El patrón oro afianzó el rol conservador del poder imperial inglés e, inicialmente, también del
dólar. Eran tiempos del poder dorado, la acumulación de oro era el poder. El concepto dominó
durante el siglo XIX como sostén del sistema financiero internacional y, hasta la Primera
Guerra Mundial, fue la base de la supremacía de la libra.
Pero los gobiernos beligerantes advirtieron que el poder no era el oro sino las armas y no
dudaron en imprimir papel moneda -ya como deuda- para financiar el esfuerzo bélico y sin
considerar la capacidad de respaldarla y redimir esa moneda en metal precioso. Tampoco les
preocupó demasiado, la guerra suele presentarse más atrapante que la economía y los
vencedores cobrarían con creces los costos y la inflación a los vencidos.
Después del conflicto aparece el patrón oro-cambio, un eclecticismo que inició nuestra
economía bimonetaria actual de coexistencia competitiva entre una moneda externa, saludable,
“buena”, con respaldo y otra propia, enferma, “mala”, sin valor. La receta es conocida: la “mala”
es la nacional y se la cura con deuda externa. De ser viable, con dolarización. Así cierra la
lógica globalizante.
El patrón oro se reimplantó en 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, de la que surgieron
dos instituciones fundantes de la AFI: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial. El dólar y la libra esterlina fueron las divisas del poder (garantizaban la posibilidad de
ser cambiadas por oro).
Este sistema dio lugar a una estabilidad comercial relativa y duradera, desde 1944 hasta 1971,
que acentuó la división internacional del trabajo y el deterioro de los términos de intercambio:
exportar barato nuestras materias primas e importar caro los productos industrializados.
Quedamos así entrampados en la necesidad de dólares. Las economías capitalistas
prevalentes se consolidaron en esta etapa de “Edad de oro” para ellos y “Edad de
dependencia” para nosotros.
El macropensamiento económico ortodoxo elabora sus propuestas y actúa a través de la
moneda y el poder financiero (todos los grandes grupos empresarios internacionales tienen, al
menos, participaciones de control y propiedad de un banco). El déficit financiero desplaza a la
productividad social, los gerentes financieros se prefieren a los gerentes de producción y los
contadores a los ingenieros. Es una condición existencial para el tecnosistema burocrático
capitalista de base monetaria, consumo dirigido y pátina ambiental.
La inteligencia habita en el sistema financiero, que es también el corazón de las decisiones. La
razón económica orienta la instalación de un sentido común que se presenta como irreductible
y se divulga como único y revelado. Por eso, en Argentina, montescos y capuletos miran hacia
el costado cuando se trata de modificar la ley de entidades financieras originada en la dictadura
cívico-militar de 1976 que es la base de una arquitectura adaptativa a la globalización
neoliberal. De eso no se habla -masculla el poder- hace casi medio siglo.
Se ignora que es la política la única acción humana que puede, al menos, atemperar que esa
tendencia secular se acentúe permanentemente.
En la arquitectura financiera internacional los bancos centrales nacionales juegan un rol
determinante. Como la cocina de la casa común, nadie puede obviarla ni dejar de pasar por
ella. Y ello es así tanto porque emiten moneda nacional como porque administran las reservas,
ya sea en oro o en otras monedas nacionales y porque son el financiamiento público de los
estados nacionales.

¿Por qué la arquitectura ortodoxa plantea que los bancos centrales de los países dependientes
“reserven” en papel moneda que no tiene otro respaldo que algún poder imperial? ¿Por qué
nuestras reservas son en dólares que no tienen respaldo? ¿Será porque poseer un dólar es la
ficción de tener una parte del patrimonio USA? ¿O será el deleite de ser mirado por
Washington desde el billete?. Puede ser en la sicología individual, pero no pareciera desde el
punto de vista sistémico..
Veamos el origen que -no podría ser de otra manera- está en el poder económico. En 1922, en
Génova, Italia, un grupo de 34 países, que incluía a Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón
acordaron la vuelta al patrón-oro limitado (reservas en oro o en divisas convertibles en oro) y a
restaurar la cooperación entre los bancos centrales para alcanzar los objetivos internos y
externos.
Con el argumento de que la oferta de oro era insuficiente para satisfacer las necesidades de
reservas internacionales, la conferencia de Génova propuso un patrón oro-cambio: que los
países menos desarrollados pudieran mantener como reservas las monedas de los países
industrializados, que consistirían únicamente en oro. Fue el huevo de la serpiente, el origen de
la gobernanza por la deuda, el establecimiento de una moneda dominante que sería el dólar.
Con sabia claridad, Perón ubica el incentivo del negocio del poder cuando reflexiona en 1967:
“La política de las “áreas monetarias”, después del abandono del patrón oro, ha sido fructífera
en acontecimientos donde siempre el negocio ha estado de por medio. Mediante diversas
maneras de deformar la realidad, se ha conformado ya una larga historia a través del “área
esterlina” como el “área dólar” y, aunque el pretexto fuera dar respaldo indirecto a las monedas
de los países pobres de reservas de oro, en realidad de verdad, verdad todo ha sido una nueva
forma de especular con la buena fe de los demás.”
El patrón oro fue el corcet emisionista que conservó el statu quo internacional y su abandono
produjo una dispersión y crecimiento de la oferta monetaria mundial superior al crecimiento
total de los bienes y servicios que la sociedad es capaz de producir. Ya nada sería como antes.
Se perfila la financierización como nuevo ciclo capitalista cuya palanca era la deuda pública de
los estados nacionales.
La ideología monetarista, sin más y sin evidencias científicas suficientes, atribuyó al poder
emisionista del Estado nacional la causa de la inflación permanente en las sociedades
occidentales. Y fueron más allá: determinaron que las depresiones causantes de paro y
pobreza sobrevinieron después de periodos de devaluación, por culpa de los gobiernos, de las
divisas sometidas a un laxo patrón oro (contrariamente al conservadurismo de la segunda
mitad del siglo XIX).
El respaldo en oro es abandonado por los mismos gobiernos y bancos centrales, aduciendo
falta de flexibilidad en la política monetaria. En agosto de 1971, en un arranque de sinceridad
del poder y consolidación de su contenido imperial, el presidente de EEUU R. Nixon anuncia
unilateralmente y con sorpresa, el cese de la convertibilidad del papel en mineral y el oro pasa
a ser un commoditie más.
Hay algo adicional que poco se menciona. Esa decisión estadounidense rompió con los
acuerdos de Bretton Woods de 1944, de dónde surgieron las organizaciones rectoras de la AFI
y revela una vocación y capacidad de acción unilateral que ha aumentado desde entonces
(quedó clara en el préstamos excepcional a Argentina con Macri). Esa inconvertibilidad encubre
una moratoria por no pago e incumplimiento de la deuda USA ante tenedores externos de
moneda y títulos de ese país. Con la medida, EEUU incumplió el canje de dólares por el oro en
respaldo. No decreta una moratoria quien quiere sino quien puede. Otra vez el poder por sobre
cualquier otra consideración.
El patrón oro aún tiene sus abogados defensores. Neoliberales y anarcoliberales que abrevan
en la Escuela Austríaca de Economía abogan por la supresión de los bancos centrales
(“dinamita” propone el personaje libertario de Argentina, el economista Javier Milei) y la
eliminación del monopolio de los gobiernos como organismos encargados de acuñar la moneda

de curso legal completamente ajena al patrón oro. Es una forma de neoconservadurismo para
impedir que la moneda se sujete a políticas públicas y sea compatible con los intereses
nacionales y populares del Estado.

Después del endeudamiento de YPF por la dictadura militar [1] y su privatización durante el menemismo[2], se buscó una ampliación de la participación estatal y argentinización de los servicios públicos, razón por la cual, en diciembre 2004, se creó Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y se le otorgó la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación con la finalidad de atraer inversiones de riesgo que se asocien con la nueva empresa estatal.

Posteriormente, en noviembre 2011, YPF S.A. hizo el anuncio del descubrimiento de petróleo en Neuquén, en la formación denominada Vaca Muerta, calificándolo como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes y con mayor calidad del mundo. Sin embargo, la empresa continuó con su plan de desinversión y su correlato en el pago de dividendos que, en lugar de destinar la ganancia a los pozos y a la producción, la distribuyeron entre los accionistas (los principales Repsol 57 % y el Grupo Petersen-Eskenazi con el 25 % del paquete accionario). Entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares.

En ese marco, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51 % de las acciones de YPF S.A. pertenecientes a la petrolera española Repsol. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso Nacional que dio lugar a la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % del paquete accionario, por lo que la empresa española se quedó, en ese momento, con el 6 % del capital (dado que poseía el 57 % de YPF S.A.).

La Ley 26.741 mantiene la forma de Sociedad Anónima, por ende, la empresa no queda sujeta a la ley de obras públicas, al régimen de contrataciones del Estado, al régimen de información pública, a la ley de procedimientos administrativos, etc. Tampoco queda sujeta al control de la SIGEN. Por lo que es una empresa con 51 % del capital estatal, pero se administra como empresa privada.

La familia Eskenazi
Enrique Eskenazi como representante del grupo Bunge y Born fue elegido presidente de la COPAL (Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios) hasta 1980, en que se desvinculó de la firma para asociarse y luego comprar la Constructora Petersen, Thiele y Cruz S.A., de importantes obras públicas en la dictadura militar y en el gobierno de Raúl Alfonsín.

En la época del menemismo diversificó su accionar y la familia Eskenazi adquirió la mayor parte del paquete accionario de los bancos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz y San Juan.

A través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, poseía acciones por el 25 % de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones, una a fines del año 2007 y la otra en el año 2011.

Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. Es por eso que, en su estrategia de defensa ante la Justicia de los Estados Unidos, el gobierno argentino consideró “fraudulenta” esta operación, por lo que alegó que no debía continuarse con el litigio.

El pago de los créditos adeudados por el grupo Petersen-Eskenazi se vio interrumpido con la estatización del 51 % de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol. A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.

La quiebra de las dos compañías del Grupo Petersen-Eskenazi recayó en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital [3], ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.

La demanda principal de Burford Capital se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15 % de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.

En defensa de la posición del Estado argentino, Santiago Pérez Teruel, abogado del gobierno, sostuvo que la ley 26.741 de Declarar de Utilidad Pública a YPF S.A. se basó en la Constitución de la Nación Argentina, que es superior al estatuto privado de la empresa y lo que correspondía hacer era el proceso constitucional vigente de expropiación. Esa decisión se tomó porque había un interés público comprometido, que, en este caso, era el control de una empresa que es clave para el desarrollo estratégico del país [4].

Pérez Teruel afirma que en el fondo del problema “se está discutiendo si se aplica una regulación comercial o si el Estado tiene capacidad soberana para expropiar un bien cuya utilidad reporta un beneficio para los argentinos”.

Respecto de la prohibición del giro de dividendos, el Dr. Pérez Teruel sostuvo que “la decisión de repartir dividendos o no en una empresa la tiene la mayoría. Un socio minoritario no puede decidir que se repartan los dividendos”. Y aclaró que “en lo que se estaría agraviando a Petersen-Eskenazi es en la imposibilidad de cumplir compromisos privados respecto de los cuales el Estado nacional ni YPF tienen que ver. Si apalancaron la compra de acciones con un contrato privado con un banco, es un riesgo empresario que corrieron ellos”.

El Procurador del Tesoro de la Nación de los años 2016-2019, Bernardo Saravia Frías, aseguró que la compra de acciones del Grupo Petersen-Eskenazi a Repsol fue “fraudulenta” y que la jurisdicción donde deben zanjarse este tipo de conflictos es la argentina, porque aquí está radicada la empresa YPF S.A.

Este último punto fue rechazado el 24 de junio de 2019 por la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la jurisdicción neoyorquina. Sin embargo, el 11 de julio de ese año la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York [5] (donde cayó la causa), decidió evaluar la cuestión ante un nuevo pedido de la defensa de la Argentina, rechazando una moción de Burford para iniciar prontamente el juicio.

En este recurso de forum non conveniens, el gobierno argentino alegó que “no se puede demandar al país en este Tribunal porque el control de las disputas de ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación argentina deben ser llevadas a la jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, la Procuración de Tesoro argentino, a través del estudio Skaden, Arps, Slate, Meagher & Flom de los Estados Unidos, sostuvo que el Grupo Petersen y Repsol “celebraron un conjunto altamente dudoso de acuerdos falsos para adquirir sus acciones de YPF, basadas en una transacción de autosuficiencia que usó de forma inadmisible el capital propio de YPF para permitir que el demandante ‘compre’ sus acciones y ‘reembolse’ a Repsol. Debido a la naturaleza impropia de los acuerdos Repsol-Petersen (que causaron daños al gobierno y al pueblo argentino), deben anularse ab initio y, por lo tanto, el demandante no tiene legitimidad para demandar a la Argentina”.

Para la Argentina, el Grupo Petersen-Eskenazi compró las acciones sin riesgo alguno, ya que pagaría los créditos con los dividendos de la compañía, los cuales tenían asegurados porque gracias a la posición mayoritaria que contaba en sociedad con Repsol, habían decidido distribuirse el 90 % de las ganancias.

“Para garantizar que Petersen pueda pagar los ‘préstamos’ que recibió de Repsol, Petersen y Repsol también acordaron incorrectamente que distribuirían como dividendos el 90 % de las ganancias de YPF, en lugar de reinvertir esas ganancias en YPF y además acordaron pagar una cantidad adicional como dividendo especial de $ 850 millones, independientemente de las ganancias reales”.

Pese a lo presentado por el gobierno argentino, en el fallo publicado en marzo de 2023, la jueza Loretta Preska hizo lugar al pedido del demandante al señalar que la Argentina “prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”.

No obstante, indicó que el demandante “ha demostrado la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”, por lo que eximió a la compañía de afrontar las indemnizaciones.

El fondo Burford y sus abogados señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF. Mientras que el Estado argentino sostiene que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley. En la diferencia de la base de cálculo se especifica que “usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril de 2012 son casi 3 mil millones de dólares menos”.

El escrito presentado por la Argentina sostiene que “los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen-Eskenazi se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de la Argentina”.

Finalmente, el actual presidente del YPF S.A., Dr. Pablo González, sostiene que “el valor de YPF S.A. debe medirse por sus reservas, no por lo que dicen los libros. YPF S.A. tiene el 40 % de la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo”. Además, indicó que el año pasado YPF «tuvo ingresos por 18.000 millones de dólares y un EBITDA [6] de 5.000 millones de dólares. Con un EBITDA pagaríamos esta sentencia que es injusta y después tendríamos reservas por 150 años de gas».

Viendo el listado de los que compraron dólares en el Mercado Único Libre de Cambios para atesoramiento, en el período 2016–2019, que informó el BCRA [7] y que publicó El Cohete a la Luna en su nota del 31 de mayo de 2020, “Ahora las personas”, observamos que la familia Eskenazi, presidida por su patriarca, adquirió 102.941.525 dólares. No sabemos si lo declararon ante la AFIP, pero sí sabemos que vendieron el juicio contra YPF S.A. por 16 millones de dólares al Fondo Burford de Inglaterra.

[1] Basta como ejemplo que Carlos Suárez Mason después de su retiro fue interventor de YPF, cargo que le sirvió para hacer grandes negocios: fue acusado por vaciar la empresa y por estafa con nafta adulterada a través de la firma Sol Petróleo, que también ayudó a financiar “operaciones antisubversivas” en otros países de Latinoamérica.
[2] El 31 de diciembre de 1990, por medio del Decreto N° 2.778, el Poder Ejecutivo Nacional convirtió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF S.A. En 1992, la Ley N° 24.145 transfirió el dominio estatal de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional; de esta manera, la Argentina perdió totalmente el poder de decisión sobre la política petrolera.
[3] Burford Capital es un fondo de cobertura que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores.
[4] La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada (Constitución Nacional, art. 17). La expropiación cumplió con todos los requisitos legales correspondientes incluyendo la previa indemnización, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional. Una jueza de Estados Unidos no tiene jurisdicción ni puede ir en contra de una ley superior como la Constitución Nacional.
[5] Reemplazó por muerte al juez Thomas Griesa.
[6] El EBITDA es un indicador financiero (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) que muestra el beneficio bruto, antes de restar los intereses por la deuda contraída, los impuestos y las amortizaciones de máquinas y equipos.
[7] “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” BCRA – 20 de mayo 2020.

YPF S.A.

Una arquitectura financiera internacional (AFI) es una deriva de poder económico y consecuencia de las negociaciones comerciales entre países (efecto transacción), de establecer precios entre distintas monedas (efecto unidad de cuenta) y de reservas de valor (efecto especulación).

La AFI es un diseño político-institucional del modo de producción del sistema económico capitalista. Se basa en i) el predominio de una moneda (dólar USA), ii) es jerárquica (tienen instancias decisionales piramidales), iii) es determinativa de las políticas económicas nacionales (apoya o no con préstamos a países deudores) y iv) es de estructura organizacional basada en instituciones públicas multinacionales.

La ortodoxia académica la describe como el “conjunto de instituciones, normas (implícitas y explícitas) y comportamientos sobre las que se basan las relaciones monetarias y financieras entre agentes públicos y privados de los distintos países”. A pesar del formalismo queda claro que las normas impliciticas y los comportamientos son consecuencia del poder político de los Estados. Cualquier diseño AFI tiene que ser comprendido desde la globalización geopolítica e implica límites condicionantes de la soberanía financiera nacional.

En así que encontramos instituciones que ofrecen financiamiento y administran fondos en forma asimilable a un banco: FMI (Fondo Monetario Internacional, del que Argentina detenta en 0,67%), BM (Banco Mundial, es una supra-institución de cinco instituciones a partir del BIRF), BIS (Banco de Pagos Internacionales), Bancos Regionales: BID (Banco Interamericano de Desarrollo), FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas), CAF (Banco de Desarrollo de AL), Banco Asiático de Desarrollo, entre otros.

En la esfera financiera se desarrolla un fuerte proceso de regulaciones nacionales y proponen regulaciones internacionales: Comité́ de Basilea (regulaciones bancarias), IOSCO (mercados de capitales), IAIS (compañías aseguradoras), IASB (normas contables e información financiera), FATF (regulaciones contra el lavado de dinero), OECD (regulaciones contra el secreto fiscal y bancario), etc. El nuevo coordinador de estas instituciones es el FSB (Consejo de Estabilidad Financiera del G20).

El enmarañado contexto de actuación de esas instituciones tiene un componente común: el monetario. La moneda opera como el argamasa del diseño. El “patrón oro” fue la base de la arquitectura financiera moderna de la paz mundial y utilizó el metal como reserva del papel moneda. A pesar de que había sido usado para éstos propósitos desde tiempos antiguos, el patrón oro, como institución legal, data de 1819, por una decisión política del Parlamento británico (Resumption Act).
En esas instancias históricas, es el oro el que asigna poder político y no viceversa. Los corsarios, la Armada Real y la división internacional del trabajo tuvieron que ver con la acumulación de ese oro en arcas inglesas.

Apareado en esos mismos tiempos, consolidado el predominio de la libra esterlina con patrón oro, Argentina comenzaba su rol y destino de deudora consuetudinaria de la mano de intereses nacionales entreguistas. El préstamo tomado en 1824 por la provincia de Buenos Aires con la banca inglesa Baring Brothers, fue el inicio del gobierno por la deuda. Solo tuvo intervalos de desendeudamiento con Perón, en 1947, y hasta 1955 y con Kirchner en 2004, y hasta 2018. Ambos desendeudaron Argentina para intentar revertir la historia.

Permiso. Una disgresión nacional:
era bastante divulgada la mitología gorila que afirmaba que cuando Perón llegó al poder, en 1945, el Banco Central se encontraba repleto de lingotes de oro. Y cuando fue derrocado por la dictadura de Lonardi, las arcas del Central ya estaban vacías y que ese oro se lo llevó el general en la cañonera paraguaya donde se refugió al producirse el golpe de Estado.
La realidad es que apenas una cuarta parte de las reservas que Argentina acumuló durante la segunda guerra mundial se encontraban invertidas en oro dentro del BCRA. El saldo se encontraba fuera del país, en activos nominados en libras, dentro del Banco de Inglaterra. Argentina no las podía utilizar, por haber aceptado su no conversión a oro ni a terceras monedas en tiempos de Ortiz. Al decretar la inconvertibilidad de la libra, Inglaterra restringió las exportaciones a Argentina ya que podía abastecerse de nuestras materias primas a cambio de anotar el saldo deudor en una cuenta bloqueadas de su propio banco central. Al terminar la segunda guerra, Perón aplicó esos saldos a desendeudarnos con Inglaterra y a poner los ferrocarriles en propiedad y control de la Argentina.

El patrón oro consolidó el imperio inglés y la capacidad prestataria del imperio con un acuerdo monetario internacional impuesto por Inglaterra hacia finales del siglo XIX y hasta el final de 1914, en que cada país participante debía garantizar la libre convertibilidad monetaria en relación al oro que los bancos centrales mantenían en sus reservas para defender el precio nominal. Cada país estaba preparado para intercambiar oro por su moneda circulante y a la cotización oficial. La moneda es deuda pública que tiene como garantía el metal acumulado.

El equilibrio interno buscaba una fijación de los precios de las monedas en función del oro, con el objetivo de conservar la estructura de poder internacional al limitar el crecimiento monetario de la economía mundial a la libra y estabilizar los niveles de precios asimétricos entre países industriales y países productores de material primas.

La Primera Guerra Mundial demuestra que el respaldo en oro no alcanzaba para una paz estable y nos enseña sobre el acuerdo político de la emisión monetaria sin respaldo para cubrir los gastos militares. Se abandonó el patrón oro como sistema monetario internacional y la reducción de la fuerza de trabajo y la disminución de la capacidad de producción, resultó en un proceso inflacionario mundial.

Cuando emergen los conflictos bélicos, las guerras organizan la arquitectura socioeconómica y política del universo: los vencedores en la batalla mutan a acreedores en lo financiero, trasladan su inflación interna y mandan sobre los vencidos que, en tanto deudores, obedecen, pagan y soportan los procesos inflacionarios.

Las guerras, sus consecuencias financieras, subsisten mucho más de lo que parece. La Primera Guerra Mundial acabó noventa años después del Tratado de Versalles (1919). En octubre de 2010, veinte años después de la reunificación de Alemania, se abonó la última cuota de la deuda por indemnizaciones de guerra acordadas por las potencias aliadas.

En la guerra irrestricta multidimensional -una estrategia de China desarrollada por los militares Qiao Liang y Wang Xiangsui- el rol de la AFI es determinante dado que las finanzas son en la actualidad un medio clave para hacer caer un Estado, lo que ha llevado a interpretarse como el componente vital de los países para hacer la guerra. La llamada “guerra de monedas” se inscribe en esa lógica y es el telón de fondo de las decisiones políticas de los Estados nacionales.

Ello es así como manifestación efectiva del poder de sometimiento y dependencia que se deriva de las mismas tanto como de los esfuerzos de los países vencidos para pagar la deuda.

Así como el denario se impuso por el poder de la pax romana, la extensión imperial de la libra esterlina derivó del poder de fuego de la Armada Real inglesa, y la fortaleza del dólar hay que rastrearla en la bomba atómica de Hiroshima.

Es el poder bélico el que organiza la arquitectura financiera basada en regulaciones de la moneda con un Estado organizador (USA), principal deudor internacional y soberano en la emisión monetaria del dólar. Claro que la guerra de monedas puede modificar los planos de la actual arquitectura financiera. Y las políticas financieras nacionales deberán adecuarse a esas circunstancias como lo ha hecho Argentina con el swap chino.

El concepto de arquitectura -en la que lo mental y lo social coinciden en la práctica- es interesante y necesario para entender el mundo. Al menos el mundo en el que interviene la acción humana. La arquitectura de la naturaleza, en cambio, forma parte de la mística religiosa que tiene interés en reverenciar más que en comprender.

Arquitectura tiene que ver con el pensar apriori de los hechos y con las formas de los contenidos, con los espacios y su distribución; con la construcción y su diseño y con el poder y su aplicación. En su etimología griega deviene del que “manda a los que construyen”. En política, la arquitectura son los planos del poder. Incluso en la democracia, la república es un esbozo arquitectónico que divide los poderes en base a funciones: el que decide, el que ejecuta y el que califica. Una suerte de imaginación que se hace operativa en las formalidades jurídicas de las constituciones, los códigos, las leyes y todo el andamiaje burocrático ejecutivo y de control que se empecina en organizar la vida humana.

Existe una arquitectura política que diseña la estructura lógica del sistema de administración política de los pueblos. Si no hay una estructura socio-lógica, no hay un sistema político dado que los seres humanos no son agentes libres capaces de remodelarse como les parezca.

Parafraseando, desde una mirada nacional y popular, solemos decir que somos arquitectos (originalmente artífices) de nuestro propio destino. Al menos lo mantenemos como utopía necesaria. Por ejemplo, la comunidad organizada de Perón es una arquitectura de la sociedad cercana que nos ayuda a proyectar unos objetivos políticos. Y a luchar por ellos con convencimiento.

La arquitectura es, entonces, un ejercicio de poder. Organiza quien detenta el poder de decidir, planifica quien tiene poder de futuro, articula quien detenta el poder de sujetar las partes, ejecuta quien tiene poder de acción.

La arquitectura política se ocupa no sólo del espacio situacional del país, sino del espacio social, que es un producto de la sociedad, ideológico y sapiencial. Por eso cuando mencionamos el concepto, derivamos en poder. La arquitectura deriva del poder. Y hay una dimensión que queremos destacar: la gobernabilidad es una deriva de la arquitectura política. Si los planos son ineficientes los edificios son inestables.

En nuestro mundo globalizado, la arquitectura -y por ende la gobernabilidad- es global.
Se basa en un trípode de principios: *el capital y el beneficio del patrono, es decir, de la burguesía (los pilares del sistema capitalista); *la propiedad del suelo con las múltiples rentas (que proporcionan el subsuelo, el agua, el terreno edificación, etc) (el estudio de suelos de la sociedad) y *el trabajo con el salario correspondiente, que va ir parar a manos de los trabajadores (la dinámica del proyecto social). Se suele designar como sociedad burocrática de consumo dirigido al actual diseño de la civilización occidental.

La globalización ha dado un contexto multidimensional a la arquitectura política, ha transformado en obsoleta la soberanía y ha sujetado la planificación a unos límites delineados por el poder.

De todas esas dimensiones (culturales, sociales, económicas, comerciales, jurídicas, artísticas) la financiera es la que permea todo el continente de la globalización.
Un ejemplo de arquitectura financiera en Argentina es la convertibilidad -que comenzó a regir en abril de 1991 tras su aprobación en el Parlamento- y establecía una paridad fija del peso argentino al dólar estadounidense. Los planos -alabados como arquetipo de solución por la ideología neoliberal de un gobierno mimetizado como peronista, nacional y popular- presentaron un diseño socioeconómico que explotó a inicios de 2002 con una mega devaluación oficial del 40%, la pesificación de los ahorros en dólares y la relación peso/dólar se incrementó́ en más del 250%, lo cual desencadenó un inmediato proceso inflacionario de envergadura, con una importante devaluación real.
Podemos afirmar que la globalización es -esencialmente- un hecho financiero.
Y que su arquitectura se presenta bajo la forma de financierización: la razón financiera de las monedas y los medios de pago e inversión especulativa prevalece en la cadena decisional de la economía mundial, y el progresivo desacople entre el sector real y financiero es un rasgo distintivo del desarrollo capitalista desde hace cincuenta años.

Este fenómeno, conocido como financierización, cobró relevancia en la década de 1980 a raíz de la sucesión de crisis financieras originadas en la deuda externa pública con la banca privada internacional y que se desataron en distintos países en desarrollo, especialmente en América Latina.

Nota:
Nuestra pretensión (siempre los a priori son meras pretensiones) es iniciar una serie de reflexiones breves sobre la arquitectura financiera internacional. Para el debate y las contradicciones. No sólo de sus contenidos descriptivos sino analíticos, el poder detrás de la organización del sistema socioeconómico. Por eso elegimos la palabra “arquitectura”, para mirar los planos, porque detrás de ellos y su construcción anida no sólo lo que es, sino lo que se espera que sea. Los planos en la arquitectura y los planes en la economía no son inocentes, esconden, ocultan, difuman, disimulan las estructuras del poder real que hay que reconocer para comprender. Y es necesario comprender para cambiar la realidad.