Pretender entender la realidad política y social de un país localmente, es impensable hoy en día en un mundo globalizado. En realidad, nunca la política se pudo entender sin una mirada geopolítica. ¿Cómo pensar en Atenas sin mirar a Esparta o a Corinto? ¿Cómo a la vida en las Galias en el siglo I AC sin tener en cuenta a Roma? ¿ O a América después de 1492 obviando a España, Portugal y posteriormente a Inglaterra, Holanda y Francia? Cada evento político, económico y social, necesariamente se extendió, históricamente, por el mundo comunicado en ese momento; entendiendo que la comunicación se ha dado por el comercio, por la invasión o por la guerra, siendo siempre el interés económico el gran movilizador de la alta sociedad dominante de cada comunidad, que a su vez han arrastrado a sus pueblos al comercio o al combate.
Hoy, llama la atención como el pensamiento de derecha, representante por antonomasia de los intereses de la crema dominante en cada país, se ha extendido como mancha de humedad seduciendo a las democracias de gran parte de los países del mundo “occidental y cristiano”.
¿Qué pasó, cómo empezó, cuáles son los antecedentes de este fenómeno? Posiblemente el gran desencadenante haya que buscarlo en el final de la guerra fría a partir de la disolución de la URSS en 1991. Mientras la humanidad vivía en un mundo bipolar entre EE. UU. y la URSS, no solo las élites dominantes de cada bloque estaban en tensión, sino que la población mundial toda era partícipe, consciente o inconsciente, de esa tensión; con simpatía, o por lo menos con alguna cercanía emocional hacia uno u otro polo.
Caído uno de ellos, el mundo unipolar trajo como consecuencia el relajamiento de esa tensión, al menos a nivel popular, ya que las élites siguieron compitiendo por el apoyo y la seducción de sus ciudadanos, pero con algunas modificaciones, lentas pero progresivas. Uno de los mecanismos utilizado por esas élites en Europa fue el estado de bienestar dado como un derrame económico, a costa de sus dominios coloniales, para evitar el apoyo popular a las ideas socialistas representadas por la URSS; esto ya no fue necesario. Pero esas élites, las que detentan el poder económico, el único poder real, no relajaron su tensión sino que para mantener su hegemonía la redireccionaron.
Mientras vimos debilitarse hasta casi desaparecer los partidos comunistas europeos y correrse cada vez más a la derecha los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas; el “cuco” utilizado por el poder no fue ya el “temor al comunismo” y la esclavitud de una sociedad controlada por el Estado, el monstruo al que temer pasó a ser la inseguridad y los Estados a ser denostados como impotentes para controlar el “flagelo”. La inseguridad dada por el crimen organizado como las mafias, el narcotráfico, y el probable pequeño crimen, el raterismo, asociado a la inmigración. Una inmigración profusamente racializada, no como personas pobres que huían de la pobreza o de las guerras sino como africanos, árabes, kurdos, paquistaníes, indios, iraquíes, iraníes o sudamericanos, en todo caso personas no blancas; esa inmigración numerosa de los desplazados del mundo mayormente colonial que las élites dominantes de esos mismos países produjeron.
Entonces buscaron inaugurar una nueva tensión, un nuevo enemigo, esta vez interno, y se designó a los responsables de la inseguridad: el crimen mafioso, aunque en sus niveles más importantes esté vinculado a ese poder que lo denuncia; el narcotráfico, aunque sospechosamente también esté vinculado a los poderosos, ya que representa no solo un gran negocio sino una herramienta eficiente de control social; y por supuesto, la inmigración y la marginalidad generada por economías excluyentes. Por añadidura, también el poder pone como enemigos a los movimientos solidarios y de derechos humanos que intentan proteger a esa inmigración pobre y a las víctimas de la exclusión.
La derecha históricamente favorece el desorden para después presentarse como la única capaz de recuperar el orden posible, y en esta faceta enarbola como estandartes frente a la supuesta opresión representada por la inseguridad, por ejemplo el narcotráfico que tanto le gusta a Trump como enemigo, el “orden y la libertad”, o sea el fascismo.
Utilizan entonces toda la prensa de la que son dueños, y ahora también la tecnología informática, de la que también son dueños; a través de bots, trolls y fake news transmiten su mensaje de denuncia del desorden, de odio a sus supuestos causantes y la imperiosa necesidad de ser formalmente empoderados en el manejo de los Estados con poderes por encima de los parlamentos y de los órganos de control; es su método de atropellar lo que quede de democracia.
Así entonces, el trabajador o la trabajadora que salen a sus tareas de madrugada y son robados por otro pobre, producto de la exclusión, o que contemplan como alguno de sus hijos depende del crack, de la pasta base o de la cocaína para sentirse bien, compran el discurso de ordenar la sociedad a partir de la mano dura que ofrece la derecha, la misma que en lugar de cubrir la frontera para evitar el ingreso de drogas a través de la gendarmería, como ocurre en nuestro país, concentra esa gendarmería en las grandes ciudades para reprimir la protesta social.
No debemos olvidar en el análisis lo que podemos describir como crisis de representación para lo cual debemos establecer qué es la representación. Para tener representación de una comunidad en principio se debería pertenecer a ella. Pareciera ser que en el caso de muchas personas surgidas de los estratos populares y por ende con innegable pertenencia a sus comunidades que los reconocieron como sus representantes, este relajamiento de la tensión después de la guerra fría, hizo que perdieran el objetivo del proyecto de su compromiso inicial y se quedaran solo con el discurso, el que progresivamente se mostró vacío de contenido. Así, la militancia dejó de surgir de la base social a la que dice representar para ser solo superestructural. Vemos el militante funcionario o el militante profesional que pasó de vivir en el barrio popular en el que compartía el mate, la charla y la calle con su vecindario o sus compañeros de trabajo a vivir en el barrio privado inaugurando una nueva pertenencia que desdice la anterior. Esto genera un impacto emocional en los que debiera representar que va más allá de lo anecdótico y sirve como un elemento inductivo para que la derecha no solo lo acuse de constituir una “casta” sino para que esta pervierta la realidad afirmando que todos los militantes sociales son como el que defeccionó y se convirtió en casta prebendaria, sea del Estado o de los gremios de trabajadores.
Es llamativo cómo en muchos gobiernos de derecha, sirva de ejemplo nuestro caso, la inseguridad sirve como pretexto, no para comprar elementos de seguridad a fin de proteger vida y bienes de la población, sino armas antimotines o antitumultos para reprimir y controlar a esa población. Cabe entonces preguntarse: ¿cuál es el enemigo interno al que teme la derecha? En Argentina parecen ser los jubilados, los discapacitados y los trabajadores. Además, los sectores, supuestamente privilegiados, a estigmatizar y atacar son la salud y la educación públicas, la ciencia y la cultura.
Me resulta imposible no pensar en la reurbanización de París y su ejemplo después de la comuna en 1870, cuando los ejércitos dejaron de estar en las fronteras para pasar a tener guarniciones en la periferia de las ciudades o dentro de ellas y se trazaron avenidas para que las tropas llegaran prontamente a reprimir en el centro de las ciudades ¿Al delito? ¿A un raro invasor que hubiese atravesado la frontera de modo inadvertido? No, a la protesta social.
El silencio se apoderó de la sociedad de la provincia del Chubut en general y Comodoro Rivadavia en particular; «silencio que puede ser leído como temor y complicidad». Ese concepto que pretendió teñir de olvido lo que ocurrió meses antes del golpe de Estado y durante los siete años de cruel oscurantismo se desmoronó pese a los esfuerzos negacionistas que tiñieron -y tiñen- el «trabajo» trasnochado de dirigentes de distintas organizaciones sociales. A 50 años del golpe de Estado, El Extremo Sur pidió a pensadores, abogados, escritores y docentes sus reflexiones.
La memoria es un recuerdo de las mentes humanas que se transforma en social cuando se comparte. La verdad, por su lado, es intersubjetiva y, en tanto, la justicia instala la equidad en esas relaciones.
Por eso el lema Memoria, Verdad y Justicia forma un todo inescindible. La memoria es el ancla, la verdad es la revelación consensuada y la justicia es el instrumento operativo. Y ese lema es -cada día- constitutivo de la conciencia popular argentina.
Las desapariciones forzadas, las torturas, los robos de bebes, los vuelos de la muerte no son una leyenda negra, impregnaron la historia argentina en toda su dimensión humana y espacial, incluso la patagónica.
En ese contexto, Comodoro Rivadavia se comportó como una sociedad de silencio, que puede -de alguna manera- ser leído como temor y complicidad. Melancólica en reminiscencias y agotada en expectativas de cada día. No sólo por el agotamiento de sus recursos naturales sino por los olvidos de la memoria social. El pragmatismo siempre desecha los recuerdos.
Aunque hubo, al menos, pequeños destellos. Mis ya débiles imágenes apenas transitan algunas: en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia la Cátedra Libre de Derechos Humanos (2006) con la intervención del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; una placa universitaria (2013) -impulsada por el gremio docente- en recuerdo de desaparecidos en Chubut; una conmemoración (2015) Reparación de Legajos de Trabajadores de YPF, víctimas del Terrorismo de Estado en el museo del petróleo de la ciudad.
Demasiado poco para reivindicar un sentimiento social fundante. Demasiada prudencia. Demasiadas pruebas de inacción y desarraigo que llevaron a la idea de «Comodoro Rivadavia, sociedad enferma» impulsada por un reconocido (y olvidado) educador comodorense de los años ‘70 (Lino Marcos Budiño).
La justicia necesitó 50 años para condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó sentencia en la histórica Causa 8.008 por delitos de Lesa Humanidad en el Regimiento 8 durante la última dictadura cívico-militar.
Ha sido un soplo de luz y de esperanza. Una restauración histórica de la memoria, una reivindicación de la verdad y un avance de la justicia frente al cansancio agotador de los olvidos y las pretensiones absolutistas del exterminio de las ideas.
El no cambio de la canasta del IPC por el Indec, pero La Ciudad de Buenos Aires y Córdoba caminan con la EGH 2017/2018, dudas y no va a modificar el rumbo de la inflación, ahora dentro de la traza del 3%.
Otro dato de envergadura es el dólar, por lo visto en el gobierno prima la baja o apreciación del peso, cuestión que ocurre casi siempre en las estabilizaciones cuando se privilegia un aspecto, en este caso la inflación. Pero la sorpresa no solo pasa por el valor sino por las variaciones negativas, esto puede despertar los demonios.
Baldosas flojas numerosas que son pisadas por algunos funcionarios.
Modificación o reseteo de anclas, con los combustibles en alza, la inflación vivita y coleando.
· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de FEBRERO 2026 más otros indicadores asociados. En el próximo documento abordaremos cuestiones del sector real, en particular el industrial.
· Ahora el BCRA comprando reservas y lo hace con bastante fuerza. El ministro completa el cuadro con declaraciones nerviosas para completar fondos.
· Milei, conjeturamos, ingresa en proceso electoral para 2027. Todo girará mirando esa fecha. Y doblemente por los problemas que está pisando el gobierno.
· El FMI, continuará con los aportes y recomendaciones. Aumentar reservas es lo usual y asegurar modificaciones en el trabajo. Pero se demora el informe.
· El riesgo país “disminuye y sube” o “sube y disminuye”, pareciera que ahora viene la reducción del mismo, en la actualidad por debajo de los 600 puntos. Pero en pocos días saltó del número que tomamos en este documento a uno más elevado, sumó en pocos días 100 puntos.
· El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) perdió puntos y genera efectos múltiples.
· Mirando afuera: Trump, con los aranceles, los reduce, los aumenta, los suspende y desconcierta al más pintado, migraciones, retiro de organizaciones internacionales, aspiraciones de expansión. Ucrania, no se sabe y se desangra. Pero la nueva guerra en la que participa pone en crisis el sistema internacional y los precios de los combustibles. A diferencia del conocido dicho sobre que “El silencio es una fuente de gran poder”, hoy pareciera que los ruidos de la guerra lo reemplazan.
· CEPO parcial desde abril 25. Un tipo de cambio flotante por ahora y entre nuevas bandas. Mirar con cuidado la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y la Cambiaria.
· La inflación (alrededor del 2.8 % promedio) en el mes de FEBRERO 2026. Alimentos con valor superior. La conjetura oficial es de alrededor el 1 % y 1.5 % mensual en el 2026 pero por el momento se esperan mayores aumentos.
s claro que Javier Milei, un panelista de televisión con raptos de furia y vocabulario limitado, cuya principal característica era la diatriba contra el Estado y la economía de bienestar, llegó al gobierno avalado y financiado por el capital local (léase Héctor Magnetto del grupo Clarín; Eduardo Eurnekian, en ese entonces grupo América, luego vendido al tándem Manzano-Vilas; y Paolo Rocca del grupo Techint), que propiciaba y propicia la erosión del modelo de defensa del mercado interno, la progresiva distribución del ingreso y el derecho laboral.
El mismo Paolo Rocca dijo en diciembre de 2023, no bien asumió la presidencia de la República Javier Milei, que se debía “resetear a la Argentina”, que era necesario un proceso de «cambio estructural» bajo la gestión de Milei, describiendo la situación anterior como «absolutamente insostenible». Defendió la desregulación, el ajuste fiscal y reformas laborales para «nivelar la cancha”.
Con lo que no contaban era con que el capital extranjero encabezado por Eduardo Elsztain (vicepresidente del Consejo Judío Mundial y miembro de la organización judía Jabad Lubavitch) iba a influir directamente sobre el mandatario. Javier Milei no es de origen judío, pero visita la tumba del rabino en Nueva York y se considera el “presidente más sionista del mundo [1]”.
Como también es judío sionista Larry Fink, director (CEO) de BlackRock, y ambos (Fink y Elsztain) son conspicuos miembros del Foro Económico Mundial, que reúne a los grandes empresarios del capitalismo en Davos, Suiza, que, en los años 2024, 2025 y 2026, tuvo como excéntrico orador a Javier Milei.
Captado Milei, fue fácil imponer a todo el equipo de economía (Luis Caputo, José Luis Daza, Santiago Bausili, Vladimir Werning, todos del JP Morgan [2]). Incluso, después de las elecciones del 26 de octubre de 2025, extendieron su influencia a la Cancillería (Pablo Quirno trabajó 17 años en el JP Morgan). Además, observamos cómo Milei se suma a la Cumbre de Seguridad de las Américas y al «Board of Peace» (Mesa de la Paz), una organización creada para promover la paz y seguridad global, empezando por Gaza (sic).
Todo ello en medio de la guerra del Golfo, donde Irán, que desde los primeros momentos respondió con un enorme volumen de misiles y drones, agotó el “domo de hierro”, permitiendo que un porcentaje cada vez mayor de bombas impacte en Israel. Además, controla el estrecho de Ormuz, lo que influye en el precio del petróleo y del gas. Esto tiene repercusiones en la energía del planeta, tanto en el presente como en el futuro.
En ese marco, el ministro Luis Caputo en el simposio de mercado de capitales del IAF (Instituto Argentino de Finanzas) sostuvo: “Este es un gobierno que no toma deuda; tenemos superávit; por el contrario, hemos cancelado mucha deuda, sobre todo al principio del mandato, cuando no teníamos la opción de refinanciar”, y subrayó que el Poder Ejecutivo “prioriza el uso de recursos propios y alternativas más económicas frente a la tradicional emisión de bonos en mercados globales”.
Caputo dice que no toma deuda supuestamente ante expertos en finanzas como es el IAF, cuando esta se ha incrementado sideralmente, y fundamentalmente porque no puede pagar ni tan siquiera la quinta parte de los intereses que esa deuda devenga.
La deuda bruta a febrero de 2026 es de 514.135 millones de dólares. El incremento se debe a que, a pesar de llevar adelante un fuerte ajuste fiscal, dada la magnitud de la deuda, no pueden pagar los intereses de esta. Por eso, deben capitalizar gran parte de esos intereses en los títulos que ellos crearon a tal efecto: Lecap (letras capitalizables) y Nocap (notas capitalizables)
La gestión de Milei no puede pagar la mayor parte de los intereses que devenga la deuda bruta de la Administración nacional, suma que alcanzó a febrero de 2026 85.387 millones de dólares (convertidos de pesos en divisas por la Secretaría de Finanzas de la Nación). El presupuesto anual del sector público nacional en el año 2025 fue de 133.725.211 millones de pesos, equivalente a unos 92.200 millones de dólares, con lo que la deuda acumulada por intereses no pagados es el 92,6% del presupuesto anual.
El desgobierno nacional, tras siete meses seguidos de descenso en términos reales de recaudación de impuestos, que se explican por medidas propias tomadas para reducir la presión fiscal a los sectores de mayores ingresos (eliminaron el cobro del impuesto PAIS, reducen drásticamente la recaudación del impuesto a los bienes personales, de impuestos internos a los bienes de lujo, etc.), pero principalmente por la recesión económica, se ve obligado a capitalizar intereses en forma creciente.
El resultado fiscal del primer bimestre 2026 demuestra que, si no se capitalizaran intereses, y se hubieran pagado, en lugar de presentar superávit primario y financiero, habrían arrojado déficit fiscal (primario y financiero).
Es más, los intereses devengados del bimestre y no pagados (por 6.501.260,1 millones de pesos) representan el 25,9% del gasto ejecutado total base caja. Y dicha suma es 17,9 veces el gasto de capital total (obra pública) realizada, que fue en el bimestre de solo 362.974 millones de pesos.
Llevan adelante un irracional ajuste del gasto. Las rutas nacionales colapsan por falta de mantenimiento. Igual sucede con los aportes en obras para educación: en febrero de 2026 se ejecutaron por 1.127 millones de pesos. En igual mes del año 2025 (en términos nominales) se ejecutaron 13.992 millones de pesos (o sea un 91,9% menos). En viviendas se ejecutaron solamente 3.719 millones de pesos y en igual mes del año pasado, en precios corrientes, por 4.415 millones (un 16% menos), sin contemplar la inflación que, medida por el IPC del INDEC, fue del 33,1% interanual. También reducen en un 22% nominal los subsidios al transporte, y en las transferencias a las provincias para programas de salud un 13%, y no giran las partidas correspondientes a las 13 provincias [3] que tienen sistema previsional propio.
El ajuste fiscal no le permite pagar la quinta parte de los intereses de la deuda y deben enfrentar vencimientos de capital e interés por 11.625 millones de dólares para este año 2026 y de unos 19.300 millones para el 2027. Sin contar la deuda en pesos que se infiere que renegocia con los grandes operadores de la plaza local (grandes bancos, agentes de liquidación y compensación y compañías de seguros), garantizándoles una renta financiera extraordinaria por la combinación del precio del dólar menor que hace cinco meses atrás y el pago de una tasa de interés que ronda el 3% mensual, dejándoles una ganancia acumulada en ese lapso pasado de no menos del 25% en dólares, que paga y/o reconoce (capitaliza) la administración nacional.
Luis Caputo había dicho la semana pasada en Nueva York que tenía avanzado el acuerdo de un swap con Israel, pero dada la contienda con Irán, donde los gastos de ese país superaron con creces sus estimaciones, ese swap es imposible. También es casi imposible que se pueda ejecutar el swap firmado el año pasado con Estados Unidos, dado que el Tesoro yanqui tiene una deuda a marzo de 2026 de 39,3 billones de dólares (más de 75 veces la deuda argentina), y Donald Trump afirmó que le va a pedir al Congreso que le permita ampliarla en 200.000 millones de dólares, en una nueva serie de títulos de deuda, para comprar armamentos y municiones por la guerra de Irán.
Por eso Caputo planteó que iba a decir en los próximos tres meses cómo se iban a financiar los vencimientos, y que el gobierno recurriría a la venta de activos y la captación de fondos en el mercado local, para cumplir con los compromisos financieros.
Se endeudan y pretenden pagar esa deuda con activos públicos, como fue la concesión a 30 años de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue (Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados) por 705 millones de dólares, que no alcanzó a cubrir el pago al FMI del mes de enero 2026, por 860 millones de dólares.
Ahora, busca malvender o concesionar, amparado por la ley 27.742 (ley Bases), las empresas estatales AySA, TRANSENER, Intercargo y la concesión del tren Belgrano Carga, y de 9.000 km de rutas nacionales.
En síntesis
La deuda es una estafa al pueblo argentino. Nunca se investigó cómo se originó ni cuál fue el destino de la deuda tomada por las gestiones de Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Que paga y/o reconoce (capitaliza) intereses leoninos, mientras que la minoría parásita y rentista del país compra dólares baratos y los fuga.
Así fugó la mayor parte de los 38.806 millones de dólares que “Personas Humanas” (así se llama la cuenta del Balance Cambiario del BCRA) del año 2025 y los 3.146 millones de dólares que se compraron en enero 2026 (los datos del mes de febrero los publica el BCRA el lunes 30 de marzo de 2026).
El gobierno no puede conseguir divisas para pagar los vencimientos, y no toma ninguna medida para frenar la sangría de la compra de dólares, ni controlar la fuga de capitales por subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y el pago de intereses y comisiones de supuestas deudas que toman en el exterior las grandes empresas y que, mayoritariamente, son autopréstamos.
Deberían haberse adoptado tres medidas básicas de manual de economía:
Férreo control de cambios: Para la compra y venta de moneda extranjera puede involucrar tanto la determinación del tipo de cambio como el volumen de divisas transadas y se realiza fundamentalmente porque, en nuestro país, las grandes empresas pueden realizarlo debido al grado de concentración y centralización de capitales. Es imprescindible declarar la emergencia cambiaria, como la que fue establecida por el Decreto N.° 2581 del 10 de abril de 1964, con la finalidad de que el BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preserve las reservas internacionales y programe su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos y obligue al sector privado a financiarse las importaciones y los pagos de su deuda con sus recursos. Decreto que restableció Roberto Lavagna como ministro de Eduardo Duhalde en el año 2002, y continuó en la gestión de los Kirchner.
Severos cupos de exportación: Son medidas de protección que sirven para limitar las exportaciones de mercancías en valor o en cantidad que realiza un país durante un período de tiempo determinado, normalmente un año. El ejemplo es cuando, en el segundo semestre del año 2005, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), conformado por los 16 frigoríficos más grandes: los brasileños JBS y Marfrig; Frigorífico Gorina, Frigorífico Río Platense, FRIAR, Arre Beef; Ecocarne, La Anónima, Coto, etc., vendió por encima del cupo. El presidente Néstor Kirchner los multó y no les dejó vender un gramo de carne al exterior en todo el primer semestre del año 2006. Kirchner decía: “Primero la mesa de los argentinos”. Con más razón ahora que el precio de la carne no deja de subir por las mismas causas.
Aumentar los derechos de exportación (retenciones) para desacoplar los precios externos de los internos: Aumentar los derechos de exportación no solo significa mayor ingreso para el fisco, sino que abarata en el porcentaje de la retención el precio del producto en el mercado interno. El ejemplo fue el gobierno de los Kirchner, y ahora es Brasil, que el 2 de marzo de 2026, mediante un decreto presidencial, suspendió la aplicación de los impuestos PIS y Cofins sobre la importación y venta de gasoil (diésel). También firmó una medida provisoria para subsidiar el gasoil para los productores e importadores del combustible. Para compensar el costo fiscal, el gobierno dispuso un aumento temporal en las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo. La alícuota en la retención pasó al 12% para las exportaciones de petróleo crudo o minerales bituminosos. También se fijó una alícuota del 50% sobre las exportaciones de gasoil. En principio, las medidas son de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de este año.
Este gobierno prefiere malvender los activos del país y, aun así, no le va a alcanzar para pagar el capital y los intereses de la deuda y, a la par, beneficiar a la minoría privilegiada para que siga fugando divisas.
[1] Declaración, realizada por Javier Milei en la Universidad Yeshiva en Nueva York, el lunes 9 de marzo 2026. [2] JPMorgan Chase & Co. es el principal banco por valuación de activos de los Estados Unidos; sus principales accionistas son Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Morgan Stanley y Geode Capital Management. [3] Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Probablemente aún no se tiene suficiente dimensión acerca del ostensible intento del gobierno del presidente Javier Milei de replantear plenamente la política exterior de la Argentina. En ese sentido, lo bélico ocupa un sitio inusitado en la política internacional del país. Menciono un ejemplo para que se comprenda dicha intención refundacional; aunque hay muchos otros asuntos — Israel/Palestina, agenda/compromiso multilateral, posiciones/votaciones internacionales, entre varios — en los que el viraje es indudable y profundo.
En 1902 Venezuela, atravesada por una cruenta guerra civil, estuvo acosada por tres potencias europeas que bloquearon y bombardearon puertos y buques de ese país para el cobro compulsivo de deudas. Estados Unidos no fue en auxilio de Caracas. El entonces Canciller argentino, Luis María Drago, se manifestó de inmediato contra tal acción de fuerza y elaboró un principio que dio lugar a lo que se conoce como Doctrina Drago: “La deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada”. Fue, efectivamente, un hito histórico en materia jurídica y una postura diplomática acorde con el valor otorgado a la paz y la seguridad internacionales.
Muchos años después, entre el 9 y el 18 de agosto de 1987, se produjo un muy grave incidente, que pudo haber desembocado en una confrontación entre Venezuela y Colombia, a raíz del ingreso de una corbeta de la armada colombiana en aguas del Golfo de Venezuela (Golfo de Coquivacoa para Colombia), sobre las que no había una delimitación aceptada entre las partes. El presidente Raúl Alfonsín, junto a quien era secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, jugó un papel fundamental para distender la situación que parecía escalar día a día. Gracias a la gestión conjunta, Colombia retiró su corbeta y se evitó lo que parecía un conflicto naval nefasto y de impredecibles consecuencias entre vecinos de América del Sur. Otra vez, la Argentina comprometida con el no a la fuerza y la hostilidad respecto a Venezuela.
En 2026, y a raíz del ataque armado de Estados Unidos a Venezuela y de la extracción de su mandatario, Nicolás Maduro y su esposa — ambos hechos violatorios del derecho internacional — , la posición del gobierno fue reveladora. Por un lado, el comunicado de la Cancillería señaló que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”. Por el otro, la Casa Rosada afirmó que “la Oficina del presidente celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América”. La operación militar no se debió a una amenaza o agresión de Venezuela contra Estados Unidos, ni se podía justificar bajo el argumento de la legítima defensa por parte de Washington. La Argentina la avaló sin insinuar siquiera argumentos jurídicos en favor de principios y normas del derecho internacional.
Trump, el “faro” de Milei
Antes y después de ese evento, la Presidencia y la Cancillería han secundado todas la acciones militares de Estados Unidos sin siquiera detenerse a considerar cuánto y cómo ello afecta a lo que se ha dado en llamar “orden basado en reglas” de cuño occidental y a la postura legal del país, así como a su seguridad. Por ejemplo, el 13 de junio de 2025 Israel lanzó un ataque contra Irán. Ni la Cancillería ni la Presidencia se manifestaron oficialmente al respecto. El día 15 la Casa Rosada se expresó de la siguiente manera: “La Oficina del presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil”. Días después, el mandatario públicamente apoyó a Donald Trump y el involucramiento de Estados Unidos en el ataque a centrales nucleares iraníes. El entonces ministro de Defensa, Luis Petri, fue aún más lejos: después de los iniciales bombardeos estadounidenses, aseguró que “mañana el mundo despertará más libre y en paz”. Tampoco en este caso hubo comentarios oficiales sobre la legalidad de las acciones; en especial, la prohibición de atacar instalaciones nucleares. Vale la pena aludir al hecho de que la Argentina posee tres centrales nucleares en funcionamiento.
Desde el 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos ha bombardeado lanchas en el Caribe y el Pacífico, presuntamente con narcoterroristas a bordo como parte de una política contra el narcotráfico en y desde Venezuela, en el marco de una directiva secreta que involucró a las fuerzas armadas estadounidenses. Lo que el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, consideró “inaceptable” y e “injustificado” de acuerdo al derecho internacional, jamás ha sido condenado por autoridad alguna de la Argentina. Cabe recordar que, a la fecha de redacción de esta nota, el número de muertos es 157. A su vez, es bueno tener en cuenta que: a) el fentanilo — la sustancia que produce el 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos — no se produce ni se trafica desde América del Sur y b) la cocaína se trasporta mucho más a través del Pacífico que del Caribe. Las acciones de fuerza fueron, en realidad, el preludio para el ataque de enero de 2026; ataque que el gobierno argentino justificó.
Más recientemente y ante el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, el 28 de febrero de 2026, la Presidencia se manifestó en estos términos: “La Oficina del presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad”. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció así: “El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”. No hubo, previo a los bombardeos, ni inminencia ni evidencia de que Irán estuviera ad portas de un ataque contra Israel y/o Estados Unidos; lo cual refleja que lo ejecutado por Washington y Tel Aviv no se trató de una acción preventiva legal. Tampoco los ataques se pueden justificar por razones vinculadas al régimen de no proliferación nuclear. En la última visita a Estados Unidos, durante marzo, Milei fue más allá y en relación a la guerra contra Irán aseguro — como si la Argentina participara de algún modo en ella — “vamos a ganar”. El mandatario parece cautivado por lo bélico y aprovecha cada ocasión para sobreactuar la relación subordinada a Washington.
En breve, la disposición a respaldar, sin reparo alguno, las acciones militares en todos los casos mencionados que han contado con la participación directa de Estados Unidos, y dejando de lado toda referencia al derecho internacional, es inédito. Habrá que ver en el futuro qué efecto tiene este cheque en blanco a Washington en cuestiones claves de política exterior y de defensa de la Argentina.
Milei, bajo el “escudo” de Trump
En ese marco, la administración de la La Libertad Avanza ha dado un paso adicional en su inclinación a validar el uso de la fuerza sin hesitar. En efecto, el 5 de marzo, el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, firmó, junto a otros 15 ministros de defensa de América Latina y el Caribe más el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, — quien volvió a invocar la Doctrina Monroe — la llamada Declaración de Seguridad Conjunta durante la Conferencias Anti-Carteles de las Américas. Este evento fue previo a la Cumbre “Escudo de las Américas” que contó con la asistencia de 12 presidentes; entre ellos, estuvo Javier Milei.
Atrás quedó la Cumbre de las Américas de 1994 que reunió 34 naciones y cuyo propósito básico, cualquiera sea la apreciación histórica y actual al respecto, fue de naturaleza material: concretar un Área de Libre Comercio. El nuevo esquema de la administración del presidente Donald Trump no persigue un objetivo semejante (vía intercambio, asistencia, etc.) sino que se trata de una iniciativa fundamentalmente militar. Ya no hay aspiración hegemónica, sino anhelo de dominación. Esa iniciativa, a su vez, parece encuadrarse en lo que señalan Nevada Joan Lee y Christopher Preble: ante el estado moribundo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, lo aconsejable “parece ser la adopción de acuerdos ad hoc”. Lo alcanzado en la reunión de la Florida es, sin duda, eso: Estados Unidos escoge el asunto, determina la misión y un conjunto de gobiernos afines lo acompañan sin controvertir. Algo propio, en política internacional, de la relación patrón-cliente.
El asunto principal que subraya la Declaración es el establecimiento de “una coalición para combatir el narco-terrorismo y otras amenazas compartidas en el hemisferio occidental”. En la alocución de Donald Trump — único orador — durante la Cumbre la “otra amenaza” evidente fue China. Sin embargo, lo más importante es analizar la Proclama que anunció el 7 de marzo la Casa Blance y que explicita, sin equívocos, de qué se trata lo firmado según el mandatario estadounidense. En pocas palabras, es “un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está preparada para operacionalizar la fuerza militar para derrotar a las amenazas a nuestra seguridad y civilización.” En consecuencia, “los cárteles criminales y las organizaciones terroristas…deben ser destruidos”, al tiempo que “las influencias extranjeras malignas” deben ser contenidas. El acuerdo firmado no es un texto jurídicamente vinculante, pero sí constituye una decisión política de reforzar la relación militar con Estados Unidos de acuerdo a las prioridades que Washington fija; máxime tratándose de gobiernos de indiscutible cercanía ideológica. Lo suscrito encierra la idea de una “coalition of the willing” (coalición de voluntarios) unificada por motivos ideológicos y dispuestos a sumarse a una nueva cruzada anti-drogas.
La clave entonces es descifrar qué significa para el Pentágono la operacionalización de la “fuerza militar” en la región. Ante el vacío de información por parte de las autoridades argentinas, lo genérico de la Declaración suscrita, la acción presidencial publicada por la Casa Blance el 7 de marzo y las operaciones específicas recientes desplegadas por los militares estadounidenses en América Latina, es posible conjeturar ciertas alternativas no necesariamente excluyentes. En esa dirección, es relevante recordar que el primer ítem de la “Evaluación Anual de Amenaza” de la comunidad de inteligencia estadounidense que se hizo pública en marzo de 2025 fue el “Foreign Illicit Drug Actors”, con particular atención sobre México; país que desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón, lanzó la “guerra contra las drogas”, ha padecido 463.000 homicidios. Asimismo, el 15 de diciembre del año pasado la Casa Blanca emitió una Orden Ejecutiva que afirmó que el fentanilo es un “arma de destrucción masiva”; si bien no lo es, alimenta la idea de recurrir a la fuerza en el exterior para resolver un problema severo derivado de la demanda interna de sustancias psicoactivas ilícitas.
Así entonces, por una parte, están los ataques a lanchas en el Pacífico y el Caribe que ha venido llevando a cabo el Comando Sur. Conviene recordar que, según información en los medios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reaccionó furiosa en noviembre de 2025 ante el hecho de que el almirante Carlos M. Allievi, por entonces jefe del Estado Mayor de la Armada (JEMGA), no aceptara la solicitud del Departamento de Guerra de sumar un destructor argentino a la fuerza naval estadounidense en el Caribe. El 3 de diciembre el almirante fue sustituido de la JEMGA. Un día antes, Carlos Pagni comentó en su columna habitual que en septiembre de 2025 — cuando se iniciaron las ejecuciones extra-judiciales en el Caribe y el Pacífico — el secretario de Estado Marco Rubio, le pidió al presidente Milei su apoyo “en el conflicto con Venezuela”. Dado que las ilegales ejecuciones de lancheros en el Pacífico y el Caribe continúan, una opción es que Washington procure ahora que otros países de la región se sumen de algún modo para normalizar el uso de la fuerza letal contra presuntos narco-terroristas.
Otra eventual alternativa es que los países signatarios de la Declaración de Seguridad Conjunta inviten, como ya lo hizo Ecuador, a Fuerzas Especiales de Estados Unidos para combatir grupos criminales. El 3 de marzo, exactamente dos meses después del ataque militar a Venezuela y 48 horas antes del encuentro de ministros de Defensa en la Florida, el Comando Sur anunció que Washington y Quito se asociaban en “operaciones contra narco-terroristas” en el país andino. Un frente nuevo de despliegue militar en medio de la guerra a Irán. Una versión menos ostensible a la alternativa mencionada se observa en el caso de México en el que la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, establecida por el Departamento de Guerra en enero de 2026, aportó información de inteligencia para dar de baja a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” en febrero de este año. Cada país firmante de la Declaración de Seguridad Conjunta, podría, en consecuencia, acordar un rol de los militares estadounidenses en la lucha interna contra las drogas; desplazando a las fuerzas de seguridad e involucrando activamente a las fuerzas armadas nacionales en cuestiones de orden público. Desde antes del 11/9 Estados Unidos había impulsado el criterio de los militares latinoamericanos como “crime fighters” (combatientes del crimen) en la región. Hubo, al respecto, escasas resistencias; siendo la Argentina una de las excepciones. Ahora Washington pretende la plena naturalización de aquel criterio. No sorprendería que el gobierno actual se entusiasmara con esa propuesta. Por ello, corresponde subrayar el Decreto 1112 de 2024 mediante el cual se apuntó a modificar el sistema de defensa nacional, explicitando entre las agresiones a repeler no solo a las “organizaciones terroristas”, sino “otras organizaciones transnacionales”. Mediante definiciones vagas de distinto tipo de amenazas el decreto habilita la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior.
Una tercera hipotética opción podría estar ligada a la obsesión de Trump por desmantelar laboratorios de fentanilo en México. Su último secretario de Defensa en su primer mandato, Mark Esper, aseveró en sus memorias que el presidente le propuso “lanzar misiles contra México para destruir laboratorios de drogas”. En la reunión de los 12 presidentes del continente en la cual solo habló Trump, él afirmó que México “es el epicentro de la violencia de los carteles”. Trump no ha cejado en su intención de atacar los laboratorios de fentanilo en el país vecino. En el problemático evento de que ello sucediera, es probable que Washington aspire a que los países alineados con el llamado “Escudo” no lo condenen con la vehemencia que ello requeriría. En el caso de la Argentina durante el actual gobierno, las relaciones con México han sido frías y tensas desde que Milei se refiriera al presidente Andrés Manuel López Obrador como patético, lamentable e ignorante. El vínculo ha persistido en estado glacial durante la presidencia de Claudia Sheinbaum.
En síntesis, hay algunas consideraciones básicas que importa destacar. Primero, los datos provisionales sobre muertes por sobredosis de sustancias declaradas ilegales vienen descendiendo, no aumentando, en Estados Unidos. El argumento del pánico social y moral es sobredimensionado y utilizado para racionalizar una política de mano dura contra las drogas, tanto adentro como afuera. A pesar de un millón de billones (1 trillón en la escala numérica estadounidense) de dólares en la lucha contra las drogas durante medio siglo, el fracaso de la “guerra contra las drogas” ha sido estruendoso. La Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 y la Estrategia de Defensa Nacional de enero de 2026 refuerzan la centralidad del fenómeno de las drogas en la política exterior estadounidense hacia la región. Las victorias pírricas han sido habituales y la hiper-securitización del fenómeno de los narcóticos se ha potenciado sin ninguna claridad estratégica salvo para mostrar que los gobiernos están dispuestos a librar batallas perennes (y frustrantes) contra las drogas.
Segundo, los asuntos de defensa en la región son realmente trascendentales: convertir a las fuerzas armadas en una suerte de guardias nacionales es un error mayúsculo cuando se requieren fuerzas armadas dotadas y preparadas para un escenario global y continental cada vez más desafiante y peligroso en el que la soberanía ya está en entredicho. A su vez, una mayor militarización del combate contra las drogas y los criminales en la región derivará, más temprano que tarde, en una mayor politización de las fuerzas armadas, inducida por gobiernos civiles desbordados por la inseguridad pública y los apuros económicos.
Y tercero, no hay nada que indique que a la Argentina en sus actuales condiciones de elocuente vulnerabilidad le convenga la exacerbación de confrontaciones; por el contrario, el país necesita distensión para hacer frente a los retos internos y encrucijadas internacionales. La promoción o justificación de escenarios armados en la región y el mundo es completamente disfuncional a los fines de asegurar los intereses nacionales. La pulsión belicista del actual gobierno es desacertada y podría ser, además, altamente costosa.
En 1950, el célebre diplomático y estratega estadounidense George F. Kennan —recordado como el arquitecto de la llamada doctrina de la contención frente a la Unión Soviética— envió un memorándum al secretario de Estado con una advertencia cruda: Estados Unidos debía adoptar una postura mucho más dura frente a las regiones donde crecían simpatías comunistas. En particular, sostenía que Washington tenía que subrayar sin ambigüedades su condición de gran potencia, dejando en claro que necesitaba mucho menos a los países de América Latina que ellos a él. Y que, si no cooperaban, serían disciplinados. Con Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca, esa lógica de dominación y disciplina parece haber encontrado una nueva vida. Y, según advierte el sociólogo argentino especializado en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian, empieza a traducirse en avances concretos.
Este sábado, doce mandatarios latinoamericanos peregrinarán a Miami para participar de Escudo de las Américas, una cumbre de aliados convocada por Trump en un club de golf de su propiedad. “Estados Unidos ha entendido que es posible unificarlos, coordinarlos. Es posible que su proyecto ahora encuentre una oportunidad”, resume Tokatlian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y autor de Consejos no solicitados sobre política internacional (Siglo XXI).
Pregunta: ¿Cree que esta nueva guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encerrará en Oriente Medio o podría convertirse en un conflicto global?
Respuesta: Es muy dudoso que este conflicto se ramifique a otras regiones. Si bien hay en la vecindad próxima otra serie de conflictos no resueltos, no hay una interconexión entre ellos, en buena medida porque hay otro conjunto de actores extrazonales que no están interviniendo ni pretenden intervenir en materia militar, que son Rusia y China. Lo que está haciendo Estados Unidos, más allá de acompañar la solicitud que le extendió Netanyahu de comprometerse nuevamente en atacar Irán, no parece ajustarse a un plan estratégico. Parece cambiar tácticamente día por día respecto de sus objetivos y está dispuesto a seguir escalando. En ese sentido, en la vecindad próxima, sin duda el conflicto ya tiene una dimensión zonal mucho más grande que la que tuvo en junio del año pasado. Ahora, si lo miro con un lente aún mayor, éste es un conflicto que revela quizá como ningún otro —desde la invasión rusa a Ucrania, desde el ataque de Hamás al sur de Israel y la retaliación feroz del gobierno de Netanyahu, hasta Irán 2025— un quiebre dramático del derecho internacional.
P: ¿Qué quiere decir con eso?
R: En primer lugar, ninguno de los dos actores que iniciaron esta acción militar buscó algún nivel de legitimación internacional. No pudieron invocar la legítima defensa, alegando que había evidencia de que serían atacados. Y, por lo tanto, este era un test global importante de cómo los países se iban a comportar respecto al derecho internacional. Y aquí fue dramático, porque en el mismo día de los hechos el Reino Unido, Francia, Alemania emiten un comunicado en el cual ni siquiera nombran el ataque ni el agresor y es un comunicado de cuatro párrafos dirigidos contra Irán. Pocas horas después, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, felicita a Estados Unidos y a Israel por la medida militar, sin siquiera mencionar que hay algún principio de legalidad en juego. Cuando se hace el debate en el Consejo de Seguridad, sí hubo exposiciones críticas, pero lo más llamativo es que no hubo la posibilidad de redactar una resolución al menos deplorando el evento. Ni Rusia, ni China buscaron dejar constancia de que había sucedido algo respecto al derecho internacional. Si leo el comunicado de India, también veo que es un comunicado muy suave. Y Milei, entre otros, aparece respaldando directamente la acción. Quiero decir que este acontecimiento puede ser el inicio de la sepultura del derecho internacional tal cual lo conocemos en términos del uso de la fuerza, su legalidad y su legitimidad.
P: ¿Qué consecuencias puede tener este quiebre de reglas, a qué abre la puerta?
R: A que la arbitrariedad de los poderosos sea la norma. Y que los propósitos sean, a nivel regional o global, de sumisión. Es decir, ya no es una cuestión de que falló el multilateralismo —que falló nuevamente—, falló una arquitectura que nos guió desde 1945 en adelante. Y cuando uno borra el papel del derecho internacional como una forma de convivencia, entra en una terra incógnita.
La inernacional reaccionaria
Tokatlian describe el avance de una “internacional reaccionaria”, un articulado transnacional que se nutre de think tanks y de magnates que movilizan recursos en función de un proyecto político que promete restaurar un supuesto pasado glorioso. Aunque líderes como Kast, Milei o Trump tienen estilos y contextos distintos, comparten un lenguaje político similar y forman parte de una misma familia ideológica que se expande globalmente.
P: Este sábado gran parte de los presidentes latinoamericanos llegarán a Miami a ver al “tótem” de la internacional reaccionaria, como describe usted a Trump.
R: Esa reunión es la expresión de que Estados Unidos ha entendido que es posible unificarlos, coordinarlos. Es posible que su proyecto —expresado en la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional de alinear y disciplinar a América Latina— ahora encuentre una oportunidad. Y si en abril Perú va por derecha; si en mayo vuelve la derecha Colombia y si en octubre gana la derecha otra vez en Brasil, tendrán prácticamente el grueso de esta región totalmente disciplinada. Si este proceso resultase, habría que ir prácticamente a los 60 y 70, cuando la mayoría de los gobiernos de la región estaban alineados con Estados Unidos por razones de combatir contra el comunismo y por razón de que había gobiernos militares. Ahora los tenemos en democracia, no están combatiendo contra nadie, pero van a estar ideológicamente mucho más alineados.
P: Trump tiene su ejército voluntario en Latinoamérica.
R: Esa es una buena forma de ponerlo. A esta internacional reaccionaria hay que pensarla como un proyecto con recursos, con contactos. Acá hay unos tipos que tienen muchísimo dinero, que son magnates, que además tienen una estructura organizativa vía think tanks, que además adoctrinan muy bien, que están jugando un juego a mediano y largo plazo.
P: ¿Y qué quieren?
R: Poder. Reorganizar las sociedades. Cuando Milei y otros, incluido Trump, hablan de batalla cultural, evidencian algo más profundo que una lucha política, porque cambiar una cultura toma muchas décadas, posiblemente siglos.
Milei y una cancillería irrelevante
P: Argentina ya sufrió dos atentados terroristas, cuya autoría se vincula a Irán. ¿Estar tan pegados a Estados Unidos e Israel en este momento expone a Argentina a un riesgo que no le corresponde?
R: Si uno piensa qué sucedió en el pasado, aparece que Argentina sumó un listado de cosas que nos pusieron en la mira de países en conflicto: por ejemplo, el plan misilístico argentino de los 80, el hecho de haber sido el único país latinoamericano en sumarse a la guerra a Irak en el 91. Cuando los actores de la zona buscaron un flanco débil, ese flanco débil era Argentina. Esa visión desmesurada de una Argentina, la idea de que podía convertirse en un jugador significativo por lo que hiciera o por lo que dejara de hacer, ya nos mostró que nos metíamos en un lugar peligroso. ¿Estoy queriendo decir que ahora se van a repetir estos atentados terroristas? No. Lo que estoy diciendo es que ésta es una Argentina aún más débil y vulnerable que aquella y asume compromisos como si fuera un actor que controla a actores claves en Medio Oriente.
P: ¿Ve una estrategia clara, alineada con los intereses nacionales, en la política exterior de Milei?
R: Yo creo que el gobierno de Milei tiene una visión del mundo anacrónica, que no tiene matices ni la suficiente flexibilidad. No contempla que hay temas en los cuales Argentina tenía un prestigio que debía seguir preservando, que hay socios históricos a los cuales no podemos seguir maltratando, como Brasil. El ejemplo simbólico de esto es que se logra la liberación de un gendarme argentino en Venezuela por medio de una organización deportiva, porque el gobierno se negaba a negociar con las autoridades de ese país por razones dogmáticas.
P: ¿Esta visión anacrónica que tiene Milei es que le basta con ponerse detrás del escudo del más poderoso?
R: Creo que la idea es: yo secundo a Estados Unidos, que es vital para mi existencia como proyecto político.
R: Sí, él ahí tiene un punto. En su criterio, para la sustentabilidad de su proyecto político solamente necesita a Estados Unidos. Hace un tiempo le pregunté a un embajador cómo le estaba yendo con las relaciones con Argentina y me dijo que no sabía, porque era parte “de los 191 países”. Se refería al grupo de países por fuera de Estados Unidos y de Israel con el que el gobierno de Milei directamente no se relaciona. “No sabemos si somos amigos de Argentina, enemigos, si nos repudia, si nos registra”, decía. Si esto sirve para la preservación de un gobierno y de una coalición gobernante, uno puede decir a dos años vista que eso lo ha logrado. ¿Eso significa defender los intereses nacionales? No, no es lo mismo.
El 3 de enero, tras 35 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que resultaron en la ejecución extrajudicial de 115 personas, la Casa Blanca ordenó el bombardeo de Venezuela–causando alrededor de 80 muertos–y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
Se trató de la remoción forzada de un Jefe de Estado, sin cambio de régimen, ya que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia: decapitación del liderazgo con continuidad de régimen; algo inusual. Jamás existió inminencia ni evidencia de que Venezuela atacaría a Estados Unidos: hubo sí una rotunda violación del derecho internacional.
Aquel día se puso en marcha un experimento mediante el cual Venezuela es el laboratorio de un neo-protectorado por imposición en tanto intento de dominación y disciplina regional. Aquello no fue otra extravagancia circunstancial de Trump.
Primero y principal porque el recurso a la fuerza militar se concentró históricamente en América del Norte: México (guerra y anexión territorial), y América Central y las islas del Caribe mediante invasiones recurrentes y operaciones directas. Estados Unidos no había invadido un país en América del Sur: Venezuela es un caso emblemático que muestra que Washington ha cruzado un umbral geopolítico en el continente.
Segundo, la última invasión antes de Venezuela fue la de Panamá, en diciembre de 1989. La preocupación jurídica y política dio lugar a una resolución (redactada por Argelia, Colombia, Etiopía, Malasia, Nepal, Senegal y Yugoslavia) presentada al Consejo de Seguridad de la ONU con una amplia mayoría a favor y con el veto de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. La resolución fue rechazada, pero la administración Bush fue muy criticada. Tras la acción militar en Venezuela, el tema se debatió en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no se discutió resolución alguna. Ni Rusia ni China, individual o conjuntamente, plantearon una, mientras que América Latina ha estado dividida. En 1989 Washington pagó un (modesto) costo diplomático, en 2026 no ha pagado ninguno. En especial, debido a que Europa, olvidando su traumática historia, optó por apaciguar a Trump.
Tercero, el grado de aislamiento de Venezuela en América Latina es elocuente. Delcy Rodríguez, la sucesora de Maduro, no ha concitado entusiasmo en la región. Venezuela resulta hoy aún menos atractiva, tanto para la izquierda como para la derecha; ya sea por la vergonzosa tutela de Washington o por la promesa incumplida de Trump de instalar en la presidencia a una figura de la oposición. Esta realidad regional vuelve al país más vulnerable al sueño neo-protectoral de Trump en un área segura para Washington: China no es acá una amenaza militar.
Cuarto, no es claro si existe algún quid pro quo tácito entre Washington y Moscú en relación con el futuro de Venezuela y Ucrania. Sin embargo, si la idea de las esferas de influencia–como algunos señalan y defienden–ha regresado a la realpolitik de las grandes potencias, conviene esperar y observar.
Quinto, el despliegue militar revela que hubo algunas “lecciones aprendidas”. En la invasión a Panamá participaron unos 27.000 soldados y entraron en combate: murieron entre 300 y 500 panameños. Una invasión terrestre de Venezuela era improbable tanto por razones de política interna como por los fracasos militares pos11/9.
La invasión de Irak en 2003 estableció una autoridad provisional bajo el mando de Paul Bremer. Él inició su gestión mediante la des-baazificación del gobierno y la disolución del ejército, creando un gran caos. Desde Obama hasta Trump han impugnado a los chavistas en el gobierno y desconfiado de la fuerza armada, pero era imposible replicar, sin altos costos, la experiencia insensata de Irak.
En lugar de imponer por la fuerza la que sería visto como una controvertida autoridad títere–María Corina Machado–, resultaba menos dañino dejar a Rodríguez en la presidencia y evitar la alienación de los militares. Tras el colapso del régimen de Muamar Gadafi en Libia en 2011, el vacío de poder fue total; una receta para la ingobernabilidad.
Lo que siguió fueron lustros de violencia. Eso no era admisible en Venezuela. Es evidente que Washington prefirió estabilidad y control–dos factores clave durante décadas para la comunidad de inteligencia–en lugar de satisfacer a los halcones en Estados Unidos y Venezuela.
Inmediatamente después del 3 de enero, quedó claro que Trump II iba a imponer, desde la distancia, un neo-protectorado. Especialmente en lo que respecta a los ingresos petroleros y bajo la amenaza de otro ataque militar si Caracas no cumple con las demandas de Washington. Un neo-protectorado al servicio de los amigos del poder y de Trump y su familia que han embolsado unos US$ 4.000 millones desde 2025.
Entonado por una victoria fácil en una región sin conflictos fatales, sabido el deterioro severo del derecho internacional, con aliados europeos sumisos y con potencias que quieren hacer lo propio si fuere necesario, desdeñando experiencias vividas en una zona anárquica, con un frente interno hondamente polarizado, Estados Unidos se sumó a Israel en un ataque ilegal contra Irán.
Cabe entonces recordar la frase de Franklin D. Roosevelt del 9 de diciembre de 1941: “No existe tal cosa como seguridad para ninguna nación–ni para ningún individuo–en un mundo regido por los principios del gangsterismo”.
El Congreso de la Nación convierte en ley la reforma laboral que elaboraron los grandes estudios pagados por el gran capital que opera en el país, liderados por Bruchou & Funes de Rioja. Su titular, Daniel Funes de Rioja, en 1976, durante la dictadura cívico-militar, fue nombrado representante de las patronales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue también, durante el gobierno de Videla, asesor del Ministerio de Planeamiento de la Nación, desde donde se hacían millonarios negocios con las obras públicas y los amigos de la patria contratista. Ha sido, entre otras cosas, desde junio de 2021 a junio de 2025 presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), impulsado por los miembros de AEA (Asociación Empresaria Argentina).
La AEA hizo un almuerzo en su sede, el 17 de diciembre de 2025, en honor al empleado del JP Morgan y titular del BCRA, Santiago Bausili. Ellos son los principales compradores de los 38.806 millones de dólares en el año 2025 que se detrajeron del mercado local, como informa el balance cambiario del BCRA.
Para tener una idea de las proporciones, esa suma es mayor que toda la coparticipación de impuestos que recibieron en el año 2025 las 23 provincias y la CABA. Y supera en un 52,3% el monto total de los diez proyectos aprobados por el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) a la fecha, por un total de 25.479 millones de dólares (y que lleva su tiempo de ejecución).
La reforma laboral busca como principal objetivo el despido y el cierre de empresas con el menor costo posible para la patronal. Esto es claro cuando vemos el cierre intempestivo de FATE, empresa de más de 80 años de antigüedad, que dejó 920 trabajadores en la calle, o de Hilandería Alal SACIFI de más de 100 años de funcionamiento, o de otras que se reconvierten en importadoras como Whirlpool y Metalflor, etc. El total en dos años de empresas que cierran y/o están en ese camino es de 20.135, lo que dejó a 275.600 trabajadores registrados sin su empleo.
El CEO de Techint pregonaba esta reconversión de la economía argentina como un “reseteo” del país. Ahora es vigilado por los servicios de inteligencia del Estado por ser acusado por el Presidente de conspirar contra el gobierno. Esto ocurrió cuando apagó el horno de Ternium Siderar (ex SOMISA) el 29 de agosto de 2025.
Techint fue una beneficiada en obras públicas por la dictadura militar (que no la hacía competir con empresas extranjeras), y por los seguros de cambio de Cavallo y González del Solar al traspasar su deuda en dólares al Tesoro nacional, el cual pagó esa deuda y la de las empresas que se acogieron al seguro de cambio (en el año 1982, tras Malvinas) con Bonex 1992. Título que Techint y demás conspicuos miembros de AEA compraron en la década de los ’90 a precio vil (la lámina decía 100 dólares y la pagaron en los mercados secundarios entre 18 y 24) y que luego emplearon en las privatizaciones del menemismo (que tomó esos títulos al valor nominal). También se benefició con la “pesificación asimétrica» de Duhalde, entre tantas cosas más.
Además, apostó a Vaca Muerta para quedarse con el petróleo y el gas que nuestra Constitución establece que son propiedad del pueblo y, por lo tanto, ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento pueden disponer de tales recursos sin consultar específicamente al pueblo.
La renta financiera y la reconversión del país
Fue la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977 la que hizo que el crédito dejara de ser un instrumento de política económica para convertirse en mercancía financiera.
Lo había asegurado Thomas Jefferson, principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando afirmó: “Las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. (…) Si el pueblo norteamericano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, primero por medio de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de los bancos (…) privarán al pueblo de toda propiedad hasta que sus hijos se despertarán sin techo en el continente que sus padres conquistaron”.
Esto explica tajantemente por qué el total de préstamos al sector privado en la Argentina de 1974 representaba el 43,5% del PIB, que durante ese año, el país contaba con una estructura de 823 entidades financieras, incluyendo una fuerte presencia de cooperativas de crédito y bancos comerciales, en un contexto de pobreza del 4,6% de los hogares. Y en 2025 los préstamos no alcanzan al 11% del PIB (en torno al 6% para empresas y menos del 5% personales) las entidades apenas llegan a 61, de las cuales 14 son públicas y 47 son privadas (y no hay indicador cierto de la pobreza por acción premeditada del gobierno).
Sistema financiero argentino
El crédito es poco significativo porque los bancos y, sobre todo, los ocho privados más grandes, tienen bonitas sucursales distribuidas en todo el país para captar depósitos (en pesos y en dólares). Pero sólo prestan a los sectores más concentrados (con carteras vinculadas) y al Estado.
Si vemos la última publicación del BCRA, de octubre de 2025, los estados contables consolidados de los bancos privados nos dicen que el crédito solo es el 45,34% del total de activos; por ende, el 54,66% es en efectivo (juega en ello la llamada mesa de dinero con que se prestan los bancos entre sí), en títulos públicos e intermediación financiera.
Bancos privados
Y la relación es peor en los bancos públicos, que se ven obligados, incluso los de las provincias (salvo honrosas excepciones como son los bancos de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y de La Rioja), a comprar bonos públicos en las licitaciones del Tesoro de la Nación con los que financian su gasto.
Bancos públicos
El consolidado de los bancos públicos nos dice que es casi igual el total del crédito que otorgan que la posesión de títulos públicos.
El sistema financiero genera poco crédito a la producción y al trabajo y financia los títulos de corto plazo de la Administración nacional, ahogada por una deuda cada vez mayor, que hace estéril el brutal ajuste fiscal que llevan a cabo.
Deuda bruta – Administración nacional
Por ejemplo, el gobierno presenta el resultado fiscal del mes de enero de 2026 con un superávit financiero de 1.105.159 millones de pesos (aproximadamente 0,1% del PIB), producto de un resultado primario de 3.125.737 millones de pesos (superávit primario de aproximadamente 0,3% del PIB) y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por 2.020.578 millones de pesos.
No dice que ingresaron en divisas, pero el presupuesto nacional lo contabiliza en pesos, por la concesión por 30 años de las cuatro represas del Comahue por 1.043.879,2 millones. Y tampoco dice que capitalizaron intereses, deuda financiada por los bancos, los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y las compañías de seguros, por unos 5.982.700 millones de pesos (que la Secretaría de Finanzas de la Nación contabiliza en 4.126 millones de dólares), con títulos de cada vez menos plazo (mayoría de vencimiento en marzo y abril de 2026) y a una tasa promedio del 3% mensual (anualizada en torno al 40%) contra una inflación promedio que el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) estima en 22% para el año 2026.
Si observamos en el cuadro del conjunto del sistema financiero al día 18 de febrero de 2026, la disparidad entre los depósitos en dólares captados (por 40.867 millones) y el total de créditos concedidos (por 19.768 millones) explica por qué el equipo dirigido por Luis Caputo pretende que se den créditos en divisas a los que no tienen ingresos en moneda extranjera, descalzándolos como sucedió en el año 2001. La diferencia la pagó el Estado nacional, y está expresamente prohibido por resoluciones del BCRA.
La necesidad de dólares para pagar los importantes vencimientos de la deuda externa les hace recurrir a violaciones flagrantes de las normas y a modificar otras, como es la RG N.° 1108 de la Comisión Nacional de Valores del día 18 de febrero de 2026, que adecúa su normativa a las disposiciones establecidas en la Ley N.° 27.799 de Inocencia Fiscal y su decreto reglamentario N.° 93/2026 en el mercado de capitales, permitiendo a los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y a proveedores de servicios de activos virtuales (PSAVs, entre los cuales aparecen los exchanges cripto) captar los dólares no declarados a través de fondos de diferentes tipos para su cartera de inversores.
En síntesis
La magnitud de la deuda bruta de 502.934 millones de dólares (a los 460.934 millones declarados por la Secretaría de Finanzas, se le deben sumar los 36.000 millones de dólares de los Bopreales y los 6.000 millones de los tres Repos), la escala de vencimientos de corto plazo y un mentiroso superávit fiscal, que no es tal porque se capitaliza cada vez más (y en menor plazo) como deuda (en realidad se opera con déficit financiero y déficit primario), hacen que el mismo gobierno reconozca que no puede colocar títulos de deuda en el mercado internacional (nadie le presta a un país en la ahogada situación de deuda y financiera en que está) y que tiene que recurrir a los recursos internos.
La venta a precio vil de nuestro patrimonio de empresas públicas y de recursos naturales y la violación de normas bancarias de seguridad es el camino adoptado para beneficio de una minoría rentista y parasitaria, como lo demuestra la adjudicación por 30 años de las cuatro represas del Comahue.
Es hora de que el pueblo argentino ponga límites a quienes nos endeudan y pagan con nuestro patrimonio, como hacía el Grupo Marsans de España, que vendía los aviones de Aerolíneas Argentinas y de Austral para pagar el canon de su privatización.
Otro dato de envergadura es el dólar, por lo visto en el gobierno prima la baja o apreciación del peso, cuestión que ocurre casi siempre en las estabilizaciones cuando se privilegia un aspecto, en este caso la inflación.
El tipo de cambio oficial: Esfuerzos desplegados del gobierno para no cruzar la banda superior. En el 2026 se modifica la banda y se ajusta con el IPC (dos meses anteriores) y el dólar en baja.
· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de ENERO 2026 más otros indicadores asociados. En el próximo documento abordaremos cuestiones del sector real.
· El gobierno necesita dólares, del saldo entre las exportaciones e importaciones, de las inversiones y otras fuentes como ventas de activos, compras en bloque, pero por lo visto el golpe fuerte de ayuda vino de USA. Ahora el BCRA comprando reservas y los hace con bastante fuerza.
· Milei, conjeturamos, ingresa en proceso electoral para 2027. Todo girará mirando esa fecha. Parafraseando: “nada del 2027 le es indiferente”.
· Nuevamente el FMI, continuará con los aportes y recomendaciones. Aumentar reservas es lo usual y asegurar modificaciones en el trabajo.
· El tipo de cambio es un precio más, pero más no cualquiera. Todo el mundo mirando como se mueve.
· El riesgo país disminuye y sube o sube y disminuye, pareciera que ahora viene la reducción del mismo, en la actualidad por debajo de los 600 puntos. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) perdió puntos. Hoy depende más del dólar que de la inflación. Un peso apreciado.
· Mirando afuera: Trump, con los aranceles, los reduce, los aumenta, los suspende y desconcierta al más pintado, migraciones, retiro de organizaciones internacionales, aspiraciones de expansión. Ucrania, no se sabe y se desangra. Siempre aparece alguna sorpresa con los aranceles.
· CEPO parcial desde abril. Un tipo de cambio flotante por ahora y entre nuevas bandas. ¿Cómo se comportará en adelante el dólar en el corto plazo y mediano? En noviembre y diciembre se moderaron las compras. Mirar con cuidado la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y la Cambiaria.
· La inflación (alrededor del 2.8 % promedio) en el mes de enero 2025. Alimentos con valor superior. La conjetura oficial es de alrededor el 1 % y 1.5 % mensual en el 2026.
En esencia y sintéticamente, un protectorado refleja una condición en la cual un Estado se subordina a otro. Se entiende que un Estado poderoso es “protector” de uno débil en el marco de una relación asimétrica donde el primero desempeña un conjunto de funciones propias del ejercicio de poder del segundo que, a su turno, adolece de una soberanía cierta y efectiva. Se trata, en fin, de un vínculo tributario (para el débil) y de control (por el poderoso) que puede o no estar institucionalizado mediante, por ejemplo, un tratado. Las trayectorias de los primeros protectorados se fueron asemejando con el tiempo: ocupación territorial, fortalecimiento del dominio, aseguramiento de influencia, supresión de alternativas independientes hasta transformarse en parte de una frontera imperial. El telón de fondo fue un reparto inter-imperial y un esquema colonial sostenido.
La hora de los protectorados
Durante el siglo XIX, en especial, la proyección de distintas potencias europeas en Asía y África se caracterizaron por el establecimiento de protectorados que se consolidaron como parte de una estrategia “civilizatoria”. Mientras tanto, en ese período Estados Unidos comenzó su expansión territorial mediante guerras (por ejemplo, contra México y contra España con el consecuente despojo de espacios cercanos y distantes), adquisición (por ejemplo, Luisiana de Francia, Florida de España, Alaska de Rusia), y anexión (por ejemplo, de Hawai). Para comienzos del siglo XX, el Reino Unido y Francia, en particular, reforzaron el comando de sus protectorados; en algunos casos mediante la formalización de acuerdos en África y Medio Oriente.
En ese contexto, Estados Unidos inició una política orientada a instaurar protectorados formales (a través de mecanismos legales) e informales (mediante la dominación económica, militar y económica). Por ejemplo, por medio de la Enmienda Platt (1901) incorporada a la Constitución de Cuba, se limitó la soberanía cubana y en 1903 Estados Unidos estableció la Base de Guantánamo en la isla. En 1903, Washington (presidencia de Theodore Roosevelt) y Wall Street (con un rol decisivo de JP Morgan) promovieron y lograron la separación de Panamá respecto a Colombia. El Tratado Hay-Bunau-Varilla (un francés actuando en nombre de Panamá) de 1903 le otorgó a Estados Unidos control perpetuo y soberano sobre la zona del canal.
A ello hay que agregar el manejo financiero, la presencia militar y la instalación y remoción de gobiernos en países de Centroamérica y el Caribe. Las intervenciones armadas fueron, como lo muestra un detallado informe al respecto, habituales en Honduras (1903, 1907, 1911, 1912, 1919), República Dominicana (1903, 1904, 1914, 1916), Panamá (1903, 1904, 1912, 1918), Cuba (1906, 1912), Nicaragua (1910), y Haití (1914, 1915); todas ellas antes de la creación de la Sociedad de las Naciones (SDN) en 1919. Sin embargo, el despegue militar de Estados Unidos en la Cuenca del Caribe no concluyó, sino que continuó por lustros.
El sistema de mandatos
Resulta importante considerar el establecimiento de la SDN después de la Primera Guerra Mundial pues en su carta se admite, tácitamente, la para entonces evidente multiplicación de protectorados. El Articulo 22 señala: “A las colonias y territorios que, como consecuencia de la última guerra, han dejado de estar bajo la soberanía de los Estados que antes los gobernaban y que están habitados por pueblos que todavía no pueden valerse por sí mismos en las duras condiciones del mundo moderno, debe aplicarse el principio de que el bienestar y el desarrollo de tales pueblos constituyen un deber sagrado de la civilización y de que las garantías para el cumplimiento de este deber deben estar incorporadas en el presente Pacto”.
Así entonces, sigue el texto: “El mejor método para llevar a la práctica este principio consiste en confiar la tutela de tales pueblos a naciones avanzadas que, por sus recursos, su experiencia o su situación geográfica, puedan asumir mejor esta responsabilidad y que estén dispuestas a aceptarla, y en que esta tutela sea ejercida por ellas como Mandatarios en nombre de la Sociedad”.
Bajo ese marco, se establecieron los denominados mandatos tutelados exclusivamente por el Reino Unido y Francia en Medio Oriente, por el Reino Unido y Francia (especialmente) más Bélgica, Sudáfrica y Australia en África, y por Australia, Nueva Zelandia y Japón en el Pacífico. El objetivo imaginado era que en un punto en el tiempo se produjera la independencia y el auto-gobierno de las unidades político-administrativas bajo el sistema diseñado. Pero ello no se concretó.
Se trató, en la práctica, de un ejercicio de control externo, derivado de atributos y condiciones notablemente asimétricas; lo cual asemejaba, de hecho, los nuevos mandatos a los previos protectorados. A su vez, los principales “mandantes” eran los tradicionales “protectores” del pasado. Se entendía que los mandatos serían temporales dado que los protectorados se habían tornado permanentes. No obstante, los parecidos entre unos y otros resultaban cada vez más patentes. De allí que las relaciones de subordinación poderoso-débil se mantuvieron intactas.
Iniciada la Segunda Guerra Mundial, ocurre un caso interesante de protección. En efecto, en 1940 Alemania invade Dinamarca. Washington, sin haber entrado en el conflicto todavía pero temiendo la proyección militar alemana en el Atlántico norte, concluyó un acuerdo con el representante danés en Estados Unidos mediante el cual se encargaría de la defensa militar de Groenlandia, pero sin anexarla. En síntesis, en su momento Groenlandia fue una suerte de protectorado sui generis y transitorio de Estados Unidos.
En 1946, Washington hizo una oferta para comprarla: no fue aceptada pero en 1951 se firmó un acuerdo que permitía—y permite—el acceso militar estadounidense a ella. Cabe recordar que había existido un antecedente diplomático-territorial entre Dinamarca y Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Washington se sintió inquieta por una eventual presencia de Alemania en el Caribe, al tiempo que Copenhague carecía de los recursos para sostener sus Islas Vírgenes caribeñas. Finalmente, Estados Unidos se las compró a Dinamarca—y se convirtieron en las US Virgin Islands—por un equivalente de lo que serían actualmente unos US$ 600 millones de dólares.
Los territorios en fideicomiso
Como se sabe con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU). Con otra nomenclatura regresó la cuestión de los mandatos—o protectorados—con la expectativa de terminar con el colonialismo: el régimen internacional de administración fiduciaria. Esto se conocía como el “Trusteeship System” que se asumía sería transitorio, supervisado internacionalmente y tendría el propósito de concluir en una descolonización completa. En África, al administración estuvo a cargo de países europeos (Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia), mientras en el Pacífico le correspondió a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. Cabe aclarar que en el Pacífico existe aún un conjunto de territorios (Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa estadounidense, Islas Marshall, Micronesia, Palau) con distintos estatus, unos bajo soberanía de Estados Unidos y otros independientes, que se consideran, según algunos autores, parte de un sistema imperial o de cuasi-protectorados bajo dominio de Washington.
Con el fin de la Guerra Fría se produjo una renovación del debate en torno a los territorios en fideicomiso como resultado de dos dinámicas diferentes. Por un lado, la instalación de la idea de que los conflictos inter-estatales estaban destinados a reducirse o finiquitarse y que las disputas intra-estatales se podrían incrementar ante la terminación de la rivalidad Este-Oeste. En los noventa la cuestión de la época fue la de los Estados fallidos; condición estatal que se juzgaba debía revertirse. Por otro lado, el aumento de las llamadas intervenciones humanitarias alentó iniciativas alternativas para evitar mayores costos humanos y para facilitar posguerras incruentas.
Desde los Balcanes hasta Haití, desde África hasta Timor Oriental surgieron propuestas de distinto tipo destinadas a avanzar opciones fideicomisarias de carácter internacional. En el fondo, eso reflejaba que la igualdad jurídica de los Estados estaba en entredicho. La realidad fáctica superaba a la construcción legal. En los hechos, muchos conflictos se prolongaron o resurgieron y las resistencias a modalidades actualizadas de protectorado fracasaron.
“Imponer” estatalidad y legitimidad, mediante esquemas de fideicomiso, de tal modo que los gobiernos proveyeran bienes públicos colectivos, fue prácticamente inalcanzable. También se puso en evidencia de que las razones instrumentales y geopolíticas de las intervenciones eran, por lo general, más decisivas que las proclamas altruistas y promisorias.
¿El momento neo-protectoral?
Desde hace unos años ha resurgido analíticamente, no tanto en términos del derecho, la figura del “nuevo protectorado” o, en otras palabras, el neo-protectorado. El retorno—una vez más—de la geopolítica, sumado al eclipse del llamado “orden basado en reglas”, el recurrente uso del despliegue militar por parte de los actores más poderosos y en distintas latitudes, y la erosión del multilateralismo en medio de una imponente transición y redistribución de poder e influencia opera como un telón de fondo en el cual la pugnacidad internacional se exacerba. Por lo tanto, varios espacios se revalorizan. Por ejemplo, los océanos, los estrechos, los polos, y los territorios con recursos críticos se transforman en epicentros de disputa y control.
Las lógicas expansivas y agresivas propias de los imperios reaparecen con intensidad, en medio de un contexto donde se relajan las auto-restricciones de los gobiernos, se debilita la capacidad regulatoria de los Estados, y descuella el poderío de emporios tecnológicos y financieros. Bajo ese marco de referencia, el revisionismo tiende a proliferar. Florecen Estados insatisfechos con el orden internacional prevalente y con la distribución de poder existente. Asoman Estados impulsivos y maximalistas, dispuestos a recurrir a la fuerza para asegurar sus anhelos y objetivos. Y no son pocos.
A los fines de este texto, me interesa resaltar el caso estadounidense. En particular, el hecho más sugerente de la segunda presidencia de Donald Trump es que Estados Unidos ha devenido una potencia revisionista. Sin embargo, y como he señalado en su momento, hay que añadir un detalle singular: Estados Unidos no es un país que en el último cuarto de siglo haya consolidado su cohesión social y capacidad material internas y aumentado su influencia y prestigio internacionales. Se encuentra, en términos históricos y comparativos, altamente polarizado y en relativo declive.
Trump y la coalición MAGA (Make America Great Again) perciben que el sistema ya no beneficia enteramente a Estados Unidos y que todas las contra-partes mundiales, sean cercanas, aliadas, distantes y opositoras, han abusado de su supuesta generosidad. No se observa una renovada pretensión hegemónica –que siempre combina una dosis de (mayor) persuasión y (ocasional) coerción–con el propósito de asegurar un nuevo liderazgo, sino la preferencia por un proyecto de dominación en el que impera la amenaza, la retaliación y el chantaje a adversarios y socios por igual. Washington intimida mediante aranceles desmesurados, deportaciones masivas, ataques selectivos, anuncios expansionistas y retóricas pendencieras.
En breve, Estados Unidos, es una gran potencia que cada día se comporta con más prepotencia; lo cual revela, en buena medida, su impotencia para moldear a plenitud y solitariamente, el sistema global.
Ya desde el comienzo de Trump II quedó en evidencia el talante neo-protectoral de su gestión. Anunció formalmente —ya lo había hecho antes de asumir la presidencia— su voluntad de recuperar, sin descartar el recurso a la fuerza, el Canal de Panamá y casi de inmediato el gobierno panameño realizó varias concesiones domésticas e internacionales para satisfacer al presidente estadounidense. Nada garantiza que eso sea suficiente para el mandatario y los “halcones” de su gabinete donde predomina una dinámica facciosa y la ausencia de una estrategia consistente.
A su vez, Trump formuló su deseo de anexar Canadá como el 51avo estado del país. A ello sumó la imposición unilateral de aranceles y la acusación de que su vecino era el segundo exportador del fentanilo; sustancia que provoca el 70% de las muertes por sobredosis como producto del uso de drogas. Su ofuscada y camorrista posición hacia Canadá derivó en un fenómeno electoral inesperado. El candidato liberal Mark Carney estaba muy atrás en las encuestas previas a la elección. El conservador Pierre Poilievre, una suerte de émulo canadiense de Trump llevaba una cómoda delantera: cuatro meses antes de la elección de abril de 2025 aventajaba a su rival por una diferencia de 25 puntos. Carney triunfó por una diferencia de 2.4 puntos. Desde entonces Trump provoca recurrentemente a su vecino y, de tiempo en tiempo, aparecen quienes sugieren planes para apoderarse de Canadá por partes.
También, Washington ha insistido en comprar Groenlandia y hacerse de ella. Como ya anoté, esto no es una novedad ni en el caso de Estados Unidos ni de Trump, en particular, que ya en 2019, durante su primer mandato, había querido adquirir ese territorio de Dinamarca. Es importante subrayar que la Estrategia de Defensa Nacional de 2026 estadounidense identifica en tres ocasiones y conjuntamente como “territorios claves” al Canal de Panamá y a Groenlandia. Esto confirma que, desde el Ártico hasta la Cuenca del Caribe, la administración Trump concibe un vasto perímetro de defensa: un área cubierta, de facto, por el “homeland” de Estados Unidos. Ese perímetro indica un límite geográfico en el cual no se admiten intrusos y, por lo tanto, es imperativo configurar una especie de barrera de protección infranqueable.
Si en los casos de Panamá, Canadá y Groenlandia se manifiesta un intento de restaurar o instituir un modelo ad hoc de cuasi-protectorados siguiendo parámetros del pasado, en el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, el 3 de enero de este año y en lo que aparenta ser la meta de Estados Unidos, la cimentación de un neo-protectorado resulta más elocuente. En palabras de Bernabé Malacalza, asistimos al ensayo de un esquema de “tutelaje remoto”.
A mi entender, hay un matiz adicional a ponderar. El protectorado “clásico”, con o sin tratado de por medio, significaba que la potencia dominante controlaba dimensiones claves como la política exterior, la defensa, y, hasta, la economía del país “protegido”. El manejo de la política exterior y la política de defensa remitía a cuestiones de seguridad del Estado poderoso; la injerencia económica apuntaba a facilitar los negocios privados de sectores empresariales en proceso de expansión.
El esbozo de neo—protectorado, que se prefigura, busca incidir sobre la política externa y de defensa a través de la amenaza de la fuerza en tanto elemento disuasivo y coercitivo: si se incumple, se castiga. A esto hay que adicionar la incidencia directa del Estado (vía exigencias, ventajas y beneficios), de los gobernantes (en este caso, el enriquecimiento de Trump en persona), del mundo de los negocios de los amigos del poder, ya sea en áreas productivas y/o financieras.
El país a proteger se transforma en una suerte de botín a usufructuar, así sea en el corto plazo, con la expectativa de dividendos diplomáticos y materiales relevantes para el Estado, el ejecutivo en persona, y actores contribuyentes (por ejemplo, en materia de campañas electorales) e influyentes (en el manejo del poder) del sector privado. Si la conformación de los protectorados, con las trayectorias enunciadas al comienzo de este escrito, expresaba una perspectiva estratégica que se iba afianzando paulatinamente, el experimento del neo-protectorado, al menos en el caso testigo puesto en marcha por Estados Unidos, parece táctico y frágil; propia de una época de en la que sobresale un capitalismo depredador y un deterioro democrático.
A modo de reflexión última
Es posible advertir la continuidad durante dos siglos de un patrón extremo en las relaciones entre actores poderosos y actores débiles en el sistema inter-estatal. Me he concentrado en las experiencias de protectorados encabezados por potencias de Occidente, pero hay casos de vinculación entre “protectores y protegidos” en Oriente. Especial atención merece la evolución de Estados Unidos en la materia; en particular por su plan de acción actual respecto a la región. El previsible acoso de Trump a América Latina se ha hecho realidad en menos de un año de su gestión. Acá me he referido, al final, a un tipo de neo-protectorado por imposición. El ejemplo emblemático hoy es Venezuela.
Ahora bien, ¿qué sucede con el neo-protectorado por invitación? Esto es; un gobierno aquiescente en el que se manifiesta una conjunción de situación y disposición: situación de asimetría notable con un poderoso y disposición de las elites y de un gobierno de turno a subordinarse plenamente a ese actor con grandes atributos de poder. En el caso de neo-protectorado por imposición la soberanía se pierde, en el caso de neo-protectorado por invitación la soberanía se entrega.
En ambos, por motivos diferentes, el “protegido” y subordinado busca supervivencia: de un régimen, de una coalición gobernante, de un líder, de una clase social, de un proyecto político. Veremos si en el futuro inmediato América Latina conoce ejemplos de uno y otro tipo.
Habrá que seguir de cerca el corolario de la cumbre que Trump convocó en Miami para comienzos de marzo y a la cual donde asistirán mandatarios de seis países alineados a Washington con distintos niveles de intensidad: quizás se pueda ir vislumbrando quien o quienes pudieran ser los neo-protectorados por invitación. En ese sentido, es indudable que habrá un triunfador, así sea momentáneo: será Estados Unidos bajo Trump.
