En este documento incluimos datos que nos permitirán hacer un seguimiento mensual, trimestral y anual, teniendo como horizonte el 2026 y 2027. En algunos casos, conjeturando valores pero no más allá del 2026.
La cuestión del comercio internacional, exportaciones e importaciones, en lenguaje más entendible: más apertura o lo contrario, es una discusión más “vieja que la justicia”, diría Inodoro Pereyra cuando discute este tema con Mendieta.
Los países han navegado en ambas aguas, y por momentos predomina una u otra. En estos momentos pareciera que todo tiende a los beneficios del comercio con mayor apertura. El vivir con lo nuestro es una fantasía que se fue perdiendo a lo largo de los años. Pero de repente aparece una cabeza inesperada como la de Trump con la aplicación de tarifas y de cuotas. Muchos otros lo hacen, pero en forma más moderada o disimulada. Se debe reconocer que luego siguen acuerdos, tratados y en algunos casos modificaciones.
En el caso de nuestro país, siempre se debe tener en cuenta que la inflación es una bruma que permite manejarse al tanteo o por las dudas o por sí acaso. Es lo que ocurre con los precios internos, el tipo de cambio y el comercio internacional.
La discusión sobre apertura recrudeció luego de los resultados de la compra de tubos de acero en una operación privada en discusiones de máximo nivel donde participan Milei, Rocca y ministros. Pero esto es solo un producto (acero), luego aparecen otros y la discusión se agita y se agranda, especialmente con textiles y durables.
En estas discusiones y posiciones pareciera que no queda lugar para la “Avenida del Medio” o apertura razonable (lo que tampoco es claro), así que debemos prepararnos para el extremo y sin regulaciones que declama el oficialismo. Con el eco permanente, “Argentina atrasa por el cierre”, pero de ahora en más dicen, el horizonte es claro. ¿Cómo podemos verificar que esto es así o será así? Como se dice usualmente es “verdadero por definición”. Solo queda esperar.
Como siempre la bandera más agitada es el consumidor que puede comprar barato los productos importados; es un beneficio visible indudablemente y que todos o casi todos siguen. Alguna contradicción se presenta (no siempre) cuando este consumidor es a la vez trabajador en empresas que se ven constreñidas por los productos de afuera, son las contradicciones del sistema y algunas veces se producen reacciones que aparecen allá lejos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber?
Recordemos lo que dice la economista J. Robinson: “La falta de un método aceptado y convencional para eliminar errores, introduce un elemento personal en las polémicas sobre economía, constituye un riesgo de inseguridad que añadir a los demás”.
La matriz productiva y distributiva en la Argentina actual genera renta y pobreza en una relación directamente proporcional: a mayor renta, mayor pobreza. Es una correspondencia de causa y efecto, donde la primera es la causa de la segunda.
Cuanta más proporción de renta existe en el precio de los bienes y servicios, hay menor capacidad de generar empleo y, por ende, peor redistribución del ingreso y mayor exclusión social.
La renta [1] es la diferencia entre el costo en dólares de extracción o producción argentina y el precio al que se vende ese producto en el mercado mundial. En primer lugar, en la producción agropecuaria, porque la Argentina es un gran productor y oferente de esos bienes en el mercado y, obviamente, el costo promedio es menor que el precio en los mercados internacionales. Esto es así, por nuestra pampa húmeda, que es una de las tierras más fértiles del mundo, donde más rinde por hectáreas tienen la soja, el maíz, trigo, girasol, sorgo, etc.
Igual sucede con los hidrocarburos y con los minerales. Son crecientes las exportaciones de los complejos petrolero-petroquímico y de oro y plata, que se van a desarrollar aún más. Esto se suma a las explotaciones de cobre, litio, tierras raras, uranio, hierro, etc., que se apuntalan y profundizan con el acuerdo de “Fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos” firmado el 5 de febrero de 2026 con los Estados Unidos. Allí dice textualmente que debe «garantizar la equidad en el manejo de minerales críticos», ya que «la Argentina cuenta con importantes recursos minerales críticos. Los compromisos del Marco garantizarán que las normas en este sector sean justas para las empresas estadounidenses».
La Administración nacional se obliga a contribuir al acopio de minerales críticos del Proyecto Vault (Bóveda) de los Estados Unidos, para el fortalecimiento de su industria bélica a través de los incentivos comprendidos en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). También se obliga a la Argentina a llevar adelante un mapeo de la cartografía de los recursos del país (incluidos los glaciares y manchas de nieve) y entregarle toda esa información al país del norte de América.
El precio del dólar y la renta financiera
Los mercados financieros globales muestran el desprendimiento de tenencia de títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Larry Fink, CEO de BlackRock, explica la estrategia de reducir la exposición en los bonos de ese país y aumentar la diversificación fuera del eje del dólar y fuera de los Estados Unidos, ante una deuda bruta de 38,4 billones de dólares a diciembre de 2025, 22% mayor que su PIB. Es la mayor deuda del planeta, y el Presidente Donald Trump exige bajar la tasa de interés, lo que profundizaría la venta de los bonos estadounidenses y la depreciación del dólar.
La salida de capitales de los Estados Unidos beneficia a las economías emergentes (en la región, Brasil y México), pero no a la Argentina. El informe de economía de JP Morgan refleja claramente que no cree en los indicadores de precios de nuestro país (por los títulos en pesos ajustados por IPC del INDEC) [2], tampoco en que se pueda mantener el precio del dólar medido en pesos, y prevé la posibilidad del conflicto social por reclamos de empleo y salariales.
Máxime donde el precio del dólar medido en pesos descendió en enero 2026 en un 2,7% mensual. A la vez, la tasa de interés que percibieron los títulos de deuda en pesos fue similar a la inflación medida por el IPC del INDEC del 2,9% en el mes. Esto les dejó una ganancia por carry trade del 5,6% en dólares, cuando en los Estados Unidos la tasa pasiva es de 1,92% anual. Carry trade que persiste y con mayor descenso del precio del dólar en febrero de 2026.
Los capitales financieros que apuestan a títulos en pesos tienen una ganancia extraordinaria, ante un gobierno que paga tasas por encima de la inflación esperada (según el REM —encuesta que hace con las consultoras el BCRA—, en torno al 22% para todo el año 2026). Así, en la licitación del miércoles 11 de febrero, logró colocar bonos por 9,02 billones de pesos, de los cuales 6,5 billones fueron en letras y notas capitalizables (pagan interés al vencimiento). De esa suma, 5,03 billones de pesos son con vencimiento el 17 de abril de 2026, a una tasa del 39,48% anual.
La contradicción se observa en que, con un índice de enero de 2026 de 2,9%, el precio del techo de la banda de flotación para marzo es de 1.654 pesos por dólar oficial.
Obviamente, la super renta del carry trade condiciona la renta agropecuaria, de hidrocarburos y hasta de minerales. La supremacía financiera disminuye la renta en dólares.
Por un lado, a partir de mediados de marzo comienza la liquidación de las ventas al exterior de la cosecha gruesa (soja y maíz), que no están de acuerdo con un dólar mayorista de 1.400 pesos (5,36% por debajo del precio del 2 de enero de 2026). Es un tema que hay que resolver, sabiendo que ya no sirve (por lo menos para la mayoría de los productores, acopiadores y comercializadores) que vendan igual y que hagan carry trade como hicieron hasta ahora.
Por otro lado, no es casualidad que el RIGI no prospere. Es más, la empresa noruega Interoil anunció el 9 de febrero de 2026 el retiro de todas sus operaciones, tanto en Vaca Muerta como en el resto del país, confirmando que se va de la Argentina. En el comunicado la empresa afirma: «La decisión de salir de Argentina también se debe al deterioro sostenido del entorno operativo y de inversión en la provincia de Santa Cruz». Para agregar que «con el tiempo, varios importantes operadores internacionales y nacionales, como YPF, Pan American Energy, Petrobras, Sinopec y Total, han reducido o abandonado progresivamente sus posiciones convencionales en la región a medida que la competitividad de los activos disminuía».
Recordemos que en Vaca Muerta la UTE conformada por Contrera Hermanos y Eusuco informó el 15 de mayo de 2025 que abandona la obra por falta de pago por parte de la estatal Enarsa.
El dólar resultado del carry trade genera una renta extraordinaria al capital financiero, pero confisca incluso las otras rentas, de manera tal que el JP Morgan (que se benefició y se beneficia con el carry trade) lo observa y no le da credibilidad a que pueda proseguir.
Los bancos que operan en el país (en octubre de 2025 —último dato publicado por el BCRA—, en promedio, el 36% de sus activos los tenían en títulos del Tesoro de la Nación Argentina, y el total del crédito representaba el 43%), las compañías de seguro y los agentes de liquidación y compensación (ALyC) lucran con la exorbitante renta, pero a costa de la producción, el consumo y el nivel de actividad.
La renta es la que explica fundamentalmente la compra récord de personas humanas por 38.806 millones de dólares en el año 2025 (balance cambiario del BCRA), a lo que se le debe agregar la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, los gastos en fletes, seguros, en turismo, etc., que expresan la mayor fuga de capitales en un año, de toda nuestra historia.
También explica que el grupo Techint se quede con más del 70% de la acería Usiminas de Brasil, al comprarle por 315 millones de dólares las acciones a Nippon Steel y a Mitsubishi. Así como en el año 2017 invirtió 1.800 millones de dólares en una subsidiaria de Tenaris en Houston (Estados Unidos), que inauguró con la presencia del entonces Presidente de la República, Mauricio Macri, en una demostración que de burguesía nacional no tiene nada.
La distribución
John M. Keynes sostenía que había que apoyar todas las políticas que incrementen al consumo para favorecer la redistribución de los ingresos, porque de otro modo el excedente producido no se invierte en la producción y el trabajo y se fuga. Keynes fue más allá y propuso la “eutanasia del rentista”. Textualmente dice: “Hoy el interés no recompensa ningún sacrificio genuino como tampoco lo hace la renta de la tierra” [3].
En una sociedad donde el ingreso real del trabajo desciende en todos estos últimos años y se precarizan las relaciones laborales, el Estado debe garantizar el derecho al trabajo y al trabajo con todos los derechos y no propiciar la renta siempre parasitaria y fugadora de riqueza.
Es a la inversa de lo que hace este gobierno, propiciando una ley que llaman de modernización laboral, que lo que hace es sacar derechos a los trabajadores, desfinanciar el sistema previsional y el PAMI y considerar al trabajo como una mercancía.
La encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, defendiendo la dignidad inalienable del trabajador frente a la explotación de la Revolución Industrial. Afirmó que el trabajo no es una mercancía, sino una actividad personal digna, exigiendo salarios justos, condiciones humanas, descanso dominical y el derecho a formar sindicatos.
La Declaración de Filadelfia, adoptada por la OIT el 10 de mayo de 1944, es la carta fundamental que rige actualmente a la Organización Internacional del Trabajo. Estableció principios universales clave como que «el trabajo no es una mercancía», la defensa de la justicia social, la libertad de expresión/asociación y la búsqueda de trabajo decente.
La propuesta de Milei de que en la Argentina esté prohibido no exportar, así como que la tasa de interés debe ser mayor que la tasa de todos los precios (incluidas las divisas), es funcional a un modelo primario y sin industria. Se busca deprimir al mercado interno, generar desocupación y marginados sociales. Esto es observable a simple vista con las personas que viven en situación de calle y que hacen colas en los comedores asistenciales. El objetivo es que el menor consumo aumente los saldos exportables de alimentos, energía y minerales. Estos son los tres elementos básicos para que un país crezca y se desarrolle.
JP Morgan, que nombró a los principales administradores financieros del gobierno de Milei —incluso convirtió en canciller a Pablo Quirno, quien trabajó 17 años en la entidad y fue el firmante del acuerdo sobre nuestros minerales críticos con los Estados Unidos—, teme el futuro cercano. Después de que el 24 de octubre de 2025 festejaran las rentas extraordinarias obtenidas de la Argentina en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, debería servir de advertencia.
Saben por la historia que no se puede empujar a la población a la desesperación; la policía que se rebeló en Santa Fe es un indicador.
[1] David Ricardo desarrolló el concepto de renta económica y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación.
[2]“La concentración anticipada de subas reguladas y la persistencia de precios elevados en alimentos mantendrán la inflación general por encima del umbral del 2% mensual hasta comienzos del segundo trimestre de 2026”.
[3] “Teoría General de la Ocupación, el Dinero y el Interés”, FCE, enero de 1936.
Históricamente los gobiernos conservadores han tomado al país como mero apéndice del poder central (otrora Inglaterra, ahora los Estados Unidos). Es decir, del sistema de acumulación del capital y de distribución de las riquezas bajo la estricta lógica del centro dominante y, por extensión, del mercado mundial. En una economía abierta como la nuestra, donde existen grandes operadores (tanto para la compra como para la venta), los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los factores de producción (trabajo, máquinas y equipos, tierra —también el subsuelo—, etc.), quedan determinados por los capitales más importantes.
La única lógica que conocen esos capitales es la de generar la mayor tasa de ganancia, en dos planos: uno en el corto plazo para que esta se obtenga en el menor tiempo posible, y la de mediano y largo plazo, que se basa en los recursos naturales de la Argentina, que es a su vez donde se recicla parte del capital que se fuga del país, ya sea por los mismos fugadores o por los bancos de inversión que administran esos fondos.
Por ende, se supedita lo que vamos a producir, cómo, de qué modo. Y también si se fijan límites a la contaminación ambiental, cómo juega en ello nuestra fuerza de trabajo, nuestra inserción en el mundo, nuestro presente y nuestro futuro (e incluso la lectura del pasado) en esa lógica primaria. Entonces, la primacía la determinan esos grandes poderes que solo permanecen en el país si se les asegura el ingreso y el egreso del capital con su renta financiera y/o con un sistema como el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) de la ley 27.742, que les permite, a partir del quinto año, disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin obligación de abastecer al mercado interno.
La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables es un acto criminal de administración fraudulenta que implica el vaciamiento del país de su patrimonio minero y de hidrocarburos.
En esa lógica, la tasa de interés y el valor del dólar, y la relación entre esas dos variables, son decisivos y fundamentales. El carry trade permite en el corto plazo una renta extraordinaria que se convierte en divisas para su fuga. A su vez, es la causa principal por la que el capital local (Techint, Compañía General de Combustible, Grupo Clarín, Molinos Río de la Plata, Frigorífico Ríoplatense, Arcor, Pan American Energy, Pampa Energía, Coto, La Anónima, Banco Galicia, Banco Macro, etc.) acepta y se subordina al capital financiero (esencialmente con base en Manhattan). Porque por ahora ellos fijan los precios internos de sus productos, muy por encima del precio del dólar, compran esa divisa y la fugan, con el aval implícito del BCRA y del ARCA (Agencia de Recaudación y Control).
En el año 2025, residentes argentinos compraron 38.806 millones de dólares. Hubo quienes compraron 100, 200, 1.000 dólares, pero los grandes formadores de precios lo hicieron por decenas de millones. A esa suma debe agregarse la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, y los gastos en turismo y suntuarios para beneficio de una minoría y en desmedro del país, que endeudan sin límite ni razón.
Para que ese capital financiero se convierta en IBIF (inversión interna bruta fija), su tasa de retorno (en dólares) debe superar la tasa de interés local (con lo que se supedita la economía real a la financiera), la cual a su vez debe superar al crecimiento del precio del tipo de cambio.
Todo el esquema queda atado al ingreso de divisas, en parte por el superávit comercial, pero esencialmente por deuda (tanto pública como privada). Esta deuda la compra el BCRA y se convierte en pesos, los cuales deberían servir para financiar la actividad productiva y distributiva; sin embargo, el crédito es de menos del 11% del PIB y casi la mitad de ese magro porcentaje financia deudas personales (en los países vecinos el crédito representa en promedio el 45% del PIB, como fue en la Argentina antes de la dictadura cívico-militar de 1976 y la reforma financiera).
Ese dinero creado por el BCRA es principalmente demandado por el Estado nacional en licitaciones de títulos del Tesoro, que se realizan dos veces por mes, a muy corto plazo. En la licitación del 28 de enero de 2026, más de la mitad del vencimiento se renovó en LECAP (título que capitaliza intereses y paga al final) por 46 días y a una tasa del 2,99% efectiva mensual. Los diez principales bancos privados (a los que se les debe sumar el Banco Nación Argentina, el Banco de la Ciudad y los de las provincias de Santa Fe y Córdoba) financian en promedio un 36% de su cartera al Estado, y el crédito que generan es el 43% del total de activos de la entidad).
El problema son dos: el BCRA vende esos dólares a los principales bancos del sistema financiero local (que esencialmente se fugan), por un lado, y, por otra parte, la tasa de interés de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, máxime cuando nos encontramos en una economía que en conjunto se estanca. Y mientras hay sectores que crecen fuertes como la minería y la energía, hasta el campo, hay otros sectores demandantes de mano de obra, como la industria, la construcción y el comercio en general, con fuerte descenso en su actividad, con lo que es inexorable el crecimiento del peso de la deuda sobre el PBI. Entonces, el “alegre” endeudamiento en el que incurre el gobierno debe pagarse con un PIB que desciende. Nos preguntamos: ¿Qué proyectos de balance comercial positivo hay detrás de cada esquema de financiamiento que “alegremente” se obtiene? De otro modo no se puede pagar la deuda y menos pagar las importaciones necesarias, frente a los servicios de esta que es, por su propia lógica, cada vez mayor.
Por eso el gobierno nacional dice que no va a volver a los mercados internacionales. Porque no puede. El mismo JP Morgan, que nombró a toda la plana mayor de Economía y Finanzas de Milei, le dice a sus clientes que la Argentina es zona de alto riesgo. Entonces el gobierno nacional, ante la imposibilidad, espera que las provincias y las empresas se endeuden y le vendan esos dólares al BCRA. El gobierno pagará parte de los intereses de una deuda espuria y no investigada. Lo hará vendiendo o dando en concesión nuestras empresas públicas y recursos naturales a un precio vil.
En lugar de industrializar para generar trabajo y mejorar la productividad, vamos a una creciente concentración y extranjerización de la economía, grandes empresas que tienen una estrategia propia esencialmente extractivista y expoliadora de los recursos naturales del país.
Esa es la razón que explica y fundamenta las consecuencias de una cada vez mayor centralización, concentración y extranjerización de la economía argentina, donde todo aquello que no se integre a bajo costo al mercado internacional se relegará a un rol cada vez más secundario. Esto profundizará la verdadera brecha entre la minoría que, aprovechando las ventajas naturales de la tierra más fértil del mundo y el rico subsuelo, puede vender (y comprar). En cambio, la situación será cada vez más ruinosa para economías crecientemente vegetativas de las regiones y del resto de la población.
Fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos
En lugar de que el Estado nacional y los provinciales [1] empleen dichos recursos para el bien general y el futuro de nuestro país, propician su venta y/o hacen acuerdos como el que firmó la Argentina el 5 de febrero de 2026 de “Fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos” con los Estados Unidos, que le asegura a ese país el acceso preferencial a materias primas que son vitales para el desarrollo de sus industrias automotriz, energética, tecnológica, aeronáutica y de armamento.
El acuerdo plantea el acceso a financiamiento, el desarrollo de proyectos prioritarios y la creación de una cadena de suministro preferencial de minerales críticos como litio y cobre. Esto ocurre en un contexto global marcado por la creciente demanda de recursos estratégicos para la transición energética. Lo que sucede con la República Popular China y con los países que piensan un futuro para su pueblo. Textualmente, el comunicado dice: «Garantizar la equidad en el manejo de minerales críticos: la Argentina cuenta con importantes recursos minerales críticos. Los compromisos del Marco garantizarán que las normas en este sector sean justas para las empresas estadounidenses».
Forma parte del acuerdo firmado por el Presidente Javier Milei en nombre de nuestro país, el 13 de noviembre de 2025, en Washington, denominado “Marco para un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos” y abarca reducciones de aranceles, comercio de vehículos, de ganado, de productos farmacéuticos, comercio digital y de datos, sobre reglamentaciones laborales y de propiedad intelectual, etc.
El consenso de las provincias
La dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble. Por un lado, están supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital que la Nación decida que se deben hacer en tal lugar físico (que pertenece a las provincias). Y, por otra parte, las provincias son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos, como queda en evidencia con la estabilidad fiscal para la minería por la ley 24.196, que garantiza la no incrementación de la carga tributaria total por 30 años, aplicable a impuestos nacionales, provinciales y tasas (incluye beneficios como amortización acelerada, devolución de IVA y un tope del 3% a las regalías). Esta situación es avalada por la ley 27.742 del RIGI, que fue corroborada en leyes provinciales. Y porque el total del impuesto inmobiliario rural cobrado en todo el país representa menos del 0,53% del PIB, y la Argentina cuenta con recursos naturales y técnicos que producen el mayor rinde por hectáreas de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, etc., del planeta.
Si observamos la estructura impositiva nacional, dos terceras partes son gravámenes al consumo, donde solamente tomando el IVA representó en el año 2025 el 6,94% del PIB (recaudación total de 61,2 billones de pesos). En cambio, el impuesto a las ganancias (que pagan cada vez más trabajadores) es el 4,18% del PIB (se recaudó 37 billones de pesos) y bienes personales (patrimonio) representa el 0,22% del PIB (en todo el año 2025 pagaron 1,97 billones de pesos). Por ende, es el consumo, que descendió fuertemente en el año 2025 y cayó aún más en enero de 2026, reflejado en la recaudación impositiva. Este es el principal soporte impositivo del país, tanto para el gobierno nacional (IVA, impuestos al combustible, impuesto internos, etc.) como para las provincias (por el impuesto a los ingresos brutos y por la coparticipación federal de impuestos). En cambio, es ínfimo el impuesto al patrimonio (en la nación, bienes personales, y en las provincias, el impuesto inmobiliario y a la patente automotor).
Estamos ante un sistema tributario sumamente regresivo, que alimenta excedentes para comprar dólares y fugarlos (el gobierno no prorrogó para el año 2025 el Impuesto PAIS que gravaba la compra de dólares); mientras tanto, a una amplia franja de la población no le alcanza para llegar a fin de mes. En ese marco, la nación le impuso severas condiciones a las provincias en los presupuestos ejecutados de los años 2024 y 2025 y en la ley de presupuesto de la Administración Nacional 2026. Además, frenó los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), del que solo recibieron una parte las provincias cuyas administraciones son afines al gobierno nacional. No cumplieron en tiempo y forma con las transferencias a las 13 provincias que tienen su propio sistema previsional; y en todas con el porcentaje que le corresponde para el PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados). Sin embargo, como si fuera el síndrome de Estocolmo, la gran mayoría de las provincias, a través de sus diputados y senadores, pretenden aprobar los engendros jurídicos de reforma laboral y de modificación la ley de glaciares.
En enero de 2026, el conjunto de las provincias recibió por coparticipación de impuestos la suma de 5,548 billones de pesos (unos 3.900 millones de dólares) y la compra de divisas por personas humanas del año 2025 fue de 38.808 millones de dólares.
[1] El artículo 124 de la Constitución nacional argentina (modificado en 1994) establece que las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y social, celebrar convenios internacionales (con ciertas limitaciones) y, fundamentalmente, que tienen el dominio originario de los recursos naturales en sus territorios. La Nación delega ciertas facultades y regula los servicios públicos de competencia nacional. Esto reconoce mayor autonomía provincial en la gestión de sus bienes naturales y su organización regional.
Los países latinoamericanos y caribeños miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 tienen la posibilidad de apelar a ese acuerdo para tratar las amenazas de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia, parte integral de Dinamarca. Diplomáticamente eso sería concebible.
Comencemos por la letra del TIAR. De acuerdo con el Artículo 1°, las partes “condenan formalmente la guerra y se obligan…a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza”. Según el Artículo 3°, punto 3, “lo estipulado en este Artículo se aplicará en todos los casos de ataque armado que se efectúe dentro de la región descrita en el Artículo 4”. Este artículo detalla los límites (latitud y longitud) de la región (incluyendo los linderos polares) que comprende el tratado: Groenlandia está, geográficamente, cubierta por el TIAR. A su vez el Artículo 6° remite a la “agresión que no sea ataque armado,” a distintos tipos de conflictos, y a “cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América”. Así, “el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente…para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.
Es evidente que Groenlandia es territorio danés, así como Dinamarca es parte del Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de 1949. En consecuencia, en términos políticos, Groenlandia queda cobijada por la OTAN. Sin embargo, su identificación geográfica en el marco del TIAR resulta singular.
Histórica y militarmente, para Estados Unidos, el principal perímetro de defensa—área esencial para frenar intrusos—había sido la amplia Cuenca del Caribe; particularmente a partir de su proyección de poder hacia el sur de América en el contexto de un designio hegemónico regional.
La Segunda Guerra Mundial y sus secuelas convirtieron al norte del continente –en especial, ante la creciente importancia del Ártico– en otra área crucial en tanto perímetro de defensa de Estados Unidos; para entonces potencia internacional.
Allí parece radicar la razón mediante la cual Groenlandia se encuentra cubierta por el Artículo 4° del TIAR. En breve, un ataque a Groenlandia habría sido, al calor de la Guerra Fría, una provocación militar mayúscula para la OTAN; aunque también un asunto sumamente delicado para la seguridad de toda América.
Ese hipotético ataque nunca ocurrió, pero de haberse producido hubiera movilizado bélicamente a la OTAN, en primer lugar, y al TIAR, a modo de retaguardia complementaria. Esto, es claro, hubiera sido el resultado de una eventual acción de la Unión Soviética, en tanto poder revisionista y desafiante de Estados Unidos y de Occidente.
En la medida en que hoy existe una cuádruple revalorización de los océanos, los polos, los estrechos y los recursos estratégicos, naciones como Canadá (miembro de la OTAN y no del TIAR), istmos como el Canal de Panamá (país signatario del TIAR), y espacios como Groenlandia (con su estatus peculiar, político como parte de la OTAN y geográfico como parte del TIAR) se han colocado en el centro del proyecto expansivo de una actual potencia revisionista y agresiva: Estados Unidos. Hacia el sur, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 pretende recrear, a la fuerza, su otrora esfera de influencia.
Hacia el norte, procurar avanzar, a punta de anuncios provocadores, para reafirmar su presencia e influencia en la competencia polar. Hacia el sur interviene (Venezuela) para reordenar, hacia el norte desordena (Canadá, Europa) para intervenir. A su vez, la Estrategia de Defensa Nacional de 2026 identifica en tres ocasiones y conjuntamente como “territorios claves” al Canal de Panamá y a Groenlandia, confirmando que desde el Ártico hasta la Cuenca del Caribe se concibe un vasto perímetro de defensa: un área cubierta, de facto, por el “homeland” de Estados Unidos.
Bajo este marco de referencia, en el cual el gobierno del presidente Donald Trump se comporta como un actor prepotente, es clave obstruir y frenar sus impulsos destructivos. América Latina y el Caribe no recurrieron a los instrumentos interamericanos para evitar o impugnar el uso ilegal de la fuerza contra Venezuela. Nada indica que Washington –en particular, el trío Rubio (Departamento de Estado), Hegseth (Departamento de Guerra) y Miller (Jefatura de Gabinete)– estén satisfechos. Van por más.
La cuestión del canal panameño parece temporalmente aquietada. Hoy, Groenlandia está en la mira. Ello debiera atraer la atención de Latinoamérica. Así, sería interesante que un grupo de gobiernos solicite una reunión especial para tratar el asunto Groenlandia. Es bueno recordar que el primer considerando del TIAR subraya que es “un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión”.
Existe la urgencia de “prevenir”. Si Washington sigue insistiendo en que Groenlandia le debe pertenecer, la región debe interpelar al gobierno de Trump y pedir explicaciones ante la posibilidad de un conflicto mayor dentro de los límites del Tratado y que pudiera afectar la seguridad general de América.
Esa sería sin duda una decisión osada y riesgosa que probablemente irrite a la Casa Blanca. Pero es hora de que alguien, con el recurso de la diplomacia y no de las armas, lo haga. No sea el caso que el tema del Canal de Panamá se reavive y Estados Unidos busque convocar una “coalición de voluntarios” de la región para misiones bélicas en el continente.
Inflación de DICIEMBRE 2025, CERRANDO EL AÑO: Inicia el 2026, seguramente con novedades.
El tipo de cambio oficial: Esfuerzos desplegados del gobierno para no cruzar la banda superior. En el 2026 se modifica la banda y se ajusta con el IPC (dos meses anteriores)
· Este documento se concentra en los precios, o sea inflación de DICIEMBRE más otros indicadores asociados. En el próximo documento abordaremos cuestiones de comercio exterior.
· Las noticias más importantes de los últimos meses, resultaron los movimientos del dólar, arrastró la tasa de interés y generó idas y vueltas en el equipo económico y BCRA.
· El gobierno necesita dólares, del saldo entre las exportaciones e importaciones, de las inversiones y otras fuentes como ventas de activos, pero por lo visto el golpe fuerte de ayuda vino de USA. Ahora el BCRA comprando reservas.
· Milei, conjeturamos, ingresa en proceso electoral para 2027. Todo girará mirando esa fecha.
· Nuevamente el FMI, continuará con los aportes y recomendaciones. Aumentar reservas en lo usual.
· El tipo de cambio es un precio más, pero más no cualquiera. Todo el mundo mirando como se mueve.
· El riesgo país disminuye y sube o sube y disminuye, pareciera que ahora viene la reducción del mismo, en la actualidad por debajo de los 600 puntos. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) perdió puntos. Hoy depende más del dólar que de la inflación, si esta se mantiene en los valores actuales.
· Mirando afuera: Trump, con los aranceles, los reduce, los aumenta, los suspende y desconcierta al más pintado, migraciones, retiro de organizaciones internacionales, aspiraciones de expansión. Ucrania, no se sabe.
· CEPO parcial dese abril. Un tipo de cambio flotante por ahora y entre bandas. ¿Cómo se comportará en adelante el dólar en el corto plazo y mediano? En los meses recientes muchos compraron y menos vendieron. En noviembre y diciembre se moderaron las compras. Mirar con cuidado la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y la Cambiaria.
· La inflación (alrededor del 2.8 % promedio) en el mes de diciembre 2025. Alimentos con valor superior. La conjetura oficial es de alrededor el 1 % mensual en el 2026.
En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (ESN 2025) se anunció la resurrección de la Doctrina Monroe, aunque con un agregado: el “Corolario Trump”. Hubo, en el pasado, un momento en el que a la Doctrina se le añadió otro Corolario.
En el discurso de la unión de 1904 el presidente estadounidense notificó que nacía el Corolario Roosevelt. El gobierno se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos internos de los países de América Latina. Años más tarde, en marzo de 1911, Theodore Roosevelt aseveró, casi como insinuando el preámbulo del Corolario de 1904, en un discurso en la Universidad de Berkeley, “I Took Panama”: “Me hice de Panamá”.
Con ello, Roosevelt se refería a las acciones propiciadas por Washington para promover la secesión de Panamá de Colombia con el propósito posterior de construir en ese nuevo país el Canal de Panamá. Era la fase de expansión de una potencia que ambicionaba ser hegemónica en el área.
En diciembre de 2025, la Administración Trump divulgó la nueva ESN; el 3 de enero, luego de 35 ataques previos a lanchas en el Caribe y el Pacífico que produjeron la ejecución extra-judicial de 115 personas, Trump ordenó el bombardeo a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, sin que Venezuela hubiera amenazado al gobierno o atacado a ciudadanos estadounidenses.
El Corolario Trump se ponía en marcha y con ello su sueño de diciembre de 2023 cuando dijo, por primera vez, que deseaba tener el petróleo venezolano: “I Took Venezuela”. Aún existe confusión respecto al operativo militar de captura, bastante fácil, por cierto, y en cuanto al devenir de los acontecimientos políticos en Venezuela. En ese marco, Trump aseveró que iba a tutelar el futuro del país. Ni en la acción militar propiamente ni en materia del control de la riqueza petrolera, el derecho internacional, los principios de soberanía e integridad territorial fueron o serán objeto de consideración por parte de Washington. Ya no hay pretensión hegemónica alguna.
Lo que me interesa en esta oportunidad es remarcar la obsesión estadounidense en cuanto a que, de algún modo, tiene un derecho a “poseer” el continente. Un análisis de las distintas estrategias de seguridad resulta revelador. La ESN 2025 menciona en sus cinco páginas dedicadas al área seis veces “our hemisphere”—“nuestro hemisferio” (América Latina, el Caribe insular y Canadá)—como si el continente fuera un espacio de mando exclusivo de Washington. Más ahora, ante la proyección económica y diplomática de China.
La primera ESN se publicó en 1987: el hemisferio ocupó una página. La ESN 1988 lo cubrió en una página y media. La ESN 1990 le otorgó media página. La ESN 1991 habló de un Nuevo Orden Internacional y en una página dedicada al continente se refirió, con incuestionable énfasis, a “our own hemisphere”: “nuestro propio hemisferio”. La ESN 1993 no le dedicó página alguna al área.
En las ESN 1994 y 1995 se afirmó que Estados Unidos tenía la disposición de trabajar con los países del área. En la ESN 1996 ya se habló, a secas, de “nuestro hemisferio”. En la ESN 1997 la expresión “nuestro hemisferio” se usó en dos ocasiones. En la ESN 1998 se utilizó en tres oportunidades. En la ESN 2000 se invocó la condición de “nuestro hemisferio” cuatro veces.
En la ESN 2002 –pos-atentados del 11/9/2001– no hubo referencias, pero. en la ESN 2006 se retomó la noción de “nuestro propio hemisferio”. En la ESN 2010 se mencionó el hemisferio una vez. En la ESN 2012 se le otorgó media página y destacó dos veces “nuestro propio hemisferio”. La ESN 2017–de Trump I– le dedicó una página al hemisferio y a los principales desafíos provenientes del área: la proyección de poder de China, drogas ilícitas y migración. La ESN 2022 cubrió el hemisferio en dos páginas y rescató una idea que, con variada ponderación, se ha repetido desde la primera estrategia de 1987: “el hemisferio occidental impacta directamente a Estados Unidos más que cualquiera otra región”.
En síntesis, la ESN 2025 reivindica y refuerza un precepto –algunas veces tácito, otras explicito– que ha recorrido históricamente gobiernos demócratas y republicanos por igual: que el hemisferio occidental debe estar siempre bajo la ascendencia de Estados Unidos, así el mundo y la región hayan cambiado. En ciertos momentos con la pretensión de restablecer la debilitada hegemonía; en ciertas circunstancias con el propósito de imponer la dominación. Trump II se inclina por esto último, con más garrotes que zanahorias, sin apelar a valores democráticos ni a principios jurídicos. Sin prometer recursos.
Por ello es bueno recordar el Memorándum sobre América Latina que escribió en 1950, después de un periplo por el área, el renombrado George Kennan, padre de la estrategia de la contención. El mensaje que los funcionarios debían dar a los gobiernos era terminante: “nos preocupa más ser respetados que ser queridos o comprendidos.” Seguramente Trump y figuras claves de su entorno concuerden con ese mensaje. El secretario de Estado, Marco Rubio, no se cansa de recordarnos ese dictum.
El ilegal ataque militar a Venezuela es, quizás el primer ejemplo del siglo XXI—no olvidar que en 1989 Estados Unidos invadió Panamá y secuestró al dictador Manuel Antonio Noriega—de un intervencionismo recurrente. Ahora, con una dimensión geopolítica global mayor: convertir a la región en territorio de contienda y laboratorio de ensayo del uso de la fuerza.
Una persona sostiene un arma durante una marcha convocada por el chavismo este 4 de enero de 2026, en Caracas (Venezuela). EEFE/ Ronald Peña R
Introducción
Los especialistas en la región sostienen que el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en las cárceles venezolanas, se ha expandido por toda América Latina(1).
En este marco y con una democracia sin legitimidad por el procedimiento empleado en las últimas elecciones de 2024 en Venezuela, el presidente de EEUU realiza actividad militar en el mar caribe y amenaza con intervenir en suelo venezolano para combatir el narcotráfico/ crimen organizado.
Tren de Aragua. Terrorismo en la región
El Tren de Aragua surgió en Venezuela alrededor de 2012 y es una banda criminal que comenzó controlando las cárceles en Venezuela y se expandió rápidamente a lo largo del país. Aunque inicialmente se dedicaba a crímenes como robos, extorsiones y secuestros, con el tiempo han diversificado su actividad, incluyendo el microtráfico de drogas, explotación sexual y laboral, y la trata de personas» 2
Argentina ha tenido terrorismo de Estado en 1970 bajo el paraguas del plan condor El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. 3
La Argentina ha padecido dos atentados terroristas en su propio territorio, con una significativa pérdida de vidas inocentes. El atentado en la Embajada de Israel de 1992 y elatentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, el más cruento sufrido en el Cono Sur a manos del terrorismo globalizado.
Estos actos en el marco en un alienamiento del gobierno nacional actual con Israel y una gran comunidad judía en la ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de Argentina, significan un riesgo de atentados islámicos. Cabe destacar que después de septiembre de 2001 (atentado a las torres gemelas New York EEUU) el conflicto terrorista se enquistó en Medio Oriente sin traspasar sus fronteras como en la década de 1990.
Conclusiones
El cambio de la política pública en USA para con América del Sur iniciada por Trump en su primer presidencia de manera económica que en nuestro país, se evidenció a través del acuerdo con el FMI con Argentina en 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri.
En este nuevo contexto internacional de guerra comercial entre China/ Estados Unidos, donde EEUU se centra en intervenir en América del Sur, debemos considerar al crimen organizado trasnacional y los distintos tipos de terrorismo radicalizados como nuevas amenazas regionales y nacionales. Esto conlleva una pérdida de soberanía política para la región que se ve escrutada por EEUU como ocurre con el despliegue actual en el Caribe
Bibiliografía
1. Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder, Por Walter Molina Galdi y Luis Peche Arteaga. Infobae Américas, 27 de noviembre de 2025.
2. ¿Quién es Giovanni Mosquera, el líder del Tren de Aragua por el que EEUU ofrece una recompensa de U$S 5 millones? El Observador, Uruguay, 2025.
3. Plan Cóndor. Una asociación ilícita para la desaparición forzada de personas. CELS. Publicación digital en pagina web.
En distintas latitudes –no solo en la Argentina– ha resurgido el interés por entender más y mejor el pensamiento libertario. Ideales como el Estado mínimo, la preeminencia del mercado, la primacía del individualismo, el imperio de la libertad, entre otros, han sido objeto de crecientes reflexiones, contrapuntos e investigaciones.
Pero una aspiración libertaria, escasamente difundida –al menos acá–, es el lugar del secesionismo en el proyecto libertario. De modo sintético, la secesión es el acto de separarse de un Estado para constituir uno nuevo.
El tema ha sido abordado desde distintos enfoques y disciplinas. Unos remarcan la existencia de un derecho a la secesión bajo determinadas condiciones. Otros, en clave de hecho político en el marco de las relaciones internacionales, destacan la existencia de encarnizados conflictos internos –étnicos, religiosos o de otro tipo– que se van degradando; siendo una de las salidas remediales la separación y la creación de, por ejemplo, dos estados.
También hay aportes desde la ética que intentan justificar o impugnar la secesión. Existen estudios de economía política sobre el valor y la importancia de recursos estratégicos abundantes que alientan disputas que, a su turno, alimentan la lucha por su control y el aumento de la corrupción: la combinación de pugna, dominio y envilecimiento incita a la violencia y con ello la propensión secesionista de los actores involucrados.
Para algunos, a partir de estudios históricos, una combinación de factores culturales y materiales pueden, bajo ciertas circunstancias, impulsar discursos de secesión que conducen, inadvertidamente o exprofeso, a prácticas secesionistas. En últimas, el secesionismo prospera en medio de un elocuente debilitamiento del Estado, sus capacidades institucionales y sus atributos de poder, en un contexto de desintegración social y ante dinámicas locales e internacionales que lo facilitan.
En tiempos recientes, ejemplos como el de Cataluña generaron un interesante debate en el que ha predominado la idea de que secesión y democracia son fenómenos antitéticos: se rompen los lazos de solidaridad, pertenencia, lealtad y coexistencia nacional debido a que un grupo de interés altamente movilizado procura desmembrar el Estado. Cabe anotar que hay países que expresamente, a través de la Constitución y/o por vía jurisprudencial, prohíben la secesión.
En breve, la secesión ha sido analizada desde diversos saberes, lentes políticos y principios básicos. En un escenario internacional de alta pugnacidad y con múltiples naciones fuertemente polarizadas, la quimera secesionista sobrevuela.
¿Cuál es el enfoque libertario? Ludwig von Mises, desde el liberalismo clásico, y en especial la variante anarco-capitalista en la que descuellan Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Thomas Woods y Liewellyn Rockwell, han sido enfáticos al reivindicar la secesión.
Para von Mises la secesión constituye un principio liberal clave, como lo expresó en “Liberalismo” y “Nación, Economía y Estado”. Rothbard se manifestó categórica y abiertamente a favor del secesionismo en varios textos: por ejemplo, en “The principle of secession defended”, publicado en 1967; en “Vive Le Quebec Libre”, publicado en 1977; y en “Nations by Consent”, publicado en 1994.
Hoppe fue igualmente elocuente en trabajos como “Small is Beautiful and Efficient: The Case for Secession” de 1996 y “Economic and Political Rationale for European Secessionism” de 1998.
Su sueño—a partir de su crítica a los procesos de integración y respecto a un ordenamiento mundial fallido–era una Europa constituida por “1.000 Liechtensteins”. Mientras Rockwell escribió en 2015 “The Libertarian Principle of Secession”, ese mismo año Woods ofreció una conferencia sobre “Secession: The Reasonable Option Everyone Resists”.
Sintéticamente, el pensamiento libertario ha ofrecido diversos argumentos para justificar el sentido y alcance de la secesión: para ese credo se trata un antídoto contra la despotismo, es un estímulo a favor del libre comercio, al tiempo que preserva la libertad y protege al individuo. Los libertarios no solo proclaman la utilidad del secesionismo, lo han considerado deseable.
En realidad un hilo conductor atraviesa el ideario libertario: la fuerza de la secesión pareciera nacer desde la sociedad y no desde el Estado. Sería un clamor social secesionista, y no las políticas públicas, las que empujarían en esa dirección. Una serie de condiciones domésticas impulsarían un afán independentista frente a un Estado opresor. La secesión operaria desde “abajo” y llevaría a un estadio social e institucional superior y mejorado.
El libertario presidente Javier Milei afirma que él es “el topo que destruye el Estado desde adentro”. ¿Será consciente de que la destrucción del Estado desde “arriba” podría, a su turno, incitar pulsiones secesionistas? Si no hay un proyecto unificador y plural inspirado desde el Estado ¿cómo evitar tales pulsiones? Si la batalla cultural implica que haya ganadores y derrotados ¿cómo lograr una sociedad cohesionada y eludir una fractura social, política y geográfica?
De hecho, la ilusión secesionista se puede transformar en un gran desvarío. Fernando Lizárraga lo evidencia, en su trabajo de 2017, (“Utopía y distopía del Estado mínimo en la Patagonia: sueños de secesión y pesadillas apocalípticas”). Recordémoslo para no abrir una Caja de Pandora.
En el reciente discurso de Bausili, presidente del BCRA podemos encontrar algunos puntos importantes de lo que pretenden las autoridades hacer de aquí en adelante. Lo más significativo es el superávit fiscal, y por lo visto para las autoridades es la piedra fundamental, digamos que gran parte del éxito esperado gira a su alrededor, pero no siempre se observa en los bolsillos de la gente ni en la actividad económica, aunque nadie duda de que debe lograrse. El aspecto que aparece luego como central es la remonetización. Por esta razón ponemos tanto énfasis en los indicadores monetarios y, según parece, pasan a segundo término la acumulación de reservas e incluso el tipo de cambio o resultan subyacentes a la monetización. Por ahora según Bausili seguiremos con las bandas, y quizás en algún momento se pueda flotar libremente. Pero todo esto lleva tiempo, aclara y por las dudas reitera la existencia de expectativas negativas y la necesidad de ir paso a paso. Pero se puede suponer que mantener las bandas es parte de la credibilidad que quieren tener, o sea no cambiar de un día para otro.
Cabe preguntarse cómo se remonetizará y se crecerá supuestamente un 50 % adicional en la Base Monetaria. No está claro, por lo menos para mí, como sería esto. El BCRA puede emitir y comprar dólares, siempre la principal fuente genuina es el saldo comercial entre las exportaciones y las importaciones. Bausile reitera: no provendrán de la Cuenta Corriente del balance de pagos, que seguirá siendo negativa o sea que se deben mirar los mecanismos de financiamiento, inversiones, préstamos a privados y provincias. Que por lo visto están funcionando.
Sigamos: Qué pasa o puede pasar cuando se incrementa la oferta monetaria. ¿Cómo y cuánto puede afectar a los precios?
Siempre aparece la discusión del corto y largo plazo en las cuestiones monetarias, pero podemos suponer que si aumenta la oferta monetaria disminuye la tasa de interés. Es lo que está ocurriendo. Sin perder de vista que en el país está siempre presente el tipo de cambio y las expectativas negativas. Entonces, ¿qué ocurre si las tasas son bajas? En principio se supondría que aumenta la demanda monetaria.
Si se afecta el Tipo de Cambio (se deprecia o aprecia el peso), el BCRA no dispondría de los dólares necesarios para intervenir, encauzar, apaciguar y abastecer, si es que pretende eso para sostener las bandas.
Es complicado seguir todo esto, pero teóricamente existe la posibilidad entonces de expandir la base monetaria por estos mecanismos. Debiéramos agregar la disminución de los encajes o directamente préstamos a los bancos. En todos estos procedimientos funciona luego el multiplicador bancario. Se puede agregar que el Tesoro de no renovar la totalidad de las deudas en pesos, puede agregar pesos al mercado.
La Argentina pudo sobrevivir a la inflación porque los indicadores marcharon al mismo compás, por ejemplo la marcha de la Inflación y el PBI a precios corrientes. Otro tanto se puede decir en la relación con el Tipo de Cambio. En algunas oportunidades el Tipo de cambio aparece apreciado o lo contrario, pero el rumbo es similar. O sea que los tres indicadores no se dan mucha ventaja a lo largo de los años recientes.
Mediante el Decreto 865/2025, el Poder Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesionará en forma extraordinaria desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025. En el anexo del decreto se establece que se tratarán los siguientes seis temas: a) presupuesto nacional 2026; b) compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria; c) flexibilidad laboral y de despido; d) reforma del Código Penal; e) modificación de la ley de glaciares para que cada provincia determine la distancia mínima para desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciares, y f) inocencia fiscal. Obviamente, pueden ampliarse los temas e incluirse una nueva y regresiva reforma tributaria o dejar su tratamiento para las ordinarias de 2026.
Los seis proyectos benefician básicamente al capital más concentrado del país y propician la inversión extranjera, avanzan sobre los derechos laborales y desfinancian al sistema previsional. A la vez se relajan los controles de ingresos y egresos de capitales, inclusive reduciendo y hasta eliminando medidas de prevención en la contaminación y el impacto ambiental.
Todo en procura de ingresos de divisas. Lo que, por una parte, se hace para cumplir con una deuda que se toma desenfrenadamente desde el gobierno de Cambiemos y que nunca se investigó a dónde se invirtió y en qué. Tampoco hay auditorías del FMI, que por su carta constitutiva obliga al organismo a fiscalizar la utilización del crédito. Y, por otra parte, se facilita la fuga, como lo demuestra el balance cambiario del BCRA, que revela que en diez meses transcurridos del año 2025, personas físicas compraron 34.420 millones de dólares.
En un circuito perverso de destrucción de la demanda interna por descenso del poder adquisitivo del grueso de la población, del cierre de establecimientos productivos de todo tipo, del aumento de las importaciones de bienes de consumo, paralelamente la demanda de dólares para compras y viajes al exterior alcanza cifras récord, como es récord la fuga de capitales. En este contexto, se eliminó para el corriente año 2025 el impuesto PAIS que gravaba la compra de divisas.
En ese marco de redistribución regresiva del ingreso al estilo “Hood Robin”, el Poder Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias para consolidar el modelo extractivista primario exportador.
El presupuesto de la Administración nacional 2026, que fue presentado en septiembre y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, plantea en su art. 1°: “El Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos y a libre ejecución del Poder Ejecutivo”. Además propone modificar la Ley 11.672 (Complementaria de Presupuesto) para eliminar la referencia al artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Actualmente, esa normativa exige que cualquier canje o reestructuración de deuda implique una mejora objetiva para el Estado, a través del cumplimiento de dos de estas tres condiciones: reducción de capital, extensión de plazos y/o baja de tasas de interés. De aprobarse la modificación, el Ejecutivo podría realizar canjes con objetivos de “ordenamiento financiero” aun cuando impliquen condiciones menos favorables.
Mediante el Mensaje 29 del proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que fue presentado en septiembre junto a la Ley de Presupuesto 2026, se establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo déficits financieros, con el mismo objetivo de darle facultades legislativas al gobierno, quien debe priorizar el pago de los servicios de la deuda.
Inocencia fiscal
El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, y por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, el 5 de junio de 2025 en el Ministerio de Economía de la Nación, frente a sus autoridades encabezadas por Luis Caputo, con el objetivo manifiesto de “blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los obtuvieron” y el no dicho de no investigar la compra de divisas y su fuga.
Una Argentina donde en diez meses personas físicas (ahorristas argentinos los denomina el gobierno) compraron 34.420 millones de dólares y no pagaron el Impuesto PAIS [1], que supo tener una tasa del 25%, hubiera recaudado en ese lapso un ingreso neto para el fisco de 8.605 millones de dólares.
Y la administración nacional debe arrodillarse ante los Estados Unidos para firmar un swap del que utilizó 2.600 millones de dólares y debió devolver a los pocos días (y nunca se informó qué tasa pagó por ello y se trata de dinero público). Ahora rezan para que les vuelva a prestar, cuando debió colocar un título en el mercado local (Bonar 2029N) por 910 millones de dólares a una tasa de 9,26% anual, para poder pagar los vencimientos de fin de año y de los primeros días de enero de 2026, que superan los 6.100 millones de dólares (de los cuales vencen bonos Bonar y Global por 4.500 millones) y restituir los 1.006 millones de dólares con que pagaron los Bopreales que vencieron en los primeros días de diciembre de 2025 y que, detrajeron del encaje de los depósitos en dólares, que los bancos tienen en el BCRA para abonarlos.
En este marco, el Poder Ejecutivo pide tratar el proyecto de Inocencia Fiscal que presenta dos esquemas: a) cambia el paradigma en el régimen general e invierte la carga de la prueba. “Todo contribuyente es inocente hasta que el ARCA demuestre lo contrario” [2]; y b) genera el blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, abonando el impuesto solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial, por lo que el contribuyente (persona física y empresas) calculará su monto a pagar solo por lo facturado sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo durante ese periodo (y obviamente tampoco la compra que realizaron de divisas y su fuga).
Ese día Juan Pazo sostuvo: “Además, con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes”.
Por su parte, José Luis Espert destacó que “durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambios e inflación alta empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión impositiva”. En este sentido, señaló que con el proyecto presentado habrá un cambio de sistema en materia tributaria en el que se abandonará “el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex AFIP presuponían que todos éramos culpables, y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Y agregó: “Para nosotros tiene que regir un régimen de inocencia fiscal».
El proyecto eleva la calificación del mínimo de evasión simple de 1,5 millones de pesos a 100 millones, y el de evasión agravada de 15 millones de pesos a 1.000 millones. De esa manera, de 7.000 causas abiertas en el fuero tributario solo quedarán abiertas 200. Es más, pueden saldar las deudas antes del juicio pagándolas, y si el juicio está en curso, pagan un 50% más de la multa que les corresponde y quedan libres de culpa y cargo; total, es plata del fisco que teóricamente la ARCA debería fiscalizar y cobrar.
Juan Pazo explicó que la prioridad de su gestión es «cambiar el enfoque tributario en la Argentina para dejar de tener una matriz persecutoria» y de esta forma va a crecer la recaudación. En ese sentido, admitió que la evasión tributaria por IVA en el 2024 fue mayor al 37% («un nivel de evasión similar a la postcrisis del 2001») y que se registra un 40% de informalidad en el mercado laboral, pero como si todo eso no importara, por medio del Decreto 353/2025, publicado en el B.O. del 23 de mayo de 2015, y en el marco de la modificación de las normas monetarias y cambiarias, se establece que se simplifican y desregulan todos los trámites relacionados en la inversión y en la adquisición de bienes, y que quienes se adscriban al Régimen Simplificado de Ganancias quedan exceptuados de declarar los bienes y las deudas en el país o en el exterior (obviamente las medidas impuestas obstaculizan la investigación de los auto préstamos, las triangulaciones de las exportaciones, y los precios de transferencias de las importaciones).
También instrumenta las resoluciones RG 5697, que deja sin efecto el régimen de información sobre negociación, oferta y transferencia de inmueble (COTI), y RG 5696, de secreto fiscal, que limita el requerimiento por parte de los sujetos obligados de informar a la UIF (Unidad de Información Financiera) del pedido de declaraciones impositivas a los clientes: a) cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI); b) operaciones de intermediación y/o compraventa de vehículos automotores y/o motovehículos usados; c) préstamos con garantía hipotecaria y transferencias de dominio de bienes inmuebles, cesiones de derecho y actos simultáneos; d) expensas y gastos comunes para countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados, edificios de propiedad horizontal y otros; e) empresas que presten el servicio de suministro de energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija y telefonía móvil (celular).
La ARCA
El Gobierno de Javier Milei el 21 de octubre de 2024 disolvió la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para reemplazarlo por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Esto esencialmente modificó las misiones y funciones y le confirió mayor poder a la dirección política, y no exige la firma del personal de planta en sus resoluciones y procedimientos.
En un principio continuó como titular Florencia Misrahi, del Estudio Lisicki & Litvin, y fue reemplazada el 9 de diciembre de 2024 por Juan José Pazo, quien fuera CEO de las empresas textiles de Francisco De Narváez. Además, se desempeñó como director ejecutivo en firmas offshore relacionadas con Rapsodia Argentina[3], empresa cofundada por su esposa. En 2020 fundó Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y chips para trazabilidad de las vacas, en sociedad con un hermano de Luis Caputo. En el sector público fue director de la UIF (Unidad de Información Financiera) en el inicio del gobierno de Mauricio Macri y luego superintendente de Seguros de la Nación desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019. No bien asumió como ministro, Luis Caputo lo nombró secretario coordinador del Ministerio y siempre lo acompañó en las reuniones con los empresarios locales.
A Andrés Gerardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, que fue estrecho colaborador de Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP, se lo nombró titular de la DGI (Dirección General Impositiva), y fue, en ese momento, denunciado ante la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su patrimonio [4], y anteriormente, en el año 2011, el fiscal federal Federico Delgado solicitó su indagatoria en una causa en la que se investigaba la transferencia de 461.000 dólares a cuentas en Suiza y Luxemburgo a través de una “cueva financiera” del BNP Paribas sin declarar.
Podríamos seguir refiriéndonos al resto de los funcionarios de la ARCA, pero basta con señalar que el jefe de la División Investigaciones de ARCA de la provincia de Tucumán, Mario Martínez Salazar Pérez, fue denunciado y la Justicia intervino e hizo allanar las oficinas de la calle Maipú 50, en pleno centro de la ciudad de Tucumán, que son de su propiedad, el jueves 4 de diciembre de 2025, por ser una «cueva» financiera dedicada al cambio de dólares en negro, descuento de cheques, operaciones con criptomonedas, préstamos usurarios y presunto lavado de activos. Su hijo, Jerónimo Martínez Parada, está directamente vinculado a la estructura de RT Inversiones, una financiera piramidal que estafó a más de 60.000 personas en Catamarca y fue detenido en noviembre de 2022.
Como director general de Aduanas se nombró a José Andrés Velis, impulsor de sistemas informáticos para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que conforma el ineficiente control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El gobierno afirma que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis es vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador. Veliz estaba jubilado y vivía en Paraguay.
En síntesis
Funcionarios venales favorecen el endeudamiento y la reducción de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad, quienes fugan divisas y hacen retornar una parte como deuda. Y la ARCA y la legislación vigente y la que propician llevan al colapso de la deuda con el único fin de que el país remate a precio vil su rico patrimonio natural y construido. Y la amplia mayoría de la población sin siquiera comprender los hechos evidentes.
[1] El impuesto PAIS dejó de cobrarse el 23 de diciembre de 2024, luego de que venciera el plazo de cinco años por el que fue creado, y la actual gestión decidiera no prorrogarlo. Se trataba de un tributo que gravaba las compras de bienes y servicios en el exterior con tarjetas de crédito y débito, la adquisición de divisas para ahorro y la importación de productos. En 2024, este impuesto representó el 6,54% del PIB (unos 36.000 millones de dólares).
[2] La lectura entre líneas: para ser inocentes, deben pasar por la oficina del ARCA.
[3] Rapsodia es una marca argentina de ropa femenina, fundada en 1999 por Sol Acuña, Josefina Helguera y Francisco de Narváez.
[4] El caso surge de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reveló que Vázquez compró tres departamentos en Estados Unidos, entre 2013 y 2015, valuados en más de 2 millones de dólares a través de una sociedad offshore.
