Durante mucho tiempo, los temas de agenda internacional y de política exterior en América Latina y el Caribe fueron tratados como un terreno ajeno a la ciudadanía. Un ámbito reservado a diplomáticos y élites en el que la opinión pública tenía poco que decir y menos aún que influir. Esa idea, sin embargo, resulta anacrónica en una región con vastos recursos estratégicos y afectada por las crecientes tensiones globales.
Nuestra región tiene un lugar visible y central en el tablero mundial como escenario de rivalidades geopolíticas y de disputas energéticas, tecnológicas y ambientales. AMLAT Radar 2026 –una encuesta realizada en diez países de América Latina, representativa de la población de 18 años o más, con ocho años o más de educación– parte del supuesto de que conocer lo que piensan y experimentan las sociedades latinoamericanas frente a esta realidad constituye un insumo valioso para definir posiciones y tomar decisiones comprometidas con una perspectiva regional propia.
AMLAT Radar 2026 se realizó en un contexto de reconfiguración internacional, marcado por la acumulación de tensiones derivadas de múltiples crisis y contestaciones globales. La encuesta revela que los ciudadanos latinoamericanos tienen una conciencia clara de este momento: perciben el inquietante avance de un mundo militarizado en el que las reglas no se respetan y parecen agonizar. Entienden que, en un contexto belicoso, de polarizaciones diversas e inestabilidad económica, se pone en juego su bienestar actual y la prosperidad futura de sus países. A la par, aspiran a que el leitmotiv de la inserción internacional de América Latina sea preservar y ampliar los márgenes de maniobra para una mayor autonomía, con beneficios concretos para su vida cotidiana.
Las sociedades latinoamericanas también tienen percepciones y sentimientos precisos sobre los liderazgos peligrosos, con especial mención a lo que se puede llamar “factor Trump” que, a su vez, se replica en distintas latitudes. Hay que agregar la capacidad de la opinión pública de diferenciación en temas de impacto global, sea en relación con líderes mundiales o frente a las líneas de acción externa de la Unión Europea. Así, por ejemplo, se aprueba su actuación en Ucrania y se la considera negligente en Gaza.
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No sorprende, entonces, que entre las principales inquietudes de la ciudadanía latinoamericana figuren –en ese orden y con distinto énfasis según los diez países donde se realizó la encuesta– las guerras, la pobreza, el narcotráfico, el cambio climático, los problemas económicos, y las violaciones a los derechos humanos. Resulta revelador que este patrón se confirme en los cuatro grupos etarios del sondeo. Allí hay una intersección entre fenómenos globales, regionales y nacionales que, en muchos casos, se potencian internamente con elevados costos humanos de distinta índole y un impacto especialmente severo sobre las poblaciones más vulnerables. Estamos, entonces, ante una opinión pública alerta que requiere que los gobiernos respectivos entiendan sus urgencias y críticas.
Adicionalmente, uno de los hallazgos más llamativos es el desplazamiento de referentes de desarrollo. En comparación con los datos de la misma encuesta recabados en 2021, los modelos de desarrollo que prefieren los y las latinoamericanas ya no son los proverbiales de Occidente, sino que provienen de Oriente. Es como si las sociedades de la región distinguen y entienden que el locus de poder, influencia y prestigio está relocalizándose en Asia.
En 2021, los modelos más apreciados fueron, en este orden, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Hoy, son elocuentes los descensos en porcentajes de esos tres. El primer lugar lo ocupa ahora China y el segundo lo detenta Japón. Más aún, en octavo lugar sobre Francia e Italia, se ubica Corea del Sur. Quizás influye el hecho de que mientras en Occidente se achica la clase media y se desarticula paulatinamente el Estado de bienestar, en Oriente varios millones de personas dejan atrás la pobreza y aspiran, con razón, a una vida más digna.
Respecto tanto a los liderazgos mundiales como a los mejores socios de América Latina es evidente el reconocimiento de poderes y potencialidades diferenciadas. Por ejemplo, Europa conserva un peso simbólico como referente normativo en cuestiones humanitarias y de paz, pero con menor intensidad que hace cinco; Estados Unidos lo es en materia militar y, complementariamente, en materia económica; al tiempo que China sobresale en el campo tecnológico y, adicionalmente, en el terreno educativo. En función de eso, Europa es visto como una contraparte importante en temas ambientales y de lucha contra la pobreza, en tanto que Estados Unidos lo es especialmente en el combate contra el narcotráfico y China lo es en cuanto a la tecnología digital, el comercio y la infraestructura.
Evidentemente, la sociedad latinoamericana advierte que el unipolarismo es parte del pasado. Hoy se observa una difusión del poder mundial que da lugar a liderazgos diferenciados y configura un escenario de vacío hegemónico. Es posible que las sociedades latinoamericanas estén captando una condición heteropolar: el despliegue gradual de un esquema de polaridades múltiples, tanto en el plano estatal como en el no estatal, con actores diversos que interactúan en un mundo atravesado, simultáneamente, por fuerzas fragmentadoras e integradoras.
Los resultados de AMLAT Radar 2026 también revelan la grieta existente entre lo piensan y sienten las sociedades latinoamericanas y la praxis diplomática de varios de los gobiernos del área. Junto a una gran incertidumbre, revelada al medir las emociones, emerge la identificación de cursos de acción propuestos como respuesta —lo que denominamos prioridades de política exterior.
Sobresale el énfasis en el pragmatismo, expresado en la prioridad de promover el comercio, junto con los principios medulares de autodeterminación y defensa de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, cuando evaluamos los vínculos preferentes en la región, los países europeos merecen más aprecio que los buscados con China o Estados Unidos. Sin embargo, el peso asignado a la financiación y a las inversiones, en las respuestas sobre áreas de cooperación con Europa refuerza la importancia de que estos vínculos se materialicen en asuntos tangibles.
Todo lo anterior plantea una pregunta inevitable para la relación birregional entre Europa y América Latina: ¿están los gobiernos y actores claves en América Latina y Europa en condiciones de responder con voluntad política e iniciativa a esas voces ciudadanas con algo más que retórica? Porque, a diferencia del pasado, la opinión pública ya no observa desde la distancia: empieza a marcar los límites de lo posible y a delinear los alcances de lo deseable.
Es poco usual que un país del Sur Global, que padeció una guerra internacional, que requiere una base material para superar años de declive, que necesita diversificar su inserción mundial para asegurar bienestar, seguridad y autonomía, que precisa recuperar niveles esenciales de cohesión social, y que está ubicado en una zona de paz, tenga un gobierno que le otorga a la agresión y lo belicoso un lugar inusitado e ideológico en la política internacional y que con esto abandona la defensa y la promoción del derecho internacional.
Esto no debería sorprender, pues la política exterior está siempre entrelazada con la política interna. El combate, la lucha, la guerra son parte sustancial del discurso oficial. Por ejemplo, en su alocución ante el Liberty International World Conference del 16 de agosto de 2025, el presidente Javier Milei aseveró: “la República Argentina es, por lo tanto, un campo de batalla donde está en juego el futuro de millones de personas, y en donde se enfrentan dos modelos de país totalmente antagónicos”.
Un país, donde están “los argentinos de bien” frente a los otros; la escoria, el mal. Afuera, por lo tanto se replica este esquema categóricamente binario sin reparar qué implica eso y qué consecuencias tendrá para los intereses nacionales.
Solo para tomar el último año –de mayo 2025 a mayo 2026–, las expresiones y acciones son múltiples en el frente externo. Por ejemplo, en junio del año pasado, ante una resolución (142 favorables, 19 abstenciones, 12 negativos) de la ONU que pedía el alto el fuego en Gaza, la Argentina votó en contra.
El 13 de junio se produjo el ataque de Israel a Irán ante el que no hubo pronunciamiento alguno de la presidencia o la cancillería. Pero, el 15 de junio, “la Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel”.
Desde septiembre de 2025 hasta la fecha, Estados Unidos ha bombardeado, en violación del derecho internacional, presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, produciendo 194 muertes: a la fecha no se conoce pronunciamiento alguno del gobierno de La Libertad Avanza. En aquel mes, la CELAC se pronunció contra esos ataques y en favor de preservar América Latina y el Caribe como zona de paz: la Argentina no apoyó el comunicado.
En noviembre, el gobierno, junto con Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua, Rusia, Paraguay y Estados Unidos votó en contra de una resolución de la ONU sobre el informe anual de la Corte Penal Internacional. En ese mismo mes, el país, junto con Estados Unidos e Israel votó en contra de una resolución sobre la prevención y cesación del uso de la tortura (169 favorables, 4 abstenciones, 3 negativos). En diciembre, la Argentina se ausentó de la votación de una resolución para instituir el día internacional contra las medidas coercitivas unilaterales (116 favorables, 6 abstenciones, 51 negativos).
Ya en 2026, la exaltación de lo bélico se incrementó. El 3 de enero, por primera vez en 200 años de historia interamericana, Estados Unidos atacó a un país de América del Sur, Venezuela, que no amenazaba de modo alguno a Washington.
El gobierno no cuestionó este hecho de profundas repercusiones legales, diplomáticas y geopolíticas. Por el contrario, “la Oficina del Presidente celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.” Rápidamente, el gobierno se sumó a la “Junta de Paz” (26 miembros) creada por Trump y establecida el 22 de enero: un mes después, Washington lanzaba una nueva guerra. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán.
En el mundo, las declaraciones oscilaron entre críticas a los ataques y reacciones cautelosas y tímidas; todas a favor de no escalar la confrontación. Ningún gobierno respaldó frontalmente a Washington y a Tel Aviv. Pero, la Argentina se expresó así: “la Oficina del Presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Alí Jameneí, Líder Supremo de la República Islámica de Irán”.
En marzo, en el marco de una nueva visita a Estados Unidos, Milei aseveró, como si el país fuera parte del conflicto, “vamos a ganar”. Y el 19 de abril –en medio del cese de hostilidades entre Washington y Teherán–, el presidente reafirmó “nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní”.
En marzo, el país mostró su disposición a sumarse a otra guerra: ahora contra el narco-terrorismo. 16 ministros de Defensa latinoamericanos –entre ellos, el de la Argentina– y el secretario de Guerra estadounidense firmaron una declaración en ese sentido.
Acá pasó casi inadvertida, pero en la Proclama del 7 de marzo de la Casa Blanca se dice con claridad: se trata de “un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está preparada para operacionalizar la fuerza militar para derrotar a las amenazas a nuestra seguridad y civilización.”
Una Argentina vulnerable, como la Argentina actual, necesita tranquilidad internacional para afrontar los enormes desafíos internos acumulados. Celebrar los conflictos, sumarse a cruzadas, sostener dobles estándares ante el uso de la fuerza y desconocer el valor del derecho internacional no harán más que debilitar los intereses nacionales.
Es posible que los seres vivos que evolucionamos hasta tener un sistema límbico compuesto por áreas del cerebro en el que fundamentalmente se asientan las emociones y la memoria, tengamos nuestras vidas ancladas a puntos de referencia. Estos puntos de referencia, firmemente registrados en nuestra memoria no consciente, como símbolos, anteriores al lenguaje y también después de él, integran un sistema simbólico que incorporamos con el desarrollo cerebral y constituirán nuestra subjetividad; no serán lo que pensamos, sino fundamentalmente lo que sentimos y los que nos marquen no solo el camino a seguir sino que jalonen sus costados, los posibles desvíos y los posteriores retornos al camino inicial.
En consecuencia podemos afirmar que no pensamos, senti-pensamos, ya que toda nuestra relación con lo que nos circunda, con la vida, con el mundo en que vivimos y en el que experimentamos dolor o alegría, sorpresa o esperanza, dudas o certezas, estará filtrada por nuestra subjetividad.
En los humanos la pérdida de los puntos de referencia puede implicar sumergirnos en un desierto simbólico que ocupa nuestro presente y nos obliga a elaborar un relato nutrido de recuerdos y emociones pasadas en un desorden aleatorio; así se construye el delirio y a esto le llamamos psicosis, sea esta transitoria o permanente.
Ese territorio sin límites precisos, sin inicio y sin final, expresado, precisamente, por la carencia de puntos de referencia nos pone en un estado de indefensión emocional en el que nuestra percepción puede alterarse. Este fenómeno puede iniciarse a partir de experiencias traumáticas intolerables, o a la pérdida de proyecto (dicho en singular como totalizante) porque se desmorona una creencia, o su carencia por imposibilidad de imaginarlo. Esto nos deja sin futuro, o al menos sin un futuro deseable. Surge entonces la pregunta. ¿Lo que puede afectar a uno, puede afectar a muchos? Pero no a muchos como sumatoria de individualidades sino colectivamente. Una suerte de psicosis colectiva que como epidemia se apodera de sujetos sociales y en la que por supuesto debe cumplirse como condición una previa destrucción de la subjetividad cultural, ¿la subjetividad social?
Si hay algo que identifica a la subjetividad, ese algo son las creencias, y no sólo las religiosas, sino todo aquello que precalificará como bueno o malo, deseable o no, aún antes de pensarlo o conocerlo en profundidad, por eso nuestro sentir va un paso adelante de nuestro pensamiento.
De acuerdo a lo expresado, sólo cuando tenemos puntos de referencia en los que confiamos y nos resultan coherentes podemos planificar nuestro futuro y vivir el presente con un estrés controlado, si esto falta caeremos en un estado de anomia, lo que puede tener como consecuencia que la vida, nuestra vida, se convierta entonces en una involuntaria aventura.
Pero ¿qué es la aventura? Sin caer en una obligada polisemia hay un concepto romántico de la aventura que nos hace pensar en las novelas de Salgari, de Harold Foster o de tantos autores, pero básicamente la aventura es en lo esencial un pasaje a lo imprevisible, aunque todos estos “héroes romantizados”tenían una fuerte referencia ética o moral que los dirigía en su conducta.
La palabra aventura, deriva de la voz latina ad-ventus: viento que viene de afuera. O sea que estamos aceptando contextos en los cuales no tendremos la mínima intervención sino que estaremos a merced de ellos.
Obviamente, cualquier parecido con la realidad es porque estamos tratando de entender la que sufrimos y ver cómo podemos modificarla para recuperar otra realidad, una previsible en la que no nos desayunemos cada día con un nuevo desastre para nuestro bolsillo, nuestra salud, el futuro de nuestros hijos y, en concreto, el riesgo cotidiano inclusive de nuestras propias vidas.
La ciencia nos enseña que los fenómenos nunca responden a causas únicas sino a una combinación de factores para cada consecuencia. De tal manera que también en este caso la interacción entre la presión hegemónica de la derecha vernácula y sus amos corporativos, fundamentalmente estadounidenses, a los que reportan, con todos sus medios económicos y de comunicación, una justicia colonizada que anualmente es invitada a conferencias de actualización en EEUU (este es el reemplazo de la escuela de las Américas de Panamá donde se enseñaba a los militares latinoamericanos a torturar y hoy se enseña el “lowfare”) y la inflación como factor de inestabilidad constante, no son causas exclusivas. A ellas se deben agregar las inconsistencias del gobierno de Alberto Fernández con una macroeconomía en crecimiento pero sin reflejo en la microeconomía, lo inconcebible de un gobierno pretendidamente peronista, una mesa popular flaca. No debemos excluir del análisis la amplia gama de personalidades dentro del movimiento peronista que han mostrado conductas corruptas, no diferentes a las de otros personajes pertenecientes a otros espacios políticos pero sí más notables para la mirada del resto de la población.
Este conjunto, destruyó la expectativas que podía generar en la sociedad, referido a los estratos populares y clases medias, que olvidaron el estado de bienestar que se vivió después de salir de la crisis del 2001 y que implicó la creación de fuentes de trabajo como consecuencia de la recuperación industrial sostenida por las retenciones a la agroexportación.
Esto permitió la dinamización de la economía, la mejoría de los salarios y el consumo. Muchos pudieron tener por primera vez automóvil, vacaciones y viajes, se construyeron viviendas, caminos y otras obras públicas con el sustento de un estado planificador. La creación de nuevas universidades con cercanía a las distintas ciudades permitió las primeras generaciones de universitarios para sectores populares que no habrían podido sostener a sus hijos en otras ciudades o cargar con el costo del transporte a distancias importantes. Los planes de subsidio a la población de menores recursos se redujeron de dos millones a doscientos mil.
Hoy paradójicamente, como consecuencia de la destrucción de puestos de trabajo, tanto por la expulsión de trabajadores del estado como fundamentalmente por la destrucción de la industria, el industricidio que advertimos, advertencia que no fue escuchada; hay en dos años del gobierno de la ultraderecha 25000 empresas industriales o ligadas comercialmente a la industria que cerraron sus puertas. Milei logró en dos años lo que Macri provocó en cuatro, ya que ambos representan los intereses del imperio y el capitalismo financiero, para sus amos nuestro país sólo interesa como productor de materias primas y producción primaria del agro, sin desarrollo industrial. A esto hay que sumarle la caída del valor del salario. Hoy tenemos por un lado seis millones de personas que reciben subsidios como planes sociales y otros subsidios llegan a 22 millones de personas, secuela de las conductas económicas perpetradas por los que hablaban en contra del clientelismo.
¿Pero cómo se ha instrumentado esta tragedia? Históricamente la derecha se sirve de la ultraderecha en situaciones de crisis. Los integrantes de la ultraderecha suelen ser personas resentidas, muchas veces con algún nivel de paranoia, que están fuertemente vinculadas al fracaso; gente enojada que necesita echarle la culpa a otros por sus carencias materiales o emocionales. Marx y Engels hablaron en 1845 del “lumpen proletariado” en “La ideología alemana”, refiriéndose a personas que se encontraban en una situación de marginalidad laboral, con trabajos ocasionales que no llegaban a ligarlos con la clase obrera, la clase proletaria, y por tanto no se identificaban con sus intereses y con sus luchas. Los tiempos han cambiado, las relaciones socioeconómicas, si bien se mantienen en lo esencial, han establecido algunas variaciones en su estratificación. Hoy las clases medias, lo que alguna vez se llamó la ‘pequeña burguesía’, también tiene sus lúmpenes. El lumpen tiene como consecuencia de su condición no integrada una ética particular, que podría llamarse la ‘no ética’ o ética del sobreviviente, que incluye el delito y la traición porque no hay límites ni pertenencia, sólo la salvación individual. El profundo resentimiento que los habita les hace necesario encontrar enemigos a quienes odiar para depositar en ellos la carga de su frustración, cuando no encuentran el odiado específico derraman su odio sobre la sociedad, en este caso con la salvaguarda de sus amos, aunque a veces se les puede escapar algún odio lateral, verbigracia Madanes Quintanilla o Paolo Rocca.
Es llamativo como la caracterización del ultraderechista, del fascista; y recuerdo lo que decía Bertold Brecht para entender el parentesco entre Macri y Milei o entre Martínez de Hoz y su tribu con los militares de la dictadura del 76, “nada más parecido a un fascista que un burgués asustado”; como decía más arriba la caracterización del fascista es notablemente parecida a lo que el DSM IV (manual de trastornos de la conducta utilizado en psiquiatría) dice del sociópata. Odia a la sociedad y querría vengarse de ella cruelmente, tiene amor patológico por algunas personas que funcionan como su fetiche y está caracterizado por ataques de ira incontrolables.
Es sabido que cuando las tropas estadounidenses invadieron Irak con el pretexto de buscar las armas de destrucción masiva que no existían, sólo existieron cuando EEUU le dio a Sadam armas químicas y las usó contra los Kurdos; contrataron tropas mercenarias ataviadas con uniformes negros, y estas iban rematando a los civiles heridos, hombres, mujeres o niños, jóvenes o ancianos, haciendo lo que los soldados se negaban en muchos casos a hacer. Esta es la ética del lumpen, en este caso como ‘soldado de fortuna’ que Hollywood en muchas ocasiones ha llevado a la condición de héroe.
Cuando un paciente internado en terapia intensiva hace un brote psicótico como consecuencia de una experiencia que le resulta intolerable, la vuelta a la realidad que todos compartimos se produce cuando puede recuperar el contacto con sus seres queridos, sus puntos de referencia.
Tal vez sólo cuando logremos recuperar la condición de ser puntos de referencia desde nuestra conducta y nuestras propuestas con los integrantes de nuestro pueblo logremos que mucha gente salga de este estado de psicosis colectiva que les hizo elegir la aventura, que permitió que se estableciera este gobierno de lúmpenes al servicio de las corporaciones multinacionales, del capitalismo financiero y de un imperio norteamericano en decadencia que se comporta como el burgués asustado.
Inflación de MARZO 2026 elevada: Inicia el 2026, con novedades, especialmente no esperadas. La principal, los ruidos de la guerra que bloquea los intentos de conjeturar el futuro, de por si difícil. Pero se suman los ruidos internos.
Otro dato de envergadura es el dólar, por lo visto en el gobierno prima la baja o apreciación del peso. Pero la sorpresa pasa por las variaciones negativas, diría Milei: “la suerte está echada” y mejor demos explicaciones “ex post”, ya vendrán otros tiempos.
Por los combustibles, la educación y otros, la inflación vivita y coleando.
· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de MARZO 2026 más otros indicadores asociados.
· Lo importante de los últimos meses, movimientos del dólar y la tasa de interés.
· El BCRA comprando reservas y lo hace con bastante fuerza, pero eso no desanima a los particulares que siguen también comprando.
· Milei, supongo que después del mundial ingresa en proceso electoral para 2027. Todo girará mirando esa fecha.
· El FMI, continuará con los aportes y recomendaciones. Palmadas también del Banco Mundial, pero a veces no alcanza.
· El riesgo país “disminuye y sube” o “sube y disminuye”. Con un número empecinado en no bajar de los 500 puntos.
· El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) gana y pierde puntos, genera efectos múltiples.
· Mirando afuera: Trump, con los aranceles, migraciones, retiro de organizaciones internacionales, pero ahora lo ocupa más la guerra en Medio Oriente. China sentada tranquila en la puerta de su casa y con agresivas ofertas de todo tipo. Ucrania sigue en pie a pesar de Putin.
· La inflación (alrededor del 3.3 % promedio) en el mes de MARZO 2026. Alimentos con valor superior. Las conjeturas oficiales, de organismos y consultoras miran para arriba el 2026. ¿Se vienen mas ajustes?
Desde hace un tiempo los buenos oficios, las mediaciones y los acuerdos en torno a conflictos en el mundo, en general, y en Medio Oriente, en particular, no se tramitan en Europa. Eso no debiera sorprender dada la manifiesta doble vara que hoy caracteriza a la Unión Europea respecto a las guerras y al uso de la fuerza. Una ha sido la postura frente a la invasión de Rusia a Ucrania y otra frente a Israel en Gaza. A ello se agrega la posición frente a la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela y la preocupación ante la amenaza del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia. En unos casos deben operar el derecho internacional, la integridad territorial, la protección humanitaria, y el respeto a la soberanía y, en otros, al parecer, no debieran contar tanto. Este modo de diplomacia selectiva y vacilante afecta la credibilidad y reputación europea en cuestiones normativas y le resta voz política e incidencia diplomática en un escenario internacional altamente pugnaz.
Sale Europa
Consideremos brevemente el caso más reciente. A pocas horas del bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, los líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania se expresaron en una declaración de tres párrafos en la que: a) no mencionan el acto bélico inicial, b) manifiestan que están en contacto con Washington y Tel Aviv, y c) afirman que “condenamos a Irán en los términos más enérgicos por sus ataques a los países de la región”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, emitieron un comunicado conjunto en el que se habla de “los desarrollos en Irán” y no se nombran específicamente ni a Estados Unidos ni a Israel. Kaja Kallas, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, expresó que la situación en Medio Oriente “es peligrosa” y eludió deplorar la acción originaria.
A su turno, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, comenzó su pronunciamiento reconociendo que Washington y Tel Aviv “atacaron objetivos en Irán” –país que asevera tiene un “régimen absolutamente aborrecible”– y advirtiendo que Londres “no tuvo ningún rol” en esos actos. Condenó la reacción militar indiscriminada de Teherán contra los países del Golfo e hizo un llamado a “des-escalar” la confrontación entre las partes. Inicialmente el gobierno británico no autorizó el uso de sus bases por parte de Estados Unidos. El gobierno de Pedro Sánchez en España condenó abiertamente el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: fue el único que lo hizo de modo tajante y sin por ello avalar al régimen en Irán. El primer ministro de Irlanda, Michael Martin, expresó su preocupación por los acontecimientos y remarcó que la “protección de la población civil en Irán, Israel y los países vecinos debía ser prioritaria”. La ministra de Relaciones Exteriores de Austria, Beate Meini-Reisinger, consideró que la eliminación del Alí Jameneí “abre la ventana” a una nueva era en Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, condenó fuertemente, sin comentar la acción bélica estadounidense-israelí, los ataques de Irán contra varios países árabes. En conjunto, en la vasta mayoría de los países europeos predominó, con notable énfasis, la crítica a Teherán y el nulo cuestionamiento público a Washington y Tel Aviv. La casi unánime postura oficial europea contrastó, sin embargo, con la opinión pública ciudadana.
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Por ejemplo, en encuestas inmediatamente posteriores al 28 de febrero en España, Italia, Reino Unido y Alemania mayorías importantes rechazaron el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Lo mismo se observó en Países Bajos. En Polonia, una encuesta mostró que el 77% de los ciudadanos opinaban que el ataque a Irán fue equivocado. Con el correr de los días, no sobresalió un aporte europeo concreto para aminorar la belicosidad de un conflicto que arrasó, mediante el comportamiento de los tres protagonistas de la guerra, con múltiples principios y normas del derecho internacional. Europa buscó ser oída desde el inicio de la guerra. Pero no resultó sorprendente que ni para Estados Unidos, ni para Israel, ni para Irán la UE, en especial, y Europa, en general, resultara un actor gravitante y razonable ante las múltiples confrontaciones que se fueron desplegando a lo largo y ancho de Medio Oriente. Un golpe letal al ya severamente horadado “orden basado en reglas”.
¿Y esta cajita de texto para qué está? Acá es donde despabilamos a nuestros lectores y les contamos lo difícil que es hacer periodismo en estos tiempos. Por eso, si la información que leés en Cenital te ayuda a entender mejor lo que pasa, te pedimos que nos des una mano para seguir.Sumate
No ingresan otros…y entra Pakistán
Una Europa “en pánico”—frente a Putin, a Trump, al avance de las extremas derechas, a una crisis energética en ciernes, a una eventual nueva ola migratoria, entre otras—ahondó su confusión y parálisis ante una peligrosa guerra en las proximidades: no logró articular una posición común coherente e influyente. Hubo declaraciones por doquier, pero de escaso impacto. La vulnerabilidad europea no motivó una posición propositiva, así fuera arriesgada. Así como en la guerra contra Irán de junio de 2025 el mensaje europeo de fondo fue dar tiempo a Israel y Estados Unidos y validar la operación militar, en 2026 la apuesta pareció ser que la segunda guerra contra Irán resultara expeditiva. Quien quizás mejor resumió ese sentir fue el canciller alemán, Friedrich Merz, quien el 1° de marzo dijo: “No es el momento de dar lecciones a nuestros aliados y socios”.
A su turno, es crucial reconocer también que el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ampliado (se sumaron en 2024 Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán y Arabia Saudita) –con la presidencia pro tempore de India desde el 1 de enero de 2026– se desentendió, como colectivo, de la guerra revelando así la fragmentación del grupo. Paralelamente, India mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos e Israel en las áreas de defensa y tecnología, preservando un vínculo colaborativo con Irán, pero no una amistad indisoluble. Además, dos de los recientes miembros del BRICS—Irán y Emiratos Árabes Unidos—exacerbaron sus fricciones a raíz de los ataques de Teherán a instalaciones e infraestructura en EAU que produjeron 13 muertes. Sintéticamente, el “nuevo” BRICS careció de alguna propuesta medianamente compartida: la incidencia grupal en esta guerra en Medio Oriente fue inexistente. Cada país reaccionó de acuerdo con su habitual posicionamiento frente a los periódicos y graves conflictos en el área, sus preferencias básicas, sus atributos de poder, sus capacidades de influencia y sus cálculos geopolíticos.
Asimismo, tampoco los países del Golfo se vieron involucrados en la ascendente fricción entre Estados Unidos e Irán previa al 28 de febrero y después del ataque combinado entre Washington y Tel Aviv a Teherán. Por ejemplo, antes de la guerra de junio de 2025 contra Irán y con el propósito de encontrar una alternativa a la cuestión nuclear entre Estados Unidos e Irán, Omán y Catar jugaron un papel importante así las negociaciones hubieran fracasado. Omán, a su vez, y previo a los bombardeos de 2026, intentó mediar entre Estados Unidos e Irán, pero Washington nunca fue serio y la conversación naufragó. La retaliación iraní después del ataque de febrero de 2026 se desplegó contra Israel, principalmente, y contra objetivos en los países del Golfo. En Catar está ubicada la base militar de Estados Unidos más grande en Medio Oriente, al tiempo que Omán le presta sus instalaciones a fuerzas estadounidenses. Irán lanzó una nutrida cantidad de misiles contra el primero y varios drones contra el segundo. Ninguno de los dos tuvo, obviamente, la disposición de facilitar contactos entre Teherán y Washington, y, por el contrario, procuraron llevar sus casos al Consejo de Seguridad de la ONU donde se aprobó (13 votos a favor y 2 abstenciones) la Resolución 2817 que condenó los “flagrantes ataques” perpetrados por Irán contra sus vecinos.
En ese marco general en el que ni Europa, ni los BRICS ni los países árabes intervinieron diplomáticamente, desde el comienzo, en la guerra desatada, surgió Pakistán—una nación con unas 170 ojivas nucleares– como mediador. Su pronunciamiento del 28 de febrero refleja un sutil equilibrio. El mismo dice que “lamenta la ruptura de las conversaciones y el estallido de hostilidades”; “condena los ataques injustificados contra la República Islámica de Irán… (dado que) “tal curso de acción socavará la paz y la estabilidad de toda la región”; y, asimismo, “condena enérgicamente los ataques de Irán contra los países hermanos de Arabia Saudita, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los EAU”. Y al final, agrega que “Pakistán hace hincapié en que todas las partes reanuden la diplomacia y encuentren una solución pacífica y negociada a la crisis”. Vale la pena recordar que el país vivió significativas protestas anti Estados Unidos/Israel en las primeras 48 horas de marzo; lo cual produjo aproximadamente 20 muertos. Ello no alteró la intención de Islamabad de implicarse para aportar a una distensión entre Estados Unidos e Irán.
¿Por qué Pakistán?
Ahora bien, ¿qué factores facilitaron que Pakistán se convirtiera en un actor que pudo lograr el cese de hostilidades por dos semanas a partir del 8 de abril? Una combinación, que hacen a los intereses nacionales, motivó el despliegue diplomático pakistaní, no exento de retos y limitaciones de distinto tipo. El dictado de la geografía es relevante. Con dos –India y Afganistán– de los cuatro otros vecinos sus relaciones, aunque con intensidad y motivos diferentes, se caracterizan por la hostilidad: una hipotética frontera adicional en tensión con Irán como producto de la exacerbación de la guerra sería muy comprometedora.
A su vez, de inmediato se hizo evidente una crisis energética dado que Pakistán importa casi el 85% del petróleo que consume y que se transporta a través del estrecho de Ormuz. Sus dos principales proveedores –en ese orden– son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Además, hay unos 8 millones de nacionales que trabajan en los países de Medio Oriente; siendo la región del mundo a donde más se dirigen los trabajadores pakistaníes. Estos migrantes proveen el 54% de las remesas del exterior que recibe el país; cuya suma total anual es cercana a USD 40.000 millones. En particular, hay casi 3 millones de pakistaníes en Arabia Saudita y sus remesas fueron de más de USD 9.000 millones en 2025.
Una parálisis económica en el área, en general y en Arabia Saudita, en especial, producto de una crisis energética extendida, sería calamitosa para los migrantes pakistaníes. Se debe sumar, asimismo, el hecho de que en la actualidad Pakistán ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU; lo cual le habilita un interesante margen de maniobra en el evento de desplegar un perfil más activo en los asuntos mundiales.
¿Cómo resumir entonces la relación con Arabia Saudita, China, Irán y Estados Unidos antes del estallido de la guerra y al asumir una compleja interlocución entre Washington y Teherán? El vínculo con Riad es histórico y hondo. El único “Custodio de la Dos Mezquitas Sagradas” de La Meca y Medina es Arabia Saudita; sin embargo, Pakistán desempeña un papel muy relevante pues organiza la peregrinación –el Haff– de cada año. El lazo bilateral se profundizó pues en septiembre de 2025 firmaron un Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua; lo que tiene dos destinatarios claves, Israel (un poder nuclear) e Irán (con ambición nuclear). En ese marco, Pakistán envío 13.000 soldados a Arabia Saudita y algunos aviones de combate. Adicionalmente, Arabia Saudita le extendió un préstamo de USD 3.000 millones dólares a Pakistán para que éste repagara una deuda por ese monto a Emiratos Árabes Unidos; algo que fue un salvavidas para una debilitada economía pakistaní y reforzó la capacidad de influencia saudí sobre Islamabad.
Esencialmente para Riad la prolongación del conflicto era muy costosa por los recursos que no obtenía por el cierre del estrecho de Ormuz y por el efecto disruptivo a largo plazo derivado de un incremento de ataques iraníes a refinarías en el área. Por ello, la auto-restricción no obstante los ataques misilísticos iraníes y un cese de hostilidades comenzaron a ser más funcionales que propagar o sostener una postura explícitamente agresiva contra Teherán. A través de Islamabad –una contraparte cercana y confiable– los saudíes podían tener acceso a los contactos tras bambalinas entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, habiendo firmado un acuerdo de defensa con Arabia Saudita, Pakistán asumió un compromiso con los saudíes que podía entrar en colisión con sus responsabilidades de mediador en el caso particular de Irán. La diplomacia pakistaní debía –y debe–para ser exitosa, moverse con mesura pues, en el fondo, tuvo –y tiene– que caminar por una cuerda floja.
La relación entre Pakistán y China es muy intensa y una de las más estrechas entre países asiáticos. La confluencia adicional por el hecho de que ambos tienen tensiones históricas y ríspidas con India ha reforzado el amplio vínculo bilateral. La cooperación entre Islamabad y Beijing abarca la diplomacia, la defensa, y la economía y se ha acrecentado en los últimos años. Por ejemplo, el corredor económico chino-pakistaní (el China-Pakistan Economic Corridor), en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, tiene importantes consecuencias estratégicas en Asia meridional y oriental. En ese contexto y, a raíz de los ataques del 28 de febrero, del impacto regional de las confrontaciones, de sus repercusiones globales, y del llamativo repliegue de India frente a la guerra, Beijing recurrió a Islamabad para atenuar los efectos de un conflicto que parecía no decrecer. Así, el 31 de marzo, ambos gobiernos anunciaron una propuesta de cinco puntos que, en esencia, demandaba: a) un cese de hostilidades, b) la salvaguarda de la soberanía de Irán y de todos los países del Golfo, c) el respeto a la población civil, d) la protección de la seguridad de los buques que transitan el estrecho de Ormuz, y e) un fortalecimiento de Naciones Unidas.
Para China el mejor conducto para llegar con esa iniciativa a Washington y Riad era mediante la intermediación de Pakistán, procurando utilizar su ascendente económico para persuadir a Teherán (tener en cuenta, además que, en 2023, China logró la reapertura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán) de lo imperativo de un alto al conflicto. En este punto, es pertinente mencionar que el 7 de abril China vetó –y Pakistán se abstuvo frente a– una resolución (11 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) impulsada por varios países del Golfo para coordinar esfuerzos con el propósito de asegurar la libre navegación el estrecho de Ormuz. Muy probablemente, esto facilitó que China y Pakistán persuadieran con más fuerza a Irán para que acepte el cese de hostilidades que se inició el 8 de abril.
Hay que recordar también que el 24 de marzo, Estados Unidos elevó su propuesta de 15 puntos a Irán –transmitida a través de Pakistán y respondida a Washington por el mismo conducto– para un eventual cese de hostilidades y el 5 de abril se conoció públicamente la contrapropuesta iraní de 10 puntos. Para la primera semana de abril y ante las descabelladas amenazas de Donald Trump, era evidente que se requería al menos una pausa, así fuera frágil, en la confrontación estadounidense-israelí contra Irán.
Por su parte, el vínculo entre Islamabad y Teherán merece atención y no solo por la condición de vecindad entre Pakistán e Irán: comparten una frontera de 909 kilómetros, al tiempo que en Pakistán reside la mayor población chiita fuera de Irán. (Asimismo, Irán fue el primer país en reconocer la independencia de Pakistán.) La relación bilateral ha estado marcada por una convivencia recelosa. Ahora bien, y a pesar, por ejemplo, de la muy estrecha relación entre Pakistán y Arabia Saudita y de las notorias diferencias entre Islamabad y Teherán en torno a Afganistán durante su guerra civil, después del 11 de septiembre de 2001 y más recientemente, vale la pena destacar que entre 1980 y 1992 Pakistán estuvo a cargo, en tanto “poder protector” y en materia diplomática, de los intereses iraníes en Estados Unidos.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (centro), junto al jefe de las Fuerzas de Defensa y del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir (izquierda); y del viceprimer ministro y Ministro de Exteriores paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, tras llegar al país para conversaciones con funcionarios iraníes, en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)
En años recientes, y con un criterio pragmático, Pakistán e Irán acordaron en 2023 potenciar el comercio bilateral con el objetivo de alcanzar un intercambio de USD 5.000 millones de dólares para 2028 (en 2024 fue de USD 3.000 millones). Es crucial, además, la figura del mariscal pakistaní, Asim Munir. Él, y a pesar de los habituales roces –por ejemplo, los incidentes fronterizos de enero de 2024– entre Pakistán e Irán, desarrolló una estrecha comunicación con los principales referentes de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní; en especial después de que Islamabad condenara frontalmente el ataque de Israel a Irán de junio de 2025. Sin duda, los contactos de Munir en Irán y la cordialidad generada coadyuvaron a que Pakistán asumiera un papel de intermediario creíble entre Washington y Teherán.
Finalmente, la relación entre Pakistán y Estados Unidos ha sido tradicionalmente transaccional y se ha distinguido por fluctuaciones y desconfianzas en el marco de necesidades coyunturalmente compartidas. Desde 2004 Pakistán es “Aliado Extra-OTAN” de Estados Unidos; lo cual incrementó la cooperación militar entre ambos. Sin embargo, y debido a dificultades y desencuentros recurrentes, así como por intereses y valores en entredicho, ha habido distintas iniciativas en el Congreso para retirarle aquella condición: el último intento fue en enero de 2025. En 2024 cuando el mariscal Munir intentó reiniciar mejores vínculos con Washington, la tarea no resultó sencilla debido a una serie de diferencias relevantes entre Pakistán y Estados Unidos.
Ahora bien, después del enfrentamiento entre Pakistán e India en mayo de 2025, Washington procuró un nuevo acercamiento a Islamabad que condujo a recalibrar el vínculo entre Estados Unidos y Pakistán; en especial en materia militar y de lucha contra el terrorismo. En julio de 2025, la Casa Blanca invitó a Munir a un almuerzo privado dado el prestigio que alcanzó durante la crisis entre India y Pakistán. En ese contexto, Trump afirmó que el militar pakistaní era su “mariscal favorito”. Todo parece indicar que la administración republicana abraza circunstancialmente a Pakistán por motivos tácticos –acceso a minerales para la industria y la defensa; perturbar, así sea ligeramente, la honda y diversa relación entre China y Pakistán; y enviar una señal a India con quien crecieron las fricciones bilaterales.
Para noviembre el multimillonario cabildeo pakistaní en Washington había logrado un acceso sólido a Trump y su gobierno, obteniendo, por ejemplo, una reducción de los aranceles de 29% a 19%. La proximidad a Estados Unidos estuvo reflejada en hechos significativos. Por ejemplo, la firma de un memorándum de entendimiento en materia de minerales críticos; el ofrecimiento para la construcción de un puerto en Pasni (a 100 km. del puerto que desarrolló China en Gwandar); la reactivación del diálogo bilateral sobre contra-terrorismo; y la participación en el Board of Peace creado por Trump. Para el momento de la guerra contra Irán de 2026, Estados Unidos había restablecido la comunicación y la confidencialidad con Pakistán.
En síntesis, finalmente Pakistán consiguió que se acordase un temporal cese de hostilidades entre Washington y Teherán. Ello no fue el resultado de un suceso circunstancial. Una especie de doble balance entre China y Estados Unidos y entre Arabia Saudita e Irán le permitieron sondear espacios de intermediación. La búsqueda de beneficios geopolíticos, materiales y diplomáticos implicó, por supuesto, un riesgo, aunque de potenciales altos rendimientos. Ni Washington ni Beijing obstaculizaron sus buenos oficios, al tiempo que, por motivos diferentes, Riad y Teherán requerían alternativas para que el conflicto original no se expandiera o descontrolara.
El cauteloso acompañamiento a Islamabad por parte de Egipto y Turquía reforzó la diplomacia pakistaní en su propósito de explorar opciones para detener, así fuese transitoriamente, la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Como ha señalado el experimentado embajador pakistaní, Zamir Akram, lo importante era que “ambas partes crean que están logrando una salida honorable”.
No obstante, habría que ser muy cautos respecto a la eventualidad de un arreglo inmediato e irreversible entre Estados Unidos e Irán. La negociación del acuerdo nuclear del P5 (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) + 1 (Alemania) con Irán que se alcanzó en 2015 tomó doce años. Un compromiso nuevo y superador en la materia requerirá necesariamente tiempo. La agenda, las fórmulas y las especificidades de una negociación exitosa demandan disposición, esfuerzo y paciencia. En el muy corto plazo, lo deseable es asegurar la distensión entre los principales protagonistas y el comienzo de un diálogo efectivo, no distractor, en torno a consideraciones puntuales y balanceadas, advirtiendo que: a) no faltarán entorpecedores, b) se necesita aceptar aún a los que son más inaceptables, y c) se debe abandonar, por parte de Occidente, la proverbial premisa de que, en últimas, se puede seguir administrando el caos en Medio Oriente.
En el mediano plazo, la cuestión será si es posible forjar un orden regional que, simultáneamente, garantice la convivencia en un marco que reconozca la desconfianza enraizada por décadas y, que, por lo tanto, sea intrusiva en la verificación de los acuerdos con las partes involucradas. Hasta el momento Pakistán aportó, inesperadamente, una mediación responsable. Ahora habrá que observar si Estados Unidos e Irán asumen sus responsabilidades para evitar una expansión desenfrenada de lo que comenzó como una guerra punitiva que aún no finalizó.
Iniciamos el documento con lo más grave, el conflicto en Oriente Medio y la guerra en Ucrania, que dejarán heridas abiertas por muchos años. Con respecto a nuestro tema, la economía, la pregunta de rigor es cómo se verá afectado el mundo, y en particular la Argentina, durante este período de actividad bélica con detenciones que ojalá sean definitivas. El precio de la energía posee un alto efecto derrame sobre todos los sectores, fletes, aumentos en los pasajes y en todos los suministro y procesos.
Pondremos el acento en el SECTOR INDUSTRIAL Y ALGUNOS ASPECTOS DEL EMPLEO. El gobierno festeja el crecimiento del 4.4 % del PBI en el 2025 respecto del año anterior, es un buen número. Con esto rompe los valores negativos de los años 2024 y 2023. Pero no todos los sectores respondieron. La industria por ejemplo está en una mala transición y es lo que analizamos, en volumen y empleo.
Observamos el Sector Industrial con un comportamiento dispar y preocupante. Consideramos aspectos de valor en pesos constantes, diferentes índices de actividad industrial y empleo. Para un historial completo de la industria se pueden leer buenos documentos de diversos autores y corrientes de pensamiento. Conjeturamos cuanto debiera crecer la industria para no hundirse.
Un reciente documento del Banco Mundial: “Panorama Económico de América Latina y el Caribe” (abril 2026) tiene una parte dedicada a la industria, plantea que hay una renovada preocupación por las políticas industriales. El documento acompaña una separata sobre la Argentina. Nuestro país aparece como haciendo buena letra, rescata el Régimen de incentivos para las Grandes Inversiones ((RIGI), critica duramente la industrialización en Tierra del Fuego y levanta otros aspectos como el fiscal de la política de Milei. Seguramente lo dejará contento. Las propuestas para la industrialización que enuncia son complejas. Rescatamos entre las recomendaciones la educación, hoy en un mal momento, en particular la universitaria. El 15 de abril el FMI y el gobierno llegaron a un acuerdo para la segunda revisión, cuidemos a nuestro principal deudor parece ser el contenido.
En la llamada “Semana Argentina” ante inversores de Wall Street y locales (más locales que extranjeros) en Manhattan, los días 9 a 11 de marzo 2026, el ministro Luis Caputo habló dos veces. Una, el martes 10 en la sede del Bank of America; y la otra, en el cierre, el miércoles 11, en el consulado argentino en Nueva York. En ambas dijo que habían creado las condiciones para que ingresen capitales del exterior al país en inversiones, sobre todo mineras y petroleras.
Sin embargo, en esa llamada “Semana Argentina”, solo se anunciaron dos proyectos. Estos fueron los presentados por Marcelo Mindlin en nombre de Pampa Energía y de TGS (Transportadora Gas del Sur) y van a ser presentados ante el Comité Evaluador del RIGI (que preside Luis Caputo), por un total de 7.700 millones de dólares:
Desarrollo petrolero en Rincón de Aranda (4.500 millones de dólares), con el objetivo de aumentar la producción de Vaca Muerta, para principios de 2027, en 45.000 barriles de petróleo por día (cuando actualmente se producen aproximadamente 600.000 barriles diarios, que representan cerca del 70% de la producción total de la Argentina).
Una planta de procesamiento de gas líquido (3.200 millones de dólares) en Bahía Blanca.
Mindlin dijo que Pampa Energía logró financiamiento en dólares a 10 años para el primer proyecto y TGS a 12 años para el segundo, a una tasa del 8% anual en esa divisa. El 51% del paquete accionario de TGS le pertenece a Pampa Energía, a la familia Sielecki y al Grupo SAFRA, del Banco Safra, que es uno de los grandes bancos de Brasil. Pero el 49% de las acciones restantes cotizan en bolsas, principalmente la de Wall Street, y principalmente administradas por BlackRock y Vanguard.
Los dos proyectos anunciados por Marcelo Mindlin serían los números 13 y 14 del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) [1], pero posteriormente se anunciaron otros dos:
Vicuña Corp: Es una empresa conjunta constituida entre Lundin Mining (de origen canadiense) y BHP (de origen australiano; es la minera de cobre más grande del mundo [2]) con participación igualitaria del 50% para cada una. Se creó en enero de 2025, tras la adquisición conjunta del proyecto Filo del Sol (5.200 metros sobre el nivel del mar) y Josemaría (a 4.230 metros), ambos en la provincia de San Juan. Vicuña Corp busca combinar ambos depósitos en un plan de desarrollo por fases, que atraviesan zonas glaciares y periglaciares a través de caminos y áreas de funcionamiento de los propios proyectos, y se perfila como el mayor desarrollo cuprífero de la Argentina con una inversión presupuestada de 7.000 millones de dólares. Es el mayor impulsor de la reforma de la Ley 26.639 de protección del agua, tal como lo denunciara el abogado ambientalista Enrique Viale y otros en la audiencia sobre la ley en la Cámara de Diputados de la Nación. El gobierno de Milei le cedió una línea de 500 kV (obra de infraestructura estratégica que los argentinos pagaron con sus impuestos durante un cuarto de siglo) para abastecer al distrito minero Vicuña.
Phoenix Global Resources Plc (el 90% pertenece a Mercuria Energy Group y el 10% restante a capitales cubanos de Miami; parte de ello forma Integra Capital, que es la corporación que preside José Luis Manzano) se presenta en el RIGI por 6.000 millones de dólares para extraer petróleo y gas en Mata Mora norte y sur y en Confluencia norte y sur de Vaca Muerta.
Mercuria fue fundada en Ginebra, Suiza, en el año 2004 por dos operadores de Goldman Sachs, Salomon Brothers y Sempra Energy, y hoy está fuertemente vinculada a capitales de Manhattan.
Paradójicamente, importantes empresas del sector energético, nacionales y extranjeras, han abandonado la intención de invertir en la extracción de petróleo y gas, como Equinor, Petrobras, Petronas, Total Energie, Shell, Exxon Mobil, Enap Sipetrol, o las empresas argentinas Contrera Hermanos SA y Esuco SA (que se fueron de Vaca Muerta porque ENARSA no les pagaba las facturas). O Pluspetrol, que había comprado la parte que explotaba en Vaca Muerta a Exxon Mobil, y a su vez cedió el 80% de Los Toldos Sur y el 50% de Pampa de las Yeguas a la firma estadounidense JPM Energía S.A., empresa cuyo accionista mayoritario es Jon McCreary, CEO de JMAC Energy Services, una compañía de servicios petroleros con base en Estados Unidos y operaciones ligadas al desarrollo no convencional.
La explicación de Lucka Glezer en su nota “Relato en conflicto” del 29 de marzo de 2026 es central: “El problema de fondo aparece ahí. Desarrollar GNL a gran escala implica inversiones gigantes, decenas de miles de millones de dólares. Una magnitud que hoy la Argentina no puede absorber. Ni siquiera en el escenario optimista del RIGI. La cuenta, simplemente, no cierra”, para terminar con: “Para que Vaca Muerta desarrolle su potencial, se debería invertir unos 20.000 millones de dólares por año. Esa cifra, hoy, no existe. Ni en el sector privado ni en el Estado”.
Sin embargo, hay un cambio de situación con la guerra del Golfo.
La guerra del Golfo
La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, que lleva seis semanas de combate, demuestra la dignidad del pueblo y del gobierno de Irán. Representa un ejemplo para los pueblos árabes y probablemente provocará una verdadera primavera, imponiendo severos límites a sus castas dominantes (que protegen Estados Unidos e Israel) e incluso abriendo la posibilidad real de una federación de países productores de petróleo, gas y sus derivados.
Ese hecho, tan temido por los Estados Unidos e Israel y el capital que está detrás de esos dos países, significa que ya nada será como hasta febrero de 2026, y obliga a los fondos de inversión a replantearse el estado de situación.
De allí que vayan a priorizar las explotaciones mineras e hidrocarburíferas en otras zonas del planeta y en la Argentina, con Vaca Muerta, Palermo Aike, la cordillera de Los Andes, etc. Un gobierno funcional a esos capitales y un pueblo que mayoritariamente no es consciente de sus derechos, con una parte importante de la oposición política y administraciones de provincias que creen que pueden privatizarse nuestros recursos naturales, pasa a ser fácil presa de la voracidad de grandes empresas extractivistas.
Cuando en la “Semana Argentina” en Nueva York le preguntaron a Luis Caputo si él creía que con el precio actual del dólar y con la capacidad adquisitiva de esa moneda en nuestro país eran rentables las inversiones, respondió que el precio del dólar es el fijado por la relación entre el gobierno y la sociedad argentina. Además afirmó que el ajuste por el índice de precio al consumidor del INDEC en el piso y en el techo de la banda de flotación garantizaba su validez.
Obviamente, habló ante grandes inversionistas que mayoritariamente se benefician con la renta financiera que vía carry trade retrasa persistentemente el precio del dólar, por lo que se facilita su compra y fuga. En esa operación participan los bancos y fondos que estuvieron en esas reuniones y que son socios principales y/o financistas de las empresas mineras, hidrocarburíferas y energéticas que participan del RIGI, y que ganan fortunas con el retraso cambiario, las tasas de interés que paga o reconoce el Estado nacional y la apertura cada vez mayor para la compra de divisas y su fuga.
Pero saben que están en riesgo que se pueda mantener el carry trade, por las consecuencias económicas (y sociales) del precio del petróleo, gas y derivados y su influencia sobre los niveles de actividad y pagos de las deudas (públicas y privadas).
El impacto en el precio del petróleo y del gas (sobre todo el GNL, gas natural licuado) acelera los tiempos, al hacer más importante y urgente su inversión, y la Argentina sería una opción, más otras en otras partes del planeta, para sustituir parcialmente la oferta de los países de Oriente Medio. En ese marco, Luis Caputo no se cansa de decir que se va a continuar con el carry trade, pero sabe que será así hasta que el precio de la energía sea tal que su renta supere la renta financiera.
Es más, cuando se le pregunta cómo va a hacer para pagar los vencimientos por 8.800 millones de dólares para lo que resta de este año 2026, responde que se va a tener una buena cosecha que podría aportar hasta 8.700 millones de dólares adicionales en exportaciones, cuando CIARA-CEC declararon ventas por 31.338,7 millones de dólares el año pasado.
Y habla de ese mayor ingreso con el tipo de cambio vigente, ofreciéndoles a los grandes acopiadores y comercializadores de granos que operan en el país que se pasen a pesos y ganen la diferencia por carry trade, y volver a las divisas y fugarlas, como pasó, tras la devaluación de más del 100% del 12 de diciembre de 2023, en los años 2024 y 2025 y en lo que va del año 2026. Y como lo demuestra el Balance Cambiario del BCRA; “Personas Humanas”, así se llama la cuenta, compraron 43.278 millones de dólares en esos dos años (obviamente, los exportadores que deben vender sus dólares por pesos son los principales adquirentes). Y en el primer bimestre de 2026, las compras fueron por 5.648 millones de dólares, sin contar que las exportaciones se realizan por declaración jurada, y que no se sabe bien cómo este gobierno las controla.
Por supuesto, el impacto sobre los precios en general y de los combustibles y energía en particular será pagado por el pueblo argentino. Esto se agrava por la quita de subsidios de Nación; el costo de la energía [3] en los hogares, al menos, se duplicará.
El rol de la Administración nacional de Milei es diáfano: paga altas tasas de interés a los “bonistas” (tenedores de títulos públicos en pesos y en divisas), permite la fuga de capitales y quita el subsidio a la energía eléctrica y al gas.
También beneficia negocios como el de YPF S.A., que cede zonas en Vaca Muerta, y que vendió su parte (el 50% de las acciones) de Profertil S.A., la planta de fertilizantes más grande del país, a Adecoagro S.A. Tras la guerra del Golfo, aumentará sideralmente el precio de la urea, y será para ganancia nítida de esa empresa, cuyo principal accionista es Tether Holdings Limited, la empresa emisora de la criptomoneda estable USDT, y el 30% restante le corresponde a la familia Bosh [4]. Y el retiro de YPF hace que Pampa Energía S.A. tome deuda por 1.500 millones de dólares para levantar y operar la planta de urea granulada Fertil Pampa Urea en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. No lo hace el Estado y sí las grandes empresas del sector.
En síntesis
Mientras en las bolsas y los mercados de capitales en el mundo derrapan el precio de las acciones de las principales empresas cotizantes y no se sabe cuál será el precio del dólar en un futuro inmediato, sí es segura la suba del precio del petróleo y del gas, y por extensión del cobre y del litio y de cuánto puede convertirse en energía y/o posibilitar su traslado.
Los mandantes de Luis Caputo y equipo pretenden continuar con la renta financiera y la fuga de capitales, para lo que plantean la imperiosa necesidad del ingreso de divisas al país para pagar la deuda (y beneficiar a sus acreedores) y financiar la fuga de capitales. Y a la vez propician la venta y/o concesión a precio vil de nuestras empresas públicas y de nuestros recursos naturales, sin respetar nuestra Constitución nacional, especialmente su artículo 40, que regula los mecanismos de consulta popular sobre lo que le pertenece al pueblo argentino y no al gobierno ni a los supuestos representantes. Es más, les cabe el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe al Congreso otorgar al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del poder público o supremacías que pongan en riesgo la vida, honor o fortuna de los ciudadanos. Los actos que violen esto son nulos y sus autores serán considerados infames traidores a la patria.
Ganan y fugan fortuna, empobrecen al país y a su pueblo, pero nada es para siempre.
[1] Régimen creado por la Ley 27.742, que crea enclaves económicos que pueden ser extranjeros dentro del país y que pueden quedar bajo jurisdicción extranjera. Se les confiere estabilidad fiscal por 30 años; a partir del quinto año podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país. Sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin obligación de abastecer al mercado interno. Los 12 proyectos aprobados por el RIGI hasta la fecha son: 1) Parque solar El Quemado en Mendoza; 2) oleoducto en Vaca Muerta hasta el océano, por YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell; 3) Southern Energy (Pan American Energy): instalará una barcaza para producir gas natural licuado (GNL); 4) Rio Tinto: planea invertir 2.724 millones de dólares para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta; 5) Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, para producir 360.000 toneladas anuales de aceros largos; 6) PCR y Acindar: invertirán 255 millones de dólares en un nuevo parque eólico en Olavarría; 7) Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca; 8) Los Azules: la empresa McEwen Cooper extraerá cobre en San Juan; 9) Se amplía el puerto de Timbúes; 10) Gualcamayo: busca extender la vida útil de su mina en San Juan; 11) mina Veladero en San Juan, cobre y oro; 12) el proyecto Diablillos, una nueva mina de oro y plata en Salta y Catamarca. [2] Posee la mina Escondida en Chile (la mina de cobre de mayor producción mundial) y Olympic Dam en Australia. Vicuña Corp. nació en enero del 2025, tras un joint venture entre Lundin, una minera canadiense valuada en 28.500 millones de dólares con operaciones y proyectos en la Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos dedicada a la producción de cobre, oro y níquel, y BHP, la mayor minera del mundo por capitalización bursátil (171.000 millones de dólares), fundada en 1885, con sede en Melbourne, Australia, y uno de los principales productores globales de cobre. [3] Por ejemplo, el nuevo esquema de Subsidio Energético Focalizado implementado por el gobierno nacional reduce el tope de consumo subsidiado, que en algunas zonas va de 550 kWh a apenas 150 kWh. Y con relación al gas, en el invierno se debe importar gas licuado. [4] Mariano Bosch, ex presidente de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina).
En los últimos años, el debate público argentino se vio atravesado por mensajes que apuntan contra mujeres, feminismos y la comunidad LGTBIQ+. Estos discursos, impulsados desde el propio Gobierno nacional y encabezados por Javier Milei, tienen un impacto directo en cómo se perciben ciertos colectivos y cómo se organizan las conversaciones en la sociedad.
Distintas miradas coinciden en que las emociones —como el miedo, el enojo o la desconfianza— no son meras sensaciones individuales y pasaron a ser fuerzas que moldean comportamientos colectivos. Hoy influyen en quiénes son incluidos o excluidos del debate público, y en cómo se construyen consensos o enemistades.
Algunos especialistas sostienen que las emociones sostienen estructuras sociales y modos de vida. Otros advierten que el odio, en particular, se volvió una herramienta central para comprender la política actual: conecta comentarios cotidianos en redes sociales con ideas antiguas que reactivan viejas jerarquías y prejuicios.
Distintos especialistas vienen señalando que las emociones —como miedo, odio o vergüenza— ya no son solo sensaciones personales, sino fuerzas que moldean comportamientos colectivos. Según estos enfoques, los afectos influyen en qué grupos son incluidos o excluidos del debate público. En el libro Las vueltas del odio que estudia el caso de la presidencia de Bolsonaro. Desde su perspectiva, el odio se vuelve visible en las escrituras contemporáneas, especialmente en textos que circulan en redes sociales, medios y piezas artísticas. Estas escrituras del odio exhiben una materialidad que tensa los límites de lo decible y perfora consensos democráticos construidos en la posdictadura. Actualmente, estos límites están en disputa constante, si ya no parecieran estar borrados. ¿Cuál es el límite de lo decible? ¿En qué lugar anclan estos discursos?
las escrituras del odio no solo producen conflicto en el presente: movilizan archivos afectivos sedimentados que resurgen con energía renovada y reorganizan imaginarios sociales, discursos políticos y prácticas institucionales. Giorgi y Kiffer aportan la escena actual en la que estas dinámicas se materializan, especialmente a través del odio escrito, su viralización y su capacidad de reactivar temporalidades. Los autores afirman:
“Elegimos quedarnos con el odio como núcleo porque el efecto más problemático, en un sentido específico; el que lleva al límite las formas de la relación social, los pactos discursivos, las formas y protocolos de la vida civil y las reglas de lo democratico.”
Por su parte, en La política cultural de las emociones Sara Ahmed plantea que ciertos grupos se vuelven “soportes” de emociones negativas que la sociedad deposita sobre ellos, generando fronteras afectivas que separan comunidades y refuerzan estigmas.
Los discursos que marcaron el clima social reciente
Varios episodios del Gobierno nacional muestran cómo estos mecanismos se hicieron visibles en la esfera pública. En su intervención en el Foro Económico Mundial de 2025, el presidente Javier Milei calificó la “ideología de género” como “abuso infantil” y cuestionó la figura del femicidio. El mensaje generó rechazo de organizaciones feministas y de diversidad sexual, que lo interpretaron como un ataque directo a sus derechos.
En el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno difundió un video institucional que denunciaba una “estafa millonaria” vinculada a las políticas de género y acusaba a los feminismos de impulsar “agendas absurdas”. Buscaba reforzar la idea de que los reclamos por igualdad representan una amenaza o un gasto injustificado.
Otro punto de conflicto surgió cuando el Gobierno vinculó la baja de nacimientos en el país con un supuesto ataque progresista a la familia tradicional. Transformar un fenómeno complejo y multicausal como la baja de la natalidad en un ataque directo a las mujeres, es una estrategia para reinstalar un modelo familiar patriarcal como único como horizonte obligatorio.
Lo que circula en estos discursos no es solamente información: son emociones que se viralizan, se adhieren y moldean percepciones. Estas sensaciones pueden orientar a la sociedad a favor o en contra de determinados grupos, reforzando prejuicios y legitimando exclusiones.
Así, la disputa política actual no ocurre solo en las instituciones, sino también en la administración de los afectos que definen qué puede decirse y qué se considera legítimo en el espacio público.
Hacia una narrativa que enamore
En un momento en el que los discursos de odio buscan dividir y expulsar, se vuelve urgente construir una narrativa diferente: una que convoque a quienes todavía creen en la democracia como un proyecto común. Las pasiones siempre están en juego, y por eso es necesario generar nuevas, capaces de enamorar, inspirar y convencer de que otra manera de hacer política es posible. Una política que incluya, anclada en la justicia social, que ensanche las perspectivas y que recupere el deseo de vivir mejor en sociedad. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de volver a imaginar un futuro que nos abrace a todos y todas.
Si te gusto esta nota, te recomiendo seguir leyendo:
Ahmed, S. (2015). La política cultural de las emociones (C. Olivares, trad.). UNAM – Programa Universitario de Estudios de Género. (Ed. orig. 2ª ed. inglesa, 2014).
Giorgi, G., & Kiffer, A. (2020). Las vueltas del odio: Gestos, escrituras, políticas. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Safatle, V. (2019). El circuito de los afectos: Cuerpos políticos, desamparo y el fin del individuo. Editorial Bonaventuriana.
Comienzo con dos apreciaciones. La primera es que, aunque fue esbozada al inicio de los noventa, la estrategia de primacía ha sido persistente en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta la fecha. En síntesis, y a los fines de esta nota, una estrategia remite a una guía esencial que articula la concepción y la práctica de la política exterior y la política de defensa —inextricablemente entrelazadas— de un país. La primacía es, en ese sentido, un tipo de estrategia que se caracteriza por el hecho de que Washington no acepta ni tolera la existencia y el desafío de un competidor de igual talla. George W. Bush desplegó una primacía agresiva mediante la cual recurrió a una proyección militar enérgica en distintos escenarios internacionales; elevó el presupuesto y el perfil de las fuerzas armadas en desmedro de los recursos y el rol de la diplomacia; y optó por un unilateralismo que socavó el multilateralismo.
Barack Obama ensayó una primacía calibrada que consistió en limitar la apertura de nuevos frentes de acción militar con numerosos soldados en el terreno de combate; se apoyó circunstancialmente y en ciertos temas en los foros multilaterales; e intentó la recuperación de una imagen y reputación crecientemente cuestionadas a nivel mundial. Donald Trump expresó una primacía ofuscada en la que intimidar a cercanos y distantes se tornó habitual; revigorizó los presupuestos de defensa; e instauró un unilateralismo pendenciero. Joe Biden implementó una primacía dosificada: en esencia, concentró los esfuerzos de Washington en cercar a China e intentar revertir su proyección de poder, al tiempo que fortaleció sostenidamente, y batiendo récords año tras año, los presupuestos de defensa.
En segundo lugar, la preservación de este aspecto no significó que fuera idéntica en el tiempo respecto al uso del dispositivo militar. En breve, existió una fase expansiva en la que Estados Unidos inició y libró guerras simultáneas como los casos de Irak y Afganistán y lanzó acciones de combate de distinto tipo en Medio Oriente y África. Ese período, en el que predominó lo que llamó el despliegue, comenzó con Bush hijo y se fue reduciendo durante el primer mandato de Obama. Washington tenía un objetivo preciso: moldear decisivamente el escenario internacional y asegurar la satisfacción de sus intereses nacionales mediante una presencia militar extendida.
Con diferente intensidad y alcance el recurso a asesinatos selectivos, el empleo masivo de drones, el refuerzode fuerzas especiales en ciertas regiones, el lanzamiento de operaciones cinéticas, entre otros, se multiplicaron desde el segundo Obama hasta Biden. Durante la segunda fase se fue consolidando lo que denomino repliegue, entendido éste como el retiro (incompleto) de ciertos conflictos (por ejemplo, Irak) y el freno a iniciar nuevas guerras. De modo sintético, Estados Unidos conoció los límites de una sobre-extensión militar y empezó a evitar el emprendimiento de guerras adicionales en distintas latitudes. En consecuencia, se pasó de la primacía con despliegue a la primacía con repliegue. Bajo este marco de referencia, la primera administración Trump fue un ejemplo de lo segundo.
Donald Trump entre 2017 y 2021, como lo mostró en detalle Bernabé Malacalza en un reciente escrito en Cenital, no fue un presidente pacifista, aunque su estrategia combinó aspiraciones discursivas de preponderancia global con prácticas de retraimiento parcial en lo militar. En ese sentido, en diciembre de 2018 anunció la futura salida de efectivos de Siria y en noviembre de 2020 ordenó la retirada de tropas de Afganistán como parte de un acuerdo forjado con los talibanes en febrero; lo cual recién se concretó en el gobierno de Biden. Esas decisiones fueron cumplidas no sin roces con el Pentágono. En todo caso, y en materia internacional, el vínculo entre Trump y las fuerzas armadas no estuvo exento de tensiones, a pesar del incremento sostenido en el presupuesto de defensa — US$ 682 mil millones en 2018; US$ 734 mil millones en 2019; US$ 774 mil millones en 2020; y US$ 806 mil millones para 2021 — y de su impulso a la fabricación de armamento supersónico y la creación de una nueva rama de las fuerzas armadas, la US Space Force.
Sin embargo, corresponde subrayar que en abril de 2017 decidió que se lanzara la “madre de todas las bombas” convencionales — apenas por debajo de una bomba nuclear — contra refugios de ISIS en Afganistán. En los primeros dos años de su gestión dispuso 176 ataques con drones en Yemen — en ocho años de gobierno Obama autorizó 154 ataques con drones en ese país. En su primer mandato Trump triplicó, respecto a los lanzamientos durante la administración Obama, los ataques con drones a Yemen, Somalia y Pakistán juntos. En enero de 2020, en otro ataque de precisión — un dron MQ-9 Reaper — se mató a Qasem Soleimani, poderoso alto militar de Irán. Además, él relajó las reglas de empeñamiento; lo cual llevó a que en 2019 se produjera la mayor muerte de civiles en Afganistán desde 2002. Conocemos, gracias a las memorias del último secretario de Defensa, Mark Esper, que Trump propuso lanzar misiles para destruir laboratorios de drogas en México y realizar un ataque militar contra Venezuela. Finalmente, tales operativos no se llevaron a cabo pero reflejan que el mandatario republicano era, más bien, “un belicista disfrazado de pacifista”.
En el plano doméstico, las relaciones cívico-militares durante el primer mandato de Trump también estuvieron marcadas por malestares; en gran medida por algunas determinaciones del mandatario en el frente internacional, así como por su afán de disponer de un amplio margen de libertad respecto a las fuerzas armadas en un marco nacional de creciente polarización. Distintos incidentes — su uso de la gorra de MAGA (Make America Great Again) en ceremonias militares; el otorgamiento de perdones presidenciales a militares convictos por crímenes de guerra; la amenaza de desplegar a las fuerzas armadas en junio de 2020 a raíz de la violencia policial contra afro-estadounidenses; entre varios otros — fueron creando un clima de desconfianza y fricción. Resultó evidente que Trump no aceptaba constreñimientos y que estaba fastidioso con el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mike Milley; quien reveló en un reciente libro de Bob Woodward que Trump es un “fascista de alma” y el “hombre más peligroso del país”.
A su turno, según dos opiniones de personas que dialogaron con Trump en la Casa Blanca, el presidente afirmó: «Necesito el tipo de generales que tuvo Hitler”. Adicionalmente, el fracasado putsch del 6 de enero de 2021 no encontró acompañamiento de las fuerzas armadas. Si bien en esa jornada y en otros hechos Trump procuró alinear a su favor a los militares, éstos evitaron involucrarse en situaciones violatorias de la ley y la Constitución. La politización de las relaciones cívico-militares a cargo del presidente fue evidente: Trump buscó dominar a las fuerzas armadas a su antojo y con ello generó un clima tóxico. No obstante, hay que agregar que las críticas de militares al mandatario pusieron en duda la apoliticidad de los militares. Para finales de 2020, y en especial, antes del cambio de gobierno en 2021, la tirantez entre Trump y este sector resultaba elocuente.
Cuatro años más tarde, y durante la campaña que finalmente lo volvería llevar a la Casa Blanca, el tema militar fue objeto, nuevamente, de referencias por parte de Trump. Cabe recordar que, según encuestas sobre la intención de voto de las fuerzas armadas activas, Trump obtuvo el 40.7% en 2016 y 37.4% en 2020. Respecto a la elección de 2024, el porcentaje de militares retirados cuya preferencia era Trump ha sido de 61%. Ya en la contienda con Kamala Harris surgieron algunas diferencias no menores (por ejemplo, respecto a Ucrania y a la OTAN) entre la candidata demócrata y el candidato republicano. En el tramo final de la campaña, Trump alegó que los militares eran woke, débiles e inefectivos. A su vez, aseveró que había “enemigos internos” — quizás más peligrosos que China o Rusia — ante los cuales había que desplegar la Guardia Nacional o el ejército si fuera necesario. A ello se sumó el rumor, desmentido por el Pentágono, de que los militares estaban autorizados a usar la fuerza durante la elección. Una nueva etapa de la politización de las relaciones cívico-militares, aún antes de la asunción de Trump el 20 de enero de 2025, aparenta ser obvia. Corresponde destacar que en un contexto de polarización que persiste, un estudio reciente muestra que una mayoría de civiles respalda el uso de militares en materia de orden público interno, al tiempo que casi un 75% de oficiales la rechaza.
Después de su triunfo, Trump fue anunciando día a día su gabinete. Sorpresivamente, designó a un periodista de Fox News, Peter Hegseth, sin ninguna experiencia en los temas militares, para el cargo de secretario de Defensa. Rápidamente, el nuevo funcionario se alineó con el presidente electo en su cruzada contra los generales woke. Paralelamente, se supo que un grupo de trumpistas encargados de la transición estaría elaborando una orden ejecutiva para establecer un “warrior board” compuesto por militares retirados encargado de evaluar a generales y proponer la remoción de quienes no tuvieran aptitudes de liderazgo. Asimismo, al parecer ese grupo ya tiene una lista de militares para ser cesados. Esto alarmó a las fuerzas armadas y se produjeron reuniones de altos oficiales para analizar cuál sería la eventual respuesta ante órdenes ilegales de parte del presidente entrante: para el caso, la participación militar en la deportación masiva de inmigrantes que propuso Trump y que le valió una gran cantidad de votos. Cabe recordar que según la encuesta que viene realizando Gallup desde 2001, en 2024 la confianza en la institución presidencial fue de apenas el 26%, mientras la confianza en la institución militar alcanzó el 61%. Sin embargo, de acuerdo con el denominado Proyecto 2025 del think-tank Heritage Foundation — que se supone ha incidido en la campaña e influirá en la nueva administración Trump — , “el Departamento de Defensa es una institución en graves problemas”. Habrá que ver si esto ocurre y si no se abre ahí una Caja de Pandora en materia de los vínculos cívico-militares.
En breve, la segunda presidencia de Donald Trump pareciera preanunciar que su relación con los militares será un asunto delicado por la propensión ya conocida del mandatario de politizar a las fuerzas armadas y de su disposición monárquica a reinar más que a gobernar republicanamente. La crisis de la democracia en Estados Unidos no se superó con la elección de 2024; quizás se ha ahondado con un final imprevisible; tanto como lo es la personalidad del mismo Trump.
El 4 de junio de 1943, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) derrocó al conservador gobierno de Ramón S. Castillo. Así, finalizó la llamada “década infame”, para dar lugar al modelo denominado ISI (industrialización por sustitución de importaciones), y la Argentina creció sostenidamente, distribuyendo progresivamente el ingreso nacional.
A fines de la década de los ’60 y principios de los ’70, la puja distributiva (impulsada por los reclamos salariales) era la principal causa del aumento de los precios con los que, en mayor o menor medida, las empresas trataban de recomponer su tasa de ganancia. Grandes fábricas con numerosos trabajadores que eran conscientes de su importancia en el proceso productivo, de acuerdo con el artículo 14 bis de nuestra Constitución nacional, exigían participar en las ganancias de las empresas, con control de producción y dirección.
Si bien es cierto que había poderosos capitales industriales y que se había conformado un tejido social en torno a una cadena de producción semi integrada y una masa crítica importante, ello no estaba exento de peligro para la concepción elitista y minoritaria de los grandes patrones (nacionales y extranjeros).
En 1969, año del Cordobazo, llegó al país por primera vez el sociólogo norteamericano James Petras. Él mismo cuenta que se sorprendió cuando vio la capacidad tecnológica y operacional de nuestra industria local. Vio que éramos capaces de producir locomotoras, automóviles; que la división electrónica de FATE hacía la máquina de calcular “Cifra”; que el profesor Manuel Sadosky, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, había traído equipos de computación y creado el Instituto de Cálculo de esa Facultad, etc. En ese marco se entrevistó con el presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Elbio Coelho. Petras le preguntó por qué razón, si el país tenía una clase trabajadora numerosa, disciplinada, capacitada y con perspectivas de mayor capacitación, no existía una firme decisión de construir un país altamente industrializado. La respuesta de Coelho fue tan sencilla como brutal y siniestra: una clase obrera numerosa, capacitada y consciente podía disputarles el poder.
Por supuesto que el temor a nuestros trabajadores era azuzado por Estados Unidos y funcional a sus intereses y al de los demás países desarrollados, que, terminada la época de trasplantar fábricas y ante los avances del transporte de carga, querían vendernos productos industriales y nosotros, a cambio, alimentos y materias primas.
Pero la pregunta era cómo desmantelar el tejido industrial, cómo levantar fábricas de 5.000, 7.000, 10.000 trabajadores sin producir una guerra civil, por un lado, y qué iba a hacer la población sin trabajo, por el otro.
En 1973, una parte de la burguesía local, a través de la CGE (Confederación General Económica), ejecutaba un plan productivo y de exportación de bienes industriales. La muerte de Perón y las pintadas de judío marxista contra el ministro José Ber Gelbard lograron que este renuncie. Primero, con el desembarco de Alfredo Gómez Morales, que era presidente del BCRA, al frente del Ministerio de Economía de la Nación, se devaluó nuestra moneda y se levantaron los controles de precios, generalizando una inflación incipiente, disminuyendo el salario real.
Pero la jugada de los monopolios estaba orquestada por Ricardo Mansueto Zinn, hombre de FIAT (y miembro del grupo Azcuénaga [1], que fueron los que elaboraron el plan de Martínez de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL-MACRI), que fue viceministro y cerebro del plan que anunció el ingeniero Celestino Rodrigo, nombrado ministro de Economía el 4 de junio de 1975.
Del 4 de junio de 1943 al 4 de junio de 1975
El nuevo equipo, el 4 de junio de 1975, devaluó el tipo de cambio en un 160%; el dólar pasó a valer de 10 pesos a 26; duplicó en promedio el precio de las tarifas de servicios públicos y el transporte; aumentó el precio de los combustibles en un 180%; y a cambio concedió un aumento salarial del orden del 45%.
El “Rodrigazo” fue la antesala del camino de valorización financiera del capital que se refleja en la “dolarización” de la cultura argentina. Fue la huida hacia esa divisa la que destruyó la capacidad de ahorro en moneda local. Esto fue abonado porque ese 4 de junio de 1975, se liberó la tasa de interés para los depósitos [2] y los créditos de la banca privada. Además, se ajustó la tasa de los bancos oficiales (BNA; BANADE; Hipotecario; CNAyS; y Banco de Tierra de Fuego). Se crearon incluso títulos públicos alternativos al dólar como los VANA (Valores Nacionales Ajustables). Estos se ajustaban por inflación y llegaron a pagar tasas del 100% anual.
La corrida hacia el dólar transformó el mercado de cambio local, hasta llevar a la divisa al precio más alto del que se hubiera tenido registro hasta ese entonces, en marzo de 1976.
El “Rodrigazo”, como paso previo al golpe de Estado de 1976, impidió el modelo sustitutivo de importaciones y transformó el comportamiento económico y social del país. Este escenario de predominio de la especulación sobre la producción potenció la concentración del capital y trajo aparejado un alto nivel de exclusión social.
El Proceso de Reorganización Nacional, como se autodenominaba la dictadura militar, no trató de conformar un mercado de capitales de mediano y largo plazo. Sí se impulsó un mercado financiero y cambiario de muy corto plazo que operó como factor de inestabilidad del sistema económico: carry trade (bicicleta financiera). Al retrasarse el dólar y subir la tasa de interés, se pasaban de dólar a pesos, ganaban la tasa de interés y volvían al dólar. Esto hizo que se frenara la corrida cambiaria y que se “valorizara” nuestra moneda en desmedro de las divisas (tablita cambiaria de Martínez de Hoz).
La gran burguesía local, impulsora y partícipe de la dictadura, ante las altas tasas de interés internas (respecto de las tasas internacionales), tomó créditos en el exterior. No lo hizo para realizar inversiones productivas (al contrario, esta descendió año tras año, hasta el gobierno de los Kirchner cuando, al verse obligados a satisfacer un mercado interno creciente, aumentaron la IBIF, Inversión Interna Bruta Fija). Lo hizo para obtener renta mediante colocaciones financieras. El endeudamiento externo del sector público (incluso en sus grandes empresas YPF, FFCC, Obras Sanitarias, ENTel, etc.) le proveía los dólares que luego serían fugados al exterior. Los recursos que se fugaron tenían (como tienen ahora) su origen en el fuerte descenso del ingreso de los sectores del trabajo y la producción.
La valorización financiera del capital responde a la división internacional del trabajo
Los Estados Unidos y los países centrales tenían reservado utilizar la creciente y barata mano de obra del este asiático para producir allí los bienes de mano de obra intensiva. Sin embargo, la planificación no dio los resultados esperados cuando la República Popular China ingresó a la OMC (Organización Mundial de Comercio), lo que provocó el desmantelamiento de gran parte de la industria de Occidente y el progresivo empeoramiento de las condiciones productivas [3]. Ante las menores barreras comerciales, los demás países respondieron con la flexibilización laboral y la pérdida de derechos de sus trabajadores.
Hasta la crisis internacional, iniciada en 2008, el mayor desarrollo tecnológico y el dominio financiero de los países centrales, promotores de la actual organización de la producción, preservaba a sus economías de las crónicas crisis que afectaban a la periferia. Sin embargo, la evolución productiva, sobre todo de China e India, agudizó la destrucción de puestos de trabajo de esas economías que exhibieron la incapacidad de sus mercados para crear empleos como mecanismo de distribución del ingreso. Así, el excesivo endeudamiento generó una explosión inesperada, que demostró la vulnerabilidad del sistema financiero y su necesidad de comenzar a desregular sus mercados laborales.
Por eso es que los Estados Unidos acentuaron su dominio sobre el patio trasero, y así como impusieron a Martínez de Hoz como ministro de Economía de Videla, imponen ahora a todo el equipo conducido por Luis Caputo e incluso extienden a la Cancillería con Palo Quirno[4].
La subordinación al capital financiero de Manhattan explica por qué nuestro país se desindustrializa, por qué los empresarios como Madanes Quintanilla de FATE SA, o los Rocca de Techint, o los dueños de Whirlpool, Electrolux, Metalflor, etc., se reconvierten de productores a importadores. También explica por qué la industria despide en la gestión de Milei a más de 100.000 trabajadores (a razón de 160 puestos industriales por día), y decrece en forma acelerada su participación en el PIB, como lo demuestra la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Lo sucedido en Venezuela el 3 de enero de 2026, lo que pasa en Cuba, lo que pasará en Colombia, lo que puede pasar en Brasil, es porque Estados Unidos quiere de nuestra región los recursos minerales y estratégicos para reindustrializar su país y evitar nuestro desarrollo, para que sigamos siendo proveedores de insumos con poco valor agregado. Cuantos más recursos naturales, mejor para ellos.
La salida para el capitalismo local es la compra de divisas y su fuga, que este gobierno (como todas las administraciones con excepción de la gestión de Bernardo Grinspun y la “década ganada” de los Kirchner) propicia. Así lo demuestra palpablemente el Balance Cambiario del BCRA: los ricos de este país compran más de 3.000 millones de dólares por mes y los fugan (los sacan del circuito económico argentino) para que los administren principalmente los grandes fondos de Manhattan. Estos, a su vez, para obtener ganancias siderales, reciclan esos fondos en inversiones como son las de energía y minerales. Parte de esas inversiones son en nuestro país, por eso la ley 27.742, la llamada ley Bases y el RIGI, y por eso se propone modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en la Argentina en 2010, que protege glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo expresamente actividades mineras e industriales que puedan contaminar o destruir los ecosistemas.
El caso YPF S.A.
Después del endeudamiento de YPF por la dictadura militar [5] y su privatización durante el menemismo [6], en la gestión de los Kirchner se buscó una ampliación de la participación estatal y argentinización de los servicios públicos, razón por la cual en diciembre de 2004 se creó Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Se le otorgó a esta la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación con la finalidad de atraer inversiones de riesgo que se asocien con la nueva empresa estatal.
Posteriormente, en noviembre de 2011, los técnicos de YPF S.A. hicieron el anuncio del descubrimiento de petróleo en Neuquén, en la formación denominada Vaca Muerta, calificándolo como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes y con mayor calidad del mundo. Sin embargo, la empresa continuó con su plan de desinversión y su correlato en el pago de dividendos. En lugar de destinar la ganancia a los pozos y a la producción, la distribuyeron entre los accionistas (los principales, Repsol 57% y el Grupo Petersen-Eskenazi con el 25% del paquete accionario). Entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares.
En ese marco, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF S.A. pertenecientes a la petrolera española Repsol. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso nacional, que dio lugar a la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del paquete accionario, quedando en ese momento la empresa española con el 6% del capital (dado que poseía el 57% de YPF S.A.).
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan, el viernes 27 de marzo de 2026, aceptó que la Argentina obró de acuerdo a derecho y anuló la sentencia de la jueza de ese distrito Loretta Preska.
El fallo ratifica que el proceso de estatización de la petrolera nacional concretado en 2012 por la entonces Presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Axel Kicillof transitó por los carriles de la legalidad y que los reclamos de los fondos buitres fueron infundados.
“Queda revocada la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la Argentina” y “confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del distrito a favor de YPF”, dice el fallo dictado tras más de diez años de litigio.
El Tribunal de Apelaciones de Manhattan sostiene que “los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños a un país”. Y además, señala que “la ley de expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación”.
La decisión desestima la condena contra el Estado nacional y ordena “que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, para finalizar con el trámite.
El gobierno de Caputo-Milei va a “vender” que fue un logro amparado por la administración de Donald Trump, cuando era evidente que se trataba de un “negociado” jurídico para que pague nuestro país. Lo único que se hizo fue poner límite a esa estafa.
La familia Eskenazi y el estudio Burford Capital, que supuestamente le compró el 70% del juicio que la jueza Loretta Preska estimó en 16.100 millones de dólares a la familia Eskenazi (el 30% sigue en poder de la familia), no pudieron corromper a dos de los tres miembros del Tribunal de Apelaciones. En ello sí jugó fuerte AmCham (La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina), que el 4 de octubre de 2025 se presentó como figura legal dentro del juicio y sostuvo que ello “se basa en el respaldo irrestricto a la República Argentina en particular por los efectos negativos del fallo”, dado que “obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional, debilita el Estado de derecho y la previsibilidad y genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países”.
Esto significa que el negocio es para grandes y no para quienes pueden ser funcionales, pero que no pertenecen a la selecta Cámara.
[1] En la casona de Azcuénaga 1673, CABA, propiedad de la familia Blaquier-Larrieta, se reunían para conspirar con los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973), junto a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce y Ricardo M. Zinn (FIAT), Guillermo Zubarán (secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral de Negocios), Armando Braun (la Anónima y Banco Gral. de Negocios) y Juan Etchebarne (CNV). Así elaboraron el plan económico de la última dictadura cívico-militar. [2] Pese a que Gómez Morales continuaba la centralización de los depósitos, era el BCRA el que regulaba las condiciones de depósitos y créditos. Muy limitado después por el Rodrigazo y eliminado por la reforma financiera de 1977. [3] Según el Banco Mundial, el país asiático representa aproximadamente el 30% del valor agregado manufacturero mundial. Controla más del 70% de la producción mundial de vehículos eléctricos. Produce el 90% de las baterías en base a litio del mundo y el 70% de los drones comerciales del mundo. [4] El primer canciller de la dictadura, almirante Cesar Guzzetti, en junio de 1976, se reunió con Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, en Santiago de Chile, y este último le dijo: “Lo que tienen que hacer, háganlo ya y rápidamente”. [5] Basta como ejemplo Carlos Suárez Mason. Después de su retiro fue interventor de YPF, cargo que le sirvió para hacer grandes negocios: fue acusado por vaciar a la empresa y por estafa con nafta adulterada a través de la firma Sol Petróleo, que también ayudó a financiar “operaciones antisubversivas” en otros países de Latinoamérica. [6] El 31 de diciembre de 1990, por medio del Decreto N.° 2.778, el Poder Ejecutivo Nacional convirtió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF S.A. En 1992, la Ley N.° 24.145 transfirió el dominio estatal de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional; de esta manera, la Argentina perdió totalmente el poder de decisión sobre la política petrolera.
