La crítica que hacen los grandes medios de comunicación y el poder económico real del país al gobierno nacional es que no tiene un plan. La planificación debe preceder y presidir las acciones de un gobierno. Significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si las acciones realizadas hoy son eficaces o ineficaces.

El equipo de Economía y su Ministro tenían un plan, cuya base y punto de partida consistía en lograr que los acreedores de la deuda externa dejada por el gobierno anterior acepten canjear sus títulos por otros, con un período de gracia importante en la amortización del capital y una fuerte reducción en la tasa de interés. Ese objetivo fue alcanzado plenamente, se canjearon los títulos de deuda por otros que comienzan a amortizar el capital muy parcialmente en el segundo semestre de 2014 y la tasa de interés promedio es del 3,05% anual.

El plan continuaba con emplear los recursos del Estado para hacer obra pública, esencialmente vivienda, e impulsar la demanda agregada mediante sistemáticos incrementos en los salarios y del empleo. Pero la pandemia y la larga cuarentena obligada por el Covid-19 trastocó todo. Se tuvo que hacer frente a una fuerte reconversión del gasto público para proveer de instrumentos, medios y equipos a los hospitales y programas de salud, mientras que paralelamente se asistía a la población y a la producción con planes sociales como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción).

El plan original del Ministerio de Economía consistía en que al pagar solamente los intereses de la deuda se contaba con suficientes recursos fiscales. Pero por hacer frente al Covid-19, hasta septiembre 2020, un tercio del gasto público es déficit fiscal, que además obligó a financiarlo con emisión monetaria y con colocación de nuevos títulos de deuda en el mercado local, ante la brutal caída del nivel de actividad y, con ella, de la recaudación tributaria. Dado que, en la Argentina post Macri, los impuestos ligados al consumo representan más del 70% de todos los gravámenes tanto nacionales como provinciales, el gobierno nacional debió asistir a las provincias y municipios del país.

El punto fuerte de la Argentina es su mercado interno, nuestro país crece si crece  el consumo de la población, que debe ser apuntalado por una política de sustitución de importaciones a como dé lugar, tanto de máquinas y equipos como insumos que no producimos en cantidad suficiente y en la provisión de petróleo y gas.

Paralelamente, al producir alimentos y dados los buenos precios internacionales (por ejemplo, la tonelada de soja se vende a fines de octubre 2020 en el mercado de Chicago arriba de los 400 dólares y la tonelada de aceite de soja cerca de los 800 dólares), hace que el IERAL (Instituto de Estudio de la Fundación Mediterránea) estime que la cosecha 2020/21 tendría un valor de mercado de entre 33,0 mil millones y 39,9 mil millones de dólares. Esto asegura el superávit comercial proyectado por el Ministerio de Economía para el año entrante de exportaciones de bienes y servicios por 74.432 millones de dólares, con un crecimiento de 11,9% respecto del año 2020. En tanto, las importaciones de bienes y servicios se estiman en 59.346 millones de dólares, que implicaría un crecimiento de 20,4% interanual. Este escenario asume, de manera implícita, una recuperación del comercio exterior ante la reactivación económica mundial y doméstica tras la pandemia, que a su vez ayudaría a mantener crecientes los precios de los principales productos de exportación. El saldo comercial que se espera es de 15.086 millones de dólares, fundamentalmente explicado por la balanza de bienes, mientras que los servicios permanecerían levemente deficitarios.

Quiere decir que con la política cambiaria oficial de ajustar el valor del dólar al incremento de los costos internos es suficiente para garantizar un fuerte superávit comercial, de hecho el dólar oficial del viernes 30 de octubre de $ 83,90 se acrecentó en un 40% con respecto al precio del dólar oficial del último día hábil de diciembre de 2019 que fue de $ 59,90.

También quiere decir que el país sufrió y sufre la presión devaluacionista de los que fugaron capitales y solo traerían una parte a un mayor precio, para comprar por la mitad lo que vale el doble. Marco que también le es propicio a los exportadores, dado que de devaluar nuestra moneda, ellos recibirían más pesos por cada divisa que obtengan de sus ventas externas.

El mérito del Presupuesto Nacional 2021 es que demuestra que no se necesita devaluar nuestra moneda para lograr el marco externo favorable para que la Argentina vuelva a crecer. De allí la firmeza de estimar el valor del dólar en $ 102,40 para diciembre del año que viene, al ser la política cambiaria consistente con el objetivo de acrecentar las exportaciones y del superávit comercial esperado y al no tener que afrontar el pago del capital de la deuda. De hecho, los intereses en términos nominales para 2021 son menores que lo que se pagó en 2020 (disminuye la partida para el pago de deuda, que pasa a ser solo el 1,76% del PIB, contra 2,46% que es este año y 4,33% del PIB en 2019).

También en el Presupuesto 2021 se estima que la economía crecería en un 5,5% (y este año 2020 cae en un 12,1% que es una de las depresiones más grandes de las que se tenga registro) y que la inversión interna bruta fija crecería un 18,1% (y este año desciende en un 25,6%) y, el consumo crece como crece el PIB, todos datos y proyecciones que son más que factibles. Un país que logra un superávit comercial en torno a los 15.000 millones de dólares anuales, cuando en la gestión de Macri se fugaron 86.200 millones de dólares en cuatro años, no tiene problemas de ahorro para financiar la inversión que necesita.

El Presupuesto 2021 representa la hoja de ruta para las políticas públicas necesarias para sentar bases para un crecimiento sostenible a partir del desendeudamiento del Estado nacional, la definición de un sendero de disminución de déficit fiscal en el mediano plazo, el fortalecimiento del mercado interno y la realización de imprescindibles obras de infraestructura, esencialmente el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. También son importantes los recursos que se destinan para la renovación y mejoramiento del ferrocarril en las líneas Roca, Belgrano Cargas, San Martín y Belgrano Sur; el Plan nacional de agua potable con el fin de contar con el 100% de cobertura en todo el país para el año 2030. Igual con el plan de obras viales en las principales rutas nacionales y obras energéticas, entre ellas el Gasoducto del NEA, que permitirá abastecer de gas a más de tres millones de personas en el nordeste argentino y, se continuará con el plan nuclear del Reactor RA-10 y la Central Nuclear de Energía CAREM, entre otras fuertes inversiones públicas.

El gasto social seguirá representando más del 60% del presupuesto nacional y se volverá a cumplir con las provincias y sus municipios, que se destine a la educación el 6% del PIB.

Se confía en que el aumento del nivel de actividad permitirá incrementar en forma más que proporcional los ingresos tributarios. Paralelamente, al tener que realizar menores gastos corrientes con respecto a este año 2020 por la pandemia del Covid-19, y el menor pago de los servicios de la deuda por los acuerdos arribados con los acreedores privados, sobre los cuales se pagarán solamente intereses, permitirá que en términos nominales el incremento del gasto sea menor que la inflación esperada y a su vez se incrementa en términos reales la recaudación. La combinación de ambas variables permite reducir fuertemente el déficit fiscal del año 2020 (en torno al 12% del PIB) para ser de un 4,5% del PIB, que es un porcentaje administrable y genera mejores condiciones para los presupuestos venideros.

El rol del Estado

El rol económico del Estado es hacer políticas públicas (el presupuesto es su guía de acción) pero también regular la economía, esto es, establecer las reglas de juego, decidir qué es lícito y qué es ilícito en la actividad económica en general y en la cambiaria y financiera en particular penando y castigando el delito,  máxime cuando el precio del dólar es una variable clara y fundamental en nuestro país y en las políticas públicas.

La difícil situación en que nos encontramos, con los niveles de pobreza, desocupación y padecimiento de todo tipo, mientras que hay una parte de la población que especula con el valor de nuestra moneda, debe ser solucionada de manera enérgica.

Para ello sostenemos que se debe declarar la Emergencia Cambiaria. El 10 de abril de 1964, mediante el Decreto 2581/64 se dispuso la obligatoriedad de ingresar al país y de negociar, en el mercado único de cambio, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales. Mal o bien, con períodos en que se suspendía su aplicación, este sistema rigió durante 53 años, hasta que el Decreto 893/2017 en su artículo 1, deroga el Decreto 2581/64.

Paralelamente, la ley 27.541 denominada de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, no contempla el problema cambiario, por lo tanto se necesita ampliar la ley y declarar la emergencia cambiaria, para:

1. Anular las Resoluciones de la Secretaria de Comercio Nº 262/2016 que le permite al exportador no ingresar las divisas al mercado de cambio local en un plazo de hasta cinco años y 47/2017 que extiende ese plazo a diez años; y derogar el Decreto Nº 893 por el cual establece que “desaparece cualquier obligatoriedad de ingreso de divisas” por exportaciones. Esto fue salvado por la Comunicación A 6770 del Banco Central emitida el 1° de septiembre de 2019, pero mientras rigieron se acumularon dólares que no ingresaron al país. No vamos a entrar en la controversia de si es un derecho adquirido, sí podemos agregar que en ese caso se debería plantear a qué tipo de cambio se liquida la operación de exportación: al tipo de cambio oficial en que realizaron la venta al exterior en los años 2016, 2017, 2018, hasta el 2 de septiembre de 2019, o a uno vigente. Gran parte de los exportadores tienen la administración de puertos en la llamada Hidrovía del Paraná, cuya concesión vence el 30 de abril de 2021 y un principio de acuerdo de partes es que ellos adelantan el plazo de la liquidación e ingresos de divisas de las exportaciones ya realizadas y el Estado argentino sabrá como ponderar ese gesto de alianza económica y social.
2. Revisar, corregir y derogar según corresponda, toda la parafernalia de normas, decretos y resoluciones del gobierno anterior.
3. Evitar a toda costa que el precio del dólar informal, blue, negro o como se lo quiera llamar incida sobre los precios. Para ello el Estado debe intervenir y castigar ese delito, utilizando el poder de policía financiera que tiene la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central de la República (BCRA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que deben controlar y aplicar el poder de policía coordinado con uso de la fuerza pública en las inspecciones, que incluya el secuestro de los fondos que no tengan explicación contable o de origen y hasta la detención de los delincuentes.

En síntesis, si se hubiera detenido al primer peón que quemó un pastizal, este hubiera dicho quién lo envió y no hubiéramos tenido los incendios de nuestros campos y bosques como pasó. Se trata de intervenir ya y como sea. Eva Perón decía: donde hay una necesidad surge un derecho.

[1] Decreto N° 1053/18, han solicitado su adhesión las siguientes prestadoras del servicio de distribución de gas: 1) Naturgy BAN S.A.; 2) Metrogas S.A; 3) Camuzzi Gas Pampeana S.A.; 4) Camuzzi Gas del Sur S.A.; 5) Litoral Gas S.A.; 6) Gas Nea S.A.; 7) Gasnor S.A.; 8) Redengas S.A.; 9) Distribuidora de Gas del Centro S.A.; y 10) Distribuidora de Gas CuyanaS.A.

PLAN DE GOBIERNO Y PRESUPUESTO

Desde el triunfo electoral del Frente de Todos se ha acelerado el conflicto entre distintos segmentos de la sociedad argentina por la prevalencia de los derechos de unos sobre los otros. La pugna no se ha canalizado por la vía de las instituciones, cuyas composiciones han sido recientemente renovadas por el voto popular.

La colisión se da entre aquellos que sacralizan la propiedad privada por encima de cualquier proceso de integración social con quienes resueltamente defienden a los derechos sociales expresados en el acceso igualitario al salario y la jubilación, la vivienda, la educación, la salud y todo otro bien de carácter universal y esencial para la vida humana.

Este enfrentamiento entre los derechos individuales del artículo 14 de la Constitución Nacional y los derechos sociales del 14bis del mismo texto rector no es nuevo. No obstante, ha crecido en tensión, en parte porque la crisis global les indica que deben apropiarse del Estado para asegurar sus privilegios, como lo hicieron en los ‘30, los ‘70 y con la escalada inflacionaria de los ‘80. En esa dirección han adoptado un rechazo absoluto al resultado de las urnas, embistiendo al gobierno electo desde el inicio.

El otro dato novedoso es que la quinta administración peronista, a diferencia de sus antecesoras, se ha visto impotente hasta ahora para superar el conflicto alcanzando acuerdos y disciplinando actores.

En estos días, hemos visto como una multitud se movilizó en homenaje a los 75 años del 17 de octubre, conmemorando la génesis del movimiento que integró política y socialmente a los sectores desposeídos. En contraste, se visibilizó el conflicto en la provincia de Entre Ríos por la herencia de la familia Etchevehere, dónde el ex ministro de Agricultura del macrismo no tuvo límites para movilizar una patota violenta hacia el campo para desalojar por la fuerza a su hermana. Se profirieron todo tipo de insultos hacia Juan Grabois, que respalda a Dolores Etchevehere en el desarrollo de un proyecto agrario comunitario. A su vez, Patricia De Ferrari, legisladora cordobesa de Cambiemos, invocó a los “falcon verdes” para “administrar justicia” contra el dirigente social.

Estas imágenes contrapuestas se produjeron en medio de la tensión cambiaria, donde se vislumbra el intento de producir una licuación estructural de los ingresos populares elevando la cotización de la divisa a niveles inéditos. La oligarquía percibe la oportunidad de romper definitivamente el empate social con el peronismo y actúa en todos los frentes inescrupulosamente. Otro acicate para esta conducta es la pérdida de control de los procesos electorales, como lo ocurrido en octubre del 2019 en Argentina y en octubre 2020 en Bolivia. La movilización del 17 y el triunfo de la fuerza de Evo Morales sepultaron los amagues de “golpe blando”, acelerando en la semana posterior la suba del dólar en los mercados alternativos.

El gobierno de la coalición peronista ha ensayado esquemas conciliadores, hasta el momento sin resultados positivos. Esto se expresa en los lineamientos económicos seguidos hasta el presente, pudiendo identificarse dos programas.

El programa “que no fue” que consistió en un intento de ordenamiento macroeconómico externo y fiscal de regulación pública basado en tres ejes:

1. Intervención estatal directa en la comercialización de granos y acuerdos con otros actores afines relevantes en ese mercado, como la empresa estatal china Cofco y las cooperativas tradicionales. Este derrotero se abandonó con la fallida expropiación de la concursada empresa del sector Vicentin.
2. Administración del comercio exterior con control de las importaciones, tanto en la cantidad de bienes comprados como en los pagos efectuados al exterior por ese concepto. No obstante, se produjo la inconsistencia técnica que el abultado superávit de la balanza comercial (u$s 11.000mm en el lapso enero/agosto 2020) no incrementó las reservas internacionales del BCRA, siendo las importaciones uno de los principales factores de egreso de divisas, a pesar de la caída del nivel de actividad en este período a causa de la pandemia.
3. La implementación de una reforma tributaria progresiva sobre exteriorizaciones de riqueza patrimonial y altos ingresos, para reducir la brecha fiscal y fortalecer la autonomía estatal.

Los puntos previos apuntaban a producir un orden macroeconómico acelerado, acotando los desequilibrios en las cuentas externas y las cuentas públicas heredadas del macrismo, mejorando la capacidad de maniobra del sector público y potenciando la certidumbre que significó cerrar exitosamente el programa financiero de reestructuración de deuda pública.

Las razones para no llevar adelante este esquema se centraron en la voluntad política de aplacar los conflictos con los sectores dominantes y construir un escenario de paz política, que los hechos demostraron fallido.

El programa que “sí fue” se basó en acuerdos tácitos con actores agropecuarios y financieros, a partir de reconocer estímulos al mercado que favorezcan la estabilidad cambiaria. El diseño pro-mercado se centró en:

1. Negociación con el sector manufacturero del campo para lograr un aumento de exportaciones y liquidación de divisas a cambio de una baja transitoria de los derechos de exportación.
2. Medidas a favor de los operadores financieros para reducir la volatilidad del mercado cambiario alternativo “contado con liquidación”, consistentes en bajar los plazos de tenencia de bonos antes de operarlos -de 15 a 3 días hábiles-. La intención fue dotar de más liquidez al mercado y de oferta de bonos en dólares a los fondos de inversión extranjeros a cambio de sus activos en pesos para evitar la presión de la demanda en la cotización del contado con liquidación.

Estas disposiciones, hasta el presente, no han dado los resultados esperados: las reservas internacionales del BCRA continúan descendiendo -u$s 500 millones en lo que va de octubre- y la cotización del “dólar contado con liquidación” trepó un 6% neto en el curso de la semana.

Es complejo transitar acuerdos cuando los agentes económicos más poderosos quieren imponer otro rumbo resueltamente, desafiando la voluntad popular expresada en las urnas.

De continuar este sendero, sólo quedan dos opciones no excluyentes: China y el FMI.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/crisis-economica-y-disputa-de-poder-hacia-el-final-del-pendulo-2020102419025

La pujante Argentina industrial distribuía ingresos de manera tal que en 1974 éramos el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre, la pobreza era solo el 3,7% de la población y la desocupación era friccional. Esa Argentina fue dinamitada por el “Rodrigazo”, que no fue otra cosa que liberar el tipo de cambio depreciando nuestra moneda, paso necesario y obligatorio para dar lugar a la dictadura militar donde confluyeron el modelo agroexportador (incluso desobedeciendo a los Estados Unidos, porque se le vendió trigo y otros cereales a Rusia en pleno bloqueo de Jimmy Carter) y el de valorización financiera, que consiste en creer que subiendo la tasa de interés local (de una moneda depreciada) se controla el precio del dólar.

Las tasas de interés creciendo por muchos meses por encima de precio del dólar atraían capitales golondrina en la llamada bicicleta financiera o carry trade, razón por la que se retrasa el tipo de cambio y, por priorizar la valorización financiera del capital y la política de endeudamiento en desmedro de las exportaciones, se produce la ruptura con “el campo” y la renuncia a fines del año 1979 del Secretario de Agricultura y Ganadería, Mario Cadenas Madariaga, conspicuo dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que formó parte junto a José A. Martínez de Hoz del equipo que se reunía desde 1975 en la casona de la familia Blaquier de la calle Azcuénaga 1.673 en la Ciudad de Buenos Aires, para preparar el nuevo gobierno.

Salvo los 14 meses que estuvo al frente del Ministerio de Economía Bernardo Grinspun, predominó la política de endeudar y fugar hasta que implosionó a fines de 2001. Tras los aciagos días del 19 y 20 de diciembre y el “que se vayan todos”, de cómo las grandes empresas deudoras en divisas la transfirieron al pueblo argentino mediante la pesificación asimétrica, y del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asume la presidencia Néstor Kirchner, quien reinstaló el modelo de crecimiento en base al mercado interno.

La fórmula es sencilla: las tres cuartas partes de lo que producimos se destina al mercado interno, por ende, generando más empleo y mejores salarios el mercado interno se expande y crecemos en forma sustentable y democrática. Más se vende y más se produce, se propicia la sustitución de importaciones que se deben producir en el país, energía incluida. Es la misma propuesta del plan de gobierno del Presupuesto de la Administración Nacional 2021, pero para ello se requiere un gobierno que regule la actividad económica, que imponga las reglas de juego, que diga qué es lícito y qué no, qué está permitido y qué no, como hacen todas las naciones del mundo que crecen sistemáticamente.

La verdadera brecha

Cambiemos restituyó el modelo de valorización financiera y renta agroexportadora que genera un proceso de devaluación e inflación que se retroalimenta. Pandemia mediante y serios errores propios, debilitan el poder del Estado nacional, máxime que como pasó en 1975 y 1976 los agroexportadores y los que propician la valorización financiera del capital confluyen en depreciar nuestra moneda y con ella el mercado interno y la economía nacional.

Para ellos el problema no es la tasa de indigencia que para el primer semestre de 2020 el INDEC estima en 10,5% de las personas que habitan en la Argentina, ni la de pobreza, del 40,9%. Tampoco que el salario y la jubilación mínimxs, medidxs por el dólar blue sean menores a 100 dólares, que el salario promedio mensual sea de $ 69.040, que convertidos son menos de 400 dólares. Si se devalúa como quieren exportadores y financistas, nuestros trabajadores cobrarían menos que el salario promedio de Brasil y de China.  Nuestro PIB per cápita es de menos de 8.000 dólares, que es el de un país pobre como los más pobres de América Latina y de África.

El plan económico del gobierno debe priorizar el mercado interno y para eso es necesario controlar el dólar, ya que cada vez que sube empuja a la miseria y a la pobreza a nuestro pueblo y limita las posibilidades de crecer sostenidamente y distribuir equitativamente los ingresos, como se hizo desde 1945 a 1974 y en los años de los Kirchner.

Sin embargo, priorizar el mercado interno, el trabajo y la producción nacional puede llegar a amalgamarse con la propuesta  del Consejo Agroindustrial Argentino (AGD; Cargill, Glencore, Molino Agro, Cofco etc.) y que trata de acordar con China, siempre y cuando el beneficio sea mutuo, por la simple razón de que ellos exportan alimentos y su precio impacta en la canasta de las familias. Para que fueran compatibles debería acordarse que primero se destine la parte de la producción necesaria para satisfacer el mercado interno y a precios razonables con los salarios, y luego se calcule el saldo exportable, y no al revés. Además, el diferencial de cambio a través de retenciones lo debe fijar libremente el gobierno nacional y no, como pretenden ellos, fijar la tasa de retenciones y dejarla estable durante diez años [1].

Es una situación compleja pero se puede y se debe resolver. El impedimento es su valorización financiera y la influencia del tipo de cambio, ya que el Consejo Agroindustrial Argentino objetivamente se beneficia cuánto más de nuestra moneda obtiene por cada divisa que ingresa del exterior. Y tiene medios para presionar sobre el valor del dólar.

La situación descripta se potencia por el grado de libertad con que se maneja la actividad financiera y cambiaria en el país.

La política financiera y cambiaria

La comparación de datos del INDEC y del Banco Central permite entender los comportamientos especulativos de exportadores e importadores. El informe del INDEC de intercambio comercial de enero a agosto de 2020 indica que las importaciones fueron por 26.245 millones de dólares, pero el INDEC usa un criterio devengado que no muestra con precisión los flujos de caja de la economía. El balance cambiario del Banco Central, en cambio, registró que las importaciones efectivamente pagadas fueron por más de 31.300 millones de dólares.

Esto es, los importadores adelantaron pagos de su mercadería para dolarizarse al tipo de cambio oficial, dado que le compraron al BCRA y este le vendió en los primeros ocho meses del año, de $ 70 a $ 80 por dólar, para pagar importaciones que al 31 de agosto 2020 no habían ingresado a la Aduana Argentina.

Entonces el superávit comercial  de enero a agosto 2020 no es de 10.894 millones de dólares como informan la Aduana y el INDEC, sino de 5.800 millones.

Paralelamente el BCRA autorizó a pagar supuestas deuda externa al Banco HSBC; al Banco Galicia; al Grupo Elsztain (IRSA, Cresud, Banco Hipotecario, principales centros comerciales, etc.); a Petroquímica Comodoro Rivadavia; a la filial norteamericana generadora y distribuidora de energía AES Argentina, etc., por 6.200 millones de dólares de las reservas internacionales y al tipo de cambio oficial. Recién a partir del 15 de septiembre, mediante la Comunicación A 7106, el BCRA dispuso que se le vendan dólares por el 40% de la deuda que declaran y el 60% restante lo paguen con activos que tienen en el exterior y/o reprogramen los vencimientos[2], cuando esos deudores son los mismos que fugaron los 86.200 millones de dólares que se fueron del país en los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, según informe que hizo el propio Banco Central [3].

Es evidente que en plena restricción cambiaria y en medio de la negociación de la deuda, el BCRA malvendió reservas internacionales que explican por qué teniendo un superávit comercial al 31 de agosto de 2020 de 10.984 millones de dólares, las reservas internacionales brutas del BCRA no solo no crecieron sino que descendieron en 4.018 millones de dólares en el mismo lapso.

Paralelamente, los diez primeros bancos privados del país en lugar de prestar (que lo hacen mínimamente) se benefician colocando sus generosos excedentes en LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) y perciben por ello más de $ 60.000 millones por mes que les paga religiosamente la autoridad monetaria.  En la gestión actual del BCRA lo que más crecieron fueron las LELIQs: de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión  a 1.717.371 millones el 7 de octubre de 2020: un un 126,4% más, cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 30,35% y el total del crédito al sector privado en 19%.

El crédito total al sector privado (empresas y personas) es el 11,4% del PIB, tan bajo como lo dejó el último año del gobierno de Mauricio Macri, cuando en Brasil es del 45% y en Chile del 60% del PIB.

Por la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, los únicos que le pueden comprar dólares al BCRA son los bancos, quienes lo compran por sí o para sus clientes,  todo “consta en actas” y por eso el BCRA pudo elaborar el Informe de fuga de Capitales por 86.200 millones de dólares y tiene los nombres, DNI, domicilio, etc., de cada uno de los 6.693.605 personas y las 85.279 empresas adquirentes de divisas, donde los cien mayores compradores en la gestión de Macri lo hicieron por 24.679 millones de dólares.  Esos dólares fueron sacados mayoritariamente del circuito económico legal argentino.

Los circuitos ilegales están directamente conectados con el sistema financiero formal. Tanto la economía clandestina como la informal se retroalimentan con la economía formal. No son compartimentos estancos, ni separados por exclusas.

Los “financistas” son los dueños y CEOs de los principales bancos privados del país, conectan puntas entre inversores y tomadores de crédito. El cruce de dinero entre plazas financieras puede vincular Montevideo, Nueva York, Hong Kong o Londres mediante el llamado “dólar cable” (que consiste en girar dólares en efectivo a través de una cueva financiera), que fondea parte de la oferta del dólar blue y que incide fuertemente en la fuga de capitales de las divisas originadas en el atesoramiento.

En síntesis

Después de dilapidar más de 11.000 millones de dólares, el gobierno busca incrementar la oferta de divisas, por lo cual en octubre de 2020 dispuso una baja transitoria de tres puntos en las retenciones a la exportación de soja y una eliminación total de las retenciones a bienes finales industriales.

Paralelamente, trata de frenar la demanda a través de estímulos a las inversiones en pesos. En esa línea, se llevaron a cabo licitaciones de títulos en moneda local; una colocación de bonos «dólar linked», que están atados a la evolución del tipo de cambio oficial, y una colocación de letras ajustadas por inflación.

Incluso la autoridad monetaria desde el viernes 16 de octubre bajó la tasa de las Letras de Liquidez (LELIQs), que pasó de 38 a 36% anual y aumentó en 21 puntos porcentuales la tasa activa de pase por un día que queda en 30% de Tasa Nominal Anual. Para los depósitos del público menores a un millón de pesos los bancos pagarán un piso de 34% de tasa nominal anual, para el resto de los depósitos, el mínimo será de 32% nominal.

Por supuesto “que el mercado”, como les gusta llamarse, olió sangre y va por más y toda medida es insuficiente.

Las verdaderas y necesarias medidas

Si no se fiscaliza la operatoria de los diez bancos privados principales, de los distintos mercados del dólar (Contado Con Liqui, Dólar Bolsa, etc.) y no se cierran las “cuevas” cambiarias con el poder de policía que tiene el BCRA, es lo mismo que arar en el mar.

Pedro Biscay, que fuera Director del Banco Central, propone fortalecer el poder de fiscalización cambiaria y financiera, y recuerda que en los años 2014 y 2015 se conformó una mesa de coordinación institucional desde donde se llevaron adelante acciones orientadas a incidir sobre el mercado ilegal de divisas. Se alinearon detrás de ese objetivo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La Superintendencia junto a la UIF y el resto de los reguladores, intensificaron las ruedas de monitoreo, cruces de información, fiscalización en oficinas de negocios y formulación de denuncias penales a través de Procelac. Se logró información acerca del mercado paralelo que permitió identificar el entrelazamiento entre el sistema económico formal y diferentes circuitos de circulación de capitales procedentes de las economías informales o clandestinas.

Pero esto sólo es posible si las reglas las impone el Estado.

[1] Plan del CAA:  “Estrategia Agroindustrial Exportadora Inclusiva Sustentable y Federal 2020-2030”.

[2] Medida que incluso flexibilizó el jueves 8 de octubre a pedido del Banco Hipotecario del grupo Elsztain.

[3] Empresas y personas que están también en la lista conformada por Hernán Arbizu y por el Ingeniero en sistema Hervé Falciani, ambos del HSBC, o en los Panamá Papers.

Renta agroexportadora y capital financiero