Según el INDEC, para abril de 2024 (último informe publicado), una familia compuesta por cuatro miembros necesitó 828.158 pesos para no ser pobre, que es el costo de la Canasta Básica Total (CBT), y esa misma familia requiere de  373.044 pesos, que es el precio de la Canasta Alimentaria (CBA), para no ser indigente. En ambos casos, no se contempla el gasto de vivienda (como si fuera propia y/o no paga alquiler).

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina (PUCA), que desde hace años realiza informes sobre indicadores socioeconómicos, sostiene que la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 55,5% de la población en el primer trimestre de este año 2024, al tiempo que la indigencia pasó del 9,6% del 2023 a 17,5% en el mismo período.

De acuerdo con el mismo estudio, la pobreza, que se determina por el valor de la Canasta Básica Total (CBT), ya alcanza a 24,9 millones de residentes en áreas urbanas en el país, mientras que unos 7,8 millones de personas están sumergidas en la pobreza extrema o indigencia. Obviamente, esa suma es aún mayor sumando el resto de los habitantes del país.

El Observatorio de la Deuda Social, en un informe anterior, dijo que la devaluación de nuestra moneda en más de un 100% y la liberación de los precios incrementó la indigencia del 9,6% observado en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Con respecto a los niveles de pobreza, como consecuencia de los incrementos del costo de la CBT y de los ingresos de los hogares, estimó que la población en esta situación pasó del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre de 2023 y al 57,4% en enero de 2024, por lo que la tendencia en la indigencia continúa incrementándose y la pobreza se estabilizó en 55,5% de la población hasta marzo de 2024 y falta una nueva devaluación y un nuevo crecimiento de los precios y tarifas

La mayor parte de los pobres son niños, de manera tal que siete de cada 10 personas menores de 14 años son pobres en la Argentina de Milei. Y es así, por el modelo extractivista, agropecuario exportador que se pregona y se trata de perpetuar con elRégimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no genera trabajo y al que solo le interesa el mercado interno si tiene capacidad de compra igual o superior al extranjero. Mercado interno que es cada vez más reducido por la falta de ingresos de la población y es la causa principal de la pobreza (la falta de empleo).

Perversidad, negligencia e ignominia

El Presidente de la República Argentina se jacta en nota realizada en los Estados Unidos, que es el “topo” que viene a destruir al Estado, sin saber que el Estado es la organización civil de la Nación, y que tiene como mandato constitucional promover el bienestar general de la población

No solamente devaluó y liberó los precios aumentando la pobreza a 25 millones de argentinos y la indigencia en 8 millones de pobres, sino que pretende continuar en esa ruin tarea.

En la misma línea está el nombramiento de Sandra Pettovello, periodista del programa “La Cornisa” de Luis Majul, en un súper Ministerio, cuando no conoce lo mínimo de la legislación y de la práctica administrativa del Estado, y encima con el mandato de excluir expresamente a las organizaciones sociales que fueron y conforman la red de contención del hambre y la miseria que el modelo extractivista, agropecuario financiero exportador genera.

También lo demuestra palpablemente en la política alimentaria que se instrumenta. El gobierno, con su proceder, aumenta el número de indigentes a 8.000.000 de personas y el total de la AUH (Asignación Universal por Hijo) al mes de abril 2024 es de solo 3.800.000 personas. Con la suma de la Tarjeta Alimentar, las familias que cuentan con ambas prestaciones perciben lo siguiente: familia con un hijo de hasta 14 años, AUH 52.554 pesos + Tarjeta Alimentar 44.000 pesos por mes.

En mayo la AUH fue igual que abril y para junio se ajusta en un 41,48% (para pasar a ser de $ 74.354 por mes)

Con la exclusión social que impulsan, no distribuyen los alimentos comprados por la anterior administración. En total, el gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tenía almacenado al 3 de junio de 2023,  que fueron declarados 3.627.815 kilos en el depósito de Villa Martelli y 2.275.172 en el de Tafí Viejo, un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi 6.000 toneladas de comida sin entregar a sus beneficiarios.

El ministro del Interior y ahora jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mintió cuando le dijo a los Diputados de la Nación que no había stock de alimentos, desconociendo que en la gestión pública, cuando se cambia la administración, se hace un informe de auditoría donde se verifica el patrimonio recibido y dejado por el Ministerio anterior, que es el que informa la compra de los 7.035.478 kilos de alimentos.

La incompetencia es tal que el súper Ministerio de Capital Humano en casi siete meses de gestión no hizo una sola compra de alimentos y si lo realizó, lo hace a través de la ONG “Organización de Estados Iberoamericanos” y del Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre. Organizaciones que no están sujetas a controles o auditorias por parte del Estado argentino, y a quienes se les transfirió dinero del Estado.

La transferencia, en ambos casos, fue con la única firma de la ministra Sandra Pettovello, cuando por la ley 24.156 de Administración Financiera autoriza a un ministro a girar por 100 módulos como máximo, que a la fecha significa un límite de 2.700 millones de pesos.

Pero a la ignota “Organización de Estados Iberoamericanos”, con la única firma de la ministra, se le transfirieron fondos públicos por  6.772.500.000 de pesos para que compre alimentos (tarea que debe hacer el Ministerio), y le abonó una comisión del 5%, que representa 338.625.000 pesos.

Sin embargo, la Justicia está analizando si parte de ese dinero girado no se empleó para gastos de “comprar” influencias y para comprar dólares, dado que la misma ministra Sandra Pettovello denunció a la Justicia a su secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, y al director del área, Federico “Fefe” Fernández, porque a través de la OEI se le abonaba haberes a quienes no habían sido designados, también para sobre sueldo a los que si estaban nombrados y a 18 jugadores de rugby del Colegio La Salle que aparecen en una lista con facturaciones de entre 600.000 y 1.400.000 pesos por mes, pero que no tenían funciones en la cartera.

Ante la respuesta mediática de Javier Milei y su jefe de prensa Manuel Adorni, tratando de justificar lo injustificable, el fiscal general interino ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe, sostuvo que “el intento” del gobierno “de correr el eje de la discusión es evidente” y subrayó que aquí se están investigando “delitos”, no discutiendo la política alimentaria del gobierno.

Menos trabajo, más contaminación y pobreza

Es más, el único sostén del gobierno de Milei es el RIGI impulsado principalmente por el Club del Petróleo, los grandes generadores de energía, y las empresas mineras, que constituyen un verdadero enclave dentro de la Argentina, con estabilidad fiscal por 30 años, al cuarto año no pagan retenciones y no tienen obligación de liquidar las divisas que exportan en el país, con justicia propia en el CIADI, etc.

Detrás de la masa informe de la trama energética en la Argentina, subyacen grupos empresariales, locales y extranjeros que imponen sus hombres en el Estado y en las políticas públicas: Los Rocca del grupo Techint (hoy preside el directorio de YPF S. A. Horacio Marín, que era el gerente general de Tecpetrol S. A.); la familia Eurnekián, socia de los Rocca, en la distribución del gas y en la explotación de Palermo Aike en Santa Cruz; los Bulgheroni, iniciados en el negocio petrolero de la mano de Bridas Corporation en la Patagonia en los años ‘80, hoy expandidos a nivel global con Pan American Energy; Pampa Energía sociedad de los Mindlin con BlackRock y Joe Lewis, uno de los mayores holdings energéticos del país, con participaciones en exploración y producción de petróleo y gas natural, generación, transporte y comercialización de electricidad, incluyendo hidroeléctricas, centrales térmicas y, más recientemente, en el sector de renovables; Pluspetrol; la inglesa British Petroleum, que explota nuestro petróleo en las Islas Malvinas y es socia de los Bulgheroni; Shell; Petronas (Petroliam Nasional Berhad); Chevron; Apache; Total; ExxonMobil, Wintershall, etc.

Todos ellos fueron beneficiados por contratos con el Estado y con YPF S. A., a su vez la mayoría de ellos fueron grandes tomadores de deuda externa que pagaron comprándole al BCRA dólares al tipo de cambio oficial y, a su vez, fueron grandes compradores de dólares en la gestión de Cambiemos, sin poder demostrar en sus estados contables de dónde obtuvieron los fondos para hacerlo.

Con las mineras pasa otro tanto. En oro, plata, hierro, cobre, litio, minerales raros, etc.existen grandes empresas extranjeras y capitales asociados con los locales (Anglo Gold, Barrick Gold, Glencore, New Co —fusión de Livent y Alkem—). De aprobarse el RIGI están dispuestos a sumarse nuevos actores como Elon Musk, y otros a ampliar su inversión, por ejemplo Integra Capital, que representa José Luis Manzano, Río Tinto, Mansfield Minera, etc.

Es un modelo extractivista de enclave, sin multiplicador del empleo y que se apropia de los recursos energéticos que le pertenecen a toda la población. Para ello cuentan con un Presidente que se ve a sí mismo como un destructor del Estado y con corruptos y cobardes diputados y senadores que se disponen a convertir en ley el proyecto de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que es la entrega del patrimonio del país.

En lugar de hacer como los países soberanos, de crear fondos estatales para garantizar la apropiación de la renta minera y energética para el Estado y la población, ceden a los expropiadores. En lugar de tomar el ejemplo del general Enrique Mosconi que creó YPF contra viento y marea, para que el Estado se apropie de la renta petrolera y a la vez sirva de testigo y referencia en el precio final del bien.

Son recursos que nos pertenecen a todos los argentinos y a las generaciones venideras y, sin embargo, una administración gubernamental, con el apoyo corrupto y vil de teóricos representantes del pueblo y de las provincias, propicia una mayor extranjerización, privando el uso del recurso en el país.

Paralelamente, la asociación del capital extranjero con las empresas locales adoptan en su extracción menores medidas de riesgo y control de la contaminación (y por ende menor costo económico y social) que si lo desarrollaran en sus países de origen, por una parte, y acrecientan la dependencia de tecnología, maquinarias y equipos del exterior, por otro lado; ambos factores maximizan las ganancias de esas empresas y empobrecen, aún más, al país.

Soldado de Malvinas

“Váyanse ustedes, que tienen padres e hijos. Yo me quedo”, gritó Oscar Ismael Poltronieri mientras disparaba contra más de 600 ingleses desde el “Monte Dos Hermanas” en las Islas Malvinas hace 42 años.

Oscar Ismael Poltronieri, de 18 años y semi-analfabeto, era operador de una ametralladora y, desoyendo la orden de retirada, se quedó combatiendo solo, permitió el repliegue de todos sus compañeros (más de 120 soldados, incluidos sus superiores) a zonas seguras y disparo al enemigo con su única boca de fuego. Así, impidió el avance de todo el dispositivo ofensivo británico durante más de 10 horas. No podía moverse porque estaba herido. Poltronieri prefirió quedarse cubriendo la retirada de sus compañeros, consciente de que, herido como estaba, los iba a retrasar. Solo, herido y de noche, enfrentó a los ingleses

El comandante inglés a cargo del pelotón, teniente Andy Shaw, dio la orden de que no se lo matara y que fuera tomado prisionero una vez agotadas sus municiones. Pero la destreza del soldado Poltronieri, baqueano de las pampas, logró escapar de la redada. Después de la guerra, fue condecorado en Inglaterra con “La Cruz de Hierro al Valor”.

Pero Milei se declara admirador de Margaret Thatcher, Primera Ministra del Reino Unido en 1982, quien dio la orden al submarino Conqueror de hundir el crucero General Belgrano que estaba fuera de la zona de exclusión de combate. Fue responsable por 323 argentinos de bien caídos en el  General Belgrano y un monumento hundido a más de 4.000 metros bajo el mar.

En los países de América Latina, hasta mediados de los años ‘70 del siglo XX, el dominio minero y energético formaban parte de la soberanía estatal y eran considerados un patrimonio fundamental, incluso propiciado por las Naciones Unidas que lo presentaban como base e instrumento de un Estado para poder hacer uso de sus recursos naturales y en particular de los no renovables.

La desregulación y privatización del sector minero y energético en la Argentina desde el golpe cívico-militar de 1976 fue potenciada por el menemismo en los ‘90, los permisivos gobiernos de De La Rúa y Macri y ahora por el gobierno de Milei, que propicia el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), con el objetivo de vender dichos recursos al extranjero, dejando de lado la lógica de la prestación de un bien que produce la naturaleza y la generación del servicio para el desarrollo de la Nación.

Son recursos que nos pertenecen a todos los argentinos y a las generaciones venideras y, sin embargo, una administración gubernamental, con el apoyo corrupto y vil de supuestos representantes del pueblo y de las provincias, propicia una mayor extranjerización, privando el uso del recurso en el país. Paralelamente, la asociación del capital extranjero con las empresas locales adopta en su extracción menores medidas de riesgo y control de la contaminación (y por ende menor costo económico y social) que si lo desarrollaran en sus países de origen, por una parte, y acrecientan la dependencia de tecnología, maquinarias y equipos del exterior, por otro lado.

El caso del RIGI es obsceno: a partir del cuarto año no tienen obligación de ingresar al país las exportaciones (y tampoco pagan retenciones), y van a acrecentar (reales o ficticios), año tras año, sus importaciones de máquinas y equipos nuevos o usados, insumos, pago de los servicios técnicos, etc.

Junto al retiro del Estado, el sistema creado desvincula la minería y la energía de las necesidades de desarrollo económico y tecnológico del sector y del país, a la vez que subordina los recursos al exterior. Lo justifican por la obtención de divisas para pagar una deuda externa que fue tomada a espaldas del pueblo argentino y que benefició básicamente a una minoría parásita y rentista. Incluso esa minoría está asociada a esos capitales extranjeros y exigen más apertura al capital externo, agravando el ciclo de desindustrialización, desempleo, fuga de capitales y extranjerización.

El objetivo abarca a toda la minería (oro, plata, hierro, cobre, litio, minerales raros, etc.) en donde existen grandes empresas extranjeras y capitales asociados con los locales (Anglo Gold, Barrick Gold, Glencore, New Co —fusión de Livent y Alkem—) así como a las explotaciones de hidrocarburo de Vaca Muerta: YPF S. A., Exxon Mobil, PAE (Pan American Energy), Petronas, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Wintershall, entre otras, y de Palermo Aike (UTE entre YPF S. A. y la Compañía General de Combustible del grupo Eurnekian). Lo sucedido con la provisión de gas en la semana del 27 al 31 de mayo de 2024 demuestra cabalmente lo que estamos planteando: a) no les interesa el país; b) el grado de improvisación y negligencia del gobierno de Milei supera con creces a todos los anteriores.

Inútiles y serviles

Tras la privatización del servicio público de electricidad, en el año 1992 se creó CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A.), de la que, si bien es una sociedad anónima, el principal accionista es el Estado nacional, y es la compañía responsable del despacho de electricidad en el país, ya que establece quién vende, cuándo y a qué precio. Pero también interviene en las importaciones de gasoil y fueloil para reemplazar al gas en la generación térmica de electricidad o en la compra de gas licuado, todo con subsidios del Estado fijados en el presupuesto nacional.

La fuente principal de energía eléctrica en el país es la térmica, basada en el carbón, el petróleo o el gas natural (prácticamente el 60% de la generación eléctrica); se le suma un 23% aproximadamente de la generación en base a las represas y saltos (energía hidráulica) proveniente esencialmente de Yaciretá y, después, Piedra del Águila, Salto Grande, Chocón ,Cerros Colorados, Futaleufú, Alicurá y otras menores; y con una baja participación en la generación están las restantes fuentes.

A ello debe sumarse en la demanda de energía la provisión directa del gas a los hogares, empresas y automóviles a GNC (gas natural comprimido).

En la etapa de extracción de gas las empresas que participan son: YPF S. A., Total Austral, PAE (Pan American Energy), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.

El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekían, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joe Lewis, BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país [1].

El 3 de junio de 2022 se realizó el llamado a licitación pública para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra estratégica cuyo primer objetivo es ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural del país para reducir en un tercio las importaciones en invierno, mejorar el suministro a la industria, permitir desarrollar inversiones petroquímicas, elevar las exportaciones del combustible a Brasil, Uruguay y Chile y ayudar a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta.

La construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner desde la localidad de Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires), un recorrido de 573 kilómetros, planificado por Energía Argentina (ENARSA) y realizado por licitación pública por la UTE de Techint y Pampa Energía, fue inaugurada en junio de 2023.

El plan original era que las plantas compresoras de Tratayén y de Salliqueló quedaran finalizadas en septiembre u octubre de 2023; esto no se hizo, ni tampoco fue continuada por el nuevo gobierno; eran obras que iban a aumentar en un 100% la capacidad de transporte del gasoducto Néstor Kirchner (de 11 a 22 millones de metros cúbicos diarios). De haber sido retomadas por el actual gobierno, ya estarían prestando servicios.

Como se está gestionando con el presupuesto nacional 2023 actualizado, esto debería haber obligado a realizar la obra de las plantas compresoras, pero al regir también el DNU 70/23, el gobierno interpreta y ejecuta según su saber y entender —que es muy poco— y, en un exceso de deseo por reducir el gasto, no realizó las inversiones necesarias y se tuvo que importar gas.

Así, CAMMESA realizó la compra de siete cargamentos de 50.000 m³ de gasoil cada uno y cinco cargamentos de fueloil por 200.000 toneladas, con un gasto superior a los 500 millones de dólares, para reemplazar el uso del gas. A la par que el gobierno contra reloj, en forma desordenada, realizó las negociaciones con Petrobras para la importación de GNL (gas natural licuado) y ordenó cortar el suministro de gas a las estaciones de GNC y a todas las industrias con contratos interrumpibles [2]. Se habla de más de cien empresas en todo el país, pero la cifra no es oficial.

Es claro que este es un gobierno cuyo objetivo es la venta al extranjero de nuestros recursos naturales, y que lo sucedido en mayo se va a agravar en el invierno. Se quiso demostrar un fuerte ajuste fiscal, pero se termina pagando mucho más por la importación de Gas Natural Licuado (GNL) [3].

Centrales hidroeléctricas y carry trade

Las más importantes presas y centrales hidroeléctricas nacionales fueron concesionadas hace 30 años con contratos que finalizaban el año pasado: el 11 de agosto de 2023, los de El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW); y el 29 de diciembre de 2023, Piedra del Águila (1.440 MW).

En su momento, la secretaria de Energía, Flavia Royón, indicó que las centrales pasarían a ser operadas por ENARSA. Sin embargo, eso no pasó y los contratos se fueron prorrogando cada 60 días. Estos contratos de concesión permiten al Estado extender el plazo unilateralmente hasta un año.

Al iniciarse el actual gobierno, este le comunicó a los concesionarios que no se prorrogarían más los contratos, que las prórrogas dadas terminaban el domingo 19 de mayo de 2024 y que su operación pasaría a ENARSA hasta su licitación. Sin embargo, finalmente, el lunes 20, por la resolución 78/2024 de la Secretaría de Energía, se prorrogaron nuevamente los contratos hasta el límite máximo admitido, con lo cual en el próximo agosto y diciembre tendremos los nuevos vencimientos.

Como diría Carlos Menem sobre las “casualidades permanentes”, las empresas ENEL [4], concesionaria del Chocón y Arroyito, como AES [5], concesionaria de Alicurá, aceptaron la propuesta del ministro Luis Caputo para pagar la deuda que debía el gobierno por la provisión de energía durante los primeros tres meses de gestión con bonos que vencen en el año 2038.

Paralelamente, a través del DNU 23/2024, el Tesoro de la Nación colocó una Letra Intransferible por 3.200 millones de dólares, a diez años de plazo, en el BCRA, para el pago de deudas en moneda extranjera, por lo que parte de los dólares de las reservas del BCRA pasaron al Tesoro a cambio de un bono hasta 2034 que no puede transferirse ni liquidarse.

Finalmente el gobierno de Javier Milei, interpretando como quiere la extensión de la Ley de Presupuesto Nacional 2023 y en el marco el DNU 70/23, amplió en 35 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 35.000 millones de dólares) la emisión de letras reembolsables durante el ejercicio 2024 y autorizó la colocación de 30 billones de pesos más para afrontar la renovación de vencimientos que se produzcan durante el final del año y cuyo vencimiento supere el ejercicio fiscal corriente y sea menor a los 90 días, es decir, durante 2025. Estos últimos son principalmente títulos ajustables por inflación, con lo que les asegura a los fondos de inversión financiera, bancos, compañías de seguros y especuladores de todo tipo y lugar, que sigan trayendo dólares a la Argentina, que la inflación va a superar al acrecentamiento del precio del dólar (carry trade).

La garantía de que este gobierno va a tener los dólares para convertir los pesos que ganan los especuladores en los bonos públicos es con el RIGI. La entrega de nuestros recursos naturales y extranjerización del país es el garante de que el carry trade se paga.

Pagamos una deuda que no se investigó y que benefició a la minoría parásita y rentista que colocó parte de esos capitales en los mismos fondos que se benefician con el carry trade de Caputo. Con esos dólares ingresados se abonan los servicios de la deuda externa engendrada por Macri que tuvo como principales operadores a Sturzenegger y a Caputo.

Caputo, desde el 18 de junio de 2018 al 25 de septiembre de ese año, fue presidente del BCRA y malvendió reservas internacionales por 15.000 millones de dólares. El fiscal Federico Delgado lo denunció para que se lo investigara por los delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y defraudación contra la Administración pública.

En síntesis

A este gobierno apátrida no le interesa ni el país ni la población, y menos cumplir con la Constitución nacional. En el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California, Estados Unidos, el miércoles 29 de mayo de 2024 (cuando habían cortado el gas de fábricas y estaciones de servicios de GNC), Milei dijo: «¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre».

Lo que les interesa a los grandes capitales es maximizar sus ganancias en divisas, y este gobierno servil cumple con ese fin.

El Presidente debe cumplir con el Preámbulo de la Constitución nacional: “Promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

[1] La provincia y la cuenca del Neuquén es la más importante en términos productivos. En segundo plano se encuentra la cuenca de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Le siguen la cuenca Marina Austral, las de las provincias de Salta, Mendoza y Río Negro y finalmente el resto de las provincias: Jujuy, Formosa, y La Pampa

[2] El gobierno dijo que hubo un contratiempo administrativo con un barco que debía descargar GNL en la planta de regasificación de Escobar (provincia de Buenos Aires). En verdad, el barco de Petrobras llegó a la madrugada del martes 28 de mayo 2024, pero la firma brasileña no autorizó la descarga porque el BCRA no pudo documentar el pago del cargamento. Finalmente, se hizo a la noche del día siguiente. Se trata de una compra directa, sin licitación pública, de la empresa estatal ENARSA de un cargamento de 44 millones de metros cúbicos de Gas Natural Licuado (GNL)

[3] Por el cargamento de GNL de Petrobras del 29 de mayo 2024 se pagó 13 dólares/millón de BTU, un valor que más que triplica el precio del gas de Vaca Muerta, que se comercializa por 4 dólares el millón de BTU.

[4] ENEL es una compañía eléctrica multinacional y un actor integrado líder en los mercados mundiales de la energía y de las renovables.

[5] El accionista mayoritario indirecto de AES es AES Corporation, una empresa registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York, con presencia en 14 países.

Cumplidos en diciembre pasado los cuarenta años de vida constitucional ininterrumpida en la República Argentina, los balances respecto de la capacidad de las instituciones y el sistema político para construir el bienestar de los argentinos y argentinas fueron severamente puestos en tela de juicio en base a indicadores que muestran un deterioro socioeconómico profundo.

En efecto, las grandes crisis de 1989 y 2001, sumadas a la de 2018, que apenas se amortiguó con los recursos del FMI, arrojan resultados gravosos en términos de inflación, empleo y recurrentes desequilibrios macroeconómicos que enlodan el comportamiento y las capacidades de los representantes del pueblo a lo largo de esos años.

Este tipo de análisis llega a cuestionar las bases mismas del sistema democrático y sus elecciones bianuales y son utilizados para explicar la irrupción de Javier Milei como presidente de la Nación, a partir de su promesa de acabar con “cien años de fracasos”. Los números presentados por el INDEC sobre la encuesta permanente de hogares (EPH) efectivamente muestran que el indicador de pobreza por ingresos para el segundo semestre de 2023 arrojó que el 31,8% de los hogares argentinos eran pobres y el 8,7% indigentes.

Pobreza estructural

Ahora bien, con este diagnóstico y con apoyo en los datos del INDEC vamos a abordar el comportamiento de la pobreza estructural a lo largo de estas cuatro décadas. El concepto de pobreza estructural comprende a los hogares afectados por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), abarcando indicadores vinculados a condiciones habitacionales, educación formal e inserción en el mercado laboral.

Las NBI permiten observar el comportamiento de largo plazo de las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, por eso su evaluación se realiza decenalmente en ocasión de los censos de población y difiere de las mediciones de pobreza por ingresos que son semestrales y miden más coyunturalmente la relación existente entre las políticas de precios y las políticas de ingresos. El cuadro que continúa vincula tres mediciones:

• El porcentaje de hogares con más de una NBI
• La tasa de crecimiento promedio anual del PIB en los períodos intercensales
• El PIB “per cápita” al momento de cada censo

Las cifras correspondientes al censo 2022 no están aún publicadas, por eso no fueron evaluadas.

*1 Promedio anual de crecimiento del PIB año 1980 a 2000

*2 Promedio anual de crecimiento del PIB año 2001 a 2010

* Los valores de PBI per cápita son aproximados

El cuadro precedente, que abarca la evaluación realizada sobre las mediciones de NBI en los censos de 1980, 2001 y 2010, revela que a lo largo de tres décadas:

1 La pobreza estructural descendió del 22,3% de hogares con NBI en 1980 a 9,1% de hogares en el año 2010.

2 Esta reducción de más de la mitad de la pobreza estructural en la Argentina a lo largo de 30 años es sin duda un aporte de la democracia iniciada en 1983.

3 El crecimiento a largo plazo del tamaño de la economía sin duda fue el factor necesario (aunque no suficiente) para alcanzar esta mejora socioeconómica.

4 En el cuadro se observa una tasa de crecimiento anual promedio del PIB en el lapso 1980-2001 del 2,1% y del 4% en el período 2001-2010.

5 Similar evolución presenta el PIB per cápita que casi se triplicó entre 1980 y el 2010.

Además, la reducción de la pobreza estructural alcanza un impacto diferencial en las provincias argentinas. El cuadro que sigue revela la heterogeneidad entre las mismas, si bien en un sendero positivo de descenso.

Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según provincia. Total del país. Años 1980-2010

tabla 2.png

Los progresos más significativos se verificaron en las provincias del Norte Grande y en las zonas de la pampa húmeda alcanzadas por la expansión de la frontera agropecuaria.

Podemos ver que los esfuerzos de los gobiernos democráticos por promover mejoras en salud, educación e infraestructura en servicios básicos, si bien fueron dispares en el ritmo y la profundidad, no dejaron de sostener un sendero de elevación de la calidad de vida estructural que se tradujo en las cifras relevadas en los distintos censos.

En este punto, cabe preguntarse entonces sobre los alcances del fracaso de la democracia y de los partidos mayoritarios que la condujeron, habida cuenta las cifras de pobreza estructural que dejó la dictadura cívico-militar conforme los números de 1980.

Reiterando la necesidad de comprender las disparidades de cada gobierno, es imprescindible señalar que ninguno planteó la anulación completa de la obra pública, sin la cual las escuelas, los hospitales, la extensión de las redes de agua corriente y la infraestructura en general no se hubieran realizado, lo que hubiese impedido el descenso de la pobreza estructural verificado a lo largo de treinta años. De esto se infiere que es antidemocrático y antisocial anular las herramientas que permiten crear condiciones básicas para la mejora socioeconómica de la población.

Pobreza por ingresos

Este desempeño positivo del régimen constitucional argentino en términos de combate a la pobreza estructural, no parece verificarse en el comportamiento ocurrido en los últimos años con la pobreza coyuntural y/o pobreza por ingresos.

El cuadro que continúa permite ver el porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza entre las mediciones de los censos 2001-2010 y la serie 2016-2023 que abarca los últimos dos gobiernos democráticos.

Pobreza e indigencia – I Semestre 2016 – II Semestre 2023

Se aprecia con nitidez, en la medición de un indicador coyuntural, la tensión estructural entre la política de precios y la política de ingresos. Es en este indicador donde mejor se observan las diferencias de políticas públicas entre los gobiernos democráticos.

En octubre de 2001, después de una década de estabilidad cambiaria y de precios, la pobreza alcanzaba el 28% de los hogares y la indigencia el 9,4%. Estas cifras se insertaban en un modelo económico que llevaba siete años continuados de desempleo abierto de dos dígitos, oscilando en el 15% promedio anual. Se advierte entonces que el control de la inflación es estéril para mejorar la vida cotidiana si no está acompañado de generación de empleo y aumento de salarios.

En el segundo semestre de 2010, los hogares bajo la línea de pobreza eran del 6,8% y de indigencia del 2,1%. El fuerte descenso de las condiciones de indigencia y pobreza está asociado a tasas de crecimiento económico muy altas -el año 2010 fue el pico con el 10,1%- y una política de precios y de ingresos que se armonizaba en términos de mejora en la pauta distributiva, a favor de los sectores populares.

La serie que abarca las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, de signo político opuesto, muestran una situación de pobreza e indigencia mucho más grave.

La Presidencia de Mauricio Macri se caracterizó por promover un cambio de precios relativos en contra de los ingresos populares. Esta política de precios estuvo signada por los siguientes elementos:

• Devaluación y liberación del mercado cambiario
• Tendencia a alinear precios internos con precios internacionales. Disminución de las alícuotas de derechos de exportación y baja del subsidio a la energía eléctrica.
• Desregulación de mercados
• Suba de la tasa de interés, alentando la valorización financiera de los excedentes líquidos.

Este conjunto de medidas incidió en la suba de precios, sobre todo de consumos esenciales como alimentos y energía, deteriorando el salario y los haberes previsionales. Esta política se implementó en el marco del denominado “gradualismo”, que permitía dosificar la alteración de la pauta distributiva a partir de un voluminoso endeudamiento público con los mercados internacionales y los organismos multilaterales de crédito.

El gobierno de coalición peronista, denominado Frente de Todos y encabezado por Alberto Fernández, evidenció impotencia para adoptar una política de precios y de ingresos que revirtiera los perjuicios causados durante el gobierno del presidente Macri.

La pandemia global impactó de lleno sobre una economía maniatada por la deuda contraída con el exterior y con varios años de estancamiento. Si bien existieron intentos de impulsar una política de precios e ingresos que atenuara al menos los efectos sobre la canasta de alimentos, estos nunca lograron la cohesión necesaria en la coalición gobernante para darle la fuerza que la situación requería.

El inicio de la guerra en Ucrania como factor exógeno y la sequía histórica como elemento endógeno terminaron de disparar los precios internos, traccionados por la situación externa, vulnerando así las políticas regulatorias de un gobierno sin rumbo definido.

Pauta distributiva

Los gobiernos democráticos se revelaron eficaces para alcanzar descensos relevantes en la pobreza estructural, reduciendo las necesidades básicas insatisfechas de la población. La inversión social sostenida en educación, hábitat y condiciones sanitarias influyó decisivamente en la mejora de los indicadores. Sin embargo, los gobiernos democráticos también fueron incapaces de alterar estructuralmente en favor de los sectores populares la pauta distributiva.

Después de las dos grandes crisis sufridas por la economía argentina en 1989 y 2001, la brecha de desigualdad entre el decil de mayores ingresos y el de menores ingresos era 35. En los 20 años que recorren el 2003 y el 2023, se revela un descenso sostenido hasta el año 2015, para luego revertir esta tendencia favorable hacia los hogares de menores ingresos y terminar estancándose en torno a una relación de 18 a 1. El cuadro que sigue muestra esta evolución en la brecha entre los hogares de mayores y menores ingresos.

Conclusión

En la última década se ha afirmado una coalición política conservadora con fuerte anclaje social y regional, que le permite sostener un elevado grado de influencia en las políticas públicas de la Nación.

En párrafos previos se ha descrito cómo durante la presidencia de Mauricio Macri, esta alianza promovió con éxito un cambio regresivo de los precios relativos de la economía, a partir de modificar las variables nominales, precios, tipo de cambio y tasa de interés a su favor. También se relató cómo durante la presidencia de Alberto Fernández, desde sus posiciones dominantes en distintos mercados de bienes y servicios esenciales, dicha coalición ha actuado para frustrar los intentos de reversión de estas políticas.

La tendencia planteada por esta coalición conservadora ha alcanzado su cuota máxima con el gobierno de Javier Milei, que apunta a quebrar la tendencia favorable de reducción de la pobreza estructural verificada en los últimos 40 años (esto sin dejar de advertir que, sin dudas, la última década experimentó un ciclo prolongado con crecimiento del tamaño de la economía casi nulo, y con regresión en la distribución del ingreso).

Asistimos entonces a un conflicto no resuelto, caracterizado por un bloque dominante que tiende a cohesionarse a partir de objetivos muy regresivos, lo cual no pudo ser afrontado con éxito por las diferentes formaciones de lo que podría denominarse el frente nacional y popular.

Si tenemos que hablar del fracaso de la democracia argentina, el mismo tiene que ver con lo ocurrido precisamente a partir de la asunción del macrismo y no en planteos que pretenden retrotraernos al país previo a la Ley Sáenz Peña.

La economía real se fundamenta en la creación de bienes y servicios tangibles, en la creación de puestos de trabajo y empleo de mano de obra y en la generación de riqueza a través de la producción.

Los principales componentes de la economía real son la producción (la actividad de crear bienes y servicios); la distribución (la remuneración a los factores de producción: al trabajo, al capital y a la propiedad de los recursos naturales); el comercio, que es como se distribuyen los bienes y servicios en el mercado; y el consumo, que es como se utilizan los bienes y servicios.

La economía financiera se centra en los activos y mercados financieros, cuya finalidad debería ser canalizar al ahorro (excedente de un sector de la población que no se transforma en inversión), a quienes sí lo emplean para producir bienes y servicios.

John Maynard Keynes sostenía que ese es el principal problema del capitalismo, no puede transformar debidamente el ahorro (riqueza no consumida) en producción, y por eso proponía la “eutanasia” del rentista, así como la intervención del Estado para que con un plan general asista a la población y garantice la inversión.

“Un creciente abastecimiento nacional debe considerarse no como un ideal en sí mismo, sino como un medio de crear un ambiente en el cual pueden perseguirse a salvo y convenientemente otros ideales. La nación, en su conjunto, será seguramente más rica si se emplea a los hombres y a las máquinas para construir casas muy necesarias, que si se los sostiene en la ociosidad. El pensamiento está de tal manera oscurecidos por cálculos falsos que desconfían de conclusiones que deberían ser obvias, porque descansan en un sistema de contabilidad financiera que despierta dudas sobre si tal operación es rentable” [1].

Ese principio de rentabilidad en base al interés compuesto es el que le hace afirmar a Keynes: “Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que una persona o una sociedad puede mantener su solvencia”.

Y Albert Einstein afirmaba: “Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”.

Pero detrás de la infinita estupidez humana, se encuentran los intereses de rentistas de toda calaña que acrecientan su patrimonio y su poder basándose en la apropiación del trabajo, del ahorro y de los recursos naturales de nuestro pueblo.

No otra cosa ha sido la demostración fáctica de este gobierno, que ha exacerbado todo lo conocido. En la faz financiera, primero, al devaluar nuestra moneda en más de un cien por ciento y liberar los precios con el grado de concentración de los mercados en donde pocas empresas los determinan. Y, posteriormente, al permitir que se atrase el tipo de cambio ante la inflación generalizada, de manera tal que el “campo”, como les gusta autodenominarse a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos y de carnes, frena la liquidación de las exportaciones por considerar que el precio del dólar no le es suficiente [2].

Paralelamente, el gobierno, desesperado por frenar el proceso inflacionario que ellos mismos generaron, no acierta a cómo hacerlo. Primero frenaron la creación primaria de dinero (base monetaria, que es la cantidad de dinero que pone en circulación el BCRA en el sistema económico), para luego permitir cierta flexibilización en su creación, que acompañaron reduciendo la tasa de referencia (que es la que el BCRA les paga a las entidades por la esterilización de dinero) del 100% a 40% nominal anual.

El problema está en que las entidades financieras abonan tasas a los depósitos que captan a 30 días, que oscilan entre el 3,08% efectiva mensual (37% nominal anual) y 3,25% (39% nominal anual), mientras que el dólar blue paso de valer 1.055 pesos el 30 de abril a 1.275 pesos el 22 de mayo de 2024 (un ajuste del 20,85% en esos 22 días).

A su vez, el gobierno fue ofreciéndoles a los bancos la colocación de títulos del Tesoro de la Nación ajustables por inflación, que se incrementó sideralmente, no solo absorbiendo parte de las Leliqs que los bancos depositaban en el BCRA, sino poniendo en funcionamiento la bicicleta financiera con el ingreso de dólares al sistema económico local, por dichos títulos en pesos, por el equivalente a 52.857 millones de dólares al 30 de abril de 2024.

El problema es que, en mayo de 2024, la tasa de inflación (por la que se ajustan los títulos públicos) no es tan redituable en un marco en el que la Argentina pasa a ser cara medida en dólares, por el mismo atraso cambiario y con el precio del dólar que crece por encima de las otras variables.

Máxime que, de dichos títulos de deuda interna, unos 20,5 billones de pesos (con una base monetaria de 15,8 billones de pesos), poseen la cláusula puts, que es un seguro de liquidez que se utilizó para fomentar la migración de pasivos del BCRA hacia el Tesoro. La entidad que cuenta con un put puede ejecutarlo cuando quiera hacerse de liquidez y el BCRA debe salir a comprárselo a través de la emisión de dinero.

En ese frágil marco, deben pagarse las obligaciones de la deuda externa al 31 de julio de 2024, por 7.436 millones de dólares y, desde agosto de 2024, el comienzo de la amortización del capital de los títulos canjeados en la gestión del ministro Martín Guzmán el 31 de agosto de 2020.

Sin el apoyo financiero del FMI, con las exportaciones de granos en cuentagotas, solo le queda atarse a los grandes fondos de cobertura (BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Greylock, etc.) que son los principales tenedores de títulos de deuda externa canjeados, quienes solo pondrían los dólares necesarios para cubrir los vencimientos y renegociarían los propios, si se les da, a cambio, la ley denominada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

Por lo tanto, esos fondos cierran el circuito, dado que ellos administran gran parte de la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos en los años 2016/2019, que el gobierno de Alberto Fernández dijo que iba a investigar hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Y ahora reclaman la libra de carne de Shylock, el mercader de Venencia, que son los importantes recursos naturales de la Argentina.

El RIGI

Son esos fondos los que impulsan el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que hace que principalmente la minería y el petróleo, que están operados por grupos concentrados locales y del extranjero, gocen de un sistema impositivo y laboral totalmente separado del resto del país.

Un enclave en la Argentina que no estaría obligado a liquidar las divisas que obtengan de sus exportaciones a partir del cuarto año y que contarían con estabilidad fiscal por 30 años.

Pero no tiene solamente el fin de los importantes yacimientos que están explotados en la actualidad, e incluso los que están en avanzado estudio, como es el caso de la perforación del primer pozo exploratorio en Palermo Aike, en la provincia de Santa Cruz, por YPF S. A. (presidida por Horacio Marín, ex gerente general de Tecpetrol S. A.) y la Compañía General de Combustible S. A. (CGC, cuyo principal socio es Eduardo Eurnekian), que sería la segunda reserva de hidrocarburos no convencionales del país. Sino que Rusia ha llevado a cabo programas de mapeo y sondeo de la geología antártica, tanto terrestre como submarina, que indican que sus navíos de investigación habrían descubierto, en la Antártida, reservas de hidrocarburos equivalentes a 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad aproximadamente diez veces mayor que la producción total del Mar del Norte en cincuenta años. Estudio que comunicó BRICS News, el canal oficial del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Según el Tratado Antártico y el Protocolo de Protección al Medioambiente, firmado en 1959 por los siete países que reclaman territorio propio sobre la Antártida (la Argentina, Chile, Nueva Zelandia, Australia, Reino Unido, Francia, y Noruega), más Estados Unidos, Bélgica, Japón, Sudáfrica y Rusia, cualquier tipo de explotación sobre minerales está prohibida, no así la investigación científica. Ese tratado vence en el año 2048.

En el mes de agosto en la Argentina se reunirán 150 representantes de todo el mundo para supervisar que no se lleven a cabo otros fines que los acordados, máxime que, además del petróleo, los hielos del continente blanco significan el 70% o más del agua dulce del planeta. Recursos imprescindibles en el mundo que viene y que hacen que esos fondos acreedores de la Argentina pretendan su enajenación.

La primera base constituida en la Antártida (Base Orcada) fue instalada por nuestro país en 1904. En 1908, el Reino Unido reclamo su participación por tener posesión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y en 1940 Chile también reclamó al extender su territorio sobre el polo sur.

En ese complejo marco, la Argentina deudora de una deuda no investigada y con un gobierno que dice creer en el libre mercado apátrida, es presa de los acreedores que le imponen las condiciones del RIGI.

Mientras se le miente a la población sobre las necesidades de que vengan los capitales a explotar nuestros recursos, que no le pertenecen a esta administración sino al pueblo argentino y especialmente a las generaciones venideras, al futuro de la patria, observamos cómo Noruega se apropia de la renta petrolera que detrae de sus costas y las vuelca en toda su economía, por lo que tiene la mejor distribución de ingresos de todo el planeta. Recordemos que la distribución es el pago a los factores de producción, esencialmente al trabajo.

En síntesis

La situación de ahogo financiero se agrava con el freno abrupto en el ingreso de dólares que fueron atraídos por la bicicleta financiera. Sumado a que los exportadores de granos no están dispuestos a liquidar sus operaciones en tiempo y forma, generando las condiciones para el colapso cambiario.

La economía financiera le permitió al gobierno de Milei llegar hasta acá, pero sin dólares se agota por sí misma, dado que la producción de riqueza (la economía real) se cae estrepitosamente junto con el mayor descenso de la IBIF (Inversión Bruta Interna Fija).

El colapso cambiario da lugar a la fuga de capitales provocando la debacle del gobierno de Milei y su programa regresivo en términos sociales, productivos y laborales. A esa situación lo llevan los mismos fondos que lo impulsaron para que sea el titular del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, lugar en el que solo puede continuar si acepta las enajenantes condiciones del RIGI.

Es de esperar que el pueblo argentino tome conciencia de lo que ello implica y significa y se dé por terminada esta experiencia que tanto daño ha causado y que terminara de la peor forma.

Bicicleta con dólares destruida, chocada, adoquines.

[1] John Maynard Keynes, La Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica.

[2] Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, en declaraciones a los medios del 1 de abril de 2024, aseguró que “el mercado de granos necesita un mejor precio”, que tienen 100 millones de toneladas de granos para exportar, pero que van a liquidar lo justo y necesario para cubrir sus costos y gastos y no más.

En economía se define como “matriz productiva” a cómo se organiza una sociedad para producir determinados bienes o servicios en un tiempo y precio determinado, cómo emplea los recursos que tiene a su disposición (o desarrolla los inexistentes) y, de acuerdo a los fines determinados en nuestra Constitución nacional, cómo se hace para generar procesos de producción que permitan el crecimiento y desarrollo, propendiendo a la generación de mayor valor agregado, a la creación de riqueza y a la vez al bien común, a la igualdad de oportunidades y al progreso.

Es más, consecuentemente con ese objeto de crecimiento y distribución del ingreso se realizó la Constitución nacional de 1949 (Constitución escrita por el proyecto político del 17 de octubre de 1945, en el que el pueblo se hizo presente y partícipe), que declaró los minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Sobre estas bases, aparecen los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura como el vértice de un nuevo concepto de democracia participativa nacional y popular.

La autodenominada “Revolución libertadora” derogó la Constitución de 1949 para limitar la independencia económica pregonada por Juan Perón el 9 de julio de 1947: “Aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas”. Así, se abrió el país al capital internacional mediante el llamado “Plan Prebisch”, que Arturo Jauretche titularía “el retorno al coloniaje”, pero debió reconocer los derechos laborales que plasmó en la Constitución de 1957 que, en su art. 14 bis afirma: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial».

”Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

”El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Las dictaduras militares de 1955, 1966 y 1976 violentaron la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, pero, conscientes de que el pueblo argentino conservaba su amor a la patria, no hicieron (al menos pública y descaradamente) alarde de subordinación al capital extranjero.

Por ejemplo, el RIGI (Régimen Especial de Promoción para las Inversiones de Grandes Empresas), que forma parte del proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, tiene su antecedente en el Decreto Ley de Hidrocarburos N° 17.319, que fue promulgado en 1967 durante la dictadura militar de Onganía. Esta ley estableció el marco regulatorio para la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos en el país. Uno de sus capítulos más controversiales fue el Régimen de Inversiones para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que otorgó amplios beneficios e incentivos fiscales a las empresas petroleras, tanto nacionales como extranjeras [1]. O sea que no solo relegaron a YPF (en ese entonces empresa del Estado) para apropiarse y distribuirse la renta petrolera, sino que generaron el marco legal para su perpetuación, en lugar de que la renta petrolera fuera del Estado.

Pese a las dictaduras de 1955, el gobierno de Arturo Frondizi y la dictadura de 1966-1973, el modelo de sustitución de importaciones que implicaba trabajo y poder de los trabajadores persistía. Por eso, su destrucción y reemplazo por un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador en la dictadura militar de 1976 (“Rodrigazo” previo), en la que la burguesía local aceptó subordinarse a la economía mundial que exigía una Argentina que produjera alimentos y materias primas. Lo hizo, en primer lugar, por el temor a los trabajadores (de allí la destrucción de la producción fabril), y en segundo lugar, porque es una burguesía rentista y fugadora de capital, que vive de la diferencia abismal entre el costo de producción y el precio internacional de esas materias primas (incluye petróleo, gas y todo tipo de minerales), alimentos, y forrajes en el país con respecto al mundo, por contar con abundantes recursos minerales y con tierras fértiles.

Para ello fue necesario endeudar al país, que esa plata la fugue la casta dominante enriqueciéndose y que las obligaciones las pague el pueblo argentino. Con el fin de conseguir las divisas para pagar la deuda se priorizó vender al extranjero por encima de la producción y su venta al mercado interno.

La Argentina pudo tener problemas de falta de ingreso genuina y de estrangulamiento del sector externo en algunos años del siglo XX en los que una tasa sostenida de crecimiento del PIB hizo que crecieran más las importaciones que las ventas al exterior, pero eso no es cierto en el siglo XXI, puesto que, si tomamos la suma acumulada desde el año 2000 hasta el marzo del año 2024 inclusive, las exportaciones superaron las importaciones en 281.046 millones de dólares, divisas que se emplearon para pagar deuda y fugarla y eso explica que residentes argentinos tengan a su nombre una suma equivalente en el exterior y que la deuda externa pública bruta sea de 403.044 millones de dólares al 31 de marzo de 2024.

La deuda nunca investigada y el camino elegido para pagarla (capital y crecientes intereses) es la que impone la matriz productiva que genera el modelo extractivista, agropecuario exportador, que engendra la extrema pobreza por desocupación y malas remuneraciones y la extrema riqueza por apropiación de la renta y, con ello, la destrucción del aparato productivo por la minoría (local y extranjera) que se apropia de los recursos que nos pertenecen a todos los habitantes de este país.

La deuda que benefició y beneficia a una minoría rentista y parasitaria es la que hace que el embajador Marc Stanley, el 30 de agosto de 2022, en la cena anual del Centro de Estudios Americanos en la Argentina (CEA), afirmara: «La Argentina puede abastecer de energía al mundo y alimentarlo para poder ayudar a recuperar y hacer crecer a su propia economía”.

El RIGI

Como caballo de Troya del capitalismo financiero mundial, dentro del proyecto que, cínicamente, denominan “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, crean el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores), que lo que hace es generar enclaves económicos extranjeros (con sus propias normas y leyes) dentro del país y, en el mejor de los casos, asociados a grandes capitales locales. Es más, le dan estabilidad fiscal a lo largo de 30 años (no pueden cobrarles nuevos gravámenes de ningún tipo) y los proyectos estarán bajo jurisdicción extranjera (esencialmente el CIADI [2]), sustrayéndolos de la Justicia nacional. De esa manera se aseguran de cobrar fuertes multas en caso de que un gobierno que defienda lo nuestro incumpla con las condiciones impuestas de aprobarse la ley.

A partir del tercer año de funcionamiento de la actividad, podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país y sin tener que abonar retenciones o derechos de exportación. La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables es un acto criminal de administración fraudulenta por ser el vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio.

La creación RIGI declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. En esto viola lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución argentina que establece que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, dado que el RIGI reduce al 25% el impuesto a las ganancias, en lugar del 35% que rige para las empresas en el país. Además, no se cobra arancel a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y demás bienes y accesorios de capital, no se exige ningún requisito que implique garantizar un “compre nacional” o que contrate mano de obra argentina, entre otras grandes ventajas que se otorgan.

¿Qué es lo que hacen las naciones que se respetan a sí mismas y se proyectan en el futuro independientes y libre de verdad, no con la falacia de los llamados libertarios? La evidencia empírica indica que los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular fondos soberanos de inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinados a las próximas generaciones.

Noruega, considerado el país más igualitario y con mayor calidad de vida del mundo, detenta un fondo soberano creado en 1990, basado en las exportaciones de petróleo y gas, con un activo de 1,626 billones de dólares.

En el centenar de fondos soberanos existentes, hay cinco de Latinoamérica. Chile cuenta con dos fondos de producción y exportación de cobre, con activos por 22.000 millones de dólares. Colombia con un fondo de 12.000 millones de dólares y México con otro de 7.000 millones de dólares, basados ambos en las exportaciones de petróleo y gas. Perú con un fondo de 5.000 millones de dólares y Bolivia con un fondo de 400 millones de dólares para recursos mineros.

En síntesis

De consumarse la infame traición a la patria (art. 29 de la Constitución nacional), la Argentina dejara de ser una nación para pasar a ser una factoría exportadora, y se deberán hacer cargo los traidores.

No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos; y solo un Estado consciente, con un plan y asegurando la participación de la población (los canales y los instrumentos de participación), puede ponerles los límites y obligarlos a cumplir las leyes, a la vez que debe ser capaz de conducir a una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria. Eso en nuestro país ha sucedido pocas veces, las más o son gobiernos impuestos por los grandes empresarios y la Embassy o son funcionales y temerosos del poder económico.

Debemos ser una nación en la “que solo esta ley rija, es pa’ todos la cobija o es pa’ todos el invierno” (El Paso de los Libres, Arturo Jauretche).

[1] Enrique Aurelli, “La trama energética II. Gas natural y lobby en Argentina”. 

[2] CIADI: Es una institución del Banco Mundial especialmente establecida para arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos e inversores, empresas, incluyendo empresas multinacionales. El objetivo es la seguridad jurídica a los capitales de inversión internacionales. La Argentina tiene demandas de la generadora de electricidad AES que data desde el año 2002; la constructora alemana Hochtief Aktiengesellschaft; dos empresas de Austria que reclamaron en diciembre de 2014 por la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar en Salta; tres aseguradoras de Países Bajos, Orígenes AFJP, y Metlife seguros, en 2019 por la eliminación del régimen de capitalización; el grupo español Abertis, principal accionista de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste; etc.