La Pontificia Universidad Católica Argentina en su estudio sobre el empleo y la pobreza en todo el país [1], dice que en 2019:

• el 41,6% de la Población Económicamente Activa [2] tenía un empleo pleno,
• el 26,9% un empleo precario,
• el 20,6% eran subempleados inestables y
• el 10,9% restantes estaban desocupados.

Este cuadro se agrava con la pandemia de forma tal que para el primer semestre de 2020 el INDEC estima que la tasa de indigencia alcanzó a 10,5% de las personas que habitan en la Argentina, y son pobres el 40,9%.

El informe de la UCA reconoce que los planes sociales instrumentados por el gobierno (IFE-Ingreso Familiar de Emergencia; ATP- Asistencia al Trabajo y a la Producción; crédito a tasa cero a monotributistas; bono a los trabajadores del área de salud, etc.) lograron paliar la situación que de otro modo hubiese sido mucho peor.

Y termina con una valiosa apreciación: “Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren derrames hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno”.

Es válida la acotación cuando el gobierno apuesta a una alianza con el Consejo Agroindustrial Argentino (AGD; Cargill, Glencore, Molino Agro, Cofco, etc.) y trata de acordar con China. Podemos inferir que Cargill  y Glencore quieren vender a China sin que Trump se lo impida o limite desde los Estados Unidos o que dicho país presione con el mismo objetivo al gobierno de Bolsonaro en Brasil. Ese acuerdo hace que no se termine de resolver el tema Vicentin, cuando además, en abril de 2021 vence la concesión para la administración, dragado y señalización del corredor estratégico fluvial que comprende la Hidrovía Paraná-Paraguay. Por allí transita el 82 % de los granos, harinas y aceites de exportación del país y los principales puertos son administrados por conspicuos miembros del CAA (Consejo Agroindustrial Argentino).

Ese sector puede proveer las divisas pero no tiene un efecto multiplicador sobre la economía nacional como requieren los datos de pobreza y desempleo actuales. La salida para la recuperación del empleo depende de políticas de fomento que den prioridad a las pequeñas y medianas empresas, haciendo hincapié en la actividad regional. Estas políticas deben orientarse en primer lugar a la creación de puestos de trabajo y a posibilitar un proceso de acumulación y distribución. Las empresas que forman parte del Consejo Agroindustrial Argentino exportan alimentos y van a procurar siempre un tipo de cambio alto para maximizar sus ganancias. Pero al igualar los precios internos con los que obtienen en el exterior los encarecen, salvo que se acrecienten las retenciones (Derechos de Exportación) y ellos (el CAA). Por el contrario, proponen su estabilidad por 10 años.

Es más, el CAA presentó el 19 de julio de 2020 las bases de lo que denominó “Estrategia Agroindustrial Exportadora Inclusiva Sustentable y Federal 2020-2030”. Allí no solo propone reencausar el presupuesto nacional para apuntalar los programas que le son afines (INASE-Instituto Nacional de Semillas; SENASA — sanidad animal; Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior; etc.), sino que plantea un régimen especial de amortización acelerada (con lo que disminuirían contable e impositivamente sus ganancias), que incluya a los principales impuestos que impactan la operatoria agroindustrial y un régimen nacional de promoción de la inversión en bienes de capital del sector agroindustrial. Sabremos bien a qué se refiere porque debe tratarse por un proyecto de ley con su debida cuantificación.

Qué hacer

La importancia del sector agro-industrial está fuera de discusión, pero solo impulsando la manufactura de origen industrial, la construcción, y los servicios demandantes de mano de obra, se puede incorporar al mercado laboral a gran parte de la población. Para ello se necesitan recursos, que genera el sector primario y el Estado obtiene mediante las retenciones a sus exportaciones.

La principal causa de la desigualdad social en la Argentina es la suba del precio del dólar, que se traslada directamente al precio de los alimentos haciendo que muchas personas caigan bajo la línea de la pobreza. La interacción entre las obligaciones por el pago de la deuda externa, la fuga de capitales y la rentabilidad de los exportadores presiona a la devaluación de nuestra moneda

En el gobierno de Néstor Kirchner no solo se logró un importante acuerdo con quita de capital de la deuda, se controló la fuga de capitales y se fiscalizaron las exportaciones. Además, la obtención de ingresos fiscales por los Derechos de Exportación (retenciones) se apareaba con el subsidio energético, que permitió congelar las tarifas energéticas, de comunicaciones y de transporte. En los años de la convertibilidad las empresas prestadoras de esos servicios cobraban tarifas abusivas en pesos pero con un dólar 1 a 1. En pleno auge del modelo kirchnerista, 2007 por ejemplo, los subsidios a la energía y al transporte fueron de $ 14.600 millones (a un precio del dólar promedio de $ 3,10 de esa época significaban 4.700 millones de dólares) y ese fue el importe obtenido por las retenciones. Un uno a uno menos reconocido, pero fundamental en su nitidez.

La idea y disciplina de Kirchner era apuntalar a los hogares y a las industrias con el total del ingreso por retenciones, que marcaba el límite del subsidio y formaba parte de su visión estratégica de ampliar la demanda interna y combinarla con la internacional. Por eso propiciaba acuerdos comerciales con los países que nos compran y con los que tenemos economías complementarias (comprarles a quienes nos compran era la consigna).

Con respecto al problema del empleo desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso a las negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresarias en el Consejo del Salario y el cobro de derechos de exportación (retenciones), que generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones, el precio de los alimentos en el mercado interno.

La duplicación del monto indemnizatorio en caso de despido injustificado fue una medida para asegurar un piso mínimo de ingresos a los grupos que perdían posiciones en el mercado de trabajo formal. Se sumó a la ley de movilidad previsional, con un sistema de actualización de jubilaciones y pensiones; la inclusión en el sistema previsional de aproximadamente 2.400.000 personas que habían quedado sin ninguna cobertura y la creación del monotributo social, que permitió un facilitado acceso a la economía en blanco y las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos e informales.

Para luchar contra la informalidad se implementó el Plan de Regularización del Trabajo, orientado a combatir el empleo no registrado y verificar el cumplimiento de las condiciones de labor que garantizaran los derechos del trabajo y la protección social. Para alcanzar la mayor eficacia en normativa laboral se creó un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social, para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas en todo el territorio nacional. ​Por ejemplo, para 2007 se observaba que de cada 100 nuevos puestos de trabajo 83 eran formales, a diferencia de los años ’90 (durante el menemato), cuando tan solo 6 de cada 100 trabajadores eran registrados. En el ámbito de los programas de transferencia de ingresos, la nueva estrategia consistió en reconvertir el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la dirección de mejorar las condiciones de empleabilidad de los desempleados. Para el año 2007, 700.000 beneficiarios del Plan Jefes habían conseguido un empleo registrado.

El cuello de la botella

El problema tarde o temprano viene del lado de los Bancos. Diez bancos privados (Galicia, Santander-Río, BBVA, Macro, Patagonia, HSBC, ICBC, Citi, Supervielle, BNP-Paribas)  administran la mayor parte del sistema y si bien son el mecanismo bancario de la operación comercial, quieren tener el timón del control del valor del dólar y de la tasa de interés, por lo que van a influir de sobre manera en el sistema de crawling peg (devaluación a los saltos) y en tasas de interés que deben ser positivas por encima del valor del dólar y del nivel general de precios, hecho que hace insostenible el financiamiento genuino del la economía nacional. Otra vez los grandes bancos dicen a quiénes se les va  aprestar y a qué tasa, cuando se ha demostrado hasta el cansancio que ese sistema solo significa ganancia para los bancos confiscando el capital productivo argentino.

La taba está en el aire, el Consejo Agrario Argentino necesita fortalecerse y vender desde la Argentina y no confía en los supuestos suplentes de Alberto Fernández, ni en la Embassy, su negocio pasa por vender a China, Rusia e Irán y a Estados Unidos eso no le va a gustar.

Los Estados Unidos van a presionar a través del acuerdo con el FMI. No es casualidad que el canciller Felipe Solá haya agradecido al embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, “el compromiso de su país de apoyar a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hoy (se refiere al martes 6 de octubre) tuvimos un encuentro en el que analizamos cómo aumentar las inversiones y el comercio entre ambos países”, el mismo día en que la Argentina votó en las Naciones Unidas alineada con el Grupo Lima contra la República Bolivariana de Venezuela. La misma ONU que no dice nada ante el golpe de Estado en Bolivia, las masacres en Colombia o la represión salvaje al pueblo chileno que reclama una nueva constitución.

Lo cierto que la situación es de urgencia en el plano cambiario y de pago de deudas en divisas. Durante todo el año, el BCRA vendió más de 6.000 millones de dólares de las reservas internacionales a empresas privadas, por supuestas deudas externas y al tipo de cambio oficial. Recién a partir del 15 de septiembre de 2020, dispuso que se le venda el 40% de las divisas que declaran como deuda, mientras el 60% restante lo deben pagar con activos que tienen en el exterior y/o reprogramar los vencimientos. Esos deudores son los mismos que fugaron los 86.200 millones de dólares que se fueron del país en los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, según informe que hizo el mismo BCRA.

En síntesis

Los caminos se entrecruzan y si bien el objetivo explicitado es generar puestos de trabajo y aumentar la producción, las medidas no son consistentes. Es imposible devaluar nuestra moneda y pensar que no va a tener impacto sobre los precios y con ello, sobre el salario real. No se puede entrar a una nueva espiral de suba de la tasa de interés y que no redunde en frenar la actividad económica. El plan propuesto por el ministro Martín Guzmán en el Presupuesto 2021 decía todo lo contrario, los salarios de los empleados públicos crecían en un 35,5%, los precios en un 29% y el dólar por menos de ese porcentaje. El Estado debe intervenir férreamente para que así sea, Néstor Kirchner lo hizo, es cuestión de saber y querer repetir la receta.

[1] “Argentina sin un mejor horizonte: Más pobres y más desiguales” Agustín Salvia CONICET-UBA-UCA 6 de octubre 2020

[2] La población activa de un país está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabaja en un empleo remunerado o bien se halla en plena búsqueda de empleo.

Hacia dónde vamos

El plan del gobierno es el Presupuesto de la Administración Nacional para 2021. Como  por la pandemia no tuvo oportunidad de presentar el de 2020, fue readaptando el de 2019, priorizando el gasto en salud y en asistencia a la población más vulnerable. Ese plan se presenta al Congreso de la Nación en plena puja con los sectores exportadores (esencialmente granos, que retienen en silobolsas o que si exportaron todavía no ingresaron las divisas de su liquidación). Pero en el Proyecto se defiende y sostiene un incremento en la recaudación por retenciones (Derechos de Exportación) y que el precio del dólar en diciembre de 2021 va a ser de $ 102,4.

Una devaluación y/o disminuir las retenciones peticionado por los grandes productores y comercializadores implica un aumento aún mayor de la pobreza, porque el precio de los alimentos se iguala con el del exterior. Cuantos más pesos consiguen por cada dólar, más aumenta el precio de esos productos en el país.

Una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez —ex Kraft—, Molinos Cañuelas) y las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. Esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores explica porque trasladan rápidamente a los precios internos la devaluación de nuestra moneda.

Con la carne vacuna pasa lo mismo, ya en 2019 fue récord de ventas al exterior. Se exportó más de un millón de 3.5 millones de toneladas de carne vacuna que se produjeron [1], casi triplicando las ventas externas del año 2018. Entonces jugaron fuerte la gripe porcina y la demanda de la República Popular China, pero transcurridos nueve meses de 2020, la demanda externa es aún mucho mayor, por la pandemia de Covid-19. Con el fin de obtener divisas se asegura una mayor rentabilidad a los grandes productores y comercializadores de carne, encareciendo un bien que es la base alimentaria de la población. Según informa la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo de carne vacuna por habitante por año en la Argentina, al mes de  agosto, involucionó desde los 61 kilos de 2013 hasta los actuales 50,3 kilos.

Hay que sumar a esto que 200 empresas representan el 65% de las exportaciones argentinas, y que sus dueños y directivos están en la lista de quienes compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Macri. Además se beneficiaron con las Resoluciones de la Secretaría de Comercio que en 2016 y 2017 alargaron los plazos para el ingreso de dólares por exportaciones primero a cinco y luego a diez años. Se estima en más de 19.000 millones de dólares las exportaciones realizadas en ese período cuyas divisas no ingresaron al país.

El objetivo del plan y de las últimas medidas

La primera prioridad es que en vez de fugar, los capitales se inviertan en el país, razón por la cual el Presupuesto Nacional 2021 plantea un aumento de los salarios en términos reales (por encima de la inflación) y recomponer el nivel de ocupación. La multiplicación de mayores salarios por más puestos de trabajo crea un fuerte y dinámico mercado interno, proyecta una tasa de crecimiento del PIB y del consumo del 5,5%.

Para lograrlo aumenta la inversión en un 18,1% tras estimar que derrapa este año en un 25,6% y con ello el PIB, que estiman que cae en un 12,1% en el año 2020. El gobierno apuesta a la recuperación del nivel de actividad y con ello de la recaudación. De los seis grandes precios que tiene una economía, plantean que:

• los impuestos se incrementen en un 48,9%,
• los precios de los bienes y servicios (medidos por el Índice de Precio al Consumidor del INDEC) en un 29%,
• las tarifas igual que los precios (29%),
• el tipo de cambio crecería por debajo del 29% (de hecho el 1° de octubre 2020 estaba a $ 80. Esto quiere decir que a diciembre 2021 a $ 102,4, se acrecienta en un 28%,
• las tasas de interés levemente por encima de los precios y tarifas, y
• los salarios públicos (pero que sirven como referencia para el sector privado) en un 35,6%.

Para que la recaudación impositiva crezca en un 48,9% se necesita una reforma tributaria que grave más a las ganancias y al patrimonio que al consumo y a la actividad.

Básicamente el Presupuesto propone aumentar el gasto en los servicios sociales (salud, educación, trabajo, vivienda y urbanismo) y los servicios económicos (promoción de la actividad económica) y disminuir fuertemente el pago de los servicios de la deuda gracias a la negociación con los acreedores que solo percibirán intereses a una tasa del 3,07% anual y recién se amortizará capital a partir de julio de 2024. También disminuye el gasto en funcionamiento y en los servicios de defensa y seguridad, dentro de un marco de aumento del gasto en general, por debajo de la inflación.

Sin embargo, la fuerte y persistente demandas de dólares de la población y la menor oferta de divisas porque los exportadores o bien no liquidan sus ventas o si lo hicieron tardan en ingresar las divisas al país, en un marco de fuerte superávit comercial, obliga al gobierno adoptar un conjunto de disposiciones en dos tiempos.

El 15 de septiembre de 2020, medidas que deberían haberse tomado no bien comenzó el año 2020, o a lo sumo el 19 de marzo 2020 cuando se declaró la cuarentena por la pandemia del Covid-19, que consisten en limitar al 40% la compra de dólares al BCRA para abonar la supuesta deuda que tiene un residente argentino con el exterior y el 60% restante reestructurarla o cancelarla con los activos que ese residente posee en el exterior.  Por este mecanismo se perdieron, en lo que va del año 2020, Reservas Internacionales del BCRA por más de 6.000 millones de dólares. La segunda medida de esa fecha es que todos los que pueden comprar el llamado “dólar ahorro” o turista, además de pagar el impuesto PAIS del 30% que se estableció por ley 27.541 de Emergencia Económica sobre la compra de divisas para atesoramiento y la adquisición de bienes y servicios en moneda extranjera, deben pagar a cuenta del Impuesto a las Ganancias un 35% más,  por ende el dólar es de $ 132  al 30 de septiembre de 2020. En este caso, por ejemplo, en el mes de agosto 2020 compraron 200 dólares cuatro millones de personas. La situación distaba de solucionarse, persistía la demanda sostenida de divisas y la oferta seguía apareciendo en forma lenta y distorsionada. Se supone que la producción almacenada en acopio de soja y maíz varía entre 17,5 y 23 millones de toneladas, según la fuente. Este volumen que representaría un valor de exportación demorado de 6.800 a 7.200 millones de dólares. Entonces el 1° de octubre el gobierno adoptó un plan de contingencia:

1. Segmentación de retenciones para pequeños productores, programa de compensación y estímulo por $11.550 millones para productores de soja, con una lógica de equidad federal.
2. Baja de retenciones al complejo sojero de manera temporal. La alícuota de los Derechos de Exportación disminuirá desde el 33% hasta el 30% en octubre, para luego subir al 31,5% en noviembre, al 32% en diciembre y retornar al 33% en enero, pero permitiría que ingresen las divisas por las liquidaciones demoradas.
3. Plan de exportación de carnes y baja de retenciones a su exportación de 9 a 5%.
4. Plan para el vino para llegar a los 1.000 millones de dólares en exportaciones.
5. Instrumentación de bonos y plazos fijos atados al dólar, que se pagan en pesos pero se ajustan por el valor del dólar oficial, para liquidar las exportaciones agroindustriales.
6. Para el sector industrial  aumentan los reintegros (devolución de impuestos) a las exportaciones en función del valor agregado y se reducen en algunas posiciones.
7. El reintegro a la exportación de bienes finales industriales pasa a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%.
8. En el caso de las exportaciones de metales, se bajan las retenciones del 12 al 8%.
9. Disminuyen a cero los derechos de exportación de los bienes finales industriales, y al 3% para los insumos elaborados industriales.
10. En el caso de la industria automotriz, la baja de las retenciones al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices “incrementales” extra Mercosur.
11. Plan exportador en la economía del conocimiento para llegar a los 10.000 millones de dólares en exportaciones.
12. Envío al Congreso de un plan especial para impulsar la construcción con incentivos a la inversión en moneda extranjera en proyectos nuevos y de beneficios impositivos: exención durante tres años en Bienes Personales, sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Y se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.
13. Creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario. El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito. Será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.

Paralelamente a las medidas anunciadas, el BCRA definió que las tasas de interés serán mayores a la evolución de la inflación y del precio del dólar. Que instrumentará operaciones de mercado abierto (bolsa), a los efectos de auspiciar una mayor liquidez y que, en el marco de tipo de cambio administrado empleará el crawling peg (devaluación a los saltos) en tanto sea necesario corregir el precio de las divisas. Actuando en consecuencia, la autoridad monetaria subió a partir del viernes 2 de octubre de 2020 en cinco puntos la tasa de pases pasivos (que le pagan los bancos) a un día de plazo, ubicándola en 24% anual, para que esa mayor remuneración se traslade a los plazos fijos. Se quiera o no, también repercutirá en las tasas activas (que pagan los tomadores de crédito) y en todas las financiaciones en pesos.

En síntesis

El gobierno presenta el 15 de septiembre su plan en el Presupuesto 2021. Ante la demora en la liquidación de las exportaciones adopta medidas que reducen temporal o estructuralmente las retenciones y concede aumentos en los reintegros, se supone previo conocimiento de la situación y compromisos de los exportadores, para que el ingreso de divisas disipe la presión devaluatoria. Por otra parte busca mejorar el perfil de las exportaciones con mayor valor agregado que permita generar más trabajo y elaboración local

Pero en un marco de pobreza y desocupación crecientes, se posterga la reanimación del consumo y con ello el nivel de vida de la población, se encarecerán los precios de los alimentos, sobre todo de la carne, y el costo del dinero. Esta combinación deprimirá más el mercado interno, que es la antípoda del plan económico  presupuestado para el año que viene.

José de San Martín afirmaba: “Serás lo que debas ser, y sino serás nada”

[1] En la Argentina se ha producido en el año 2019 en torno a seis millones de toneladas en el conjunto de las cuatro carnes más importantes (bovina, porcina, aviar y ovina), de las cuales casi el 60% corresponde a la vacuna, un poco menos del 30 % al pollo, el 10% a cerdo y 2% a la carne ovina.

https://www.elcohetealaluna.com/el-plan-de-economia-y-sus-limitaciones/

Esta semana el Gobierno produjo dos hechos en procura de reunir una masa crítica de dólares que le permita desbaratar el ataque especulativo contra el peso ejecutado por agentes económicos que sustentaron políticamente al macrismo. Se alcanzó un acuerdo con un sector de las patronales agropecuarias para inducir a la exportación de un remanente de cosecha retenida y, a la vez, el Presidente Alberto Fernández dialogó con su par chino para profundizar el vinculo con la segunda economía del mundo y obtener respaldo financiero.

El conjunto de medidas destinadas al sector agrario para el último trimestre del año fija un esquema transitorio de derechos de exportación para el complejo sojero, que incluye reducciones de las alícuotas de granos de soja y derivados en forma escalonada para estimular la liquidación del remanente acopiado a corto plazo.

Para los granos de soja la baja es del 33% actual al 30% en octubre, 31,5% en noviembre y 32% en diciembre. También hay rebajas para la industria de manufacturas agropecuarias que incluyen al aceite de soja crudo, aceite de soja envasado, pellets de soja y biodiesel. Para la industria aceitera es 27% y 28% en octubre, convergiendo entre el 30 y 31% en enero; y para el biodiesel la baja es del 30% al 26%, convergiendo en 29% en enero de 2021. También se implementará un sistema de compensación para medianos y pequeños productores con un fondo de $1.550 millones.

Estas decisiones pueden ser abordadas desde dos perspectivas, la de corto plazo centrada en allegar divisas al Banco Central para enfrentar la tensión cambiaria, y la que implica el acuerdo más estructural con una facción del empresariado agropecuario en perspectiva del pronóstico de suba de los precios internacionales de los alimentos y una más definida inserción con China y Asia en general.

No es tema de hoy evaluar por qué las autoridades del BCRA enfrentan este cuadro de situación en un escenario que, como se describió en columnas pasadas, debiera contar con la calma del mercado de cambios que otorga el abultado superávit comercial y el cierre exitoso del programa financiero que disminuyó y alejó en el tiempo el peso de la deuda sobre las cuentas externas.

Sí es necesario estimar cuánto aumentaría el ingreso de divisas en el último trimestre a resultas del acuerdo. Uno de los especialistas en el sector, Julio De Vido (hijo) ponderó que, en caso de encontrarse almacenadas entre 15 y 17 millones de toneladas de soja -que casi es el máximo de capacidad de acopio- sólo un tercio sería susceptible de ser exportado en el corto plazo, dado que los dos tercios restantes se reparten entre el stock de reserva anual y lo acumulado por los dueños de la tierra en concepto de alquiler de sus campos, los cuales -por su carácter rentista y sin apremio productivo- especularían reteniendo la tenencia.

Consecuentemente, el ingreso de divisas más inmediato se puede estimar en torno a los u$s 2.500 millones. Otros especialistas consultados descreen de esas existencias, pues consideran que una porción relevante fue exportada como contrabando. De confirmarse este diagnóstico, emerge la necesidad de la intervención estatal directa en el comercio de granos reflotando el caso Vicentin y acelerar el control por parte de los estados provinciales sobre la Hidrovía.

Una mirada de largo plazo sobre el entendimiento permite agregar algo de optimismo, ya que el impulso al acuerdo entre una facción agropecuaria y el Gobierno se debe a la reciente conformación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que semanas atrás ha presentado a las máximas autoridades de la Nación un programa de mediano plazo de expansión de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario con el consecuente aumento del empleo en las zonas productoras, requiriendo además una actualización de la legislación para el sector. El Consejo Agroindustrial Argentino emerge como un nuevo agrupamiento patronal agrario que promete la industrialización de parte de la renta primaria a cambio de certidumbres sostenidas en las políticas públicas al margen de la volatilidad coyuntural de los precios internacionales de los productos primarios.

El periodista Alejandro Bercovich en un artículo en el periódico BAE informó que en la concreción del acuerdo: “El hombre clave fue Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el club que reúne a la media docena de compañías por las que pasa casi un tercio de las exportaciones argentinas.”, describiendo además que Idígoras es el titular del flamante CAA que lleva adelante las propuestas reseñadas.

En este marco se enhebra la conversación telefónica del Presidente Fernández con el mandatario chino Xi Jinping. También como ocurre con el acuerdo agropecuario, el hecho contiene una arista de inmediatez y otro más estructural.

La semana pasada señalamos que la intervención apresurada del Banco Central sobre el mercado minorista de cambios se debía en parte a las dificultades para convertir en dólares los yuanes acordados en el swap de monedas con la República Popular China. Límites geoestratégicos resultantes del conflicto entre las principales potencias globales y riesgos de caída de cotización de la divisa china en los mercados, habían actuado como freno a la operación. Si se destraba, el Gobierno puede contar un refuerzo inmediato de reservas líquidas para el último tramo del año cercano a los u$s 2.000 millones.

De concretarse la exportación del remanente potencial estimado de la cosecha y la monetización de parte del swap de monedas con China, el BCRA se encontraría con una masa crítica adicional de u$s5.000 millones, suficiente para quebrar la presión especulativa y alcanzar el ansiado puente de estabilidad hasta marzo que, como se expuso la columna pasada, alberga la esperanza de vacuna que aleje el virus y permita despegar a la economía.

La arista de más largo plazo es que China y el Asia en general tienen una centralidad decisiva en consumo de alimentos y derivados. Es en esta convergencia de mercado disponible y actor empresario capaz de satisfacerlo donde radica la virtuosidad potencial de las acciones desplegadas por el Gobierno estos días.

Ahora, en ambos casos, el recorrido de este sendero depende de la capacidad de regulación y autoridad que ejerza la coalición peronista gobernante en la conducción de la Nación en este turbulento contexto global.

La relación de complementariedad sostenida y autónoma con la economía china permitiría un círculo virtuoso de crecimiento recíproco similar al que se produjo con Brasil en la primera década y media de este siglo, hoy abandonado por el rumbo disímil que tomo nuestro país hermano. La ampliación de soberanía y bienestar económico que se inició a partir del NO al ALCA en el 2005, cimentado por Néstor y Lula, es una de las carencias más agudas que padece la Argentina.

El escenario internacional no es halagüeño y los conflictos son graves. Por eso la búsqueda de encuentros internacionales viables y autónomos es esencial.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/del-campo-a-china-la-batalla-por-la-estabilidad-cambiaria-20201031904

La caída de la economía real

Esta semana se conoció que la contracción interanual de la economía correspondiente al segundo trimestre alcanzó el récord del -19,1%, superando la caída en igual período del año 2002, que llegó al -13,5% tras la crisis del 2001. La tasa de desempleo abierto fue de 13,1%, guarismo que no se veía desde el 2004. El pronóstico de baja del PIB para este año contenido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 presentado oficialmente por el ministro Guzmán esta semana es del -12,1%.

Es también mayor al derrumbe interanual de la economía de Brasil amortiguado por el pragmático giro fiscal expansivo de Bolsonaro -descripto en una columna anterior- que fue del -11,4% (IBGE) y con una estimación de baja anual para el 2020 que rondaría el -7%. La economía de México, por su parte, presenta un descenso interanual en el segundo trimestre del -18,7% (INEGI) y el proyecto de Paquete Económico 2021 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé la reducción del PIB en el 2020 en -8%, aunque algunas consultoras privadas lo sitúan en el -10%. El promedio de contracción de la economía latinoamericana informado por las predicciones del Banco Mundial en agosto es del -7,2%.

Si bien falta ver la evolución del último trimestre del año, el comportamiento de las economías de mayor tamaño de la región y el pronóstico promedio de Latinoamérica reflejan que la “performance” económica argentina no es buena.

Desde esta columna mostramos optimismo con dos elementos que evaluábamos centrales en la política económica del Gobierno para enfrentar la pandemia global:

–La reestructuración de la deuda pública heredada, con la evidencia histórica que un programa financiero sustentable a mediano plazo crea certidumbres en los agentes económicos para impulsar decisiones de producción y consumo en forma más o menos rápida.

-El paquete de estímulos fiscales destinado a sostener ingresos de trabajadores informales (IFE), trabajadores formales (ATP) y el apoyo crediticio para asegurar la continuidad de empresas micro, pequeñas y medianas.

El programa financiero no tuvo aún el impacto favorable en los decisores económicos y el conjunto de incentivos fiscales fue insuficiente para atemperar los impactos de la crisis. Sin duda, el optimismo inicial debe dar paso a una revisión del curso de los acontecimientos y reevaluar la situación. Un indicador es lo que ocurre en el frente externo.

El frente externo

El Banco Central decidió restringir la compra de dólares para ahorro en el mercado minorista y tardíamente frenar el pago de deudas privadas con el exterior accediendo al mercado oficial de cambios. También afinó la regulación del mercado cambiario alternativo “contado con liquidación”. Estas decisiones opacaron, al superponerse en el tiempo, la buena noticia que significaba la presentación del proyecto de Presupuesto 2021 con una tasa de recuperación de la actividad para el año próximo de 5,5% y los beneficios en las expectativas que se crean cuando el documento muestra un sendero de orden macroeconómico consistente.

Al margen de la inoportunidad en materia de noticias económicas del anuncio, nuevamente aquí emergen dos elementos que constituyen solvencia externa y que no se traducen en calma cambiaria:

-El cierre del programa financiero de deuda pública que despejó vencimientos importantes a corto plazo y, consecuentemente, la salida de divisas por esa vía.

-El superávit sostenido de la balanza comercial del balance de pagos externo, que el proyecto de Presupuesto 2021 estima en u$s 17.260 millones para el 2020 y u$s 15.087 millones para el 2021.

A pesar de esos buenos pilares del sector externo, excedente de dólares comerciales y postergación de pagos financieros, la tensión cambiaria de estas semanas obligó al Banco Central a limitar la venta los u$s 200 en el mercado minorista de cambios.

Desde esta columna afirmamos con preocupación que el saldo favorable de divisas del comercio exterior no se reflejaba en un aumento de las reservas internacionales del Banco Central, preocupación que se agudizaba al tratarse del primer semestre del año, período de liquidación de dólares de las exportaciones agropecuarias. De hecho, los informes mensuales sobre el mercado de cambios emitidos por el Ente Rector marcaban en sus resúmenes ejecutivos la baja, respecto del año anterior, en el ingreso de divisas en el rubro “Oleaginosas y Cereales”.

El otro factor que debe ser revisado es la liquidez que otorga el denominado “swap de monedas” celebrado con China, que equivale a un máximo de u$s 18.600 millones pero que al momento de aplicar la cláusula que permite convertir los yuanes en dólares de libre disponibilidad se encontraron límites político-técnicos ante el impacto geopolítico que implica monetizar yuanes como divisa con poder cancelatorio universal en el continente y la posible baja de cotización en los mercados mundiales de la moneda china si el volumen ofertado era muy relevante. Un hecho que pone en debate la inserción internacional Argentina.

El 19 de septiembre en el diario especializado Ámbito Financiero, el vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen, dio a conocer que las reservas que puede utilizar el Banco Central para atender las necesidades de la producción y de la estabilidad financiera, alcanzan a los u$s 8.000 millones.

Nuevamente, al igual que en el cuadro que presenta la economía real, es necesario reelaborar las políticas seguidas en el frente externo, porque las condiciones necesarias para la solvencia no se evidenciaron como suficientes para estabilizarlo.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/dolar-crisis-economica-y-presupuesto-2021-malas-noticias-y-esperanza-202092619028

El presupuesto es el plan anual del gobierno, debe dar respuesta a las tareas específicas de gobernar, de impartir justicia, poder de policía, contralor de la sociedad en nombre del bien común y la ejecución de las tareas propias de la administración. El Estado debe equilibrar inequidades, cobrar impuestos progresivos a los que tienen manifiesta capacidad contributiva, habilitar a la población acceder a determinadas prestaciones que no podría pagar si ellas fuesen provistas a través del mercado por empresas privadas, como la salud, la educación, pensión para la vejez y enfermedad, e impedir la explotación de la mano de obra mediante la reglamentación de la jornada laboral y condiciones de trabajo en general, y de mujeres y niños en particular, etc. A la par de instrumentar políticas económicas (fiscal, monetarias, cambiarias, comercial, de ingresos, etc.) que impulsen el trabajo y la producción nacional.

Obviamente el Estado debe defender su moneda y es esencial la estabilidad cambiaria como punto de apoyo del comercio exterior, a lo que se suma que en nuestro país el peso se usa como bien de cambio y no como instrumento de ahorro. Ese perverso mecanismo no permite la compra-venta de bienes de mayor valor, y la conversión a la divisa es el camino de fuga de capitales.

El Gobierno desde su inicio trata de convertir la deuda pública en divisas a moneda local, para lo cual debe crear dispositivos de ahorro en nuestra moneda. El primer paso es asegurar que el flujo de entrada de divisas sea mayor que el de salida. La profesional gestión de negociación de la deuda y un presupuesto con recursos en pesos que lo financien mayoritariamente, conforman la base y punto de partida.

En medio de la emergencia que implica la pandemia, el Presupuesto de la Administración Nacional 2021 tiene por objeto tres grandes prioridades inmediatas cuyo cumplimiento en simultáneo se vuelve una condición sine qua non para poder retomar el crecimiento:

1. Cuidar la vida y la salud de la población
2. Proteger las capacidades y los ingresos de las familias y las empresas y auxiliar financieramente a las administraciones provinciales.
3. Reactivar el aparato productivo y la generación de empleo.

El Presupuesto 2021 representa la hoja de ruta para las políticas públicas necesarias para sentar bases para un crecimiento sostenible a partir del desendeudamiento del Estado nacional, la definición de un sendero de disminución de déficit fiscal en el mediano plazo, el fortalecimiento del mercado interno y, paralelamente, lograr un valor competitivo de la moneda local para propiciar un incremento de las exportaciones argentinas al mundo y que a la vez sea la primer defensa contra las importaciones .

Como todo presupuesto nacional debe suponer cómo van a evolucionar las principales variables de la economía del país, donde la función estatal debe regular la actividad (fijar las reglas de juego).

Esas variables son el desarrollo del gasto público y su financiamiento; el crecimiento del PIB (que se prevé en un 5,5% para el 2021 con respecto a la caía del 2020  estimada en un 12,1% del PIB), merced al aumento del consumo de la población también estimado en 5,5% interanual y por una  inversión interna bruta fija, que fue el rubro más severamente afectado en la crisis, que podría alcanzar un crecimiento interanual de 18,1%. Por el lado del comercio exterior, se estima que las exportaciones de bienes y servicios a precios constantes se incrementen 10,2% interanual, junto con un mayor crecimiento de las importaciones, que crecerían 16,3% interanual, impulsadas por la recuperación de la actividad.

Respecto a los ingresos públicos, tras el proceso de desfinanciamiento observado entre los años 2016 y 2019, cuando se registró una significativa baja de la carga tributaria sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, el Gobierno Nacional revierte parcialmente dicho proceso a través de la Ley 27.541 de Solidaridad y la actualización de las alícuotas aplicadas en los derechos a las exportaciones (retenciones), el impuesto PAIS[1] y el “Aporte Solidario”[2], que también se fortalece porque la propia recuperación económica devendrá en un incremento del cobro de los impuestos indirectos (IVA, Internos, Débito y Crédito Bancario, Combustibles, etc.) ligados al nivel de actividad.

En referencia al tipo de cambio (básicamente el valor del dólar), el Presupuesto Nacional 2021 estima que su precio será de $ 102 a diciembre del año que viene, que se logra por el superávit comercial esperado, dado que en plena pandemia el mundo siguió consumiendo alimentos que son la mayor parte de nuestras ventas externas y que el tipo de cambio de $ 79,36 del día 15 de septiembre de 2020 (que fue cuando se presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2021 en el Congreso de la Nación) permitió, por ejemplo, que la empresa Ford Argentina SA vendiera principalmente a México y a Brasil 630.000 camionetas Ranger en lo que va del año.  Y se refrenda la hipótesis cuando ese mismo día, el Presidente del BCRA, Miguel Pesce, comunicó que la autoridad monetaria deja de vender dólares a las empresas para que paguen sus obligaciones con el exterior y que las mismas, deben presentar un programa de reestructuración de la deuda que venza a partir del 15 de octubre 2020.

Miguel Pesce en la conferencia de  prensa del día 15 de septiembre de 2020 dijo textualmente: «Estamos planteando que se refinancie el 60% de los vencimientos a 2- dos- años de vida promedio. No postergaciones en el pago de intereses. La intención es que las empresas nos presenten un plan de reestructuración, ver si estas presentaciones mejoran el perfil de los vencimientos de la deuda financiera privada».

Y esto es así porque se obtuvo un superávit comercial en el año 2019 de 15.990 millones de dólares, de enero a julio de 2020 el acumulado fue de 9.573 millones de dólares y, las Reservas Internacionales del BCRA en lugar de aumentar disminuyen, porque el BCRA permitía que las empresas (cuyos dueños en su inmensa mayoría, si no son todos, están en la lista de los que fugaron 86.200 millones de dólares en los cuatro años de la gestión de Cambiemos) compraban a tipo de cambio oficial (el 15 de septiembre de 2020 a $ 79,36) dólares al BCRA para pagar sus deudas externas.   La historia de siempre, empresas endeudadas y sus dueños fugan capital como lo demuestra palpablemente el caso Vicentin SA y los Nardelli y Padoan.

Pagando solamente los intereses de la deuda hasta julio de 2024, la oferta cambiaria por el superávit comercial debe superar ampliamente a la demanda, siempre y cuando el BCRA cumpla su indelegable función de proteger las Reservas Internacionales.

Las cuentas públicas nacionales

La recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social se estima que alcanzará en el año 2021 los $ 9.297.140,7 millones de pesos, por lo cual será 43,9% superior a la proyectada para el año 2020, incrementándose 0,97 puntos del PIB respecto al año anterior. La presión tributaria pasaría de 23,84% del PIB en el año 2020 a 24,81% en el año 2021.  Por la ley de Coparticipación Federal de Impuestos y leyes específicas a los distintos tributos, la Nación percibiría en el año 2021 de esa suma esperada,  $ 5.702.274,6 millones.

Paralelamente el gasto público de la Administración Nacional se incrementará solamente en un 17,83% con respecto al realizado este año 2020, gasto que fue muy importante por la política de salud y los planes asistenciales a la población (IFE –Ingreso Familiar de Emergencia; ATP – Asistencia al Trabajo y a la Producción; transferencias a las provincias; subsidios a la energía y al transporte, etc.). Se supone que la pandemia disminuirá en su gravedad, por un lado y, por otra parte, porque el pago de los servicios de  la deuda (amortización de capital y pago de intereses de la misma) va a ser en términos corrientes (nominales) menor que el realizado en el año 2020, cuando se estima una inflación del 29% para todo el año 2021, gracias a la negociación de la deuda con los bonistas, tanto en jurisdicción extranjera como local, a quienes solo se les pagarán intereses y del 3,07% anual,  hasta junio de 2024.

Las remuneraciones del personal público recibirían un incremento de un 35,6% (siempre con una inflación esperada del 29% anual). Y el gasto en las Prestaciones de Seguridad Social, crece un 30,5%.

Finalmente las Transferencias (subsidios) en el presupuesto 2021 son un 7,7% menores a valores corrientes que lo previsto de ejecución en el año 2020, ya que los refuerzos en 2020 para mitigar la crisis por el COVID19 impactaron casi enteramente en este concepto de gastos.

Pero para el año 2021 recupera importancia el Gasto de Capital (básicamente obras públicas) presupuestado. En términos del PIB representa el 2,2% y es exactamente el doble que el gasto realizado en 2019 de solo 1,1% del PIB.

El componente más importante y con mayor crecimiento de los gastos de capital son las transferencias de capital, cuyas asignaciones previstas para 2021 más que duplican las del ejercicio vigente. Las transferencias de capital a entidades del Sector Público Nacional representan el 53,4% y las destinadas a las provincias y municipios el 41,6%; el resto (5%) tienen como destino el sector privado. Las más significativas tienen como destinatarios los gobiernos provinciales, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), la empresa Integración Energética Argentina S.A., el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.

En síntesis

El gobierno realiza una fuerte pulseada con los sectores que han fugado capital y pretenden seguir con su práctica de valorización financiera. Esa batalla se refleja en el tipo de cambio (el precio del dólar).  La propuesta del Ministro Martín Guzmán y su equipo es que el tipo de cambio oficial (con el Impuesto PAIS y desde el 16 de septiembre de 2020 con el 35% en concepto de pago adelantado del Impuesto a las Ganancias) que a ese día rondaba los $ 131 por unidad monetaria norteamericana, converja con el dólar paralelo.

La presión de los que fugaron capitales y quieren seguir haciéndolo es que el tipo de cambio paralelo (en sus diversas manifestaciones dólar blue, CCL, dólar bolsa, etc.) suba.  Pero si el BCRA no malvende las Reservas Internacionales las crecientes exportaciones y el fuerte superávit comercial estimado, deberían generar las condiciones para que converjan.

Cuando asumió Néstor Kirchner la Presidencia de la República, el 25 de mayo de 2003, el dólar oficial era de $ 2,86 y el paralelo de $ 3,50.  El último día hábil de diciembre de ese año ambos (el oficial y el paralelo) valían $ 2,975.

Se confía en que el aumento del nivel de actividad  permitirá incrementar en forma más que proporcional a ese 5,5% los ingresos tributarios (que por la regresividad del sistema tributario nacional se encuentran mayoritariamente ligados al consumo que también se proyecta que crecerá en un 5,5%).  Paralelamente al tener que realizar menores gastos corrientes con respecto a este año 2020 por la pandemia del Covid-19, y el menor pago de los servicios de la deuda por los acuerdos arribados con los acreedores privados, sobre los cuales se pagarán solamente intereses, permitirá que en términos nominales el incremento del gasto sea menor que la inflación esperada (lo que implica un menor gasto público) y a su vez se incrementa en términos reales la recaudación. La combinación de ambas variables permite reducir fuertemente el déficit fiscal del año 2020 ( en torno al 12% del PIB) para ser de un 4,5% del PIB, que es un porcentaje administrable y genera mejores condiciones para los presupuestos venideros.

El Presupuesto es consistente pero requiere una reforma tributaria que le dé sustento. Dado que se prevé un incremento de los ingresos tributarios mayor que todas las demás variables (del 44%), los precios 29%, el dólar menos del 29%,  la tasa de interés testigo del BCRA también debería estar en torno al 29% y no del 38% como es en la actualidad.

[1] Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que es el 30% de recargo sobre el tipo de cambio vendedor cuando se compra dólar ahorro o turista.

[2] Proyecto encabezado por el Diputado Heller que alcanza a 12.141 residentes argentinos que tienen al 31 de diciembre de 2019 un patrimonio declarado de $ 200.000.000 (unos tres millones de dólares al tipo de cambio oficial) con el aliciente que incluye las propiedades rurales de los mismo, que no tributan el Impuesto Nacional a la Riqueza (Impuesto a los Bienes Personales).

Desdolarización y presupuesto

Esta semana el Gobierno nacional intervino en el mercado cambiario minorista restringiendo el acceso a la compra de moneda extranjera para atesoramiento, al considerar dentro del tope máximo permitido a las compras efectuadas en el exterior con tarjetas de crédito. A la vez, se encareció el costo financiero de la transacción al agregar al valor de cotización de la divisa un 35% en concepto de anticipo del Impuesto a las Ganancias y/o Bienes Personales, de modo que el comprador exhiba cierta capacidad contributiva. La medida afecta a dos millones de agentes económicos habituales del mercado cambiario minorista y suma tres millones más de clientes esporádicos. De acuerdo a los informes del Banco Central, en el lapso enero/julio el drenaje de dólares por estas operaciones acumuló u$s 5.220 millones.

También se limitó el acceso al mercado cambiario mayorista para la compra de moneda extranjera para cancelar deudas con el exterior a las empresas y se ajustaron las regulaciones en el mercado cambiario alternativo de “contado con liquidación” para facilitar el ingreso de dólares y agregar riesgo de volatilidad de mercado a quienes ejecuten la operación de salida.

Esta somera descripción de las intrincadas decisiones del régimen de control de cambios revela la gravedad de vivir en una economía bimonetaria como expresión de un conflicto que atraviesa al país desde hace más de cuatro décadas y que, en el presente, amenaza la existencia misma de la Nación.

La definición de una economía bimonetaria se condensa en la incapacidad de la moneda nacional, el peso, de cumplir todos los atributos de una moneda. El peso es dinero válido para las transacciones, pero no para el ahorro. Es unidad de cuenta y medio de pago, pero no es reserva de valor. 

La construcción de la profunda economía bimonetaria de la Argentina se inició con la dictadura cívico-militar que con la reforma financiera de 1977 y el primer ciclo de endeudamiento en el lapso 1978-1980 permitió la transnacionalización de los principales grupos empresarios nacionales a través de la valorización financiera de los capitales y su posterior fuga al exterior. El segundo pilar asociado a este proceso se plantó con la extranjerización de los activos reales a partir de las privatizaciones del período 1990-1994, que obraron como onda expansiva para permitir el ingreso de capital extranjero en todos los sectores de la economía. En 1989 la economía argentina era la menos extranjerizada de la región, en la actualidad el coeficiente de extranjerización llega al 62% de las 200 firmas con mayor nivel de facturación.

Una burguesía que hace negocios en el país pero que sistemáticamente deriva la renta obtenida al exterior y consecuentemente resigna peso relativo en el sector real al ser desplazada por capital externo que casi llega a dos tercios de las principales empresas, ocasiona una voraz demanda de divisas para mantener la valuación de sus patrimonios y acelerar la repatriación de los fondos invertidos con tasas de renta muy superiores a las internacionales.

Ese desmedido requerimiento de dólares sólo puede ser abastecido con el endeudamiento del Estado en los mercados internacionales para proveer de los mismos al sector empresario más poderoso, que valora el peso para hacer transacciones, pero luego lo repudia a la hora de medir la ganancia y acumular patrimonio. El Estado argentino quiebra recurrentemente para consolidar capital privado concentrado en pocos agentes, que, valga la pincelada de descripción de un comportamiento predatorio, resisten ahora contribuir con una porción ínfima de sus fortunas al desastre que han provocado.

Hay u$s 101.000 millones blanqueados en el extranjero, acumulados por evasión de tributos, que contribuyen con una alícuota anual de apenas el 0,5% en concepto de Bienes Personales. Estudios muy fundados técnicamente como el del economista Jorge Gaggero valúan la tenencia de dólares en exterior por parte de unos pocos argentinos en u$s 320.000 millones. Sin duda, esta situación no se resuelve restringiendo la compra de u$s 200 mensuales a las personas humanas.

La pregunta, y la hemos formulado en columnas anteriores, es: ¿cuántas quiebras del Estado por este mecanismo de “deuda pública-fuga de capitales privados” resiste la Argentina sin perder su cohesión territorial y social como Nación? El conflicto sostenido en el tiempo entre la élite oligárquica aliada al capital foráneo contra el movimiento popular que tenazmente intenta construir un país autónomo ha provocado varias crisis recurrentes en las últimas tres décadas: 1981/1982, 1989/1990, 1994/1995, 2001/2002 y más recientemente 2018/2019, amortiguada por los u$s 45.000 millones otorgados por el FMI.

Alguna vez la historia reciente de Francia, cuando el general De Gaulle accede a la Presidencia en 1958, y encuentra al país sumergido en la segunda guerra colonial sangrienta y costosa en Argelia, tras haber sido derrotado en la anterior guerra colonial en Indochina en 1954. La pretensión francesa de mantenerse como potencia global la había llevado a la catástrofe bélica de 1940, que significó cuatro años de ocupación del territorio nacional y a los mencionados fracasos en defender su imperio colonial. No sin disputa, la élite política y económica francesa guiada por De Gaulle abandonó su pretensión globalista para integrarse a Europa como potencia continental en alianza con sus antiguos enemigos, evitando traumatismos a su pueblo y riesgos a la Nación. No se soportaba otra derrota.

La Argentina golpeada por el virus que se descarga como remache sobre la tragedia de pobreza social y endeudamiento del Estado que legaron cuatro años de Macri, no parece dispuesta a soportar otra crisis como las reseñadas. Los diagnósticos son claros, los agentes socioeconómicos responsables también. Es hora de superar definitivamente este conflicto.

Volviendo a la historia, las grandes potencias contemporáneas por tamaño de su economía y de sus territorios -los Estados Unidos, China y Rusia- emergieron como tales luego de dejar atrás a una clase social rentista y parasitaria que frenaba su destino como Nación.

https://www.eldestapeweb.com/economia/cepo-al-dolar/cepo-al-dolar-que-hacer-con-la-argentina-bimonetaria–202091919030

Sin Industria no hay Nación, decía Carlos Pellegrini a fines del siglo XIX y en pleno apogeo del modelo agro exportador, tenía en claro el rol generador de empleo y de innovación tecnológica que implicaba la manufactura, único medio para integrar a todos los sectores de la sociedad y generar mayor valor agregado a los eslabones de la cadena productiva.

En nuestro país y siempre según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a junio de 2020 (último dato disponible), se registran 9.475.600 personas asalariadas. Esto incluye al

• sector privado, con 5.781.000 personas asalariadas,
• sector público nacional, provincial y municipal  (3.217.500 empleados)
• trabajo en casas particulares (477.100 trabajadores) .
• A ellos se suman, 2.287.000 trabajadores independientes (monotributistas y autónomos), con un total de 11.762.600 personas ocupadas.

El primer problema es que al ser unos 45.000.000 de habitantes y la tasa de actividad en torno al 47,2%, la población en condiciones de trabajar es de aproximadamente 21.240.000 personas. Esto explica por qué el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) cuenta a ese mes con 8.750.000 beneficiarios, que perciben una ayuda de $ 10.000 por mes.

El segundo problema es que la pandemia hace que muchos sectores productivos trabajen a media máquina o menos, por lo que el gobierno de Alberto Fernández instrumentó la Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que en el mes de junio de 2020 ayudó a 243.300 empresas a pagar parte de los salarios para un total de 2.687.100 de trabajadores, por hasta dos salarios mínimos (que era de $16.875), es decir que podían recibir hasta $ 33.750 por mes.

El 93,4% de las empresas aprobadas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción tiene hasta 25 empleados y genera 39,6% del total de empleo registrado, mientras que apenas 0,1% de las firmas que lo solicitaron poseen más de 800 trabajadores en su plantilla y explican 12,7% del total de los trabajos registrados.

Otro problema es que, con el gobierno de Cambiemos, la industria —que es la más dinámica creadora de bienes— dejó de ser la mayor empleadora en el sector privado (con 1.076.900 trabajadores a junio de 2020) y en cambio, el mayor empleador pasó a ser el comercio y reparaciones, que no generan producto, con 1.090.700 dependientes .

Finalmente el salario bruto en blanco, con aportes previsionales y sociales promedio de todo el sector privado argentino fue de $ 69.040 (unos U$S 700)[1] . Esto quiere decir que neto es algo menor a los $ 60.000, cuando según el INDEC la Canasta Básica total para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos fue de $ 43.810,7 para el mes de junio 2020, por lo que hay una gran cantidad de trabajadores que perciben una remuneración por debajo de la línea de pobreza. Trabajan y son pobres.

Campo e industria

De acuerdo a los datos estadísticos disponibles, apenas el 10% de la población económicamente activa de la Argentina se dedica a tareas rurales. Esto significa  aproximadamente 1.170.000 en tareas directas e indirectas ligadas a  la producción y comercialización agropecuaria.

En su libro La Argentina agropecuaria, Mempo Giardinelli y Pedro Peretti no solo demuestran que “el campo” no es de todos, sino que pertenece a una minoría. En un país con 45 millones de habitantes, hay unas 6.000 familias que controlan el 48 por ciento de la tierra. Eso es latifundio y oligarquía. Sumémosle la administración de los principales puertos del país y la doble contabilidad para subfacturar y triangular exportaciones como nos demuestra palpablemente el caso Vicentin SAIC. Esto muestra que seguimos dependiendo del sector que es responsable del 65% de las ventas externas del país y que seguramente ese porcentaje va a ser mayor este año por la excelente cosecha 2019/20, de 147 millones de toneladas de granos, los buenos precios internacionales y la demanda sostenida de alimentos de un mundo que debe mantener parte de su población en su casa por Covid-19, por un lado, y la creciente necesidad de fiscalización y control del sector, por otra parte.

Pero la pandemia alguna vez cesará y, merced al profesional trabajo del equipo dirigido por el ministro Martín Guzmán, se pagarán solamente intereses de la mayor parte de la deuda externa argentina hasta julio de 2024, por ende el marco es propicio para invertir en la industria, adquirir máquinas y equipos específicos para usarlos por décadas. Se requiere simultáneamente del reclutamiento y calificación de los recursos humanos, del desarrollo de capacidades tecnológicas, insertarse en los mercados internacionales de forma de generar mayor escala para sustituir importaciones, crear y fortalecer firmas proveedoras, disponer de energía, entre otros factores, junto a una banca de desarrollo que brinde el financiamiento a largo plazo.

Partimos de una masa crítica importante en el sector, donde existen capacidades acumuladas significativas y trayectorias de aprendizaje considerables como para adaptarse al nuevo mapa global sin entrar en directa competencia con el este asiático, que combina altas mejoras en la productividad con salarios bajos, sino, al contrario, buscando la complementariedad de nuestra economía con ese subcontinente. Algunos ejemplos:

• La rama automotriz. Toyota y Ford presentaron sendos programas de inversión para exportar vehículos y piezas de precisión desde la Argentina a la región. Ford produjo 900.000 camionetas en su planta de Pacheco, de las cuales exportó 600.000  a México, Brasil, Venezuela y demás países de la región;
• la producción de autopartes;
• la industria química;
• la farmacéutica;
• la producción de bienes de capital;
• el software,

pueden vender en el mercado interno y exportar. En ello juega a favor la brutal depreciación de nuestra moneda en el gobierno de Cambiemos (el dólar pasó de valer $ 9,60 a $ 63 en cuatro años) que hace que el costo de insumos y de la mano de obra, tasada en dólar, sea sumamente competitivo. También el gobierno de Alberto Fernández, presionado por la demanda de divisas de los sectores financieros y especulativos, ha continuado depreciando nuestra moneda.

Ese mismo tipo de cambio alto gravita y gravitará en las exportaciones agropecuarias y agro industriales (complejo oleaginoso en granos, harinas, pellet y aceites; complejo cerealero; carnes y cueros bovinos; lácteos, etc.), garantizando el necesario ingreso de divisas y traccionando a la industria metalúrgica de maquinarias agrícolas.

En paralelo, se debe adoptar una estrategia defensiva en sectores muy sensibles a la competencia extranjera (textil-indumentaria, muebles o parte de la metalmecánica), muy generadores de empleo, pero con enormes dificultades para competir, pese a que, repetimos, en dólares el costo de insumos y de la mano de obra es similar al de la República Popular China, por ejemplo.

En plena pandemia la industria argentina al mes de julio 2020 trabaja al 56,8% de su capacidad instalada. Según el INDEC, la cifra registró su tercera mejora mensual consecutiva y tuvo su menor baja interanual desde que comenzó la pandemia, aunque permaneció 1,9 puntos por debajo del nivel de julio de 2019.

La Argentina actual se encuentra en una buena posición para despegar de la recesión, dinamizar el mercado interno y a la par competir interna y externamente en la cadena agro industrial y en importantes sectores de la industria manufacturera para generar puestos de trabajo. En un principio con las remuneraciones actuales, pero a medida que se crezca, la dinámica propia del crecimiento y de la mayor demanda de mano de obra corregirá el salario, donde la productividad debe alcanzarse por la dotación del capital y la innovación tecnológica. Camino realizado por Néstor Kirchner cuando se encontró con un tipo de cambio competitivo y con una tasa de desocupación abierta del 25% de la población económicamente activa cuando asumió como Presidente de le República el 25 de mayo de 2003.

El previsible impedimento

Si lo descripto es alentador tras el derrape de la economía en el gobierno de Cambiemos y por la pandemia, no es menos cierto que existe un fuerte impedimento. Nuestra economía es complementaria con la de la República Popular China [2], que hoy en día es nuestro principal socio comercial y con planes de inversión en la Argentina en energía, en minería, en producción agropecuaria, en industria y en tecnología. Pero eso no es del agrado de los Estados Unidos, cuyo Presidente, Donald Trump, en su discurso del 8 de septiembre de 2020 afirmó “que el dinero que Beijing obtiene del comercio con Estados Unidos lo destina al desarrollo militar: toman nuestro dinero y lo gastan en la construcción de aviones, barcos, cohetes y misiles», para terminar afirmando que si él pierde las elecciones de su país, gana China. Además de acusar a China del virus Covid-19 y de penar con mayores aranceles a las empresas norteamericanas que producen en esa Nación.

En ese marco, los Estados Unidos utilizarán toda su influencia para limitar los acuerdos que como nación soberana queramos hacer con el país asiático, e incluso emplearán al FMI, que es nuestro mayor acreedor externo, por una suma de unos 45.000 millones de dólares, a imponernos como condición esas limitaciones.

Debemos tener en claro que defender los intereses del país y propiciar el crecimiento sostenido para generar trabajo y mejorar la redistribución del ingreso es el objetivo a perseguir. De otro modo, seremos dependientes de Norteamérica y de la venta de productos primarios, que implica una sociedad dual con una minoría enriquecida y la mayor parte de la población sin saber a ciencia cierta de qué va a vivir, si es que puede.

[1] En Brasil el promedio del salario bruto es de unos U$S 600.-

[2] También con Rusia, con Irán, con Vietnam, con Camboya, etc.

UN PAÍS INDUSTRIAL E INDEPENDIENTE