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miércoles, abril 22, 2026
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Herramientas para enfrentar el grave déficit habitacional

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En estos meses de pandemia, cuando la realidad fue más siniestra que las pesadillas, quedaron en evidencia las condiciones de vida de la población. En particular, las características de las grandes ciudades, de los diferentes barrios y, sobre todo, de las casas y los departamentos habitados. Ya sea por el número de personas por metro cuadrado o por sus instalaciones de higiene y confort. Y el panorama que presenta en estos aspectos un tercio de los argentinos es sin duda dramático.

Tres millones y medio de familias no tienen una vivienda adecuada. De las cuales más de dos millones de construcciones son deficitarias. Es decir, poseen piso de tierra o de ladrillo suelto y carecen, en el interior, de cañerías de agua.

Y el resto, según el último censo, exhibe distintos grados de hacimiento. O sea, conviven dos, tres y hasta cuatro personas por cuarto. Las provincias del noroeste y el noreste, junto con municipios del Gran Buenos Aires, componen el cuadro de mayor complejidad. Además, existe un alto porcentaje de inquilinos que reside en zonas urbanas de la misma manera.

Es un déficit habitacional que comenzó a insinuarse cincuenta años atrás. Debido a las crisis de las economías regionales y al proceso de inmigración interna que se produjo después.

Pero que aumentó de forma notable durante las recesiones habidas en las últimas décadas. Y se viene agravando desde la hecatombe que nos sumió a principios de siglo. Desempleo o empleos precarios, salarios exiguos, inflación, dificultades para ahorrar y para acceder a créditos que permitan adquirir un terreno o una vivienda junto a una marcada tendencia de asentarse, en busca de trabajo o de un horizonte, en los centros urbanos componen, entre otras, las causas más importantes. Por cierto, Argentina, con el 95% de su población concentrado en ciudades, se encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo, por encima del promedio de Europa, Asia y los Estados Unidos.

Las herramientas para afrontar el problema deben tomar en cuenta las necesidades de los distintos sectores sociales y, en especial, los de menores ingresos.

También las diferencias geográficas. Desplegando tres acciones simultáneas y complementarias entre sí. De índole cuantitativa, referida a la construcción y el acceso a nuevas unidades habitacionales. Cualitativa, para mejorar y ampliar las existentes. Y de infraestructura urbana, en cuanto a proveer suelos y servicios básicos, regular los territorios y optimizar el hábitat.

Algunas de estas actividades requieren la participación de actores privados. Por ejemplo, para atender la demanda de personas con capacidad económica. Pero la presencia del sector público en el diseño y ejecución de estrategias que reviertan semejante situación es insoslayable.

En el orden nacional, provincial y municipal. Como lo dispone la legislación vigente. Y se lleva a cabo en Alemania, Canadá, Inglaterra y Holanda, entre otras naciones. De hecho, los programas cuantitativos han sido impulsados en los últimos años por el estado nacional y las empresas privadas. Mientras que las obras vinculadas a la infraestructura urbana y a las mejoras cuantitativas fueron, ante todo, competencia de las esferas provincial y municipal.

Sin embargo, los fondos públicos y crediticios han sido insuficientes. Y el presupuesto nacional para el sector, que viene disminuyendo desde el 2013, tuvo su mínimo histórico en el bienio 2018-2019. Período en el que varias provincias no solo recibieron montos muy inferiores para mitigar el déficit sino que los aplicaron, en parte, a cubrir gastos corrientes.

Por otro lado, no hubo continuidad en los planes y la gestión, que combina organismos estables, como el Consejo Nacional de la Vivienda, con otros de naturaleza ocasional, resultó limitada en extremo. Y se verificaron incumplimientos en los estándares de las viviendas sociales junto a su localización en terrenos periféricos y de mala calidad.

Cabe recordar que en los últimos tiempos hubo cambios en las principales instituciones sin que se hayan constatado grandes progresos. El Banco Hipotecario fue privatizado en los años noventa y parcialmente estatizado en este siglo. Y el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), creado en 1972, transfirió por entonces la administración del dinero y de los proyectos a los organismos provinciales.

En tanto que el origen de sus fondos se fue achicando, básicamente, al 15% de lo producido por el impuesto a los combustibles. Aun así, es dable destacar los resultados obtenidos por el Plan Federal de Viviendas en el período 2003-2010. También, la labor de las cooperativas de trabajo para la construcción y los créditos otorgados a través de la línea denominada Procrear instituida en 2012.

Garantizar el acceso masivo a la vivienda insumirá, lamentablemente, un buen tiempo. Sería deseable, entonces, que las autoridades redoblen esfuerzos para ampliar y ejecutar programas de inversión plurianuales. Además de iniciativas, como subsidios a las tasas de interés, que permitan a los asalariados formales e informales afrontar las cuotas de los créditos. Amén de otras que reduzcan los costos constructivos. En estos días se han difundido planes públicos y privados al respecto. Convendría, tal vez, discutirlos en conjunto para potenciar sus efectos a mediano y largo plazo. De este modo, la fantasía de un techo propio que conmueve a miles de ciudadanos podría transformarse más temprano que tarde en un hecho verídico.

 

https://www.clarin.com/opinion/herramientas-enfrentar-grave-deficit-habitacional_0_r44sMX5bS.html

La nueva etapa pos-deuda

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En columnas anteriores describimos los núcleos de problemas que afrontaba el Gobierno en el inicio de su gestión, legados por el desmadre macrista y su agudización potenciada por el desencadenamiento de la pandemia COVID-19, identificando tres de ellos:

  1. La reestructuración de la deuda pública y su impacto en el devenir futuro del Gobierno, conforme lo evidenciado por las dos experiencias históricas peronistas previas (el gobierno de Carlos Menem y las presidencias de Néstor y Cristina).
  2. Los límites de la política monetaria para financiar la expansión de la inversión social que exige la atención de las consecuencias del virus.
  3. El comportamiento del sector externo expresado en el nivel estancado de las reservas internacionales del Banco Central, en el semestre de mayor ingreso de divisas por exportaciones primarias.

De concluir exitosamente el canje de bonos -emitidos en su mayoría por el gobierno anterior- a lo largo del corriente mes, la economía argentina habrá consolidado un programa financiero que despeja vencimientos importantes en el próximo lustro, otorgando un plazo interesante para iniciar un proceso de crecimiento que torne sustentable el programa a largo término.

Señalamos que una reestructuración exitosa de deuda crea condiciones de certidumbre sobre las cuentas externas que provoca una movilización de recursos retenidos hacia la producción y el consumo. Es entonces una condición necesaria para la recuperación, aunque no suficiente.

Cerrado el capítulo de la deuda, el Gobierno inicia una nueva etapa centrada en orientar los recursos disponibles de la Nación hacia superar los efectos del virus en la economía, impulsando la expansión.

Esta etapa se abre en un contexto internacional singularmente grave, el peor desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia ha acelerado condiciones pre-existentes de una crisis en Occidente desencadenada con el “crack financiero” de 2008 y no superada, que cuestiona la vigencia del modelo de relaciones internacionales surgido al final de la Guerra Fría desembocando en una disputa de hegemonía entre China y EEUU. Y el plano regional está surcado por el divorcio de Brasil después de treinta y cinco años de construcción de progresivos y virtuosos vínculos político-económicos.

Si es real la afirmación de Perón -en paráfrasis de Bismarck- acerca que la política es la política exterior, nos lleva a deducir que “no la tenemos fácil”. Sin embargo, la mayoría de los líderes mundiales no piensa salidas provenientes de los flujos externos -sean estos comerciales y/o financieros- sino de movilización de recursos nacionales o en bloques consolidados y redefinidos respecto de la etapa anterior, como ocurre en la Unión Europea o en el Tratado de América del Norte (del NAFTA al T-MEC).

Efectuada esta imprescindible contextualización internacional, la etapa pos-deuda que se abre para el Gobierno requerirá abordar los otros núcleos problemáticos reseñados, que evidencian señales de agotamiento transcurrido el primer semestre, redefiniéndolos en un programa de corto plazo.

En el plano macroeconómico, el carácter armónico y sostenible que asumirán las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. A su vez, en la dimensión microeconómica obliga a evaluar la ecuación de costos de las empresas: materia prima + mano de obra + energía y, consecuentemente, los diseños de políticas tarifarias, salarial y de administración de comercio interno y exterior, que también deben converger según los segmentos y agentes económicos que se evalúen como ejecutores y beneficiarios de la recuperación.

La política económica requerida por la nueva etapa concitará apoyos y desencadenará conflictos implícitos en la distribución de los recursos que se apliquen a reparar los daños de la pandemia. Daños hasta ahora soportados mayoritariamente por el pueblo, a pesar de los amortiguadores desplegados por el Gobierno.

El mercado interno es el motor de la economía y lo constituye esencialmente el consumo masivo. Los ingresos populares se incrementan cuando el acceso a la energía, los alimentos y los bienes esenciales sólo representan una porción reducida de esos ingresos.

He aquí dos objetivos de la política económica por venir.

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/reestructuracion-de-la-deuda/la-nueva-etapa-pos-deuda-20208160518

Gravar la renta

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En nuestro país (y en todo el mundo), los Estados, nacional, provincial y municipal debieron reconvertirse en mayor o menor medida para asistir a la población ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

Si el Estado estuvo a la altura de las circunstancias, sin ningún tipo de ingresos extraordinarios y con el descenso de la recaudación que, mayoritariamente ligada al nivel de actividad,  por la cuarentena disminuyó considerablemente, es preciso preguntarse por la responsabilidad que tienen los ciudadanos con su Estado.

Históricamente la respondió Benjamín Franklin (1706-1790), uno de los redactores de la Declaración de la Independencia de las 13 colonias en 1776 y de la Constitución estadounidense en 1787, cuando dijo: «Tenemos que hacer una sociedad donde haya dos cosas que no se puedan evitar, la muerte y pagar impuestos».

Otro que respondió detalladamente a la pregunta y quiso ver grande su país fue David Ricardo (1772-1823), quien propició la división del trabajo en el mundo para que Inglaterra fuera el centro industrial y financiero. Como diputado limitó el poder de los señores feudales, representados por la Cámara de los Lores, y propició la importación de alimentos sin pagar aranceles para abaratar su precio y de esa manera reducir la remuneración de los trabajadores (ley de bronce del salario) [1]. La reducción del costo salarial incrementaría la tasa de ganancia en la producción. En su libro de 1817 Principios de Economía Política y Tributación explica la renta, el valor y el precio. En el Capítulo VII se encuentra su teoría de las ventajas comparativas relativas, que fundamentaban que Inglaterra se industrialice y los demás países le vendan alimentos y materias primas. Ricardo dedica doce capítulos a los Impuestos, dado que buscaba redistribuir ingresos mediante las contribuciones al fisco, a la par que el Estado desarrollaba su labor de asistencia a la población, de defensa y de seguridad.

Para Ricardo el principal impuesto debía ser a la renta y escribe textualmente: “Un impuesto sobre la renta afecta exclusivamente a la renta; incide totalmente sobre los terratenientes y no puede ser trasladado a ninguna clase de consumidores”.

La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola, era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas —sostenía Ricardo—, uno con campos mucho más fértiles que el otro. Ambos venden los granos al mismo precio. Pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores que los costos del que es propietario de las menos fértiles, he aquí la renta agrícola.

Quién paga los impuestos

En la Argentina el gravamen a la propiedad de la tierra le corresponde a las provincias por medio del Impuesto Inmobiliario Rural. En el año 2019 la recaudación consolidada en todo el país de ese tributo significó solo el 0,3% del PIB (es decir de la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en el año).

A nivel nacional, el patrimonio es alcanzado con el Impuesto a los Bienes Personales, que teóricamente deben tributar aquellas personas cuyos bienes en el país y en el exterior superen los $ 2.000.000 (año fiscal 2019, vence  su pago en agosto de 2020). Quedan exentas las viviendas únicas de hasta $ 18.000.000 y se excluye la propiedad rural. Si tienen dólares declarados y están en bancos en el país no pagan el Impuesto a los Bienes Personales; si los tienen en efectivo tributan según la escala de 0,5 a 1,25%; el gobierno se reservó la facultad de duplicar el tributo si están en el exterior y que sobre el gravamen y siempre según la escala, podría llegar al 2,25%. El ingreso recaudado por el tributo en  2019 fue solo de $ 31.183,8 millones que convertido al dólar promedio del BCRA del año 2019 de $ 51,55 significan unos 604,9 millones de dólares, o sea, el 0,18% del PIB.

La mayor parte de los recursos fiscales provienen de impuestos indirectos (IVA, internos, combustibles, etc.) en la Nación y el Impuesto a los Ingresos Brutos en las provincias, que se trasladan (lo paga el consumidor final) y gravan con una única alícuota a toda la población que, como mayoritariamente no tiene capacidad de ahorro y paga el tributo en cada consumo, significa la quinta parte del ingreso de un asalariado promedio.

Teóricamente, a nivel nacional, los impuestos con carácter progresivo son Bienes Personales y Ganancias. En este último debe considerarse además que grava a los trabajadores solteros que ganen más de $ 55.261 al mes; para quienes estén casados, el umbral de pago se elevó a 64.415 pesos si tienen un hijo y a 73.014 pesos si tienen dos. Pese a ello, la participación de los mismos cayeron fuertemente en los últimos cuatro años.

El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019, quiere decir que los impuestos regresivos en el año 2019 fueron el 77,6% de lo que se recaudó. El IVA (Impuesto al Valor Agregado) pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30% en 2019 (aproximadamente el 10% del PIB), un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables.

La presión tributaria nacional (incluyendo contribuciones previsionales) es de aproximadamente el 25,2 % del PIB, más un 6,5% de los impuestos provinciales, el consolidado impositivo rondaría el  31,7% del PIB, porcentaje similar al de los Estados Unidos, con el agravante de que allí existe cierta proporcionalidad en la recaudación entre impuestos a la riqueza (patrimoniales), a las ganancias y rentas, y al consumo y la actividad, que es de aproximadamente un tercio para cada división. Además, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estados la presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

En la Argentina de 2019 el IVA más otros gravámenes al consumo y a la actividad nacional (Combustibles, Internos, Débito y Crédito Bancario, etc.) significaban el 70% del total de los impuestos nacionales recaudados y, en el caso de las provincias, el Impuesto a los Ingresos Brutos (que también es regresivo e indirecto) representaba el 70% de la recaudación provincial. Esto quiere decir que el 75% de los ingresos impositivos en el país son regresivos y solo el 25% es a la ganancia y a la propiedad (con el agravante ya referido de cómo alcanza con impuesto a las ganancias a los trabajadores).

(Re) Financiar al Estado

Para que los impuestos no recaigan mayoritariamente en la población y se cumpla el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, según el cual la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, se deben gravar el patrimonio y la renta. Una cosa es el beneficio o ganancia de una actividad y otra es la renta, que es el plus valor extraordinario que obtienen por tener un mercado cautivo y/o un costo de producción menor por ventajas naturales y/o por protección estatal.  El Estado debe gravar esa renta, por ejemplo:

  • La renta petrolera: La Argentina no es un país rico en petróleo y gas, pero puede llegar a ser importante y al menos autoabastecerse con la explotación de Vaca Muerta, que depende de fuertes inversiones. La existencia de reservas de petróleo o gas en un determinado territorio es un legado de la naturaleza. Obviamente los yacimientos en Medio Oriente y en la Cuenca del Orinoco tienen en general una mayor productividad que la de nuestro país y, en la Argentina, el costo promedio de extracción es menor con respecto al petróleo que se extrae del Mar del Norte, cuando el precio internacional se fija en un valor cercano al costo de extracción del Mar del Norte. La renta surge como diferencia entre precios y costos, por lo que su valor es muy variable en el tiempo, aún en un mismo contexto geológico. Para dar una respuesta al problema y terminar con el manejo discrecional de la actividad, el Estado a través de YPF SA debe apropiarse parte del excedente que se genera con los recursos naturales y, por otro lado, lo que no puede explotar YPF SA por falta de recursos, debe acordar su explotación con grandes empresas y el Estado debe cobrarles impuestos a la renta petrolera por el diferencial del costo de extracción con el internacional.
  • La renta minera: Deberíamos referirnos a todas las extracciones y explotaciones mineras en general, pero sin lugar a duda la más rentable es la del oro, ante la suba constante en el precio de ese bien refugio de las crisis internacionales por un lado (en 2019 se exportó oro por 2.272 millones de dólares, más que por carne vacuna y trigo, sobre Declaración Jurada del exportador). Las principales minas son Bajo la Alumbrera en Catamarca (donde Glencore tiene el 50% de la explotación); Cerro Vanguardia (Anglo Gold) y Cerro Negro (Goldcorp-Canadá) en Santa Cruz; Veladero (Barrick Gold) en San Juan (considerada entre las diez minas más grandes de oro del mundo). Todas ellas explotadas por empresas extranjeras y, en el mejor de los casos, con algún grado de participación del respectivo Estado provincial. Por un lado gozan de la estabilidad fiscal de la ley 24.196/93 de inversiones mineras vigente, que por 30 años no permite aumentar la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad. Las regalías provinciales son del 3% del valor en boca de mina, pero se deducen los costos de transporte, flete, comercialización, y otros. Este valor puede terminar representando entre el 1,2 y el 1,5% del valor de boca de mina original. El Impuesto a las Ganancias sólo se comienza a pagar después de cinco años de iniciado el proyecto (además hay deducción de hasta 5% de los costos operativos de extracción y beneficio para constituir una provisión con fines ambientales). Por último, los Derechos de Exportación (retenciones) que eran del 5% y habían sido reducidos a 0% por el gobierno de Cambiemos, en septiembre de 2018 (Decreto 793/18) se restituyeron hasta el 31/12/2020 con una alícuota de 12% para todos los bienes, con un tope de $ 4 por dólar para el oro  y $ 3 para el resto de los minerales.
  • La renta financiera: El Banco Central les paga a los Bancos más de $ 60.000 millones por mes por no prestar, gracias a las inmovilizaciones de LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA). Al 7 de agosto de 2020, su stock era de $ 1.813. 427 millones,  que representaba el 77% de la Base Monetaria (que es la cantidad de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA). No pagan impuesto por ello, gozan de una renta extraordinaria, sin riesgo alguno y no contribuyen al fisco.
  • Otras rentas: Hay otras rentas (pesqueras, servicios digitales, servicios públicos, etc.), todas deben ser estudiadas en su faz legal y en su operatoria (fiscalización).

En el comercio exterior, se debe hacer un seguimiento real de cómo se liquidan las exportaciones y las importaciones. Tener en cuenta las Resoluciones y Decretos de la gestión de Cambiemos que posibilitan que haya una diferencia de más de 19.000 millones de dólares entre el FOB exportado y las divisas ingresadas.

En la compra de divisas, merced a la ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva se creó el Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) que fija una alícuota del 30% sobre el tipo de cambio vendedor. Esa alícuota podría llevarse al 100% mientras dure la pandemia.

También es imprescindible el permanente seguimiento de la compra de divisas y fuga. El BCRA sigue vendiendo dólares y se debe saber cuál es su destino. El BCRA ya conoce quienes compraron 86.200 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos, convocarlos, por ejemplo a los 1.000 primeros compradores y ver su situación fiscal, si hay congruencia entre el excedente que declaran y la magnitud de sus compras.

David Ricardo terminaba su libro diciendo que el objetivo es que sea el patrimonio de los contribuyentes la fuente principal de financiamiento de un Estado y afirma: “Debiera ser tarea de los gobiernos (previa recaudación eficiente de los tributos) estimular al sector privado, para que aumenten sus capitales y rentas, con la finalidad de diversificar el aparato productivo, dar incentivos para incrementar la producción, a través de mejoras en la productividad, para así generar nuevas fuentes de trabajo, con el objeto de aumentar el consumo, el ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles de satisfacción a la población”.

 

 

GRAVAR LA RENTA

La renegociación de la deuda en el marco internacional

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La negociación de la deuda y su resultado no se entienden sin comprender los cambios en la situación internacional que tuvieron lugar con la llegada del presidente Trump a la presidencia y que desembocaron en una guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Esta guerra modifica el encuadre de la articulación en la economía mundial de cada uno de ellos y también en forma particular de América Latina y particularmente del Mercosur, a partir de los cambios en la relación de Argentina con Brasil y del derrotero que pueda seguir en el futuro.

La situación internacional anterior se había modificado previamente al comienzo de los años noventa. Por un lado, la perspectiva del socialismo fue derrotada con la caída de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, quedó claro que el sistema mundial no podía subdividirse, porque la economía mundial es una sola y lo que prevalece es el sistema que la sostiene, que en el mundo contemporáneo obviamente es el del capitalismo.

China comprendió a fondo esa situación a partir de la experiencia soviética y entendió que su economía solo podría progresar integrada al sistema mundial. De ahí que a la muerte de Mao y después de una oscura y compleja lucha interna, se impuso la búsqueda de un acuerdo con Estados Unidos.

El objetivo fue crecer ofreciendo la única ventaja comparativa de que podía disponer: su mano de obra masiva y barata, que constituyó el máximo atractivo de ese momento para las grandes empresas transnacionales.  Éstas, sólo ingresarían al mercado chino para producir en él a través de un desarrollo de empresas de ese país con las características de las privadas del mundo capitalista y capaces de asociarse con las grandes empresas transnacionales. Así  atrajeron las inversiones y realizaron a su vez inversiones propias en un entramado de integración como única manera de captar nuevas tecnologías e innovaciones esenciales para el desarrollo productivo.

Esa situación dio lugar, a la vez, a un impulso significativo en el crecimiento mundial, a tal punto que China se convirtió por lejos en la mayor posibilidad de crecimiento del sistema y posibilitó una generalización de la segmentación de tareas de las grandes industrias. Este fenómeno, si bien se desató en el transcurso de la Primera Revolución Industrial, se intensificó después, sobre todo a través de las inversiones estadounidenses en el exterior, y encontró en la electrónica y en la paulatina digitalización de los servicios, una generalización sin la que no se comprende la lógica de la industria moderna, de la conversión de parte de los países en desarrollo en emergentes ni de la financiación que la acompaña.

El secreto consiste en que la economía china se rige por una política de desarrollo que se planifica, a diferencia de la que surge casi exclusivamente de la iniciativa privada, cuya máximas expresión es Estados Unidos.

El avance de los servicios digitales fue posibilitando, al mismo tiempo, la paulatina desaparición del trabajo obrero a la usanza de la industria tradicional, su menor importancia numérica, cualitativa y política, el ascenso de la clase media al centro de la escena laboral, la creación de formas de trabajo cada vez más inteligentes y diferenciadas y el comienzo del advenimiento de los robots, es decir la paulatina sustitución de la mecánica por la digitalización industrial o la Cuarta Revolución Industrial. Esto es: el mayor cambio tecnológico conocido y la aparición de un mundo completamente diferente al conocido.

Ante esta situación y por el diferencial de desarrollo entre China y el resto de la economía mundial, lo que aparecía a fines del siglo XX como una integración mundial unidireccional se fue convirtiendo en el siglo XXI en una rivalidad entre China y Estados Unidos, porque el diferencial de crecimiento en favor de China empezó a plantear la no lejana posibilidad de una sustitución del liderazgo internacional.

Los cambios mundiales, por lo tanto, son el resultado de la incorporación de China con sus características especiales al sistema y la amenaza más reciente para Estados Unidos de su desplazamiento como país líder, lo que se agudizó con la crisis de 2008 y en los años siguientes, y que el presidente Donald Trump se propone revertir y que, como tal, se sumó a la gran magnitud de los cambios que se enfrentan.

Para Estados Unidos el objetivo es recuperar el pleno liderazgo y para eso le resulta necesario ganar la carrera de la Cuarta Revolución Industrial con China y afirmarse como potencia rectora en el mundo, aun a costa de ensombrecer la globalización con un fuerte proteccionismo, lo que requiere también afirmar a América Latina como su patio trasero.

Éste es el aspecto en que la posición de la Argentina resulta más complicada, no así para los otros dos grandes países de la región, Brasil y México. La cuestión se centra en el derrotero de la industria. El establishment local eligió desde los inicios de la nacionalidad la especialización agropecuaria, porque una profunda división del trabajo sin fisuras aseguraba su papel de proveedor privilegiado agroalimentario de Gran Bretaña, la primera potencia global del sistema.

La acumulación conseguida entonces por esa vía fue de tal magnitud que hizo de la Argentina un país rico y potencialmente capaz de industrializarse ya a principios del siglo XX, cuando esa posibilidad no existía en ningún otro país de la región. El establishment local lo descartó, porque para asegurar su permanencia en la cúspide económica y en el poder político eligió dos alternativas que dieron lugar a las características esenciales del país en la segunda mitad del siglo XX y a su decadencia económica: renunciar a convertirse en una burguesía industrial y afirmar su dominio en la economía primaria.

Por lo tanto, bloqueó una inmigración masiva en la pampa agraria como la que llevó a cabo Estados Unidos en sus llanuras del medio oeste y que dio lugar a la mayor agricultura mundial mediante la capitalización de una burguesía agraria cuya cúspide se convirtió en industrial. En cambio, la concentración de la propiedad agraria en grandes extensiones, aunque más recientemente se relativizó, privilegió la renta sobre la ganancia y la inversión financiera de la renta en vez de la reinversión productiva intensa de la ganancia.

Para el derrotero estadounidense, esencial para el progreso económico futuro, fue primordial, a diferencia de lo ocurrido en la Argentina, que la iniciativa económica de su economía colonial inicial correspondiera a una rápida industria en la costa este y a la creación de una burguesía sobre esa base, que pronto pudo conquistar el predominio mundial y, con el avance hacia el oeste y la Guerra de Secesión contra las formas económicas más atrasadas diera lugar, ya en la segunda mitad del siglo XIX, a la economía nacional más avanzada del mundo.

Desde su ascenso a ese lugar privilegiado, Estados Unidos visualizó el papel subordinado que le asignaría al resto del continente, y por eso apoyó de distintas maneras el proyecto de la dirigencia agraria argentina, a la vez que se enfrentó tempranamente con ella, porque nunca dudó de la posibilidad económica del país y del papel que podía llegar a cumplir su clase dirigente.

La importancia del peronismo está relacionada con que a lo largo de su historia se presentó como la única fuerza política cuyo horizonte era la industrialización, por lo que Perón trató de ser un tardío Bismarck en el país, y cuando no pudo concretarlo por el bloqueo de la clase agraria dirigente, se empeñó en desarrollar una industria sustitutiva que el país pudo liderar y que siguieron Brasil y México.  Finalmente en la Argentina también quedó relegada por la disputa que tenía a la industria y al poder del salario en el mercado interno como forma de capitalización. Con ese retraso respecto a Brasil y México, la Argentina tampoco puede aspirar en lo inmediato a integrarse como apéndice de la industria estadounidense, como ya lo hizo México y como se propone hacerlo Bolsonaro en Brasil.

En los últimos años vivimos el último capítulo de este enfrentamiento nacional inexistente en los otros grandes países de América Latina y llevaron a la situación actual, agravada por la pandemia universal y el cambio mayúsculo que tiene lugar en la economía mundial. Y como el saldo es un endeudamiento imposible de enfrentar, que fue renegociado exitosamente, ahora se impone acordar una política y terminar con el fraccionamiento destructivo de dos alternativas antagónicas.

Ahora, el pago de la deuda y la reconstrucción económica requieren una economía fuerte, de rápido crecimiento y capacidad exportadora, que se apoye tanto en un agro y una agroindustria en expansión. Pero con en una industria que resulte cada vez más competitiva y respaldada por la nueva tecnología que caracteriza el desenvolvimiento de la Cuarta Revolución Industrial.  Además con una creciente actividad interna que resuelva el consumo cuando se ha reducido al mínimo el nivel de ocupación laboral y fomente una inversión que, al crecer, pueda ascender en su escala competitiva y aprovechar la mejor herencia que nos dejó la pasada trayectoria industrial: el desarrollo de pymes tanto para las manufacturas más cercanas al consumo como ingredientes esenciales en la carrera competitiva y en el desarrollo tecnológico.

Esta nueva formulación económica tiene su correlación política: Cristina Kirchner comprendió que tenía que ampliar la base y modificar el programa y que ella no podía ser quien apareciera como conducción, y además que había que reformular la relación con el agro, aguantarse el aumento de la deuda con los bonistas y encontrarle una solución, que sigue ahora con el desafío de encontrar un programa de crecimiento.

Todo eso en el marco de una situación internacional que ya cambió ostensiblemente y que va a modificar el curso de desarrollo de la economía mundial. La guerra comercial USA China, al reducir la globalización que conocíamos por el proteccionismo USA, se va a enfrentar con la globalización que China va a tratar de intensificar con la Ruta de la Seda y que tiene un capítulo especial en América Latina. México ya está pegado a USA y se va a pegar todavía más, y también Brasil, que con Bolsonaro va a seguir la ruta de México, integrando su industria a la de USA. Solo si Lula consiguiera volver, se recrearía el Mercosur y habría otra perspectiva.

Pero, en soledad, Argentina queda más agarrada a China y, a la vez, sonriente con el FMI y obligada a volver a elevar al agro sobre otra base y acompañada de una economía exportadora competitiva, que es el gran desafío por delante, sobre todo porque para tener éxito tiene que estar acompañado por un ascenso del mercado interno que será más lento de lo esperado pero imprescindible. Las otras grandes patas exportadoras serán el petróleo y el gas ya en marcha, y extender la pampa a los cultivos del norte y de la Patagonia e industrializarlos, más la pesca y el litio.

Hasta el fin del primer mandato de Cristina este cambio mundial no se había hecho presente. Se hizo presente en el segundo mandato, como resultado de la crisis internacional de 2008 no resuelta.

No lo supimos entender y por eso nos estancamos y nos debilitamos políticamente, pero es un cambio muy difícil de entender. Hay una guerra comercial y se desarrolla en gran parte en la integración empresaria. Por eso el capitalismo es un medio necesario para China y muy incomprendido, que va a tener que apelar a una globalización mayor contra Trump, que a su vez se va a apoyar en el proteccionismo.

Lo que no está dicho ahí, es que retroceder en la globalización para USA es reforzarse para ser la plataforma política del mercado. Hasta ahora, el mercado se imponía a través del Estado, pero como la crisis económica capitalista se profundiza, hay que saltar a la Cuarta Revolución Industrial. Pero como ahora está China, si ésta pasa a ser dominante, el Estado pasa a controlar el capital, que es la manera de manejar el capitalismo en la crisis. Como el fundamento de China está determinado por el PC, el mercado (o sea el capital consciente) no puede menos que proponerse que apoderarse del Estado y suprimirlo, como en las intenciones de los libertarios ultra liberales, del que Macri fue un adelanto y a los que internacionalmente expresa Trump.

De ahí que el conflicto que se avecina y la manera de darle respuesta general y particular pasa a ser completamente diferente a lo conocido.

Dólar y deuda externa

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El dólar es nuestro tipo de cambio de referencia y permite comparar todos nuestros costos y precios de factores (trabajo, capital, tierra), bienes y servicios, con el resto del mundo.

En teoría económica en el largo plazo el tipo de cambio (en nuestro caso la referencia es el precio del dólar) está determinado por la productividad, pero en la Argentina tenemos productividades muy distintas entre la producción primaria y la industria, y esto es así, por un lado, al contar con una de las tierras más fértiles del mundo, de manera tal que se destinan 37,5 millones de hectáreas al cultivo de granos con una cosecha 2019/2020 de unos 147 millones de toneladas. Seis cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) representan 137 millones de toneladas de granos, con una productividad media de casi cuatro toneladas por hectáreas. Y por otra parte, la baja productividad en la industria se debe básicamente a la falta de inversión en equipos y su modernización, que la torna poco competitiva.

La diferencia de productividades se agranda porque el mundo, más en pandemia, sigue demandando alimentos, en cambio la producción industrial se destina mayoritariamente al mercado interno que se debilitó ex profeso desde la dictadura cívico-militar, tuvo su reparación durante el kirchnerismo pero derrapó con el gobierno de Cambiemos y el retorno a la subordinación al capital financiero.

La deuda y fuga de la gestión de Cambiemos demuestra que un país del que en cuatro años se esfuman 86.200 millones de dólares no tiene un problema de ahorro, por ende no necesita endeudarse porque genera el excedente físico de producción suficiente para financiar su inversión bruta fija. Es más, la fuga de capitales asevera el rol de dependencia de la deuda, porque el mecanismo para dolarizar el excedente fue que el Estado nacional contrajo obligaciones en divisas por más de cien mil millones de dólares para financiar básicamente gastos corrientes, y esos dólares se los vendió el BCRA de Sturzenegger, Caputo y Sandleris a unas siete millones de personas físicas y jurídicas, pero con el agravante que los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares.

Esta burguesía invierte en el “campo” porque posee la tierra y/o controla su alquiler, tiene plena libertad en su comercio externo (subfactura exportaciones y sobrefactura importaciones) y fija el precio que quiere en el comercio interno. El ejemplo del grupo Vicentin lo pone de manifiesto. Los grandes empresarios y acopiadores del sector buscaron acordar quién se quedaba y con qué de las diversas producciones del grupo, hasta que el gobierno nacional puso la lupa en el sector e intervino por unos días en la empresa madre el 8 de junio de 2020. A ello se le debe sumar las denuncias en tribunales del distrito sur de Nueva York promovidas por seis bancos extranjeros que señalan textualmente que la firma les mintió sobre su situación patrimonial «a través de documentación contable falsa», y que «está siendo vaciada transmitiendo sus activos a otras empresas controladas por el mismo grupo Vicentin”.

La industria en general se preserva de la competencia externa con  mercados cautivos como es el de laminados de acero, caños con y sin costuras, aluminio, cemento y algunas ramas petroquímicas, que pueden vender en el país a un precio muy superior al internacional (y con un costo real mucho menor). De allí que no quiera saber nada de ningún acuerdo con la República Popular China por la posibilidad de su competencia.  De alguna manera también sucede con la industria automotriz y sus proveedores, si bien para tener un mercado cautivo que le genere márgenes de ganancia debe vender a un mercado interno fortalecido y eso le genera una constante contradicción entre reducir los salarios  y la necesidad que la población asalariada le compre los vehículos.

La esencia de la propuesta inicial del Plan A de Macri consistía en devaluar nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creciera más que la tasa de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando una transferencia de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrados de la industria (formadores de precios), del sector financiero y de los exportadores. Una segunda etapa era que una vez producida la devaluación se asegurara que las tasas de interés local fueran mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de Martínez de Hoz y de Cavallo. La idea era que las empresas de primera línea podían conseguir financiamiento externo a tasas negativas con respecto a la inflación (y los incrementos de sus precios), pero era exactamente al revés con las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan tasas usurarias confiscatorias de su capital, al ser muy superiores a lo que pueden aumentar sus importes, obligándolas a financiarse con recursos propios (que por su dimensión son escasos), retrocediendo lo que se había avanzado en los años kirchneristas.

Lo que no tuvieron en cuenta ni Macri ni los grandes empresarios que operan en el país es que el capital financiero internacional tiene su propia lógica. Hasta enero de 2018 fue generoso prestamista, pero cuando los Estados Unidos llevó la tasa de interés a diez años al 3% anual, el 25 de abril de 2018, se desata en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda de la Argentina en los mercados financieros internacionales (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.), quienes vendieron la posición que tenían en títulos públicos y acciones de empresas argentinas y compraron dólar a $ 20,20, llevándose ese solo día 1.225 millones de dólares, continuaron vendiendo posiciones argentinas y comprando dólares en mayo y junio y el precio de un dólar fue de $ 38,90 el último día de ese mes de 2018.

Mientras el gobierno de Cambiemos se aferraba a los Estados Unidos y al FMI, los títulos públicos y privados (acciones, obligaciones negociables, etc.) caían estrepitosamente porque a la salida de los grandes bancos le siguió el “chiquitaje” y el pánico, de manera tal que en promedio todos ellos valían menos de la mitad en diciembre de 2019 que en diciembre de 2015.

A la par que el gobierno de Macri se ataba a los planes del FMI, los fondos de cobertura  (BlackRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.) aprovecharon el precio de remate y compraron parte de esos títulos y acciones (las que les interesaba). BlackRock posee más de 3.000 millones de dólares en bonos nacionales, pero también es socio de los Rocca en Tenaris; de George Soros en Adecoagro; de la Argentina en YPF SA; del grupo Pampa Energía (supuestamente de Mindlin); de Brito y Carballo en Banco Macro; y de los Braun, Ayerza y Escasany en el Banco Galicia, entre otros.

Teorema de la deuda

El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 se encontró con un nivel de deuda y plazos de vencimientos totalmente incumplibles. Tras arduas idas y venidas, el martes 4 de agosto 2020 el Ministerio de Economía dio a conocer un principio de acuerdo con los principales tenedores de títulos de la deuda en jurisdicción extranjera encabezado por BlackRock. En el Comunicado Oficial se explica que los cambios realizados a la propuesta de desembolsos de la deuda presentada ante la SEC [1] el 6 de julio, consisten en incluir los 21 títulos (incluso el que duraba 100 años, hasta el 2127) en un canje por 12 títulos de deuda, seis en dólares y seis en euros, con vencimientos desde 2030 hasta 2046. La modificación realizada básicamente es:

  • adelantar los plazos de pago de cada año del 4 de marzo al 9 de enero y del 4 de septiembre al 9 de julio,
  • los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, y
  •  la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

De esta manera el primer pago de intereses se realiza en 2021 y el capital comienza a amortizarse en 2024, pero con una escala diferida de cancelación que hace que, hasta diciembre de 2024, el monto acumulado a abonar por todo concepto (intereses, capital y demás gastos) de la deuda en moneda y jurisdicción extranjera es de unos 6.200 millones de dólares, cuando los vencimientos originales comprometidos por el gobierno de Cambiemos eran para ese mismo período de 33.664 millones de dólares.

Posteriormente al Comunicado Oficial del Ministerio de Economía de la Nación del 4 de agosto, el grupo AdHoc Argentine Bondholder Group que encabeza BlackRock, confirmó que aceptaba la propuesta de reestructuración de deuda e invitaba a los demás acreedores a sumarse a esas condiciones.

Por otra parte cuenta con la sanción en la Cámara de Diputados la reestructuración de la deuda en jurisdicción argentina bajo las condiciones de la cláusula RUFO, por la que reciben el mismo trato que lo acordado con los bonistas de jurisdicción extranjera. A su vez el gobierno propondrá posponer el pago de capital de la deuda tomada con el FMI, por lo que en conjunto hasta diciembre de 2024 se cuenta con un lapso para impulsar el mercado interno y crecer, bajo dos hipótesis:

  1. Los sectores empresariales de nuestro país, después de haber derrapado en los cuatro años de Cambiemos y ver desvalorizarse su patrimonio, deben reconocer que su fuente de acumulación de capital es el mercado interno local y actuar en consecuencia.
  2. Los acuerdos alcanzados por la deuda descomprimen la presión cambiaria. Sabiendo que  hay una previsibilidad en los pagos los exportadores van a liquidar sus operaciones y eso asegura tener un superávit comercial similar al de 2019 (de 15.990 millones de dólares). Este año se siguen vendiendo alimentos, que conforman no menos del 65% de nuestras ventas al mundo y, por la caída del PIB, disminuyen más que proporcionalmente las compras al exterior, por lo que la oferta de dólares será mayor a la demanda, estabilizando esa variable y acercando el valor de los distintos tipos de dólar paralelo al oficial.

Presumimos que parte de los 86.200 millones de dólares fugados en el gobierno de Cambiemos es administrada por los fondos de cobertura. Cuando BlackRock dice haber comprado acciones de empresas y bancos locales que cotizan en el exterior, nos preguntamos cuál es la incidencia real de esas inversiones en el accionar de los fondos de cobertura.

De esto dependerá si la Argentina crece y distribuye su ingreso o si, por el contrario, lo hace como enclaves productivos pero con poco efecto multiplicador hacia el resto de la economía nacional, marginando regiones y población.

Obviamente que el gobierno debe decir y hacer lo suyo para que prevalezca la primera solución y no la segunda.

Tal lo descripto se dio el primer paso con el acuerdo arribado con los bonistas en jurisdicción extranjera, que tal vez no sea el mejor acuerdo, pero peor era no acordar y ello es así porque el frente interno del país deja mucho que desear, a la sociedad de hecho entre los principales fugadores de divisas del país y los fondos de cobertura se le debe sumar que más de diez millones de personas votaron a Macri en el 2019, gran parte del pueblo de Avellaneda y de Reconquista sigue defendiendo a los hermanos Nardelli y al «Mono» Padoan, en la ciudad de Buenos Aires se realizan movilizaciones en torno a Tribunales y el Obelisco oponiéndose a cualquier modificación de la Justicia, etc. etc., todos claros indicadores que no propiciaban un enfrentamiento en el presente con quienes son los grandes administradores de activos financieros del mundo.

Entendemos que la solución del teorema depende de que los grandes fugadores de divisas en la Argentina sopesen si el socio que tienen en sus empresas no les sale mucho más caro que la rentabilidad de su fuga, por un lado y, por el otro, que los grandes exportadores liquiden sus operaciones e ingresen los dólares al país porque por tres años se termina la incertidumbre cambiaria y no solo pierden plata, sino que el gobierno con su AFIP y su Aduana y gran parte de la población van a tratar de que se transparente su negocio.

 

DÓLAR Y DEUDA EXTERNA

La tercera reestructuración de deuda

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Por tercera vez en la historia, un gobierno peronista encara un proceso de reestructuración de deuda pública en default heredada de gobiernos no peronistas que lo precedieron.

En columnas anteriores reseñamos los dos procesos previos de la historia reciente. El primero de ellos, la reestructuración de deuda generada por la dictadura cívico-militar y en cesación de pagos desde 1988, que ejecutó el gobierno del presidente Menem en el marco de lo que se conoció como “Plan Brady”, que abrió las puertas al proceso de reformas de mercado en el marco del Consenso de Washington, pero que también aseguró la década de la Convertibilidad. El segundo fue el desarrollado durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que reprogramaron la deuda en default en el año 2001, abultada por el Megacanje de la Alianza, en un esquema de fuerte quita de capital a través de los canjes 2005-2010, que consolidaron un proceso de autonomía económica que permitió La Década Ganada.

La actual coalición peronista en el gobierno acaba de anunciar el acuerdo alcanzado con los tres grupos principales de tenedores de bonos argentinos (el grupo Ad Hoc, el comité de acreedores y bonistas del canje) para reestructurar la deuda emitida bajo legislación extranjera, por casi U$S 67.000 millones. Este endeudamiento fue contraído en su gran mayoría durante el gobierno de Macri.

La propuesta se centra en tres aspectos:

  1. La emisión de doce bonos que prorrogan el grueso de los vencimientos de capital previstos en el lapso 2020-2025 para que comiencen a amortizar a partir del año 2030 y hasta el 2046.
  2. La mayoría de los títulos tendrán un rendimiento a tasas variables crecientes que van desde 0,125 % anual hasta un máximo del 5% anual al acercarse el plazo de extinción del bono. Sólo dos series devengan una tasa de interés fija del 1% anual en dólares y del 0,5% anual en euros. Los servicios de intereses se comienzan a abonar en enero 2021.
  3. Se convalida la vigencia de la jurisdicción de tribunales en el exterior para los nuevos bonos.

A diferencia de lo ocurrido en los canjes 2005-2010, el peso del acuerdo descansa en disminuir los servicios de intereses de la deuda original, situados en un promedio del 7,5% anual, al 3,01% anual, produciéndose un ahorro estimado en torno a los U$S 20.000 millones a consecuencia de la reducción de la tasa de interés. Respecto del capital, el núcleo del acuerdo es estirar los plazos de amortización del mismo pero la quita del stock apenas alcanza el 1,9%.

La negociación, que llevó cinco meses de tensiones, implicó un paulatino acercamiento entre los reclamos de los bonistas y la oferta inicial argentina. Estas comparaciones se efectúan en base al cálculo de “valor presente neto”, que sería lo que recibiría un tenedor de bonos en el momento presente si se decidiera cancelar la obligación de contado. Los fondos de inversión más duros ubicaron su posición en recibir U$S 70 por cada U$S 100 que ingresaran al canje y la Argentina inició la propuesta con U$S 40 por cada U$S 100 a ser reestructurados. Finalmente, el acuerdo se cierra con un valor presente neto aproximado de U$S 55 por cada U$S 100 del stock de deuda.

De confirmarse la expectativa generada por el acuerdo con este conjunto de acreedores -y la oferta argentina tuviera una aceptación masiva al 28 de agosto (próxima fecha de vencimiento del plazo para ingresar las ordenes de canje)-, se habría producido un alivio singular en las cuentas externas, creando un horizonte de sustentabilidad de la economía argentina en el próximo lustro, base necesaria para superar los daños provocados por la pandemia.

Según ha estimado la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, de consolidarse la actual propuesta, los desembolsos por amortizaciones de capital e intereses estimados para la próxima década (2020-2030) serán de U$S 42.400 millones, en tanto que, de continuar el actual perfil de deuda, dichas erogaciones llegarían a U$S 72.500 millones. Un ahorro proyectado gracias al actual reperfilamiento de la deuda pública de casi U$S 30.000 millones en el lapso 2020-2030.

Los bonos sujetos al canje propuesto por el Gobierno a los acreedores fueron emitidos bajo dos marcos legales (Indenture) a los cuales se debe recurrir ante eventos que afecten a las series emitidas.

Ello implica dos topes de aceptación de oferta distintos para que entre en vigencia tener la denominada “Cláusula de Acción Colectiva”. Por la misma se entiende el mínimo porcentaje de aceptación de la oferta acordada que se considerará como válido a partir del cual la reestructuración será obligatoria para todos los bonistas que no hayan ingresado al canje, eliminando la posibilidad de litigio.

Los dos porcentajes mínimos de aceptación son:

Los títulos correspondientes a la reestructuración 2005/2010, que se rigen por un marco legal Indenture 2005 requiriendo una aceptación mínima del 85% por el total del capital agregado y un 67% por cada una de las dos series ofertadas en el canje.

Los títulos que conforman la mayoría de las series y del capital que fueron lanzados al mercado durante el Gobierno de Macri se rigen por el marco legal Indenture 2016 y necesitan de un mínimo de aceptación del 67% del capital total de las series ofertadas y el 50% en cada una de ellas individualmente.

Alcanzar niveles de aceptación que permitan activar las “Cláusulas de Acción Colectiva” es un tema relevante para proteger la reestructuración de ataques especulativos.

En un mundo golpeado por la pandemia y con un pronóstico de caída del nivel de actividad para el año 2020 del 10%, más de cincuenta naciones se encuentran en problemas para cumplir sus compromisos financieros. Las “Cláusulas de Acción Colectiva” configuran uno de los temas de tensión entre el capital financiero y las naciones soberanas en proceso de reprogramación de sus deudas. Cuánto más bajo sea el nivel de aceptación requerido para consolidar un canje de bonos, más se facilita que la economía interna de los países se recupere del impacto de la pandemia al no estar sometida a la presión de los acreedores.

Es, en definitiva, compatibilizar activos financieros con la evolución de la economía real, proceso que nuestra Nación llevó adelante en el ciclo 2003-2015.

Sin embargo, Argentina sufrió -al ser confirmados los fallos del juez Thomas Griesa en el año 2014- el impacto del ataque contra la reestructuración de deuda de los canjes 2005-2010, a pesar que dicha oferta tuvo una aceptación del 92,4% del monto reestructurado y no contaba con un marco legal de protección.

Sin duda, nuevamente nos encontramos en la vanguardia de uno de los debates más trascendentes de la salida de la pandemia: si los activos financieros serán compatibles con el desenvolvimiento de la economía real o si esta última sufrirá el cepo de la especulación. Veremos el desenlace.

Un cierre exitoso del presente proceso el 28 de agosto definirá un escenario en dónde el peso de los servicios de la deuda pública desaparecerá de la agenda inmediata, concentrando los esfuerzos de las políticas públicas en resolver los saldos negativos que arroja la pandemia. Para la mayoría de los agentes económicos, el marco de la estabilidad externa es un impulso para sus decisiones de producción, consumo e inversión. Las empresas comenzarán a elaborar sus planes de negocios para el 2021 atendiendo al programa de gobierno destinado a recuperar la actividad y éste a su vez no se encontrará condicionado por la situación de incertidumbre y desbalance de divisas provocada por la carga de la deuda pública.

Las reestructuraciones de deuda ocurridas durante los gobiernos de Menem y de Néstor y Cristina estabilizaron el horizonte político y económico de esas administraciones a largo plazo signando su rumbo, en el primer caso subordinado a las corrientes internacionales y en el segundo con altos niveles de autonomía soberana. El presente proceso en desarrollo producirá el mismo efecto sobre el actual gobierno de coalición peronista.

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/reestructuracion-de-la-deuda/la-tercera-reestructuracion-de-deuda-20208819030

Un semestre de política monetaria

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Durante el Gobierno de Mauricio Macri, la gestión del Banco Central estuvo orientada a valorizar financieramente los excedentes acumulados por las empresas beneficiarias de las políticas de ingresos del macrismo. La renta extraordinaria en el sector energético -resultante de la suba de tarifas-; la del sector agropecuario y minero producida por la devaluación del peso y la baja de los derechos de exportación; y la de los mercados de consumos básicos que fueron desregulados; concurrió al sistema financiero a incrementarse con el rendimiento de altas tasas de interés que pagaban las letras emitidas por el Ente Rector para absorber esos excedentes, cuyo destino final sería convertirse en dólares y salir del país. La deuda pública financiaba esta política de drenaje de riqueza hacia el extranjero.

Sin embargo, la élite oligárquica centra sus críticas en la política monetaria seguida por el Banco Central desde el inicio de la administración actual, omitiendo cualquier reflexión sobre el legado del gobierno anterior al nuevo en materia de endeudamiento, nivel de reservas internacionales y monetización total de la economía. Tal fue el descontrol monetario y cambiario, que tuvieron que reimplantar el control directo a la compra de divisas para impedir un desmadre en el traspaso del gobierno. El “aborrecido cepo” tiene cuño macrista.

La ofensiva de los agentes económicos poderosos reabre el recurrente debate sobre si la Argentina puede tener una moneda nacional, emitida en forma autónoma de la oferta de divisas acumuladas por el Banco Central y qué tope cuantitativo tiene dicha expansión monetaria.

No es tema de esta columna abordar esos interrogantes, pero sí diremos que la Argentina es una economía bi-monetaria a la fuerza de sucesivas fugas de capitales por parte la cúpula empresarial, que convirtió a la moneda nacional en un instrumento transaccional, pero le quitó el atributo de reserva de valor para entregárselo a la moneda extranjera de un modo exacerbado respecto de otros países de similar porte y diversidad que el nuestro. Sus patrimonios se valúan en dólares, pero el flujo de riqueza previo a la conversión se obtiene en pesos.

Por ello, evaluar una política monetaria expansiva que permita romper, al menos parcialmente, el corsé al desenvolvimiento de la actividad interna que impone la oferta de divisas provista por el sector externo requiere de equilibrios macroeconómicos sostenidos o al menos controlados, tanto en las cuentas del balance de pagos con el exterior como en las del sector público.

Es con este prisma que evaluaremos el derrotero seguido por la política monetaria presente.

Aspectos cuantitativos de la política monetaria en el primer semestre

El análisis se centra en la creación de dinero de alta potencia, es decir, la expansión neta de la Base Monetaria y, correlativamente, el aumento del stock de los Instrumentos de Absorción Monetaria (LeLiq + Pases Pasivos) librados a fin de morigerar el impacto del sobrante de pesos no incorporados al circuito de producción y consumo a consecuencia del freno a la actividad impuesto por la pandemia.

Antes de la llegada del virus, el objetivo de las autoridades se orientó a recuperar los niveles de monetización de la economía severamente dañados por las políticas macristas. En diciembre del año pasado, el total de agregados monetarios en pesos (M3 en $ = Billetes y Monedas en poder del público + Depósitos totales) no superaba el 19% del PIB, nivel extremadamente bajo en relación a la media histórica oscilante en 27% del PIB. La Base Monetaria se encontraba al inicio del gobierno en 8% del PIB.

Este esquema no perduró más de un trimestre porque el inicio de la pandemia determinó una caída potente del nivel actividad y un golpe negativo en la recaudación tributaria ligada a la evolución del ciclo económico. La expansión monetaria ya no tuvo en cuenta que los medios de pago acompañaran al paulatino aumento de la producción y el consumo, porque se impuso la necesidad de financiar el aumento del déficit de las cuentas públicas. Consecuentemente, la emisión primaria exigió una mayor absorción de los pesos excedentes por falta de movimiento económico.

El gráfico que continúa muestra la evolución de la expansión neta de la Base Monetaria y de los Instrumentos de Absorción Monetaria (LeLiq + Pases Pasivos), cuyo stock a junio neutraliza el crecimiento de la primera.

Un semestre de política monetaria

Fuente: elaboración propia con cifras del Banco Central.

Desde el inicio del Gobierno, en el primer semestre la Base Monetaria creció un 24%, pasando de $1.734.073 millones en diciembre 2019 a $2.149.123 millones en junio. Los Instrumentos de Absorción Monetaria (Leliq + Pases Pasivos) subieron de $1.171.440 millones en diciembre 2019 a $ 2.249.035 millones en junio, lo que equivale al 92% de incremento.

La evolución de los Instrumentos de Absorción Monetaria por encima de la Base Monetaria encuentra su explicación cuando se analizan los factores de expansión de la segunda. Se advierte entonces el rol predominante el Sector Público en el aumento. No ocurre lo mismo con el Sector Externo. Y se advierte también en la cifra constante de las reservas internacionales a lo largo del período analizado.

El cuadro que sigue refleja lo afirmado:

         FACTORES DE VARIACIÓN DE LA BASE                                    MONETARIA

                          Acumulado primer semestre 2020

Factor de variación                                           Variaciones (en millones de $)        %

Variación total de la Base Monetaria                        $415.050                               100,0%

 

 

EL PRESUPUESTO DE LA PANDEMIA

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El Congreso de la Nación trata la modificación y ampliación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, que es prorroga del 2019 por Decreto 4/2020 y que se amplía por los gastos incurridos para la atención de la pandemia generada por el Covid-19 y la necesidad de su financiamiento.

Por un lado, el gobierno nacional reconoce un fuerte descenso en la recaudación por la cuarentena que se debe guardar, pero infiere que se logrará frenar dicha caída en la segunda parte del año porque se habría superado el pico más agudo de la pandemia y el país cuenta con recursos propios para producir (energía, alimentos, trabajadores, capacidad ociosa, posibilidad de impulsar la construcción, etc.). Además, al dejar de pagarse la deuda pública y sus intereses con los tenedores privados de títulos públicos, esa partida podría usarse para financiar parte del gasto.

En la ejecución presupuestaria al primer semestre del año 2020 se incurre en un déficit de $ 1.274.905,1 millones que es el 71,4% del déficit previsto para el total del año, fruto de que los gastos totales crecieron mucho más que los ingresos.

 

El mayor gasto público realizado se debe exclusivamente a la atención de la pandemia, donde juegan un rol importante:

a) Transferencia a las provincias (principalmente a la de Buenos Aires por el Conurbano bonaerense) para equipamiento de hospitales y asistencia alimentaria a la población. Esto implica una ejecución del 64,7% del presupuesto del año en los primeros seis meses. También incluye el Decreto 352 del 8 de abril de 2020 por el cual el Gobierno Nacional dispuso la creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial con el fin de asistir a las provincias para compensar la caída de la recaudación a nivel nacional y provincial producto de la pandemia y las medidas sanitarias, mediante la asignación de $ 60.000 millones provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de otros $60.000 millones para el otorgamiento de préstamos blandos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Así, la asistencia prevista para las provincias argentinas asciende a $120.000 millones en el primer semestre del año. Más la asistencia a los Municipios por $ 57.295,4 millones, suman $ 177.295,4 millones para el primer semestre de 2020.

b) Transferencia a las empresas privadas por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) e incluso asistencia directa de las trabajadoras y los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) a través de créditos a tasa cero con un período de gracia y devolución en doce cuota fijas. En cuanto al salario complementario, la ayuda del Estado Nacional consiste en el pago del 50% del aguinaldo de cada trabajador con un monto máximo de $33.750 (equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles) y un mínimo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $16.875 . Las primeras dos asignaciones de ATP (correspondientes a los salarios devengados en los meses de abril y mayo, erogados en mayo y junio, respectivamente) alcanzaron a 310.000 empresas y a 2.800.000 trabajadores, por lo que el 60% del universo de las empresas privadas de la República Argentina contó con la ayuda del Estado Nacional. El 99,5% de las empresas que ingresaron en el ATP son pymes. En el caso del crédito a tasa cero, la herramienta ha permitido la asistencia de más de 450.000 trabajadoras y trabajadores independientes que realizan actividades comerciales y profesionales de todo tipo.

c) Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que asiste con $ 10.000 por mes a cerca de 9 millones de personas. El impacto conjunto del IFE con la Tarjeta Alimentar y el refuerzo en la AUH y la AUE suponen una morigeración del impacto de las imposibilidades de trabajar por Covid-19. En el primer semestre del año se pagaron dos cuotas del IFE.

d) Los refuerzos a la AUH y de la AUE, pagados en el mes de abril de 2020; el refuerzo de $3.000 a jubilados/as y pensionados/as; el bono de $3.000 entregado en junio a beneficiarios de los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario; el refuerzo salarial para trabajadoras y trabajadores del sector de la salud (de $5.000 durante los meses de abril, mayo, junio y julio) y del sector de seguridad ($5.000 en el mes de abril) y la suspensión temporal hasta agosto de las cuotas de los créditos otorgados por la ANSES.

Es importante destacar la relevancia que tienen la complementariedad del IFE y la AUH y AUE, más la tarjeta Alimentar (lanzada por el Gobierno en enero de 2020) y distintos bonos extraordinarios para los jubilados de ingresos más bajos. Según estimaciones del Ministerio de Economía, entre los distintos programas sociales de transferencias directas a las familias de menores ingresos, se está logrando evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza y/o indigencia —de manera transitoria— producto de la pandemia. Además, con la incorporación del IFE, se pasó de cubrir al 61% del decil más pobre (el 10% de menores ingresos) del país a una cobertura del 89%.

 

 

Las mayores erogaciones que la Administración Nacional debió afrontar por la pandemia  justifican el pedido de ampliación presupuestaria, para que el presupuesto de 2020 configure un gasto total de $ 7.391.054,3 millones, con ingresos previstos por $ 6.082.368,3 millones. Por ende se prevé un déficit fiscal para el año de $1.308.686 millones.

Ese déficit fiscal nacional, frente a un PIB —Producto Bruto Interno— que el gobierno nacional estima para el año 2020 en $ 28.800.000 millones, representa un 4,5% (que es un porcentaje muy alto a lo que se le debe sumar el déficit del BCRA o cuasi fiscal y el de las provincias) por lo que es razonable decir que el déficit consolidado de todo el sector público argentino ronda el 8% del PIB. Es uno de los mayores de nuestra historia, similar a los de 1983 cuando asumió Raúl Alfonsín, o 2001, cuando renunció Fernando De la Rua.

Para financiar el déficit fiscal anual total de la Administración Nacional 2020 previsto de $ 1.308.686 millones, se transferirán utilidades y financiamiento del  Banco Central por $ 1.017.738 millones (a tal efecto se pide autorizar al gobierno a colocar una Letra del Tesoro intransferible en el BCRA)  y, además, se solicita autorización para colocar títulos de deuda en el mercado  por $ 290.948 millones.

Y acá viene el problema: al tipo de cambio oficial promedio de todo el año 2020, esos $ 290.948 millones serían un poco más de 3.000 millones de dólares. El gobierno obtendrá la mitad al colocar títulos en pesos, pero la otra mitad (1.500 millones de dólares) va a ser un título que se puede constituir en pesos, pero a cuyo vencimiento el gobierno lo va a pagar en dólares. Con lo que contradice la política que con mucho esfuerzo vino haciendo hasta el presente  de “desdolarizar” y hacer que los vencimientos de Letras del Tesoro en divisas se reemplacen por títulos en pesos.

Inferimos que, ante la imperiosa necesidad de pagar el déficit, han “sondeado” al “mercado financiero local e internacional” y este le contestó que solo aceptaría tener nuevos títulos de deuda argentinos si se pagan en divisas, con lo que el riesgo cambiario lo asume nuevamente la Nación argentina.

En síntesis

La Administración Nacional ha asumido en soledad absoluta la asistencia a la población por la cuarentena y el equipamiento de hospitales y programas de salud. Esas mayores erogaciones lo obligan a volver a tomar deuda, y una parte de esa deuda vuelve a ser en divisas. La única manera de no incurrir en nueva deuda en divisas es que el Congreso de la Nación apruebe el Proyecto de Ley de los diputados Máximo Kirchner, Carlos Heller y Hugo Yasky de incrementar la alícuota del impuesto a los bienes personales de aquellas personas físicas que declaran un patrimonio superior a los 3.000.000 de dólares, que se trataría de unos 12.000 contribuyentes y el ingreso esperado es en torno a los $ 300.000 millones (unos 3.750 millones de dólares), depende de que la mayoría necesaria de Diputados y Senadores comprenda el problema y hagan ley el proyecto gravando a los que tienen manifiesta capacidad contributiva. Lo que pagarían dicho gravamen extraordinario y por una única vez no los haría menos ricos y de esa manera contribuirían a afrontar la coronavirus.

La provincia de Buenos Aires

Todas las provincias y municipios del país han debido asistir a su población por la cuarentena y aprovisionar sus programas de salud, razón por la cual todas han incrementado sideralmente sus gastos y también, sufrieron la baja de sus ingresos ante el menor nivel de actividad. Por ende todas incurren en déficit fiscal que de una manera u otra deben financiar.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, pide autorización a la Legislatura provincial para un nuevo crédito con organismos multilaterales o bilaterales de crédito por 500 millones de dólares para infraestructura y programas sociales, y otro endeudamiento por 28.000 millones de pesos, destinado a regularizar atrasos de Tesorería ($ 20.000 millones, por caso, para proveedores) y a ampliar el monto de emisión de Letras del Tesoro (que se deben cancelar en el mismo año 2020) de $ 8.000 millones.

Tanto la Nación como la provincia de Buenos Aires deben endeudarse en divisas en medio de la negociación de la sideral deuda externa que le dejaron las administraciones de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal [1].

Así como la solución en la Nación es el Proyecto de un impuesto extraordinario a los 12.000 contribuyentes que superan un patrimonio declarado de 3 millones de dólares, en la provincia es más simple, si cabe: con que aporten 50 dólares por única vez [2], las 211 familias y sociedades que son dueñas de 2.516 establecimientos agropecuarios con 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables de la provincia), se recaudarían 558 millones de dólares.

 

[1] La Nación ante un incremento de deuda de más de 100.000 millones de dólares y la Provincia, su ministro de Hacienda, Pablo López, declaró en los medios, el 28 de junio de 2020, que trabaja para cerrar el canje de deuda bonaerense por más de 7.000 millones de dólares.

[2] Y por la ínfima contribución que hacen al erario público, por ejemplo, en los primeros  seis meses del año 2020 la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural fue de solo $ 6.806 millones, el 3,2% de la recaudación propia de la provincia, cuando por IIBB ingresaron $ 151.175 millones, el 73% de la tributación.

 

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Informe económico mensual – Julio 2020

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Introducción
En el título de un libro de Fontanarrosa dice Inodoro Pereyra: ¡10 años Mendieta! Y Mendieta responde: ¡Que lo parió! Son 10 años para alcanzar a cubrir lo perdido entre los años 2009 y 2020. Esto se puede alcanzar con tasa de crecimiento del PBI del 2.6% en el 2031. Notable predicción del macroeconomista Inodoro Pereyra, y esto lo pensó allá por 1993. En este documento plantemos los siguientes puntos:
a) En la primera parte, la revisión al día de hoy de la Conjetura de Inodoro.
b) En la siguiente incorporamos por solicitud y queja de algunos lectores parte de los cuadros utilizados.
c) El sector de los gráficos, a los que somos tan afectos, los dividimos en cuatro puntos con valores corrientes, con números constantes, ya sea en dólares o en pesos del 2019, en términos del PBI y finalmente con una base 100=2019 damos una vuelta de tuerca a los indicadores.
d) Finalmente, y sobre la base de los documentos publicados por el BCRA, construimos una síntesis por año desde el 2009 al 2020, incluyendo nombres de los presidentes del Banco y ministros de Economía para mejor recordar las acciones y medidas adoptadas. En el resumen tratamos de darle mayor ponderación a las políticas monetarias, pero incluimos también aquellas que pueden tener importancia y son producidas en otros ámbitos del Gobierno. Obviamente, este resumen no se podría haber hecho de no contar con las publicaciones del Banco.
Tres comentarios finales, el primero es que estamos sumergidos en la pandemia, hecho inédito para los actuales mortales. No tenemos idea del impacto del Covid 19 sobre el capital humano ni sobre el capital en equipos y desarrollos.
El segundo es que muchas veces se utilizan objetivos e instrumentos en política monetaria que aparecen como muy diferentes y se obtienen resultados no muy diferentes y dos conceptos que acentuamos en este escrito, las Ganancias Netas y los Intereses Perdidos del BCRA.
El tercero, una posible lectura de los intereses pagados o devengados por los Títulos emitidos por el BCRA que alcanzaron una enorme suma, especialmente en los cuatro años de la gestión anterior bajo el concepto de contener la inflación y comprar reservas, el Cuadro de Resultados muestra la cifra de casi u$s 39.000 millones o el 10 % del PBI como suma en ese periodo. Para contar con una dimensión próxima, el aporte del FMI u$s 44.000 millones fue apenas superior a los intereses pagados. ¿Qué hubiese ocurrido sin esos aportes? Si el único instrumento disponible para esterilizar pesos es con Títulos y pagando intereses, será necesario seguirlo muy atentamente y buscar alternativas.

Informe económico Julio 2020

LA BATALLA DE ANGACO

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La Batalla de Angaco, a unos 25 kilómetros de la Ciudad de San Juan, se libró el 16 de agosto de 1841, entre la Coalición del Norte (unitarios) liderada por el coronel Mariano Acha y la Confederación Argentina (federales) por el general José Félix de Aldao. Fue la batalla más sangrienta de la guerra civil, donde murieron en el combate la mitad de cada ejercito compuesto por unos mil hombres cada uno y, si bien el triunfo correspondió al primero, a los pocos días los federales se rearmaron y bajo las órdenes del general Nazario Benavídez derrotaron a los unitarios, apresaron a Mariano Acha y lo fusilaron por la espalda por alta traición a la patria (había en 1828 defeccionado del ejército federal y detenido a Manuel Dorrego, para que fuera remitido al General Juan Galo Lavalle, que lo fusiló).

Aldao era fraile dominico en su Mendoza natal cuando San Martin el 1° de agosto de 1816, creó el Ejército de Los Andes, al que se sumó como capellán, pero en el primer combate tomó sorpresivamente las armas y luchó junto a los soldados con tal destreza y ferocidad que fue ascendido a teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo. Hizo toda la campaña de Chile, combatiendo en ChacabucoCancha Rayada y Maipú.

Aldao y Benavídez ansiaban un país federal donde las provincias se valieran por si mismas, pero terminaron subordinándose al puerto de Buenos Aires porque Juan Manuel de Rosas se decía federal y, no solo no compartía la renta aduanera sino que generó la base del modelo agroexportador, que hasta hoy condiciona la vida argentina. La unidad económica era la estancia y la principal producción la ganadería, mientras el resto de las provincias quedaban relegadas a esa integración internacional.

Salvando el método, el tiempo y la distancia, el actual gobierno argentino es fruto de  una coalición para vencer al frente de Cambiemos, pero sustenta su modelo económico en una burguesía parasitaria y rentística que se subordina al capital financiero internacional y, así como no se puede diferenciar, por ejemplo, qué le pertenece a Vicentin SAIC y qué es de Glencore y, como a su vez en Glencore tiene participación BlackRock, lo mismo ocurre con la estrategia de creer que se puede hacer una Nación independiente y soberana con ese sector.

BlackRock fue acusado en el año 2014 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de buscar «desestabilizar» a la Argentina, cuando ese fondo le compró a Paul Singer (CEO del fondo buitre N M Elliot) la imprenta Donnelley, que se presentó en quiebra y despidió 400 trabajadores. Dos años después, el gobierno de Macri le pagó a Singer toda la deuda que reclamaba, los intereses y las costas judiciales.

BlackRock reconoce participación en la Argentina en el Grupo Financiero Galicia, y en los bancos Macro y Santander. Es accionista de YPF y en el grupo Mindlin (Edenor, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energia), Central Puerto, Loma Negra, IRSA. Telefónica, Coca Cola, Bayer, Procter & Gamble, Tenaris, Mercado Libre, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro.

Tenaris es una empresa metalúrgica subsidiaria del grupo italiano Techint, líder mundial en la producción de tubos de acero sin costura para la industria del petróleo. Produce además tubos de acero con costura (soldados), servicios para la industria de la energía y otras aplicaciones energéticas. Está constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo, y tiene fábricas en todo el mundo, incluida la Argentina.

Tanto la familia Rocca, que son los principales accionistas del grupo Techint, como sus empleados de confianza como Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, quienes debieron hacer acuerdos con la Justicia argentina como arrepentidos cuando Paolo Rocca dijo desconocer que se había pagado cien millones de dólares para facilitar la indemnización por la expropiación de SIDOR en Venezuela[1], aparecen en todas las investigaciones de fuga de capital que hiciera la Cámara de Diputados de la Nación. Y por supuesto en la lista que da a conocer Horacio Verbitsky [2] de la fuga de 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, donde afirma: “El Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza están entre los mayores responsables de la fuga de capitales durante el gobierno del ex Presidente Maurizio Macri”.

De acuerdo al cálculo que estima la salida de capitales en 86.200 millones de dólares, sólo 853 empresas adquirieron divisas por el 73,8%, lo que demuestra la concentración del dinero en unas pocas manos muy poderosas. “Accionistas de esas empresas como Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Luis Pagani, Marcelo Mindlin y Miguel Acevedo conforman hoy además el sector que presiona al gobierno de Alberto Fernández para que mejore la oferta para el pago de la deuda contraída bajo la ley de Nueva York, al tiempo que se aprovecha de las medidas paliativas para el pago de salarios en medio de la pandemia del coronavirus”, dice Verbitsky en la nota.

Pelea desigual y futuro incierto

El Ministro Martín Guzmán, encabezando la delegación argentina, batalla contra los fondos de cobertura. No se puede precisar quiénes son los propietarios de los títulos de los títulos de deuda argentina que administran BlackRock, Fidelity, PIMCO, Templeton, Greylock, Gramercy, Ashmore, Fintech, que totalizan la mayor parte de los 66.200 millones de dólares que están en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera. Tampoco es claro cómo se relaciona esa titularidad de activos que administran los fondos de cobertura con la fuga de capitales (en la gestión de Cambiemos nos endeudamos por más de 100.000 millones de dólares pero 86.200 millones fueron comprados por residentes del país y fugados en su mayor parte al exterior).

En la negociación de la deuda y cuando la Argentina presentó su primera propuesta de pago, la respuesta se la dio el mexicano Gerardo Rodríguez (ex Subsecretario de Finanzas del Presidente Felipe Calderón de México 2006-2012) y en ese momento representante de BlackRock en América Latina: “Ustedes no saben con quién se meten”. Es más, el abogado Dennis Hranitzky [3], representante del grupo financiero Exchange Bondholders Group (que se sumó a BlackRock en rechazar la propuesta argentina) se atrevió a decirle al gobierno argentino: “Lo que nos tienen que mostrar (en la propuesta) es un sacrificio que duela”.

Que la CGT firme con AEA (Asociación Empresaria Argentina) que fueron los promotores del golpe militar del 24 de marzo de 1976 [4] y sus principales beneficiarios y hoy máximos fugadores de capitales y socios de los fondos acreedores, proponiendo: “La inserción inteligente de la Argentina en el mundo” y destacando que “se aspira a un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos”, se entiende solamente desde la subordinación a la lógica financiera, sin dignidad ni vergüenza.

La historia de nuestro país desde que nos dimos el primer gobierno patrio enfrentó y enfrenta dos modelos, uno de defensa de la pampa húmeda y el puerto y su subordinación al exterior vía endeudamiento, y el otro, el de los que defienden el mercado interno, el trabajo y la producción nacionales. Para los primeros sobra territorio y gente, su negocio está en formar parte de las cadenas de valor del sistema económico mundial dominante y para eso cuentan con la tierra más fértil del mundo, más algún grado de industrialización de la producción primaria (manufacturas de origen agropecuario), actividades extractivas (y a como dé lugar), y alguna industria que amparada por el Estado (en subsidio energético, en garantizarles un mercado cautivo, en financiamiento a tasas promocionales y en el “regalo” de las privatizaciones), como es el caso de la siderurgia y el aluminio. Pero en todos los casos los trabajadores son vistos como un costo, más que como un potencial consumidor.

Ese país pequeño y para pocos requiere de un patrón de acumulación internacional y sujetarse a normas e intereses del extranjero. Son los europeizantes del siglo XIX y  la primera mitad del  XX, para subordinarse a las grandes corporaciones con eje en los Estados Unidos desde  la segunda mitad del siglo pasado y ahora, personalizadas en los Larry Fink  y demás CEOs de los Fondos de cobertura.

La Argentina solo puede crecer si crece el poder adquisitivo y el número de los trabajadores ocupados. El único modelo de desarrollo (crecimiento con distribución del ingreso) es si nuestro mercado interno se fortalece, y ellos lo saben, por eso acumulan lo máximo que pueden (y fugan la mayor parte del capital también), endeudan al país para hipotecarlo y dejarlos a ellos como garantes de la civilización y la integración a los mercados financieros mundiales en una sociedad espuria en contra del pueblo argentino.

Si esa es la verdad, no es subordinándose a los falsos federales que seremos independientes  y soberanos y  para ello se necesita ser libres y dueños de nuestro destino.

En síntesis

La Argentina cuenta con abundantes recursos naturales, la pampa húmeda, valiosos minerales, petróleo y gas, una cantidad importante de trabajadores disponibles y una capacidad ociosa considerable en su industria y comercio, con un potencial muy fuerte en la construcción. Ordenado el tema de la deuda y superada la pandemia, tiene todas las condiciones para crecer y hacerlo en forma sostenida y distribuyendo ingresos. Todo ello depende de fijar grandes objetivos y caminos para llegar a ellos, que sean consensuados por la población y que se lleven a cabo con responsabilidad y disciplina. Pero el primer paso es saber a ciencia cierta quiénes son los verdaderos dueños de los títulos de deuda y qué hicieron con los dólares los mayores compradores de los 86.200 millones de esa divisa fugados del país. Es ahí donde creemos que las líneas paralelas dejan de serlo, porque se cruzan.

Porque vamos a pagar una deuda que no es tal. O en todo caso que el acreedor argentino diga que es el dueño de ese título y no se escude en los fondos de cobertura.

José Félix de Aldao y Nazario Benavidez amaban a su tierra y su pueblo, los defendieron con valor y dignidad. Sin embargo fueron relegados por los estancieros y el puerto de Buenos Aires, empujando a las provincias a la marginalidad y a subsistir como puedan [5].

Se debe evitar a toda costa que se repita esa historia.

 

 

[1] Igual conducta tuvo en Brasil cuando  los ejecutivos de la siderúrgica Tenaris/Techint fueron denunciados por haber «pagado ventajas indebidas» al entonces director de Servicios de Petrobras, Renato Duque.
[2]  “Los Conocidos de  Siempre”  El Cohete a la Luna del 17 de mayo de 2020.
[3] Dennis Hranitzky  fue el abogado de Paul Singer (NM Elliot) que embargó la  Fragata Libertad en octubre de 2012, en el puerto de Ghana, hoy es abogado de Exchange Bondholders Group. Y Gerardo Rodríguez demuestra lo funcional que son los tecnócratas  que llegan a cargos decisivos en la administración pública y después pasan a ser funcionario de los acreedores.
[4] Cuando se llamaba CEA –Consejo Empresario Argentino –  y estaba presidido por José Alfredo Martínez de Hoz.
[5] Se vendía carne y se importaba todo.  Pedro Ferré, gobernador de Corrientes se lo dice a Juan Manuel de Rosas en 1830: “No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingle­ses, no llevarán bolas y lazos hechos en Inglaterra, no vestiremos ropa hecha en extranjería y demás renglones que podemos proporcionar, pero en cambio, empezará a ser menos desgraciada la condición de pueblos enteros de argentinos, y no nos perseguirá la idea de la espan­tosa miseria a que hoy son condenados.

 

LA BATALLA DE ANGACO