Existe un plan de los sectores dominantes en nuestro país que se basa, en primer lugar, en eliminar y, si no es posible, limitar los controles del Estado, dado que el rol del Estado en la economía es, en cumplimiento de la Constitución nacional, establecer las reglas de comportamiento de la sociedad, propiciando el crecimiento del producto y la mejora en la distribución del ingreso. Por ende, al Estado le cabe un rol principal en fijar objetivos para alcanzar el bienestar general y que sea sustentable en el tiempo.

En cambio, los que están detrás de este gobierno y han puesto los principales funcionarios de la gestión de Milei propician que prevalezca el mercado, que es el ámbito donde se juntan oferentes y demandantes de un bien o servicio, pero no plantean el grado de concentración, sobre todo en nuestro país, donde cada producto tiene nombre y apellido. Pensemos en el acero, aluminio, cemento, todo tipo de combustible y energía en general, harina, arroz, productos lácteos, aceite, yerba, azúcar, todo tipo de carnes, servicio de correo y telecomunicaciones, etc., son pocas empresas —y a veces hasta una sola— las que monopolizan la oferta.

Primera etapa: contra el trabajo y el mercado interno

El plan primero convalida el saqueo del salario, la destrucción de ingresos y jubilaciones, mediante la devaluación del 100% de nuestra moneda y, con ello, desata un proceso inflacionario que genera mayor pobreza. Por decreto anula la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas más la liberación total de precios y, por lo tanto, abre la posibilidad de una remarcación absoluta que convalida la carestía. Por ejemplo, permite todo tipo de exportaciones, hasta elimina los cortes populares de la carne para vender afuera la res entera.

Paralelamente, busca generar condiciones para una precarización total de los trabajadores mediante una reforma propuesta tanto en el DNU 70/23 [1], como en el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se propone:

• Tercerización: Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas.
• Periodo de prueba: El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba: a) hasta ocho meses, en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores; y b) hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores
• Fondo de cese: Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744, por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes, asemejándolo al que tienen los trabajadores de la construcción [2].

Los jubilados son el segmento más perjudicado, porque el gasto fiscal mayor de la Administración nacional es el previsional. En el año 2023 representó el 9% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 43.200 millones de dólares) y el gobierno de Milei quiere reducirlo este año 2024 a 7% de  un PBI que se cae en torno al 5% (pretenden pagar en el año, por jubilaciones y pensiones en pesos, pero equivalente a 10.300 millones de dólares menos). Del total de beneficiarios de la Ansés que suman unas 7.200.000 personas, más de cinco millones perciben la jubilación mínima, que para el mes de mayo de 2024 es de 190.141,60 pesos más un bono adicional de 70.000 pesos, cuando la canasta básica total para una persona en marzo de 2024 fue de 250.286 pesos (y no contempla el pago de la vivienda) [3]; trabajaron toda su vida y reciben haberes por debajo de la línea de pobreza.

Es más, Milei dijo el 1° de marzo de 2024, cuando inauguró las sesiones ordinarias, que se iban a recrear las AFJP (jubilación privada), siempre con el mismo criterio, el que tiene buenas remuneraciones (como en las prepagas de salud) puede contratar un servicio de jubilaciones, y todos los demás van a un sistema estatal que se desfinancia y reduce permanentemente.

Claro ejemplo de ello es la recaudación previsional, donde fruto del descenso del nivel de actividad económica, la recaudación disminuye sideralmente y, en términos reales, es un 40% menor a la inflación.

Paralelamente se frena la obra pública y se limitan las transferencias a las provincias en salud, educación, transporte, etc., no solo para disminuir el gasto público, sino para generarles negocios rentables al capital privado. Es lo que hacen limitando, por ejemplo, el derecho a la salud. Así, limitan la asistencia a las de las obras sociales para que las prepagas se queden con la afiliación de mayores recursos (“pertenecer tiene sus privilegios”) y todos los demás terminen en el hospital público desmantelado por el ajuste presupuestario.

Se aplican tarifazos en el precio de los combustibles, del transporte, en el agua, en la luz y en el gas, encareciendo el nivel de vida de la población. A los empleados públicos se les ajustan sus haberes muy por debajo de la inflación. Se ejecuta un plan de despido de los contratados y también de planta. A la par que se desmantela la estructura científica, confinando al Conicet y a las universidades nacionales.

Como aproximadamente el 70% de la economía está ligada al consumo interno, se resiente por la brutal transferencia de ingresos al gran capital, en general, y al capital financiero, en particular.  Al fugar y pagar mínimamente impuestos y contribuciones previsionales, ese sector hace que disminuya la recaudación tributaria,  junto al descenso del nivel de actividad. Esto se agrava por el recorte del gasto público, por lo tanto la economía queda encerrada en un círculo vicioso de sucesivas regresiones.

La inflación, a su vez, socava la devaluación y los grandes acopiadores y comercializadores de granos y de carnes y todos sus derivados contienen sus exportaciones, y, a su vez, el gobierno, para frenar el proceso inflacionario que irresponsablemente generaron al devaluar y liberar los precios no bien se inició la gestión, permite importar [4].

Segunda etapa: carry trade

Lo relatado, para los sectores dominantes, significa el ajuste económico con el fin de favorecer la acumulación del capital, que en la segunda etapa es la del financiero y se realiza por carry trade (vender dólares para posicionarse en pesos y luego tomar ganancias para retornar al dólar) y, posteriormente, con la legislación adecuada, se apuntala al capital extractivista y agropecuario exportador.

Pero hasta que esas inversiones se realicen, el gobierno necesita divisas para afrontar los crecientes pagos de una deuda que nunca se investigó ni se investiga a dónde se destinó. A cambio se encubre la deuda y a quiénes benefició, al menos para cobrarles impuestos [5], se prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que se condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo.

El objetivo inmediato es que ingresen dólares para cubrir los fuertes vencimientos de aproximadamente 5.224 millones de dólares que se deben pagar hasta el 31 de julio de 2024. Es cierto que lo exigente son los intereses del FMI (el capital se refinancia siempre que se cumpla con la meta de junio) y el vencimiento de los títulos Global y Bonar. Y es a partir de agosto de 2024 que se debe comenzar a pagar el capital de la deuda canjeada por nuevos títulos que realizó el ministro Martín Guzmán el 31 de agosto de 2020 con los bonistas (entre ellos BlackRock, Vanguard, Fidelity, Greylock, Franklin Templeton, PIMCO, etc.)

Las Reservas Internacionales del BCRA se acrecentaron en 7.172 millones de dólares entre el 7 de diciembre de 2023 (reserva bruta por 21.209 millones de dólares) y el 7 de mayo de 2024 (de 28. 381 millones de dólares), por tres fuentes:

1. Por la liquidación de las exportaciones, donde las energéticas liquidaron según lo previsto, pero las agro y agro industrias lo hicieron por una suma muy menor a las proyecciones gubernamentales.

2. Las fuertes ventas de ahorro interno en dólares por parte de personas y empresas para financiar su vida y/o actividad.

3. El carry trade referido, propiciado por el Ministerio de Economía y el BCRA, que hace que ingresen dólares y compren títulos públicos en pesos,  como se ve claramente en el informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación:

Observamos que la deuda en títulos en pesos se acrecienta fuertemente desde enero de 2024 (tras la devaluación del 100% del 12 de diciembre de 2023). A marzo de 2024 esa deuda, que es en pesos, pero  la propia Secretaría de Finanzas de la Nación la contabilizada al dólar oficial, engrosó la deuda bruta nacional en 43.297 millones de dólares. El 90% de esos títulos se colocaron con la cláusula puts, que es un seguro de liquidez y les permite a los tomadores canjear esos títulos cuando lo deseen por dinero en efectivo en el BCRA (deuda que paga el Tesoro de la Nación)

A su vez, hubo recompra de títulos y letras en moneda extranjera en el período analizado, que permite un saldo de incremento de la deuda bruta de la Administración nacional de 32.371 millones de dólares en cuatro meses, que siguió evolucionando igual en abril y que se sofrena desde mayo de 2024 [6].

El brutal aumento de la deuda bruta explica la suba en la cotización de los títulos públicos (incluido el rescate de los títulos de deuda externa en divisas) y la disminución del riesgo país.

Pero nada es para siempre y el gobierno tiene un fuerte descenso en la recaudación tributaria total que sumó en los primeros cuatro meses del año 2024 31.339.473,2 millones de pesos, cifra que ajustada por inflación implica una caída del 32% con respecto a igual período del año pasado, y no redujo todo el gasto público en esa magnitud.

Por ende, tiene serios problemas para pagar a los proveedores, por ejemplo la Secretaría de Energía, a través de la resolución 58/2024, estableció que la deuda que tiene Cammesa con las generadoras de electricidad por los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 se cancelan mediante la entrega de títulos públicos Bonos USD 2038. Las generadoras Pampa Energía y la estadounidense AES no aceptaron el ofrecimiento y enviaron una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) detallando la deuda que acumuló Cammesa con ellas: Pampa, el segundo mayor generador privado del país, informó que, a la fecha, Cammesa le debe 133.191 millones de pesos (incluyendo los intereses devengados) por los pagos de diciembre, enero y febrero. AES, por su parte, dijo que se le deben 37.483 millones.

También, el Ministerio de Economía amplio, mediante el decreto 385/2024 del 6 de mayo de 2024, el impuesto PAIS para la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la distribución de utilidades y dividendos, así como para la repatriación de inversiones generadas por no residentes en el país desde el 1 de septiembre de 2019.

Con serios problemas de pagos, ya no alcanza ni la sierra eléctrica, ni la licuadora de la inflación.

Tercera etapa inconclusa

Los sectores dominantes (grandes empresarios locales y extranjeros) tenían preparados por grandes estudios jurídicos e impositivos los proyectos que se cristalizaron en el DNU 70/23 y en el proyecto de ley Ómnibus (que se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y que lo reconvirtieron en el mamotreto que aprobaron de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Antes de que llegara Milei, el problema era y es cómo llevarlo a la práctica.

No pueden pagar los intereses de la deuda externa, menos pueden pagar el capital de esta como deben hacer desde agosto del 2024 con los bonistas (con el FMI refinancian el capital a diez años a cada vencimiento).

El gobierno de Alberto Fernández lo hizo aumentando la deuda en títulos públicos por 47.608 millones de dólares [7] (la deuda bruta de diciembre de 2019 era de 323.065 millones de dólares y a diciembre de 2023 fue de 370.673 millones de dólares), todo por no exigir a los grandes deudores y/o compradores de divisas que paguen parte de la deuda contraída. Es más, les subvencionó la venta de dólares al tipo de cambio oficial (la mitad o menos del precio del dólar paralelo) para que paguen su deuda privada

Caputo-Bausili les prometen, a los que compran títulos públicos, que los van a rescatar cuando ingresen los capitales del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que implica una amplia gama de exenciones impositivas para proyectos de inversión de 200 millones de dólares, y por el “blanqueo” de capitales (perdón a los evasores de impuestos), que no tiene límite máximo a declarar.

Pero para eso deberían contar con las leyes y normas que permitan la enajenación de los recursos naturales y del patrimonio nacional. Y eso no está tan claro que suceda. Y si sucede habría que ver cuál es el costo económico, social y político de una nación que supo tener tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social.

[1] Que no pudieron llevar adelante porque la Justicia le dio lugar a la cautelar de la CGT.

[2] Ley 22.250 de la dictadura de Videla que creó un nuevo régimen legal de trabajo para el personal de la construcción. No cobran una indemnización por despido, como el resto de los trabajadores, cobran un “fondo de desempleo” a través de su “libreta de aportes”. El monto que retira el trabajador al quedar en la calle se conforma con los aportes que deberían hacer mensualmente los empresarios a una cuenta bancaria: 12% del salario el primer año, 8% los siguientes.

[3] El salario mínimo vital y móvil se fijó en mayo de 2024 en 234.000 pesos.

[4] Luis Caputo en la reunión que tuvo el lunes 11 de marzo 2024 con los supermercadistas reclutados en ASU (Asociación Supermercados Unidos), entidad que nuclea a los grandes hipermercados nacionales y multinacionales les dijo que, si no están de acuerdo con el precio de los proveedores del país, importen pero que no vendan en el mercado local más caro que en el exterior, cita que uno de los asistentes resumió en “importar y despedir”.

[5] Proyecto de Ley del Senador Oscar Parrilli, aprobado en el Senado de la Nación y con dictamen de mayoría a favor y de minoría en contra de Diputados en el año 2023 y nunca fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su discusión y que se convierta en Ley.

[6] Las entidades financieras comenzaron a desprenderse de títulos en pesos y parte del superávit fiscal acumulado hasta abril de 2024, se emplea para cubrir los derivados financieros (puts) vinculados a estos títulos.

[7] Es cierto que gran parte fue empleado por la lucha contra el Covid.

A días de cumplir seis meses de gobierno, es claro que el plan de 14 puntos que Luis Caputo y su equipo presentaron ante Milei para asumir el Ministerio de Economía entra en tiempo de descuento. No logra estabilizar los precios, y el pecado original de devaluar más de un 100% y “liberar” al dejar que grandes empresas lo determinen (en una economía con el grado de concentración y poder de fijarlos, con mercados cautivos o semi-cautivos y con un nivel de pobreza que ronda la mitad de la población) llega a su fin.

En efecto, se ejecuta un violento plan de ajuste sobre el consumo interno para priorizar la venta de alimentos y de energía al exterior, cuyo fin último es privatizar los principales activos del país para pagar una deuda externa que benefició y beneficia a una minoría parásita y rentista que utilizó los gobiernos que se dicen liberales contrayendo deuda y transfiriéndola al pueblo argentino y/o comprando dólares baratos y fugándolos.

Pero desconocen que la economía argentina crece si se incrementa el consumo, dado que el empleo y el nivel de actividad dependen básicamente de las compras internas. Y que las exportaciones deberían obrar para poder importar insumos que no producimos o que si se hace en el país no es la cantidad ni calidad que se precisa.

Sin embargo, la irracional deuda externa es condicionante del desarrollo del país, de la soberanía sobre nuestros recursos naturales y nos obliga a subordinarnos a planes que debe aprobar el FMI, cuyo fin último es convertirnos en una factoría exportadora.

Los 14 objetivos del equipo de economía de este gobierno son:

• Cambio en la fórmula de movilidad previsional y en el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones para disminuir su costo presupuestario.
• Prohibición al BCRA para emitir y financiar al Tesoro.
• Quita de subsidios a las tarifas de gas, luz y agua.
• No se realizan obras públicas, salvo la que tenga financiamiento externo.
• Extensión del impuesto PAIS para todas las importaciones.
• Prórroga del Presupuesto 2023 para congelar el gasto, sin ajuste por inflación.
• Suspensión de aportes no reembolsables a las provincias.
• Limitar los subsidios y las demás transferencias a la población.
• Limitar los giros a universidades.
• Liberación de precios de combustibles y prepagas.
• Salarios públicos adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada.
• Transferir las Leliqs al Tesoro Nacional (deuda del Tesoro) y mejorar el balance del BCRA.
• Las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para facilitar su venta.
• Devaluación y control posterior del precio del dólar (cepo cambiario).

No es otra cosa lo que ha venido realizando el súper Ministerio que encabeza Caputo en los dos proyectos que cuentan con la sanción de la Cámara baja del 2 de mayo de 2024.

En el denominado “Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos”, el caballo de Troya es el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que indica una amplia gama de exenciones impositivas para proyectos de inversión de 200 millones de dólares o más, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente, donde les asegura estabilidad fiscal por 30 años; a partir del tercer año, se les garantiza la libre disponibilidad de divisas (no tienen obligación de ingresarlas al país) y no pagan derechos de exportación; incluso les disminuye la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 25%, todo ello en un trato desigual con las pequeñas y medianas empresas argentinas que son las que más trabajo generan.

En el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, se propicia un amplio “blanqueo” de capitales (perdona a los evasores de impuestos) que, a cambio de declarar su riqueza oculta, son eximidos de causas judiciales y del pago de multas, entre otros beneficios. Los primeros 100.000 dólares regularizados no tributan el impuesto, y para los que declaran 100.000 dólares o más (sin cupo o límite, o sea que pueden ingresar los capitales que quieren y como quieran) el blanqueo estará dividido en tres fases: la primera, desde el día siguiente a que entre en vigencia el régimen hasta fines de julio de 2024 y determina una alícuota de ingreso del 5%; la segunda etapa va desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre con una alícuota del 10%, y la última, desde octubre al 30 de noviembre, con una alícuota del 15%, beneficiando a quienes tienen más recursos para ocultar su patrimonio y que no cumplen con los compromisos tributarios.

El denominador común de ambos proyectos es que ingresen divisas y, tal como advierte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental que es referencia mundial en la materia, permitiría el blanqueo o lavado de capitales, tales como los provenientes del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas.

Inconsistencias macroeconómica, financiera y cambiaria

La suba generalizada de los precios en la Argentina es por la súper ganancia de los grandes productores y comercializadores que los fijan en forma equivalente al valor del dólar (sin importarles mayormente el costo local) y, por ende, continuará en su raid alcista, porque lo que no se pueda vender en el mercado interno, se exporta, y si eso no pasa, se deja de producir. Si fruto de esa política, quedan trabajadores en la calle por el cierre de los establecimientos, no es un problema de ellos.

Se lo dijo Luis Caputo en la reunión que tuvo el lunes 11 de marzo de 2024 a los supermercadistas reclutados en ASU (Asociación Supermercados Unidos), entidad que nuclea a los grandes hipermercados nacionales y multinacionales; si no están de acuerdo con el precio de los proveedores del país, importen, pero no vendan en el mercado local más caro que en el exterior, cita que uno de los asistentes resumió en “importar y despedir”.

Obviamente la riqueza es producción de bienes y servicios, no la importación, que es producción y trabajo de otra nación. Y menos la renta financiera por carry trade (bicicleta financiera) que se obtiene del cepo cambiario [1], que le permitió asegurar a Luis Caputo en la reunión que tuvo en Washington[2] ante más de 400 operadores de fondos de inversión, de pensión, de bancos, de compañías de seguros, etc., el jueves 18 de abril de 2024, que en la Argentina de Milei perciben una tasa de interés mayor que la devaluación del dólar, a los efectos de que traigan dólares para convertirlos en pesos argentinos, y que tendrán un seguro de liquidez (cláusula puts) que les permite pasarse a pesos cuando ellos decidan.

El problema es que los supuestos inversionistas no le están creyendo y tienen, además del reparo para con un plan que se ejecuta contra el nivel de vida de la población y que la condena a una creciente exclusión social, tres factores relevantes que significan el comienzo del fin de la gestión de, al menos, Caputo y su gente:

1. El Consejo Agrario Argentino le advirtió a Caputo que con el actual dólar de exportación (80% por el mercado oficial y 20% por CCL) va a liquidar exportaciones a cuenta gota y al solo efecto de cubrir sus costos operativos

En ello juega además la suma de torpezas con la República Popular China, que van desde no sumarnos a los BRICS hasta decir que los chinos son todos iguales, en un alarde de obsecuencia con los Estados Unidos que hace que la gran nación asiática prefiera comprar soja, maíz, cerdo, etc., de Brasil [3].

2. La fuerte recesión económica donde diversos estudios económicos hablan de un descenso del PIB en torno al 8,5% en estos primeros cuatro meses del año y fuentes internacionales dicen que en el año 2024 el descenso ronda entre el 3,5% al 4% del PIB. Ello se refleja también en el menor nivel de recaudación tributaria que está atada básicamente al nivel de actividad:

3. La menor recaudación que, pese a la fuerte subejecución del gasto de la Administración nacional (ajuste previsional; menor transferencia a las provincias en salud, educación y transporte; paralización de la obra pública), obliga al Estado a colocar títulos de deuda en pesos ajustables por inflación y/o por dólar oficial [4], de manera tal que aumenta descomunalmente la deuda bruta para ser de 403.044 millones de dólares, incrementándose en 32.370,3 millones de dólares con respecto a diciembre de 2023.

Los tres factores mencionados no se resuelven y generan cuatro grandes inconsistencias:

• La inconsistencia macroeconómica que reside en que desciende mes a mes la IIBF (Inversión Interna Bruta Fija), por ende, se produce menos en el presente y aún menos en lo que resta del año, el resultado es una menor utilización de la capacidad instalada, con ello disminuye la cantidad de horas trabajadas (de allí las propuestas de retiro voluntario y otras de desocupación más o menos encubiertas).
• La inconsistencia fiscal, que implica que se realiza un brutal ajuste del gasto público y sin embargo la reducción de los ingresos tributarios obliga (al pagar una deuda que no se investigó) a financiarse con más deuda. La pregunta es hasta cuándo se pueden seguir endeudando, cuando ni siquiera tienen asegurado los pagos de los compromisos externos de este año 2024, por más carry trade que inventen y más ventajas le den al capital financiero para juntar los dólares.
• La inconsistencia monetaria es que va descendiendo la tasa de interés nominal, pero el sistema financiero no genera créditos (el total de préstamos al sector privado es solo 3,9% del PIB y casi la mitad de ese total es por tarjeta de créditos y otros personales), nadie se va a endeudar para no vender o vender menos. Y el financiamiento del stock no vendido casi siempre termina en quiebra.
• La inconsistencia cambiaria es que devaluaron violentamente no bien llegaron al gobierno y hoy el tipo de cambio dista de ser competitivo, la prueba está en la menor liquidación del campo, y en que se revierte el ingreso de los países vecinos en tours de compra, y ahora son los consumidores locales lo que van a esos países.

En síntesis

El fin es el de siempre. Una vez que se frena el ingreso de dólares financieros y/o comerciales, se genera la fuga de capitales que provoca la debacle de programas regresivos en términos sociales, productivos y laborales, que derivaron en el hundimiento de proyectos políticos como el de Martínez de Hoz, incluso el de la convertibilidad que duró 11 años, y el de Cambiemos.

Se entra a pasos agigantados a una fuerte depresión económica que no se subsana con todas las ventajas que pretenden otorgarle al capital extractivista en un futuro que el gobierno de Milei no puede garantizar. Un gobierno débil y cada vez más anti-popular. A su vez, los dólares de carry trade por definición son temporarios y no se sabe a ciencia cierta hasta cuando se cuenta con ellos, por más de que Caputo les asegure, lo avale BlackRock, Vanguard y la AmCham y les otorgue el seguro de liquidez con los contratos puts.

No le dan los tiempos para juntar los dólares para hacer los pagos de los servicios de la deuda (capital e intereses) [5] y acumular 10.000 millones de dólares de reservas internacionales del BCRA acordado para este año con el FMI.

La única salvación de Caputo es un nuevo acuerdo con el FMI, pero ya Gita Gopinath, subdirectora general del FMI y representante de los Estados Unidos en ese organismo, le dijo en la cara que no cuenten con una ampliación del crédito.

El gobierno pretende que ingresen capitales y genera negocios rentables, pero son miles de millones de dólares y los que los traen saben que tienen sus riesgos en un país como la Argentina que se ha declarado en default varias veces. Y lo peor para los fondos de inversión (que administra capitales de otros) es que un país no les pague, el efecto dominó de retiro de inversiones sería una consecuencia lógica y esperable.

[1] Conjunto de limitaciones a la compra de moneda extranjera a las personas y empresas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Son controles de cantidad e incluso límites a las transferencias al extranjero y restricciones en el acceso de operaciones de cambio.

[2] Organizada por JP Morgan y AmCham, que llevó como título «Argentina: estabilización, regulación y crecimiento sustentable».

[3] De allí que China no renueva ahora en mayo el swap en yuanes por unos 5.000 millones de dólares.

[4] En su mayor parte colocados con la cláusula puts (seguro de liquidez).

[5] A partir del segundo semestre de este año 2024 hay que comenzar a amortizar el capital de los bonistas que negoció Martín Guzmán el 31 de agosto de 2020. Y la República Popular China va a exigir que los swaps se utilicen para financiar el déficit comercial de la Argentina con ello (que va a ser crecente a medida que compren menos productos locales).

En octubre de 1805, en la Batalla de Trafalgar, la armada de la coalición del Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, dirigida por el almirante inglés Horatio Nelson (quien murió en ese combate), derrotó a la flota franco-española y, de esa manera, Inglaterra quedó como reina de los mares.

William Beresford, que bajo las órdenes del comandante en jefe del Ejército británico, el duque de Wellington, realizó la campaña contra Napoleón Bonaparte en Egipto, fue ascendido a general del Regimiento 71 Highlander y destinado a la toma del Virreinato del Río de la Plata. Desembarcó en lo que hoy es Quilmes, el 25 de junio de 1806, sin la menor resistencia de las autoridades españolas. Es más, el virrey Rafael de Sobremonte huyó a Córdoba con el tesoro público y fue reemplazado en el Cabildo de Buenos Aires por Saturnino Rodríguez Peña, quién recibió a las tropas invasoras y juró e hizo jurar a los demás funcionarios por el rey Jorge III de Inglaterra e Irlanda.

Saturnino Rodríguez Peña y los prósperos comerciantes porteños, quienes contaban con los más importantes permisos de vaquería y que comerciaban en contrabando con los ingleses desde hacía varios años, en 1804 se habían sumado a la logia masónica “Southern Cross” (Estrella del Sur) y, al producirse la invasión inglesa, se relacionaron rápidamente con los ocupantes, convencidos de que Gran Bretaña, dueña de los mares tras Trafalgar y en plena revolución industrial, era la potencia a la que debíamos subordinarnos [1].

Pero el pueblo de Buenos Aires y de Montevideo se organizó desde el principio para expulsar a los invasores y, tras una serie de refriegas, vencieron a los ingleses en la Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo), denominada ese día Plaza de la Victoria. Los rioplatenses se apoderaron de 26 cañones y de las banderas del regimiento 71. Estas insignias británicas fueron expuestas en la iglesia de Santo Domingo de Buenos Aires con la inscripción: “Del escarmiento del inglés, memoria, y de Liniers en Buenos Aires, gloria”.

Beresford fue detenido y enviado a prisión a Luján. Unos meses más tarde de la rendición y detención, Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla lo sacaron de la prisión y lo llevaron por el río hasta el puerto de Tigre y de allí escapó al imperio de Portugal en Brasil (aliado a Inglaterra).

Los neocolonialistas

Observamos atónitos como el Presidente Javier Milei trata de patriotas a Luis Caputo y a Santiago Bausili. Ambos son socios en Anker Latinoamérica, con sede en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, cuyos principales clientes son BlackRock, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, PIMCO, etc. Dichos fondos son a su vez accionistas y/o financian a las 720 empresas que en la Argentina constituyen la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país), entre ellas hay 25 firmas que están entre las 100 que compraron 24.679 millones de dólares en la gestión de Cambiemos entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 [2] y que no pueden demostrar en sus balances contables de dónde detrajeron los fondos para adquirir esa suma, por un lado, y, por otra parte, cuál fue el destino final de los dólares comprados.

El ministro Luis Caputo y su equipo participaron en la convocatoria de más de 400 operadores de fondos de inversión, de pensión, de bancos, de compañías de seguros, etc., realizada en Washington el jueves 18 de abril de 2024, organizada por JP Morgan y AmCham, que llevó como título “Argentina: estabilización, regulación y crecimiento sustentable”.

En esa convocatoria, Caputo les aseguró que van a seguir garantizando una tasa de interés mayor que la devaluación del dólar a los efectos de que traigan dólares para pasarlos a pesos y que tendrán un seguro de liquidez (cláusula puts) que les permite pasarse a pesos cuando ellos decidan [3].

Esa es la razón por la cual el Presidente Milei, el lunes 22 de abril de 2024, realizó una cadena nacional de 15 minutos flanqueado a la derecha por Caputo y a la izquierda por Bausili, en un mensaje a esos más de 400 operadores de los capitales internacionales reunidos en Washington, donde fijó como objetivo configurar una matriz exportadora (minerales, energía, alimentos) en desmedro del mercado interno: “Una primera etapa que vendrá determinada por la combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios relativos, como son la minería, el petróleo, el gas y el campo”.

Pero para garantizar el ingreso de dólares requiere en lo inmediato: a) generar el carry trade armado por la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili, con el freno del dólar tras una brutal devaluación no bien iniciado el gobierno de Javier Milei, y b) limitar severamente la creación de dinero y provocar una profunda recesión, para obligar a los ciudadanos de a pie a vender sus ahorros (deshacer los plazos fijos y vender sus posiciones en dólares) para poder vivir y a las empresas locales para poder financiar el stock de mercaderías que no venden.

Del 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del anterior gobierno) al lunes 22 de abril de 2024, con una inflación acumulada en torno al 81% en ese lapso, la Base Monetaria —que es la cantidad de dinero emitida y puesta en circulación por el BCRA— creció solo en un 30,18%, de esa manera disminuyó sideralmente la liquidez en el mercado financiero local. Esto se trasladó a los ya de por sí exiguos préstamos personales y comerciales que sólo se incrementaron en el período referido en un 28,4%, significando el imperceptible 3,9% del PIB, de allí que familias y empresas deben vender “sus ahorros” por la falta de dinero y de crédito.

La falta de financiación directa del BCRA al Tesoro de la Nación se reemplaza concediéndole a los exportadores y a los capitales que ingresen al mercado único y libre de cambio (MULC) el beneficio de comprar títulos del Tesoro, que es, a la vez, la principal causa por la que la deuda bruta de la Administración nacional aumentó en 32.731 millones de dólares, desde los 370.673 millones de dólares de diciembre de 2023 a los 403.404 millones de dólares al 31 de marzo 2024.

La exigencia de alcanzar el superávit financiero fiscal a cualquier costa es para comprarles los dólares a los que los ingresen al circuito económico legal (carry trade, debajo del colchón, exportaciones, etc.) para pagar las obligaciones externas, pero la mayor parte se realiza con nuevas deudas. De allí que el superávit financiero del primer trimestre de 2024, base caja, fue de 1,13 billones de pesos (equivalente a unos 1.000 millones de dólares), que incluye el pago de intereses de la deuda por 2,74 billones. Pero el aumento de la deuda fue por 32.731 millones de dólares.

Dicho superávit financiero del 0,2% del PIB (1,13 billones de pesos) es menor que la deuda que tiene el Estado nacional con las grandes productoras de energía (Pampa Energía, AES Argentina Generación S. A., Central Puerto, Genneia, MSU Energy, Albanesi e YPF) por atraso en los pagos. Sin contar el fuerte ajuste en las transferencias a las provincias y a la población, el freno de la obra pública y la “licuación” de los haberes previsionales y de remuneración al empleo estatal, que superan varías veces esa suma.

Todo el ajuste es para poder realizar los ingentes pagos de la deuda externa y esa es la razón por la que el Tesoro de la Nación ejecuta periódicamente compras de dólares de las reservas del BCRA, para garantizar el pago de los compromisos en moneda extranjera: el 18 de abril de 2024 tomó 27 millones de dólares del Banco Central a cambio de una letra del Tesoro Nacional de igual valor nominal. Mecanismo que había realizado el 25 de marzo de 2024 colocando un título en el BCRA por 9 millones de dólares (paga con títulos de deuda del Tesoro de la Nación que coloca en el BCRA).

Paralelamente, y para sostener el precio de los bonos y que sigan siendo demandados en el carry trade, hace que el BCRA compre por 246.000 millones de pesos; los precios de parte de los títulos que se ajustan por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que ajusta por inflación medida por el IPC del INDEC), descendieron como consecuencia de la desaceleración inflacionaria.

Caputo y Bausili, dos expertos “mesadineristas”, aseguran a los acreedores que van a cobrar en tiempo y forma y con tasas mayores a la depreciación cambiaria (carry trade), de allí que todos sus esfuerzos se limitan a los ingresos y pagos financieros, pero se desentienden de la economía real y no les importa que se reduzca el mercado interno, que Acindar suspenda un mes a sus trabajadores, que Longvie despida a la mitad de su personal, que Mabe —la empresa mexicana de electrodomésticos que compró a la local Drean— eche a 200 empleados en su planta de Luque, Córdoba, que Topper despida 117 personas de su planta en Tucumán, etcétera, cuando todavía falta el efecto del tarifazo energético y sabemos que en la recesión se ajusta primero por caída del salario real y después por nivel de empleo.

En síntesis

El modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador impuesto implica desindustrialización, descenso en el nivel de empleo y baja persistente del salario, para empobrecer a la población y aumentar los saldos exportables, por un lado, y, por otra parte, una permanente política de aumento de la deuda pública para que esta sea pagada, en su debido momento, por activos estatales y nuestra riqueza natural.

En 1806 los vende patria se subordinaron al capital inglés, pero nuestro pueblo los tenía identificados y sabía quién era el enemigo de adentro y de afuera y los derrotó en 1806 y en 1807 [4]. Hoy la población votó a un gobierno que es funcional al capital financiero internacional, donde gran parte de esos hijos de Saturnino Rodríguez Peña [5] trabajan y/o invierten el dinero que fugan por no pagar impuestos. Milei dice que Caputo y Bausili son héroes y patriotas.

[1] Relato de Ignacio Núñez, cronista de la época, quien escribió: “Los ingleses fueron particularmente distinguidos por las familias principales de la ciudad y sus generales paseaban del bracete por las calles con las Marcos, las Escalada y las Sarratea. Los prelados de las comunidades religiosas, entre ellos el prior de los dominicos, fray Gregorio Torres, presentaron al general Beresford una sumisa laudatoria: ‘La religión nos manda respetar las autoridades seculares y nos prohíbe maquinar contra ellas, sea la que fuere su fe, y si algún fanático o ignorante atentase temerariamente en contra de verdades tan provechosas, merecerá la pena de los traidores a la Patria y al Evangelio’”.

[2] Las empresas que forman parte de las 100 que más dólares compraron y que son miembro de la AmCham son:

Western Union Financial Services Argentina S. R. L.; American Express Argentina S. A.; General Motors de Argentina; Shell Cia Argentina de Petroleo S. A.; Cohen S. A. Sociedad de Bolsa; Monsanto Argentina S. A. I. C. (hoy fusionada con Bayer S. A.); Telecom Argentina S. A.; AES Alicura S. A.; Procter & Gamble Argentina; Acindar Industria Argentina de Aceros S. A.; Industrias John Deere Argentina S. A.; Arcor S. A. I. C.; Chevrolet S. A. de ahorro para fines determinados; Dow Agrosciences Argentina S. A.; Syngenta Agro S. A.; Cnh Industrial Capital Argentina S. A.; Dow Quimica Argentina S. A.; Halliburton Argentina S. A; Minera Argentina Gold S. A.; Colgate Palmolive Argentina S. A.; Embotelladora del Atlantico S. A.; S C Johnson & Son de Argentina S. A. Industrial Comercial; Pfizer S. R. L.; Newsan S. A.; Transportadora de Gas del Norte S. A.

[3] Al 1 de abril de 2024, el total de títulos públicos colocados en el mercado interno que vencen este año suman 22.739 millones de pesos. Los títulos del Tesoro que se renovaron desde el 10 de diciembre de 2023 extendiendo el plazo de vencimiento a los años 2025-2026-2027, mayoritariamente, lo hicieron con la cláusula puts (seguro de liquidez), que les permite a los bancos tenedores de estos ir al BCRA y canjearlos por dinero en efectivo más los intereses ganados a ese día. Diego Chameides, economista jefe del Banco Galicia en Buenos Aires afirma: “Los puts significan que la deuda a largo plazo emitida por el gobierno puede venderse en un día”.

[4] El pueblo de Buenos Aires arrojó piedras, aceite y agua hirviendo sobre las cabezas de los 5.000 invasores. El avance de las columnas británicas se vio severamente entorpecido por las defensas montadas, el fuego permanente desde el interior de las casas. Whitelocke vio como sus hombres eran embestidos en cada esquina. Mediante la lucha callejera, los vecinos de Buenos Aires superaron la disciplina de las tropas británicas. Tras una encarnizada lucha, Whitelocke perdió más de la mitad de sus hombres entre bajas y prisioneros y tuvo que rendirse.

[5] Saturnino Rodríguez Peña fue desterrado y partió a Londres, donde falleció su esposa Gertrudis Amores. En 1814 pudo regresar a Buenos Aires, pero fue arrestado. En 1818 se le dio la libertad para salir del país y fue a Río de Janeiro (imperio de Portugal, aliado a Inglaterra), donde murió en 1819.

La lógica económica en el gobierno de Milei —como fue antes en el de Cambiemos, en el de Menem con Cavallo y previamente con Martínez de Hoz— es la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficits que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori, en lo financiero y en una primera etapa.

Las inconsecuencias de la segunda etapa del modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador que propician y ejecutan les obliga, para superar la restricción externa, a endeudarse y a ofrecer pingues negocios al capital más concentrado.

En ese marco sólo se apuntalan los proyectos de inversión que comprende el “Régimen para Grandes Inversiones (RIGI)”, que era central en el frustrado proyecto de ley Ómnibus y que ahora se incorpora en el proyecto denominado “Nueva Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, para inversiones de 200 millones de dólares o más, ya sea para nuevos desarrollos o para la ampliación de existentes, en sectores dinámicos de la economía, como hidrocarburos, minería, agroindustria, infraestructura, forestal, tecnología, garantizándole estabilidad fiscal por 30 años, los cuales, a partir del tercer año, no pagarán derechos de exportación, les disminuirá la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25% y, lo que es peor, como la autoridad de aplicación es el gobierno nacional, pueden determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión.

Pero hasta que esas inversiones se realicen, el gobierno necesita de divisas para afrontar los crecientes pagos de una deuda que nunca se investigó ni se investiga adónde se destinó. A cambio, encubrir la deuda y a quienes benefició, al menos para cobrarles impuestos [1], prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa en todos los casos.

Martínez de Hoz se sumó al Rodrigazo en las devaluaciones posteriores hasta instrumentar la “tablita cambiaria”. Menem se subió a la híper devaluación e hiperinflación de Alfonsín en su primer año y medio de gestión, para después fijar el precio del dólar a 10.000 australes. La administración de Cambiemos devaluó violentamente no bien asumió el gobierno (el dólar pasó a valer 9,70 pesos el 9 de diciembre de 2015 a 13,90 pesos el 31 de enero y a 15,80 el 28 de febrero de 2016), quitaron las retenciones (derechos de exportación) a las exportaciones en general y disminuyeron las de la soja, plasmando una brutal transferencia de ingresos de los asalariados y los que perciben sumas fijas a favor de los exportadores y, entre ellos, a los de mayor patrimonio, y agudizando el déficit fiscal que se financiaba con endeudamiento en pesos y en divisas, cerrando el circuito de deuda y fuga.

Paralelamente, incrementaron fuertemente todas las tasas de interés de manera tal que en mayo de 2017 el dólar valía (hasta la crisis de Brasil) menos de 16 pesos (precio similar que un año antes) y las LEBAC (letras del BCRA) pagaron tasas en ese período del 38 al 25% anual, recreando el sistema de carry trade (bicicleta financiera) como fue en todas las etapas en que el liberalismo gobernó al país; así, ingresan dólares financieros, se pasan a pesos, lucran con la tasa de interés, vuelven a su moneda original y regresan a su país de origen.

Que fue lo que pasó el 25 de abril de 2018 ante la suba de la tasa de interés de largo plazo (10 años) de los Estados Unidos, que la acercó al 3% anual, fuga encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda argentinos en los mercados internacionales (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.). Paralelamente, aparecen fuertemente en el mercado financiero local grandes administradores de fondos de cobertura como BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity, Vanguard y Pimco, entre otros, que, en la mayoría de los casos, no le prestaron directamente al Tesoro de la Nación y sí compraron (en los mercados secundarios de títulos y acciones del país y del exterior) los títulos de deuda, a precio muy menor al nominal, a los que querían salir de esa acreencia.

Tanto Menem-Cavallo, como Cambiemos desde el inicio de la gestión, acrecentaron sideralmente las tarifas eléctricas, del gas, de los combustibles, del agua, de las comunicaciones, redujeron la alícuota de bienes personales, siempre beneficiando a los sectores de mayores ingresos en desmedro de la población. La dupla Luis Caputo-Santiago Bausili hace exactamente lo mismo

La esencia de la propuesta consiste en primero devaluar nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio sea mayor que las tasas de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, lo que genera una transferencia de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrados y de los exportadores. Una vez producida la devaluación, aseguran que las distintas tasas de interés del país (plazo fijo, rendimiento de títulos y acciones, etc.) sean mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de José Alfredo Martínez de Hoz, de Domingo Felipe Cavallo y de Cambiemos.

Por ejemplo, en la gestión de Cambiemos dejaron que los precios de grandes empresas crecieran por encima del dólar (que, punta contra punta, en ese gobierno, se acrecentó en un 670%), como es el caso de las tarifas eléctricas (que incluso crecieron por encima de la devaluación de nuestra moneda): Pampa Energía S. A. (donde participan del capital accionario y con directores nombrados en la S. A., BlackRock y Joseph Lewis) que controla a Transener [2]. O de Nicolás Caputo, que tiene participación junto con capitales chilenos y la firma española ENDESA y la italiana ENEL en Edesur. O de Rogelio Pagano que de ser empleado de Marcelo Mindlin en Dolphin S. A. (que luego se llamó Pampa Energía S. A.) pasó a ser titular de todas las empresas distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDES, EDEA Y EDEN y de la distribuidora de la provincia de Salta: EDESA.

Pero la inmediata y acelerada suba de los precios provocada por los grupos económicos locales y extranjeros que operan en la Argentina y el mayor endeudamiento para pagarles a los fondos buitre que no habían ingresado en los canjes de los años 2005 y 2010 (NM Elliot de Paul Singer, Aurelius y otros), con el fin de dejar librado el ingreso de capitales del exterior, sumado a la incapacidad en el tiempo del repago de la deuda fruto de que desfinanciaron el Estado por la devaluación y quita y reducción de las retenciones y el mismo endeudamiento en dólares, sabiendo que la devaluación no implica mayores exportaciones, esto es, pagan afuera en divisas y demandan determinada cantidad de bienes (no más que lo que necesitan), al darle más pesos por dólar beneficia a los exportadores pero eso no significa mayores ventas y sí mayor apropiación de ganancias.

La administración Caputo-Bausili

Obviamente que cada nueva administración liberal significa un nuevo retroceso para la población y un avance sistemático y mayor para el gran capital. Capital incluso cada vez más extranjerizado con predominio de los grandes fondos de cobertura que a su vez tienen mayor participación en las grandes empresas energéticas, en las mineras y en los acopiadores y comercializadores de granos, que son las tres áreas que les interesan de nuestro país

Por eso, con fecha 16 de diciembre de 2023 se publicó el DNU 55/23, que declaró la “emergencia energética” para los servicios de gas y energía eléctrica, cuyo artículo 2º dice: “La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión”.

Primero, en la Argentina existe el principio de “pobreza energética” por lo que un hogar no puede destinar más del 10% de sus ingresos totales a la cobertura de luz y de gas, que obviamente el DNU 55/23 deroga. Y, en segundo término, fijan precios y no se sabe el costo de cada cuenca productiva de gas y/o de cada usina eléctrica; es más, con los nuevos precios del gas se produce una relación directa de aumentos en la electricidad que se terminan trasladando a todos los usuarios.

La Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía incrementó en un 124% el precio mayorista de la energía eléctrica, afectando en mayor medida las industrias y comercios a los cuales se les incrementa las tarifas según consumo entre el 420% y 600%. Y la Resolución 41/2024 de esa Secretaría eleva el precio PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) del gas a 4,43 dólar/MMBTU para el período invernal, por lo tanto, los hogares deberán multiplicar por 4,5 veces lo que pagan de gas (350% de aumento) y las industrias y comercios por siete (600% aumento), y encima, hacia adelante, se ajustan las tarifas según el precio del dólar, garantizándoles a las empresas la tasa de ganancia en divisas.

En la etapa de extracción de gas, las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.

Tecpetrol del grupo Rocca-Techint preside el directorio de YPF S. A. a través de Horacio Marín, quien trabaja para el grupo desde hace 35 años y era el CEO de Tecpetrol hasta el 10 de diciembre de 2023. También trabajaron hasta esa fecha, en Tecpetrol, Matías Fariña, nombrado gerente de Exploración y Producción de YPF, y Gustavo Gallino, ahora vicepresidente de Infraestructura de la petrolera.

En Apache y Chevron participan BlackRock y su nave insignia: Pampa Energía, junto al Grupo Techint son los que hicieron el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner que traslada el gas de Vaca Muerta a Salliqueló y, seguramente, se les adjudicará el segundo tramo hasta San Jerónimo Norte en Santa Fe y de la reversa de La Carlota (Córdoba) a Bolivia, para terminar proveyéndole gas a São Paulo, Brasil (y allí seguramente se fijará el precio que deberá pagarse en la Argentina).

El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekian, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joseph Lewis, BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país.

Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas que son Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea quienes se encargan de distribuir el gas a lo largo del país.

Ex directivo de la petrolera Repsol-YPF y ex accionista de las compañías de distribución de luz y gas más importantes de la Argentina, Alejandro Macfarlane, hoy socio de Marcos Galperín en Mercado Libre, nos habla a las claras de operadores de un poder tras la sombra que no es otro que los grandes fondos de cobertura BlackRock y Vanguard, principalmente, que son a su vez accionistas o financian a las 720 empresas socias de Am Cham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), que preside Facundo Gómez Minujín, que es a la vez presidente del JP Morgan para la Argentina, Paraguay y Uruguay, y cuyos principales dueños son BlackRock y Vanguard.

En síntesis

Financieramente nada parece alterar el curso del carry trade (vender dólares para posicionarse en pesos y luego tomar ganancias para retornar al dólar), entre los fondos de inversión los más demandados en marzo y en lo que va de abril fueron los de Money Market (colocaciones en pesos).

Luis Caputo y su equipo, en la convocatoria a inversionistas en Washington, organizada por JP Morgan, del jueves 18 de abril de 2024, que llevó como título «Argentina: estabilización, regulación y crecimiento sustentable”, les aseguró que van a seguir garantizando una tasa de interés mayor que la devaluación del dólar.

El objetivo es que ingresen dólares para cubrir los fuertes vencimientos de aproximadamente 7.436 millones de dólares que se deben pagar hasta el 31 de julio 2024. Es cierto que lo exigente son los intereses del FMI (el capital se refinancia siempre que se cumpla con la meta de junio) y el vencimiento de los títulos Global y Bonar, pero también se debe contemplar que el 30 de junio de 2024 vence uno de los tres tramos de los swaps otorgados al país por la República Popular China, sería el menor (de un poco menos de 5.000 millones de dólares) y, dada la torpeza del gobierno de Milei, es probable que no se renueve y obligue al país su cancelación.

Las Reservas Internacionales del BCRA se acrecentaron en 8.112 millones de dólares entre el 7 de diciembre de 2023 (reserva bruta por 21.209 millones de dólares) y el 12 de abril de 2024 (de 29.181 millones de dólares), por tres fuentes:

1. Por la liquidación de las exportaciones (las energéticas liquidaron según lo previsto y las agro y agroindustriales algo menor a lo esperado pero lo hicieron por unos 5.000 millones de dólares hasta el 12 de abril 2024).
2. Las fuertes ventas de ahorro interno en dólares que vendieron personas y empresas para financiar su vida y/o actividad.
3. El carry trade referido que el gobierno prosigue fomentando.

Todo ello demuestra varias cosas:

El gobierno cuenta con el apoyo de los grandes medios que hablan de la acumulación de las reservas, pero no de que la deuda bruta de la Administración nacional aumentó en 32.731 millones de dólares (cuatro veces más), desde los 370.673 millones de dólares de diciembre 2023 a los 403.404 millones de dólares al 31 de marzo de 2024 (Boletín Mensual – Secretaría de Finanzas de la Nación).

Que Gita Gopinath le dijo claramente, a la delegación argentina encabezada por Luis Caputo, que el FMI no le va a ampliar el programa vigente para que el país pueda acceder a dólares frescos (el objetivo era que el FMI le otorgara un crédito por la diferencia entre lo adjudicado a Macri en abril de 2018 y lo realmente recibido).

Que la inflación medida por el IPC del INDEC no cede y va a ser mayor con el tarifazo de gas y electricidad.

Que ocultan la feroz recesión imperante y los niveles de pobreza.

Que el gobierno apuesta a que ingresen dólares como sea, sabe por las experiencias históricas mencionadas que, si se frena el ingreso de dólares financieros y/o comerciales y se exacerba la fuga de capitales, no se realiza la segunda etapa, que es la inversión de capitales. Y que el capital que viene es para comprar por la mitad lo que vale el doble, pero no para ampliar la capacidad económica.

Sí es cierto que el avance de cada día del gobierno torna cada vez más difícil volver a la defensa del mercado interno y del trabajo y la producción nacional y la importancia del salario como ordenador y motor de la actividad económica, en oposición a la recesión y a la desocupación que transforma a nuestro país en una mera factoría de exportación de recursos naturales.

[1] Proyecto de Ley del Senador Oscar Parrilli, aprobado en el Senado de la Nación y con dictamen de mayoría a favor y de minoría en contra de Diputados en el año 2023 y nunca fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su discusión y que se convierta en ley.

[2] Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S. A. (Transener) principal operadora de la red nacional integrada por 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, adicionando los 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima, Transba S. A.

La guerra en Ucrania jaqueó decisivamente la autonomía económica de la Unión Europea (UE) diseñada por el eje Berlín – París. El bloque ya había sufrido un primer golpe de la alianza anglosajona con el abandono del Reino Unido del Tratado de la Unión, en el proceso que se conoció como Brexit, concluido en el año 2020.

Alemania sufrió el resquebrajamiento de la competitividad internacional de su industria, a partir de la interrupción del suministro de energía ruso que complementaba adecuadamente su liderazgo en ciencia y tecnología. La sospechosa explosión del gasoducto báltico desarmó cualquier tipo de acuerdo en ese sentido y en el presente los germanos dependen enteramente del abastecimiento energético bajo la forma de gas licuado proporcionado por los Estados Unidos, cuyo precio triplica el suministro ruso.  Esta crisis de fuentes de energía en Alemania se completa con las sublevaciones antifrancesas en las ex colonias de esa nación en el África subsahariana, que aseguraban los minerales necesarios para la producción de energía nuclear en el país galo. La destrucción por completo de Libia (ex colonia italiana), interrumpió los acuerdos de provisión de energía entre ese país y su antigua metrópoli. De este modo Alemania, Francia e Italia perdieron las fuentes de energía segura, cayendo en una fuerte dependencia de los EEUU.

La situación descripta ha llevado a que el bloque UE resigne su independencia en la política exterior. Sus mandatarios se expresan en términos crecientemente bélicos contra Rusia, al extremo que el Canciller Alemán Olaf Scholz instó a los países de la Unión a producir material bélico en forma masiva: “debemos abandonar la industria manufacturera y centrarnos en la producción de armamento a gran escala…” y “…por muy dura que sea esta realidad, no vivimos en tiempos de paz”, son algunas de las frases pronunciadas recientemente por el mandatario. La política exterior de la UE avanza en convertirse en un arsenal continental para forzar a Rusia a una carrera armamentista remedo de la Guerra Fría.

La intervención de Estados Unidos para convertir a Europa en una herramienta subordinada a sus objetivos geoestratégicos de enfrentamiento con el bloque euroasiático liderado por China y Rusia se repite en otros puntos del planeta. Un caso parecido es la conformación de la alianza militar AUKUS (Australia – Reino Unido – EEUU) que involucra a Australia como frente anti chino en la confluencia del Océano Indico con el Pacífico.

En este sendero, Latinoamérica amenaza con convertirse en otro frente en el conflicto entre el bloque anglosajón y el bloque euroasiático. La autonomía de Brasil y México en el escenario internacional solo puede ser limitada, según la visión anglosajona, por una Argentina absolutamente alineada con ese bloque y con una política exterior belicista con China y Rusia. Nuestro país es la tercera economía por tamaño en la región, pero más allá de su extensa decadencia posee un territorio rico en minerales, agroalimentos e hidrocarburos. Los Estados Unidos necesitan abrir un frente sur contra Brasil, que se proyecte a la región, y que además asegure que sus recursos naturales no van a ser aprovechados por el bloque euroasiático ni en un proyecto de integración sudamericana como ocurrió en los primeros 15 años del siglo con la conformación de la UNASUR.

El escenario global de dilución de un mundo multipolar obliga a definiciones muy precisas en la defensa del interés nacional y de la búsqueda de una inserción mundial que asegure márgenes de autonomía que no sumerjan al país en un conflicto ajeno a sus intereses. La historia diplomática de la Argentina, frente a un mundo que siempre soportó graves tensiones bélicas, ideológicas y comerciales, fue de no alineamiento y respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Cuando esos principios fueron abandonados al final de la Guerra Fría y se aplicó una política de alineamiento automático con la potencia vencedora, nuestra Nación quedó inmersa en los coletazos de guerras lejanas y padeció el atentado terrorista en la AMIA, cuyas consecuencias subsisten en el presente. Tampoco pudo avanzar en un proceso de recuperación pacífica de las Islas Malvinas, ni recibió un potente flujo de inversiones estadounidenses a pesar de poner en venta todos sus activos públicos y ser los mejores alumnos del Consenso de Washington. En la actualidad pareciera desplegarse una situación parecida a la de hace tres décadas, pero agravada por los “tambores de guerra” que resuenan en todo el mundo.

El peronismo no se ha pronunciado categóricamente sobre los acontecimientos descriptos. Es claro advertir que los intereses nacionales en el plano global se encuentran defendidos en el marco de la inserción latinoamericana, en la búsqueda de acuerdos de complementariedad con las naciones con las que comerciamos y con políticas de no alineamiento y no injerencia en asuntos internos de otros países.

Levantar estas banderas propias del peronismo y probadas en las presidencias de Perón y las de Néstor y Cristina, lleva a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos y con el Reino Unido. El movimiento nacional vacila a la hora de plantear y sostener esa posición. Por lo menos hasta ahora, no ha habido pronunciamientos definidos y orgánicos sobre estos tópicos.

En el plano interno, la cúpula empresarial ha avanzado resueltamente en la exigencia de la derogación de la normativa protectoria de los trabajadores, en particular en la estabilidad laboral, la negociación colectiva de salarios y las condiciones de trabajo. Si bien el planteo no es nuevo, los empresarios más poderosos del país perciben que pueden construir el poder político suficiente para implementar ese programa que consideran imprescindible en una economía que avanza hacia la primarización y el extractivismo.

Con esta perspectiva necesitan que la mano de obra se convierta en un costo variable que puedan aumentar o reducir en función de un ciclo económico volátil. Transformar al trabajador en una mercancía más concluirá por eliminar el único freno que existe para que la economía no se hunda en forma inmediata ante un ciclo adverso. Si se elimina la rigidez de las relaciones laborales, ya no será necesario mantener un mínimo nivel de producción para cubrir los costos salariales y, en consecuencia, un ciclo negativo se profundizará hasta pisos nunca vistos. Esto se conjuga, por supuesto, con el fin de cualquier intervención estatal contracíclica y con una economía dependiente de los vaivenes internacionales.

Al igual que en la temática de las relaciones internacionales, el movimiento nacional vacila porque un planteo decididamente regulacionista implica una confrontación directa contra una cúpula empresaria resuelta y no dispuesta a dialogar.

El movimiento nacional, el peronismo en su conjunto, hasta ahora no han expresado la voluntad de poner límites a la sumisión nacional y social que supone el programa de Milei. Todavía estamos a tiempo, pero no es mucho el resto que queda antes de que sea demasiado tarde.

El objetivo es claro, configurar una matriz exportadora (minerales, energía, alimentos) en desmedro del mercado interno.

Para ello necesitan apuntalar la IBIF (inversión bruta interna fija) en esos sectores a como dé lugar, por eso las diez resoluciones de la Inspección General de Justicia de marzo 2024, firmadas por su actual titular, el abogado de empresas Daniel Vítolo, que eliminan la tarea de control y fiscalización del organismo y desregulan la operación de sociedades extranjeras, sociedades vehículo y offshore, a las que tras esas diez resoluciones no se les exige adecuarse a la ley argentina. Es más, la falta de control busca que ingresen fondos por lavado de activos y que encubran contabilidades paralelas propiciando el ingreso de capitales.

Igual pasa con el carry trade armado por la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili [1], con el freno del dólar tras una brutal devaluación no bien iniciado el gobierno de Javier Milei, que es muy menor a la ganancia implícita por el incremento del precio de los títulos públicos y acciones de empresas locales [2], solo para que ingresen divisas (aunque el plazo sea exiguo) en esa reedición de la bicicleta financiera.

Y no otro es el propósito de limitar severamente la creación de dinero y provocar una profunda recesión, que obligar a los ciudadanos de a pie a vender sus ahorros (deshacer los plazos fijos y vender sus posiciones en dólares) para poder vivir y a las empresas para poder financiar el stock de mercaderías que no venden, demostrado en los indicadores del BCRA.

Del 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del anterior gobierno) al martes 26 de marzo de 2024 (última fecha publicada por el BCRA), con una inflación acumulada del 75% en ese lapso, la Base Monetaria, que es la cantidad de dinero emitido y puesto en circulación por el BCRA, creció solo en un 10,9%. De esa manera, disminuyó sideralmente la liquidez en el mercado financiero local. Esto se trasladó a los ya de por sí exiguos préstamos personales y comerciales que solo se incrementaron en el período referido en un 17,4%, lo que significa el imperceptible 3,9% del PIB, de allí que deben vender “sus ahorros” por la falta de dinero y de crédito.

No hay plata, pese a que las exportaciones de mercancías llevadas a cabo durante los 115 días de la actual administración gubernamental superan las importaciones en 3.500 millones de dólares. El BCRA emite dinero cuando entran dólares al país, pero esos billetes y monedas que reciben los que vendieron dólares los termina absorbiendo el Tesoro de la Nación colocando títulos públicos [3]. Esos títulos públicos, que son en pesos y ajustables por inflación o por devaluación del dólar oficial o por los dos ajustes (bonos duales), absorben los pesos y el Tesoro de la Nación (que colocó esos títulos), con esa plata, adquiere los dólares al BCRA. Y con esos dólares paga los servicios de la deuda externa.

En primer lugar, nunca se frenó la liquidación declarada de ventas externas de minerales (esencialmente de oro) [4], de gas y de petróleo. Sí es a regañadientes la liquidación de la cosecha gruesa. CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la Repúblicas Argentina y Centro de Exportadores de Cereales) publica en su página oficial las siguientes cifras.

La liquidación de las exportaciones del primer trimestre de 2024 es un 42,93% menor que la de igual período de 2022 (que fue récord), pero un 61,41% mayor que la de igual período de 2023 (año muy afectado por la sequía). De allí las declaraciones de su presidente Gustavo Idígoras, que si el gobierno mejorara el tipo de cambio (devaluación y/o baja de retenciones) se acrecentarían las ventas externas, pues reconoce que tienen para vender 100 millones de toneladas de granos y sus derivados de la cosecha gruesa.

Este año, según estima la Secretaría de Finanzas de la Nación, hay que pagar de capital (en julio de 2024 comienza la amortización del capital adeudado a los bonistas que canjearon títulos de deuda el 31 de agosto de 2020) e intereses de la deuda externa por 4.407 millones de dólares (y en el año 2025 por 9.152 millones de dólares y similares sumas anuales en 2026 y 2027).

Debe tenerse en cuenta que no bien asumió este gobierno:

a) Devaluó el peso en un 118% favoreciendo las exportaciones.

b) Le impuso a los importadores que acuerden con sus proveedores externos porque el BCRA les vende los dólares de la importación en cuatro cuotas iguales y consecutivas del 25% cada una (o sea que la importación de enero se liquida en cuotas del 25% en febrero, en marzo, en abril y en mayo de 2024).

c) Extendió el beneficio ya otorgado por el gobierno de Alberto Fernández [5] en un título denominado BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante de que no se conoce el registro de quienes son los beneficiados, que el gobierno estima que por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares ( aumenta la deuda externa pero recién se paga el 31/10/2027).

De a), b) y c) se entiende por qué las reservas internacionales brutas del BCRA se incrementaron en 6.435 millones de dólares, pero eso no significa que hayan amentado las reservas netas máxime que:

Reservas Brutas: 27.644 millones de dólares.

Swaps con la República Popular de China: 18.000 millones de dólares.

Banco de Basilea: 3.300 millones de dólares.

Encajes depósitos en 14.051 millones de dólares.

Reservas Netas: – 7.707 millones de dólares.

Las reservas internacionales netas del BCRA son negativas.

A su vez, para garantizar el superávit comercial en el año 2024, requiere que los exportadores liquiden sus operaciones y que la recesión económica sea un freno natural a las importaciones. Y para que el ingreso de dólares continúe en los años que vienen, necesita que entren divisas por la cuenta de capital de la balanza de pagos; de allí los planteos tanto en el DNU 70 como en las nuevas versiones del Mensaje 7 y proyecto de Ley Ómnibus, ahora reflotado como Ley Base, de vender nuestros recursos naturales y nuestras principales empresas (YPF, ARSAT, Banco de la Nación Argentina, Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, etc.).

Pago de la deuda 

El ministerio de Economía, en marzo de 2024, garantizó los dólares para el próximo pago de los títulos en moneda extranjera surgidos del canje de 2020, al colocar LECAP (una letra a tasa fija que no se emitía desde el reperfilamiento forzoso realizado por Hernán Lacunza en 2019) y dos bonos indexados a la inflación, todos ellos con vencimiento en 2025 por 1,32 billones de pesos, que se utilizarán para comprarle dólares al Banco Central, con los que se pagarán los próximos compromisos en el año con los tenedores de títulos en moneda extranjera (los bonistas del canje de Martín Guzmán).

Paralelamente detrae dólares de las reservas internacionales del BCRA al colocarle en forma forzosa una “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses” con vencimiento el 3 de abril de 2029, mediante la Resolución Conjunta 20/2024 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda de la Nación, por 9.901.070 dólares, para pagar el vencimiento del 3 de abril de 2024 del tercer cupón de interés de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento final el 30 de septiembre de 2032 – Decreto 576/2022”. Práctica que será una constante, ante la particular lectura que hace el gobierno de la actualización de la Ley 27.701 de Presupuesto Nacional 2023, para que se instrumente el pago de la deuda en el Presupuesto Nacional de 2024.

En síntesis

Se prioriza el pago de los servicios de la deuda en desmedro del gasto primario de la Administración nacional al reducir las partidas para el pago de jubilaciones y pensiones, de empleo y remuneración de los empleados públicos; todo tipo de subsidios y transferencias a las provincias; se reducen las partidas para salud, educación, comedores comunitarios; se anulan autorizaciones para funcionar a cooperativas; se cercenan los planes potenciar trabajo y otros de apoyo a la población; se limitan las políticas industriales y se frena la obra pública, pero paralelamente se realizan todo tipo de artilugios para pagar una deuda que no se investigó en qué fue empleada.

Ese pago que beneficia a los tenedores de títulos públicos es el motivo del brutal ajuste fiscal y caída del nivel de actividad, porque de ese modo es funcional a un modelo extractivista, agropecuario financiero exportador, que es donde el gobierno propicia que se invierta, como lo demuestran todas las medidas tomadas y la propuesta, ahora redimida en el proyecto de Ley Base, de crear un Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) [6].

La ahora rebautizada Ley Base y el vigente DNU 70 (más allá de las cautelares de la Justicia y del rechazo del Senado de la Nación) vuelven a tener asidero en las reuniones realizadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores de Cambiemos (Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Chaco, Jujuy, San Juan, San Luis, Chubut y la Jefatura de Gobierno de la CABA), que le hace decir al gobernador Maximiliano Pullaro: “El encuentro fue muy bueno. Nosotros vamos a acompañar. Es una buena ley que le sirve a las provincias y a la nación”.

Sin palabras.

[1] Ambos provenientes del Colegio Cardenal Newman, socios en la consultora Anker Latinoamérica, ambos fueron jefes de la mesa de dinero del JP Morgan y luego de Deutsche Bank, trabajaban juntos y el segundo reemplazaba al primero en la función. Igual hicieron en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Cambiemos.

[2] Roberto Feletti plantea claramente que los títulos públicos ajustados por inflación (por ejemplo, el Boncer) ganaron en el primer trimestre del año 2024 un 40% en dólares (en tres meses).

[3] Al 26 de marzo de 2024, el total de títulos públicos colocados en el mercado interno que vencen este año suman 22.739 millones de pesos. Los títulos del Tesoro que se renovaron desde el 10 de diciembre de 2023, extendiendo el plazo de vencimiento a los años 2025-2026-2027, mayoritariamente lo hicieron con la cláusula puts (seguro de liquidez), que les permite a los bancos tenedores de estos ir al BCRA y canjearlos por dinero en efectivo más los intereses ganados a ese día. Diego Chameides, economista jefe del Banco Galicia en Buenos Aires, afirma: “Los puts significan que la deuda a largo plazo emitida por el gobierno puede venderse en un día”.

[4] Las exportaciones declaradas de oro y plata en el año 2023 fueron por 2.959 millones de dólares, lo que representa el 4,4% de las ventas externas del país.

[5] Mediante las comunicaciones A 7874 y 7877 del mes de octubre de 2013, el BCRA les consintió a los importadores suscribir letras (Lediv) en pesos a tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked, pero cuando llegó a 2.000 millones de dólares, dejo de realizar la colocación de Lediv.

[6] Proyectos de inversión de 200 millones de dólares o más, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente, en sectores dinámicos de la economía, como hidrocarburos, minería, agroindustria, infraestructura, forestal, tecnología, que no lo necesitan porque nuestro país tiene en ellos ventajas comparativas y naturales con respeto al resto del planeta. Sin embargo se pretende asegurarle estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del tercer año, se les garantiza la libre disponibilidad de divisas y cero derechos de exportación. Incluso le disminuye la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25% y lo que es peor, como la autoridad de aplicación es el gobierno nacional, puede determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión, en una delegación de facultades de manera explícita por parte de la provincia hacia la Administración nacional que puede disponer la condonación de todos los impuestos nacionales y los provinciales regulatorio para el desarrollo de la inversión.