerca que la política es la política exterior, nos lleva a deducir que “no la tenemos fácil”. Sin embargo, la mayoría de los líderes mundiales no piensa salidas provenientes de los flujos externos -sean estos comerciales y/o financieros- sino de movilización de recursos nacionales o en bloques consolidados y redefinidos respecto de la etapa anterior, como ocurre en la Unión Europea o en el Tratado de América del Norte (del NAFTA al T-MEC).

Efectuada esta imprescindible contextualización internacional, la etapa pos-deuda que se abre para el Gobierno requerirá abordar los otros núcleos problemáticos reseñados, que evidencian señales de agotamiento transcurrido el primer semestre, redefiniéndolos en un programa de corto plazo.

En el plano macroeconómico, el carácter armónico y sostenible que asumirán las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. A su vez, en la dimensión microeconómica obliga a evaluar la ecuación de costos de las empresas: materia prima + mano de obra + energía y, consecuentemente, los diseños de políticas tarifarias, salarial y de administración de comercio interno y exterior, que también deben converger según los segmentos y agentes económicos que se evalúen como ejecutores y beneficiarios de la recuperación.

La política económica requerida por la nueva etapa concitará apoyos y desencadenará conflictos implícitos en la distribución de los recursos que se apliquen a reparar los daños de la pandemia. Daños hasta ahora soportados mayoritariamente por el pueblo, a pesar de los amortiguadores desplegados por el Gobierno.

El mercado interno es el motor de la economía y lo constituye esencialmente el consumo masivo. Los ingresos populares se incrementan cuando el acceso a la energía, los alimentos y los bienes esenciales sólo representan una porción reducida de esos ingresos.

He aquí dos objetivos de la política económica por venir.

https://www.eldestapeweb.com/economia/reestructuracion-de-la-deuda/la-nueva-etapa-pos-deuda-20208160518

En nuestro país (y en todo el mundo), los Estados, nacional, provincial y municipal debieron reconvertirse en mayor o menor medida para asistir a la población ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

Si el Estado estuvo a la altura de las circunstancias, sin ningún tipo de ingresos extraordinarios y con el descenso de la recaudación que, mayoritariamente ligada al nivel de actividad,  por la cuarentena disminuyó considerablemente, es preciso preguntarse por la responsabilidad que tienen los ciudadanos con su Estado.

Históricamente la respondió Benjamín Franklin (1706-1790), uno de los redactores de la Declaración de la Independencia de las 13 colonias en 1776 y de la Constitución estadounidense en 1787, cuando dijo: «Tenemos que hacer una sociedad donde haya dos cosas que no se puedan evitar, la muerte y pagar impuestos».

Otro que respondió detalladamente a la pregunta y quiso ver grande su país fue David Ricardo (1772-1823), quien propició la división del trabajo en el mundo para que Inglaterra fuera el centro industrial y financiero. Como diputado limitó el poder de los señores feudales, representados por la Cámara de los Lores, y propició la importación de alimentos sin pagar aranceles para abaratar su precio y de esa manera reducir la remuneración de los trabajadores (ley de bronce del salario) [1]. La reducción del costo salarial incrementaría la tasa de ganancia en la producción. En su libro de 1817 Principios de Economía Política y Tributación explica la renta, el valor y el precio. En el Capítulo VII se encuentra su teoría de las ventajas comparativas relativas, que fundamentaban que Inglaterra se industrialice y los demás países le vendan alimentos y materias primas. Ricardo dedica doce capítulos a los Impuestos, dado que buscaba redistribuir ingresos mediante las contribuciones al fisco, a la par que el Estado desarrollaba su labor de asistencia a la población, de defensa y de seguridad.

Para Ricardo el principal impuesto debía ser a la renta y escribe textualmente: “Un impuesto sobre la renta afecta exclusivamente a la renta; incide totalmente sobre los terratenientes y no puede ser trasladado a ninguna clase de consumidores”.

La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola, era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas —sostenía Ricardo—, uno con campos mucho más fértiles que el otro. Ambos venden los granos al mismo precio. Pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores que los costos del que es propietario de las menos fértiles, he aquí la renta agrícola.

Quién paga los impuestos

En la Argentina el gravamen a la propiedad de la tierra le corresponde a las provincias por medio del Impuesto Inmobiliario Rural. En el año 2019 la recaudación consolidada en todo el país de ese tributo significó solo el 0,3% del PIB (es decir de la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en el año).

A nivel nacional, el patrimonio es alcanzado con el Impuesto a los Bienes Personales, que teóricamente deben tributar aquellas personas cuyos bienes en el país y en el exterior superen los $ 2.000.000 (año fiscal 2019, vence  su pago en agosto de 2020). Quedan exentas las viviendas únicas de hasta $ 18.000.000 y se excluye la propiedad rural. Si tienen dólares declarados y están en bancos en el país no pagan el Impuesto a los Bienes Personales; si los tienen en efectivo tributan según la escala de 0,5 a 1,25%; el gobierno se reservó la facultad de duplicar el tributo si están en el exterior y que sobre el gravamen y siempre según la escala, podría llegar al 2,25%. El ingreso recaudado por el tributo en  2019 fue solo de $ 31.183,8 millones que convertido al dólar promedio del BCRA del año 2019 de $ 51,55 significan unos 604,9 millones de dólares, o sea, el 0,18% del PIB.

La mayor parte de los recursos fiscales provienen de impuestos indirectos (IVA, internos, combustibles, etc.) en la Nación y el Impuesto a los Ingresos Brutos en las provincias, que se trasladan (lo paga el consumidor final) y gravan con una única alícuota a toda la población que, como mayoritariamente no tiene capacidad de ahorro y paga el tributo en cada consumo, significa la quinta parte del ingreso de un asalariado promedio.

Teóricamente, a nivel nacional, los impuestos con carácter progresivo son Bienes Personales y Ganancias. En este último debe considerarse además que grava a los trabajadores solteros que ganen más de $ 55.261 al mes; para quienes estén casados, el umbral de pago se elevó a 64.415 pesos si tienen un hijo y a 73.014 pesos si tienen dos. Pese a ello, la participación de los mismos cayeron fuertemente en los últimos cuatro años.

El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019, quiere decir que los impuestos regresivos en el año 2019 fueron el 77,6% de lo que se recaudó. El IVA (Impuesto al Valor Agregado) pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30% en 2019 (aproximadamente el 10% del PIB), un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables.

La presión tributaria nacional (incluyendo contribuciones previsionales) es de aproximadamente el 25,2 % del PIB, más un 6,5% de los impuestos provinciales, el consolidado impositivo rondaría el  31,7% del PIB, porcentaje similar al de los Estados Unidos, con el agravante de que allí existe cierta proporcionalidad en la recaudación entre impuestos a la riqueza (patrimoniales), a las ganancias y rentas, y al consumo y la actividad, que es de aproximadamente un tercio para cada división. Además, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estados la presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

En la Argentina de 2019 el IVA más otros gravámenes al consumo y a la actividad nacional (Combustibles, Internos, Débito y Crédito Bancario, etc.) significaban el 70% del total de los impuestos nacionales recaudados y, en el caso de las provincias, el Impuesto a los Ingresos Brutos (que también es regresivo e indirecto) representaba el 70% de la recaudación provincial. Esto quiere decir que el 75% de los ingresos impositivos en el país son regresivos y solo el 25% es a la ganancia y a la propiedad (con el agravante ya referido de cómo alcanza con impuesto a las ganancias a los trabajadores).

(Re) Financiar al Estado

Para que los impuestos no recaigan mayoritariamente en la población y se cumpla el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, según el cual la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, se deben gravar el patrimonio y la renta. Una cosa es el beneficio o ganancia de una actividad y otra es la renta, que es el plus valor extraordinario que obtienen por tener un mercado cautivo y/o un costo de producción menor por ventajas naturales y/o por protección estatal.  El Estado debe gravar esa renta, por ejemplo:

• La renta petrolera: La Argentina no es un país rico en petróleo y gas, pero puede llegar a ser importante y al menos autoabastecerse con la explotación de Vaca Muerta, que depende de fuertes inversiones. La existencia de reservas de petróleo o gas en un determinado territorio es un legado de la naturaleza. Obviamente los yacimientos en Medio Oriente y en la Cuenca del Orinoco tienen en general una mayor productividad que la de nuestro país y, en la Argentina, el costo promedio de extracción es menor con respecto al petróleo que se extrae del Mar del Norte, cuando el precio internacional se fija en un valor cercano al costo de extracción del Mar del Norte. La renta surge como diferencia entre precios y costos, por lo que su valor es muy variable en el tiempo, aún en un mismo contexto geológico. Para dar una respuesta al problema y terminar con el manejo discrecional de la actividad, el Estado a través de YPF SA debe apropiarse parte del excedente que se genera con los recursos naturales y, por otro lado, lo que no puede explotar YPF SA por falta de recursos, debe acordar su explotación con grandes empresas y el Estado debe cobrarles impuestos a la renta petrolera por el diferencial del costo de extracción con el internacional.
• La renta minera: Deberíamos referirnos a todas las extracciones y explotaciones mineras en general, pero sin lugar a duda la más rentable es la del oro, ante la suba constante en el precio de ese bien refugio de las crisis internacionales por un lado (en 2019 se exportó oro por 2.272 millones de dólares, más que por carne vacuna y trigo, sobre Declaración Jurada del exportador). Las principales minas son Bajo la Alumbrera en Catamarca (donde Glencore tiene el 50% de la explotación); Cerro Vanguardia (Anglo Gold) y Cerro Negro (Goldcorp-Canadá) en Santa Cruz; Veladero (Barrick Gold) en San Juan (considerada entre las diez minas más grandes de oro del mundo). Todas ellas explotadas por empresas extranjeras y, en el mejor de los casos, con algún grado de participación del respectivo Estado provincial. Por un lado gozan de la estabilidad fiscal de la ley 24.196/93 de inversiones mineras vigente, que por 30 años no permite aumentar la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad. Las regalías provinciales son del 3% del valor en boca de mina, pero se deducen los costos de transporte, flete, comercialización, y otros. Este valor puede terminar representando entre el 1,2 y el 1,5% del valor de boca de mina original. El Impuesto a las Ganancias sólo se comienza a pagar después de cinco años de iniciado el proyecto (además hay deducción de hasta 5% de los costos operativos de extracción y beneficio para constituir una provisión con fines ambientales). Por último, los Derechos de Exportación (retenciones) que eran del 5% y habían sido reducidos a 0% por el gobierno de Cambiemos, en septiembre de 2018 (Decreto 793/18) se restituyeron hasta el 31/12/2020 con una alícuota de 12% para todos los bienes, con un tope de $ 4 por dólar para el oro  y $ 3 para el resto de los minerales.
• La renta financiera: El Banco Central les paga a los Bancos más de $ 60.000 millones por mes por no prestar, gracias a las inmovilizaciones de LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA). Al 7 de agosto de 2020, su stock era de $ 1.813. 427 millones,  que representaba el 77% de la Base Monetaria (que es la cantidad de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA). No pagan impuesto por ello, gozan de una renta extraordinaria, sin riesgo alguno y no contribuyen al fisco.
• Otras rentas: Hay otras rentas (pesqueras, servicios digitales, servicios públicos, etc.), todas deben ser estudiadas en su faz legal y en su operatoria (fiscalización).

En el comercio exterior, se debe hacer un seguimiento real de cómo se liquidan las exportaciones y las importaciones. Tener en cuenta las Resoluciones y Decretos de la gestión de Cambiemos que posibilitan que haya una diferencia de más de 19.000 millones de dólares entre el FOB exportado y las divisas ingresadas.

En la compra de divisas, merced a la ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva se creó el Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) que fija una alícuota del 30% sobre el tipo de cambio vendedor. Esa alícuota podría llevarse al 100% mientras dure la pandemia.

También es imprescindible el permanente seguimiento de la compra de divisas y fuga. El BCRA sigue vendiendo dólares y se debe saber cuál es su destino. El BCRA ya conoce quienes compraron 86.200 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos, convocarlos, por ejemplo a los 1.000 primeros compradores y ver su situación fiscal, si hay congruencia entre el excedente que declaran y la magnitud de sus compras.

David Ricardo terminaba su libro diciendo que el objetivo es que sea el patrimonio de los contribuyentes la fuente principal de financiamiento de un Estado y afirma: “Debiera ser tarea de los gobiernos (previa recaudación eficiente de los tributos) estimular al sector privado, para que aumenten sus capitales y rentas, con la finalidad de diversificar el aparato productivo, dar incentivos para incrementar la producción, a través de mejoras en la productividad, para así generar nuevas fuentes de trabajo, con el objeto de aumentar el consumo, el ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles de satisfacción a la población”.

GRAVAR LA RENTA

El dólar es nuestro tipo de cambio de referencia y permite comparar todos nuestros costos y precios de factores (trabajo, capital, tierra), bienes y servicios, con el resto del mundo.

En teoría económica en el largo plazo el tipo de cambio (en nuestro caso la referencia es el precio del dólar) está determinado por la productividad, pero en la Argentina tenemos productividades muy distintas entre la producción primaria y la industria, y esto es así, por un lado, al contar con una de las tierras más fértiles del mundo, de manera tal que se destinan 37,5 millones de hectáreas al cultivo de granos con una cosecha 2019/2020 de unos 147 millones de toneladas. Seis cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) representan 137 millones de toneladas de granos, con una productividad media de casi cuatro toneladas por hectáreas. Y por otra parte, la baja productividad en la industria se debe básicamente a la falta de inversión en equipos y su modernización, que la torna poco competitiva.

La diferencia de productividades se agranda porque el mundo, más en pandemia, sigue demandando alimentos, en cambio la producción industrial se destina mayoritariamente al mercado interno que se debilitó ex profeso desde la dictadura cívico-militar, tuvo su reparación durante el kirchnerismo pero derrapó con el gobierno de Cambiemos y el retorno a la subordinación al capital financiero.

La deuda y fuga de la gestión de Cambiemos demuestra que un país del que en cuatro años se esfuman 86.200 millones de dólares no tiene un problema de ahorro, por ende no necesita endeudarse porque genera el excedente físico de producción suficiente para financiar su inversión bruta fija. Es más, la fuga de capitales asevera el rol de dependencia de la deuda, porque el mecanismo para dolarizar el excedente fue que el Estado nacional contrajo obligaciones en divisas por más de cien mil millones de dólares para financiar básicamente gastos corrientes, y esos dólares se los vendió el BCRA de Sturzenegger, Caputo y Sandleris a unas siete millones de personas físicas y jurídicas, pero con el agravante que los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares.

Esta burguesía invierte en el “campo” porque posee la tierra y/o controla su alquiler, tiene plena libertad en su comercio externo (subfactura exportaciones y sobrefactura importaciones) y fija el precio que quiere en el comercio interno. El ejemplo del grupo Vicentin lo pone de manifiesto. Los grandes empresarios y acopiadores del sector buscaron acordar quién se quedaba y con qué de las diversas producciones del grupo, hasta que el gobierno nacional puso la lupa en el sector e intervino por unos días en la empresa madre el 8 de junio de 2020. A ello se le debe sumar las denuncias en tribunales del distrito sur de Nueva York promovidas por seis bancos extranjeros que señalan textualmente que la firma les mintió sobre su situación patrimonial «a través de documentación contable falsa», y que «está siendo vaciada transmitiendo sus activos a otras empresas controladas por el mismo grupo Vicentin”.

La industria en general se preserva de la competencia externa con  mercados cautivos como es el de laminados de acero, caños con y sin costuras, aluminio, cemento y algunas ramas petroquímicas, que pueden vender en el país a un precio muy superior al internacional (y con un costo real mucho menor). De allí que no quiera saber nada de ningún acuerdo con la República Popular China por la posibilidad de su competencia.  De alguna manera también sucede con la industria automotriz y sus proveedores, si bien para tener un mercado cautivo que le genere márgenes de ganancia debe vender a un mercado interno fortalecido y eso le genera una constante contradicción entre reducir los salarios  y la necesidad que la población asalariada le compre los vehículos.

La esencia de la propuesta inicial del Plan A de Macri consistía en devaluar nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creciera más que la tasa de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando una transferencia de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrados de la industria (formadores de precios), del sector financiero y de los exportadores. Una segunda etapa era que una vez producida la devaluación se asegurara que las tasas de interés local fueran mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de Martínez de Hoz y de Cavallo. La idea era que las empresas de primera línea podían conseguir financiamiento externo a tasas negativas con respecto a la inflación (y los incrementos de sus precios), pero era exactamente al revés con las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan tasas usurarias confiscatorias de su capital, al ser muy superiores a lo que pueden aumentar sus importes, obligándolas a financiarse con recursos propios (que por su dimensión son escasos), retrocediendo lo que se había avanzado en los años kirchneristas.

Lo que no tuvieron en cuenta ni Macri ni los grandes empresarios que operan en el país es que el capital financiero internacional tiene su propia lógica. Hasta enero de 2018 fue generoso prestamista, pero cuando los Estados Unidos llevó la tasa de interés a diez años al 3% anual, el 25 de abril de 2018, se desata en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda de la Argentina en los mercados financieros internacionales (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.), quienes vendieron la posición que tenían en títulos públicos y acciones de empresas argentinas y compraron dólar a $ 20,20, llevándose ese solo día 1.225 millones de dólares, continuaron vendiendo posiciones argentinas y comprando dólares en mayo y junio y el precio de un dólar fue de $ 38,90 el último día de ese mes de 2018.

Mientras el gobierno de Cambiemos se aferraba a los Estados Unidos y al FMI, los títulos públicos y privados (acciones, obligaciones negociables, etc.) caían estrepitosamente porque a la salida de los grandes bancos le siguió el “chiquitaje” y el pánico, de manera tal que en promedio todos ellos valían menos de la mitad en diciembre de 2019 que en diciembre de 2015.

A la par que el gobierno de Macri se ataba a los planes del FMI, los fondos de cobertura  (BlackRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.) aprovecharon el precio de remate y compraron parte de esos títulos y acciones (las que les interesaba). BlackRock posee más de 3.000 millones de dólares en bonos nacionales, pero también es socio de los Rocca en Tenaris; de George Soros en Adecoagro; de la Argentina en YPF SA; del grupo Pampa Energía (supuestamente de Mindlin); de Brito y Carballo en Banco Macro; y de los Braun, Ayerza y Escasany en el Banco Galicia, entre otros.

Teorema de la deuda

El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 se encontró con un nivel de deuda y plazos de vencimientos totalmente incumplibles. Tras arduas idas y venidas, el martes 4 de agosto 2020 el Ministerio de Economía dio a conocer un principio de acuerdo con los principales tenedores de títulos de la deuda en jurisdicción extranjera encabezado por BlackRock. En el Comunicado Oficial se explica que los cambios realizados a la propuesta de desembolsos de la deuda presentada ante la SEC [1] el 6 de julio, consisten en incluir los 21 títulos (incluso el que duraba 100 años, hasta el 2127) en un canje por 12 títulos de deuda, seis en dólares y seis en euros, con vencimientos desde 2030 hasta 2046. La modificación realizada básicamente es:

• adelantar los plazos de pago de cada año del 4 de marzo al 9 de enero y del 4 de septiembre al 9 de julio,
• los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, y
•  la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

De esta manera el primer pago de intereses se realiza en 2021 y el capital comienza a amortizarse en 2024, pero con una escala diferida de cancelación que hace que, hasta diciembre de 2024, el monto acumulado a abonar por todo concepto (intereses, capital y demás gastos) de la deuda en moneda y jurisdicción extranjera es de unos 6.200 millones de dólares, cuando los vencimientos originales comprometidos por el gobierno de Cambiemos eran para ese mismo período de 33.664 millones de dólares.

Posteriormente al Comunicado Oficial del Ministerio de Economía de la Nación del 4 de agosto, el grupo AdHoc Argentine Bondholder Group que encabeza BlackRock, confirmó que aceptaba la propuesta de reestructuración de deuda e invitaba a los demás acreedores a sumarse a esas condiciones.

Por otra parte cuenta con la sanción en la Cámara de Diputados la reestructuración de la deuda en jurisdicción argentina bajo las condiciones de la cláusula RUFO, por la que reciben el mismo trato que lo acordado con los bonistas de jurisdicción extranjera. A su vez el gobierno propondrá posponer el pago de capital de la deuda tomada con el FMI, por lo que en conjunto hasta diciembre de 2024 se cuenta con un lapso para impulsar el mercado interno y crecer, bajo dos hipótesis:

1. Los sectores empresariales de nuestro país, después de haber derrapado en los cuatro años de Cambiemos y ver desvalorizarse su patrimonio, deben reconocer que su fuente de acumulación de capital es el mercado interno local y actuar en consecuencia.
2. Los acuerdos alcanzados por la deuda descomprimen la presión cambiaria. Sabiendo que  hay una previsibilidad en los pagos los exportadores van a liquidar sus operaciones y eso asegura tener un superávit comercial similar al de 2019 (de 15.990 millones de dólares). Este año se siguen vendiendo alimentos, que conforman no menos del 65% de nuestras ventas al mundo y, por la caída del PIB, disminuyen más que proporcionalmente las compras al exterior, por lo que la oferta de dólares será mayor a la demanda, estabilizando esa variable y acercando el valor de los distintos tipos de dólar paralelo al oficial.

Presumimos que parte de los 86.200 millones de dólares fugados en el gobierno de Cambiemos es administrada por los fondos de cobertura. Cuando BlackRock dice haber comprado acciones de empresas y bancos locales que cotizan en el exterior, nos preguntamos cuál es la incidencia real de esas inversiones en el accionar de los fondos de cobertura.

De esto dependerá si la Argentina crece y distribuye su ingreso o si, por el contrario, lo hace como enclaves productivos pero con poco efecto multiplicador hacia el resto de la economía nacional, marginando regiones y población.

Obviamente que el gobierno debe decir y hacer lo suyo para que prevalezca la primera solución y no la segunda.

Tal lo descripto se dio el primer paso con el acuerdo arribado con los bonistas en jurisdicción extranjera, que tal vez no sea el mejor acuerdo, pero peor era no acordar y ello es así porque el frente interno del país deja mucho que desear, a la sociedad de hecho entre los principales fugadores de divisas del país y los fondos de cobertura se le debe sumar que más de diez millones de personas votaron a Macri en el 2019, gran parte del pueblo de Avellaneda y de Reconquista sigue defendiendo a los hermanos Nardelli y al «Mono» Padoan, en la ciudad de Buenos Aires se realizan movilizaciones en torno a Tribunales y el Obelisco oponiéndose a cualquier modificación de la Justicia, etc. etc., todos claros indicadores que no propiciaban un enfrentamiento en el presente con quienes son los grandes administradores de activos financieros del mundo.

Entendemos que la solución del teorema depende de que los grandes fugadores de divisas en la Argentina sopesen si el socio que tienen en sus empresas no les sale mucho más caro que la rentabilidad de su fuga, por un lado y, por el otro, que los grandes exportadores liquiden sus operaciones e ingresen los dólares al país porque por tres años se termina la incertidumbre cambiaria y no solo pierden plata, sino que el gobierno con su AFIP y su Aduana y gran parte de la población van a tratar de que se transparente su negocio.

DÓLAR Y DEUDA EXTERNA