Una persona sostiene un arma durante una marcha convocada por el chavismo este 4 de enero de 2026, en Caracas (Venezuela). EEFE/ Ronald Peña R
Introducción
Los especialistas en la región sostienen que el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en las cárceles venezolanas, se ha expandido por toda América Latina(1).
En este marco y con una democracia sin legitimidad por el procedimiento empleado en las últimas elecciones de 2024 en Venezuela, el presidente de EEUU realiza actividad militar en el mar caribe y amenaza con intervenir en suelo venezolano para combatir el narcotráfico/ crimen organizado.
Tren de Aragua. Terrorismo en la región
El Tren de Aragua surgió en Venezuela alrededor de 2012 y es una banda criminal que comenzó controlando las cárceles en Venezuela y se expandió rápidamente a lo largo del país. Aunque inicialmente se dedicaba a crímenes como robos, extorsiones y secuestros, con el tiempo han diversificado su actividad, incluyendo el microtráfico de drogas, explotación sexual y laboral, y la trata de personas» 2
Argentina ha tenido terrorismo de Estado en 1970 bajo el paraguas del plan condor El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. 3
La Argentina ha padecido dos atentados terroristas en su propio territorio, con una significativa pérdida de vidas inocentes. El atentado en la Embajada de Israel de 1992 y elatentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, el más cruento sufrido en el Cono Sur a manos del terrorismo globalizado.
Estos actos en el marco en un alienamiento del gobierno nacional actual con Israel y una gran comunidad judía en la ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de Argentina, significan un riesgo de atentados islámicos. Cabe destacar que después de septiembre de 2001 (atentado a las torres gemelas New York EEUU) el conflicto terrorista se enquistó en Medio Oriente sin traspasar sus fronteras como en la década de 1990.
Conclusiones
El cambio de la política pública en USA para con América del Sur iniciada por Trump en su primer presidencia de manera económica que en nuestro país, se evidenció a través del acuerdo con el FMI con Argentina en 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri.
En este nuevo contexto internacional de guerra comercial entre China/ Estados Unidos, donde EEUU se centra en intervenir en América del Sur, debemos considerar al crimen organizado trasnacional y los distintos tipos de terrorismo radicalizados como nuevas amenazas regionales y nacionales. Esto conlleva una pérdida de soberanía política para la región que se ve escrutada por EEUU como ocurre con el despliegue actual en el Caribe
Bibiliografía
1. Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder, Por Walter Molina Galdi y Luis Peche Arteaga. Infobae Américas, 27 de noviembre de 2025.
2. ¿Quién es Giovanni Mosquera, el líder del Tren de Aragua por el que EEUU ofrece una recompensa de U$S 5 millones? El Observador, Uruguay, 2025.
3. Plan Cóndor. Una asociación ilícita para la desaparición forzada de personas. CELS. Publicación digital en pagina web.
En distintas latitudes –no solo en la Argentina– ha resurgido el interés por entender más y mejor el pensamiento libertario. Ideales como el Estado mínimo, la preeminencia del mercado, la primacía del individualismo, el imperio de la libertad, entre otros, han sido objeto de crecientes reflexiones, contrapuntos e investigaciones.
Pero una aspiración libertaria, escasamente difundida –al menos acá–, es el lugar del secesionismo en el proyecto libertario. De modo sintético, la secesión es el acto de separarse de un Estado para constituir uno nuevo.
El tema ha sido abordado desde distintos enfoques y disciplinas. Unos remarcan la existencia de un derecho a la secesión bajo determinadas condiciones. Otros, en clave de hecho político en el marco de las relaciones internacionales, destacan la existencia de encarnizados conflictos internos –étnicos, religiosos o de otro tipo– que se van degradando; siendo una de las salidas remediales la separación y la creación de, por ejemplo, dos estados.
También hay aportes desde la ética que intentan justificar o impugnar la secesión. Existen estudios de economía política sobre el valor y la importancia de recursos estratégicos abundantes que alientan disputas que, a su turno, alimentan la lucha por su control y el aumento de la corrupción: la combinación de pugna, dominio y envilecimiento incita a la violencia y con ello la propensión secesionista de los actores involucrados.
Para algunos, a partir de estudios históricos, una combinación de factores culturales y materiales pueden, bajo ciertas circunstancias, impulsar discursos de secesión que conducen, inadvertidamente o exprofeso, a prácticas secesionistas. En últimas, el secesionismo prospera en medio de un elocuente debilitamiento del Estado, sus capacidades institucionales y sus atributos de poder, en un contexto de desintegración social y ante dinámicas locales e internacionales que lo facilitan.
En tiempos recientes, ejemplos como el de Cataluña generaron un interesante debate en el que ha predominado la idea de que secesión y democracia son fenómenos antitéticos: se rompen los lazos de solidaridad, pertenencia, lealtad y coexistencia nacional debido a que un grupo de interés altamente movilizado procura desmembrar el Estado. Cabe anotar que hay países que expresamente, a través de la Constitución y/o por vía jurisprudencial, prohíben la secesión.
En breve, la secesión ha sido analizada desde diversos saberes, lentes políticos y principios básicos. En un escenario internacional de alta pugnacidad y con múltiples naciones fuertemente polarizadas, la quimera secesionista sobrevuela.
¿Cuál es el enfoque libertario? Ludwig von Mises, desde el liberalismo clásico, y en especial la variante anarco-capitalista en la que descuellan Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Thomas Woods y Liewellyn Rockwell, han sido enfáticos al reivindicar la secesión.
Para von Mises la secesión constituye un principio liberal clave, como lo expresó en “Liberalismo” y “Nación, Economía y Estado”. Rothbard se manifestó categórica y abiertamente a favor del secesionismo en varios textos: por ejemplo, en “The principle of secession defended”, publicado en 1967; en “Vive Le Quebec Libre”, publicado en 1977; y en “Nations by Consent”, publicado en 1994.
Hoppe fue igualmente elocuente en trabajos como “Small is Beautiful and Efficient: The Case for Secession” de 1996 y “Economic and Political Rationale for European Secessionism” de 1998.
Su sueño—a partir de su crítica a los procesos de integración y respecto a un ordenamiento mundial fallido–era una Europa constituida por “1.000 Liechtensteins”. Mientras Rockwell escribió en 2015 “The Libertarian Principle of Secession”, ese mismo año Woods ofreció una conferencia sobre “Secession: The Reasonable Option Everyone Resists”.
Sintéticamente, el pensamiento libertario ha ofrecido diversos argumentos para justificar el sentido y alcance de la secesión: para ese credo se trata un antídoto contra la despotismo, es un estímulo a favor del libre comercio, al tiempo que preserva la libertad y protege al individuo. Los libertarios no solo proclaman la utilidad del secesionismo, lo han considerado deseable.
En realidad un hilo conductor atraviesa el ideario libertario: la fuerza de la secesión pareciera nacer desde la sociedad y no desde el Estado. Sería un clamor social secesionista, y no las políticas públicas, las que empujarían en esa dirección. Una serie de condiciones domésticas impulsarían un afán independentista frente a un Estado opresor. La secesión operaria desde “abajo” y llevaría a un estadio social e institucional superior y mejorado.
El libertario presidente Javier Milei afirma que él es “el topo que destruye el Estado desde adentro”. ¿Será consciente de que la destrucción del Estado desde “arriba” podría, a su turno, incitar pulsiones secesionistas? Si no hay un proyecto unificador y plural inspirado desde el Estado ¿cómo evitar tales pulsiones? Si la batalla cultural implica que haya ganadores y derrotados ¿cómo lograr una sociedad cohesionada y eludir una fractura social, política y geográfica?
De hecho, la ilusión secesionista se puede transformar en un gran desvarío. Fernando Lizárraga lo evidencia, en su trabajo de 2017, (“Utopía y distopía del Estado mínimo en la Patagonia: sueños de secesión y pesadillas apocalípticas”). Recordémoslo para no abrir una Caja de Pandora.
En el reciente discurso de Bausili, presidente del BCRA podemos encontrar algunos puntos importantes de lo que pretenden las autoridades hacer de aquí en adelante. Lo más significativo es el superávit fiscal, y por lo visto para las autoridades es la piedra fundamental, digamos que gran parte del éxito esperado gira a su alrededor, pero no siempre se observa en los bolsillos de la gente ni en la actividad económica, aunque nadie duda de que debe lograrse. El aspecto que aparece luego como central es la remonetización. Por esta razón ponemos tanto énfasis en los indicadores monetarios y, según parece, pasan a segundo término la acumulación de reservas e incluso el tipo de cambio o resultan subyacentes a la monetización. Por ahora según Bausili seguiremos con las bandas, y quizás en algún momento se pueda flotar libremente. Pero todo esto lleva tiempo, aclara y por las dudas reitera la existencia de expectativas negativas y la necesidad de ir paso a paso. Pero se puede suponer que mantener las bandas es parte de la credibilidad que quieren tener, o sea no cambiar de un día para otro.
Cabe preguntarse cómo se remonetizará y se crecerá supuestamente un 50 % adicional en la Base Monetaria. No está claro, por lo menos para mí, como sería esto. El BCRA puede emitir y comprar dólares, siempre la principal fuente genuina es el saldo comercial entre las exportaciones y las importaciones. Bausile reitera: no provendrán de la Cuenta Corriente del balance de pagos, que seguirá siendo negativa o sea que se deben mirar los mecanismos de financiamiento, inversiones, préstamos a privados y provincias. Que por lo visto están funcionando.
Sigamos: Qué pasa o puede pasar cuando se incrementa la oferta monetaria. ¿Cómo y cuánto puede afectar a los precios?
Siempre aparece la discusión del corto y largo plazo en las cuestiones monetarias, pero podemos suponer que si aumenta la oferta monetaria disminuye la tasa de interés. Es lo que está ocurriendo. Sin perder de vista que en el país está siempre presente el tipo de cambio y las expectativas negativas. Entonces, ¿qué ocurre si las tasas son bajas? En principio se supondría que aumenta la demanda monetaria.
Si se afecta el Tipo de Cambio (se deprecia o aprecia el peso), el BCRA no dispondría de los dólares necesarios para intervenir, encauzar, apaciguar y abastecer, si es que pretende eso para sostener las bandas.
Es complicado seguir todo esto, pero teóricamente existe la posibilidad entonces de expandir la base monetaria por estos mecanismos. Debiéramos agregar la disminución de los encajes o directamente préstamos a los bancos. En todos estos procedimientos funciona luego el multiplicador bancario. Se puede agregar que el Tesoro de no renovar la totalidad de las deudas en pesos, puede agregar pesos al mercado.
La Argentina pudo sobrevivir a la inflación porque los indicadores marcharon al mismo compás, por ejemplo la marcha de la Inflación y el PBI a precios corrientes. Otro tanto se puede decir en la relación con el Tipo de Cambio. En algunas oportunidades el Tipo de cambio aparece apreciado o lo contrario, pero el rumbo es similar. O sea que los tres indicadores no se dan mucha ventaja a lo largo de los años recientes.
Mediante el Decreto 865/2025, el Poder Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesionará en forma extraordinaria desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025. En el anexo del decreto se establece que se tratarán los siguientes seis temas: a) presupuesto nacional 2026; b) compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria; c) flexibilidad laboral y de despido; d) reforma del Código Penal; e) modificación de la ley de glaciares para que cada provincia determine la distancia mínima para desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciares, y f) inocencia fiscal. Obviamente, pueden ampliarse los temas e incluirse una nueva y regresiva reforma tributaria o dejar su tratamiento para las ordinarias de 2026.
Los seis proyectos benefician básicamente al capital más concentrado del país y propician la inversión extranjera, avanzan sobre los derechos laborales y desfinancian al sistema previsional. A la vez se relajan los controles de ingresos y egresos de capitales, inclusive reduciendo y hasta eliminando medidas de prevención en la contaminación y el impacto ambiental.
Todo en procura de ingresos de divisas. Lo que, por una parte, se hace para cumplir con una deuda que se toma desenfrenadamente desde el gobierno de Cambiemos y que nunca se investigó a dónde se invirtió y en qué. Tampoco hay auditorías del FMI, que por su carta constitutiva obliga al organismo a fiscalizar la utilización del crédito. Y, por otra parte, se facilita la fuga, como lo demuestra el balance cambiario del BCRA, que revela que en diez meses transcurridos del año 2025, personas físicas compraron 34.420 millones de dólares.
En un circuito perverso de destrucción de la demanda interna por descenso del poder adquisitivo del grueso de la población, del cierre de establecimientos productivos de todo tipo, del aumento de las importaciones de bienes de consumo, paralelamente la demanda de dólares para compras y viajes al exterior alcanza cifras récord, como es récord la fuga de capitales. En este contexto, se eliminó para el corriente año 2025 el impuesto PAIS que gravaba la compra de divisas.
En ese marco de redistribución regresiva del ingreso al estilo “Hood Robin”, el Poder Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias para consolidar el modelo extractivista primario exportador.
El presupuesto de la Administración nacional 2026, que fue presentado en septiembre y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, plantea en su art. 1°: “El Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos y a libre ejecución del Poder Ejecutivo”. Además propone modificar la Ley 11.672 (Complementaria de Presupuesto) para eliminar la referencia al artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Actualmente, esa normativa exige que cualquier canje o reestructuración de deuda implique una mejora objetiva para el Estado, a través del cumplimiento de dos de estas tres condiciones: reducción de capital, extensión de plazos y/o baja de tasas de interés. De aprobarse la modificación, el Ejecutivo podría realizar canjes con objetivos de “ordenamiento financiero” aun cuando impliquen condiciones menos favorables.
Mediante el Mensaje 29 del proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que fue presentado en septiembre junto a la Ley de Presupuesto 2026, se establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo déficits financieros, con el mismo objetivo de darle facultades legislativas al gobierno, quien debe priorizar el pago de los servicios de la deuda.
Inocencia fiscal
El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, y por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, el 5 de junio de 2025 en el Ministerio de Economía de la Nación, frente a sus autoridades encabezadas por Luis Caputo, con el objetivo manifiesto de “blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los obtuvieron” y el no dicho de no investigar la compra de divisas y su fuga.
Una Argentina donde en diez meses personas físicas (ahorristas argentinos los denomina el gobierno) compraron 34.420 millones de dólares y no pagaron el Impuesto PAIS [1], que supo tener una tasa del 25%, hubiera recaudado en ese lapso un ingreso neto para el fisco de 8.605 millones de dólares.
Y la administración nacional debe arrodillarse ante los Estados Unidos para firmar un swap del que utilizó 2.600 millones de dólares y debió devolver a los pocos días (y nunca se informó qué tasa pagó por ello y se trata de dinero público). Ahora rezan para que les vuelva a prestar, cuando debió colocar un título en el mercado local (Bonar 2029N) por 910 millones de dólares a una tasa de 9,26% anual, para poder pagar los vencimientos de fin de año y de los primeros días de enero de 2026, que superan los 6.100 millones de dólares (de los cuales vencen bonos Bonar y Global por 4.500 millones) y restituir los 1.006 millones de dólares con que pagaron los Bopreales que vencieron en los primeros días de diciembre de 2025 y que, detrajeron del encaje de los depósitos en dólares, que los bancos tienen en el BCRA para abonarlos.
En este marco, el Poder Ejecutivo pide tratar el proyecto de Inocencia Fiscal que presenta dos esquemas: a) cambia el paradigma en el régimen general e invierte la carga de la prueba. “Todo contribuyente es inocente hasta que el ARCA demuestre lo contrario” [2]; y b) genera el blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, abonando el impuesto solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial, por lo que el contribuyente (persona física y empresas) calculará su monto a pagar solo por lo facturado sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo durante ese periodo (y obviamente tampoco la compra que realizaron de divisas y su fuga).
Ese día Juan Pazo sostuvo: “Además, con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes”.
Por su parte, José Luis Espert destacó que “durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambios e inflación alta empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión impositiva”. En este sentido, señaló que con el proyecto presentado habrá un cambio de sistema en materia tributaria en el que se abandonará “el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex AFIP presuponían que todos éramos culpables, y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Y agregó: “Para nosotros tiene que regir un régimen de inocencia fiscal».
El proyecto eleva la calificación del mínimo de evasión simple de 1,5 millones de pesos a 100 millones, y el de evasión agravada de 15 millones de pesos a 1.000 millones. De esa manera, de 7.000 causas abiertas en el fuero tributario solo quedarán abiertas 200. Es más, pueden saldar las deudas antes del juicio pagándolas, y si el juicio está en curso, pagan un 50% más de la multa que les corresponde y quedan libres de culpa y cargo; total, es plata del fisco que teóricamente la ARCA debería fiscalizar y cobrar.
Juan Pazo explicó que la prioridad de su gestión es «cambiar el enfoque tributario en la Argentina para dejar de tener una matriz persecutoria» y de esta forma va a crecer la recaudación. En ese sentido, admitió que la evasión tributaria por IVA en el 2024 fue mayor al 37% («un nivel de evasión similar a la postcrisis del 2001») y que se registra un 40% de informalidad en el mercado laboral, pero como si todo eso no importara, por medio del Decreto 353/2025, publicado en el B.O. del 23 de mayo de 2015, y en el marco de la modificación de las normas monetarias y cambiarias, se establece que se simplifican y desregulan todos los trámites relacionados en la inversión y en la adquisición de bienes, y que quienes se adscriban al Régimen Simplificado de Ganancias quedan exceptuados de declarar los bienes y las deudas en el país o en el exterior (obviamente las medidas impuestas obstaculizan la investigación de los auto préstamos, las triangulaciones de las exportaciones, y los precios de transferencias de las importaciones).
También instrumenta las resoluciones RG 5697, que deja sin efecto el régimen de información sobre negociación, oferta y transferencia de inmueble (COTI), y RG 5696, de secreto fiscal, que limita el requerimiento por parte de los sujetos obligados de informar a la UIF (Unidad de Información Financiera) del pedido de declaraciones impositivas a los clientes: a) cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI); b) operaciones de intermediación y/o compraventa de vehículos automotores y/o motovehículos usados; c) préstamos con garantía hipotecaria y transferencias de dominio de bienes inmuebles, cesiones de derecho y actos simultáneos; d) expensas y gastos comunes para countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados, edificios de propiedad horizontal y otros; e) empresas que presten el servicio de suministro de energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija y telefonía móvil (celular).
La ARCA
El Gobierno de Javier Milei el 21 de octubre de 2024 disolvió la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para reemplazarlo por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Esto esencialmente modificó las misiones y funciones y le confirió mayor poder a la dirección política, y no exige la firma del personal de planta en sus resoluciones y procedimientos.
En un principio continuó como titular Florencia Misrahi, del Estudio Lisicki & Litvin, y fue reemplazada el 9 de diciembre de 2024 por Juan José Pazo, quien fuera CEO de las empresas textiles de Francisco De Narváez. Además, se desempeñó como director ejecutivo en firmas offshore relacionadas con Rapsodia Argentina[3], empresa cofundada por su esposa. En 2020 fundó Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y chips para trazabilidad de las vacas, en sociedad con un hermano de Luis Caputo. En el sector público fue director de la UIF (Unidad de Información Financiera) en el inicio del gobierno de Mauricio Macri y luego superintendente de Seguros de la Nación desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019. No bien asumió como ministro, Luis Caputo lo nombró secretario coordinador del Ministerio y siempre lo acompañó en las reuniones con los empresarios locales.
A Andrés Gerardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, que fue estrecho colaborador de Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP, se lo nombró titular de la DGI (Dirección General Impositiva), y fue, en ese momento, denunciado ante la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su patrimonio [4], y anteriormente, en el año 2011, el fiscal federal Federico Delgado solicitó su indagatoria en una causa en la que se investigaba la transferencia de 461.000 dólares a cuentas en Suiza y Luxemburgo a través de una “cueva financiera” del BNP Paribas sin declarar.
Podríamos seguir refiriéndonos al resto de los funcionarios de la ARCA, pero basta con señalar que el jefe de la División Investigaciones de ARCA de la provincia de Tucumán, Mario Martínez Salazar Pérez, fue denunciado y la Justicia intervino e hizo allanar las oficinas de la calle Maipú 50, en pleno centro de la ciudad de Tucumán, que son de su propiedad, el jueves 4 de diciembre de 2025, por ser una «cueva» financiera dedicada al cambio de dólares en negro, descuento de cheques, operaciones con criptomonedas, préstamos usurarios y presunto lavado de activos. Su hijo, Jerónimo Martínez Parada, está directamente vinculado a la estructura de RT Inversiones, una financiera piramidal que estafó a más de 60.000 personas en Catamarca y fue detenido en noviembre de 2022.
Como director general de Aduanas se nombró a José Andrés Velis, impulsor de sistemas informáticos para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que conforma el ineficiente control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El gobierno afirma que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis es vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador. Veliz estaba jubilado y vivía en Paraguay.
En síntesis
Funcionarios venales favorecen el endeudamiento y la reducción de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad, quienes fugan divisas y hacen retornar una parte como deuda. Y la ARCA y la legislación vigente y la que propician llevan al colapso de la deuda con el único fin de que el país remate a precio vil su rico patrimonio natural y construido. Y la amplia mayoría de la población sin siquiera comprender los hechos evidentes.
[1] El impuesto PAIS dejó de cobrarse el 23 de diciembre de 2024, luego de que venciera el plazo de cinco años por el que fue creado, y la actual gestión decidiera no prorrogarlo. Se trataba de un tributo que gravaba las compras de bienes y servicios en el exterior con tarjetas de crédito y débito, la adquisición de divisas para ahorro y la importación de productos. En 2024, este impuesto representó el 6,54% del PIB (unos 36.000 millones de dólares).
[2] La lectura entre líneas: para ser inocentes, deben pasar por la oficina del ARCA.
[3] Rapsodia es una marca argentina de ropa femenina, fundada en 1999 por Sol Acuña, Josefina Helguera y Francisco de Narváez.
[4] El caso surge de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reveló que Vázquez compró tres departamentos en Estados Unidos, entre 2013 y 2015, valuados en más de 2 millones de dólares a través de una sociedad offshore.
Desde hace unos años, estudiosos de las relaciones internacionales han retomado y remarcado el papel de los individuos en los asuntos que hacen a la política exterior de un país. Por ejemplo, bajo ciertas circunstancias mundiales, en contextos en los que sobresale una personalidad muy singular y con una gran capacidad de concentrar poder, y ante una crisis de envergadura, el rol de los/as líderes del ejecutivo inciden decisivamente en cuestiones ligadas al accionar externo de un gobierno.
En medio de una profunda mutación de poder a nivel global, en virtud de los rasgos peculiares que se le conocen, y a raíz de una profunda situación crítica doméstica en la que asoman aspectos claramente autoritarios, es indudable que Donald Trump es un caso emblemático del peso significativo de una persona en política internacional. A su turno, su mapa cognitivo está influido por fenómenos históricos, por un lado, y por las experiencias de mandatarios, por el otro. Eso refuerza, adicionalmente, su idea de ser alguien realmente excepcional en tiempos ciertamente extraordinarios.
En la historia política estadounidense Trump fue apenas el segundo presidente que resultó re-electo para un segundo mandato no consecutivo: Grover Cleveland lo fue, primero, en 1885-1889, y cuatro años más tarde, en 1893-1897. Cleveland fue hasta el momento el único presidente Demócrata que lo logró, Trump es el primer presidente Republicano que lo alcanzó. Del pasaje del siglo XIX al XX, Trump admira al presidente William McKinley (1897-1901). Aquel mandatario fue defensor acérrimo de los aranceles con el propósito de proteger a la incipiente industria nacional frente a la competencia extranjera. A su vez, fue un gobernante expansionista; así, anexó Hawái, adquirió Puerto Rico, Filipinas y Guam, ocupó temporalmente Cuba, y planificó el Canal de Panamá. Como McKinley, pero en un contexto histórico mundial y nacional muy distinto, Trump impone arbitrariamente aranceles por doquier a más de un centenar de país. También con la avidez de McKinley, aunque en un escenario internacional diferente, ensaya recobrar el Canal de Panamá, anexar Canadá, y apropiarse de Groenlandia. Es importante tener en cuenta que, según el Artículo 4 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Groenlandia queda comprendida en los límites del TIAR.
En términos más contemporáneos, sus afinidades auténticas han sido con el presidente Richard Nixon y el presidente Ronald Reagan. El primero fue fundamental en la ruptura entre la República Popular de China y la Unión Soviética; el segundo acuñó el principio de “paz a través de la fuerza”. A Trump lo han cautivado ambos. Hoy procura que Moscú se distancie de Beijing y presume que sus acciones y gestos bélicos—para el caso, contra Irán y Venezuela—reflejan el precepto reaganiano.
Este conjunto de ideas, factores, líderes, políticas y medidas constituyen una suerte de código operativo que ha guiado a Donald Trump; en especial en su segunda administración. Una mezcla de excepcionalidad, proteccionismo, expansionismo, instrumentación de la fuerza, ambición de grandeza mundial, salpicado de imprevisibilidad, arrogancia y desmesura caracterizan su modo de aproximarse a lo internacional.
La suzeranía
El concepto de suzeranía ha sido rehabilitado de acuerdo a recientes debates en virtud del tema sobre el retorno de los Estados vasallos. A diferencia de la soberanía, que presume una relación formalmente horizontal entre países que la poseen– así en la práctica efectiva exista una disparidad elocuente entre unidades que las pueden preservar y aquellas que no la pueden garantizar–, la suzeranía, por definición, implica un vínculo vertical y jerárquico. Hay un poder superior—el suzerano—y una entidad inferior carente de autoridad e independencia plena. Se trata de un esquema amo-súbdito. Distintas modalidades de estructuras feudales medievales, de variedades de imperio, y de sistemas coloniales han reproducido tal modo de vinculación.
Básicamente, una determinada comunidad política se subordina a otra. Prevalece un señor y un vasallo. Una relación de vasallaje indica una condición de dependencia y un estado de fidelidad a un poder superior que, por ejemplo, garantiza, a cambio, apoyo político y defensa militar. Esa relación remite a una situación asimétrica consentida o forzada: el vasallo tributa al poderoso a la espera de algún tipo de protección y/o limitada autonomía. No se trató, a lo largo de la historia, de una anexión del vasallo o de su administración directa; más bien predominó una especie de dependencia flexible y adaptable. En la actualidad, para algunos estudiosos la suzeranía no perdió vigencia ya que han reaparecido intentos de relaciones neocoloniales y formas implícitas de tutelaje internacional. Las tentaciones imperiales no han cedido y los formatos de subordinación no han desaparecido. La suzeranía no es hoy una figura legal, pero si persiste en tanto signo político que ha recobrado importancia.
El anacronismo
Dicho todo lo anterior, parece importante efectuar un análisis preliminar de las referencias acerca de América Latina y el Caribe en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de Estados Unidos. Un telón de fondo—en términos de presupuestos—guía mi argumento.
En términos generales:
*Asistimos a una fase inicial de un orden internacional no hegemónico en el que ni Estados Unidos tiene la capacidad y la voluntad de ejercer una hegemonía plena, ni China tiene los recursos y la disposición para ello. Beijing no está en condiciones de sustituir a Washington ni de ejercitar un liderazgo global. Estamos entonces ante un orden fluido, intrincado y contencioso, sin un desenlace pre-determinado.
*El corto ciclo de la llamada Posguerra Fría, cuya premisa fundamental era una situación de unipolaridad, ha culminado. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022, el ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel y la feroz respuesta del gobierno de Netanyahu en 2023 y la elección de Trump II en 2024 simbolizan ese final que se vislumbraba ya con el estallido de la crisis financiera de 2008 y la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Washington ya no puede moldear unilateralmente el sistema mundial, entre otros acontecimientos relevantes. De la expansión, esencialmente militar, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha venido replegándose producto de significativos fracasos que han sido aprovechados por contendores de peso, potencias emergentes y actores no estatales de diversa índole.
*En cuestiones tales como la legalidad del uso de la fuerza, las normas del comercio mundial, la relevancia del multilateralismo, el valor del desarme y la protección ambiental, el segundo gobierno de Donald Trump se asemeja más a un “Estado revisionista”—insatisfecho, oportunista, agresivo, maximalista–que a un Estado proveedor de reglas, principios y valores a favor de la estabilidad, la distensión y la convivencia. La reputación y credibilidad de Estados Unidos venía erosionándose por años; con Trump II se ha horadado aún más.
En términos de la ESN 2025:
*La primacía estadounidense ha sido la estrategia internacional prevaleciente desde la ENS 2002: a partir de entonces Washington no tolera la existencia de un eventual poder de igual talla. Sin embargo, la versión más ofensiva y ambiciosa de esa estrategia es insostenible en el actual cuadro mundial. Entonces, Estados Unidos pretende ahora preservar una suerte de primacía “a bajo costo”: el rival principal es indudablemente China, pero los aliados tradicionales (Europa) deben asumir sus responsabilidades a cuenta propia, los hotspots como Medio Oriente deben estabilizarse con el aporte de actores no disruptivos, y la globalización debiera revertirse a favor de Washington para re-industrializarse y salvaguardar los intereses nacionales, entre otros.
*Un asunto conceptual relevante que atraviesa la Estrategia y se repite es el de soberanía: la soberanía, lo soberano se invoca en 15 oportunidades. Varias presunciones parecen guiar semejante énfasis: a) la creencia de que en el mundo actual una visión soberanista absoluta es factible y viable; b) el desconocimiento de una agenda compleja de temas múltiples que recorre el planeta y que requieren respuestas coordinadas, equitativas y efectivas; c) la falta de reconocimiento del debilitamiento del Estado—incluso en Estados Unidos—y el creciente poder de actores no estatales legales (por ejemplo, las grandes tecnológicas) e ilegales (por ejemplo, las organizaciones criminales) que condicionan, y hasta restringen, el accionar soberano de los gobiernos; y d) la confianza tácita en el musculo militar (término que se utiliza 34 veces) como garantía del ejercicio de la soberanía en medio de transformaciones notables de distinto tipo que son escasamente evaluadas en el documento.
*A diferencia de las estrategias pos-11/9 en las cuales el lugar de América Latina y el Caribe oscilaba entre ser secundario o marginal, en la ESN 2025 es prominente, casi prioritario, el espacio y el papel de la región. Esta singularidad obedece a la disputa central de Estados Unidos con China y al hecho de que la reafirmación de su proverbial esfera de influencia en Latinoamérica es clave para: a) recuperar la iniciativa en una región que supo conocer la hegemonía de Washington; b) no mostrar debilidad en su otrora “patio trasero”; c) movilizar recursos internos para asegurar su control en el área; y d) emitir una señal geopolítica mediante la cual el hipotético éxito de Estados Unidos en esta parte del mundo confirmaría que la primacía “a bajo costo” puede funcionar.
A partir de lo expresado, haré una lectura de algunos de los apartes centrales de la Estrategia en los que se menciona—5 de las 29 páginas se le dedican–a América Latina y el Caribe.
De entrada la ESN 2025 asevera que “tras años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe con el fin de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental (América Latina y el Caribe) y proteger nuestro territorio y nuestro acceso a zonas geográficas clave en la región”. La novedad es la incorporación de aquella doctrina en un documento oficial trascendente, no el hecho de que se enuncie por primera vez en una administración del presidente Trump. En efecto, en la alocución de septiembre de 2018 ante Naciones Unidas, Trump I le recordó al mundo: “la política formal de nuestro país desde el presidente Monroe ha sido rechazar la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos”. Su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y su secretario de Estado, Rex Tillerson, citaban con orgullo los principios enunciados por James Monroe en 1823.
Ello, a su turno, revertió otro anuncio: en noviembre de 2013 en un discurso ante la Organización de Estados Americanos, el secretario de Estado, John Kerry, de la administración del presidente Barack Obama, aseveró: “the era of the Monroe Doctrine is over”. Un gobierno demócrata (Obama) proclamó el ocaso de la doctrina; un gobierno republicano (Trump I) la reinstaló; otro gobierno demócrata (Biden) no la mencionó (y tampoco la sepultó); y un nuevo gobierno republicano (Trump II) la elevó a una causa de valor estratégico para Estados Unidos a más de dos siglos de su promulgación.
Ahora bien, es importante evitar confusiones: no es que los demócratas son anti-Doctrina Monroe y los republicanos pro-Doctrina Monroe. Si bien hay algunas divergencias en tono y estilo, demócratas y republicanos—desde Obama II hasta Trump II—han reorientado la estrategia general de Estados Unidos en la dirección de contener, y de ser posible, revertir, la proyección de poder de China en los asuntos internacionales. Para las elites y estrategas estadounidenses lo crucial fue y es alistar a Latinoamérica y el Caribe para poner frenos, resistencias y rechazos a la presencia básicamente económica y diplomática de Beijing en la región. Para los demócratas, por ejemplo, algunos valores compartidos como la democracia y el acumulado (el flujo) de la presencia material histórica de Estados Unidos en el área sirven para re-impulsar las relaciones interamericanas y contribuir a limitar el impacto chino en Suramérica, en particular. Para el trumpismo, hoy hegemónico en el partido Republicano, las motivaciones geopolíticas y las demostraciones concretas de fuerza en el área son primordiales para movilizar a sectores ideologizados de Latinoamérica y para obstaculizar una mayor presencia china. No se trata de ser “apreciados” por los latinoamericanos y caribeños, sino ser “compelidos” a seguir a Washington en su propósito. No al azar, la ESN 2025, destaca la importancia de “reclutar” a la región y de “expandir” las alianzas políticas.
Quizás los ecos del poco citado Memorándum que elaboró el destacado George Kennan—artífice notable de la trascendental “doctrina de la contención” de la Unión Soviética—en 1950 siga teniendo vigencia para algunos tomadores de decisión en Washington a pesar del tiempo ya transcurrido. Kennan señaló entonces que el mensaje que los funcionarios debían ofrecer a los gobiernos del área era el siguiente: “Es importante para nosotros tener presente en todo momento, para nosotros mismos y para los pueblos de América Latina, la realidad de la tesis de que somos una gran potencia; de que, en general, necesitamos mucho menos de ellos de lo que ellos necesitan de nosotros; de que estamos plenamente dispuestos a dejar por su cuenta a quienes no manifiesten un deseo particular por las formas de colaboración que tenemos para ofrecer; de que el peligro de no agotar las posibilidades de nuestra relación mutua siempre es mayor para ellos que para nosotros; de que podemos permitirnos esperar, con paciencia y buen ánimo; y de que nos preocupa más ser respetados que ser queridos o comprendidos.” Probablemente, figuras claves de la administración Trump concuerden con aquel mensaje.
Asimismo, la ESN 2025—en cuanto a Latinoamérica y el Caribe–va más allá de explicitar la Doctrina Monroe. A los fines de imposibilitar que “competidores” amenacen, mediante la posesión o el control, los “activos estratégicamente vitales de nuestro (negrilla personal) hemisferio”, se implementará el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” como una forma de “restauración sensata y firme del poder y las prioridades estadounidenses, de acuerdo a los intereses de seguridad de Estados Unidos”. Por supuesto que el competidor es China que—subrayo–a esta altura no ha buscado provocar a Estados Unidos en el continente, ni parece dispuesto a hacerlo pues su proyección de poder en la región es importante pero de ningún modo dominante, integral y decisivo. Beijing no ha puesto en duda la preponderancia militar absoluta de Washington en el área ni está en capacidad de competir con Estados Unidos en ese ámbito. A su vez, la autoasignación de que América Latina y el Caribe constituyen, de acuerdo a la nueva estrategia estadounidense, su “hemisferio” es solo una demostración irrespetuosa de prepotencia indisimulada.
Concomitantemente, no se especifica en el documento qué es el “Corolario Trump”:¿una recreación del “Corolario Roosevelt” formulado en 1904? ¿una vuelta a la “diplomacia de las cañoneras”? ¿una renovada “diplomacia del garrote”? ¿el preanuncio de una amenaza recurrente al uso directo de la fuerza sin ninguna legitimidad basada en el derecho internacional? ¿un precepto para la injerencia manifiesta y corrosiva en los procesos electorales de los países del área? ¿la instalación de un esquema habitual de sanciones comerciales, financieras, migratorias y personales? Nada de lo hecho hasta la fecha por Trump en relación a América Latina y el Caribe ha sido muy edificante. Las ejecuciones extra-judiciales en el Caribe y el Pacífico parecen la crónica de lo que vendrá: en Washington pueden sentirse satisfecho por la fragmentación de los gobiernos del área y su incapacidad de impugnar colectiva y severamente los asesinatos marítimos. Pero, difícilmente quede en el olvido de la región la aplicación de la pena de muerte en las cercanías de Venezuela, Centroamérica, el Caribe insular, Colombia y México.
La ESN 2025, que será seguida por el próximo anuncio de la Estrategia de Defensa Nacional, apunta, en particular, a “controlar la migración (y) a poner fin al tráfico de drogas”. Se conoce, por una parte, lo abusivo de las deportaciones masivas que han venido aplicando Obama I (3.1 millones), Obama II (2.1 millones), Trump I (1.3 millones), Biden (4.5 millones) y Trump II (aproximadamente 400.000 a la fecha): parece existir un consenso implícito en Estados Unidos respecto a la mano dura en materia migratoria. A su vez, nuevamente se ha comprobado lo ineficaz que ha sido el involucramiento del Comando Sur en materia de la política anti-drogas. De acuerdo al saliente Comandante de SouthCom, Alvin Holsey, “más de 3.200 envíos marítimos de drogas se dirigieron a Estados Unidos en 2024; pero solo se pudo interceptar el 9% de esos envíos”. Un ejemplo más de la largamente fallida “guerra contra las drogas”.
Paralelamente, la Estrategia asegura que “Estados Unidos debe reconsiderar su presencia militar en el hemisferio occidental”. Para ello, es necesario un “reajuste” del despliegue militar mundial, alejándose “de los teatros de operaciones cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido.” En ese sentido, se le asignarán nuevas tareas a la Guardia Costera y a la Armada. Así, y de ser necesario, se contempla “el uso de la fuerza letal para sustituir la estrategia exclusiva de aplicación de la ley que ha fracasado en las últimas décadas.” En ese marco, y sin especificar el modo y alcance, se destaca “el establecimiento o la ampliación del acceso a lugares de importancia estratégica”. En resumen, se refuerza la política de militarización externa—el involucramiento de los militares en cuestiones de seguridad interna—mediante una hiper-militarización: mayor participación directa de las fuerzas armadas estadounidenses en asuntos de orden público y más presencia en aquellos países dispuestos a conceder espacios para que los militares estadounidenses tengan “acceso” al combate contra las drogas y los migrantes. Habrá que observar si dicho “acceso” deriva en el establecimiento o arrendamiento de bases en el área; en especial en América del Sur donde, por el momento, esa no ha sido posible.
También, se le otorga un lugar a los vínculos comerciales, pero aclarando que “nos esforzaremos para fortalecer nuestras alianzas en materia de seguridad, ya sea mediante la venta de armas, el intercambio de información o la realización de ejercicios conjuntos.” Probablemente, tal como ocurrió con Trump I, Trump II pretende vender masivamente armamentos y es factible que haya identificado a la región como un mercado atractivo que, históricamente, ha adquirido más armas de Estados Unidos que a cualquier otro país occidental y muchísimos más que los que han provisto conjuntamente Rusia y China. La preponderancia militar de Estados Unidos ha sido y es un dato incuestionable por más que, de tiempo en tiempo, se agite en el ejecutivo, el legislativo y en los principales think-tanks alrededor de Washington el “fantasma” de la avalancha militar de Beijing o de Moscú en la región. La “inflación” de la amenaza militar china o rusa en América Latina y el Caribe no se condice con la realidad; una realidad en la que Estados Unidos sigue siendo “el socio preferido” en materia militar para la inmensa mayoría de los países del área.
Finalmente, la importancia de la región para Washington radica, entre otras, en el hecho de que “alberga numerosos recursos estratégicos”. Tanto el Consejo de Seguridad Nacional como la comunidad de Inteligencia identificarán los principales “puntos estratégicos” al respecto. En esa dirección y en este frente, el apoyo estadounidense a las naciones dependerán “de la reducción de la influencia hostil exterior” en temas como puertos, infraestructura, compra de activos estratégicos, etc. En consecuencia, Washington debe “hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructuras en la región”. La “influencia hostil exterior” se refiere a China. Es decir; sin comprometerse en nada concreto y después de años de desdén estadounidense hacia América Latina y el Caribe–que conoció la llegada de inversiones, comercio y asistencia china–, los países del área deberían en la actualidad limitar o cortar sus vínculos provechosos con Beijing.
Ahora bien, el Export-Import Bank estadounidense anunció recientemente que promoverá inversiones por unos US$ 100.000 millones para asegurar el acceso a los llamados materiales críticos: los créditos iniciales serán para proyectos en Egipto, Pakistán y Europa. No se identifica a ningún país de América Latina. En el caso particular de la Argentina, según dicho banco, no tendría acceso a créditos para proyectos de hasta un año, de entre 1 y 7 años y más allá de 7 años: habrá que ver si se produce alguna excepción—una dispensa–para el gobierno de Milei, activamente alineado con Estados Unidos. Cabe recordar, asimismo, que las cuatro declaraciones sobre compromisos comerciales con la Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, anunciadas en noviembre, evidenciaron que: a) las obligaciones son mayores para esos cuatro países que para Estados Unidos y b) Washington logró imponer una revisión arbitraria de reglas de juego sin costo alguno. No debe sorprender entonces que en su comunicación del 2 de diciembre de este año a raíz del aniversario de la Doctrina Monroe, Trump subrayó que esos cuatro preacuerdos le permiten a Estados Unidos un “acceso a los mercados (de esas naciones) más ágil” y, por ende, más beneficioso para los empresarios de su país. No hay nada simétrico que se derive de la Doctrina Monroe.
Según sugiere la Estrategia, y como ocurrió en la Guerra Fría, tanto en la región como en el resto del mundo, “los países deben elegir si quieren vivir en un mundo liderado por Estados Unidos…o en un mundo paralelo en el que están influenciados por países situados al otro lado del globo.” Si antes fue explícitamente la Unión Soviética, ahora se trata tácitamente de China. Los múltiples costos políticos, económicos e institucionales que padeció Latinoamérica durante la contienda entre Washington y Moscú fueron enormes; la región no necesita una segunda Guerra Fría en momentos muy complicados para el área y más peligrosos para el mundo. En ese contexto, es importante entender que América Latina no puede ni debe permitir que la coloquen en situación de tener que elegir entre plegarse a Washington pues Trump lo exige o enfrentar la ira descontrolada e improcedente de Trump. Esa dinámica es la receta segura para una mayor inestabilidad y una menor prosperidad en la región.
A modo de coda
La ENS 2025 es una pieza relevante que guiará conceptualmente la política exterior y de defensa de Estados Unidos: por eso mismo debe ser seriamente considerada. En dicha estrategia, el lugar de América Latina y el Caribe es inusualmente importante si se la compara con otros documentos similares del siglo XXI. Estar prominentemente en el radar de Washington no es ni un logro ni un beneficio; lo está en función de la disputa de Estados Unidos con China. Eso coloca a la región en medio de una contienda que es inconveniente para los intereses latinoamericanos y caribeños. Aceptar resignadamente ser ubicados en el centro de una pugna no generada por la región es un error estratégico mayúsculo. América Latina y el Caribe requieren más distensión internacional.
El presidente Trump, a través de esta nueva estrategia y en lo que hace a la región, refleja su ofuscación con China y su anhelo de ser el amo del área. El documento divulgado trata a Latinoamérica como un espacio a ser tutelado y que debe subordinarse a Estados Unidos. En Washington hay una incomprensión manifiesta: la región tiene capacidad de agencia, aún ambiciona tener márgenes de autonomía relativa y necesita diversificar aún más su inserción mundial en medio de un traslado del locus de poder, prestigio e influencia de Occidente en la dirección de Asia, en su conjunto. El pensamiento estratégico en Estados Unidos, expresado en la ENS 2025, pretende ser novedoso y presume la reconfiguración del mundo de manera notable. En realidad, el texto tiene múltiples lugares comunes y un conjunto de ideas dispersas caracterizadas por argumentos grandilocuentes sobre Estados Unidos mismo. Una lectura completa del documento muestra rasgos incongruentes que, de hecho, manifiestan la enorme dificultad estadounidense de adaptarse a un mundo que ya no puede moldear a plenitud. Hoy prevalece la difusión de poder, la diversidad cultural, la pluralidad de creencias, el extendido malestar social y la multiplicidad de retos compartidos. En esencia, la ENS 2025 comprueba, una vez más que es tenaz la resistencia al cambio y al ajuste en Estados Unidos.
Resumiendo, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos nos pinta un Trump con apetito de ser un suzerano en América Latina y el Caribe y, que, al mismo tiempo, retrata su pensamiento anacrónico.
Pampa Azul, la iniciativa argentina más ambiciosa y reconocida a nivel nacional, regional y mundial en el campo de la investigación científica marina, ha sido paralizada, desarticulada y desfinanciada por el gobierno de Javier Milei. La saña cientificida del “topo que vino a destruir el Estado desde adentro” ha dejado a la deriva proyectos científicos que fueron impulsados desde distintos ministerios, organismos científicos y universidades. Con tal decisión, la Argentina ha sido privada de un instrumento fundamental para su desarrollo científico, para el aprovechamiento sustentable de los recursos del mar y para la consolidación de la soberanía sobre los espacios marítimos argentinos.
A Pampa Azul no solo la sometieron a una situación de inanición, como en general hizo el gobierno libertario con el conjunto del sistema científico argentino, sino que además la privaron del rol de coordinación y articulación que potenciaba la acción interministerial ¿Cómo lo concretaron? Mediante un procedimiento sumarísimo: pusieron fin a las reuniones del Consejo Interministerial y pasaron la motosierra a los recursos presupuestarios que dispone la Ley 27.167, más conocida como Ley PROMAR (Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos), que financiaba los proyectos.
El daño es inconmensurable. La iniciativa fue un multiplicador de recursos en tanto permitía que cada ministerio y cada institución interviniente dispusiera de sus conocimientos, equipos profesionales y técnicos, capacidades logísticas y equipamiento en función de proyectos compartidos que, al mismo tiempo, contaban con recursos específicos de PROMAR. Se trataba, en ese sentido, de una experiencia que promovía la consolidación de los programas y proyectos de cada área del Estado en materia de investigación científica marina y de cooperación a nivel nacional, regional e internacional a la vez que eran potenciados por la articulación interinstitucional y mayor disponibilidad de recursos.
Peor que la motosierra, la demolición
En uno de sus últimos informes ante el Congreso de la Nación, el entonces Jefe de Gabinete de Ministro Guillermo Francos confirmó la paralización y el desfinanciamiento de la iniciativa interministerial. En abril de 2025, en respuesta al requerimiento de legisladores de Unión por la Patria sobre la situación de la Pampa Azul y la ejecución de PROMAR, reconoció en el Informe 142 (página 889) la parálisis al señalar que “cabe destacar que durante el primer semestre de 2024 no se celebró ninguna reunión en el marco de los distintos Consejos que componen la Iniciativa Pampa Azul ya que se priorizó realizar un reordenamiento y saneamiento de los proyectos en ejecución”, para luego informar que hubo una sola reunión realizada a casi un año del inicio de la gestión mileista: “La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología informa que el 28 de noviembre de 2024 se celebró la Primera Reunión Ordinaria del año del Comité Interministerial de la Iniciativa Pampa Azul, con el fin de nombrar a los nuevos representantes institucionales del citado Comité como así también conocer las prioridades de financiamiento de cada una de las instituciones que integran Pampa Azul para el fortalecimiento de la investigación científica tecnológica en nuestro Atlántico Sur”. Fue la primera y última reunión realizada en casi dos años de gobierno.
En relación con la aplicación de los fondos de la Ley 27.167, el informe pretendió justificar el desfinanciamiento con un argumento insostenible: “Como es de público conocimiento, la Administración Pública Nacional se encuentra trabajando con el presupuesto prorrogado del año 2024”, afirmó. Cabe ser recordado que las prórrogas de los presupuestos en los años 2024 y 2025 fueron a instancias del propio oficialismo y que en el presupuesto prorrogado se encontraban las partidas con destino a PROMAR-Pampa Azul.
Lo paradójico es que la misma Jefatura de Gabinete (JGM) invoca a Pampa Azul cuando tiene que responder a los planteos de la oposición sobre cómo enfrenta el gobierno de Milei la presencia de buques extranjeros en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina. En el Informe 143 (página 187), de junio de 2025, la JGM afirmó que “Es importante enfatizar que todo desarrollo normativo o político de ordenación de la actividad pesquera en el área adyacente a la ZEEA debe necesariamente contar con un sólido respaldo científico. La República Argentina cuenta con instituciones de ganado prestigio en investigación científica marina y pesquera. Asimismo, cuenta con un esquema de coordinación de esfuerzos interinstitucional e interministerial con la Iniciativa Pampa Azul”. Se trata de la misma Iniciativa Pampa Azul que en su informe anterior Francos reconocía paralizada.
Lo que ha logrado sobrevivir al naufragio de Pampa Azul provocado por el mileismo, son los proyectos sostenidos por algunas instituciones científicas o universitarias a pesar de los salvajes recortes presupuestarios. En otros casos, se trata de proyectos financiados desde el exterior por instituciones frecuentemente vinculadas a intereses geopolíticos de las potencias del Norte Global.
La demolición de Pampa Azul se produce en el marco general de las orientaciones de la política mileista en los campos de ciencia y tecnología, relaciones exteriores, defensa y seguridad, en los que se imponen la subordinación a Estados Unidos, el extremismo ideológico, el favorecimiento de intereses de grandes grupos corporativos y la privatización y extranjerización del control de los espacios marítimos y fluviales.
Primer Congreso de Pampa Azul,Mar del Plata, noviembre de 2023 (Foto Pampa Azul)
La desarticulación y parálisis de la Iniciativa Pampa Azul se ve reflejada en su portal oficial: la última publicación data del 1° de diciembre de 2023, da cuenta del lanzamiento del documental Georgias, la cordillera sumergida, sobre la campaña científica a las Islas Georgias del Sur realizada durante la gestión anterior. Entre las últimas noticas se destaca la concreción del Primer Congreso de Pampa Azul que convocó a más de 650 participantes en la ciudad de Mar del Plata en noviembre de 2023. Los contrastes con la situación actual resultan más que evidentes.
Ciencia al servicio de la soberanía nacional
La relevancia de la Iniciativa Pampa Azul está estrechamente vinculada con su misión: la articulación de “las acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales, incluyendo el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar, la conservación, así como el uso sostenible de los bienes marinos, incluida la creación y gestión de áreas marinas protegidas”.
Como recuerda el Dr. Juan Emilio Sala, ex Coordinador del Consejo Asesor Científico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Iniciativa Pampa Azul durante la gestión peronista, “La Iniciativa Pampa Azul comenzó a implementarse en la Argentina en abril de 2014 mediante un acuerdo entre siete ministerios nacionales (Ciencia; Ambiente; Agricultura, ganadería y pesca; Turismo; Cancillería; Defensa; Seguridad)”. La articulación se corresponde con el enorme desafío que tiene la Argentina de conocer e incorporar a sus espacios marítimos a un proyecto de desarrollo nacional: nuestro país cuenta con un litoral marítimo de 4.725 kilómetros de longitud, que se suma a los 11.325 kilómetros de las costas de la Antártida Argentina e islas australes. De los 6.683.000 km2 que representan los espacios marítimos argentinos continentales, insulares y antárticos, la plataforma continental argentina sólo del continente americano e insular ocupa 3.744.000 km2, lo que equivale al 56% de los espacios marítimos totales.
La demolición de Pampa Azul ya fue intentada antes por otro gobierno de derecha. La primera parálisis ocurrió durante la presidencia de Mauricio Macri, extendiéndose entre finales de 2017 y finales de 2019. Fue resucitada durante la presidencia de Alberto Fernández, con el relanzamiento en julio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, y adquirió una fuerte dinámica de trabajo hasta diciembre de 2023.
En esta etapa, tras un llamado a la presentación de proyectos fueron evaluadas 99 iniciativas presentadas, resultando seleccionados 32 proyectos presentados por instituciones científicas y tecnológicas con sede en las cinco provincias del litoral marítimo argentino, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en esa oportunidad, la Iniciativa Pampa Azul no se cirscuncribía solo a estos proyectos, sino que incluía a todas las actividades científico-tecnológicas que realizan las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI) en los espacios marítimos argentinos.
Dos ejemplos del poder de la articulación
Ejemplo del impulso articulador de Pampa Azul fue la campaña de investigación científica marina a las Islas Georgias del Sur, realizada entre el 27 de febrero y 3 de abril de 2023, que involucró al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El INIDEP aportó el buque de Investigación Pesquera Oceánica (BIPO) Víctor Angelescu, sus equipos de investigadores y técnicos, y sus laboratorios; la Cancillería tuvo a su cargo la gestión diplomática para la concreción de la campaña en el marco de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA) –con comprometidos aportes de la Dirección de Política Exterior Antártica, de la Coordinación de Políticas Oceánicas del Atlántico Sur y de la Dirección de Malvinas- y aportó investigadores del Instituto Antártico Argentino (IAA); y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación participó activamente en su rol de coordinación de la Iniciativa Pampa Azul y administrador de los fondos de PROMAR.
El BIPO Víctor Angelescu en las Islas Georgias del Sur, 2023 (Foto: Cancillería Argentina)
La campaña permitió, según informaron las instituciones intervinientes, que “especialistas del INIDEP y del Instituto Antártico Argentino (IAA) estudiaran diversos aspectos del ecosistema de las plataformas de las islas subantárticas como la comunidad de peces y de invertebrados bentónicos, el zooplancton, el bacterioplancton y el fitoplancton. Asimismo, realizaron un detallado estudio del ambiente marino, a partir de la caracterización de las masas de agua, la distribución de nutrientes y las variables asociadas a los procesos de acidificación oceánica”. Pero, además de esos logros científicos, la campaña también tuvo un sentido geopolítico: en el marco del estricto cumplimiento de la Convención CRVMA, el pabellón argentino volvió a flamear en aguas argentinas usurpadas por el Reino Unido. La relevancia diplomática de la campaña quedó evidenciada por el seguimiento que un patrullero británico realizó al Angelescu durante su itinerario en torno a las islas Georgias.
Otro ejemplo destacable ha sido el proceso de Planificación Espacial Marina (PEM), que la Argentina desarrolló bajo la órbita de la Iniciativa Pampa Azul entre agosto de 2022 y diciembre de 2023. Como sostiene el Dr. Juan Emilio Sala, “la PEM es un proceso público de análisis y mapeo de la distribución espacial y temporal de las actividades humanas en áreas marinas para alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales” que “impulsó un proceso de Planificación Espacial Marina (PEM) de carácter multisectorial, ecosistémico y participativo”.
Para ello, se conformó una mesa de trabajo ad hoc bajo el Comité Interministerial de Pampa Azul, integrando investigadores, técnicos y funcionarios de diversas instituciones gubernamentales. El objetivo de este grupo coordinador fue “ordenar y conciliar los usos y actividades humanas en el Mar Argentino, brindando previsibilidad a los diversos aprovechamientos actuales y futuros, atendiendo simultáneamente a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos marinos”.
A partir de los aportes de información y conocimiento técnico de diversos actores institucionales y mediante reuniones sectoriales, organismos como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Energía, la Dirección de Intereses Marítimos de la Armada Argentina, la Prefectura Naval, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y el Servicio de Hidrografía Naval, entre otros, contribuyeron con datos clave de sus respectivas áreas de competencia, entre otros.
Destaca el Dr. Sala que “estos insumos incluyeron información espacial y estadística sobre los distintos usos del mar (pesca comercial, transporte marítimo de pasajeros y carga, cables de comunicaciones submarinos, exploración y explotación hidrocarburífera, defensa, conservación, investigación científico-marina, entre otros), la cual fue estandarizada temporalmente para un análisis estacional completo”.
La Provincia de Buenos Aires se hace cargo
Ante la deserción por parte del gobierno de Milei de las obligaciones institucionales y legales en relación con Pampa Azul y PROMAR, la Provincia de Buenos Aires ha asumido el impulso de la iniciativa a partir del lanzamiento del Programa Pampa Azul Bonaerense. Desde el gobierno provincial sostienen que se trata de “un programa de gestión integral marino–costera que busca proteger, restaurar y poner en valor los bienes comunes naturales de los 1.200 kilómetros de litoral bonaerense. Pampa Azul fue creada en 2014 por el Gobierno Nacional, y luego de ser interrumpida, desde la Provincia de Buenos Aires retomamos esta política estratégica para articular ciencia, tecnología, comunidades y gestión pública en favor del desarrollo sostenible de nuestro mar y nuestras costas”.
Con la creación de este programa en el ámbito del Ministerio de Ambiente, la Provincia de Buenos Aires ha dado una clara señal de compromiso con un desarrollo científico, económico y ambiental soberano en los espacios marítimos argentinos. Se trata de una acción que interpela al gobierno de Javier Milei y marca un hito fundamental para la futura recuperación de Pampa Azul como un instrumento clave para el desarrollo nacional.
El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), que fue creado en Montevideo en 1941, aglutina a las empresas que adscriben al liberalismo dependiente de los Estados Unidos. En nuestro país es supervisado por la Embajada y por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), de allí que sus autoridades participen desde que se creó y todos los años en la conmemoración de la independencia el 4 de julio.
Adrián Werthein, quien preside el Congreso Judío Latinoamericano e integra el Congreso Judío Mundial, estuvo al frente del CICYP desde 2015 hasta 2018. Luego fue reemplazado por Daniel Funes de Rioja (UIA), y durante el período 2022-2025 el presidente fue Marcos Pereda por la Sociedad Rural Argentina. Y desde mayo de este año hasta 2029, el mandato es de Bettina Bulgheroni representando a la Cámara Argentina de Comercio. Está acompañada como vicepresidentes por Eduardo Eurnekian, Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Martín Rapallini (UIA) y Nicolás Pino (SRA).
En ese ámbito, el inefable Luis Caputo sostuvo el 3 de diciembre de 2025: “Ya tenemos una oferta de cinco bancos internacionales para prestarnos un Repo[1] por al menos 7.000 millones de dólares. Eso nos permitirá recomprar deuda, para acelerar la baja del riesgo país».
Primero, recurren constantemente al endeudamiento. Segundo, necesitan ese «Repo» porque en enero de 2026 vencen deudas con organismos internacionales (incluido el FMI) y títulos Bonar y Global por 5.900 millones de dólares. Y en tercer lugar, pagaron el viernes 28 de noviembre de 2025 deuda en BOPREAL[2] por 1.006 millones de dólares, un monto que salió de la cuenta corriente que tienen los bancos en el BCRA (encaje por los depósitos en dólares de sus clientes) y que deben cubrir con esa deuda.
Cifras coherentes con el informe del FMI de noviembre 2025, en el que se explicita que las reservas internacionales del BCRA son negativas en 16.000 millones de dólares.
Sin embargo, en la reunión con el CICYP, Luis Caputo dijo que este gobierno compró más reservas que ninguno, olvidándose de aclarar que es todo deuda (FMI, Banco Mundial, BID, Repo) y que las reservas internacionales son negativas porque pasaron la deuda en pesos por déficit fiscal y déficit cuasi-fiscal (Leliq y otros encajes remunerados) de la gestión de Alberto Fernández a deuda en divisas. El objetivo de esta maniobra es que la parte rica de la población (uno de los lugares de reunión es el CICYP) compre esos dólares. Esto explica el apoyo de los ricos de este país al modelo económico impuesto.
Es más, para sostener el precio del dólar (aumentar la oferta en el mercado cambiario local), el gobierno necesita que las compañías privadas sigan endeudándose en dólares y vendiéndole esos dólares al Banco Central. Hasta marzo de 2025, según la Comisión Nacional de Valores, las empresas argentinas YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas, TGS, Capex, Irsa, Cresud, Telecom, Edenor, Genneia, etc., colocaron obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones. Y retomaron el endeudamiento tras las elecciones del 26 de octubre de 2025 por un total de 3.092 millones de dólares más, a lo que debe agregarse la colocación de títulos de deuda en dólares de las provincias argentinas.
Balance cambiario
Según la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), el total de activos declarados en el “blanqueo de capitales” realizado en el año 2024 asciende a 32.170 millones de dólares, de los cuales ingresaron en divisas al país 20.631 millones, depositados en 330.000 cuentas especiales de regularización de activos (CERA).
A través de estimaciones de organizaciones como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el gobierno nacional proyecta una cosecha de trigo récord de 25,5 millones de toneladas para la campaña 2025/2026, que significan no menos de 3.572 millones de dólares. E igual estiman una super cosecha gruesa en el año 2026.
Sin embargo, los dólares provenientes de la economía real y el endeudamiento general no son suficientes para atender la demanda persistente de la compra y fuga de divisas.
Y la explicación fundamental de la persistente demanda de divisas está en que los empresarios formadores de precios, desde el acero y el aluminio, el cemento, el combustible y la energía, los productos alimenticios (harinas, leche, aceite, carne y sus derivados, etc.), los productos de limpieza, los medicamentos, los grandes supermercados, etc., y los importadores de todo aumentan sus precios por encima del incremento del precio del dólar (carry trade), lo que les permite comprar la divisa.
La ganancia extraordinaria del empresariado más concentrado, que tiene mercados cautivos o semi cautivos donde fijan los precios, se debe no a las mayores ventas, sino a la reducción del costo laboral, dado que a los otros costos (esencialmente al financiero) lograron confiscarle parte de la super ganancia que obtuvieron durante la gestión del JP Morgan, encabezados por Luis Caputo.
El fuerte descenso de los salarios en general y en promedio, y la pérdida de empleo (público y privado) registrado (unos 253.000 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y octubre de 2025), más la suba persistente de los precios, generan una transferencia de ingresos de los asalariados a los no asalariados (esencialmente los formadores de precios), quienes compran dólares de manera persistente, como lo demuestra el balance cambiario del BCRA.
El balance cambiario del BCRA acumulado de diez meses de 2025 registra los flujos de divisas (moneda extranjera) que ingresan y egresan de un país, canalizados a través del mercado de cambios (bancos y casas de cambio autorizadas por el BCRA) y de las operaciones del Banco Central.
El que contabiliza el Balance Cambiario es el BCRA, y se centra en las operaciones de caja reales que efectivamente ingresan o salen del país a través del mercado de cambios (Mercado Único y Libre de Cambio, MULC) y el Banco Central de la República Argentina. En cambio, la balanza de pagos (que compila el INDEC) registra todas las transacciones económicas con el exterior devengadas (pagadas o no).
El balance cambiario del BCRA acumulado hasta octubre 2025 nos informa que las compras de las personas humanas sumaron 34.420 millones de dólares. Y las ventas de dólares de particulares y empresas totalizaron en el mismo lapso 7.348 millones de dólares, quedando un “déficit” de 27.072 millones de la moneda norteamericana.
Ese déficit se denomina FAE (Formación de Activos Externos) y es como se define la “fuga de capitales”; son dólares que salen de circulación en el mercado argentino.
En el mes de octubre 2025, el sector privado no financiero fue comprador neto de moneda extranjera por 3.575 millones de dólares en el mercado de cambios. Dentro de este grupo, las personas humanas fueron los mayores demandantes de moneda extranjera, registrando egresos netos por 5.068 millones de dólares, principalmente por compras netas de billetes sin fines específicos por 4.196 millones de esa divisa.
Pero en el acumulado de los diez meses de 2025, el monto comprado es de 34.420 millones de dólares. Paralelamente, en diez meses la cuenta intereses (público y privado) significó una erogación neta de 8.084 millones de dólares. Y los egresos netos por “turismo” (viajes y pasajes) alcanzaron 8.780 millones de dólares en el mismo lapso.
En síntesis
Las reservas internacionales netas del BCRA operan como un reaseguro financiero que permite actuar en momentos de tensión y asegurar liquidez en el sistema. De ahí que el FMI y los inversores externos sigan insistiendo en cómo se acumularán reservas en el presente y en el futuro inmediato. Problema que no les quita el sueño a los empleados del JP Morgan que dirigen el Ministerio de Economía y el BCRA, cuya principal función es asegurarles una renta financiera a sus mandantes por la diferencial entre la tasa de interés en pesos y el crecimiento del precio del dólar, que es el mecanismo de endeudamiento y a la vez control y reaseguro del precio de la divisa norteamericana.
La apariencia del plan es mantener el dólar estable y la inflación contenida, comprando reservas solo contra demanda genuina de dinero, sin recrear las montañas de pasivos monetarios ni atraer flujos golondrina que entran y salen, con lo que los empleados del JP Morgan proponen seguir apreciando el tipo de cambio, con bandas al 1% mensual y una tasa de interés arriba del 2,5% por mes, como hicieron en la renovación de los vencimientos de los títulos en pesos del 26 de noviembre de 2025 por 14 billones que se renovaron a distintos meses de 2026, incluso hasta principios del año 2027.
Mientras tanto, el dólar seguirá moviéndose dentro del esquema de bandas, alimentado por la avalancha de emisiones de deuda privada y de las provincias.
Piensan a la vez seguir cediendo nuestro patrimonio como hicieron con la concesión a 30 años de las centrales hidroeléctricas del Comahue por otros 30 años (Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila). Donde incluso se beneficia a grandes grupos locales, como es el caso del productor agropecuario Santos Uribelarrea y de Edison Energía S.A., de los hermanos Juan y Patricio Neuss y de Rubén Cherñajovsky. El total de la recaudación por la concesión de las cuatro centrales es de solo 665 millones de dólares, cuando por mes la deuda devenga intereses por 2.460 millones, suma que crece porque se paga menos de un tercio de los intereses que devenga.
La privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, de Correo Argentino, de AySA, de ENARSA, la concesión del ferrocarril Belgrano Cargas, de SOFSE, de los corredores viales, etc., autorizados por la ley 27.742 y otras que pretenden seguir sumando, son parte del pago de una deuda impagable. A su vez, la deuda (capital e intereses) que vence en divisas en el año 2026 es por 19.400 millones de dólares, y en 2027 por 14.800 millones, total de los dos años: 34.200 millones.
Por eso plantean en la Argentina, con fines recaudatorios, una reforma tributaria que contemple una nueva ley de perdón fiscal.
En la hermana México, oficialmente denominada Estados Unidos Mexicanos, no pudieron cambiar la legislación, pero la administración tributaria del gobierno central, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia en la facturación de las empresas, generó controles más estrictos para evitar la evasión fiscal, especialmente en lo relacionado con la verificación de domicilios fiscales. Así todas las empresas deben comprobar físicamente la existencia y operación de sus domicilios registrados con el fin de impedir el uso de prestanombres y empresas fantasma que simulan operaciones para evadir impuestos.
Su Presidenta, Claudia Sheinbaum, hablándole a su pueblo, el miércoles 3 de diciembre de 2025, y refiriéndose al dinero que el país recaudó en el año, hizo alusión a que se juntó casi la misma cantidad que la que el gobierno argentino le pidió prestada a Donald Trump. En ese sentido, enfatizó: “Para que tengan una idea, este año, la recaudación adicional es de cerca de 400.000 millones de pesos mexicanos (equivalente a unos 20.000 millones de dólares). ¿Saben cuánto le pidió la Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto. Nosotros lo recaudamos sin más impuestos, sencillamente, haciendo bien nuestro trabajo. Fueron 250.000 millones de pesos sólo de aduanas».
“Somos el movimiento popular que está en el poder, siempre cerca del pueblo. No renunciamos a los principios por los que hemos luchado; esa es la transformación”, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Obviamente, los beneficiarios del modelo impuesto se plantean cobrar con los recursos naturales y las empresas públicas que pertenecen al pueblo argentino presente y futuro, y no a la minoría parásita y rentista que ellos representan.
[1] Es una operación de financiación a corto plazo donde una entidad vende un activo financiero a otra con el compromiso de recomprarlo en una fecha futura y a un precio preestablecido. Este acuerdo funciona como un préstamo con garantía, donde el activo (títulos públicos o privados) se usa como respaldo y la diferencia de precio entre la compra y la recompra representa el interés.
[2] Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), emitidos por el Banco Central de la República Argentina para pagarles a los importadores en un título en pesos, que se convierten en dólares a su vencimiento.
Inflación de OCTUBRE: Se llega a las elecciones con el apoyo de Trump – Bessent, le cambia la cara al gobierno. Lo urgente o deseable, incrementar reservas, cuidar los precios, la actividad, el empleo. ¿Y el dólar?
· El tipo de cambio oficial: Esfuerzos desplegados del gobierno para no cruzar la banda superior. En los meses (12) del 2025 octubre – 2024 octubre, el IPC (promedio) aumentó el 32 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 46 %. El dólar logró un salto, venía perdiendo en los meses anteriores pero provocó un ataque de espasmos en el gobierno. Luego de octubre se verá si se mantiene la banda, o nos deslizamos a tipo de cambio abierto o flotación sucia. Alternativas variadas.
· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de OCTUBRE más algunos otros indicadores asociados. En el próximo documento abordaremos cuestiones monetarias del gobierno.
· Las noticias más importantes, digamos desde julio resultaron los movimientos del dólar, arrastró la tasa de interés y generó idas y vueltas en el equipo económico y BCRA.
· El gobierno necesita dólares, del colchón, del saldo entre las exportaciones e importaciones, de las inversiones y otras fuentes como ventas de activos, pero por lo visto el golpe fuerte de ayuda vino de USA.
· Milei, conjeturamos, ingresa en proceso electoral para 2027. Todo gira y girará mirando esa fecha.
· Nuevamente el FMI, desde abril con las bandas a toda orquesta (por ahora) y un fuerte aporte de fondos, Por la deuda no les queda otra que continuar apoyando, ahora contando con Trump.
· El tipo de cambio es un precio más, pero más no cualquiera. Todo el mundo mirando como se mueve.
· El riesgo país disminuye y sube o sube y disminuye, pareciera que ahora viene la reducción del mismo. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) se adelantó unos pasos, subiendo o sea mejorando. Hoy depende más del dólar que de la inflación, si esta se mantiene en los valores actuales.
· Mirando afuera: Trump, con los aranceles, los reduce, los aumenta, los suspende y desconcierta al más pintado, migraciones, retiro de organizaciones internacionales. Ucrania, no se sabe ¡Cuáles serán los nuevos problemas para cerrar el 2025 e iniciar el 2026? Con Trump, Putin y Xi Jinping y otros ordenadores del mundo, una caja de sorpresas.
· CEPO parcial en abril. Un tipo de cambio flotante por ahora y entre bandas. ¿Cómo se comportará en adelante el dólar en el corto plazo y mediano? En los meses recientes muchos compraron y menos vendieron. Mirar con cuidado la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y la Cambiaria.
· La inflación (alrededor del 2.4 % promedio) en el mes de octubre 2025. Alimentos con valor similar.
En su paso por Nueva York, a principios de noviembre, el ministro Luis Caputo mantuvo un encuentro con inversores, organizado por el J.P. Morgan. Acompañado por el Presidente Javier Milei y por Santiago Bausili, titular del Banco Central, dijo entonces que planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas, aun si el peso opera dentro de su banda cambiaria, es decir sin necesidad de perforar el piso de la misma. Agregó que podría considerar acelerar el ritmo de ajuste de las bandas al 1,5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos. En la actualidad, los límites superior e inferior del rango operativo se ajustan al 1% por mes [1], asegurando el carry trade.
Es por ello que, en los vencimientos de títulos en pesos de la licitación del 5 de noviembre, pudo renovar y colocar 8,5 billones de pesos. Ello le permite financiar el gasto público de la administración nacional, a la par que le resta liquidez al mercado, y convalidar tasas del orden del 2,5% mensual, que ahora están levemente por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC (2,3% en octubre), con un dólar dentro de la flotación y en torno a los 1.450 pesos.
Y acá viene lo que no cierra: colocaron LECAP (Letras capitalizables) al 27 de febrero de 2026 (S27F6) por 2,237 billones de pesos a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,59%; al 31 de agosto (S31G6) por 1,916 billones a 2,5% TEM; y al 30 de abril de 2027 (T30A7) por 1,288 billones a 2,48% TEM, que suman 5,441 billones de pesos (la diferencia para sumar 8,5 billones fueron títulos BONCER y a tasa TAMAR).
Y en todo el mes de octubre solo se cancelaron dos LECAP por un total de 2.286.400 millones de pesos (Lecap S3104 por 1,708 billones y Lecap S3105 de 578.400 millones), que equivalen a menos de 1.600 millones de dólares. Sin embargo, cuando la Secretaría de Finanzas publica el dato sobre deuda bruta al 31 de octubre, aparece que disminuye en 11.834 millones de dólares.
Cuando observamos el cuadro de deuda en pesos, vemos lo siguiente:
La explicación de la Secretaría de Finanzas es que realizó una amortización de deuda por 10.959 millones de dólares, de los cuales el 96% se efectuó en moneda nacional y el 4% correspondió a pagos en moneda extranjera. La cifra no coincide con el monto que presenta la misma Secretaría en las planillas de deuda bruta, que hace disminuir la deuda en una suma mayor en 875 millones de dólares, pero además, y fundamentalmente, no se puede verificar esa amortización mayoritariamente en pesos: no puede explicarse por ingresos en dólares que el gobierno convirtió en pesos porque el ingreso de dólares del Tesoro de Estados Unidos fue por una cifra mucho menor y se devolvió en su mayor parte el 31 de octubre; sólo quedaron pendientes para noviembre los DEG de los Estados Unidos con que la Argentina le pagó al FMI el lunes 3, unos 870 millones de dólares (640,8 millones de DEG).
El Tesoro de la Nación presenta en octubre un superávit financiero de 517.672 millones de pesos (0,5% del PIB), pero capitalizaron intereses en LECAP por 5,441 billones de pesos, por ende, operaron en realidad con un déficit fiscal de 2,3% del PIB. Aun en el caso de haber utilizado esos 517.672 millones de pesos, más el saldo con que cuenta el Tesoro para afrontar los pagos hasta fin de año (no supera los 2.200 millones de dólares), no suman los 11.834 millones de dólares en que, según informan, disminuyeron la deuda.
De dónde sacaron la plata, no se sabe, y el gobierno no se molesta en explicarlo.
Cómo sigue la política financiera
Tras el resultado electoral de octubre y en la primera licitación de títulos en pesos del 5 de noviembre, en que consiguieron renovar todos los vencimientos, es de inferir que puede suceder lo mismo en las dos licitaciones pendientes del año: el miércoles 26 de noviembre por 14,1 billones de pesos, y el jueves 11 de diciembre por 12,1 billones de pesos, dando a entender que los bancos y demás tenedores de bonos del Tesoro de la Nación aceptan que la tasa que perciben va a ser mayor que le evolución del tipo de cambio.
Los grandes bancos que participan en dichas licitaciones (incluido el Banco de la Nación) apuestan a que el gobierno controle hasta avanzado el año 2026 el precio del dólar, que va a ser ajustado a una tasa menor que la que ellos perciben por la renovación de los bonos de deuda en pesos.
Obviamente que las sumas de créditos para nuestro país anunciados por el Tesoro de los Estados Unidos y los grandes bancos de ese país (J.P. Morgan, Wells Fargo Bank, Bank of America, Goldman Sach, Citigroup, etcétera) después del 7 de septiembre tuvieron un claro fin electoral, junto a la frase de Trump de que la ayuda llegaría solo si ganaba Milei.
Vendieron unos 1.800 millones de dólares del Tesoro en el mercado de cambio argentino a través de los bancos Santander, Citi y J.P. Morgan, y pagaron con sus DEG la deuda de la Argentina ante el FMI que venció el 3 de noviembre, suma que ya recuperaron y con creces (no sabemos cuál fue la tasa que pagó el Banco Central porque nunca la comunicaron) [2].
Lo mismo piensan y proyectan las grandes empresas que operan en el país (sobre todo petroleras). Desde el 28 de octubre hasta el 20 de noviembre, ocho de ellas emitieron obligaciones negociables por 3.092 millones de dólares, en un plazo que va de cinco a doce años, y a una tasa en un rango de 6 y 10,375% anual:
Tecpetrol S.A. (grupo Techint) emitió obligaciones negociables por 750 millones de dólares a cinco años (vence en noviembre de 2030), con una tasa de 7,625% anual;
YPF S.A., presidida por Horacio Marín (ex Techint), colocó obligaciones negociables por 500 millones de dólares a seis años (septiembre de 2031) con una tasa de 8,25% anual;
Pluspetrol SA. (familias Rey Rodríguez y Poli), que tiene una deuda por 1.700 millones de dólares (suma con la que compró la participación en Vaca Muerta a Exxon Mobil a comienzos de año 2024), vendió este mes una parte de la misma (el 90% de su participación en la concesión Los Toldos II Oeste, en Neuquén) a la norteamericana Continental Resources [3], y tomó nueva deuda por 500 millones de dólares a una tasa nominal anual de 8,375% y a cinco años;
Transportadora de Gas del Sur (TGS), de Pampa Energía y los grupos controlados por las familias Sielecki y Safra, obtuvo 500 millones de dólares a diez años a una tasa del 8% anual;
Pampa Energía SA colocó obligaciones negociables por 450 millones de dólares con vencimiento a doce años (2037), pagos semestrales y amortización total al final, a una tasa de 8,13% anual;
Edenor SA, del grupo Vila-Manzano, tomó 201 millones de dólares en su emisión de obligaciones negociables adicionales de la Clase 7, que vencen en 2030, a una tasa de 10,375% anual.
Banco Patagonia (80,39% del capital le pertenece al Banco Do Brasil S.A.) emitió una obligación negociable por 47 millones de dólares a una tasa de 6,25% anual, con pagos semestrales; y
Banco Galicia [4] emitió obligaciones negociables por 144 millones de dólares.
La única provincia que había conseguido financiarse en el mercado internacional en 2025 fue Córdoba, con un bono de 725 millones a una tasa de 9,75% y vencimiento en 2032. Este mes se sumó la ciudad de Buenos Aires, que colocó una nueva serie de Bonos Tangos por 600 millones, a una tasa del 7,8% anual. Y tienen en estudio tomar deuda en el exterior y bajo legislación extranjera las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.
En síntesis, la toma de deuda privada y pública en moneda extranjera hace que aumente la oferta de divisas en el mercado local, pero es deuda, no inversión extranjera directa. Además, habría que analizar cuánto de esa deuda es realmente una acreencia en el exterior y cuánto un autopréstamo, porque no se puede prever el precio del dólar en la Argentina, y quienes lo hacen juegan con la posibilidad de conseguir –cuando se devalúe– un seguro de cambio, para que las empresas transfieran su deuda en dólares al Estado Nacional [5].
Otra forma de que el Tesoro de la Nación se haga de divisas es por los depósitos del “blanqueo”. La ley 27.743 fijó que los depósitos que superaran los 100.000 dólares debían permanecer en la CERA (Cuenta Especial de la República Argentina) hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, aunque con la posibilidad de realizar inversiones o retirarlos desde el 1º de enero del 2026, pagando una penalidad del 5% sobre el monto extraído.
En paralelo, el Ministerio de Economía (resolución 1.834/2025) instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a “dolarizar” todos los saldos adeudados a exportadores e importadores (BOPREAL) acumulados hasta el 31 de octubre, monto que incluye devoluciones de impuestos, pedidos de pago, saldos de libre disponibilidad y reintegros a las exportaciones. Quienes opten por dolarizar sólo podrán pedir devolución o compensación a partir del 1° de enero de 2027.
La toma de deuda en divisas no se condice con la tasa de crecimiento de las importaciones, que supera holgadamente a la de las exportaciones, y se refleja en el creciente déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.
El monto alcanzado por las importaciones de bienes de consumo y de vehículos automotores (en diez meses superan a todo 2024), sumado al dato de las importaciones de bienes terminados en su nivel más alto desde 2017 en buena parte de los rubros, contrastan con la caída superior al 10% de la producción y una reducción aún mayor del consumo interno, que explica por qué Molinos Río de la Plata y Arcor presentan estados contables con resultados negativos.
Sí se condicen, en cambio, con un modelo desindustrializador y esencialmente extractivista, que explican la recepción a Milei-Caputo-Bausili en el Council of the Americas por parte de los directivos de Newmont Corporation, la mayor exportadora de oro del mundo, de la minera McEwen Copper Inc. (proyecto Los Azules, San Juan, con una inversión de 2.672 millones de dólares), de AES (empresa norteamericana que le ganó a la Argentina un juicio en el CIADI por 750 millones de dólares, que administra la represa hidroeléctrica Alicurá y se presentó a la renovación de su concesión) y de otras empresas estadounidenses.
En síntesis
El ajuste fiscal, económico y social hace que los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios ligados al mercado interno pierdan participación en el ingreso. Esa participación se la apropian las grandes corporaciones locales y extranjeras que operan en el país, al aumentar los precios de sus productos y servicios; con los pesos compran dólares que, después de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, se acrecientan a una tasa menor que la inflación.
La transferencia de ingresos es de los asalariados y los productores y comerciantes ligados a los bienes y servicios que consumen los trabajadores, a favor de los grandes grupos locales y extranjeros que operan en el país, que a su vez, mayoritariamente, transfieren sus compras en divisas al centro financiero de Manhattan.
Una parte retorna al país en forma de crédito externo (y la fundada sospecha de autopréstamo).
Ahora se agrava el tema, porque buscan altas tasas de ganancia y la obtienen de la minería y de la energía. La inversión es fundamentalmente extractiva, sin importar el daño ambiental y el grado de contaminación del aire, el agua y la tierra, porque es lo que más renta le genera.
La contaminación presente y futura por el fracking (fracturación hidráulica), la lixiviación con cianuro, el uso indiscriminado del agua, etcétera, es fruto de la fuga de capitales del país, que retorna como crédito y financiación del extractivismo imperante.
[1] Para el mes de octubre el límite superior fue de $1.505,48 ($1.400 + 1% mensual).
[2] Los grupos extranjeros (encabezados por el capital financiero de Manhattan) y los bancos locales ganaron y ganan mucha plata con los títulos en pesos, que pagan tasas y/o se ajustan por el IPC del INDEC muy por encima de la devaluación de nuestra moneda, dejándoles una renta extraordinaria en dólares (el monto de esos títulos al 31 de octubre asciende a 148.139 millones de dólares, son títulos en pesos, la conversión a divisas la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación). Una vez agotado el sistema de carry trade van a requerir créditos en dólares para cambiar esos títulos en moneda argentina y jurisdicción local, por bonos argentinos en divisas y con jurisdicción extranjera, o al menos que se reconviertan en títulos dólar linked (que se ajustan por el precio oficial de la divisa). Es lo que pensaban hacer si perdía Milei. Como no pasó, continúan con el carry trade.
[3]Continental Resources, la compañía privada de Oil & Gas más grande del mundo y referente global en el desarrollo no convencional.
[4] Si bien las familias fundadoras del Banco Galicia (Escasany, Ayerza, y Braun) poseen el 19,7% de las acciones y el 55,1% de los votos, en 2019 se sumaron las familias Ruda y Asrin (fundadores de Tarjeta Naranja, del holding Tarjetas Regionales S.A). La adquisición del banco HSBC en 2025 (donde los principales accionistas son BlackRock y Vanguard Group) le da otra dimensión a la entidad.
[5] Como sucedió en 1982, cuando las empresas le pagaron al Banco Central su deuda externa en pesos y a una tasa que acordaban, y el Estado nacional creaba títulos de deuda (BONEX 1982) para pagarle a los acreedores externos (Comunicación A-163 del BCRA del 15/07/1982). Con ello disminuyeron sideralmente la deuda de las grandes empresas nacionales y aumento la deuda pública.
El concepto de hegemonía en las relaciones internacionales remite a la capacidad de un Estado de combinar sus diversos atributos de poder para, mediante la persuasión y la coerción, asegurar su predominio ya sea en el plano regional como a nivel mundial. La clave del liderazgo efectivo radica en la aptitud de dicho Estado y su élite dirigente para lograr influencia y consentimiento, sin recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza de manera habitual. Si un Estado, para garantizar el seguimiento, el acatamiento o la obediencia de otros, emplea de modo recurrente o persistente la coacción, entonces lo que ello revela es su afán de dominación en vez de la dimensión de su hegemonía. El hegemón logra conducir; el dominador ambiciona sojuzgar. El hegemón despliega preferentemente su soft power más que su hard power; el dominador utiliza regularmente el hard power a su disposición. Sin embargo, ello no implica que el hegemón abandona el recurso al intervencionismo esporádico; solo que si se consolida dicha práctica entonces eso refleja la erosión o el cuestionamiento de su ejercicio hegemónico.
Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, y aún más después de la misma, la hegemonía de Estados Unidos en América Latina y el Caribe fue notable. Resultaba evidente que Washington podía (y pudo) reafirmar su esfera de influencia en el área; esto es, ejercer de modo preponderante un control político, económico, cultural y militar. La Posguerra Fría pareció que iba a facilitar el reaseguro de la hegemonía estadounidense en la región. No obstante, aún antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y con más fuerza después y por distintos motivos globales y continentales, se hizo evidente el paulatino debilitamiento, tanto de la capacidad como de la voluntad y la oportunidad, de Washington para preservar su esfera de influencia histórica. Gradualmente fue perdiendo su predominio económico en América del Sur (que sigue detentando en México, América Central y el Caribe), deteriorando su influjo político en tanto “faro de la democracia” para el mundo y la región, y disminuyendo su atractivo cultural ante el avance de la diplomacia y la para-diplomacia de actores extra-regionales con recursos concretos. La proyección latinoamericana y caribeña de poder de países como China ha sido básicamente económica (comercio, inversiones, ayuda) así Washington insista en las intenciones “malignas” de Beijing.
La primera presidencia de Donald Trump fue un esbozo parcial de intento restaurador de aquella sphere of influence. Procuró reversar los avances hechos por la administración de Barack Obama respecto a las relaciones con Cuba; renegoció un nuevo tratado comercial con México y Canadá; ordenó la deportación de muchos migrantes latinoamericanos y caribeños; reforzó la frontera sur de Estados Unidos; persiguió, con distintos medios, el derrumbe del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela; impuso aranceles a ciertas naciones de la región; auxilió a la Argentina, vía el Fondo Monetario Internacional, para que el país recibiera el crédito más grande en la historia del banco; no asistió a la Cumbre de las Américas realizada en Perú; y no tuvo ninguna visita oficial y bilateral a alguna nación de América Latina y el Caribe. En este último sentido, Trump fue el único presidente desde Franklin D. Roosevelt que no viajó en visita de Estado a países de la región.
El segundo mandato de Trump parece ir más allá del bosquejo del primer cuatrienio. Como señalé recientemente en una nota en Cenital, finalizada la Guerra Fría, y con más intensidad a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se propuso poner en marcha una gran estrategia distinta a la exhibida durante el período de la disputa Estados Unidos-Unión Soviética: la primacía, entendida como el hecho de que Washington no iba a tolerar la existencia de un poder de igual talla. George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump I y Joe Biden no alteraron esa grand strategy; la cual tuvo como elemento común y central, pese a tratarse de diferentes gobiernos republicanos y demócratas, el uso de la fuerza. Un informe del Congressional Research Service sobre “Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2023” es elocuente: enumera en 3 páginas las diversas operaciones militares realizadas entre 1945 y 1990 y le dedica 38 páginas a las efectuadas desde 1991 hasta 2023.
Bajo ese marco, Trump II es consciente de los notorios cambios de la política mundial, del auge incuestionable de China, de los costos de involucrar al país en “guerras perpetuas”, y de la erosión de la base doméstica de Estados Unidos; lo cual hace difícil, sino imposible, implementar una gran estrategia tan ambiciosa y exigente como la primacía. Washington ya no puede moldear el sistema internacional a su antojo. En ese sentido, la recuperación de América Latina y el Caribe en tanto “America’s Backyard” resulta muy importante. El área es un caso testigo de la capacidad de Washington de disciplinar su proverbial esfera de influencia. Ahora bien, no parece haber en este contexto la presunción de restablecer una nueva hegemonía.
El anuncio así como el despliegue de “garrotes” contra la región es notable por su cantidad, intensidad y variedad. Los ejemplos abundan: la insistencia en reivindicar como propio el Canal de Panamá que pertenece a Panamá desde los tratados Torrijos-Carter de 1977; la deportación masiva de migrantes; la imposición extendida de aranceles; el involucramiento en el ámbito judicial de la Argentina (Cristina Kirchner), Colombia (Álvaro Uribe) y Brasil (Jair Bolsonaro), así como la aplicación de sanciones a presidentes en ejercicio en Colombia (Gustavo Petro) y Venezuela (Nicolás Maduro), así como a un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil (Alexandre de Moraes); las amenazas a Colombia y México en materia de drogas y acerca de eventuales acciones de fuerza; la ejecución extra-judicial de más de 80 lancheros en el Caribe (y también en el Pacífico) designados como presuntos narco-terroristas; la incorporación de El Salvador, Guyana y Trinidad y Tobago (eventualmente, se podrían sumar otros) al cerco militar en torno a Venezuela; la autorización de labores clandestinas de la CIA en Venezuela—algo que en la Guerra Fría contribuyó al “cambio de régimen” a lo largo y ancho de la región–; la colocación de un impuesto del 1% a las remesas a determinados países (en 2024 las remesas a naciones de la región fueron de unos US$ 161.000 millones de dólares); la anulación de la norma (del gobierno de Biden) que apuntaba a que las armas ligeras no llegaran a manos de grupos criminales en el área; la restricción de ingreso a nacionales de Haití, Cuba y Venezuela; entre otros. Indudablemente, en este contexto, la “zanahoria” del SWAP otorgado a la Argentina en medio de un proceso electoral, constituye una excepción.
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Ahora bien, este impulso fundamentalmente coercitivo, en aras de ensayar la dominación de América Latina y el Caribe, podría tener una rúbrica conceptual y estratégica en breve. Se trata de la Estrategia de Defensa Nacional (EDN) que está en mora de publicarse desde hace semanas. Versiones preliminares indicaban que Latinoamérica y el Caribe tendrían un lugar prominente, mucho mayor que en estrategias previas. Se trataría de una “top priority” vinculada a la “protección de la seguridad nacional” estadounidense. Según un autor, la EDN versa sobre “un manifiesto para la era de America First”. A pesar del maltrato recibido hasta la fecha, la región aparecería como el “baluarte defensivo” de Washington. La principal amenaza será, como viene ocurriendo, China, al tiempo que, lógicamente, la prioridad es la seguridad de Estados Unidos. La novedad sería que, junto a esto último, estaría la protección del “Western Hemisphere”.
El propósito, en consecuencia, es contener, y eventualmente revertir, la influencia china en el “patrio trasero” que se autoasigna Estados Unidos. Para algunos estamos asistiendo a una “pivot strategy” para Latinoamérica y el Caribe. Para otros se impone un “Hemisferio Primero” en la nueva Estrategia de Defensa Nacional. Sea lo que fuere estaríamos ante una novedad significativa en las relaciones interamericanas.
En breve, si finalmente el lugar de la región es realmente destacado y crucial en la primera EDN del segundo Trump, entonces lo que hemos visto es apenas el inicio de un proyecto restaurador de la esfera de influencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe al precio que ello demande: no tiene tintes de ser un esfuerzo para cimentar una pasada hegemonía, sino de imponer una indisputada dominación. Una aspiración inmoderada, por cierto.
