¡Adiós, Latinoamérica!

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El 7 de agosto de 1988, dos meses antes del plebiscito votado negativamente sobre la continuidad hasta 1997 del mandato de Augusto Pinochet, el economista y político de derecha chileno Joaquín Lavín escribió en el periódico El Mercurio un artículo interesante e impactante bajo el título ¡Adiós, Latinoamérica! Decía que Chile estaba en vías de sumarse al Primer Mundo, que el país era una suerte de émulo de los “tigres” económicos del sudeste de Asia y que poco tenía que ver con sus pares de una región rezagada.

Tres meses después de iniciado el gobierno de Javier Milei, parece que en este lado de la cordillera resuena aquella noción promovida en el ocaso de la dictadura. Una mezcla de desinterés, altivez y rusticidad hacia América Latina parece predominar, al menos hasta el momento, e incluso antes de la inauguración del gobierno. Por ejemplo, antes del ballotage, Milei calificó al Presidente Lula de Brasil de “comunista y corrupto”. En una videollamada invitó a su asunción al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, señalando que para él “sería un honor enorme, sería algo hermoso”. A pesar de ser Brasil el principal socio comercial del país, a pesar de haber desarrollado el único sistema eficaz y creíble en el mundo de contabilidad y control bilateral en materia nuclear, y en momentos en que nosotros necesitamos más de Brasil que lo que Brasil necesita de Argentina, Milei no parecía interesado en que el mandatario brasileño en funciones viniera. Aunque hubo un comienzo tenso entre los dos gobiernos, a escasos cuatro días del comienzo de la administración de La Libertad Avanza, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo puente de US$ 960 millones para que el gobierno argentino pudiera cubrir el pago de intereses de diciembre al Fondo Monetario Internacional: Brasil jugó un papel importante para que se realizara tal desembolso.

Cabe mencionar asimismo que las descalificaciones, insultos y provocaciones no se circunscribieron a Lula. En junio de 2022, en una entrevista a un medio colombiano y respecto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó su apoyo al entonces candidato presidencial Gustavo Petro, Milei dijo: “Lo de López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante”. Agregó que consideraba su gestión económica, social y cultural, un fracaso. En cuanto al presidente de Chile, Gabriel Boric, Milei indicó en una entrevista a un medio de ese país en septiembre de 2023 que sería bueno que los chilenos pudieran sacarse de encima al “empobrecedor de Boric”. El mandatario chileno asistió al cambio de mando el 10 de diciembre y en esa oportunidad señaló: “Más allá de las públicas y conocidas diferencias que pueda tener con el presidente Milei, deseo por el bien del pueblo argentino que tenga una buena gestión”. En enero de 2024, en una entrevista a una periodista colombiana, Milei volvió a referirse a él argumentando que “es alguien que tiene las ideas incorrectas”. En ese mismo reportaje calificó al Presidente Petro de “comunista asesino”. Colombia llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires. Hubo otro incidente con el mandatario colombiano, cuando en un encuentro en Estados Unidos de febrero, en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora, aseguró que Petro era “una plaga letal” para los colombianos; lo cual fue enérgicamente rechazado por el gobierno en Bogotá.

A su turno, en la primera semana de gestión, el gobierno argentino anunció que no designaría nuevos embajadores en Cuba, Nicaragua y Venezuela donde la administración de Alberto Fernández había efectuado nombramientos políticos. Como se sabe, la diplomacia es un recurso fundamental del Estado para manejar las relaciones con los semejantes, los diferentes, los distantes y aún con los indeseables; algo elemental de una política exterior realista y razonable. Es perfectamente posible enviar embajadores de carrera que hagan un trabajo profesional en esos países.

Al destrato, sin embargo, se agregó la maquinación. En días previos a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, aseveró en una entrevista televisiva –sin mostrar ningún tipo de evidencia ni tampoco iniciar una denuncia formal– que había en el país “infiltrados de Cuba y Venezuela” con propósitos desestabilizadores. Y añadió: “En los disturbios que hubo hace unos años en Chile pasó lo mismo”. Al parecer, la canciller sabía que a raíz de las protestas de octubre de 2019 en el país vecino sectores de derecha y algunos militares argumentaron que las movilizaciones estaban apalancadas por agentes de Cuba y Venezuela con el objetivo de fomentar una insurrección. Lo que es muy probable es que ella desconozca que después de varias semanas de dedicación de recursos humanos y materiales, que incluyó casi 20.000 detenidos, la revisión de antecedentes de más de 23.000 venezolanos, el monitoreo de dirigentes estudiantiles, el reclutamiento de informantes y los registros sobre bandas criminales, la Inteligencia de Carabineros llegó a la conclusión en noviembre de que no había ningún complot auspiciado desde el exterior.

Paralelamente, antes y después del 10 de diciembre de 2023, y hasta el 10 de marzo de 2024, Milei no ha viajado a ningún país de la región tanto como mandatario electo como presidente en ejercicio. El primer destino de Eduardo Duhalde fue México; de Néstor Kirchner fue Brasil; de Cristina Kirchner, Uruguay y de Mauricio Macri, Paraguay. Milei ha afirmado que “(Carlos) Menem fue el mejor presidente de toda la historia” y algunos analistas destacan que en política internacional pretende seguir sus pasos; en especial en cuanto a las relaciones estrechas con Occidente en general y con Estados Unidos, en particular. Pero al menos para Menem la región ocupaba un lugar: su primer periplo presidencial fue a Bolivia y tiene el récord de visitas a Brasil: 22.

En materia comercial -un frente clave para una administración que ha enfatizado la significación de las relaciones económicas- los muy incipientes resultados de la gestión parecen no mostrar, hasta ahora, un mayor dinamismo del intercambio con la región. Las cifras estimadas de enero de 2024 de acuerdo al INDEC indican una leve mejora de la exportaciones (9.6%) y una caída de las importaciones (-14.3%). En cuanto a los datos regionales, la caída de las importaciones provenientes del Mercosur fue importante: -20% comparando enero de 2023 y enero de 2024. Para el resto de Aladi fue -18.8%. En términos individuales, la mayor baja se registró en relación a Brasil (-24.8%) y Chile (-21.4%). Según datos preliminares de febrero y en la comparación anual, tanto las exportaciones como las importaciones entre Argentina y Brasil reflejan caídas de -24% y -30%, respectivamente.

A pesar de todo lo anterior, es interesante que cuatro países de América del Sur se presentaron recientemente como “amicus curiae” ante la Corte de Apelaciones de Manhattan en favor de la Argentina para que el país no sea condenado en el juicio que Burford inició contra YPF. Hacen un cuestionamiento explícito al fallo de la jueza Loretta Presta en tanto afecta las relaciones comerciales entre naciones soberanas y advierten sobre el peligro de ese tipo de sentencias y el papel asumido por tribunales estadounidenses. Por un lado, Brasil y Uruguay presentaron un escrito común y, por el otro, lo hicieron conjuntamente Chile y Ecuador.

Además de las referencias a mandatarios de la región, a los viajes presidenciales y a las relaciones bilaterales, es importante destacar el ámbito de los foros multilaterales del área para apreciar más integralmente la política latinoamericana desplegada en los primeros tres meses del actual gobierno. Por ejemplo, en la campaña, en agosto de 2023, en una entrevista a un medio estadounidense, Javier Milei aseveró: “Creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien”. En enero de 2024, el gobierno indicó su disposición a apurar el estancado acuerdo Unión Europea-Mercosur acordado, en principio, en 2019 y retardado por la posturas de algunos gobiernos europeos. En todo caso, el lugar estratégico (¿o marginal?) del Mercosur no parece haberse definido todavía en el mapa de orientación política, económica, social y cultural del gobierno.

También en enero se conoció que el gobierno contemplaba retirarse –por segunda vez– de Unasur, al tiempo que Brasil procuraba reanimarlo. Argentina y Brasil fueron impulsores de la Unión de Naciones Suramericanas establecida en 2008; el gobierno de Macri se retiró en 2019; el gobierno de Fernández reingresó en 2023; y el de Milei parece oscilar entre irse o quedarse. No es nada bueno para la reputación de un país eso de entrar y salir así de organizaciones intergubernamentales.

A comienzos de marzo se produjo la VIII Cumbre de la Celac, compuesta por 33 miembros y a la que asistieron 15 jefes de Estado. Hubiera sido esperable que la Argentina, como parte de la troika (el país ejerció la presidencia pro tempore en 2022), tuviera una alta representación en el encuentro en Kingstown, San Vicente y Granadinas. Sin embargo, ni Milei ni Mondino acudieron. Fue el vicecanciller, Leopoldo Sahores. Quizás su labor discreta contribuyó a que Celac -a pesar del muy bajo lugar que le ha asignado el gobierno- haya ratificado en su declaración final el apoyo a los legítimos derechos de soberanía del país respecto a Malvinas, a lo que se agregó una comunicación especial sobre el tema. Resulta fundamental resaltar que han sido los diplomáticos de carrera -esa especie de disco duro de los servicios exteriores- los que pudieron reducir, de algún modo y en parte, los daños de las gestiones de Donald Trump y Bolsonaro en materia internacional.

Como se puede observar, pese a los agravios a algunos líderes, al evidente desdén hacia la región y la poca motivación para fortalecer el multilateralismo en el área, los países de América Latina no han reaccionado con desconsideración o desquite hacia la Argentina. Todo lo contrario; han intentado ayudar al país. Varios parecen tener una especie de paciencia estratégica frente a la nueva administración. El gobierno se equivoca si cree que persistir por la senda iniciada no generará eventuales costos futuros de alguna índole. Una buena política exterior se mide, en especial, por los costos que evita.

En reiteradas oportunidades, en el país y el exterior, el presidente y la canciller han remarcado que la alineación geopolítica del gobierno de La Libertad Avanza es con Estados Unidos e Israel y contra los gobiernos que consideran comunistas. Dicho sea de paso, quien lea la propuesta de gobierno de Bolsonaro (O Caminho da Prosperidade) para la campaña de 2018 verá exactamente lo mismo. No hay que confundir extravagancia con originalidad.

Bajo ese marco de referencia general, los viajes, los gestos y los anuncios han sido consecuentes con las preferencias y las aversiones comunicadas, una y otra vez. En ese contexto, y hasta ahora, el lugar de América Latina ha sido residual. Aún en gobiernos que aspiraban a que la Argentina “reingresara” al Primer Mundo como el de Menem y el de Macri, la búsqueda de vínculos muy intensos e íntimos con Occidente estuvo acompañada de relaciones importantes con otras contrapartes: Brasil, de modo más amplio en el caso de Menem, China de modo parcial en el caso de Macri. Se identificaron ambos en su momento como ejes de complementación ante la centralidad incuestionable que, para Menem y Macri, tuvo Washington. Lo ideológico se expresaba en un occidentalismo activo; lo pragmático se evidenciaba en los vínculos complementarios. En el caso de la presidencia de Milei, ni Brasil, ni el Cono Sur, ni Latinoamérica parecen ser considerados de alguna relevancia, así sea práctica: frente a la región también se asume una visión ideológica.

La sobrecarga ideológica del gobierno hasta la fecha muestra que, en realidad, prevalece un perfil dogmático. Ser dogmático es actuar con rigidez, carecer de capacidad crítica y asumir posturas ilusas. Eso ha sido muy recurrente en la política exterior argentina y se revela cuando los gobiernos optan por posturas y propósitos maximalistas, inmediatistas e inflexibles. Ello puede generar dificultades serias. Es bueno entender que el adiós a América Latina puede conducir a la soledad en América Latina.

Comentarios sobre la competencia y facultades de la Unidad de Información por Financiera

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Mediante el Decreto 8/23 de la Administración Pública Nacional, se modificó la competencia de todo lo referido a la política, elaboración de planes, programas,  fiscalización y representación del ESTADO NACIONAL ante los organismos internacionales, en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y  se faculta al ministerio de Justicia de la Nación a ejercer el control tutelar respecto de los organismos descentralizados actuantes en su órbita. (art 22 del mencionado decreto presidencial) es decir la UIF (Unidad de Información Financiera) queda bajo la órbita del ministerio de Justicia Nacional, anteriormente estaba bajo la órbita del Ministerio de Economía

Asimismo, se manifestó en distintos medios de comunicación que la UIF no oficiara como parte querellante en los juicios donde existan intereses en materia PLA/FT.

Recordemos que la Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley N° 25.246 y modificatorias, es la autoridad de aplicación y actúa como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia. Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.   La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador – Cap. IV Ley N° 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el artículo 20 de la Ley mencionada, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto N° 2226/08.   Es el organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, y como tal es un organismo estratégico para proteger la integridad del sistema económico financiero.   Además de las funciones relacionadas a la recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y la diseminación de los resultados de dichos análisis, cumple con funciones de regulación, supervisión e incluso de querella en causas que involucren delitos de financiamiento del terrorismo y lavado de activos, así como sus delitos precedentes. Por ello, la amplia gama de facultades que ejerce la UIF y el gran cúmulo de información que recaba de sus fuentes la posicionan como un organismo fundamental en el sistema ALA/CFT.   La inteligencia financiera cumple un rol crucial en la lucha contra la criminalidad. El lucro y el poder económico alientan la proliferación de las actividades criminales. Siguiendo esta premisa, la misión es lograr que estas actividades no sean redituables. Las organizaciones criminales pueden variar en tamaño, estructura y alcance operacional, pero ninguna de ellas puede operar si se les impide el acceso a los fondos.   Además de la seguridad pública, la UIF tiene la importante tarea de resguardar el orden económico y financiero nacional, al evitar que quienes operan al margen de la ley compitan de manera desleal con quienes cumplen con las regulaciones que el Estado establece para asegurar un sistema sano y transparente.   Para cumplir de manera eficiente su misión, la UIF depende del intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales competentes. Con ese fin, cuenta con la capacidad de firmar de manera autónoma convenios de colaboración que le permitan acceder a la gama más amplia de información financiera, administrativa y de orden público. Además, tiene la autoridad para intercambiar información y firmar memorandos con entidades homólogas a nivel internacional.   A través de la UIF, se regula y supervisa la relación con los organismos de colaboración específicos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para tener pautas objetivas de reporte de los distintos sectores del sistema económico financiero.

Conclusiones

En primer lugar, debemos preguntarnos si el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) puede modificar la competencia y dependencia de la UIF como organismo autárquico por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). A tal fin deberán cumplirse con los procedimientos constitucionales referidos a los DNU El art. 99. inciso 3º de la Constitución Nacional establece cuándo puede emitir decretos de necesidad y urgencia, es el que emite el presidente cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional. Los decretos de necesidad y urgencia no pueden tratar temas de materia penal, tributaria, electoral o sobre partidos políticos. El Jefe de Gabinete debe comunicar al Congreso de la Nación los decretos de necesidad y urgencia que se emiten. El Congreso debe controlar si se cumplieron los requisitos que establece la Constitución. La Comisión Bicameral Permanente tiene que expedirse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras para su tratamiento.

A tal fin debemos preguntarnos si este cambio en la UIF es meramente administrativo o implica una modificación a las leyes penales. La ley 25246 nace como una ley penal con componentes administrativos, el estado de excepcionalidad es difícil de dilucidar en países como el nuestro dónde tenemos crisis económicas recurrentes.

Por otro lado, entendemos que la UIF se abstenga de participar como parte querellante en los delitos en los que actúa el crimen organizado transnacional debilita mucho al poder judicial y al sistema antilavado ya que hay inequidad entre ambos, a favor de los primeros.

Cursar, producir y competir

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El presente documento intenta demostrar cómo a partir de las fuertes mutaciones en la matriz socio política y cultural que tuvo lugar en América Latina post-globalización, hacia fines del siglo XX y durante lo que va del siglo XXI, se ha comenzado a construir un nuevo enfoque de la educación basado en las teorías del capital humano, implementadas recientemente en la Argentina por el gobierno de extrema derecha del Presidente Javier Milei.

El Estado Argentino está expuesto al impacto de una globalización hegemónica, asimétrica, reproductora y profundizadora de desigualdades sociales preexistentes, capaz de cuestionar y atravesar sus decisiones, produciendo la desarticulación entre Estado y sociedad. Los sistemas educativos sufren en consecuencia dichos impactos y se muestran descolocados, desarticulados frente a la sociedad.

Además, la penetración política, económica y cultural a partir de redes culturales y sociales se constituye como determinante para las estructuras académicas y los modelos de ciudadanía propuestos, que muestran signos de agotamiento.

La escuela no puede demostrar su enorme potencial de otrora frente al surgimiento de nuevas formas de acción social, asociadas a la información, el consumo y la formación, que lxs actores sociales, sobre todo lxs más jóvenes, empiezan a encontrar en redes sociales, o sea en ámbitos de socialización ajenos y a menudo contrarios a los idearios escolares.

La voracidad de las corporaciones transnacionales, el capital financiero internacional y sus sectores políticos internos tributarios, interesados en revertir los planes y programas de estudio vigentes, encuentran un campo fértil para la instalación de las propuestas del capital humano.

Educación al servicio empresario

El Presidente Milei, en su discurso inaugural de espaldas al Poder Legislativo, el 10 de diciembre de 2023, aseguró que “sólo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela”. Más allá del dato en sí mismo no es real, ya que la tasa de egreso es de alrededor del 75% (tomando en cuenta el desgranamiento escolar producido durante la pandemia, que aunque en menores niveles se mantiene todavía alto), lo que preocupa es que constituya uno de los fundamentos esgrimidos para justificar la instalación de las teorías del capital humano en la Argentina, por lo que las mismas significan y porque empeorarían las condiciones de calidad de la educación, que seguramente –y dado el nuevo índice de pobreza aportado por el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA ), de 57,8%– no son las mejores.

A pesar de lo expuesto, la embestida del Presidente contra la educación no terminó allí, ya que una de sus principales medidas consistió en la eliminación del Ministerio de Educación como tal y su paso a la condición de una Secretaría de muchísimo menor rango y dependiente de un nuevo Ministerio, como es el de Capital Humano. Curiosa denominación para un Ministerio que nuclea los ámbitos de Salud, Educación, Trabajo y Acción Social. Todo un mensaje al que apeló el Presidente que nos permite adivinar lo exiguos que serán los presupuestos para la educación, la salud, el trabajo y la ayuda social de cada vez más ciudadanxs.

Las políticas de mercado que rigen el orden mundial y las concepciones neoliberales de la educación son las que tributan a la teoría del capital humano, que tuvo su origen en los años ‘50 del siglo XX, con los economistas Gary Becker y Theodore Schultz como sus principales representantes. Fueron ellos quienes advirtieron sobre la relevancia de la calidad de la mano de obra para el crecimiento económico nacional, la productividad y la competitividad, formación implementada desde su paso por el sistema educativo. “Esta inversión permite a la gente dar un mayor rendimiento y productividad a la economía moderna” [1].

Puede definirse el capital humano como el conjunto de habilidades, talentos y conocimientos que se adquieren por la educación formal, así como las habilidades que se consiguen luego, por la práctica habitual y la inversión específica en las experiencias laborales.

La teoría del capital humano forma parte de un enfoque económico de la educación. Considera a lxs alumnxs, en su etapa escolar, como actores en la búsqueda de una inversión que haga rentables sus posibilidades económicas futuras.

La etapa posterior, la referida al acceso al mundo del trabajo, deberá complementar su formación con acciones de actualización y capacitación, adquisición de competencias y habilidades a cargo de las empresas que pudieran emplearlos.

“El capital humano considera al sistema educativo como proveedor de recursos humanos para el mercado de trabajo. El sistema educativo, la escuela, queda de este modo subordinada estrictamente al mercado de trabajo y sus requerimientos. Para el capital humano, la educación está al servicio de las demandas empresariales y de lo que los empresarios digan que hay que estudiar”, explica el sociólogo y ex ministro de Educación, Daniel Filmus [2].

La teoría del capital humano considera clave, en el proceso de formación de los individuos, la construcción de una subjetividad asociada al incremento potencial del crecimiento económico, la productividad y la competitividad, restringiendo de esta manera el significado de la educación a dichas metas.

Los ejes reguladores del sistema educativo, es decir los que constituyen lo que es la formación de ciudadanía, serán en adelante producir y competir con eficiencia para el mercado. Estos se convertirán en valores y en hábitos que se aprenderán desde la escuela, en desmedro de otro tipo de valores como empatía, solidaridad, convivencia democrática, justicia social y soberanía.

El capital humano refiere a la tasa de retorno que produce la inversión en educación, es decir, a modo de devolución, en la medida que aumenta la productividad y la competitividad de cada individuo en su desempeño laboral.

“Los buenos sistemas educativos, de calidad, no responden al capital humano ni al mercado, sino que educan en la integración de los ciudadanos para la participación social, la continuidad de estudios superiores, en la universidad, la vida familiar, la política y el trabajo” [3].

Finalmente, asistimos a una mutación cultural que impacta en la matriz sociopolítica clásica y moderna. La democracia, la nación y la escuela no escapan a ella y atraviesan un momento crítico, como nunca antes en la historia.

Por supuesto que dicha situación está requiriendo el inicio de un proceso de reconfiguración del Estado y de la realidad planteada en los párrafos anteriores, a realizarse en este momento desde las escuelas, que constituyen territorialmente la parte de la comunidad donde los docentes, alumnos y otros actores del sistema educativo pueden participar en la recuperación del protagonismo de la educación y en la reversión de las situaciones que hemos planteado.

Se podría avanzar inclusive hacia la definición de un diseño curricular básico y nacional en el que intervengan las fuerzas políticas democráticas, sin exclusiones; romper el límite de los debates históricos, avanzar en unidad de criterios para poner fin, por ejemplo, a políticas públicas donde la meritocracia educativa determina el destino de ricos y pobres luego de su paso por la escuela. Es preciso construir un nuevo poder ciudadano, una ciudadanía ampliada, que considere tanto los actores individuales como colectivos, sobre las bases de la democracia participativa, la convivencia democrática y la justicia social.

* El autor es ex director de Educación Media y Técnica de CABA. Integra el Grupo de Apoyo Técnico-Pedagógico de la Secretaria de Educación Secundaria, UTE-CTERA.

Cosecharás tu siembra

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El Nuevo Testamento en Gálatas 7 [1] dice: “No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra”.

Y este gobierno no va a ser la excepción. En 72 días produjo una brutal y regresiva distribución del ingreso al devaluar nuestra moneda en más de un 100% no bien inició la gestión y liberar los precios, medidas que fueron adoptadas con el grado de concentración económica imperante, en el que son contados con los dedos de una mano las empresas que fijan el importe de la harina, del arroz, del maíz, del aceite, de la leche, de la yerba, del azúcar, de la carne de vaca, de pollo, de cerdo, de los medicamentos, etc. También del combustible, del aluminio, del cemento, del acero e igual con los servicios de luz y gas, con mercados cautivos, los que se prestan a “ajustar” sus valores sobre un costo que nunca se da a conocer.

En lugar de emplear la fertilidad de nuestro suelo y la rica naturaleza energética y de minerales de todo tipo que la Argentina cuenta para abastecer a un valor razonable a la población y posibilitar su industrialización y, de esa manera, generar trabajo local, el gobierno de Javier Milei es funcional a la proclama del embajador Marc Stanley: “El mundo necesita lo que tiene la Argentina” [2].

Javier Milei en función de ese mandato es que afirma “que en la Argentina está prohibido limitar las exportaciones” y que se debe reducir el déficit fiscal. Jamás dice que la causa de que nos privemos de consumir y de vernos obligados a vender alimentos y combustibles al exterior para obtener divisas, así como del déficit fiscal generado, es una deuda externa por más de 100.000 millones de dólares tomada en el gobierno de Cambiemos, de la que nunca se investigó en qué se empleó.

Si uno dijera que con esa suma se recuperaron los puertos, esencialmente el de Rosario, que se construyen barcos y que tenemos nuestra línea marítima de bandera, o que se construyeron un millón de viviendas, cuando no se compró un ladrillo.

A su vez, el Estado nacional debe adquirir los dólares a los exportadores con sus ingresos en pesos y esa operación significa emisión de dinero (ingresan dólares al BCRA pero, a cambio, el BCRA emite dinero por esas divisas). Para que ese dinero emitido no vaya al mercado paralelo, la autoridad monetaria coloca títulos de deuda (Lebac, Leliq, Notaliq y pases pasivos) que son encajes remunerados (retenciones de dinero que hace el BCRA), que tomaron dimensiones extraordinarias, alcanzando a ser más de dos veces la base monetaria y pagando por ello intereses a los bancos en pesos, pero por un equivalente a 2.000 millones de dólares por mes.

El nivel y la magnitud del endeudamiento se agravó considerablemente durante la gestión encabezada por Alberto Fernández, que de las reservas internacionales del BCRA les vendió a precio oficial las divisas a las empresas privadas para que cancelen su deuda externa.

Los endeudamientos de Cambiemos y del Frente de Todos tornan imposible pagar la suma de deudas externas. Situación que se torna más compleja cuando 13 provincias [3] desde 2016 también se endeudaron por 16.334 millones de dólares.

De allí que cuando Milei dice que la causa de la inflación es el déficit fiscal, propone llevar todo el gasto público consolidado (se denomina gasto público argentino) al 25% del PIB y pretende comprometer a las provincias en ese objetivo con la firma de un pacto el 25 de mayo de 2024, desconociendo la realidad, es funcional a la venta, a como dé lugar, de recursos y activos del país

Según la Secretaría de Hacienda de la Nación, el gasto consolidado promedio (2009-2021) del gobierno nacional alcanza el 24,4% del PIB (27,5% en 2020 y 24,3% en 2021); el de la CABA y las provincias, el 15,7% (16,5% en 2020 y 15,1% en 2021), y el de los municipios, el 3,3% (3,5% en 2020 y 3,4% en 2021); lo que suma 43,5% del PIB.

El discurso de Javier Milei sobre recortar el excedente del gasto político en todo el país no alcanza a ser el 4% del PIB. Por eso propone la recreación del sistema de capitalización privada previsional (retorno a las AFJP) y que las obras públicas se hagan bajo el sistema de participación público privada (PPP), en un retiro del Estado que sucede en países como Chile, Perú, Paraguay, los hermanos países de América Central, pero no en Brasil que en el año 2023 el gasto público total significó el 43,49% de su PIB. Tampoco en España, en donde el gasto estatal fue del 48,72% del PIB, ni en Francia, que fue del 54,3% del PIB, y tampoco en Japón, que significó el 42,77% de lo que produjo en el año.

La Argentina tuvo una destacada labor en la lucha contra el COVID gracias a las políticas estatales de salud, que tuvieron que reemplazar el caro e ineficiente sistema privado. Y este país creció sostenidamente y a una tasa promedio del 3,4% anual entre los años 1943-1974, básicamente, por el gasto estatal y el consumo interno. Y se degrada hasta llegar a ser lo que es hoy con niveles de pobreza que rondan al 60% de la población, por la política de ajuste fiscal y de disminución de la demanda interna para aumentar los saldos exportables

Es más, los países que tienen mayor gasto fiscal son los más desarrollados y los que menos tasas de inflación sufren. Japón tuvo una tasa de inflación del 2,6% anual en el año 2023. España de 3,5% anual, Francia 4,9% anual y Brasil 4,62% anual.

También es mentira la relación entre inflación y emisión monetaria. El mismo Javier Milei, en su discurso, se jactó de que la base monetaria es solo el 3% del PIB, cuando en los países de mayor gasto público la base monetaria es seis, siete y hasta ocho veces mayor sobre el PIB y la tasa de inflación no supera en ningún caso el 5% anual. La Argentina de Milei a enero de 2024 tiene una inflación anual de 254,2% y es la mayor tasa del mundo [4].

El pacto del 25 de Mayo

En ese marco lineal y no corroborado por la realidad, Milei propone a las provincias acordar en 10 temas, como las tablas de Moisés, cuando, de este gobierno, las provincias reciben:

  1. Una coparticipación real que desciende día tras día por una menor recaudación nacional.
  2. A eso se le suma el recorte de las transferencias nacionales, incluida la suspensión del FODIN —Fondo de Incentivo Docente—; del Fondo Compensador del Interior con lo que se subvencionaban las líneas de colectivos del interior; y del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
  3. La limitación y hasta la eliminación de los fondos fiduciarios PROCREAR (construcción de viviendas); del Fondo de Vivienda Social; del Fondo de Protección de Bosques Nativos; del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, etc.
  4. La caída de los propios impuestos locales (fundamentalmente, el Impuesto a los Ingresos Brutos) dado el menor nivel de actividad interna por la disminución del consumo y del gasto público.
  5. El aumento por la devaluación del pago de las 13 provincias que deberán afrontar, en lo que resta del año, vencimientos de su deuda externa por 1.770 millones de dólares, que deberán ser cancelados con reservas del Banco Central. La provincia de La Rioja no pudo pagar 26 millones de dólares de los intereses en febrero de 2024, por lo que inicia una ronda de consultas con sus bonistas.
  6. Por supuesto, la mucho menor asistencia a los comedores comunitarios del Ministerio de Capital Humano de la Nación implica que las provincias y sus municipios deban correr con esa cada vez mayor tarea.
  7. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue empleado por el ministro Sergio Massa para que las provincias con más dificultades presupuestarias llegaran a finalizar el año 2023. Era una deuda en pesos, pero ajustada por la inflación. En el caso de la provincia de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni, que contrajo la deuda (ajustada a febrero de 2024 es de 119.091 millones de pesos), no afrontó su pago que es mensual y se comenzó a abonar en febrero de 2024 (el vencimiento es de 13.800 millones de pesos). La devaluación de más de un 100% que se refleja en la inflación acumulada de diciembre y enero del 50,1%, más la crítica situación fiscal provincial, hace que el gobernador Ignacio Torres le pida al Banco de la Nación Argentina (que es el agente fiduciario), al Ministerio de Economía y al ministro del Interior del gobierno de Milei, una refinanciación para poder pagar. La respuesta fue negativa, pero el ministro de economía de Chubut, Facundo Ball, publicó en las redes sociales: “Señor ministro, quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y la mala fe de su gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei”. Esa decisión personal de Milei hizo que el Banco de la Nación Argentina le retuviera la garantía que es el Fondo de Coparticipación Federal de Impuestos por los 13.800 millones de pesos. Paralelamente el juez federal de Chubut negó facultades al DNU para confiscar la coparticipación y la provincia la percibió al día siguiente (jueves 29 de febrero 2024).

En síntesis

El “Pacto del 25 de Mayo” es la misma receta liberal y funcional al poder económico local y extranjero que opera en el país, en desmedro de la población a la que quiere empobrecer más para que disminuya el consumo de energía y alimentos y aumenten de esa manera los saldos exportables, llegando a decir que el menor consumo frena el proceso inflacionario, pero no dice a qué costo.

Sí, lo decía claramente Roberto Dromi en su decálogo menemista: “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado” y Milei lo repite con la defensa de la propiedad privada y que el Estado debe propiciar, como es el caso del Régimen para Grandes Inversiones (RIGI), que se creaba en el proyecto de Ley Ómnibus en 68 artículos que indicaban una amplia gama de exenciones impositivas igual a la promoción fiscal que rige para las ensambladoras de Tierra del Fuego o para la industria del conocimiento, que le ahorra a Marcos Galperín 88 millones de dólares anuales en impuestos, y que va a enviar como proyecto de ley al Congreso de la Nación.

  1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
  2. El equilibrio fiscal innegociable.
  3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
  4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

Nota: Obviamente no se plantea el equilibrio fiscal ni la reforma tributaria cobrando impuestos a los ricos y, menos que menos, la investigación de la deuda y de la evasión fiscal que propone el proyecto del senador Oscar Parrilli (Expediente 535/22 – Senado de la Nación).

  1. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

Nota: En cuanto a coparticipación federal de impuesto, se debe reclamar el cumplimiento de la disposición transitoria  6.ª de la Constitución nacional, sobre que el congreso debía, y no lo hizo, sancionar una nueva Ley de Coparticipación

  1. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

Nota: La misma Constitución nacional de 1994 le cede los recursos naturales a las provincias y es el principal interés del capital extranjero (Marc Stanley dixit).

  1. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

Nota: La aberración del Capítulo 4to del DNU 70/23 que la Justicia Argentina dio lugar al reclamo de las centrales sindicales por violaciones flagrantes al derecho de los trabajadores

  1. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

Nota: Para seguir reduciendo el gasto público requiere pagar cada vez menos de jubilaciones y pensiones y propone el retorno del sistema de capitalización

  1. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
  2. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

En lugar de asociarnos y fortalecer los acuerdos del Mercosur, Unasur, Celac y con los BRICS ampliados, propicia una subordinación a los Estados Unidos y al capital financiero internacional (Marc Stanley dixit) para que seamos un mero proveedor de materias primas, combustible y alimentos a los países desarrollados

La pregunta obligada es por qué las provincias acordarían con el pacto del 25 de Mayo; solo tiene negocios puntuales a costa del ambiente y del empobrecimiento de la población. Si así lo hicieren, les caben los artículos 29 y 119 por traición a la patria.

[1] La «Epístola a los gálatas» es un libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Es una carta escrita por Pablo de Tarso a los cristianos que habitaban la provincia romana de Gálatas, al sur de Asia.
[2] Declaraciones del embajador Marc Stanley a los medios con motivo de su visita al Presidente Javier Milei a la casa de gobierno, el 24 de enero de 2024. Es más, el embajador sostuvo que, históricamente, Estados Unidos fue y es el mayor inversor en la Argentina. Nuestras empresas ya están asociadas a la Argentina de manera regular y sostuvo que «las empresas estadounidenses están buscando acceso a su capital: claridad, transparencia, claridad en la ley, acceso a importaciones y capacidad de exportar». Sobre eso afirmó: «La administración de Milei habla de cumplir todo eso y si eso pasa, anticipo que muchas más empresas querrán asociarse a la Argentina».
[3] Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chaco, Salta, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tierra de Fuego, en ese orden colocaron títulos de deuda externa.
[4] Supera a la República Bolivariana de Venezuela que en igual período registra una inflación de 224,1% y del Líbano que fue de 211,3%, con el agravante de que, mientras en la Argentina la tendencia de los precios a nivel anual es ascendente, en los otros dos países muestran la dirección contraria.

Entre lo heurístico y lo serendípico

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Estas dos palabras, totalmente distantes del uso coloquial, definen dos situaciones con claridad. Lo heurístico es el momento del hallazgo largamente buscado, un concepto utilizado en la ciencia para definir el momento en que, finalmente, después del esfuerzo investigativo, el resultado esperado surge. Lo serendípico en cambio, palabra que es una castellanización del término inglés serendipity, define el hallazgo casual, el no buscado pero útil. 

Demás está decir que la política práctica es dinámica y las tácticas fluctúan permanentemente en el tablero analítico, generando incluso modificaciones de importantes planes estratégicos, según los intereses que están manejando ese tablero. Menciono deliberadamente la palabra intereses recordando una frase de Benjamín Disraeli, primer ministro de la reina Victoria de Inglaterra en el siglo XIX, “no tenemos amigos permanentes, tenemos intereses permanentes”. 

Desde siempre, en la medida que han existido pueblos y naciones, lo geopolítico ha sido determinante en la historia de la humanidad, y a nosotros, por supuesto, la geopolítica nos convierte en un integrante más del tablero global.

Parece haber en la metrópoli de las corporaciones dos proyectos imperiales que se oponen, y si bien son las dos caras de una misma moneda, el mundo sufre sus planes ineluctablemente. Uno de ellos, el representado por Biden como mascarón de proa; insiste en la unipolaridad en el control mundial conseguida después de la caída de la URSS. Esto explica por que obligó a la invasión rusa de Ucrania tras la amenaza de instalar misiles apuntando a Moscú, siendo que el verdadero enemigo al que querían perjudicar era Alemania, que con el Nord Stream 2 lograría la independencia económica de la Unión Europea y su consecuente liderazgo. Paradójicamente lograron la unidad entre Rusia y China, tan temida por ellos, sin mencionar los Brics y que además, el trámite de la guerra les está resultando dificultoso.

El otro proyecto, detrás del cuál están los fondos de inversión, la tercera economía del mundo, tenía como ideólogo al fallecido Henry Kissinger y como representantes políticos a Steve Bannon y al inefable Donald Trump, en los EEUU y a Bolsonaro y Macri en América Latina. Para Kissinger era tolerable la bipolaridad con China, a la que intentaban aislar consiguiendo una alianza con Rusia; todos recordamos las acusaciones de los demócratas sobre la colaboración informática de los hackers rusos en la elección de Trump en 2017.

Veamos entonces cómo se refleja esta lucha entre los malos en nuestro país. La embajada siempre respetó el potencial electoral del peronismo, desde el Braden o Perón en adelante, pasando por la proscripción, la dictadura y los múltiples procesos de lawfare al kirchnerismo. Idearon entonces una forma de correr el tablero a la derecha para que Larreta, uno de sus posibles candidatos, pareciera de centro y así quitarle votos al peronismo. Buscaron un personaje bizarro y pintoresco, portador de un trastorno de personalidad antisocial, para que vociferara como panelista desde los programas basura de sus multimedios.

El mal saldo del enfrentamiento entre Cristina y Alberto Fernández trajo como consecuencia la renuncia de Guzmán y que se disparara la inflación. En esos momentos la presidencia tambaleaba y Cristina tendría que hacerse cargo de la presidencia ante la renuncia o eyección de Alberto; con un banco central en rojo y la inflación disparada. Amablemente, la embajada, siempre dispuesta a colaborar, ofreció la opción de un superministro que previamente había estado en Davos con Macri y había rotado seis meses por universidades norteamericanas como parte de su formación. Este se convirtió para la embajada en plan A, quién mejor para controlar la protesta social en un eventual nuevo gobierno. El plan B, Larreta, se enfureció ante tal desconsideración de su madre patria, se dice que intentaron calmarlo sugiriéndole una fórmula conjunta con el superministro. Él no se arredró y decidió pelear por la dirección del que creía su propio espacio, que por otra parte, ya tenía dueño. Así, el dueño impulsó a la más violenta de su grupo  en contra de Larreta. ¿Pero, por qué hizo eso? ¿Sólo por cuestiones personales, celos, o había un proyecto político detrás de esa conducta? 

Y aquí aparece la serendipia. Al circo le crecieron los enanos. El personaje Bizarro, puesto por el sector de Biden comenzó a medir fuertemente en las encuestas, pero por otra parte su discurso tenía más que ver con Trump o Bolsonaro, entonces: plin, caja. Macri, como el hombre de Black Rock y de Vanguard en estas pampas se lo apropió e hizo una campaña esquizofrénica, para Patricia y para Milei, total, con ambos ganaba.

Ahora nosotros. ¿Hallazgo heurístico o serendípico? Milei hizo el trabajo sucio que quería Macri, el gran ajuste, la destrucción de las garantías constitucionales con la colaboración de la justicia adicta y el silencio cómplice de los supremos, y continuando con sus desbordes hoy se enfrenta a los gobernadores. Creerá que sus amos lo van a bancar todo el tiempo, o será la cobertura, el forro, de una máquina más precisa e inteligente. Posiblemente estemos ante la última etapa de Milei antes del ascenso de su vicepresidenta; o tal vez estemos ante un riesgo de secesión de la patagonia en aras de intereses extranacionales.

No olvidemos que así como EEUU tiene en Israel su portaaviones en tierra en el medio oriente, no le disgustaría un portaaviones en la Patagonia Argentina, además del que ya tienen en Malvinas.

Debemos tener presente que en la primera reunión de la trilateral commission en 1973, su miembro relator, David Rockefeller, dijo que en el año 2000 el combustible serían los alimentos  y debían impedir, “a como de lugar”, que los países productores de materias primas en los que tuvieran influencia se industrializaran. Ese fue el inicio formal del neoliberalismo y el punto de partida del plan Cóndor. En la segunda reunión, que tuvo lugar en 1975, el miembro relator fue el barón Rothschild. Este dijo que habían desaparecido las razones para la existencia de las fronteras políticas (lo que implica la desaparición de los estados), que el mundo debía ser gobernado por las corporaciones. El nacimiento formal del anarco capitalismo, o sea la dictadura del capitalismo concentrado y la esclavitud del planeta.

Quedan las preguntas: ¿Es un plan de Milei, como un atentado de falsa bandera a los que la derecha es afecta para justificar múltiples agresiones posteriores? ¿Fue casual que se iniciara a partir de el gobernador chubutense, un gobernador cambiemita, facción política que no ha demostrado ser popular y tampoco nacional?¿O es una reivindicación razonable de las provincias que caerían en asfixia administrativa?

Ajuste fiscal o restricción externa

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Para solucionar los problemas de la economía argentina, frenar el proceso inflacionario y alcanzar el crecimiento sustentable, existe una contradicción flagrante entre lo planteado por el gobierno de Milei de priorizar el ajuste fiscal, sin miramiento y sin medir sus consecuencias —que las tiene y muchas— con el planteo de la carta de Cristina Fernández de Kirchner de mediados de febrero de 2024, que pone el acento en la restricción externa.

Independientemente de lo que dice y hace Javier Milei, del fracaso del proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, lo cierto es que llevó y lleva adelante un fuerte ajuste fiscal, esencialmente centrado en la decisión de no ejecutar el presupuesto en gastos sociales y en la obra pública. Prácticamente todas las partidas muestran reducciones en términos reales, pero las más significativas son la paralización casi total de la obra pública y la disminución sideral en las prestaciones sociales y jubilaciones. Sin embargo, aumentan fuertemente las erogaciones por el pago de los servicios de la deuda, lo que es obvio porque se deben utilizar más pesos (por la devaluación) para pagar las obligaciones en divisas.

La idea no es nueva, al contrario. David Rato, que fue un conocido y afamado publicista, en la dictadura cívico-militar de 1976-1983 acuñó una frase que simboliza el objetivo del gran capital que opera en el país: “Achicar el Estado es agrandar la nación”, pero se aplicó por una dictadura con 30.000 desaparecidos y con niveles de pobreza mucho menores al actual, que, según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, alcanza en enero de 2024 al 57,4% de la población, cuando en 1973-1975, según un estudio de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Revista N.º 78 de 2002), la pobreza era del 4,9% de la población, la tasa de desempleo urbano del 3,4% y la inflación mensual del 3%. Pero el modelo extractivista, agropecuario financiero de la dictadura y de este gobierno es inviable, la resistencia de la población, tarde o temprano, le pone sus límites, más con los niveles de pobreza y exclusión actuales.

El objetivo fiscal es el propuesto en la VII revisión del acuerdo firmado en junio de 2018 con el FMI, que fija un superávit primario (antes del pago de los servicios de la deuda externa) del 2% del PBI para 2024 (es en pesos, pero equivale a unos 9.500 millones de dólares), cuando en el año 2023 se operó con un déficit primario base caja de 2,9% del PIB. Para llegar a ello deberían incrementar los ingresos con respecto al año 2023 en esa magnitud y, a la vez, reducir el gasto público en 2% del PIB.

Obviamente, ante la devaluación de nuestra moneda, que va a ser una constante en el gobierno de Milei, se va a acrecentar el pago de los servicios de la deuda (se tiene que recaudar más pesos por cada dólar que se paga de deuda), a lo que se suma que, desde el segundo semestre de 2024, comienza a vencer el capital adeudado con los “bonistas” (tenedores de títulos de deuda externa argentinos), del acuerdo realizado el 31 de agosto de 2020 por el entonces ministro Martín Guzmán. Por ende, el ajuste fiscal sobre los gastos en pesos debe ser mayor aún, en una economía que el FMI en forma conservadora estima que se cae en 2,8% del PIB (es en pesos, pero equivale a 13.500 millones de dólares).

Jubilados y pensionados

Según informa la ANSES, cuenta con 8.845.985 beneficiarios, de los cuales el 76,7% (6.784.870 personas) son jubilados y pensionados previsionales. Y 23,3% (2.061.115 personas) perciben subsidios y pensiones sociales.

La cantidad de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (trabajadores registrados) ronda los 12.300.000, por ende la relación es de 1,8 trabajadores en actividad por cada jubilado o pensionado, que es la razón por que se destina al SIPA el 11% de la recaudación del IVA, el 100% de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios (cheque) y el 42% del ingreso por el Impuesto PAIS.

¿Qué es lo que hace el gobierno al respecto? Por un lado, fija autoritariamente (sin que se acuerde en el Consejo del Empleo y Salario Mínimo, Vital y Móvil) una remuneración mensual al trabajo de 180.000 pesos para febrero y de 202.800 pesos para marzo de 2024, cuando el INDEC reconoce que una familia compuesta por cuatro miembros necesita para vivir 596.823 pesos en enero de 2024 y sin contemplar los gastos del alquiler de la vivienda.

Sobre la base de esa suma y de acuerdo con la Ley 27.426 de diciembre de 2017 de la gestión de Macri, se estipula que la jubilación mínima para marzo de 2024 es del 82% de esa suma (o sea de 162.240 pesos), y alcanza a 1.300.000 jubilados o pensionados provisionales, pero deja afuera a los que se acogieron al sistema previsional pagando una moratoria; en ese caso la remuneración mínima será de  137.000 pesos en marzo de 2024, cuando en enero de 2024 fue de 105.212 pesos. 

Como se utiliza el ajuste en relación con el trimestre anterior (octubre, noviembre y diciembre) y por lo recaudado por la ANSES en un 50% del índice y el otro 50% por el aumento salarial promedio que hace la actual Secretaría de Trabajo (RIPTE), para marzo de 2024, por Resolución 38/2024, el coeficiente de aumento (con respecto a lo percibido en diciembre de 2023) es del 27,18%, cuando la inflación acumulada de diciembre y enero fue del 50,1% y falta febrero de 2024, que rondará el 20%.

Por ende, los precios en promedio se incrementan en el trimestre un 72% o más y a los jubilados y pensionados el haber se les ajusta en 27,18%.

Todavía falta la nueva fórmula de ajuste que debe proponer el gobierno, que sería mensual y, sobre todo, qué mes se toma como base (por ejemplo, el gobierno de Macri no pagó la inflación un mes entero).

En definitiva, el total del gasto provisional del presupuesto nacional ascendió al 9,03% del PIB (el 41,7% del gasto total del presupuesto base caja del año 2023) y el mismo Javier Milei, públicamente, dijo que el gasto previsional debe disminuir en un 0,5% del PIB, que, tal como se presenta el cuadro de situación, dicha disminución va a ser más cerca del 1% del PIB. Haciendo caso al FMI, que siempre plantea disminuir el gasto social, esencialmente las jubilaciones y pensiones, y que en todo caso se recree el sistema de AFJP (capitalización privada), que es coherente con los liberales de todo tipo de nuestro país, esto traerá aparejado una minoría que pueda gozar de una jubilación o pensión digna y una mayoría que padezca. Igual pasa con el sistema de salud pública y la desregulación de las obras sociales, la libertad de fijar precio en las prepagas y sistema privados, en paralelo al menor presupuesto para los hospitales públicos.

Ni Domingo Sarmiento, cuando exigía que no se asista a los pobres y menesterosos, lo hubiera hecho mejor.

Restricción interna

La Argentina no puede tener un problema de restricción externa, cuando en lo que va de este siglo (desde enero de 2000 a diciembre de 2023) obtuvo un superávit comercial (las exportaciones de mercancías superaron a las importaciones) en 264.270 millones de dólares. Que si tomamos desde el año 2020, el resultado es el mismo.

El problema se genera en el resto de la cuenta corriente comercial, pero no por los servicios reales, que en su mayoría son negativos (turismo, fletes, seguros, comunicaciones, royalties, etc.), sino en los servicios financieros que son generados básicamente por la deuda externa.

La administración de Cambiemos, que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015, incrementó la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.

El gobierno del Frente de Todos no investigó la deuda de la gestión diciembre 2015- diciembre 2019, como había prometido el mismo Presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2020, cuando afirmó: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura no puede ser visto como un caso más”.

Es más, es en el gobierno anterior en que el BCRA dilapidó la mayor parte del superávit comercial por 34.201 millones de dólares de los años 2020-2022, vendiéndoles al precio oficial divisas a las empresas por supuestas deudas por 28.430 millones de dólares.

Lo que es peor es que se pagó y se paga la deuda heredada de la administración de Cambiemos (tanto de la nación como de las provincias) y se financia el déficit fiscal generado por esos pagos y para hacer frente a la lucha contra el Covid.

En ese marco, la restricción externa debe solucionarse investigando adónde fueron los dólares del endeudamiento de la gestión de Cambiemos y si los que los compraron pueden demostrar fehacientemente de dónde detrajeron los recursos para hacerlo, proyecto del senador Oscar Parrilli que, aprobado en el Senado de la Nación y con dictamen por la mayoría en la Cámara de Diputados, nunca fue llevado al recinto.

En síntesis

El objeto del plan del gobierno actual es empobrecer a la población y al país, para vender a precio vil nuestras riquezas naturales, nuestros activos y patrimonio, nuestras empresas públicas y nuestro trabajo y, para eso, tiene el pretexto de pagar la deuda externa sin investigarla (que tampoco lo hizo el gobierno del Frente de Todos).

Es cierta la existencia de la restricción externa, pero la principal causa es la deuda externa. Sólo se supera dicha restricción si se hace ley y se cumple con el proyecto del senador Oscar Parrilli (Expediente 535/22 – Senado de la Nación).

Para qué

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Lo primero que debemos preguntarnos es para qué se sacrifica a la población, condenando a la pobreza y a la desesperación, en mayor o menor medida, a todos cuya remuneración u otro tipo de ingresos es en pesos, salvo los grandes formadores de precios, que incluso hacen sus cálculos de costos y beneficios implícitamente en dólares [1].

El titular del Poder Ejecutivo nacional, elegido en balotaje por trabajadores, jubilados y pensionados, desocupados, pequeños o medianos productores y comerciantes que producen y venden al mercado interno, en su lenguaje vulgar y chabacano, no reconoce nuestra moneda y solo piensa en dólares. No le interesa que la canasta básica total, que no contempla los gastos en vivienda (como si ese tema estuviera resuelto y no se haya liberado por el DNU el precio del alquiler) haya sido, en el mes de enero de 2024, para una familia compuesta por cuatro miembros y según el INDEC, de 285.561 pesos para no ser indigentes y de 596.823 para no ser pobres, sabiendo que el salario mínimo, vital y móvil es de 156.000 pesos y que gran parte de los asalariados perciben esa suma o algo más. Sin embargo, en la reunión del Consejo Nacional del Empleo y SMVyM del jueves 15 de febrero de 2024, encabezada por la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente es Daniel Funes de Rioja, a quien pertenece el estudio jurídico en el que se redactó el Capítulo IV del DNU 70/23, que conculca derechos laborales y que la Justicia suspendió en su ejecución (dando lugar al reclamo de la central de trabajadores), se ofrece para marzo de 2024 un aumento del 18,8%, cuando la inflación acumulada de diciembre y enero fue del 50,1% y la de febrero de 2024 va a oscilar en un porcentaje similar a la de esos meses.

Es más, el Presidente, ante esa situación, rechazó la posibilidad de mediar y menos de definir por el justo reclamo de los trabajadores, ante una inflación provocada por la devaluación y liberación de los precios propiciada por su gobierno, sosteniéndose en la reaccionaria teoría de que el mercado (en este caso trabajadores y empresarios) debe fijar el precio. O sea, devaluar nuestra moneda lo hace manu militari, el DNU también, pero eso sí: el salario debe ser fijado por el mercado, cuando todo el derecho laboral apuntala al trabajo.

Milei lo dice claramente cuando afirma en declaraciones públicas a los medios que “la licuadora y la motosierra no se negocian”; esto significa la desvalorización permanente de nuestra moneda con respecto al dólar para que se reduzcan en términos reales (de poder adquisitivo) los salarios, jubilaciones y pensiones con el fin de que las empresas formadoras de precios tengan mayor beneficio y el Estado nacional menor costo por el pago de las remuneraciones y por las erogaciones previsionales.

Ese mismo rol servil al poder económico es el que afirma que el objetivo es reducir en un 0,5% del PIB (es en pesos, pero equivale a unos 2.400 millones de dólares) el gasto previsional, cuando el 60% de los jubilados y pensionados cobran por mes la mínima o, a lo sumo, dos veces la mínima, que es de 105.712,61 pesos, independiente del bono de 55.000 pesos que les dan a los que perciben ese monto mínimo.

O cuando pretende disminuir las partidas de gasto social al congelar los planes sociales remunerativos con una inflación anual de tres dígitos.

A su vez necesita aumentar los ingresos en un 1,5% del PIB (es en pesos, pero equivale a unos 7.200 millones de dólares) y al excluir el capítulo fiscal del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (medida que tomó el Poder Ejecutivo a través del ministro de Economía, Luis Caputo, antes de que se trate dicho proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación), no se incrementarán los derechos de exportación (retenciones) como estaba formulado en el proyecto. Tampoco repondrá el Impuesto a las Ganancias a la IV categoría (trabajadores que perciben remuneraciones hasta 15 veces el SMVyM), ni cobrará por adelantado el Impuesto a los Bienes Personales (con claros beneficios para los que así lo hubieran realizado, pero era dinero en efectivo para el Tesoro de la Nación). Acciones con las que esperaban incrementar los ingresos del erario público nacional en un 1,5% del PBI en el corriente año 2024.

Como el gobierno no pudo aprobar el llamado capítulo fiscal de la ley Ómnibus, pretenden recuperar 0,5% del PIB con la actualización del impuesto a los combustibles [2] (al costo de volver a azuzar la inflación, dado que el gasoil y la nafta atraviesan transversalmente toda la economía). Y el punto restante es el que empezó a descargar sobre las provincias con la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público (Fondo Compensador del Interior) y el Fondo de Incentivo Docente

Las provincias

Es claro que no se puede devaluar y liberar los precios en un país que tiene más del 50% de su población bajo la línea de pobreza y en donde los principales mercados están fuertemente concentrados y centralizados en pocas manos que les permite fijar las condiciones, todas supeditadas a la venta al exterior [3]. Como es claro también que el DNU 70/23 como el malogrado proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fueron redactados por grandes estudios jurídicos e impositivos pagados por los sectores dominantes del país y que eran para otro gobierno y que el actual asumió en su rol de ser funcional a dichos sectores. Sectores que imponen un modelo extractivista, agropecuario exportador sin importarles la población, la contaminación ambiental y el presente y el futro de nuestra patria.

Por eso fue necesaria la deuda irracional de más de 100.000 millones de dólares, que benefició básicamente a una minoría rentista y parasitaria de la Argentina, que el gobierno del Frente de Todos no investigó. Es más, acordó con el FMI su pago a diez años. Que como en la misma gestión no pudo abonar la totalidad de los intereses, debió colocar más títulos de deuda en pesos, pero que cuando asumió como ministro Sergio Massa, desde agosto de 2022, fueron todos bonos ajustables por inflación o por dollar linked (dólar oficial), con lo cual no se “licuaron” con la inflación o con la devaluación, muy por el contrario, así se valorizan.

Gobierno del Frente de Todos que, a lo largo de cuatro años, le vendió a precio oficial 28.240 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA a grandes empresas supuesta o realmente endeudadas para que cumplan con sus compromisos en el exterior. Y que incluso desde agosto de 2022 acordó con parte de esas empresas, que son importadoras (armadurías de Tierra de Fuego, automotrices, etc.), para no frenar el nivel de actividad, que traigan de afuera lo que quieran, sin controlar a qué precio ni si se podía producir acá [4], que se les iba a reconocer esa deuda en divisas.

El gobierno de Milei, como continuación en lo jurídico y en lo económico de las dos administraciones nacionales anteriores, acepta una VII revisión del Acuerdo firmado con el FMI por Adolfo Sturzenegger (presidente del BCRA) y Nicolás Dujovne  (ministro de Economía) en junio de 2018. Pero para poder aplicar el severo plan acordado con el FMI de obtener un superávit primario del 2% del PIB (es en pesos pero equivale a 9.600 millones de dólares) y con aumento de las reservas internacionales netas del BCRA en 10.000 millones de dólares para el corriente año 2024, debería haberlo consensuado con las provincias cuyo pueblo y administración sufre el ajuste fiscal (la “licuadora” y la motosierra que dice Milei), quienes, por un lado, perciben una menor coparticipación al elevarse en octubre de 2023 el mínimo no imponible de la IV categoría del Impuesto a las Ganancias (que se distribuye en su totalidad entre la nación y las provincias y que exime a 800.000 trabajadores de pagar el gravamen). Por otra parte, sus ingresos tributarios crecen menos que la inflación, por ende, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones hacen que las provincias pierdan ingresos.

En ese marco, son amenazadas por el gobierno central.

  1. Disminuir en un 0,5% del PIB las transferencias no automáticas (es en pesos, pero equivalente a unos 2.400 millones de dólares anuales)
  2. Desregula el financiamiento por los bancos de provincia al Tesoro local, con el cual se financiaban para pagar en tiempo y forma las remuneraciones al personal público (A 7674 del BCRA del 24/01/24).
  3. El gobierno central no admite que se paguen los tributos nacionales con los “bonos provinciales”.

Ante esa situación, las provincias no se van a quedar con los brazos cruzados y van a exigir de la Nación que se respeten los acuerdos y pactos fiscales preexistentes. El gobernador de la provincia de la Rioja, Ricardo Quintela, el día 11 de febrero de 2024,  cuestionó las actitudes que mantiene el Presidente Javier Milei y consideró que el jefe de Estado «no está en su sano equilibrio». Para concluir que «de continuar la administración nacional en el esquema destructivo que impone, el conjunto de las provincias debe iniciar el juicio político al Presidente”. Que es el comienzo de la aplicación de la Ley de Acefalia.

En síntesis

La única respuesta de por qué el gobierno hace lo que hace es que es funcional al avance del gran capital local y extranjero (aún con sus contradicciones internas que las tienen), sobre el trabajo, el patrimonio nacional y nuestros recursos naturales. Que avanza por la falta de referentes del campo popular tras el desgobierno del Frente de Todos.

Pero que esa situación no es para siempre y que las distintas centrales de los trabajadores ocupados y desocupados, por un lado, y las administraciones provinciales, por otra parte, existen y, ante la soberbia del gobierno, tienen instrumentos constitucionales (por ejemplo un paro nacional por tiempo indeterminado), no solo para poner freno al actual estado de situación, sino, incluso, para dar por terminada una experiencia que es una estafa a la población que los votó para estar mejor y no para ser excluidos de su patria.

[1] Pueden y hacen convertir los pesos en divisas y por eso fijan sus precios a nivel internacional. La tasa de ganancia la estiman en dólares.
[2] El impuesto a los combustibles era una suma fija de 27,7 pesos por litro desde mediados del año 2021. Se actualiza para ser de 202 por litro en mayo de 2024 (incremento de 630%).
[3]Al revés de lo que afirmaba en su libro Poder y Mercado Murray Rothbard, de quién Javier Milei se dice cultor, que lo que no se vende en los Estados Unidos, se vende afuera y si no se deja de producir. El gobierno actual prioriza las ventas al exterior y luego en el país, o se deja producir cuando a ninguno de los dos mercados le interesa. El mercado define y no un plan integral nacional.
[4] La única observación pública la hizo la Vicepresidenta de la nación, cuando el grupo Techint prefirió traer los caños sin costura de su controlada Usiminas S. A. de Brasil, en lugar de producirlos en la planta de San Nicolás que era de SOMISA y que Menem le vendió a este grupo.

El anarco-capitalismo como pensamiento salvaje: palacios ideológicos hechos con escombros

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En 1962 el antropólogo Claude Lévi-Strauss planteó que el pensamiento primitivo y elemental no estaba en las antípodas del conocimiento científico. Sostuvo -y acreditó- que se encontraban en coexistencia, que ambos son iguales de complejos y que presentan una lógica propia. La diferencia es que el pensamiento salvaje se esfuerza por «acortar caminos eliminando complejidades», no se detiene en cuestionar a fin de conseguir con premura una interpretación, aunque fuere errónea. Es una suerte de pensamiento de acción que se diferencia del pensamiento científico dado que este somete las categorizaciones y sistematizaciones de la realidad a un proceso de domesticación (la validación empírica).

Lo interesante de su estudio es que ambos pensamientos coexisten en un espacio común: la vida en sociedad.

Esa urgencia por la interpretación le permitió hacer una analogía del pensamiento salvaje con el bricoleur (término francés que se refiere al trabajador manual consistente en armar, pegar, desarmar, remendar, unir piezas). En ese sentido, el pensamiento salvaje responde a lo que está haciendo con lo que tiene o puede disponer. No es un pensamiento problematizador, mucho menos crítico, sino adaptativo de fragmentos de un mundo disperso en el que ya no nos encontramos, de ahí que su derivación final sea el mito, que responde a una realidad inexistente.

El bricoleur aplica una estrategia epistemológica que pretende estructurar de manera ordenada lo caótica que puede resultar la naturaleza. No se trata de elaborar estructuras a partir de hechos sistémicos, sino de partir de fragmentos de estructuras preexistentes que respondían a un mundo pasado y que sirven para crear taxonomías nuevas. El hombre, ante la naturaleza y la sociedad, intenta estructurarlas partiendo de los restos de una estructura anterior. De esta manera, los elementos estructurales nunca se desechan, sino que «se conservan en razón del principio de que «de algo habrán de servir».

Las permanentes referencias históricas erróneas de Milei (como «Argentina potencia mundial en 1930») pueden verse en este contexto. Milei -como otros teóricos anarcocapitalistas- «arman» el pensamiento mítico como un claro ejemplo de bricolage ya que construye sus palacios ideológicos con los escombros de un antiguo discurso social. Trozos, testimonios fósiles de la historia de un individuo o de una sociedad. En ese sentido, el pensamiento salvaje construye ideologías.

Lévi-Strauss enseña que el «pensamiento salvaje» no es el pensamiento propio de las «sociedades salvajes», sino cualquier pensamiento actual que establece clasificaciones sobre la naturaleza y la sociedad sin someterlas a los imperativos de domesticación. Es por ello que se apoya en los análisis etnológicos del totemismo para resolver el problema de la «mentalidad primitiva».

Por eso el pensamiento salvaje es una forma distinta de pensar, de categorizar, de sistematizar, de proyectar y nutre al sentido común neoliberal. Convence antes de justificar. Se convierte en dogma antes de entender la realidad problemática y constatarla. Propone y sostiene mitos antes de desarrollar métodos. Y se presenta como verdad revelada. Es una suerte de reduccionismo ideológico.

Sus mitos son remiendos de viejas creencias intuitivas básicas. «Mientras el pensamiento científico crea acontecimientos a través de una estructura teórica, el pensamiento salvaje crea esa estructura a través de los acontecimientos», advierte Lévi-Strauss. El meteorólogo puede predecir la probabilidad de si esta tarde lloverá o no, en tanto que el tiempero (persona que supuestamente puede provocar lluvias o vientos), por más que intente manipular los elementos climáticos mediante rituales y oraciones, es improbable que provoque la lluvia. Pero ambas maneras de pensamiento, el científico como el salvaje, obran como formas de poner en estructura el mundo y conviven en la sociedad, uno junto al otro, y tratan de interpretar y modificar la naturaleza.

En ese sentido, el pensamiento salvaje es muy similar a las pseudociencias y resulta creíble incluso para personas con estudios universitarios; al emplear una serie de razonamientos y conclusiones abstrusas otorgan verosimilitud a sus dichos. Mientras las supersticiones y otras creencias irracionales son fácilmente detectables y descartadas por alguien con una preparación básica, las pseudociencias y otras formas de expresión del pensamiento salvaje gozan de prestigio aún en los ambientes universitarios. Por eso la importancia universitaria de formar y promover el pensamiento crítico.

El neoliberalismo en general y el anarcocapitalismo en particular, encuadran en la concepción de pensamiento salvaje puestos al servicio de una ideología finalista del poder. Presentan un bricolage de partes de la realidad para convencer a través del armado de ideas adecuadas a sus intereses. Como niegan la existencia de la Sociedad, las acciones de los individuos facilitan ese bricolage y permiten el armado de un conjunto interesado a priori.

El pensamiento neoliberal se cristaliza en sus políticas de desregulación económica, de ajuste fiscal y de restricción de las protecciones sociales. La desregulación se soporta en la idea de que el Estado no debe formular normas que interfieran en las libres determinaciones de los individuos. El ajuste fiscal obedece a la concepción de que el Estado debe ser mínimo o desaparecer. Las protecciones sociales -que implican afectación de recursos comunes- se piensan como una aberración causal de la limitación de la libertad.

Sin embargo, los programas políticos del neoliberalismo no quedan limitados a la mera desregulación de los mercados, la privatización de las empresas públicas y el desguace del Estado. Es mucho, mucho más como recitaba Margaret Thatcher en su frase enigmática: «Economics are the method.The object is the change of soul» («La economía es el método. El objetivo es cambiar el alma», 3 de mayo de 1981 en el Sunday Times). El neoliberalismo es una religión de base económica cuyos dogmas son construidos por el pensamiento salvaje y se internalizan en el sentido común.

La batalla cultural implica el debate entre ambos tipos de pensamiento. La emergencia de una tercera vía no parece haber encontrado adeptos en su desarrollo. O nos inclinamos por la visión científica probada en los desarrollos tecnológicos y metodológicos de la actualidad, o nos refugiamos en el pensamiento salvaje de las creencias no probadas.

Los riesgos sociales de esta última opción son infinitos.

 

https://www.elextremosur.com/nota/47603-el-anarco-capitalismo-como-pensamiento-salvaje-palacios-ideologicos-hechos-con-escombros/

¿Qué realidad?

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Probablemente nuestra vida sensible transita y habita en nuestra subjetividad. Percibimos la vida a través de nuestros sentidos, pero la estructuramos emocionalmente a partir de un complejo mecanismo de simbolización que se registra en nuestra memoria de manera consciente e inconsciente. La realidad objetiva está fuera de nosotros, pero vemos la imagen de ella que se refleja en nuestro interior, está remitirá a símbolos previamente establecidos o generará nuevos símbolos, funciona como un teatro en el que actuamos lo que sentimos. En la realidad objetiva, esa externa a nuestra subjetividad, podemos sentir dolor y podemos morir; pero el sufrimiento y el placer solo pueden vivirse en la subjetividad,  eso es el gozo.

El gozo tiene un componente objetivo en la apropiación del presente, el gozo que es pleno en el dolor tiene una temporalidad limitada en el placer. Hay también un doble componente subjetivo en esa posibilidad de acceder al presente que son tanto el placer como el sufrimiento, entendiendo que el dolor es físico y el sufrimiento emocional.

La angustia nos ancla al pasado, se nutre de los recuerdos que nos provocaron sufrimiento emocional, la ansiedad en cambio vive en el futuro, al que siempre percibe como incierto.

Las neurociencias nos han enseñado que nuestro sistema límbico, la zona del cerebro a la que se considera asiento fundamental de las emociones y de la memoria, es filogenéticamente muy anterior a nuestra corteza cerebral, el neocortex, que es la referencia fundamental para relacionar ideas y generar proyectos.  En nuestra memoria y a través de las emociones se guardan todas nuestras experiencias de manera consciente e inconsciente como un archivo de símbolos. Ellos estarán siempre allí, despiertos y vigilantes, construirán nuestros sueños con imágenes oníricas y sensaciones difíciles de explicar, y ante cada nueva experiencia que tengamos, la nutrirán del tono afectivo. En esto consiste la subjetividad, lo que hace que ante cada circunstancia tengamos una predisposición que estará inconscientemente predeterminada.

De esto se puede deducir que no pensamos, sentipensamos, en ese orden. Cualquier vínculo con la realidad externa a nosotros estará filtrado por nuestra subjetividad, por nuestros pre-juicios contenidos en una compleja construcción de significantes acumulados como símbolos en nuestra memoria a lo largo de la vida que hemos tenido hasta ese momento. Recordemos que en cada instante de nuestra vida somos el producto final de nuestra historia. Por esto es que, ante cada circunstancia vital, ante cada episodio y cada cosa, habrá una mirada diferente para cada individuo, similar a la del resto, pero diferente. Esto implicará la construcción de una idea de realidad en forma colectiva, cultural, pero también configurará una concreta inaccesibilidad a la realidad objetiva, la hará inasible, ya que nadie puede despojarse de su subjetividad, esto sería el equivalente a despojarse de su propia historia.

Existe la creencia de que las condiciones infraestructurales son el elemento determinante de las conductas sociales. Así, desde ese punto de vista, que intenta analizar la realidad desde una mirada objetiva, el alimento y su consecución, símbolo de la economía, sería el fundamental impulsor de la conducta humana. Esto es parcialmente cierto, ya que sabemos que hay también otros aspectos de la conducta que pueden ser determinantes. Hemos dicho en otros escritos que las cinco cosas por las que los humanos pueden matar o morir son: comer (la economía), no ser comidos por un predador (la seguridad), la pulsión sexual, la pertenencia y el poder. Hablemos entonces de la pertenencia, esta implica necesariamente la existencia de una comunidad a la que pertenecer. Toda comunidad desarrolla su relación vincular a través de construcciones simbólicas, códigos de conducta explícitos o implícitos, lo que llamamos cultura, que no sería otra cosa que el producto de las relaciones entre los miembros de una comunidad y entre la comunidad y el medio ambiente en el que esta se desarrolla, sus circunstancias.

Es tan complejo el andamiaje vincular simbólico que por sentimientos de pertenencia las personas han ido y van a la guerra, aceptan el martirio en defensa de sus creencias o llegan a inmolarse en el nombre de ellas.

No escapa a nuestra observación que, en cada país, hay en base a condiciones infraestructurales (económicas) y superestructurales (culturales), divisiones en colectivos comunitarios que generan pertenencias diversas. Así tendremos desde las simpatías deportivas por causas diversas, el barrio, la tradición familiar u otras, las elecciones sexuales, las religiones y también las supuestas clases sociales. También observamos que lo infraestructural y lo cultural se entrelazan en una argamasa compleja, ya que ciertas conductas culturales se asocian a segmentos económicos determinados.

Más arriba mencione las ‘supuestas’ clases sociales y deseo particularizar el concepto. En las sociedades del siglo XXI hay un sector, habitualmente una élite que decide el devenir económico, político y cultural del conjunto, esa será la clase dominante, la que maneja los medios de producción y los medios económico-financieros, el poder real. El resto será la clase dominada, la que no tiene poder de decisión y tendrá permanentemente que luchar para recibir una parte de la renta generada por su trabajo, ya que la mayor parte será apropiada por la clase dominante. Hasta aquí la mención del punto de tensión entre dominantes y dominados por la apropiación de la renta; pero hay otro terreno que aparece menos claro, más difuso, y en todo lo más difuso se puede aprovechar la confusión para obtener ventajas, la tan mentada batalla cultural. Esto hace que muchas de las personas que sienten (y estoy hablando de subjetividad) que integran la supuesta clase media, ese estrato que económicamente está por encima de la pobreza, no perciben que son parte de la clase dominada, que con mayores o menores ingresos viven de su trabajo, y de no ser así caerían abruptamente en la pobreza.

Ocurre que la clase dominante que, por supuesto, posee los medios de difusión y comunicación, nos bombardea permanentemente diciéndonos que, si imitamos sus conductas, sus maneras de vestir, de hablar, si luchamos por aproximarnos a sus artículos de consumo, podremos soñar con pertenecer a un estrato superior, y quizá, ‘meritocráticamente’ lleguemos a ser parte de la clase dominante, o seremos por lo menos ‘clase media’. Una de las condiciones será despreciar lo vulgar (vulgo viene del latín y significa popular).

Aquí es necesario un pequeño comentario sobre el odio de clase que también hemos mencionado en artículos anteriores. Si consideramos a un otro como un semejante, abusar de él o dañarlo, genera culpa, y sabemos que la culpa taladra nuestra conciencia, al menos si somos neuróticos (la gran mayoría lo somos), solo están exentos de culpa los psicópatas y parcialmente los sociópatas que si bien odian a la sociedad tienen amor patológico por algunos objetos de afecto. La clase dominante tiene una eficiente estrategia para controlar la culpa, en principio despoja al dominado de la condición de semejante, lo cosifica, le niega la condición de sujeto para transformarlo en objeto; con los sujetos se interactúa, a los objetos se los usa. La segunda condición es despreciar a ese objeto, en eso consiste el odio de clase. Para la psiquis ‘el odio es más barato que la culpa’. El trabajador ya no será un semejante, será un ‘negro de m…, discurso racista y clasista; iguales dulzuras discursivas habrá para los pobres en general. La clase dominante no le traslada a la supuesta clase media su riqueza, pero si su desprecio al pobre, una manera subjetiva y lamentable de “pertenecer”.

Ahora bien, decíamos que la falsa clase media, no es otra cosa que, técnicamente, el conjunto de trabajadores asalariados que han disfrutado el estado de bienestar de algunos periodos de nuestro país y por ejemplo han podido hacer estudiar a sus hijos, han tenido acceso a la vivienda propia, a un automóvil, a vacaciones, etc. La verdadera clase media es en general cuentapropista, dispone de un capital con el que puede tener pequeñas empresas con algunos trabajadores empleados y en las que el empresario puede o no trabajar de manera permanente, lo que se define como pequeña burguesía; comerciantes, profesionales, pequeños empresarios.

Los trabajadores asalariados con buenos ingresos, a los que se les ha hecho creer que son clase media, paradójicamente, son producto del crecimiento económico de la industria surgida como necesidad de la sustitución de importaciones en las décadas del 30 y del 40 a causa de la segunda guerra mundial y fundamentalmente de la década peronista en que hubo crecimiento económico y una importante  redistribución del ingreso repartiendo la renta en 50 y 50%, aproximadamente, para el capital y el trabajo. La economía que permitió el desarrollo económico de la clase trabajadora, no casualmente se venía dando en procesos democráticos en los que hubo pleno empleo de la mano del desarrollo industrial, en coincidencia y como causa de una mejor mejor distribución de la renta. Estos valores de distribución de la renta deben interpretarse como la principal causa de los golpes de estado realizados por los militares, mercenarios de la clase dominante que siempre pretendió una distribución del 70% para el capital y un exiguo 30% para el trabajo o una brecha aún mayor; como existía en la Argentina de fin del siglo XIX y principios del XX, esa de economía primaria que tanto le gusta al discurso actual de la derecha.

A partir de los 90 ocurrió un cambio en la subjetividad social que la mayoría no imaginó. Teniendo como antecedentes el ‘deme dos’ de la dictadura del 76, burbuja de progreso económico financiada con deuda externa, hay que pensar que pasamos de menos de 6000 millones de deuda en 1975 a 46000 millones en 1983, vino otra ilusoria primavera con la venta de las joyas de la abuela, que no fueron otra cosa las empresas del estado vilmente enajenadas. Ese gobierno, democráticamente elegido, logró el triunfo ante un precedente sostenido en una democracia aún débil, y fundamentalmente mintiendo un programa que no cumplió. Esta fue la entrada legal del neoliberalismo, la ilegal había sido la de la dictadura. Siempre, todo esto acompañado de un eficiente trabajo de los medios de difusión, propiedad de la clase dominante, los mismos que generaron antes de manera permanente el desprestigio de los gobiernos democráticos; de Yrigoyen a Perón y de Illia al peronismo, teniendo como tarea administrar la subjetividad colectiva creando con su prédica un sentido común basado en el individualismo y la meritocracia.

La destrucción del aparato productivo industrial provocado por el neoliberalismo nos llevó a la gravísima crisis del 2001 y no casualmente no hubo golpe de estado militar, no había distribución de la renta que alterar, la clase trabajadora empobrecida arañaba menos del 30%. La salida fue democrática, desembocando en una recuperación de la industria que generó un nuevo estado de bienestar. Nuevamente la distribución de la renta favoreció a los asalariados, trabajadores registrados, muchos de los que se creen clase media, aunque dejó de lado a los trabajadores no registrados que aun así, en una economía dinamizada y con alto grado de consumo pusieron sobrevivir y en algunos casos salir de la pobreza.

El estado de bienestar se sostuvo parcialmente gracias al proceso de industrialización, a pesar de las alternancias entre dictaduras y democracia. En democracia siempre hubo avances y fueron necesarias dictaduras para abortar esos avances. Siempre la clase dominante fundamentalmente a través de sectores de la prensa denostó a los gobiernos democráticos mostrándolos como inviables. Así, entre errores propios, que no fueron pocos, y aquí hay que pensar que el error del débil siempre pesa más que el error del fuerte (el poder real) a la hora del enfrentamiento, el neoliberalismo rescatando el modelo mentiroso del siganme que no los voy a defraudar, esgrimió otros slogans: el ‘pobreza cero’, ‘la inflación la soluciono en una semana’ y ‘vamos a mantener todo lo bueno que se logró’ y llegó al gobierno por elecciones, vino a atacar nuevamente la distribución de la renta. De nuevo la dictadura, pero sin dictadura, recordado en algunos aspectos la dictablanda de Onganía, ya que, si bien hubo represión, no fue como en el 76.

Luego un gobierno que soñamos nacional y popular, que defraudó ampliamente en lo social ya que no redistribuyó la renta, aunque tuvo logros macroeconómicos a pesar de haber tenido que enfrentar la peor sequía y una pandemia en la que la oposición atentó contra la salud de todos.

Hoy esa supuesta clase media, que por reflejo e influencia de la clase dominante odia a los pobres, también odia a los que defendiendo la justicia social intentan amparar a esos pobres, y son transformados en casta desde el discurso del fascismo. No es extraño que el liberalismo, bah, la derecha, recurra al fascismo cuando lo necesita, lo hizo durante la dictadura, y el gobierno actual tiene una gran vocación de dictadura.

Dijo en alguna oportunidad Bertold Brecht que no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado, y los mandantes del mascarón de proa que nos gobierna, un sociópata en toda la linea de la clínica psiquiátrica, que les ha servido para abroquelar en torno a él a todos los frustrados y enojados con razón o sin ella, cumple una función dentro del esquema geopolítico mundial. Así como el enemigo de EEUU no era Rusia sino el crecimiento de Alemania que lograría la independencia económica de Europa a través del gas barato y el objetivo era destruir los gasoductos, el que existía y el mayor que se estaba por inaugurar, así también que Argentina entrara en los BRICS generaría con Brasil un principio de independencia económica latinoamericana.

Hoy EEUU, un imperio en decadencia que abomina de la multipolaridad luego de una unipolaridad que creyeron eterna después de 1991 con la disolución de la URSS, es el burgués asustado. Y tal vez esté en su fantasía, o en sus planes concretos, que así como Israel es su portaaviones en tierra en Medio Oriente, la Argentina pueda ser su portaaviones en el cono sur.

Aliados en el saqueo

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En primer lugar, la cúpula dominante de nuestra economía se divide básicamente en tres sectores bien diferenciados que, sin embargo, se unen por tres causas.

  • Que no se investigue a dónde fueron a parar los más de 100.000 millones de dólares con los que el gobierno de Cambiemos (PRO-UCR), hoy base política del gobierno de Milei, endeudó al país. Que, además, se beneficiaron con sus supuestas o reales deudas con el exterior que abonaron durante la gestión de los Fernández y Massa con la compra a precio oficial de reservas internacionales del BCRA por 28.350 millones de dólares. Y que siguen beneficiándose con la compra de títulos ajustables por inflación o por dollar linked [1].
  • En el avance sobre los derechos de la población que se refleja en los dos mamotretos presentados por el actual gobierno: el DNU 70/23 y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que perjudican a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, a los inquilinos, a los consumidores, al patrimonio nacional y a nuestra soberanía, pero benefician al gran capital, tanto local como —y sobre todo— al extranjero.
  • Con la enajenación del patrimonio nacional, sobre la tierra, su subsuelo, el agua, las riquezas naturales (petróleo y gas, litio, minerales de todo tipo, alimentos, etc.) y las empresas públicas.

Los tres sectores beneficiados los podemos agrupar en:

  1. El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros (BlackRock, Vanguard y otros) que tienen como aglutinante a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham) y a quienes tributa el equipo económico encabezado por Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del BCRA [2]. Que emplean al FMI como auditor de la deuda y de los planes de gobierno (de allí los acuerdos e informes técnicos – staff report).
  2. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) presidida por un hombre ligado a la embajada de los Estados Unidos y, como tal, principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero los principales directivos y vicepresidentes de AEA son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), y luego siguen: Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó). Incluye la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que nuclea a las principales petroleras del país. Su actual presidente es Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol S. A. (que es la petrolera del grupo Techint), su vicepresidente primero es Horacio Marín, actual presidente de YPF S. A. (era, hasta el 10 de diciembre de 2023, CEO de Tecpetrol S. A.) y “PAE” (Marcos Bulgheroni) en la vicepresidencia segunda. Vista & Oil (Miguel Galuccio) tiene la secretaría general, el prosecretario, Total Austral y el tesorero es de Pampa Energía.
  3. El Consejo Agrario Argentino (CAA) que se conformó en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) y tiene asociados y sectores diversos, abarca prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello, se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.

Los tres sectores se beneficiaron y benefician con la fuga de capitales y el traslado de esa deuda al pueblo argentino. Es la deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país las que imponen una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía para satisfacer la demanda del exterior. En consecuencia, la Argentina aparece con problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, con cada vez menos actores industriales con capacidad de insertarse en un mundo con exigencias crecientes como efecto del entorno en el que se desenvuelve; por ende, la macroeconomía y la matriz comercial están en función de priorizar la venta de minerales, materias primas y alimentos [3].

Sin embargo, las diferencias entre ellos no son menores, y uno de los campos de batalla es el precio final del dólar. A los tres sectores los beneficia la devaluación de nuestra moneda, pero el capital local teme que sea de tal proporción que denigre el valor de los activos permitiendo su compra al capital extranjero, que incluso sufren en carne propia cuando por ejemplo Black Rock posee el 9% del grupo Techint, el 18,8% del Grupo Galicia, o es socia en Pampa Energía, en Transener, en Central Puerto, en Loma Negra, en IRSA, etc.

Y lo mismo pasa con la pretensión de malvender el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la Ansés, por la que presiona el capital financiero, pero Paolo Rocca y Héctor Magnetto no quieren que se liciten las acciones del grupo Clarín y del grupo Techint que posee el FGS, y solicitaron excluir esa posibilidad de los dos mamotretos enviados por el Poder Ejecutivo. Sí, en cambio, subsiste la pretensión de consolidar la deuda cruzada que tiene con el Tesoro, que le permitiría al gobierno de Milei reducir la deuda externa y el pago de sus intereses, apropiándose de lo que les corresponde a los jubilados y pensionados. Los gobernadores de 13 provincias con sistemas jubilatorios propios exigen, para aprobar la consolidación de deuda con el fondo que es de los jubilados y pensionados, que se les garantice el financiamiento de sus erogaciones.

El enfrentamiento en el seno de los sectores dominantes también se demostró en los “cortes en los combustibles” por el bioetanol (que nace a partir de la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas, puntualmente, caña de azúcar y maíz); y el biodiésel, extraído de la soja.

Prácticamente la totalidad de las exportaciones de biodiésel de la Argentina va a la Unión Europea y corresponden a lo producido en la provincia de Santa Fe, por encontrarse allí las plantas de mayor tamaño: RENOVA (Viterra), T6 Industrial (Aceitera General Deheza y Viterra), LDC Argentina (Louis Dreyfus), COFCO, Molino Agro, etc. Y el bioetanol en base a la caña de azúcar creció de producir menos de 10.000 metros cúbicos en 2015 a 500.000 metros cúbicos en el año 2023. Porcentaje similar que el obtenido del maíz; por ende, se produce un corte del 12% y la mitad corresponde al azúcar y el otro 6% al maíz [4]. Pero las hidrocarburíferas se quejan de que ese porcentaje de bioetanol o de biodiésel encarece el precio final de la nafta y del gasoil, cuando en el proyecto y en el dictamen se apunta a subir el piso de corte e incrementarlo paulatinamente a lo largo de los próximos tres años para llevarlo a 15% en el caso del biodiesel y entre un 18% y 27% para el bioetanol, entonces presionan para que se les permita importar si el precio local de los bio combustibles es mayor que el internacional y también piden que se reconozca el plástico (que ellos producen) como un insumo orgánico (sic).

El monitoreo del FMI

El FMI en una situación de acreedor privilegiado acuerda con el gobierno de Milei un modelo de subordinación al capital financiero internacional, en ese marco condiciona la política fiscal, monetaria, cambiaria y de reservas internacionales del BCRA.

En política fiscal acuerda un superávit primario (antes del pago de los servicios de la deuda externa) del 2% del PBI para 2024 (es en pesos, pero por unos 9.500 millones de dólares), cuando en el año 2023 se operó con un déficit primario base caja de 2,9% del PIB. Para llegar a ello debería incrementar los ingresos con respecto al año 2023 y a la vez reducir el gasto público en 2% del PIB.

 

 

La disminución del gasto planteada es del 1,7% del PIB; el 0,3% restante nace de la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, entre otros ajustes.

El FMI afirma en el staff report que “las nuevas autoridades se comprometen a eliminar todas las restricciones cambiarias” a corto plazo. Por caso, desmantelar el impuesto PAIS a fin de año. Quiere decir que van a seguir devaluando nuestra moneda para que sea el mercado el que determine su valor, pero no por nuestro comercio internacional, sino para pagar la deuda externa [5], que se encarece cada vez más porque la administración nacional recauda en pesos y al devaluar se deben “ahorrar” más pesos para pagar lo mismo.

Como esa deuda externa se torna cada vez más impagable por la devaluación de nuestro signo monetario, el gobierno de Milei se compromete con el FMI a derogar el artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. O sea, un mayor endeudamiento para pagar una deuda que no se investigó.

Por último, el staff report del FMI considera que “si las autoridades no son capaces de cumplir plenamente sus ambiciosos objetivos políticos, aún se habrían dado pasos importantes para corregir la grave situación de los desequilibrios macroeconómicos”.

La subordinación de las provincias

Es claro que tanto el DNU 70/23 como el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fueron redactados por grandes estudios jurídicos e impositivos pagados por los tres sectores dominantes del país, que eran para otro gobierno y que el actual asumió en su rol de ser votado por una mayoría cansada de la mentira de los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos.

Pero el que le da sustento político son las 15 administraciones provinciales que se reunieron el lunes 29 de enero de 2024 en el CFI (Consejo Federal de Inversiones [6]) y decidieron en claro incumplimiento del art. 29 de la Constitución nacional [7] apoyar ambos mamotretos, a cambio de que el ajuste fiscal en las provincias sea atenuado y coadministrado por las 15 subjurisdicciones nacionales (las provincias que se hicieron presente y acordaron son: Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, CABA, Corrientes, Chubut y Chaco).

Por un lado, nos recuerda al año 1988, cuando se reunieron gran parte de las provincias con el secretario de Hacienda, Mario Brodersohn, para avalar el “plan primavera” [8] y para una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que perjudicó seriamente a las provincias de Buenos Aires y de La Rioja.

Y, por otra parte, las provincias perciben una menor coparticipación desde que se elevó en octubre 2023 el mínimo no imponible de la IV categoría del Impuesto a las Ganancias (que se distribuye en su totalidad entre la Nación y las provincias y que exime a 800.000 trabajadores de pagar el gravamen). También los ingresos tributarios crecen menos que la inflación, por ende, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, según el IARAF [9], hacen que las provincias pierdan ingresos por 277.000 millones de pesos en enero de 2024 (equivale a 5.800 por habitante promedio en el país) que es un 12,7% de la coparticipación total a las provincias del mes de enero 2024 por 2.179.905 millones de pesos.

En ese marco, son amenazadas por el gobierno central:

  1. Disminuyendo en un 0,5% del PIB las transferencias no automáticas (son en pesos, pero equivalentes a unos 2.400 millones de dólares anuales).
  2. Desregulando el financiamiento por los bancos de provincia al Tesoro local, con el cual se financiaban para pagar en tiempo y forma las remuneraciones al personal público (Com. A 7674 del BCRA del 24/01/24).
  3. No admitiendo que se paguen los tributos nacionales con los “bonos provinciales”.

Ante esa situación, las provincias aceptan, por medio de sus representantes, aprobar en general el proyecto de ley denominado de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y no rechazar el DNU 70/23.

La propuesta de los 15 representantes de las provincias que se reunieron el lunes 29 de enero 2024 en el CFI es que a cambio:

  1. Se coparticipe el impuesto PAIS.
  2. Se coparticipe el Impuesto al Cheque.

Esto significaría dinero “cash” para sus administraciones pero en desmedro de los jubilados y pensionados, dado que ambos gravámenes tienen asignación específica.

 

 

Cómo se van a financiar las cajas previsionales y cómo se ajustarán los haberes de jubilados y pensionados no está resuelto, pero seguro que es en desmedro de los llamados beneficiarios, cuando la jubilación mínima más el bono significan 160.000 pesos por mes, que es la remuneración mayoritaria para los trabajadores en pasividad, en todo el país.

 

 

[1] Son títulos públicos que se ajustan por el precio del dólar oficial y que se benefician con la permanente devaluación de nuestra moneda y están protegidos si el tipo de cambio se acrecienta aún más.
[2] Ambos son socios de la consultora Anker.
[3] Esto explica por qué el grupo Techint se especializa cada vez más en el área energética y también por qué se internacionaliza y dolariza el precio final, cuando el costo de extracción y producción es mucho menor, ampliando la renta extraordinaria que obtienen.
[4] Obviamente también hay diferencia entre las empresas maiceras y azucareras para incrementar el porcentaje de uno u otro producto.
[5] Hecho que no tuvieron en cuenta los economistas marginalistas en general y la escuela austríaca menos que menos: el precio del dólar de equilibrio no comprende solamente al comercio internacional, sino que debe contemplar también, y fundamentalmente, el pago de los servicios de la deuda
[6] El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo público interestadual fundado el 29 de agosto de 1959 tras un acuerdo entre las provincias argentinas, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
[7] Art. 29: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.
[8] Que fue una enmienda del Plan Austral y que no pudo evitar su colapso y con ello el del gobierno de Alfonsín.
[9] IARAF: Instituto Argentino de Análisis Fiscal depende de la Fundación Mediterránea, pero suele contar con información fidedigna.

 

 

Aliados en el saqueo