El 3 de enero, tras 35 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que resultaron en la ejecución extrajudicial de 115 personas, la Casa Blanca ordenó el bombardeo de Venezuela–causando alrededor de 80 muertos–y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
Se trató de la remoción forzada de un Jefe de Estado, sin cambio de régimen, ya que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia: decapitación del liderazgo con continuidad de régimen; algo inusual. Jamás existió inminencia ni evidencia de que Venezuela atacaría a Estados Unidos: hubo sí una rotunda violación del derecho internacional.
Aquel día se puso en marcha un experimento mediante el cual Venezuela es el laboratorio de un neo-protectorado por imposición en tanto intento de dominación y disciplina regional. Aquello no fue otra extravagancia circunstancial de Trump.
Primero y principal porque el recurso a la fuerza militar se concentró históricamente en América del Norte: México (guerra y anexión territorial), y América Central y las islas del Caribe mediante invasiones recurrentes y operaciones directas. Estados Unidos no había invadido un país en América del Sur: Venezuela es un caso emblemático que muestra que Washington ha cruzado un umbral geopolítico en el continente.
Segundo, la última invasión antes de Venezuela fue la de Panamá, en diciembre de 1989. La preocupación jurídica y política dio lugar a una resolución (redactada por Argelia, Colombia, Etiopía, Malasia, Nepal, Senegal y Yugoslavia) presentada al Consejo de Seguridad de la ONU con una amplia mayoría a favor y con el veto de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. La resolución fue rechazada, pero la administración Bush fue muy criticada. Tras la acción militar en Venezuela, el tema se debatió en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no se discutió resolución alguna. Ni Rusia ni China, individual o conjuntamente, plantearon una, mientras que América Latina ha estado dividida. En 1989 Washington pagó un (modesto) costo diplomático, en 2026 no ha pagado ninguno. En especial, debido a que Europa, olvidando su traumática historia, optó por apaciguar a Trump.
Tercero, el grado de aislamiento de Venezuela en América Latina es elocuente. Delcy Rodríguez, la sucesora de Maduro, no ha concitado entusiasmo en la región. Venezuela resulta hoy aún menos atractiva, tanto para la izquierda como para la derecha; ya sea por la vergonzosa tutela de Washington o por la promesa incumplida de Trump de instalar en la presidencia a una figura de la oposición. Esta realidad regional vuelve al país más vulnerable al sueño neo-protectoral de Trump en un área segura para Washington: China no es acá una amenaza militar.
Cuarto, no es claro si existe algún quid pro quo tácito entre Washington y Moscú en relación con el futuro de Venezuela y Ucrania. Sin embargo, si la idea de las esferas de influencia–como algunos señalan y defienden–ha regresado a la realpolitik de las grandes potencias, conviene esperar y observar.
Quinto, el despliegue militar revela que hubo algunas “lecciones aprendidas”. En la invasión a Panamá participaron unos 27.000 soldados y entraron en combate: murieron entre 300 y 500 panameños. Una invasión terrestre de Venezuela era improbable tanto por razones de política interna como por los fracasos militares pos11/9.
La invasión de Irak en 2003 estableció una autoridad provisional bajo el mando de Paul Bremer. Él inició su gestión mediante la des-baazificación del gobierno y la disolución del ejército, creando un gran caos. Desde Obama hasta Trump han impugnado a los chavistas en el gobierno y desconfiado de la fuerza armada, pero era imposible replicar, sin altos costos, la experiencia insensata de Irak.
En lugar de imponer por la fuerza la que sería visto como una controvertida autoridad títere–María Corina Machado–, resultaba menos dañino dejar a Rodríguez en la presidencia y evitar la alienación de los militares. Tras el colapso del régimen de Muamar Gadafi en Libia en 2011, el vacío de poder fue total; una receta para la ingobernabilidad.
Lo que siguió fueron lustros de violencia. Eso no era admisible en Venezuela. Es evidente que Washington prefirió estabilidad y control–dos factores clave durante décadas para la comunidad de inteligencia–en lugar de satisfacer a los halcones en Estados Unidos y Venezuela.
Inmediatamente después del 3 de enero, quedó claro que Trump II iba a imponer, desde la distancia, un neo-protectorado. Especialmente en lo que respecta a los ingresos petroleros y bajo la amenaza de otro ataque militar si Caracas no cumple con las demandas de Washington. Un neo-protectorado al servicio de los amigos del poder y de Trump y su familia que han embolsado unos US$ 4.000 millones desde 2025.
Entonado por una victoria fácil en una región sin conflictos fatales, sabido el deterioro severo del derecho internacional, con aliados europeos sumisos y con potencias que quieren hacer lo propio si fuere necesario, desdeñando experiencias vividas en una zona anárquica, con un frente interno hondamente polarizado, Estados Unidos se sumó a Israel en un ataque ilegal contra Irán.
Cabe entonces recordar la frase de Franklin D. Roosevelt del 9 de diciembre de 1941: “No existe tal cosa como seguridad para ninguna nación–ni para ningún individuo–en un mundo regido por los principios del gangsterismo”.
El Congreso de la Nación convierte en ley la reforma laboral que elaboraron los grandes estudios pagados por el gran capital que opera en el país, liderados por Bruchou & Funes de Rioja. Su titular, Daniel Funes de Rioja, en 1976, durante la dictadura cívico-militar, fue nombrado representante de las patronales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue también, durante el gobierno de Videla, asesor del Ministerio de Planeamiento de la Nación, desde donde se hacían millonarios negocios con las obras públicas y los amigos de la patria contratista. Ha sido, entre otras cosas, desde junio de 2021 a junio de 2025 presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), impulsado por los miembros de AEA (Asociación Empresaria Argentina).
La AEA hizo un almuerzo en su sede, el 17 de diciembre de 2025, en honor al empleado del JP Morgan y titular del BCRA, Santiago Bausili. Ellos son los principales compradores de los 38.806 millones de dólares en el año 2025 que se detrajeron del mercado local, como informa el balance cambiario del BCRA.
Para tener una idea de las proporciones, esa suma es mayor que toda la coparticipación de impuestos que recibieron en el año 2025 las 23 provincias y la CABA. Y supera en un 52,3% el monto total de los diez proyectos aprobados por el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) a la fecha, por un total de 25.479 millones de dólares (y que lleva su tiempo de ejecución).
La reforma laboral busca como principal objetivo el despido y el cierre de empresas con el menor costo posible para la patronal. Esto es claro cuando vemos el cierre intempestivo de FATE, empresa de más de 80 años de antigüedad, que dejó 920 trabajadores en la calle, o de Hilandería Alal SACIFI de más de 100 años de funcionamiento, o de otras que se reconvierten en importadoras como Whirlpool y Metalflor, etc. El total en dos años de empresas que cierran y/o están en ese camino es de 20.135, lo que dejó a 275.600 trabajadores registrados sin su empleo.
El CEO de Techint pregonaba esta reconversión de la economía argentina como un “reseteo” del país. Ahora es vigilado por los servicios de inteligencia del Estado por ser acusado por el Presidente de conspirar contra el gobierno. Esto ocurrió cuando apagó el horno de Ternium Siderar (ex SOMISA) el 29 de agosto de 2025.
Techint fue una beneficiada en obras públicas por la dictadura militar (que no la hacía competir con empresas extranjeras), y por los seguros de cambio de Cavallo y González del Solar al traspasar su deuda en dólares al Tesoro nacional, el cual pagó esa deuda y la de las empresas que se acogieron al seguro de cambio (en el año 1982, tras Malvinas) con Bonex 1992. Título que Techint y demás conspicuos miembros de AEA compraron en la década de los ’90 a precio vil (la lámina decía 100 dólares y la pagaron en los mercados secundarios entre 18 y 24) y que luego emplearon en las privatizaciones del menemismo (que tomó esos títulos al valor nominal). También se benefició con la “pesificación asimétrica» de Duhalde, entre tantas cosas más.
Además, apostó a Vaca Muerta para quedarse con el petróleo y el gas que nuestra Constitución establece que son propiedad del pueblo y, por lo tanto, ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento pueden disponer de tales recursos sin consultar específicamente al pueblo.
La renta financiera y la reconversión del país
Fue la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977 la que hizo que el crédito dejara de ser un instrumento de política económica para convertirse en mercancía financiera.
Lo había asegurado Thomas Jefferson, principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando afirmó: “Las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. (…) Si el pueblo norteamericano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, primero por medio de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de los bancos (…) privarán al pueblo de toda propiedad hasta que sus hijos se despertarán sin techo en el continente que sus padres conquistaron”.
Esto explica tajantemente por qué el total de préstamos al sector privado en la Argentina de 1974 representaba el 43,5% del PIB, que durante ese año, el país contaba con una estructura de 823 entidades financieras, incluyendo una fuerte presencia de cooperativas de crédito y bancos comerciales, en un contexto de pobreza del 4,6% de los hogares. Y en 2025 los préstamos no alcanzan al 11% del PIB (en torno al 6% para empresas y menos del 5% personales) las entidades apenas llegan a 61, de las cuales 14 son públicas y 47 son privadas (y no hay indicador cierto de la pobreza por acción premeditada del gobierno).
Sistema financiero argentino
El crédito es poco significativo porque los bancos y, sobre todo, los ocho privados más grandes, tienen bonitas sucursales distribuidas en todo el país para captar depósitos (en pesos y en dólares). Pero sólo prestan a los sectores más concentrados (con carteras vinculadas) y al Estado.
Si vemos la última publicación del BCRA, de octubre de 2025, los estados contables consolidados de los bancos privados nos dicen que el crédito solo es el 45,34% del total de activos; por ende, el 54,66% es en efectivo (juega en ello la llamada mesa de dinero con que se prestan los bancos entre sí), en títulos públicos e intermediación financiera.
Bancos privados
Y la relación es peor en los bancos públicos, que se ven obligados, incluso los de las provincias (salvo honrosas excepciones como son los bancos de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y de La Rioja), a comprar bonos públicos en las licitaciones del Tesoro de la Nación con los que financian su gasto.
Bancos públicos
El consolidado de los bancos públicos nos dice que es casi igual el total del crédito que otorgan que la posesión de títulos públicos.
El sistema financiero genera poco crédito a la producción y al trabajo y financia los títulos de corto plazo de la Administración nacional, ahogada por una deuda cada vez mayor, que hace estéril el brutal ajuste fiscal que llevan a cabo.
Deuda bruta – Administración nacional
Por ejemplo, el gobierno presenta el resultado fiscal del mes de enero de 2026 con un superávit financiero de 1.105.159 millones de pesos (aproximadamente 0,1% del PIB), producto de un resultado primario de 3.125.737 millones de pesos (superávit primario de aproximadamente 0,3% del PIB) y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por 2.020.578 millones de pesos.
No dice que ingresaron en divisas, pero el presupuesto nacional lo contabiliza en pesos, por la concesión por 30 años de las cuatro represas del Comahue por 1.043.879,2 millones. Y tampoco dice que capitalizaron intereses, deuda financiada por los bancos, los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y las compañías de seguros, por unos 5.982.700 millones de pesos (que la Secretaría de Finanzas de la Nación contabiliza en 4.126 millones de dólares), con títulos de cada vez menos plazo (mayoría de vencimiento en marzo y abril de 2026) y a una tasa promedio del 3% mensual (anualizada en torno al 40%) contra una inflación promedio que el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) estima en 22% para el año 2026.
Si observamos en el cuadro del conjunto del sistema financiero al día 18 de febrero de 2026, la disparidad entre los depósitos en dólares captados (por 40.867 millones) y el total de créditos concedidos (por 19.768 millones) explica por qué el equipo dirigido por Luis Caputo pretende que se den créditos en divisas a los que no tienen ingresos en moneda extranjera, descalzándolos como sucedió en el año 2001. La diferencia la pagó el Estado nacional, y está expresamente prohibido por resoluciones del BCRA.
La necesidad de dólares para pagar los importantes vencimientos de la deuda externa les hace recurrir a violaciones flagrantes de las normas y a modificar otras, como es la RG N.° 1108 de la Comisión Nacional de Valores del día 18 de febrero de 2026, que adecúa su normativa a las disposiciones establecidas en la Ley N.° 27.799 de Inocencia Fiscal y su decreto reglamentario N.° 93/2026 en el mercado de capitales, permitiendo a los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y a proveedores de servicios de activos virtuales (PSAVs, entre los cuales aparecen los exchanges cripto) captar los dólares no declarados a través de fondos de diferentes tipos para su cartera de inversores.
En síntesis
La magnitud de la deuda bruta de 502.934 millones de dólares (a los 460.934 millones declarados por la Secretaría de Finanzas, se le deben sumar los 36.000 millones de dólares de los Bopreales y los 6.000 millones de los tres Repos), la escala de vencimientos de corto plazo y un mentiroso superávit fiscal, que no es tal porque se capitaliza cada vez más (y en menor plazo) como deuda (en realidad se opera con déficit financiero y déficit primario), hacen que el mismo gobierno reconozca que no puede colocar títulos de deuda en el mercado internacional (nadie le presta a un país en la ahogada situación de deuda y financiera en que está) y que tiene que recurrir a los recursos internos.
La venta a precio vil de nuestro patrimonio de empresas públicas y de recursos naturales y la violación de normas bancarias de seguridad es el camino adoptado para beneficio de una minoría rentista y parasitaria, como lo demuestra la adjudicación por 30 años de las cuatro represas del Comahue.
Es hora de que el pueblo argentino ponga límites a quienes nos endeudan y pagan con nuestro patrimonio, como hacía el Grupo Marsans de España, que vendía los aviones de Aerolíneas Argentinas y de Austral para pagar el canon de su privatización.
Otro dato de envergadura es el dólar, por lo visto en el gobierno prima la baja o apreciación del peso, cuestión que ocurre casi siempre en las estabilizaciones cuando se privilegia un aspecto, en este caso la inflación.
El tipo de cambio oficial: Esfuerzos desplegados del gobierno para no cruzar la banda superior. En el 2026 se modifica la banda y se ajusta con el IPC (dos meses anteriores) y el dólar en baja.
· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de ENERO 2026 más otros indicadores asociados. En el próximo documento abordaremos cuestiones del sector real.
· El gobierno necesita dólares, del saldo entre las exportaciones e importaciones, de las inversiones y otras fuentes como ventas de activos, compras en bloque, pero por lo visto el golpe fuerte de ayuda vino de USA. Ahora el BCRA comprando reservas y los hace con bastante fuerza.
· Milei, conjeturamos, ingresa en proceso electoral para 2027. Todo girará mirando esa fecha. Parafraseando: “nada del 2027 le es indiferente”.
· Nuevamente el FMI, continuará con los aportes y recomendaciones. Aumentar reservas es lo usual y asegurar modificaciones en el trabajo.
· El tipo de cambio es un precio más, pero más no cualquiera. Todo el mundo mirando como se mueve.
· El riesgo país disminuye y sube o sube y disminuye, pareciera que ahora viene la reducción del mismo, en la actualidad por debajo de los 600 puntos. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) perdió puntos. Hoy depende más del dólar que de la inflación. Un peso apreciado.
· Mirando afuera: Trump, con los aranceles, los reduce, los aumenta, los suspende y desconcierta al más pintado, migraciones, retiro de organizaciones internacionales, aspiraciones de expansión. Ucrania, no se sabe y se desangra. Siempre aparece alguna sorpresa con los aranceles.
· CEPO parcial desde abril. Un tipo de cambio flotante por ahora y entre nuevas bandas. ¿Cómo se comportará en adelante el dólar en el corto plazo y mediano? En noviembre y diciembre se moderaron las compras. Mirar con cuidado la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y la Cambiaria.
· La inflación (alrededor del 2.8 % promedio) en el mes de enero 2025. Alimentos con valor superior. La conjetura oficial es de alrededor el 1 % y 1.5 % mensual en el 2026.
En esencia y sintéticamente, un protectorado refleja una condición en la cual un Estado se subordina a otro. Se entiende que un Estado poderoso es “protector” de uno débil en el marco de una relación asimétrica donde el primero desempeña un conjunto de funciones propias del ejercicio de poder del segundo que, a su turno, adolece de una soberanía cierta y efectiva. Se trata, en fin, de un vínculo tributario (para el débil) y de control (por el poderoso) que puede o no estar institucionalizado mediante, por ejemplo, un tratado. Las trayectorias de los primeros protectorados se fueron asemejando con el tiempo: ocupación territorial, fortalecimiento del dominio, aseguramiento de influencia, supresión de alternativas independientes hasta transformarse en parte de una frontera imperial. El telón de fondo fue un reparto inter-imperial y un esquema colonial sostenido.
La hora de los protectorados
Durante el siglo XIX, en especial, la proyección de distintas potencias europeas en Asía y África se caracterizaron por el establecimiento de protectorados que se consolidaron como parte de una estrategia “civilizatoria”. Mientras tanto, en ese período Estados Unidos comenzó su expansión territorial mediante guerras (por ejemplo, contra México y contra España con el consecuente despojo de espacios cercanos y distantes), adquisición (por ejemplo, Luisiana de Francia, Florida de España, Alaska de Rusia), y anexión (por ejemplo, de Hawai). Para comienzos del siglo XX, el Reino Unido y Francia, en particular, reforzaron el comando de sus protectorados; en algunos casos mediante la formalización de acuerdos en África y Medio Oriente.
En ese contexto, Estados Unidos inició una política orientada a instaurar protectorados formales (a través de mecanismos legales) e informales (mediante la dominación económica, militar y económica). Por ejemplo, por medio de la Enmienda Platt (1901) incorporada a la Constitución de Cuba, se limitó la soberanía cubana y en 1903 Estados Unidos estableció la Base de Guantánamo en la isla. En 1903, Washington (presidencia de Theodore Roosevelt) y Wall Street (con un rol decisivo de JP Morgan) promovieron y lograron la separación de Panamá respecto a Colombia. El Tratado Hay-Bunau-Varilla (un francés actuando en nombre de Panamá) de 1903 le otorgó a Estados Unidos control perpetuo y soberano sobre la zona del canal.
A ello hay que agregar el manejo financiero, la presencia militar y la instalación y remoción de gobiernos en países de Centroamérica y el Caribe. Las intervenciones armadas fueron, como lo muestra un detallado informe al respecto, habituales en Honduras (1903, 1907, 1911, 1912, 1919), República Dominicana (1903, 1904, 1914, 1916), Panamá (1903, 1904, 1912, 1918), Cuba (1906, 1912), Nicaragua (1910), y Haití (1914, 1915); todas ellas antes de la creación de la Sociedad de las Naciones (SDN) en 1919. Sin embargo, el despegue militar de Estados Unidos en la Cuenca del Caribe no concluyó, sino que continuó por lustros.
El sistema de mandatos
Resulta importante considerar el establecimiento de la SDN después de la Primera Guerra Mundial pues en su carta se admite, tácitamente, la para entonces evidente multiplicación de protectorados. El Articulo 22 señala: “A las colonias y territorios que, como consecuencia de la última guerra, han dejado de estar bajo la soberanía de los Estados que antes los gobernaban y que están habitados por pueblos que todavía no pueden valerse por sí mismos en las duras condiciones del mundo moderno, debe aplicarse el principio de que el bienestar y el desarrollo de tales pueblos constituyen un deber sagrado de la civilización y de que las garantías para el cumplimiento de este deber deben estar incorporadas en el presente Pacto”.
Así entonces, sigue el texto: “El mejor método para llevar a la práctica este principio consiste en confiar la tutela de tales pueblos a naciones avanzadas que, por sus recursos, su experiencia o su situación geográfica, puedan asumir mejor esta responsabilidad y que estén dispuestas a aceptarla, y en que esta tutela sea ejercida por ellas como Mandatarios en nombre de la Sociedad”.
Bajo ese marco, se establecieron los denominados mandatos tutelados exclusivamente por el Reino Unido y Francia en Medio Oriente, por el Reino Unido y Francia (especialmente) más Bélgica, Sudáfrica y Australia en África, y por Australia, Nueva Zelandia y Japón en el Pacífico. El objetivo imaginado era que en un punto en el tiempo se produjera la independencia y el auto-gobierno de las unidades político-administrativas bajo el sistema diseñado. Pero ello no se concretó.
Se trató, en la práctica, de un ejercicio de control externo, derivado de atributos y condiciones notablemente asimétricas; lo cual asemejaba, de hecho, los nuevos mandatos a los previos protectorados. A su vez, los principales “mandantes” eran los tradicionales “protectores” del pasado. Se entendía que los mandatos serían temporales dado que los protectorados se habían tornado permanentes. No obstante, los parecidos entre unos y otros resultaban cada vez más patentes. De allí que las relaciones de subordinación poderoso-débil se mantuvieron intactas.
Iniciada la Segunda Guerra Mundial, ocurre un caso interesante de protección. En efecto, en 1940 Alemania invade Dinamarca. Washington, sin haber entrado en el conflicto todavía pero temiendo la proyección militar alemana en el Atlántico norte, concluyó un acuerdo con el representante danés en Estados Unidos mediante el cual se encargaría de la defensa militar de Groenlandia, pero sin anexarla. En síntesis, en su momento Groenlandia fue una suerte de protectorado sui generis y transitorio de Estados Unidos.
En 1946, Washington hizo una oferta para comprarla: no fue aceptada pero en 1951 se firmó un acuerdo que permitía—y permite—el acceso militar estadounidense a ella. Cabe recordar que había existido un antecedente diplomático-territorial entre Dinamarca y Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Washington se sintió inquieta por una eventual presencia de Alemania en el Caribe, al tiempo que Copenhague carecía de los recursos para sostener sus Islas Vírgenes caribeñas. Finalmente, Estados Unidos se las compró a Dinamarca—y se convirtieron en las US Virgin Islands—por un equivalente de lo que serían actualmente unos US$ 600 millones de dólares.
Los territorios en fideicomiso
Como se sabe con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU). Con otra nomenclatura regresó la cuestión de los mandatos—o protectorados—con la expectativa de terminar con el colonialismo: el régimen internacional de administración fiduciaria. Esto se conocía como el “Trusteeship System” que se asumía sería transitorio, supervisado internacionalmente y tendría el propósito de concluir en una descolonización completa. En África, al administración estuvo a cargo de países europeos (Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia), mientras en el Pacífico le correspondió a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. Cabe aclarar que en el Pacífico existe aún un conjunto de territorios (Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa estadounidense, Islas Marshall, Micronesia, Palau) con distintos estatus, unos bajo soberanía de Estados Unidos y otros independientes, que se consideran, según algunos autores, parte de un sistema imperial o de cuasi-protectorados bajo dominio de Washington.
Con el fin de la Guerra Fría se produjo una renovación del debate en torno a los territorios en fideicomiso como resultado de dos dinámicas diferentes. Por un lado, la instalación de la idea de que los conflictos inter-estatales estaban destinados a reducirse o finiquitarse y que las disputas intra-estatales se podrían incrementar ante la terminación de la rivalidad Este-Oeste. En los noventa la cuestión de la época fue la de los Estados fallidos; condición estatal que se juzgaba debía revertirse. Por otro lado, el aumento de las llamadas intervenciones humanitarias alentó iniciativas alternativas para evitar mayores costos humanos y para facilitar posguerras incruentas.
Desde los Balcanes hasta Haití, desde África hasta Timor Oriental surgieron propuestas de distinto tipo destinadas a avanzar opciones fideicomisarias de carácter internacional. En el fondo, eso reflejaba que la igualdad jurídica de los Estados estaba en entredicho. La realidad fáctica superaba a la construcción legal. En los hechos, muchos conflictos se prolongaron o resurgieron y las resistencias a modalidades actualizadas de protectorado fracasaron.
“Imponer” estatalidad y legitimidad, mediante esquemas de fideicomiso, de tal modo que los gobiernos proveyeran bienes públicos colectivos, fue prácticamente inalcanzable. También se puso en evidencia de que las razones instrumentales y geopolíticas de las intervenciones eran, por lo general, más decisivas que las proclamas altruistas y promisorias.
¿El momento neo-protectoral?
Desde hace unos años ha resurgido analíticamente, no tanto en términos del derecho, la figura del “nuevo protectorado” o, en otras palabras, el neo-protectorado. El retorno—una vez más—de la geopolítica, sumado al eclipse del llamado “orden basado en reglas”, el recurrente uso del despliegue militar por parte de los actores más poderosos y en distintas latitudes, y la erosión del multilateralismo en medio de una imponente transición y redistribución de poder e influencia opera como un telón de fondo en el cual la pugnacidad internacional se exacerba. Por lo tanto, varios espacios se revalorizan. Por ejemplo, los océanos, los estrechos, los polos, y los territorios con recursos críticos se transforman en epicentros de disputa y control.
Las lógicas expansivas y agresivas propias de los imperios reaparecen con intensidad, en medio de un contexto donde se relajan las auto-restricciones de los gobiernos, se debilita la capacidad regulatoria de los Estados, y descuella el poderío de emporios tecnológicos y financieros. Bajo ese marco de referencia, el revisionismo tiende a proliferar. Florecen Estados insatisfechos con el orden internacional prevalente y con la distribución de poder existente. Asoman Estados impulsivos y maximalistas, dispuestos a recurrir a la fuerza para asegurar sus anhelos y objetivos. Y no son pocos.
A los fines de este texto, me interesa resaltar el caso estadounidense. En particular, el hecho más sugerente de la segunda presidencia de Donald Trump es que Estados Unidos ha devenido una potencia revisionista. Sin embargo, y como he señalado en su momento, hay que añadir un detalle singular: Estados Unidos no es un país que en el último cuarto de siglo haya consolidado su cohesión social y capacidad material internas y aumentado su influencia y prestigio internacionales. Se encuentra, en términos históricos y comparativos, altamente polarizado y en relativo declive.
Trump y la coalición MAGA (Make America Great Again) perciben que el sistema ya no beneficia enteramente a Estados Unidos y que todas las contra-partes mundiales, sean cercanas, aliadas, distantes y opositoras, han abusado de su supuesta generosidad. No se observa una renovada pretensión hegemónica –que siempre combina una dosis de (mayor) persuasión y (ocasional) coerción–con el propósito de asegurar un nuevo liderazgo, sino la preferencia por un proyecto de dominación en el que impera la amenaza, la retaliación y el chantaje a adversarios y socios por igual. Washington intimida mediante aranceles desmesurados, deportaciones masivas, ataques selectivos, anuncios expansionistas y retóricas pendencieras.
En breve, Estados Unidos, es una gran potencia que cada día se comporta con más prepotencia; lo cual revela, en buena medida, su impotencia para moldear a plenitud y solitariamente, el sistema global.
Ya desde el comienzo de Trump II quedó en evidencia el talante neo-protectoral de su gestión. Anunció formalmente —ya lo había hecho antes de asumir la presidencia— su voluntad de recuperar, sin descartar el recurso a la fuerza, el Canal de Panamá y casi de inmediato el gobierno panameño realizó varias concesiones domésticas e internacionales para satisfacer al presidente estadounidense. Nada garantiza que eso sea suficiente para el mandatario y los “halcones” de su gabinete donde predomina una dinámica facciosa y la ausencia de una estrategia consistente.
A su vez, Trump formuló su deseo de anexar Canadá como el 51avo estado del país. A ello sumó la imposición unilateral de aranceles y la acusación de que su vecino era el segundo exportador del fentanilo; sustancia que provoca el 70% de las muertes por sobredosis como producto del uso de drogas. Su ofuscada y camorrista posición hacia Canadá derivó en un fenómeno electoral inesperado. El candidato liberal Mark Carney estaba muy atrás en las encuestas previas a la elección. El conservador Pierre Poilievre, una suerte de émulo canadiense de Trump llevaba una cómoda delantera: cuatro meses antes de la elección de abril de 2025 aventajaba a su rival por una diferencia de 25 puntos. Carney triunfó por una diferencia de 2.4 puntos. Desde entonces Trump provoca recurrentemente a su vecino y, de tiempo en tiempo, aparecen quienes sugieren planes para apoderarse de Canadá por partes.
También, Washington ha insistido en comprar Groenlandia y hacerse de ella. Como ya anoté, esto no es una novedad ni en el caso de Estados Unidos ni de Trump, en particular, que ya en 2019, durante su primer mandato, había querido adquirir ese territorio de Dinamarca. Es importante subrayar que la Estrategia de Defensa Nacional de 2026 estadounidense identifica en tres ocasiones y conjuntamente como “territorios claves” al Canal de Panamá y a Groenlandia. Esto confirma que, desde el Ártico hasta la Cuenca del Caribe, la administración Trump concibe un vasto perímetro de defensa: un área cubierta, de facto, por el “homeland” de Estados Unidos. Ese perímetro indica un límite geográfico en el cual no se admiten intrusos y, por lo tanto, es imperativo configurar una especie de barrera de protección infranqueable.
Si en los casos de Panamá, Canadá y Groenlandia se manifiesta un intento de restaurar o instituir un modelo ad hoc de cuasi-protectorados siguiendo parámetros del pasado, en el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, el 3 de enero de este año y en lo que aparenta ser la meta de Estados Unidos, la cimentación de un neo-protectorado resulta más elocuente. En palabras de Bernabé Malacalza, asistimos al ensayo de un esquema de “tutelaje remoto”.
A mi entender, hay un matiz adicional a ponderar. El protectorado “clásico”, con o sin tratado de por medio, significaba que la potencia dominante controlaba dimensiones claves como la política exterior, la defensa, y, hasta, la economía del país “protegido”. El manejo de la política exterior y la política de defensa remitía a cuestiones de seguridad del Estado poderoso; la injerencia económica apuntaba a facilitar los negocios privados de sectores empresariales en proceso de expansión.
El esbozo de neo—protectorado, que se prefigura, busca incidir sobre la política externa y de defensa a través de la amenaza de la fuerza en tanto elemento disuasivo y coercitivo: si se incumple, se castiga. A esto hay que adicionar la incidencia directa del Estado (vía exigencias, ventajas y beneficios), de los gobernantes (en este caso, el enriquecimiento de Trump en persona), del mundo de los negocios de los amigos del poder, ya sea en áreas productivas y/o financieras.
El país a proteger se transforma en una suerte de botín a usufructuar, así sea en el corto plazo, con la expectativa de dividendos diplomáticos y materiales relevantes para el Estado, el ejecutivo en persona, y actores contribuyentes (por ejemplo, en materia de campañas electorales) e influyentes (en el manejo del poder) del sector privado. Si la conformación de los protectorados, con las trayectorias enunciadas al comienzo de este escrito, expresaba una perspectiva estratégica que se iba afianzando paulatinamente, el experimento del neo-protectorado, al menos en el caso testigo puesto en marcha por Estados Unidos, parece táctico y frágil; propia de una época de en la que sobresale un capitalismo depredador y un deterioro democrático.
A modo de reflexión última
Es posible advertir la continuidad durante dos siglos de un patrón extremo en las relaciones entre actores poderosos y actores débiles en el sistema inter-estatal. Me he concentrado en las experiencias de protectorados encabezados por potencias de Occidente, pero hay casos de vinculación entre “protectores y protegidos” en Oriente. Especial atención merece la evolución de Estados Unidos en la materia; en particular por su plan de acción actual respecto a la región. El previsible acoso de Trump a América Latina se ha hecho realidad en menos de un año de su gestión. Acá me he referido, al final, a un tipo de neo-protectorado por imposición. El ejemplo emblemático hoy es Venezuela.
Ahora bien, ¿qué sucede con el neo-protectorado por invitación? Esto es; un gobierno aquiescente en el que se manifiesta una conjunción de situación y disposición: situación de asimetría notable con un poderoso y disposición de las elites y de un gobierno de turno a subordinarse plenamente a ese actor con grandes atributos de poder. En el caso de neo-protectorado por imposición la soberanía se pierde, en el caso de neo-protectorado por invitación la soberanía se entrega.
En ambos, por motivos diferentes, el “protegido” y subordinado busca supervivencia: de un régimen, de una coalición gobernante, de un líder, de una clase social, de un proyecto político. Veremos si en el futuro inmediato América Latina conoce ejemplos de uno y otro tipo.
Habrá que seguir de cerca el corolario de la cumbre que Trump convocó en Miami para comienzos de marzo y a la cual donde asistirán mandatarios de seis países alineados a Washington con distintos niveles de intensidad: quizás se pueda ir vislumbrando quien o quienes pudieran ser los neo-protectorados por invitación. En ese sentido, es indudable que habrá un triunfador, así sea momentáneo: será Estados Unidos bajo Trump.
En este documento incluimos datos que nos permitirán hacer un seguimiento mensual, trimestral y anual, teniendo como horizonte el 2026 y 2027. En algunos casos, conjeturando valores pero no más allá del 2026.
La cuestión del comercio internacional, exportaciones e importaciones, en lenguaje más entendible: más apertura o lo contrario, es una discusión más “vieja que la justicia”, diría Inodoro Pereyra cuando discute este tema con Mendieta.
Los países han navegado en ambas aguas, y por momentos predomina una u otra. En estos momentos pareciera que todo tiende a los beneficios del comercio con mayor apertura. El vivir con lo nuestro es una fantasía que se fue perdiendo a lo largo de los años. Pero de repente aparece una cabeza inesperada como la de Trump con la aplicación de tarifas y de cuotas. Muchos otros lo hacen, pero en forma más moderada o disimulada. Se debe reconocer que luego siguen acuerdos, tratados y en algunos casos modificaciones.
En el caso de nuestro país, siempre se debe tener en cuenta que la inflación es una bruma que permite manejarse al tanteo o por las dudas o por sí acaso. Es lo que ocurre con los precios internos, el tipo de cambio y el comercio internacional.
La discusión sobre apertura recrudeció luego de los resultados de la compra de tubos de acero en una operación privada en discusiones de máximo nivel donde participan Milei, Rocca y ministros. Pero esto es solo un producto (acero), luego aparecen otros y la discusión se agita y se agranda, especialmente con textiles y durables.
En estas discusiones y posiciones pareciera que no queda lugar para la “Avenida del Medio” o apertura razonable (lo que tampoco es claro), así que debemos prepararnos para el extremo y sin regulaciones que declama el oficialismo. Con el eco permanente, “Argentina atrasa por el cierre”, pero de ahora en más dicen, el horizonte es claro. ¿Cómo podemos verificar que esto es así o será así? Como se dice usualmente es “verdadero por definición”. Solo queda esperar.
Como siempre la bandera más agitada es el consumidor que puede comprar barato los productos importados; es un beneficio visible indudablemente y que todos o casi todos siguen. Alguna contradicción se presenta (no siempre) cuando este consumidor es a la vez trabajador en empresas que se ven constreñidas por los productos de afuera, son las contradicciones del sistema y algunas veces se producen reacciones que aparecen allá lejos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber?
Recordemos lo que dice la economista J. Robinson: “La falta de un método aceptado y convencional para eliminar errores, introduce un elemento personal en las polémicas sobre economía, constituye un riesgo de inseguridad que añadir a los demás”.
La matriz productiva y distributiva en la Argentina actual genera renta y pobreza en una relación directamente proporcional: a mayor renta, mayor pobreza. Es una correspondencia de causa y efecto, donde la primera es la causa de la segunda.
Cuanta más proporción de renta existe en el precio de los bienes y servicios, hay menor capacidad de generar empleo y, por ende, peor redistribución del ingreso y mayor exclusión social.
La renta [1] es la diferencia entre el costo en dólares de extracción o producción argentina y el precio al que se vende ese producto en el mercado mundial. En primer lugar, en la producción agropecuaria, porque la Argentina es un gran productor y oferente de esos bienes en el mercado y, obviamente, el costo promedio es menor que el precio en los mercados internacionales. Esto es así, por nuestra pampa húmeda, que es una de las tierras más fértiles del mundo, donde más rinde por hectáreas tienen la soja, el maíz, trigo, girasol, sorgo, etc.
Igual sucede con los hidrocarburos y con los minerales. Son crecientes las exportaciones de los complejos petrolero-petroquímico y de oro y plata, que se van a desarrollar aún más. Esto se suma a las explotaciones de cobre, litio, tierras raras, uranio, hierro, etc., que se apuntalan y profundizan con el acuerdo de “Fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos” firmado el 5 de febrero de 2026 con los Estados Unidos. Allí dice textualmente que debe «garantizar la equidad en el manejo de minerales críticos», ya que «la Argentina cuenta con importantes recursos minerales críticos. Los compromisos del Marco garantizarán que las normas en este sector sean justas para las empresas estadounidenses».
La Administración nacional se obliga a contribuir al acopio de minerales críticos del Proyecto Vault (Bóveda) de los Estados Unidos, para el fortalecimiento de su industria bélica a través de los incentivos comprendidos en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). También se obliga a la Argentina a llevar adelante un mapeo de la cartografía de los recursos del país (incluidos los glaciares y manchas de nieve) y entregarle toda esa información al país del norte de América.
El precio del dólar y la renta financiera
Los mercados financieros globales muestran el desprendimiento de tenencia de títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Larry Fink, CEO de BlackRock, explica la estrategia de reducir la exposición en los bonos de ese país y aumentar la diversificación fuera del eje del dólar y fuera de los Estados Unidos, ante una deuda bruta de 38,4 billones de dólares a diciembre de 2025, 22% mayor que su PIB. Es la mayor deuda del planeta, y el Presidente Donald Trump exige bajar la tasa de interés, lo que profundizaría la venta de los bonos estadounidenses y la depreciación del dólar.
La salida de capitales de los Estados Unidos beneficia a las economías emergentes (en la región, Brasil y México), pero no a la Argentina. El informe de economía de JP Morgan refleja claramente que no cree en los indicadores de precios de nuestro país (por los títulos en pesos ajustados por IPC del INDEC) [2], tampoco en que se pueda mantener el precio del dólar medido en pesos, y prevé la posibilidad del conflicto social por reclamos de empleo y salariales.
Máxime donde el precio del dólar medido en pesos descendió en enero 2026 en un 2,7% mensual. A la vez, la tasa de interés que percibieron los títulos de deuda en pesos fue similar a la inflación medida por el IPC del INDEC del 2,9% en el mes. Esto les dejó una ganancia por carry trade del 5,6% en dólares, cuando en los Estados Unidos la tasa pasiva es de 1,92% anual. Carry trade que persiste y con mayor descenso del precio del dólar en febrero de 2026.
Los capitales financieros que apuestan a títulos en pesos tienen una ganancia extraordinaria, ante un gobierno que paga tasas por encima de la inflación esperada (según el REM —encuesta que hace con las consultoras el BCRA—, en torno al 22% para todo el año 2026). Así, en la licitación del miércoles 11 de febrero, logró colocar bonos por 9,02 billones de pesos, de los cuales 6,5 billones fueron en letras y notas capitalizables (pagan interés al vencimiento). De esa suma, 5,03 billones de pesos son con vencimiento el 17 de abril de 2026, a una tasa del 39,48% anual.
La contradicción se observa en que, con un índice de enero de 2026 de 2,9%, el precio del techo de la banda de flotación para marzo es de 1.654 pesos por dólar oficial.
Obviamente, la super renta del carry trade condiciona la renta agropecuaria, de hidrocarburos y hasta de minerales. La supremacía financiera disminuye la renta en dólares.
Por un lado, a partir de mediados de marzo comienza la liquidación de las ventas al exterior de la cosecha gruesa (soja y maíz), que no están de acuerdo con un dólar mayorista de 1.400 pesos (5,36% por debajo del precio del 2 de enero de 2026). Es un tema que hay que resolver, sabiendo que ya no sirve (por lo menos para la mayoría de los productores, acopiadores y comercializadores) que vendan igual y que hagan carry trade como hicieron hasta ahora.
Por otro lado, no es casualidad que el RIGI no prospere. Es más, la empresa noruega Interoil anunció el 9 de febrero de 2026 el retiro de todas sus operaciones, tanto en Vaca Muerta como en el resto del país, confirmando que se va de la Argentina. En el comunicado la empresa afirma: «La decisión de salir de Argentina también se debe al deterioro sostenido del entorno operativo y de inversión en la provincia de Santa Cruz». Para agregar que «con el tiempo, varios importantes operadores internacionales y nacionales, como YPF, Pan American Energy, Petrobras, Sinopec y Total, han reducido o abandonado progresivamente sus posiciones convencionales en la región a medida que la competitividad de los activos disminuía».
Recordemos que en Vaca Muerta la UTE conformada por Contrera Hermanos y Eusuco informó el 15 de mayo de 2025 que abandona la obra por falta de pago por parte de la estatal Enarsa.
El dólar resultado del carry trade genera una renta extraordinaria al capital financiero, pero confisca incluso las otras rentas, de manera tal que el JP Morgan (que se benefició y se beneficia con el carry trade) lo observa y no le da credibilidad a que pueda proseguir.
Los bancos que operan en el país (en octubre de 2025 —último dato publicado por el BCRA—, en promedio, el 36% de sus activos los tenían en títulos del Tesoro de la Nación Argentina, y el total del crédito representaba el 43%), las compañías de seguro y los agentes de liquidación y compensación (ALyC) lucran con la exorbitante renta, pero a costa de la producción, el consumo y el nivel de actividad.
La renta es la que explica fundamentalmente la compra récord de personas humanas por 38.806 millones de dólares en el año 2025 (balance cambiario del BCRA), a lo que se le debe agregar la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, los gastos en fletes, seguros, en turismo, etc., que expresan la mayor fuga de capitales en un año, de toda nuestra historia.
También explica que el grupo Techint se quede con más del 70% de la acería Usiminas de Brasil, al comprarle por 315 millones de dólares las acciones a Nippon Steel y a Mitsubishi. Así como en el año 2017 invirtió 1.800 millones de dólares en una subsidiaria de Tenaris en Houston (Estados Unidos), que inauguró con la presencia del entonces Presidente de la República, Mauricio Macri, en una demostración que de burguesía nacional no tiene nada.
La distribución
John M. Keynes sostenía que había que apoyar todas las políticas que incrementen al consumo para favorecer la redistribución de los ingresos, porque de otro modo el excedente producido no se invierte en la producción y el trabajo y se fuga. Keynes fue más allá y propuso la “eutanasia del rentista”. Textualmente dice: “Hoy el interés no recompensa ningún sacrificio genuino como tampoco lo hace la renta de la tierra” [3].
En una sociedad donde el ingreso real del trabajo desciende en todos estos últimos años y se precarizan las relaciones laborales, el Estado debe garantizar el derecho al trabajo y al trabajo con todos los derechos y no propiciar la renta siempre parasitaria y fugadora de riqueza.
Es a la inversa de lo que hace este gobierno, propiciando una ley que llaman de modernización laboral, que lo que hace es sacar derechos a los trabajadores, desfinanciar el sistema previsional y el PAMI y considerar al trabajo como una mercancía.
La encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, defendiendo la dignidad inalienable del trabajador frente a la explotación de la Revolución Industrial. Afirmó que el trabajo no es una mercancía, sino una actividad personal digna, exigiendo salarios justos, condiciones humanas, descanso dominical y el derecho a formar sindicatos.
La Declaración de Filadelfia, adoptada por la OIT el 10 de mayo de 1944, es la carta fundamental que rige actualmente a la Organización Internacional del Trabajo. Estableció principios universales clave como que «el trabajo no es una mercancía», la defensa de la justicia social, la libertad de expresión/asociación y la búsqueda de trabajo decente.
La propuesta de Milei de que en la Argentina esté prohibido no exportar, así como que la tasa de interés debe ser mayor que la tasa de todos los precios (incluidas las divisas), es funcional a un modelo primario y sin industria. Se busca deprimir al mercado interno, generar desocupación y marginados sociales. Esto es observable a simple vista con las personas que viven en situación de calle y que hacen colas en los comedores asistenciales. El objetivo es que el menor consumo aumente los saldos exportables de alimentos, energía y minerales. Estos son los tres elementos básicos para que un país crezca y se desarrolle.
JP Morgan, que nombró a los principales administradores financieros del gobierno de Milei —incluso convirtió en canciller a Pablo Quirno, quien trabajó 17 años en la entidad y fue el firmante del acuerdo sobre nuestros minerales críticos con los Estados Unidos—, teme el futuro cercano. Después de que el 24 de octubre de 2025 festejaran las rentas extraordinarias obtenidas de la Argentina en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, debería servir de advertencia.
Saben por la historia que no se puede empujar a la población a la desesperación; la policía que se rebeló en Santa Fe es un indicador.
[1] David Ricardo desarrolló el concepto de renta económica y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación.
[2]“La concentración anticipada de subas reguladas y la persistencia de precios elevados en alimentos mantendrán la inflación general por encima del umbral del 2% mensual hasta comienzos del segundo trimestre de 2026”.
[3] “Teoría General de la Ocupación, el Dinero y el Interés”, FCE, enero de 1936.
Históricamente los gobiernos conservadores han tomado al país como mero apéndice del poder central (otrora Inglaterra, ahora los Estados Unidos). Es decir, del sistema de acumulación del capital y de distribución de las riquezas bajo la estricta lógica del centro dominante y, por extensión, del mercado mundial. En una economía abierta como la nuestra, donde existen grandes operadores (tanto para la compra como para la venta), los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los factores de producción (trabajo, máquinas y equipos, tierra —también el subsuelo—, etc.), quedan determinados por los capitales más importantes.
La única lógica que conocen esos capitales es la de generar la mayor tasa de ganancia, en dos planos: uno en el corto plazo para que esta se obtenga en el menor tiempo posible, y la de mediano y largo plazo, que se basa en los recursos naturales de la Argentina, que es a su vez donde se recicla parte del capital que se fuga del país, ya sea por los mismos fugadores o por los bancos de inversión que administran esos fondos.
Por ende, se supedita lo que vamos a producir, cómo, de qué modo. Y también si se fijan límites a la contaminación ambiental, cómo juega en ello nuestra fuerza de trabajo, nuestra inserción en el mundo, nuestro presente y nuestro futuro (e incluso la lectura del pasado) en esa lógica primaria. Entonces, la primacía la determinan esos grandes poderes que solo permanecen en el país si se les asegura el ingreso y el egreso del capital con su renta financiera y/o con un sistema como el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) de la ley 27.742, que les permite, a partir del quinto año, disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin obligación de abastecer al mercado interno.
La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables es un acto criminal de administración fraudulenta que implica el vaciamiento del país de su patrimonio minero y de hidrocarburos.
En esa lógica, la tasa de interés y el valor del dólar, y la relación entre esas dos variables, son decisivos y fundamentales. El carry trade permite en el corto plazo una renta extraordinaria que se convierte en divisas para su fuga. A su vez, es la causa principal por la que el capital local (Techint, Compañía General de Combustible, Grupo Clarín, Molinos Río de la Plata, Frigorífico Ríoplatense, Arcor, Pan American Energy, Pampa Energía, Coto, La Anónima, Banco Galicia, Banco Macro, etc.) acepta y se subordina al capital financiero (esencialmente con base en Manhattan). Porque por ahora ellos fijan los precios internos de sus productos, muy por encima del precio del dólar, compran esa divisa y la fugan, con el aval implícito del BCRA y del ARCA (Agencia de Recaudación y Control).
En el año 2025, residentes argentinos compraron 38.806 millones de dólares. Hubo quienes compraron 100, 200, 1.000 dólares, pero los grandes formadores de precios lo hicieron por decenas de millones. A esa suma debe agregarse la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, y los gastos en turismo y suntuarios para beneficio de una minoría y en desmedro del país, que endeudan sin límite ni razón.
Para que ese capital financiero se convierta en IBIF (inversión interna bruta fija), su tasa de retorno (en dólares) debe superar la tasa de interés local (con lo que se supedita la economía real a la financiera), la cual a su vez debe superar al crecimiento del precio del tipo de cambio.
Todo el esquema queda atado al ingreso de divisas, en parte por el superávit comercial, pero esencialmente por deuda (tanto pública como privada). Esta deuda la compra el BCRA y se convierte en pesos, los cuales deberían servir para financiar la actividad productiva y distributiva; sin embargo, el crédito es de menos del 11% del PIB y casi la mitad de ese magro porcentaje financia deudas personales (en los países vecinos el crédito representa en promedio el 45% del PIB, como fue en la Argentina antes de la dictadura cívico-militar de 1976 y la reforma financiera).
Ese dinero creado por el BCRA es principalmente demandado por el Estado nacional en licitaciones de títulos del Tesoro, que se realizan dos veces por mes, a muy corto plazo. En la licitación del 28 de enero de 2026, más de la mitad del vencimiento se renovó en LECAP (título que capitaliza intereses y paga al final) por 46 días y a una tasa del 2,99% efectiva mensual. Los diez principales bancos privados (a los que se les debe sumar el Banco Nación Argentina, el Banco de la Ciudad y los de las provincias de Santa Fe y Córdoba) financian en promedio un 36% de su cartera al Estado, y el crédito que generan es el 43% del total de activos de la entidad).
El problema son dos: el BCRA vende esos dólares a los principales bancos del sistema financiero local (que esencialmente se fugan), por un lado, y, por otra parte, la tasa de interés de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, máxime cuando nos encontramos en una economía que en conjunto se estanca. Y mientras hay sectores que crecen fuertes como la minería y la energía, hasta el campo, hay otros sectores demandantes de mano de obra, como la industria, la construcción y el comercio en general, con fuerte descenso en su actividad, con lo que es inexorable el crecimiento del peso de la deuda sobre el PBI. Entonces, el “alegre” endeudamiento en el que incurre el gobierno debe pagarse con un PIB que desciende. Nos preguntamos: ¿Qué proyectos de balance comercial positivo hay detrás de cada esquema de financiamiento que “alegremente” se obtiene? De otro modo no se puede pagar la deuda y menos pagar las importaciones necesarias, frente a los servicios de esta que es, por su propia lógica, cada vez mayor.
Por eso el gobierno nacional dice que no va a volver a los mercados internacionales. Porque no puede. El mismo JP Morgan, que nombró a toda la plana mayor de Economía y Finanzas de Milei, le dice a sus clientes que la Argentina es zona de alto riesgo. Entonces el gobierno nacional, ante la imposibilidad, espera que las provincias y las empresas se endeuden y le vendan esos dólares al BCRA. El gobierno pagará parte de los intereses de una deuda espuria y no investigada. Lo hará vendiendo o dando en concesión nuestras empresas públicas y recursos naturales a un precio vil.
En lugar de industrializar para generar trabajo y mejorar la productividad, vamos a una creciente concentración y extranjerización de la economía, grandes empresas que tienen una estrategia propia esencialmente extractivista y expoliadora de los recursos naturales del país.
Esa es la razón que explica y fundamenta las consecuencias de una cada vez mayor centralización, concentración y extranjerización de la economía argentina, donde todo aquello que no se integre a bajo costo al mercado internacional se relegará a un rol cada vez más secundario. Esto profundizará la verdadera brecha entre la minoría que, aprovechando las ventajas naturales de la tierra más fértil del mundo y el rico subsuelo, puede vender (y comprar). En cambio, la situación será cada vez más ruinosa para economías crecientemente vegetativas de las regiones y del resto de la población.
Fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos
En lugar de que el Estado nacional y los provinciales [1] empleen dichos recursos para el bien general y el futuro de nuestro país, propician su venta y/o hacen acuerdos como el que firmó la Argentina el 5 de febrero de 2026 de “Fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos” con los Estados Unidos, que le asegura a ese país el acceso preferencial a materias primas que son vitales para el desarrollo de sus industrias automotriz, energética, tecnológica, aeronáutica y de armamento.
El acuerdo plantea el acceso a financiamiento, el desarrollo de proyectos prioritarios y la creación de una cadena de suministro preferencial de minerales críticos como litio y cobre. Esto ocurre en un contexto global marcado por la creciente demanda de recursos estratégicos para la transición energética. Lo que sucede con la República Popular China y con los países que piensan un futuro para su pueblo. Textualmente, el comunicado dice: «Garantizar la equidad en el manejo de minerales críticos: la Argentina cuenta con importantes recursos minerales críticos. Los compromisos del Marco garantizarán que las normas en este sector sean justas para las empresas estadounidenses».
Forma parte del acuerdo firmado por el Presidente Javier Milei en nombre de nuestro país, el 13 de noviembre de 2025, en Washington, denominado “Marco para un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos” y abarca reducciones de aranceles, comercio de vehículos, de ganado, de productos farmacéuticos, comercio digital y de datos, sobre reglamentaciones laborales y de propiedad intelectual, etc.
El consenso de las provincias
La dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble. Por un lado, están supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital que la Nación decida que se deben hacer en tal lugar físico (que pertenece a las provincias). Y, por otra parte, las provincias son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos, como queda en evidencia con la estabilidad fiscal para la minería por la ley 24.196, que garantiza la no incrementación de la carga tributaria total por 30 años, aplicable a impuestos nacionales, provinciales y tasas (incluye beneficios como amortización acelerada, devolución de IVA y un tope del 3% a las regalías). Esta situación es avalada por la ley 27.742 del RIGI, que fue corroborada en leyes provinciales. Y porque el total del impuesto inmobiliario rural cobrado en todo el país representa menos del 0,53% del PIB, y la Argentina cuenta con recursos naturales y técnicos que producen el mayor rinde por hectáreas de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, etc., del planeta.
Si observamos la estructura impositiva nacional, dos terceras partes son gravámenes al consumo, donde solamente tomando el IVA representó en el año 2025 el 6,94% del PIB (recaudación total de 61,2 billones de pesos). En cambio, el impuesto a las ganancias (que pagan cada vez más trabajadores) es el 4,18% del PIB (se recaudó 37 billones de pesos) y bienes personales (patrimonio) representa el 0,22% del PIB (en todo el año 2025 pagaron 1,97 billones de pesos). Por ende, es el consumo, que descendió fuertemente en el año 2025 y cayó aún más en enero de 2026, reflejado en la recaudación impositiva. Este es el principal soporte impositivo del país, tanto para el gobierno nacional (IVA, impuestos al combustible, impuesto internos, etc.) como para las provincias (por el impuesto a los ingresos brutos y por la coparticipación federal de impuestos). En cambio, es ínfimo el impuesto al patrimonio (en la nación, bienes personales, y en las provincias, el impuesto inmobiliario y a la patente automotor).
Estamos ante un sistema tributario sumamente regresivo, que alimenta excedentes para comprar dólares y fugarlos (el gobierno no prorrogó para el año 2025 el Impuesto PAIS que gravaba la compra de dólares); mientras tanto, a una amplia franja de la población no le alcanza para llegar a fin de mes. En ese marco, la nación le impuso severas condiciones a las provincias en los presupuestos ejecutados de los años 2024 y 2025 y en la ley de presupuesto de la Administración Nacional 2026. Además, frenó los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), del que solo recibieron una parte las provincias cuyas administraciones son afines al gobierno nacional. No cumplieron en tiempo y forma con las transferencias a las 13 provincias que tienen su propio sistema previsional; y en todas con el porcentaje que le corresponde para el PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados). Sin embargo, como si fuera el síndrome de Estocolmo, la gran mayoría de las provincias, a través de sus diputados y senadores, pretenden aprobar los engendros jurídicos de reforma laboral y de modificación la ley de glaciares.
En enero de 2026, el conjunto de las provincias recibió por coparticipación de impuestos la suma de 5,548 billones de pesos (unos 3.900 millones de dólares) y la compra de divisas por personas humanas del año 2025 fue de 38.808 millones de dólares.
[1] El artículo 124 de la Constitución nacional argentina (modificado en 1994) establece que las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y social, celebrar convenios internacionales (con ciertas limitaciones) y, fundamentalmente, que tienen el dominio originario de los recursos naturales en sus territorios. La Nación delega ciertas facultades y regula los servicios públicos de competencia nacional. Esto reconoce mayor autonomía provincial en la gestión de sus bienes naturales y su organización regional.
Los países latinoamericanos y caribeños miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 tienen la posibilidad de apelar a ese acuerdo para tratar las amenazas de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia, parte integral de Dinamarca. Diplomáticamente eso sería concebible.
Comencemos por la letra del TIAR. De acuerdo con el Artículo 1°, las partes “condenan formalmente la guerra y se obligan…a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza”. Según el Artículo 3°, punto 3, “lo estipulado en este Artículo se aplicará en todos los casos de ataque armado que se efectúe dentro de la región descrita en el Artículo 4”. Este artículo detalla los límites (latitud y longitud) de la región (incluyendo los linderos polares) que comprende el tratado: Groenlandia está, geográficamente, cubierta por el TIAR. A su vez el Artículo 6° remite a la “agresión que no sea ataque armado,” a distintos tipos de conflictos, y a “cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América”. Así, “el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente…para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.
Es evidente que Groenlandia es territorio danés, así como Dinamarca es parte del Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de 1949. En consecuencia, en términos políticos, Groenlandia queda cobijada por la OTAN. Sin embargo, su identificación geográfica en el marco del TIAR resulta singular.
Histórica y militarmente, para Estados Unidos, el principal perímetro de defensa—área esencial para frenar intrusos—había sido la amplia Cuenca del Caribe; particularmente a partir de su proyección de poder hacia el sur de América en el contexto de un designio hegemónico regional.
La Segunda Guerra Mundial y sus secuelas convirtieron al norte del continente –en especial, ante la creciente importancia del Ártico– en otra área crucial en tanto perímetro de defensa de Estados Unidos; para entonces potencia internacional.
Allí parece radicar la razón mediante la cual Groenlandia se encuentra cubierta por el Artículo 4° del TIAR. En breve, un ataque a Groenlandia habría sido, al calor de la Guerra Fría, una provocación militar mayúscula para la OTAN; aunque también un asunto sumamente delicado para la seguridad de toda América.
Ese hipotético ataque nunca ocurrió, pero de haberse producido hubiera movilizado bélicamente a la OTAN, en primer lugar, y al TIAR, a modo de retaguardia complementaria. Esto, es claro, hubiera sido el resultado de una eventual acción de la Unión Soviética, en tanto poder revisionista y desafiante de Estados Unidos y de Occidente.
En la medida en que hoy existe una cuádruple revalorización de los océanos, los polos, los estrechos y los recursos estratégicos, naciones como Canadá (miembro de la OTAN y no del TIAR), istmos como el Canal de Panamá (país signatario del TIAR), y espacios como Groenlandia (con su estatus peculiar, político como parte de la OTAN y geográfico como parte del TIAR) se han colocado en el centro del proyecto expansivo de una actual potencia revisionista y agresiva: Estados Unidos. Hacia el sur, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 pretende recrear, a la fuerza, su otrora esfera de influencia.
Hacia el norte, procurar avanzar, a punta de anuncios provocadores, para reafirmar su presencia e influencia en la competencia polar. Hacia el sur interviene (Venezuela) para reordenar, hacia el norte desordena (Canadá, Europa) para intervenir. A su vez, la Estrategia de Defensa Nacional de 2026 identifica en tres ocasiones y conjuntamente como “territorios claves” al Canal de Panamá y a Groenlandia, confirmando que desde el Ártico hasta la Cuenca del Caribe se concibe un vasto perímetro de defensa: un área cubierta, de facto, por el “homeland” de Estados Unidos.
Bajo este marco de referencia, en el cual el gobierno del presidente Donald Trump se comporta como un actor prepotente, es clave obstruir y frenar sus impulsos destructivos. América Latina y el Caribe no recurrieron a los instrumentos interamericanos para evitar o impugnar el uso ilegal de la fuerza contra Venezuela. Nada indica que Washington –en particular, el trío Rubio (Departamento de Estado), Hegseth (Departamento de Guerra) y Miller (Jefatura de Gabinete)– estén satisfechos. Van por más.
La cuestión del canal panameño parece temporalmente aquietada. Hoy, Groenlandia está en la mira. Ello debiera atraer la atención de Latinoamérica. Así, sería interesante que un grupo de gobiernos solicite una reunión especial para tratar el asunto Groenlandia. Es bueno recordar que el primer considerando del TIAR subraya que es “un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión”.
Existe la urgencia de “prevenir”. Si Washington sigue insistiendo en que Groenlandia le debe pertenecer, la región debe interpelar al gobierno de Trump y pedir explicaciones ante la posibilidad de un conflicto mayor dentro de los límites del Tratado y que pudiera afectar la seguridad general de América.
Esa sería sin duda una decisión osada y riesgosa que probablemente irrite a la Casa Blanca. Pero es hora de que alguien, con el recurso de la diplomacia y no de las armas, lo haga. No sea el caso que el tema del Canal de Panamá se reavive y Estados Unidos busque convocar una “coalición de voluntarios” de la región para misiones bélicas en el continente.
Inflación de DICIEMBRE 2025, CERRANDO EL AÑO: Inicia el 2026, seguramente con novedades.
El tipo de cambio oficial: Esfuerzos desplegados del gobierno para no cruzar la banda superior. En el 2026 se modifica la banda y se ajusta con el IPC (dos meses anteriores)
· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de DICIEMBRE más otros indicadores asociados. En el próximo documento abordaremos cuestiones de comercio exterior.
· Las noticias más importantes de los últimos meses, resultaron los movimientos del dólar, arrastró la tasa de interés y generó idas y vueltas en el equipo económico y BCRA.
· El gobierno necesita dólares, del saldo entre las exportaciones e importaciones, de las inversiones y otras fuentes como ventas de activos, pero por lo visto el golpe fuerte de ayuda vino de USA. Ahora el BCRA comprando reservas.
· Milei, conjeturamos, ingresa en proceso electoral para 2027. Todo girará mirando esa fecha.
· Nuevamente el FMI, continuará con los aportes y recomendaciones. Aumentar reservas en lo usual.
· El tipo de cambio es un precio más, pero más no cualquiera. Todo el mundo mirando como se mueve.
· El riesgo país disminuye y sube o sube y disminuye, pareciera que ahora viene la reducción del mismo, en la actualidad por debajo de los 600 puntos. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) perdió puntos. Hoy depende más del dólar que de la inflación, si esta se mantiene en los valores actuales.
· Mirando afuera: Trump, con los aranceles, los reduce, los aumenta, los suspende y desconcierta al más pintado, migraciones, retiro de organizaciones internacionales, aspiraciones de expansión. Ucrania, no se sabe.
· CEPO parcial dese abril. Un tipo de cambio flotante por ahora y entre bandas. ¿Cómo se comportará en adelante el dólar en el corto plazo y mediano? En los meses recientes muchos compraron y menos vendieron. En noviembre y diciembre se moderaron las compras. Mirar con cuidado la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y la Cambiaria.
· La inflación (alrededor del 2.8 % promedio) en el mes de diciembre 2025. Alimentos con valor superior. La conjetura oficial es de alrededor el 1 % mensual en el 2026.
En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (ESN 2025) se anunció la resurrección de la Doctrina Monroe, aunque con un agregado: el “Corolario Trump”. Hubo, en el pasado, un momento en el que a la Doctrina se le añadió otro Corolario.
En el discurso de la unión de 1904 el presidente estadounidense notificó que nacía el Corolario Roosevelt. El gobierno se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos internos de los países de América Latina. Años más tarde, en marzo de 1911, Theodore Roosevelt aseveró, casi como insinuando el preámbulo del Corolario de 1904, en un discurso en la Universidad de Berkeley, “I Took Panama”: “Me hice de Panamá”.
Con ello, Roosevelt se refería a las acciones propiciadas por Washington para promover la secesión de Panamá de Colombia con el propósito posterior de construir en ese nuevo país el Canal de Panamá. Era la fase de expansión de una potencia que ambicionaba ser hegemónica en el área.
En diciembre de 2025, la Administración Trump divulgó la nueva ESN; el 3 de enero, luego de 35 ataques previos a lanchas en el Caribe y el Pacífico que produjeron la ejecución extra-judicial de 115 personas, Trump ordenó el bombardeo a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, sin que Venezuela hubiera amenazado al gobierno o atacado a ciudadanos estadounidenses.
El Corolario Trump se ponía en marcha y con ello su sueño de diciembre de 2023 cuando dijo, por primera vez, que deseaba tener el petróleo venezolano: “I Took Venezuela”. Aún existe confusión respecto al operativo militar de captura, bastante fácil, por cierto, y en cuanto al devenir de los acontecimientos políticos en Venezuela. En ese marco, Trump aseveró que iba a tutelar el futuro del país. Ni en la acción militar propiamente ni en materia del control de la riqueza petrolera, el derecho internacional, los principios de soberanía e integridad territorial fueron o serán objeto de consideración por parte de Washington. Ya no hay pretensión hegemónica alguna.
Lo que me interesa en esta oportunidad es remarcar la obsesión estadounidense en cuanto a que, de algún modo, tiene un derecho a “poseer” el continente. Un análisis de las distintas estrategias de seguridad resulta revelador. La ESN 2025 menciona en sus cinco páginas dedicadas al área seis veces “our hemisphere”—“nuestro hemisferio” (América Latina, el Caribe insular y Canadá)—como si el continente fuera un espacio de mando exclusivo de Washington. Más ahora, ante la proyección económica y diplomática de China.
La primera ESN se publicó en 1987: el hemisferio ocupó una página. La ESN 1988 lo cubrió en una página y media. La ESN 1990 le otorgó media página. La ESN 1991 habló de un Nuevo Orden Internacional y en una página dedicada al continente se refirió, con incuestionable énfasis, a “our own hemisphere”: “nuestro propio hemisferio”. La ESN 1993 no le dedicó página alguna al área.
En las ESN 1994 y 1995 se afirmó que Estados Unidos tenía la disposición de trabajar con los países del área. En la ESN 1996 ya se habló, a secas, de “nuestro hemisferio”. En la ESN 1997 la expresión “nuestro hemisferio” se usó en dos ocasiones. En la ESN 1998 se utilizó en tres oportunidades. En la ESN 2000 se invocó la condición de “nuestro hemisferio” cuatro veces.
En la ESN 2002 –pos-atentados del 11/9/2001– no hubo referencias, pero. en la ESN 2006 se retomó la noción de “nuestro propio hemisferio”. En la ESN 2010 se mencionó el hemisferio una vez. En la ESN 2012 se le otorgó media página y destacó dos veces “nuestro propio hemisferio”. La ESN 2017–de Trump I– le dedicó una página al hemisferio y a los principales desafíos provenientes del área: la proyección de poder de China, drogas ilícitas y migración. La ESN 2022 cubrió el hemisferio en dos páginas y rescató una idea que, con variada ponderación, se ha repetido desde la primera estrategia de 1987: “el hemisferio occidental impacta directamente a Estados Unidos más que cualquiera otra región”.
En síntesis, la ESN 2025 reivindica y refuerza un precepto –algunas veces tácito, otras explicito– que ha recorrido históricamente gobiernos demócratas y republicanos por igual: que el hemisferio occidental debe estar siempre bajo la ascendencia de Estados Unidos, así el mundo y la región hayan cambiado. En ciertos momentos con la pretensión de restablecer la debilitada hegemonía; en ciertas circunstancias con el propósito de imponer la dominación. Trump II se inclina por esto último, con más garrotes que zanahorias, sin apelar a valores democráticos ni a principios jurídicos. Sin prometer recursos.
Por ello es bueno recordar el Memorándum sobre América Latina que escribió en 1950, después de un periplo por el área, el renombrado George Kennan, padre de la estrategia de la contención. El mensaje que los funcionarios debían dar a los gobiernos era terminante: “nos preocupa más ser respetados que ser queridos o comprendidos.” Seguramente Trump y figuras claves de su entorno concuerden con ese mensaje. El secretario de Estado, Marco Rubio, no se cansa de recordarnos ese dictum.
El ilegal ataque militar a Venezuela es, quizás el primer ejemplo del siglo XXI—no olvidar que en 1989 Estados Unidos invadió Panamá y secuestró al dictador Manuel Antonio Noriega—de un intervencionismo recurrente. Ahora, con una dimensión geopolítica global mayor: convertir a la región en territorio de contienda y laboratorio de ensayo del uso de la fuerza.
