David Ricardo (1722-1823) fue uno de los padres de la economía política, con dos grandes méritos. El primero: fundamentar la teoría valor-trabajo, esto es, la economía es el trabajo de transformación de los elementos que nos brinda la naturaleza para que sean útiles al ser humano, por lo tanto es ese trabajo el que crea el valor. De esa manera, da respuesta a la pregunta que se hacía Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.): ¿Por qué se comercia en los mercados persas un par de sandalias por un par de almohadones? La respuesta de David Ricardo fue: por el tiempo de trabajo que implica la producción de esos artículos.

Su segundo aporte a la ciencia es el concepto de renta económica, y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas –sostenía Ricardo–, uno con campos mucho más fértiles que el otro. Ambos venden los granos al mismo precio, pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores que los costos del que es propietario de las menos fértiles, y su rinde es mucho mayor. El precio del mercado es el de la tierra menos fértil. He aquí la renta agrícola. Y por extensión a las demás rentas (petrolera, minera, financiera, etc.), la renta es una utilidad en la que no hubo un aumento del esfuerzo humano o un incremento de la inversión productiva para obtenerla.

Carl Marx (1818-1883) estudia a David Ricardo y trata de explicarse: si el trabajo genera el valor, ¿por qué los trabajadores viven miserablemente? El patrón se apropia de lo que le corresponde al trabajador, y puede hacerlo por la propiedad privada de los medios de producción. La explotación de los trabajadores consiste en la expropiación del producto de su trabajo.

La verdadera libertad del marxismo es que el trabajador deje de ser explotado por el capital, como la libertad del esclavo es dejar de serlo. Uno es libre si la totalidad del fruto de su trabajo es para sí mismo, y no si debe darle una parte al capital.

La segunda pregunta que se hacía Aristóteles es: ¿Por qué es más valioso el oro o el diamante (que en el siglo III a.C. se usaba solamente como ornamentación) que el agua, que es indispensable a la vida? La respuesta la dio la llamada Escuela neoclásica (liberal) en 1871. William Stanley Jevons en Inglaterra, Carl Menger en Austria y León Walras en Suiza tomaron este razonamiento, inventando el concepto de utilidad marginal, que determina el valor de un bien en función del uso menos productivo. De esa manera negaban la teoría del valor-trabajo y de su apropiación por los dueños del capital. Toda la teoría económica neoclásica (liberal) se generó para refutar a los economistas clásicos (Adam Smith, William Petty, David Ricardo) y a Marx.

Es más, los marxistas proponían una sociedad sin clases, para lo cual era necesario, primero, que los trabajadores derrotaran a los patrones y constituyeran la dictadura del proletariado.

Es la llamada segunda generación de economistas liberales, que en Viena, Austria (escuela austriaca) tuvo como referente a Ludwig von Mises, la encargada de refutar al marxismo.

Von Mises (1881-1973) publicó en 1922 su libro El socialismo: un análisis económico y sociológico”, donde afirmó que el sistema comunista no podía ser eficiente ya que le faltaba el mecanismo de precios que hacía que la distribución de los recursos fuera la adecuada, como sucedía en el sistema capitalista. Por supuesto, en ese sistema de precios omite al grado de concentración de los mercados y la prevalencia del capital financiero. El libro pasó sin pena ni gloria hasta el derrumbe del socialismo soviético en 1991.

Mises tuvo seguidores en los países desarrollados como Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Hans Sennholz, George Reisman, Peter Boettke, Roger Garrison, Manuel Ayau y Joseph Keckeissen, entre otros.

Friedrich Hayek (1899-1992), con una teoría pro-mercado más extrema que su maestro, fue referente de Álvaro Alsogaray (1913-2005), quien fuera ministro de Economía de Arturo Frondizi en 1959-1961 y de José María Guido en 1962. En ambos gobiernos acordó con el FMI. En el primero ejecutó el Plan Larkin, que consistió en abandonar el 32% de las vías férreas existentes, despedir a 70.000 empleados ferroviarios y reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches. Así se inició la masiva eliminación de locomotoras a vapor y una larga serie de cancelaciones y levantamiento de vías. El plan se suspendió por efecto de una huelga ferroviaria de 42 días en 1961.

En 1962, en la presidencia provisional de Guido y para reducir el déficit fiscal, emitió el “Bono 9 de julio” [1], con el que se pagó parte del sueldo a los empleados estatales, quienes para llegar a fin de mes debieron venderlos a mucho menos de su valor nominal a especuladores financieros.

En esa época, quien en el país dudara del liberalismo quedaba defenestrado por la práctica de Alsogaray, Pinedo, Martínez de Hoz, Roberto Alemann, Coll Benegas, Jorge Wehbe y Krieger Vasena. Todos ellos ocuparon el cargo de ministro del área entre septiembre de 1955 (Revolución Libertadora) y octubre de 1963, cuando asumió como Presidente el Dr. Arturo Illia.

Volvieron los liberales con Martínez de Hoz y el golpe militar de 1976, en una nueva reconversión del capital financiero y con ello de la estructura económica del país. El objetivo económico y social del golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue romper el modelo de crecimiento en base a la sustitución de importaciones y con ello la alianza social entre trabajadores y empresarios ligados al mercado interno, donde más vendían cuando los asalariados tenían mayor poder de consumo.

Dependencia y sumisión

El liberalismo hoy en la Argentina no lo imponen los militares, como en 1955, 1966 y 1976. Sí continúa haciéndolo el FMI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos [2], razón por la cual avaló, aceptó o impuso a Juan Sourrouille, a Domingo Cavallo, a Roque Fernández, a José Luis Machinea, y después trató de condicionar a Remes Lenicov y a Roberto Lavagna. Dejaron de hacerlo en enero de 2006, cuando Néstor Kirchner pagó la suma que se adeudaba y nos liberó de las políticas de seguimiento y control del FMI.

Retomó la subordinación al organismo internacional el crédito stand by del gobierno de Cambiemos. Y el acuerdo de Martín Guzmán de plan de facilidades extendidas fue peor, no solo por el grado de exigencias, sino porque no se investigó la deuda por más de 100.000 millones de dólares contraída durante la gestión de Mauricio Macri, y se la está pagando, sin determinar en qué se invirtieron esos fondos.

Ahora, la propuesta de Javier Milei es incluso de un grado de dependencia y sumisión aún mayor. Más allá de las facultades mentales del candidato de La Libertad Avanza, pregona una visión más ultra-liberal y ruin que sus antecesores.

Milei repite hasta el hartazgo lo escrito por el estadounidense Murray Rothbard (1926-1995), que fue el encargado de definir el libertarismo moderno y popularizar una forma de anarquismo y libre mercado. Al defender su teoría en su libro Sociedad sin Estado, Rothbard postuló: “Yo defino la sociedad anarquista como una donde no hay posibilidad legal para la agresión coercitiva contra la persona o los bienes de cualquier persona. Los anarco-liberales se oponen al Estado, ya que tienen su propio ser en tal agresión, es decir, la expropiación de la propiedad privada a través de los impuestos, la exclusión coercitiva de otros proveedores del servicio de defensa de su territorio, y todas las otras depredaciones y coacciones que se basan en estos dos focos de invasión de los derechos individuales”.

En un país como el nuestro, donde los impuestos al capital son mínimos, incluso con respecto a nuestra propia historia (que ya es mucho decir), Milei pregona que pagar impuestos es un robo y que el Estado no debe existir, cuando en la Argentina el mayor desafío en lo que va del siglo (la pandemia por el Covid) fue combatido a través de hospitales y dependencias de salud pública.

Los que asisten a la población empobrecida por el persistente aumento de los precios fijados por las grandes empresas del combustible, del acero, del aluminio, del azúcar, de la leche, de la carne, de la yerba, de la harina, del aceite, etc., son los diversos estamentos del Estado. Se llega a esta situación porque es el Estado el que no ejerce el rol de contralor para el que lo facultan las leyes. No es que debe desaparecer el Estado, sino que, al contrario, debe cumplir con el mandato que le da la Constitución Nacional de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.

Finalmente Rothbard, en otro de sus libros, sobre “ley y orden”, se refiere a conceptos sensibles, sobre todo en una sociedad con tantas carencias como la argentina. Para el anarco-capitalismo es también violento que el Estado monopolice la seguridad y la Justicia. El ejemplo es la hermana República de Colombia, donde la seguridad interior también es realizada por compañías privadas y los resultados no pueden ser peores.

Es obvio que estos trabajos teóricos no tienen otra práctica que la de justificar el predominio del más fuerte (poseedor del capital o que trabaja o es funcional al capital) y negar al Estado, para que no cumpla el rol de regular (establecer las reglas de juego) la economía de un país. Por eso la crítica denodada a los trabajos de John M. Keynes (1883-1946) y todos los que proponen el rol planificador y de fijación de objetivos de un Estado. Para Keynes, el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. El mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Keynes asevera en su libro [3] y en sus trabajos que “los mercados [4] pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que una persona o una sociedad puede mantener su solvencia”.

La Argentina

Toda la parafernalia de una teoría estrambótica llevada a cabo por una persona que dice y se desdice, lo que logra en la Argentina actual es que no se discuta cómo se genera el producto y cómo se distribuye, y tampoco cómo se genera la renta de la tierra y cómo se reparte esa renta, que es para David Ricardo el principal objetivo de la ciencia económica. En ese sentido, el objetivo de los grandes grupos financieros se ha cumplido y se cumple a rajatabla.

Los dueños de la tierra en la Argentina pagan por impuesto inmobiliario rural solo el 0,3% del PIB, mientras el IVA que pagamos todos cuando adquirimos un bien o un servicio representa el 9,6% del PIB. En todas y cada una de las provincias se recauda más por patente automotor o por impuesto inmobiliario urbano que lo que se percibe por el gravamen a las tierra rurales. El total de los derechos de exportación (retenciones) de los diez primeros meses de 2023 es solo el 0,7% del PIB, y la Mesa de Enlace dice que es un robo.

En este país es una burla que se pregone el fin del Estado, cuando solo mediante políticas públicas orientadas se puede aumentar el producto, lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. Si el Estado en nombre de todos no planifica el futuro, serán los grupos financieros (para los que Milei trabaja) los que planifiquen por nosotros.

[1] “Empréstito de Recuperación Nacional 9 de julio”. Fueron emitidos por la suma de 15.000 millones de pesos moneda nacional, con un interés del 7% y por un plazo de 25 años. El dinero de los bonos enseguida se devaluó y en 1963 representaba el 70% de su valor real. Para llegar a fin de mes, muchos empleados estatales debieron venderlos a mucho menos de su valor nominal a especuladores financieros. Para hacer frente a las obligaciones que surgieron de estos préstamos fue necesario pedir una extensión del préstamo con el FMI.

[2] Es el departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de Estados Unidos, equivalente a los Ministerios de Asuntos Exteriores de otros países, y forma parte del Poder Ejecutivo de ese país.

[3] La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, J.M. Keynes, Fondo de Cultura Económica.

[4] Keynes dice textualmente “the markets” (los mercados), no “the politics”, como lo traducen mal a sabiendas quienes maliciosamente quieren decir otra cosa. Y lo que Keynes asevera es que la lógica de ganancia de los mercados va en contra de la lógica económica y social. 

Anarco-capitalismo

Esta nota pretende divulgar conceptos para debatir ideas. Se inspira tanto en los límites de la democracia como acción como en su reconocimiento como contexto decisional. Y se nutre del excelente artículo de Andrés Musacchio «El concepto de «democracia económica» y los debates sobre la salida (de la crisis) del capitalismo» CEC Año 9, Nº 17 (2023) pp. 35- 57. Los errores de lectura y de interpretación que existen son sólo atribuibles a mis propias incapacidades.

En un sistema económico como el capitalismo (propiedad privada, maximización de beneficios empresariales, acumulación financiera de la plusvalía, concentración del poder económico sobre el político), la democracia económica es un oxímoron. La democracia supone un contexto individual de libertad de elección que no se da en el Mercado en el que las empresas diseñan estructuras oligopólicas y poder de fijación de precios en las que la autonomía del consumidor es una ilusión.

La idea del consumidor como elector, consumidores que votan a través de sus elecciones de góndola, es una suerte de sarcasmo del poder, un insulto a la racionalidad social: cuando los consumidores compramos un bien o un servicio sólo buscamos satisfacer necesidades y deseos dados nuestros ingresos y los bienes y servicios disponibles en precio y cantidad. Cuando enciendo el gas de mi cocina no voto por Camuzzi, satisfago mi necesidad de fuego. Igual que cuando compro el pan no voto por el panadero que es conservador y reaccionario (lo vota a Milei, así que imaginense).

La economía tiene esa materialidad propia de nuestra condición humana: las necesidades. Que tienen un componente objetivo, en tanto somos materia y un componente subjetivo, en tanto nos moviliza la voluntad. Nuestras necesidades son carencias unidas a un deseo de eliminarlas.

El neoliberalismo -perdón los posmarxistas- es materialismo puro. Nos ha formateado un sentido común en el que todo es crematística y mercadotecnia. Crematística como economía política del dinero y mercadotecnia como dirigismo del consumo. Esa lógica es prevalente aunque nos crispe como portadores de razón humana. La educación, la seguridad, la justicia, el matrimonio, el asesinato, la religión, todo es y se puede analizar como hecho económico. Ese discurso fundante del neoliberalismo cristalizó con el Nobel de economía 1992 para Gary Becker por proponer el análisis microeconómico como base de la comprensión del comportamiento humano fuera del mercado.

La discusión sobre cómo aplicar la democracia económica a lo macro, meso o micro no pertenece a la agenda de la vida cotidiana, pero debería ser abordada para comprender mejor sus implicancias.

El nivel micro refiere al interior de las empresas con énfasis en la organización participativa (o no) del proceso de trabajo del que surgen preguntas tales como es nuestra empresa democrática?, existe cogestión de los representantes obreros?, se humaniza el trabajo con estándares laborales?. En fin, es la nuestra una organización participativa, que reemplaza la organización autoritaria típica del capitalismo? En este plano, la democracia económica enfatiza la calidad del trabajo, la formación del trabajador y el rol coparticipativo de los trabajadores, pero elude abordar la cogestión administrativa directa. En realidad, se reconoce que la democracia económica sólo sería posible superando las relaciones capitalistas de producción y la humanización del trabajo.

¿Pero cómo abandonar la propiedad privada que, desde Proudhon, sabemos que es un robo?

La pregunta abre el debate: ¿cuáles son las formas alternativas de propiedad de los medios de producción por parte de los trabajadores de una empresa para una transformación del proceso de acumulación que supere la alienación y la contradicción entre salarios laborales y ganancias empresarias, típicas del capitalismo, y el desinterés provocado por una propiedad difuminada en la sociedad?

El contexto que derive de una respuesta garantizaría una economía humanizada cuya propiedad no estuviera ligada a personas individuales -ni sea divisible entre ellas- sino que pertenezca al colectivo de trabajadores de la empresa, que no tendrán derecho de repartirse el capital, y cuya administración la ejerce un gremio elegido cuyo objetivo sea una administración productiva eficaz.

La democratización de la empresa debería combinar la utilización eficiente de los recursos y los excedentes con una nueva distribución de la riqueza y el ingreso para quebrar el vínculo entre individuos y propiedad por medio de un capital social colectivo. La conducción de la empresa debe ser ejercida por managers elegidos por los trabajadores, en quienes se delegan determinadas funciones. Como los ingresos y el empleo dependen de una administración eficiente, es esperable que la autogestión y la elección de managers sea al menos tan eficiente como en una empresa capitalista. Pero aquí se ganaría en transparencia, balanceando mejor los principios de equidad y eficiencia y utilizando más racionalmente los recursos.

Pensado desde la democracia económica, un problema fundamental es la asignación de los recursos en el proceso de creación de valor. Por eso, cobran relevancia las formas en que la sociedad distribuye el trabajo para satisfacer las necesidades sociales. ¿Cómo decide una sociedad democrática la distribución adecuada de los recursos? ¿Quiénes y de qué manera deciden sobre la distribución de los excedentes? ¿Cada colectivo de trabajadores dispone sobre su propio excedente o hay una instancia social superior? ¿Quién coordina las decisiones individuales y colectivas? Las preguntas abordan cuestiones técnicas difíciles de resolver.

Queda claro que una democracia económica implica una asignación de recursos bajo el rol regulador del Estado, la estatización de los grandes conglomerados empresariales formadores de precios y la planificación orientada por el Estado como «representante» del conjunto de la sociedad.

Los mercados no admiten una interpretación mecanicista, son sistemas sociales complejos cuya funcionalidad -en una sociedad postcapitalista- es relevante dado que la sociedad actual es híbrida (no exclusivamente capitalista) y que su transformación implica receptar las diversas formas no capitalistas existentes (como la economía circular, por ejemplo). El problema no es optar por la planificación o por el mercado, sino articular mecanismos sociales de planificación participativa con la actuación económica de mercado en la gestación de la producción y distribución de diferentes tipos de bienes y servicios con el control social de las inversiones.

Es fundamental comprender que la reasignación de los excedentes es una cuestión pública, no privada. Eso implica una tarea política de regular los mercados que es todo lo contrario de algo sencillo, mucho más si se lo pretende hacer de manera democrática y de forma que garantice su funcionamiento. Precisamente los controles no funcionan porque se carece de una base de apoyo en la democracia económica.

Musacchio afirma que la democracia económica es un proyecto social de transformación de las relaciones de poder y no una mera ingeniería sociopolítica.

Sin embargo, es posible efectuar algunos progresos a nivel provincial. Un ejemplo sería avanzar en la participación social y laboral en Petrominera Chubut Sociedad del Estado. Democratizar su gestión impulsaría su inserción en el amplio mercado de la energía y la minería y ejemplificaría las ventajas operativas y económicas de la democracia. Claro que es imposible pedir este diseño a un gobierno de raigambre neoliberal y conservadora. No importa, será.

Jorge Manuel Gil es economista y ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia.

https://www.elextremosur.com/nota/46290-cacotomia-neoliberal-puede-la-democracia-economica-empezar-por-petrominera-chubut-se/

El 25 de octubre de 2016, el Presidente de la Argentina en ese momento, Mauricio Macri, recibió en la Casa Rosada a Laurence “Larry” Fink, CEO y fundador de BlackRock, el fondo global de origen estadounidense y administrador de activos más grande del mundo, quien le comunicó su interés de invertir en el área financiera, energética y minera del país. El encuentro se realizó en el despacho presidencial y participaron, también, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el asesor presidencial en materia de inversión extranjera, Horacio Reyser Travers.

Fink visitó a Macri en la Casa de Gobierno y BlackRock se convirtió en uno de los primeros en apostar por las LEBAC (letras del BCRA). Antes había organizado, en septiembre de 2016, el primer viaje de Macri como Presidente a Nueva York, un encuentro con empresarios donde distribuyó un dossier alabando el “extraordinario potencial” del país para las inversiones financieras y energéticas.

El 6 de noviembre de 2017, en las oficinas de BlackRock ubicadas en el corazón de Manhattan, se reunieron los gobernadores Miguel Lifschitz, Gustavo Bordet y Juan Schiaretti, el senador Federico Pinedo, los legisladores Diego Bossio y Rodolfo Urtubey, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en representación de la Argentina. Y entremezclados, como asigna el protocolo, se encontraban los socios del magnate Fink: Andrew Liveris, CEO de Dow Chemical Company; Sue Wagner, miembro del directorio de Apple; Darío Speranzini, CEO de General Electric; Clay Neff, presidente de exploración de Chevron para África y América Latina; Jorge Pérez, CEO de Real Estate Developer de Tishman Speyer, y Laxman Narasimhan, CEO para Latinoamérica, Europa y África de PepsiCo.

BlackRock es un fondo de cobertura que emplea a unas 14.000 personas en 30 países en los que tiene oficinas que venden productos financieros y que se dedican a invertir en empresas y títulos públicos; declara administrar activos en el mundo por ocho billones de dólares (16,5 veces más que nuestro PIB anual). Tiene participación accionaria en JP Morgan, Chevron Corporation, Repsol S. A., Dow Chemical Company, Ford, General Motors, Tesla, Bayer-Monsanto, NVIDIA, IBM, Apple, Amazon, Microsoft, Google, PepsiCo, Coca Cola, Viacom (conglomerado mediático estadounidense con intereses mundiales, en la Argentina con Telefé), Warner Bros, McDonald’s, Starbucks, Netflix, Fox, Procter & Gamble, Unilever, etc.

En la Argentina ya tenía participación en varias empresas que están en el país, pero su presencia se expandió fuertemente tras el gobierno de Cambiemos, y es accionista en:

• los cuatro primeros bancos privados que operan en el país por volúmenes de depósitos (Santander-Río; BBVA; Galicia, y Macro) y en el HSBC;
• las dos principales empresas que compraron dólares para fugarlos en los cuatro años de gestión de Cambiemos, que son Telefónica Argentina, que compró 1.248,2 millones de dólares, y Pampa Energía, que compró 903,8 millones de dólares;
• YPF, donde posee 9.770.000 de acciones correspondientes al 5,67 % de los papeles en circulación en los mercados de capitales de Buenos Aires y Nueva York;
• TRASENER; en Transportadora de Gas del Sur, y en Transportadora de Gas del Norte;
• Glencore, que es Viterra en la Argentina (ex Oleaginosa Moreno), que se fusionó con Bunge y es la principal acopiadora y comercializadora de granos del mundo. Glencore participa también la explotación de oro y cobre en el país;
• Central Puerto, Loma Negra, IRSA, Tenaris (Techint), Mercado Libre, Arcos Dorados, Adecoagro y en todas las subsidiarias de las empresas en que participa en el mundo;
• el otro gran fondo de cobertura que apostó fuertemente en la Argentina de Cambiemos, Franklin Templeton, que teóricamente tenía más información del país por trabajar para ellos Gustavo Cañonero [1], quien había sido jefe de Luis “Toto” Caputo y de Santiago Bausili en el Deutsche Bank [2].

Fue el lunes 14 de mayo de 2018, un día antes de uno de los mega vencimientos de LEBAC que jaqueaban al gobierno, cuando los dos fondos de origen norteamericano (BlackRock y Franklin Templeton) trajeron dólares frescos al país para convertirlos en la primera emisión de BOTE 2023 y 2026 (Bonos del Tesoro de la Nación) nominados en pesos y a una tasa fija del 20 % anual [3]. Así abastecieron la demanda de divisas que ese día aparecería por la tendencia de los fondos internacionales de salir de las LEBAC y zambullirse en los dólares abastecidos por el Banco Central.

Mauricio Macri

La familia Macri fue una de las grandes beneficiadas de la dictadura cívico-militar y después por el menemismo. Hasta 1976 el grupo tenía siete empresas y su facturación total no superaba los cien millones de dólares anuales. Incrementó la cantidad de empresas a 50 —entre ellas Mirgor SACIFIA, Philco S. A., Pluspetrol S. A., Manliba S. A., Itron (en alianza con el grupo Siemens), GNC Galileo (Gas natural), Distribuidora de Gas Cuyana y del Centro, Citrus Trade Famaillá, Sideco Americana (Construcción), IECSA (Construcciones en Argentina), Correo Argentino S. A., Líneas de Transmisión del Litoral (Transporte de Energía eléctrica), etc.— y se convirtió en uno de los grandes grupos locales.

Es desde esa posición de la que Mauricio Macri, hijo primogénito y referente de la familia, se lanzó a la carrera política, primero como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el grupo crecía en inversiones inmobiliarias (Torre de Bulnes, Madero Plaza; además de tener emprendimientos en otros puntos del país —Pluma de Pato en Salta, Parques Eólicos Miramar S. A.[4]—) y en empresas offshore (Kagemusha, Latinum Investments) y luego como Presidente de la República en 2015-2019.

Es obvio que BlackRock prefiere tener como socio y controlador del gobierno a Mauricio Macri que a Javier Milei, del que duda que esté en su sano juicio, y desplazó en el operativo a su empleado Darío Epstein, quien le aseguraba el triunfo electoral de Javier Milei sin necesidad de los buenos oficios de Macri.

Macri, con años en la política argentina y con mejor información, le aseguró a Larry Fink que, derrotada Patricia Bullrich, iba a dividir el frente de Juntos por el Cambio y que mayoritariamente se sumarían a La Libertad Avanza, condición sine qua non para ganar las elecciones del 19 de noviembre de 2023.

Fueron dadas a conocer por distintos medios las condiciones impuestas por Macri a Milei cuando lo invitó junto a su hermana Karina a cenar a su casa en Acassuso y, para los postres, ingresaron los que encabezaban la fórmula perdedora, Patricia Bullrich y Luis Petri. Estas se resumen en generar las condiciones para que los fondos de cobertura y principalmente BlackRock se queden a precio vil con Vaca Muerta, YPF; para que esta última recupere parte de los más de 2.000 millones de dólares en títulos de deuda del Tesoro Nacional que posee y continúe expandiendo su participación en empresas locales.

Por eso no fue casualidad que, en su discurso del miércoles 1 de noviembre de 2023, en el 13.º Foro de Negocios ABECEB, que se desarrolló en el Faena Art Center de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri dijera: “Se gastan todas las reservas del BCRA y cuando se les acaba le dan a la maquinita y le echan la culpa a que cuando hay inflación y los precios crecen, según su manual, son los supermercadistas. Cuando congelan las cosas, segundo manual, los señores petroleros que quieren ganar plata, entonces no venden la nafta porque no tuvieron precio para invertir, se quedan sin energía, las empresas que distribuyen energía colapsan y siempre el poderoso es el culpable”.

En primer lugar, el BCRA  vendió 28.430 millones de dólares de las reservas internacionales, desde el 1° de enero de 2020 al 30 de junio de 2023, a 63 pesos y a $ 263,68 pesos por dólar, para que pudieran pagar sus supuestas deudas en el exterior las empresas locales (todas miembros de la Fundación Mediterránea), más Clarín, más Techint, más el grupo Eurnekián, más Ledesma, etc., y en menor medida las empresas extranjeras como Toyota S. A. y Shell S. A.

YPF, Raizen (Shell), Trafigura (PUMA) y PAE son las cuatro grandes distribuidoras de combustibles del país. En la Argentina se producen 645.500 barriles diarios de petróleo y no se refina lo suficiente para el mercado interno, lo que obliga a la importación de combustible refinado para garantizar el abastecimiento local. Es decir: exportación de petróleo, que asegura dólares competitivos a las empresas (30 % de las ventas al exterior se liquidan al pecio del CCL), y dólares baratos para importar combustible refinado (compran a precio oficial).

La queja de esas empresas es que al instrumentarse el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) desde el martes 17 de octubre de 2023, deben contar con una cuenta corriente única de comercio exterior para registrar todas las operaciones cambiarias que se dieron en los últimos dos años (que es fácilmente verificable). Esas entidades, cuando piden autorización para importar, si cuentan con dólares registrados en esa cuenta única de comercio exterior, deben usarlos, entonces se niegan a importar porque no quieren pagar con dólares propios.

Macri les promete abandonar el SIRA y su ex ministro, Juan José Aranguren, ex presidente de Shell Argentina S. A., dijo en estos días que: “El litro de nafta debería estar llegando a los 900 pesos”.

En defensa propia

Mauricio Macri ofrece sus buenos oficios como socio menor de los fondos de cobertura, pero genera un cimbronazo en la Fundación Mediterránea y en los demás grupos locales, que saben que también vienen por ellos.

Domingo Felipe Cavallo, después de la derrota de Malvinas en que se reemplazó a Galtieri por Bignone, pasó a ser, en julio de 1982, presidente del BCRA. Su gestión duró solo 53 días, pero le permitió crear los seguros de cambio para las empresas endeudadas en el exterior y, de esa manera, hacer que estas transfirieran su deuda en dólares al Estado nacional. El Estado, por su parte, creaba títulos de deuda (BONEX) para pagarle a los acreedores externos (Comunicación A-163 del BCRA del 15/07/1982); con ello, disminuyeron sideralmente la deuda de las grandes empresas y se la impusieron al pueblo argentino. Sevel (Macri) adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, 649 millones de dólares; Compañía Naviera Pérez Companc, 211 millones de dólares; Loma Negra, 62 millones de dólares, entre otras.

Las empresas beneficiadas por el seguro de cambio —las más fuertes del país— se sumaron fervorosamente a la Fundación Mediterránea, reconociendo de hecho al hábil economista que les había evitado echar mano a sus capitales fugados al exterior para pagar sus deudas con el mundo.

Pero Cavallo, cuando era ministro de De la Rúa, jugó a favor del capital extranjero (los dolarizadores) contra la burguesía local. Por eso, el que era presidente de la Fundación Mediterránea, Martín Amengual, aseveró: “No es que reneguemos de lo que ha hecho Cavallo, que creemos que lo hizo con su mejor buena fe, pero hoy estamos con otro rumbo, otro diagnóstico y otra preocupación”.

Mauricio Macri no está exento de que le pase lo mismo.

[1] Franklin Templeton Investments es socio de SBS Asset Management, fondo del que Gustavo Cañonero era director antes de asumir como vicepresidente del Banco Central. 

[2] Santiago Bausili fue procesado por «negociaciones incompatibles con la función pública», por participar de la contratación del Deustche Bank como intermediario en la colocación de deuda pública, pese a que había trabajado en esa entidad bancaria hasta dos días antes de asumir en la función estatal y que recibió acciones de la entidad hasta septiembre de 2018 como retribución a su retiro. Es más, mientras era funcionario (subsecretario de Finanzas desde el 11 de diciembre de 2015 y luego secretario, reemplazando a su jefe, Luis «Toto» Caputo, cuando este pasó a ser presidente del BCRA) violó la ley de ética pública, porque debería haberse abstenido de intervenir en todos los asuntos que tuvieran vinculación con el Deustche Bank por al menos tres años, según dice la presentación del fiscal Federico Delgado al requerir la indagatoria del ex funcionario; el juez de la causa, Sebastián Casanello, sostuvo que «se vislumbra, con meridiana claridad, que Bausili no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado a su ex empleador hasta septiembre de 2021», para terminar afirmando: «En otras palabras, todas las acciones llevadas a cabo por el nombrado, en ese período, se encontraban prohibidas por ley”.

[3] Desembolsaron 2.780 millones de dólares cuando el dólar saltaba a 25,50 pesos para posicionarse en Bonos del Tesoro (BOTE), que adquirieron por 73.249 millones de pesos en dos instrumentos a tasa fija a 2023 y a 2026. El problema fue que, en agosto de 2018, el precio del dólar alcanzó los 38 pesos (devaluación del 49 %). El derrumbe de los precios fue tal que para un bono con un valor técnico de 105,9 pesos, su valor de mercado era menor a los 81 pesos, como era el caso del BOTE a 2026.

[4] En el año 2016, Sideco Americana S. A. creó junto con un grupo de socios cuatro empresas presididas por el contador Mariano Payaslian y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y en Miramar (provincia de Buenos Aires). Las licitaciones habían sido ganadas en el año 2015 por la española Isolux (socia en Argentina del Grupo Macri), que a los pocos meses las vendió a Usir Argentina S. A., presidida por Mariano Payaslian. Tres meses después, el contador fundó Parques Eólicos Miramar S. A. Seis meses más tarde, el 5 de septiembre de 2016, creó otras dos empresas: Sideli S. A. y Sidsel S. A. En las cuatro sociedades (Usir Argentina, Parques Eólico Miramar S. A., Sideli y Sidsel), Payaslian figura como socio y presidente.

Business are business

En medio de la llamada Guerra Fría y del temor exacerbado de Estados Unidos al comunismo, máxime con la Cuba castrista de 1959, en la Argentina se llamó a elecciones de gobernador en marzo de 1962 y en la mayoría de las provincias ganó el peronismo. Esto provocó que las cúpulas de las Fuerzas Armadas, alineadas con los servicios de inteligencia norteamericanos, destituyeran al Presidente Arturo Frondizi y, a su vez, posibilitaran que el mandato lo completara el presidente provisional del Senado, José María Guido.

Durante la delegación de Guido se produjo el enfrentamiento interno en las Fuerzas Armadas entre los azules y colorados. Los azules estaban de acuerdo con permitir un acceso limitado a algunos dirigentes peronistas con el fin de lograr la normalización institucional y al mismo tiempo combatir a los grupos de izquierda marxista. Los colorados, por su parte, equiparaban al movimiento peronista con el comunismo y abogaban por erradicarlo completamente mediante la instauración de una dictadura militar permanente.

La victoria de los azules permitió la supervivencia de la presidencia de Guido y la convocatoria a nuevas elecciones con el peronismo proscripto. En un marco económico recesivo e inflacionario, era el ministro del área Álvaro Alsogaray quien imponía sucesivas devaluaciones y medidas de austeridad tales como estrictos controles de crédito e incluso el pago de salarios estatales con bonos. El PIB cayó un 4% entre 1962 y 1963, el desempleo abierto aumentó a un 8,8%, y el conjunto de la capacidad productiva instalada era del 55% (las fábricas de bienes de consumo trabajaban en el orden del 70% de la capacidad instalada, y las fábricas de bienes de capital y productos semiduraderos en el 30%).

En ese contexto se convocó a elecciones para julio de 1963 y ganó la UCR con la formula Arturo Illia y Carlos Perette, quienes asumieron el 12 de octubre de ese año. El nuevo gobierno desoyó los cantos de sirena de la libertad de mercado y retomó la defensa acérrima del mercado interno del peronismo, canceló los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi, controló las inversiones y los precios de empresas extranjeras en las automotrices y en medicamentos, y fijó el control de cambio. En tres años de gobierno, Illia logró superar la dura recesión heredada. Durante 1964 el PBI aumentó en un 10,3% y al año siguiente un 9,1%, una extraordinaria cantidad de bienes y servicios adicionales puestos a disposición de la sociedad. La actividad de las industrias manufactureras, que representaban entonces la tercera parte del PIB (la producción agropecuaria era un sexto), registró un aumento del 18,9% en el primer año y del 13,8% en el segundo; su participación en el PIB en 1964 fue del 32,5% y alcanzaría en 1965 el récord histórico del 33,9%, que nunca fue superado. La participación de los asalariados en el Ingreso Nacional pasó del 34,7% en 1963 al 41% al año siguiente.

Las exportaciones de 1.200 millones de dólares en 1962 pasaron a 1.500 millones en 1965, con un récord de 877 millones en el primer semestre de 1966. La deuda externa disminuyó de 3.390 millones de dólares en 1963 a 2.650 millones en 1965, sin necesidad de tocar las reservas de oro y divisas guardadas en el Banco Central, ni de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional.

Los auspiciosos resultados se deben en primer lugar al estímulo a la demanda interna a través del fortalecimiento en el poder de compra de los salarios, que se potenció a través de una serie de medidas:

1. Se fijó un salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta básica total.
2. A su vez, se operó sobre un conjunto de precios que afectaban la canasta familiar y se fijaron precios máximos para un conjunto de bienes de consumo esenciales.
3. Se congelaron tarifas públicas.
4. Se redujo la tasa de interés interna para financiar la producción industrial.
5. Férreo control sobre las importaciones, suspendiendo el financiamiento sobre algunas [1] y estimulando a las industrias locales para la utilización de insumos de materias primas nacionales y de producción local.
6. Obligación de liquidar las exportaciones en el plazo de diez días.
7. Férreo control de las divisas mediante la Emergencia Cambiaria declarada por el decreto 2.581, del 10 de abril de 1964, con la finalidad de que el Banco Central, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservara las reservas internacionales y programara su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos, y obligara al sector privado a financiarse a su costa las importaciones y los pagos de su deuda.

No devaluó, pese a la existencia de dólares paralelos mucho más altos que el oficial y a la presión del “campo” (exportaciones agropecuarias). En el transcurso del gobierno y para evitar el retraso en el tipo de cambio, se hacían ajustes en base a los precios internos (crawling peg) para evitar transferencias bruscas intersectoriales.

Era otro país, con importantes empresas públicas en lugares claves (petróleo y gas, energía eléctrica, acero, ferrocarriles, marina mercante, etc.), para cuyo control el gobierno de Illia creó la Sindicatura de Empresas del Estado. El gobierno había nombrado a los presidentes y directorios de las empresas del Estado, pero la Sindicatura, formada por la Secretaria de Hacienda, el Banco Central y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) [2], realizaba el control interno: Hacienda porque financiaba el gasto de recursos públicos; el Banco Central porque generaba créditos corrientes y, llegado el caso de una inversión, el pago de ese capital; y el CONADE porque orientaba las inversiones. La Sindicatura de Empresas del Estado tenía un síndico en cada una de ellas y ese síndico tenía derecho de veto, por lo que las empresas públicas, en sus balances-presupuestos que presentaban a la iniciación del ejercicio, debían ceñirse al plan del CONADE, y si en el curso del año el presidente o el directorio quería hacer un cambio, el síndico tenía derecho de veto.

En cada ministerio que estaba relacionado con la obra pública se estableció también una oficina del CONADE, de manera tal que el seguimiento del gasto de capital, su financiamiento y su ejecución estaban supervisados por el organismo de planeamiento.

La situación hoy

Obviamente han pasado 60 años desde el inicio del gobierno radical de Illia y hoy la administración nacional tiene una deuda bruta que representa el 88,4% del PIB (403.386 millones de dólares al 30 de junio último); una tasa de pobreza del 40,1% de la población (que alcanza al 56,2% en la banda etaria de cero a 14 años) y un 9,3% de indigencia (datos del INDEC, primer semestre de 2023), y paralelamente siete argentinos –según la revista Forbes– poseen un patrimonio superior a los 1.500 millones de dólares, y se exportan mercancías (declaradas) por 90.000 millones de dólares por año, demostrando palpablemente qué significa seguir la política de mercados.

La Argentina es el décimo exportador de alimentos del mundo y el tercero en soja y sus derivados; el puerto de Rosario –con 31 terminales en los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte de la ciudad– es el principal puerto de exportaciones agro y agro-industriales del planeta, y sin embargo uno de cada dos niños está bajo la línea de pobreza.

La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Lo peor es que están los medios para solucionarlo: los bancos tienen encajes remunerados [3] por 21,8 billones de pesos (al tipo de cambio oficial, unos 59.000 millones de dólares).

El Banco Central debe apuntalar la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de auto-construcción, que no requiere de insumos importados y es un importante multiplicador de la producción local. Acompañado de las imprescindibles inversiones de infraestructura (poner en funcionamiento los astilleros y las cooperativas de empresas metalúrgicas recuperadas para hacer barcos y barcazas, por ejemplo). Y, finalmente, asistir a la población más vulnerable y a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a los inscriptos en el Plan Potenciar Trabajo y a las pequeñas y medianas empresas, y al Estado. Para ello se podría trasformar progresivamente el actual stock de LELIQs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privada y estatal.

¿Por qué no se hace? Porque el mayor ingreso en la población implica mayor consumo de alimentos y de energía, y ello impacta negativamente en nuestras exportaciones y positivamente en nuestras importaciones. Toda la política de ajuste de la demanda interna se hace para privilegiar el superávit comercial, que los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández usaron para financiar la fuga de capitales, pagar deuda externa pública y pagar a dólares oficiales la deuda externa privada.

La riqueza acumulada en beneficio del uno o dos por ciento de la sociedad, se hace a costa de las penurias de la mayor parte de los argentinos. Si se le da poder de consumo a la población y se controla de verdad el sector externo, la Argentina vuelve a crecer a tasas de 9 ó 10% anual, como fue en los gobiernos de Arturo Illia y de Néstor Kirchner.

La historia

Es increíble la historia de nuestro país. Un hombrecito gris, de menos que mediana inteligencia y de una formación “cursillista” y limitada, asume la Presidencia de la República con el mérito de haber ganado la guerra de aparatos entre azules y colorados, y haberse formado en West Point, donde en términos castrenses había dicho en un discurso: “El deber de obediencia al gobierno surgido de la soberanía popular habrá dejado de tener vigencia si se produce al amparo de ideologías exóticas… En emergencias de esta índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrán ciertamente mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertirían en instrumentos de una autoridad no legítima”. Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei lo hubieran dicho peor.

La consigna no bien dieron el golpe el 28 de junio de 1966 fue: “El gobierno no tiene plazos sino objetivos”, con lo que pensaban en un gobierno tipo franquista por más de 20 años. Por ello cerraron el Congreso, clausuraron la prensa de izquierda y peronista, intervinieron las universidades, quemaron libros, desmantelaron bibliotecas y librerías de publicaciones meramente progresistas, disolvieron los partidos y prohibieron toda actividad política. La resistencia no se hizo esperar y el 12 de septiembre de 1966, en Córdoba, en una protesta estudiantil, murió el estudiante Santiago Pampillón.

Las primeras medidas que tomó el gobierno estuvieron destinadas a “eficientizar” el funcionamiento del Estado y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. Además, una serie de medidas favorecieron a los sectores más concentrados: disminución de la protección aduanera, transferencias de tierras públicas a manos privadas, aumento de tarifas de electricidad y privatización de emisoras radiales y televisivas.

Se ejecutó un plan de racionalización en los ferrocarriles y en los puertos, y se cerraron 14 ingenios azucareros en Tucumán, lo que provocó que 55.000 trabajadores quedaran desocupados, y con ello 200.000 tucumanos se vieron obligados a abandonar la provincia, dado que al hambre se le sumó la represión sistemática, que incluyó el fusilamiento de la mujer de un obrero del Ingenio Santa Lucía, Hilda Guerrero de Molina, madre de cuatro hijos, en enero 1967.

Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.

[1] Recordemos que antes de la ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, del 13 de agosto 1976, ninguna empresa trasnacional podía financiarse con el BCRA, al que no podían comprarle una sola divisa por ningún motivo.

[2] El Consejo Nacional de Desarrollo estaba constituido por un consejo directivo, integrado por un presidente, un vice, un secretario ejecutivo, un secretario técnico y un consejero por cada Ministerio y Secretaría de Estado en jurisdicción de los Ministerios de Economía y Obras y Servicios Públicos, de Defensa Nacional, de Trabajo y Seguridad Social; otro por el Banco Central y otro por el Consejo Federal de Inversiones.

[3] Al 19 de octubre de 2023 las Leliqs y Notaliqs suman $ 12.946.221 millones y los Pases Pasivos $ 8.857.843 millones.

Otro país es posible