En columnas previas afirmamos que una reestructuración exitosa de la deuda bajo legislación extranjera, tal como ocurrió contra varios pronósticos pesimistas, le permitía al Gobierno iniciar una nueva etapa de su gestión centrada en la recuperación económica. Los acontecimientos de la última semana ratifican lo dicho.

Los anuncios del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas durante la conmemoración del Día de la industria plantean el objetivo del Estado de comprometerse con el devenir productivo de la Argentina en los próximos años.

Con la convicción que la estabilidad -apoyada en los equilibrios externo y fiscal y acompañada de un programa financiero viable- es condición necesaria pero no suficiente para la expansión, el Gobierno no deja la asignación de recursos pospandemia en manos del mercado, sino que interviene con un programa de respaldo a la oferta productiva centrado en agentes económicos de menor porte como lo son las pequeñas pero sobre todo las 120.000 empresas medianas que actúan en todo el país, base -no articulada políticamente- de la verdadera burguesía nacional argentina.

Un paquete crediticio inicial de alrededor de $460.000 millones que abarca desde el financiamiento de capital de trabajo -demanda inmediata de las PyMes ante el aumento de sus ventas, que cobran a 90/120 días frente a insumos que a veces pagan de contado y nómina salarial a 30 días- hasta el refinanciamiento de pasivos acumulados en esta etapa y también para la inversión y ampliación de capital, con énfasis en la constitución de cadenas de proveedores para evitar importaciones en sectores estratégicos. El ministro Kulfas reintrodujo el concepto de “Banca de Desarrollo”, entendido como la decisión gubernamental de acompañar el desenvolvimiento empresario con crédito no sujeto a la volatilidad del mercado financiero.

Esto ocurría en el marco de que el Presidente decidía declarar servicio público esencial al sistema de comunicaciones digital -genéricamente conocido como TelCo-, incluyendo sus tarifas en la regulación estatal y ratificando así el rol de la empresa pública ArSat como propulsora de la inversión en el sector.

A su vez, el bloque oficialista de diputados nacionales presentaba el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas a la crisis desatada por el coronavirus, en procura de avanzar en la obtención de recursos que prioricen la equidad tributaria y el cierre de la brecha fiscal.

Esta apretada síntesis de acontecimientos define que el Gobierno ha retomado el programa inicial desplegado por el ministro de Economía Martín Guzmán en el comienzo del año -y que fue interrumpido por la invasión viral que soportan la Argentina y el mundo-, consistente en crear condiciones para un ciclo de crecimiento económico potente y sostenible.

El cumplimiento tenaz, a pesar de la herencia macrista y de la pandemia, del plan que llevó al Frente de Todos al Gobierno en primera vuelta acompañado por 13 millones de ciudadanos, ha crispado a la oposición política y empresarial. 

Mientras el Presidente Alberto Fernández anunciaba el 99% de aceptación de la oferta argentina para los tenedores de bonos acompañado por el conjunto institucional del país y los líderes de la coalición de gobierno, se produjeron episodios de cuño antidemocrático en la sesión de la Cámara de Diputados ,que incluyeron amenazas a su presidente Sergio Massa (con quien nos solidarizamos desde esta columna) y la horrible escena de un grupo de exaltados apedreando el edificio del Parlamento.

La oposición ha perdido la calma y ha permitido que gane terreno la acción golpista, porque percibe que un proceso de recuperación económica acompañado de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 el primer trimestre del año próximo consolida a un Gobierno que en condiciones históricamente adversas ejecuta políticas públicas -es decir, gobierna- y además lo hace cumpliendo sus promesas electorales.

https://www.eldestapeweb.com/economia/alberto-presidente/deuda-telcos-e-impuesto-a-ricos-postales-de-un-gobierno-que-avanza-20209519010

Aún antes de la pandemia del Covid-19 nos enfrentábamos a un proceso feroz de degradación de la economía mundial, provocado por una crisis estructural de sobreproducción, amplificada por las políticas que se estuvieron y se están adoptando como supuestos remedios a la crisis.

Estados Unidos reconvierte su economía para incrementar la productividad del trabajo, para lo cual necesita abaratar el precio de la energía y de las materias primas, por lo que produce más petróleo por el sistema de fracking (fracturación hidráulica), pero no puede disminuir el déficit comercial que el año pasado fue de 972.650,7 millones de dólares, suma que representa el 4,9% de su PIB, y que es cada vez mayor año tras año. De allí que persevera con una política torpemente proteccionista, con enfrentamientos con la República Popular China que después tiene que revisar y desandar, mientras paralelamente hace lo imposible para colocar su producción en América Latina y trata de disuadir a la región de comercializar con el país asiático.

Práctica que en mayor o menor medida hacen todas las grandes economías, por lo que las mercancías ofrecidas inundan el mercado mundial mientras que la demanda global se ve reducida por las políticas de austeridad aplicadas, con la consecuente crisis de sobreproducción agravada por la pandemia. La guerra comercial es inevitable y todo este contexto pone a América latina en situación vulnerable.

En ese marco, como país soberano, debemos plantearnos una política industrial donde la sustitución de importaciones y la recuperación de la gestión estatal en sectores estratégicos ocupen un lugar relevante, para alcanzar un crecimiento sostenido y sustentable que genere empleo y mejore la distribución del ingreso.

1. Dada nuestra estructura productiva desigual, al contar con una de las  tierras más fértiles del mundo y ante el hecho que los países más poblados necesitan alimentar a su gente y a sus animales, es indispensable que el sector primario por un lado obtenga los dólares suficientes para financiar la actividad industrial en el más amplio sentido del vocablo y, por otra parte, que sume valor agregado generando trabajo.
2. También le compete la generación de empleo a la construcción tanto pública como privada, con el beneficio de que la actividad tiene un muy bajo coeficiente de importación.
3. En muchos rubros fabriles existe una masa crítica para nada despreciable. El conocimiento exhaustivo de la realidad de esos sectores constituye una condición sine qua non para avanzar en el diseño de esquemas específicos de fomento. Por la fuerte extranjerización y concentración económica no se avanza nunca hacia lo técnico, se termina desaprovechando la masa crítica existente, es más, se viabilizan procesos de “sustitución inversa” (se importan bienes que se pueden producir en el país). Tres ejemplos concretos: autopartes, componentes para la electrónica de consumo y proveedores de la industria petrolera y energética.

Se deben potenciar los recursos naturales y, al mismo tiempo, diversificar la matriz industrial, proceso que pone al debate en un nuevo punto de partida en la que se impulsen actividades manufactureras donde existen capacidades acumuladas significativas y trayectorias de aprendizaje considerables, para adaptarse al nuevo mapa global sin entrar en directa competencia con el este asiático, que combina altas mejoras en la productividad con salarios bajos, sino, al contrario, buscando la complementariedad de nuestra economía con ese subcontinente.

Ramas como la automotriz, la autopartista, la química, la farmacéutica, la producción de bienes de capital, el software, pueden formar parte de esta estrategia ofensiva. En paralelo, hay que adoptar una estrategia defensiva en sectores muy sensibles a la competencia extranjera (textil-indumentaria, muebles o parte de la metalmecánica), muy generadores de empleo, pero con enormes dificultades para competir, en un marco en que la clave de la integración es la agro industria.

Esto no supone que la política industrial deba limitarse a profundizar las ventajas comparativas estáticas que posee el país, sino que es central partir de la base agro industrial con que se cuenta, para que a la vez la producción de bienes finales de mayor contenido tecnológico vaya acompañada de políticas que apunten, en una segunda etapa, a producir localmente sus componentes más importantes y, en una tercera fase, a producir algunas de las maquinarias usadas para la fabricación de dichos productos.

Disminuir la elasticidad-producto de las importaciones supone sustituir importaciones en sectores estratégicos, para así “construir encadenamientos productivos más complejos y desarrollar redes de proveedores nacionales más densas”. Aumentar la elasticidad producto de las exportaciones supone cambiar su composición hacia bienes con mayor valor agregado y de mayor demanda en los patrones de consumo mundiales.

Eso se consigue principalmente desarmando los mercados cautivos por grandes empresas en la producción de bienes de uso difundido (acero, aluminio, cemento, petroquímica, etc.)[1], que encarecen sobremanera el resto de la cadena productiva. E impulsar la agroindustria, en un país como la Argentina que es solo el 0,3% del PIB mundial, pero es el décimo exportador de alimentos.

Que los anuncios del gobierno del 2 de septiembre (el “Día de la Industria”) de apoyo crediticio e impositivo al sector, se hayan realizado en la planta de la firma Sinteplast SA —una empresa familiar que nació hace 60 años como una pequeña fábrica de pinturas y hoy es una multilatina con plantas en cinco países, lidera ventas a nivel local, tiene 1.300 empleados y factura 220 millones de dólares por año— tiene su significado.

Cambios necesarios

Las grandes industrias en la Argentina tienen dos organizaciones que la representan, la Asociación Empresaria Argentina  (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). La primera tiene su origen en el CEA (Consejo Empresario Argentino) que presidía José Alfredo Martínez de Hoz y que fue el artífice del golpe cívico-militar de 1976. La dictadura militar intervino la UIA y puso como delegado normalizador a un prohombre del CEA, Eduardo Oxenford, acompañado por Roberto Rocca, Fulvio Pagani y Francisco Macri, entre otros.

La relación entre ambas entidades ha sido siempre estrecha. Recordemos el comunicado conjunto del 5 de agosto de 2010 en que los titulares de la AEA y de la UIA, junto con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, aludieron a la falta de condiciones para invertir bajo una supuesta inseguridad jurídica, a pesar de que todos ellos recibían líneas de apoyo crediticio y fiscal del gobierno.

Esa línea es la que hoy se quiebra con el derrape del gobierno de Cambiemos y la suba sideral de precio del dólar, que también significó la caída del precio de sus empresas en el país, de manera tal que, por ejemplo, el Grupo Clarín que tiene como niña mimada su participación en Telecom (Telecom SA, Personal, Fibertel y Cablevisión) y su ambición de poseer el sistema de comunicación 5G en la Argentina, en diciembre de 2019 declaró un Patrimonio Neto de 6.639 millones de dólares, pero el año anterior ese patrimonio era de 12.350,9 millones de dólares y soportó un resultado negativo de $ 46.983 millones de pesos (unos 1.022 millones de dólares al valor promedio del dólar de ese año 2019, determinado por el BCRA). Paradójicamente, la empresa Claro SA de Carlos Slim tuvo en el país y en el año pasado una ganancia equivalente a mil millones de dólares y es la principal competidora de Clarín en el 5G.

Igual pasa con las empresas del Grupo Techint de los Rocca, que en 2019 logró compensar sus números con la producción de Vaca Muerta por su controlada Tecpetrol SA y el subsidio del gobierno de Macri por unos 300 millones de dólares, pero el valor accionario de Tenaris SA y de Ternium Argentina SA descendió un 25% en dólares comparando el valor en Wall Street con respecto a diciembre de 2015. Las perspectivas son peores en 2020 a raíz de la pandemia y de la pronunciada baja en los precios de los commodities, especialmente en el mercado del petróleo producto del desentendimiento comercial de los principales exportadores mundiales. Techint ha diversificado su inversión a varios países del planeta y lo que más teme es la competencia de la República Popular China, tanto en el laminado de acero y en los caños sin costura, como en la construcción y en la ingeniería. De allí que, pese a que los Estados Unidos le han retirado la visa a Paolo y Gianfelice Rocca por tener un juicio por corrupción en Brasil y el caso SIDOR, no dudan en aliarse a la política comercial del país del norte, ante lo que consideran el “peligro chino”.

El Balance General de ARCOR SA, de la familia Pagani, demuestra que tiene una deuda en una obligación negociable por 350 millones de dólares y que operando con resultado negativo en los años 2018 y 2019 su Patrimonio Neto desciende para ser de 650 millones de dólares el año pasado, cuando en el 2018 era de 1.118 millones de dólares.

Finalmente la empresa Ledesma SA Agrícola Industrial, de los Blaquier-Arrieta, dueños de la casona de la calle Azcuénaga 1.673 en el Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires —donde se reunían los hombres del CEA con Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, para conspirar contra el gobierno de Perón—, en el Balance General presentado el 29 de febrero 2020 contabiliza una deuda en divisas por 90 millones de dólares y un patrimonio total de $ 7.498 millones. Libertador General San Martín en Jujuy, donde opera el Ingenio, es la  localidad con más muertos de Covid-19 del país en relación a su población, con 73,9 fallecimientos cada 100.000 habitantes y una tasa de letalidad del 4,5% (más del doble de la media nacional, hoy en torno al 2%), al 28 de agosto de 2020 los contagios allí ascienden a 1.474 y las muertes a 66 personas.

El Presidente del BCRA. Miguel Pesce, sostuvo en una entrevista: “Los argentinos hoy son propietarios de empresas en el exterior por un valor mayor que las empresas argentinas en manos de no residentes en el país. Y el balance te da 380.000 millones de dólares de activos de residentes en el exterior”[2]. Entonces es seguro que los socios y dueños de los cuatro grupos nombrados tienen dólares en el exterior suficientes para cancelar la deuda de sus empresas, por eso juegan alegremente a que no converjan su precio informal (contado con liqui, dólar bolsa, dólar blue, etc.) con el oficial, para comprar en el país activos a un precio menor por la depreciación monetaria, pero con dos agravantes:

• que también se desvalorizan sus propios activos,
• que pueden llegar a tener socios más poderosos que ellos como es el caso de los Rocca, dado que BlackRock aprovechó la baja del precio para comprar acciones de Tenaris SA.

En el marco descripto aparece el Consejo Agroindustrial Argentino[3]. Su propuesto Plan Agro Industrial estima incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año y tiene como mercados a la República Popular China, a Rusia y a Irán, de manera tal que el Presidente de la UIA, Miguel Acevedo, cuñado de Roberto Urquía, Presidente de Aceitera General Deheza (mentor y factótum del nuevo CAA, por las siglas). Acevedo no solo recibió gustoso la presencia del Presidente de la República, sino que día antes frenó en el seno de la UIA el apoyo a la solicitada encabezada por Clarín contra el congelamiento de las tarifas y que se considere un servicio público a la TV, internet y celulares.

Entre la declaración conjunta del 5 de agosto de 2010 y el 2 de septiembre de 2020, se generó un proceso de ganadores y perdedores que el gobierno de Alberto Fernández sabe tener en cuenta.

[1] Son materias primas para la fabricación de gran parte de los bienes consumidos por la población, desde electrodomésticos, autos, alimentos, casas, entre otros. Productos que se ofrecen en comercios minoristas, supermercados, distribuidores mayoristas, corralones de materiales. Por eso mismo se los denomina “insumos difundidos”. Se comercializan a precios que definen en gran parte los precios de bienes comprados por el consumidor final.

[2] Revista Crisis del 4 de junio 2020

[3] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

EL PODER EN LA INDUSTRIA

La Argentina debe priorizar la deuda interna que implica el grado de desocupación de casi nueve millones de personas que perciben el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque no tienen trabajo o es precarizado, reciben una ayuda de mensual de  $ 10.000.

A su vez tenemos 2.040.000 trabajadores del sector privado que trabajan en 242.000 empresas que perciben una ayuda estatal hasta un tope de dos salarios mínimos vitales y móviles, que equivalen a 33.750 pesos, es decir, los trabajadores reciben un salario mínimo ($ 16.875.- mensuales) pero la idea es pagar la mitad del salario y si este es igual o mayor a 67.500 pesos reciben el máximo equivalente a 33.750 pesos.  Asimismo, el programa posterga o reduce hasta un 95% el pago de los aportes patronales de las empresas inscriptas al programa.

En ese marco, la negociación de la deuda externa se hizo con la convicción de trasladar la amortización del capital de la deuda a partir del segundo semestre del año 2024 y pagar desde el año 2021 solamente los intereses que, para los cuatro años (2021 a 2024) implica un gasto total acumulado de aproximadamente 9.700 millones de dólares, cuando en el año 2019 se obtuvo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) en 15.990 millones de dólares y este año 2020 se infiere que el superávit rondará los 18.000 millones de dólares y son buenas las perspectivas para los años 2021-2024 por la sencilla razón que el 65% de las exportaciones Argentinas son alimentos y el mundo necesita alimentarse, sobre todo los países del este asiático que tienen mucha población y no pueden hacinar sus animales por la contaminación de enfermedades, la mutación de los virus y su contagio al ser humano.

La negociación de la deuda con el FMI no va a ser fácil, primero, porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concediera los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) a la Argentina de Cambiemos (unos 45.000 millones de dólares en la actualidad), que como dijo el Presidente Alberto Fernández fue para financiar la campaña política más cara de la historia Argentina.  En cambio el que va amortizar esa suma es un gobierno que entiende que tenemos economía complementaria con la República Popular China, con Venezuela, con Brasil, con Irán, con Corea del Norte, con los países del ASEAN (especialmente Camboya y Vietnam), que a muchos de ellos en el Departamento de Estado los consideran el “eje del mal” e igual repiten los grandes medios de comunicación siempre funcionales a los EEUU, pero no así, el Consejo Agroindustrial Argentino[1] que proponen el Plan Agro Industrial que estiman incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año.

En el acuerdo firmado por el Gobierno de Cambiemos se planteaba pagar el crédito del FMI en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.

Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares  y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.

El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por  5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones  de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.

Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI.  Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2022 en adelante, y por otra parte no sabemos el valor del DEG. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la de del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual[2], suma imposible de pagar

La propuesta Argentina era pagar como hasta ahora, unos 300 millones de dólares por trimestre (unos 1.200 millones de dólares en el año) y contar con un nuevo plan de amortización en más cuotas trimestrales y que se pague desde septiembre 2024.

La propuesta del FMI van a ser dos, un stand by (se tiene que devolver en tres años, imposible) o un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidad que son las de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de  años de aportes y de  edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo reimplantar el IVA a los alimentos) y estructurales que son siempre las mismas, privatizaciones (recordemos que en el año 2002 pedían privatizar el Banco de la Nación Argentina), implantar un sistema de capitalización previsional y, la supuesta independencia del BCRA, entre otras.

EN SINTESIS

La Argentina necesita ponerse de pie y crecer, producimos alimentos y podemos sumarle mayor valor agregado a los mismos y a cierta industrialización, no es el camino que nos depara el FMI y  debemos recrear una salida sustentable, no exenta de  riesgos, pero como dijo el gran maestro Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”

[1] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

[2] La Profesora  Noemí Brenta, especialista  en el tema con varios libros escritos, nos dice que actualmente  la tasa del deg es 0,5%aprox, a eso se suman cargos por uso intensivo y comisiones.

Mauricio Macri definió, en víspera de las elecciones de las “PASO” del 9 de agosto de 2015, que el “Circulo Rojo” es un “grupo de personas que lo presionan para unirse a Sergio Massa para frenar al kirchnerismo”.  Obviamente a ese grupo de persona se refería a Héctor Magnetto de Clarín, Paolo Rocca de Techint, Luis Pagani de Arcor, los Blaquier-Arrieta del Ingenio Ledesma y monjes negros de la política (en la concepción de Nicolás Maquiavelo) como puede ser Enrique “Coty” Nosiglia en lo que fuera el radicalismo o Eduardo Duhalde y José Luis Manzano en el peronismo, por no nombrar a Carlos Grosso, José Bordón  y Juan Schiaretti, los tres ligados a Franco Macri,  pero todos ellos funcionales a los grandes empresarios territoriales del país.

Macri no aceptó la presión del Círculo Rojo porque había acordado con el capital financiero internacional y creyó que esa asociación le iba  a permitir consolidar un fuerte y permanente ingreso de recursos hasta lograr que la Argentina se inserte en el mundo permitiendo un flujo de fondos que equilibren las necesidades fiscales y de cuentas corriente da la Balanza de Pagos del país, y los principales precios (tasa de interés, tipo de cambio, precios de bienes y servicios, tarifas y salarios).

El desenlace inevitable al no poder superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que se aplicó endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, priorizando la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares (básicamente por endeudamiento) para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa que condiciona al nuevo gobierno asumido el 10 de diciembre de 2019.

Solamente dejaron que los precios de grandes empresas y sobre todo las vinculadas al equipo gobernante crecieran por encima del dólar (que punta contra punta en el gobierno de Cambiemos se acrecentó en un 670%), como es el caso de las tarifas eléctricas (cuya tarifa incluso creció por encima de la devaluación de nuestra moneda), donde las principales empresas estaban vinculadas a Mauricio Macri, como es el caso de Pampa Energía SA de Marcelo Mindlin (quién blanqueó dinero para comprarle la empresa constructora IECSA al grupo Macri) y que controla también a las energéticas Transener y Edenor. O de Nicolás Caputo que tiene participación junto con capitales chilenos y las firmas española ENDESA y la italiana ENEL en Edesur.  O de Rogelio Pagano que de ser empleado de Marcelo Mindlin en Dolphin SA (que luego iba a llamarse Pampa Energía SA) pasó a ser titular de todas las empresas distribuidoras de electricidad de la Provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDES, EDEA Y EDEN  y de la distribuidora de la Provincia de Salta: EDESA.

Cuando a fines de abril de 2018 los EEUU subió la tasa de interés del Bono del Tesoro a 10 –diez- años, que pasó la barrera psicológica del 3% anual, se fueron de la Argentina los principales bancos colocadores de títulos de deuda en bandadas, llevándose la suma que trajeron acrecentada con creces por el carry trade que, significaron más de 11.000 millones de dólares desde el 25 de abril al 30 de junio de 2018. Y el tipo de cambio pasó de $ 20,20 a $ 38,90 entre esas fechas.

Derrapado el modelo de valorización financiera el gobierno de Cambiemos se subordinó a la lógica del FMI y de esa manera llegaron a cumplir el mandado.

Los dueños del Círculo Rojo emplearon todo este tiempo para sacar provecho del gobierno de Macri y fueron los principales fugadores de capital, de los 86.200 millones de dólares comprados por residentes argentinos y detraídos del circuito económico legal argentino según informara el BCRA.  Pero el derrape del gobierno de cambiemos y la suba sideral de precio del dólar, también significó la caída del precio de sus empresas en el país, de manera tal que, por ejemplo, el Grupo “Clarín” que tiene como niña mimada su participación en Telecom (Telecom SA, Personal, Fibertel y Cablevisión), en diciembre de  2019 la empresa declaró un Patrimonio Neto de 6.639 millones de dólares, pero el año anterior ese patrimonio era de 12.350,9 millones de dólares y soportó un resultado negativo de $ 46.983 millones de pesos (unos 1.022 millones de dólares al valor promedio del dólar de ese año 2019 determinado por el BCRA).

Igual pasa con las empresas del Grupo Techint que en el año 2019 logró compensar sus números con la producción de vaca muerta por su controlada Tecpetrol SA y el subsidio del gobierno de Macri por unos 300 millones de dólares, pero el valor accionario de Tenaris SA y de Ternium Argentina SA descendieron un 25% en dólares comparando el valor en Wall Street con respecto a diciembre 2015.  Las perspectivas son peores en el año 2020 a raíz de la pandemia de la Covid-19 y la pronunciada baja en los precios de los commodities, especialmente en el mercado del petróleo producto del desentendimiento comercial de los principales exportadores mundiales.  Techint ha diversificado su inversión a varios países del planeta y lo que más teme es a la competencia de la República Popular China, tanto en el laminado de acero, como en los caños sin costuras, como en la construcción y en la ingeniería, de allí que, pese a que en los EEUU le han retirado la visa a Paolo y Gianfelice Rocca por tener un juicio por corrupción en Brasil y el caso SIDOR, no dudan en aliarse al país del norte ante lo que consideran el “peligro chino”.

El Balance General de  ARCOR SA demuestra que tiene una deuda en una obligación negociable por 350 millones de dólares y que operando con resultado negativo en los años 2018 y 2019, su Patrimonio Neto desciende para ser de 650 millones de dólares el año pasado, cuando en el 2018 era de 1.118 millones de dólares.

Finalmente la empresa Ledesma SA Agrícola Industrial, en el Balance General presentado el 29 de febrero 2020, contabiliza una deuda en divisas por 90 millones de dólares y un patrimonio total de $ 7.498 millones. En Libertador General San Martín- Jujuy donde opera el Ingenio, es la  localidad con más muertos de Covid-19 del país en relación a su población, con 73,9 fallecimientos cada 100 mil habitantes y una tasa de letalidad del 4,5% (más del doble de la media nacional, hoy en torno al 2%), al 28 de agosto de 2020 los contagios allí ascienden a 1.474 y las muertes a 66 personas.

El Presidente del BCRA. Miguel A Pesce sostuvo en una entrevista: “Los argentinos hoy son propietarios de empresas en el exterior por un valor mayor que las empresas argentinas en manos de no residentes en el país. Y el balance te da 380.000 millones de dólares de activos de residentes en el exterior”.[1]  Entonces es seguro que los socios y dueños de los cuatro grupos nombrados tienen dólares en el exterior suficientes para cancelar la deuda de sus empresas, por eso juegan alegremente a que no converjan su precio informal (contado con liqui, dólar bolsa, dólar blue, etc.) con el oficial, para comprar en el país activos a un precio menor por la depreciación monetaria, pero con dos agravantes, una que también se desvalorizan sus propios activos, por un lado y por el otro, que pueden llegar a tener socios más poderosos que ellos como es el caso de los Rocca, dado que Blackrcok aprovechó la baja del precio de las acciones de Tenaris SA para comprarlas.

EL FMI,  LA DEUDA  Y EL AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES

La negociación de la deuda con el FMI no va a ser fácil, primero, porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concediera los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) a la Argentina de Cambiemos (unos 45.000 millones de dólares en la actualidad), que como dijo el Presidente Alberto Fernández fue para financiar la campaña política más cara de la historia Argentina.  En cambio el que va amortizar esa suma es un gobierno que entiende que tenemos economía complementaria con la República Popular China, con Venezuela, con Irán, con Corea del Norte, con los países del ASEAN (especialmente Camboya y Vietnam), que a muchos de ellos en el Departamento de Estado los consideran el “eje del mal” e igual repiten los principales referentes del “Círculo Rojo”, pero no así, el Consejo Agroindustrial Argentino[2] que proponen el Plan Agro Industrial que estiman incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año.

El acuerdo firmado por el Gobierno de Cambiemos  plantea pagar el crédito del FMI en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.

Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares  y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.

El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por  5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones  de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.

Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI.  Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2022 en adelante, y por otra parte no sabemos el valor del DEG. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la de del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual, suma imposible de pagar

La propuesta Argentina era pagar como hasta ahora, unos 300 millones de dólares por trimestre (unos 1.200 millones de dólares en el año) y contar con un nuevo plan de amortización en más cuotas trimestrales y que se pague desde septiembre 2024.

La propuesta del FMI van a ser dos, un stand by (se tiene que devolver en tres años, imposible) o un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidad que son las de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de  años de aportes y de  edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo reimplantar el IVA a los alimentos) y estructurales que son siempre las mismas, privatizaciones y sistema de capitalización previsional.

EN SINTESIS

La Argentina necesita ponerse de pie y crecer, producimos alimentos y podemos sumarle mayor valor agregado a los mismos y a cierta industrialización, no es el camino que nos depara el FMI y el “Círculo Rojo”,  debemos recrear una salida sustentable, no exenta de  riesgos, pero como dijo el gran maestro Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos.”

[1] Revista Crisis del 4 de junio 2020.

[2] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

Con la tenacidad y paciencia del artesano, el equipo que dirige el ministro Martín Guzmán logra postergar para el año 2024 el pago de la amortización del capital tanto de la deuda externa en jurisdicción extranjera, 21 bonos por 66.137 millones de dólares y, por extensión por la cláusula RUFO, también extiende los vencimientos con los tenedores de títulos públicos de deuda con jurisdicción nacional que asciende a 41.715 millones de dólares que es ley. Por eso ahora el camino es reestructurar el acuerdo con el FMI en el mayor plazo posible, abonando aproximadamente 300 millones de dólares por trimestre como se viene haciendo y no pagar nada de capital hasta 2025.

Los capitales financieros se mueven por su propia cuenta (autónomos de los gobiernos, incluso del de Estados Unidos) y saben que la Argentina no está en condiciones de amortizar capital de la deuda. La situación es similar a la de al menos otros 50 países y, los administradores de fondos no quieren lidiar con una cadena de default, porque los dueños de las divisas que ellos administran querrán retirar esos recursos, entonces van a tener que mal vender activos para poder cubrir dicho retiro y, ante el primer problema, se produce una fuga en estampida.

Por lo tanto, el pago de los intereses de los 152.000 millones de dólares que es la masa crítica por la suma adeudada al FMI y a los bonistas (en jurisdicción local y extranjera), irrogará en total unos 11.200 millones de dólares desde septiembre de 2020 hasta diciembre 2024, suma que se debe pagar con la recaudación de impuestos y derechos de exportación (retenciones) ante un superávit comercial esperado de no menos de 15.990 millones de dólares para este año 2020 (repitiendo la  cifra en que las exportaciones superaron a las importaciones en el año 2019) y en los años subsiguientes.

Y decimos esto porque la Argentina que es sólo el 0,3% del PIB mundial, es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja, en un mundo que en mayor o menor medida tuvo que aislar a su población y garantizarle el sustento por una parte. Por otro lado, estructuralmente, gran porcentaje de la población rural de la República Popular China y los súper habitados países del este asiático ha migrado en los últimos años a las ciudades. A su vez han mecanizado e industrializado la producción sobre todo de carne aviar y porcina. El consecuente hacinamiento de los animales provoca la mutación de los virus y su contagio a las personas humanas. Para evitar el problema, van a importar sistemáticamente parte de las proteínas que consumen y la Argentina con sus actuales 37,5 millones de hectáreas cultivables y para cría de animales es un referente obligado a tener en cuenta.

Ahora bien, si ese es el estado de situación y su posible evolución, el superávit comercial referido y los menores pagos de la deuda (básicamente intereses) hasta diciembre de 2024, implican que la oferta de divisas supera y superará a la demanda, por lo que deberían converger el tipo de cambio oficial de 77,77 pesos por dólar y el paralelo en cualquiera de sus formas (contado con liqui, dólar bolsa, informal, etc.). Sin embargo eso no está ocurriendo y la pregunta es por qué.

¿Por qué ocurre?

 Hay varios factores que se conjugan.

1. Entre quienes estuvieron comprando dólares, sobre todo los 100 grandes que adquirieron en menos de cuatro años de la gestión de Cambiemos 24.679 millones de dólares y los fugaron, están los mayores bancos privados (Galicia, Macro, Santander, Bilbao Vizcaya, City, HSBC, BNP Paribas, Patagonia, Supervielle), y
2. En todas las investigaciones anteriores que realizaron distintas comisiones investigadoras del Congreso de la Nación había tres empresas  con sus principales socios y CEOs que encabezaban la fuga: los Arrieta-Blaquier del Ingenio Ledesma; los Magnetto, Aranda, Rendo, Herrera de Noble y Pagliaro del Grupo Clarín; y los Rocca, Betnazza y Zavaleta del Grupo Techint. Es más, son tan miserables los Rocca de Techint, que apenas comenzó la pandemia no dudaron en echar a 450 trabajadores, e insisten en hacer trabajar a los que quedaron en condiciones de inseguridad laboral por el Covid-19. Peor si cabe es el caso del Ingenio Ledesma, con seis mil trabajadores en Villa Libertador General San Martín en Jujuy: al 18 de agosto 2020 tenía 11 muertos y 306 infectados. Estos son los grandes fugadores y su única obsesión es que el salario que paga su empresa sea, medido en dólares, menor que el salario en Brasil.
3. Por su parte, el grupo Clarín que tiene su mercado cautivo en la clase media que se subordina ideológicamente al gran capital, presiona al gobierno por ser el poseedor del 5 G que es la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil y, como el gobierno no se lo cede, tiene una prédica constante contra la administración nacional.

Pero siendo una parte importante de la burguesía argentina, no son todos los empresarios locales y como “negocios son negocios”, obviamente que el potencial que implica la demanda de alimentos posicionaría a los productores agro industriales que incluso se unieron y armaron su propia propuesta para los próximos años, generando con su actitud una fisura en la ex Mesa de Enlace, donde los sectores más reaccionarios de la Sociedad Rural Argentina quedan marginados, y lo mismo pasa en la Unión Industrial Argentina cuyo presidente y su familia política polarizan la prédica en que el futuro es nuestro.

El problema es que la economía complementaria es China, y si bien la Embajada no vio con buenos ojos que la Argentina no haya acompañado las decisiones del Grupo de Lima, no haya reconocido al gobierno golpista de Jeanine Añez en Bolivia, pero sí reconoce como gobierno legítimo al de Nicolás Maduro en Venezuela, el acrecentamiento comercial y de inversiones con el país asiático, a lo que se suma la renovación de los swaps chinos y sin quedar sujeto a revisión por el FMI, excede su nivel de tolerancia.

Los principales referentes de la convocatoria del 17 de agosto 2020 fueron los grandes medios de comunicación y figuras de segundo orden, todos ellos asiduos concurrentes a la Embajada y no solo los 4 de julio.

Por lo tanto el dólar refleja una puja mucho más gravitante que la oferta y la demanda, es una cuestión de qué país vamos a ser.

Si se elige el propuesto por la Embajada y en segundo término por los grupos encabezados por Ledesma, Techint y Clarín, la combinación de devaluación y suba de la tasa de interés producirá de hecho un aumento de los precios, y eso implicará menores ventas y menor consumo, profundizando la depresión económica y el padecimiento de nuestro pueblo, sin trabajo y el poco que se genera, mal remunerado.

Si se elige defender el mercado interno y la inserción internacional que le corresponde a la Argentina, el hostigamiento de los nombrados en el párrafo anterior va a ser permanente, que vamos camino a ser Venezuela y otras canalladas por el estilo van a ser su prédica diaria.

A Juan Domingo Perón le gustaba decir: “La economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este». A Perón y al peronismo también lo acusaban de todo para derrocarlo en 1955.

Por lo tanto un gobierno nacional y popular debe emprender un camino distinto que parta de fortalecer al Estado y eso se consigue con medidas firmes, cobrando impuestos y disciplinando (con pena y multa) la evasión, los sobreprecios, el desabastecimiento, etc.

Un Estado fortalecido puede estimular la exportación mediante la suba de ciertos reintegros y la baja de determinadas retenciones a economías regionales; reactivar las obras públicas con las provincias y los municipios, hay al respecto un interesante trabajo denominado “Iniciativas interprovinciales para el desarrollo” del Ministerio del Interior de la Nación que puede ser la guía a seguir; transformar los IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en salarios de inserción social; y sobre todo aumentar los salarios para generar un creciente mercado interno, al principio por Decreto y luego con paritarias libres.

Un país con casi nueve millones de personas que reciben el IFE porque no tienen trabajo o si lo tienen es precarizado; donde el Estado abona prácticamente la mitad del salario de 2.040.000 empleados de 242.000 empresas en un universo de 7.595.704 trabajadores en 520.507 establecimientos; donde el salario bruto promedio es de $ 58.000 por mes y la Canasta Básica Total para una familia constituida por matrimonio y dos hijos en junio 2020 fue de $ 43.811; donde la industria reconoce una capacidad ociosa del 47% en promedio y, en la construcción es aún mayor el efecto; debe estimular la demanda a como dé lugar, primero aumentando los salarios por Decreto y segundo haciendo obra pública e incentivando la construcción y el comercio.

Lo decía Néstor Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los ’90, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.

Cuando asumió el 25 de mayo de 2003 lo hizo con el 22,5% de los votos y la desocupación abierta de ese mes fue del 25%. Haciendo una política de decisiones claras y contundentes (lo primero que hizo por ejemplo fue remover a la corte menemista), con lo que no se pagó afuera de deuda aumentó los salarios y las jubilaciones y las pensiones (dio jubilaciones a los que tenían la edad y no los aportes), propició acuerdos comerciales con los países que nos compran y tenemos economías complementarias, acordó con China la venta de alimentos a cambio de inversiones públicas (represas, trenes, energía nuclear, etc.), se opuso al ALCA.

Kirchner afirmaba: “El crecimiento sostenido de China, India y demás países emergentes configura una nueva realidad internacional, de la que nuestro país debe saber sacar provecho, vendiendo cada vez más productos, primero alimentos y materias primas y luego acordar productos con mayor cantidad de mano de obra y tecnología nacional”.

“Para ello se debe contar con soberanía fiscal (incluido el Programa Financiero),  monetaria, cambiaria, fuerte intervención en resortes claves (energía y transporte), y con acuerdos comerciales, productivos y financieros en la región que permitan emplear tecnología propia”

Y durante sus cuatro años de gobierno crecimos a tasa del 9% anual.

En la Argentina tenemos que decidir nosotros, para ello se necesita concientizar a la población y tomar medidas ejemplificadoras, de otro modo, una parte de nuestro pueblo va a creer que el camino propuesto por Clarín es el  que vale.

Y la Embajada y su país tienen que respetar la soberanía de las otras naciones, quieran o no quieran, porque la dominación se basa en la sumisión del dominado, el solo hecho de levantar la frente y asumir el principio de la igualdad entre pares ha sido siempre el camino de la independencia y de la justicia.

[1] RUFO es la sigla de Rights Upon Future Offers. Se trata de una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010, a partir de la cual se prohíbe pagarle a los holdouts (que son los que no entran en el canje) más que los que sí lo hicieron. Por extensión implica que a los bonistas con jurisdicción Argentina se le da las mismas condiciones que a los de jurisdicción extranjera.

PRIMERO, AUMENTAR LOS SALARIOS

El político e historiador Miguel Bonasso pronosticó que la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia de Brasil implicaba el intento de instalación de un modelo político y socioeconómico que actuaría como espejo disciplinador del resto de las naciones suramericanas, aludiendo a lo ocurrido en la década de 1960 con la consolidación de un régimen militar autoritario que tendería a ser imitado en el resto de la región durante los 70’. Predicción que a un año y medio de gobierno puede asumir algún grado de realidad.

Desde esta columna en aquél aciago momento también planteamos que se producía el acceso al gobierno de un conjunto de fuerzas distinto al que había hegemonizado el control del Estado en esa Nación desde la década del 30’ con la fundación del “Estado Novo” por Getulio Vargas. 

La coalición desplazada era conducida por una burguesía que había industrializado la renta primaria y, consecuentemente, sostenido durante décadas un modelo manufacturero con capacidad de mantener subordinados a los trabajadores y concitar el respaldo de los factores de poder internos y externos, incluidos los militares. Esta burguesía industrial portadora de un elitismo recalcitrante que construyó una sociedad profundamente desigual, terminó aceptando -después de tres intentos vetados- el desembarco en la Presidencia de un obrero metalúrgico, procurando ampliar la sustentación política y social del modelo en curso, mediante el ensayo de una alianza de clases atípica para el devenir brasileño.

El golpe institucional que derrocó a Dilma Rouseff marcó el fin político del ensayo descripto y la persecución mediática-judicial que lo siguió hicieron el resto para allanar el camino del militar y eterno legislador de distintos partidos de derecha a la Presidencia del gigante suramericano.

Sin embargo, los actores económicos integrantes de este poder rupturista se constituyeron lentamente al calor de los errores de administración de los últimos años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), que permitieron una fuerte valorización financiera de los excedentes y la reprimarización progresiva de las exportaciones, a partir de prolongar la vigencia combinada de una tasa de interés real positiva y un tipo de cambio atrasado, como anclas de estabilización económica. Un bloque primario-financiero germinó en ese tiempo y encontró su expresión política en Jair Bolsonaro.

El gobierno entrante colocó como ministro de economía a Paulo Guedes, formado en la Escuela de Chicago y declarado admirador del modelo chileno implantado por el dictador Augusto Pinochet. 

Durante el primer año de gestión, avanzó en completar la desregulación del mercado laboral –iniciada durante del gobierno interino de Michel Temer– con una reforma previsional que consolide una reducción promedio del salario y de la inversión social en jubilaciones, como oferta de insumos competitivos al empresariado antes de iniciar el sendero de apertura e inserción de la economía brasileña en el mercado mundial.

Situación que fue potenciada con el mantenimiento de la tasa de desempleo en el 11% a pesar de afirmarse la recuperación del PIB con una suba del 1,1%, después de la aguda crisis de 2015/2016.

Las señales promercado se acompañaron con un alineamiento durante el 2019 de las principales variables de precios: la devaluación interanual del real fue del 4,4%, la tasa de interés de referencia descendió hasta ubicarse en el 4,5% anual y la inflación minorista acumuló el 4,3% en el año.

Estabilidad general con nula volatilidad de precios relativos, mercados laboral y previsional desprotegidos, desempleo en dos dígitos y paulatino ascenso de la actividad, un conjunto de condiciones que configuran el sueño dorado de cualquier inversionista global. Máxime cuando se trata de la octava economía del planeta. Todo listo entonces para “lanzarse al mundo”.

Pero llegó la pandemia. El gobierno federal decidió enfrentarla minimizando su impacto sanitario y desalentando medidas de aislamiento social para impedir la propagación del virus. Los resultados más recientes arrojan 3.500.000 brasileños infectados y 111.000 fallecidos, desbordando las previsiones de atención sanitaria.

El sacrificio humano de mantener la actividad casi sin restricciones no impidió el deterioro acelerado del modelo aperturista promercado, más allá de las declamaciones oficiales:

1. La salida de capitales generalizada en todos los emergentes durante el trimestre abril/junio provocó una caída de reservas internacionales de u$s 16.754 millones, configurando una baja del 4,5% en ese lapso
2. La fuerte devaluación del real del 35% en el semestre no contuvo la salida y desalineó las variables económicas cuidadosamente ordenadas en 2019
3. El desempleo rápidamente trepó del 11% al 13,3%
4. La proyección de contracción del PIB es del 6,7% durante 2020
5. Para amortiguar el impacto de la pandemia sobre la actividad, y a pesar de la devaluación del real, la tasa de interés de referencia se redujo del 4,5% al 2%, agudizando la presión cambiaria
6. La suba del dólar no aceleró la inflación, contenida por la recesión, que se ubicó debajo de las metas previstas en torno al 0,5% en el semestre.

La otra consecuencia de la pandemia fue el despliegue de un importante plan de ayuda a trabajadores informales para asegurar un ingreso mínimo por u$s 18.000 millones y a empresas PyMe para asegurar el empleo privado por u$s 20.000 millones. Produciéndose un freno en el plan de privatizaciones y apertura de mercados previsto para 2020.

Esta situación ha provocado dos consecuencias políticas. En el plano interno, se desataron fuertes tensiones en el equipo económico por la alteración del rumbo original, que se materializó en la renuncia de los secretarios a cargo de las privatizaciones y la reforma del Estado, preanunciando agrias discusiones en torno al ajuste del gasto a la hora de presentar el proyecto de Presupuesto 2021. Y en el plano externo, el repunte de la imagen positiva del presidente hasta un 37% de aprobación, respaldado por los trabajadores informales beneficiarios de la ayuda extraordinaria y la baja inflación, pese al colapso sanitario que surca al país.

El doble reflejo político de la pandemia resulta antagónico entre sí, porque frustra el avance del modelo aperturista y desregulador, y la vez potencia la importancia de abandonar el rígido control de gasto público subordinado a la meta inflacionaria, conforme lo establecido por la ley de restricción presupuestaria promulgada durante el gobierno del Temer. Más inversión de recursos públicos se asocia a mayor popularidad del gobierno y, por ende, a tensiones con el dispositivo económico de origen.

https://www.eldestapeweb.com/economia/brasil/un-fantasma-recorre-sudamerica-el-bolsonarismo-20208221904