La diplomacia busca, en esencia, que el recurso a las palabras evite el uso de las armas en las relaciones entre países, mientras que a su vez se protegen los intereses del Estado y de la nación.
La práctica diplomática, ejercida con destreza institucional y respeto a las contrapartes, es fundamental para el bienestar de un país. Por esto, atributos como la formación, el conocimiento, la prudencia, el talento, la templanza, el tacto y la razonabilidad resultan vitales.
En 1957, el estudioso inglés de las relaciones internacionales, Martín Wight, recuperó y precisó un concepto contrario: la anti-diplomacia. Las fuentes de la anti-diplomacia las encontró Wight en experiencias que se caracterizaron por perseguir una redentora transformación del mundo.
Este tipo de proyecto le resultaba temerario pues la ambición mesiánica que lo nutre podía derivar en una peligrosa distopía. Si la diplomacia tiene un valor sistémico, la anti-diplomacia tiene un sentido anti-sistémico.
En este contexto, retomo y refino la noción de Wight para abordar el comportamiento internacional del presidente Javier Milei en el primer semestre de gestión. Para hacerlo es preciso hacer una distinción entre diplomacia y anti-diplomacia. La diplomacia se ocupa de las relaciones Estado a Estado en lo bilateral y multilateral, mientras la anti-diplomacia se manifiesta en vinculaciones transnacionales, no gubernamentales.
Los periplos de Milei no parecen tener como objetivo estimular y optimizar los lazos inter-estatales. Viaja para asistir a eventos partidistas, a conferencias variadas y encuentros informales, así como a citas con algunos hombres (casi nunca mujeres) del mundo empresarial y personajes políticos. Son contados (en número y tiempo) los diálogos directos con mandatarios y se desconoce si en los realizados obtuvo avances significativos en materia comercial, por ejemplo.
No exhibe interés en cumbres multilaterales inter-gubernamentales como las de CELAC (ausente) y el G-7 (pasó inadvertido), pero sí en cónclaves como el Foro de Davos. En ese tipo de eventos ofrece largas lecciones de economía que pocos entienden aunque son aplaudidos.
La diplomacia apunta a ampliar y mejorar los contactos y acuerdos en el nivel de los Estados. La anti-diplomacia procura fomentar coaliciones y alianzas ideológicas entre semejantes, con figuras que están en el poder, han estado al frente de un gobierno o compiten electoralmente.
En particular, Milei es parte activa de una red que es, de facto, una Internacional Reaccionaria. Un grupo de personas de procedencia distinta pero unidas por una visión de un pasado glorioso en cada nación, la búsqueda refundacional de un nuevo orden doméstico e internacional, la reversión en materia de derechos sociales –que consideran moralmente inaceptables– y un singular fervor anti-China, anti-comunista y anti-progresista.
Como su figura ha generado mucha atención en ese espacio, el Presidente se auto-percibe como el catalizador de un cambio a nivel global que se expresa en resultados políticos y un temario global regresivo.
Esto refuerza su desdén por los compromisos inter-estatales, tal el caso de la Agenda 2030 de la ONU, el tratado anti-pandemia negociado en la Organización Mundial de la Salud, la cuestión de género en el marco de la OEA, etc.
La diplomacia tiene como propósito tácito o expreso un sentido de mesura y balance. La anti-diplomacia se sustenta en la emoción y desmesura. Milei ha definido con un fanatismo inusitado dos praxis antitéticas, algo que la Cancillería no ha sabido o podido morigerar. Por un lado, un recurrente encono contra determinados líderes y países que se manifiesta especialmente en reportajes en los que Milei injuria ante la sorprendente sordina de su gabinete, de los partidos pro-oficialistas y de gran parte de la oposición.
Por otro lado, con una afinidad incondicional con solo dos países del mundo: Estados Unidos e Israel; algo que seguramente ninguno de los dos le ha solicitado o demandado. Con ello, y dado la escasa motivación de robustecer más y productivas relaciones con la inmensa mayoría de los Estados, se han ido quebrando posiciones históricas y consensuadas en materia internacional. Nada de esto -el encono o la afinidad– es irracional.
Al contrario, este es el modo de expresión de un proyecto de transformación extrema que tiene adeptos domésticos y en el exterior y que se sustenta en razones materiales concretas: aún anhela la dolarización financiada desde el exterior.
La diplomacia se asienta primordialmente en la defensa y promoción de los intereses nacionales. La anti-diplomacia encubre un interés personal o, a lo sumo, intereses de unos pocos. Con un trasfondo religioso inusual, pero no marginal, el Presidente ha hecho que el dogma dicte la política, al tiempo que la satisfacción de su perfil internacional ha guiado sus visitas, modos y dichos.
En lo que va del año ha elevado, sin duda, su figuración en Occidente. Pero esto no significa que el país haya logrado dividendos y beneficios tangibles. Parece existir una confusión en su círculo próximo: suponen que acrecentar su visibilidad personal es sinónimo de expandir la reputación y credibilidad del país.
Argentina se ha convertido entonces en un caso testigo de la anti-diplomacia de la mano de un presidente que cree ser el factótum de una nueva era en el mundo.
A lo largo de casi ocho décadas de vigencia política, el peronismo ha transitado cinco experiencias de gobierno. Un denominador común es que todas tuvieron que insertarse en momentos de cambios estructurales del orden internacional. Los gobiernos peronistas debieron conducir los destinos de la Argentina ampliando los márgenes de maniobra de autonomía frente al cambio global o subordinándose pasivamente al mismo, habida cuenta de que un país de tamaño medio en su economía no puede fijar rumbos, pero sí construir alianzas que le permitan transitar el escenario mundial de modo más soberano. Algunas veces actuó en esa dirección y otras, no.
Las primeras presidencias de Perón (1946-1955) se iniciaron con el nacimiento del mundo bipolar emergente del fin de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría fue abordado por Perón con una definición, la Tercera Posición, procurando alianzas en Suramérica y apoyándose en el proceso de descolonización que agudizaba las tensiones de la Guerra Fría.
Este escenario posibilitó la puesta en valor de la producción alimentaria argentina y la aplicación de la renta extraordinaria a acelerar un proceso de industrialización muy inclusivo socialmente, que marcó notables diferencia respecto de otros países del naciente Tercer Mundo.
El segundo Perón
La visión del líder respecto a un conflicto directo entre las grandes potencias se fue diluyendo a partir de la Guerra de Corea (1950-1953), que reafirmaba los límites impuestos por la conferencia de Yalta (1945). Consecuentemente, la política exterior viró hacia una mayor inserción occidental y la búsqueda de acuerdos con EE.UU. que le permitieran a la Argentina acceder a un flujo de inversiones que expandieran y modernizaran el primer impulso industrializador.
Estos cambios generaron tensiones al interior del frente peronista, sobre todo en torno a la participación de los salarios en el reparto de la riqueza, debilitando su capacidad de resistencia ante el golpe sangriento de la oligarquía en 1955. Explorar acuerdos con los EE.UU. nunca va a ser fructífero para el peronismo, tampoco para la Argentina.
El tercer Perón
El peronismo de la tercera presidencia de Perón (1973-1976) también transcurre en el contexto de la crisis del petróleo (1973), que significó la clausura del modelo de crecimiento de posguerra y un cambio de paradigma productivo científico-tecnológico.
La discusión mundial sobre la tasa de ganancia de Occidente, que se había estrangulado después de tres décadas de pleno empleo, altos salarios y aumento de los precios de las materias primas resultante del avance de los movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo, impactó de lleno desde el inicio del gobierno peronista, retornado después de 17 años de proscripción.
Se recomponía la tasa de ganancia del capital o se avanzaba en procesos de socialismo con distintas variantes que concluyera por anularla definitivamente. El intento de acuerdo social, el Pacto Social (1973), ensayado por Perón tuvo un notable éxito para relanzar la economía con buena distribución. Sin embargo, la presión internacional desatada por los precios de la energía golpeó el esquema y la muerte del Presidente en 1974 dejó un vacío de poder que nuevamente fue aprovechado por las fuerzas oligárquicas para desatar una barbarie sin precedentes a partir de 1976 y recomponer la tasa de ganancia del capital a expensas de los trabajadores. El rol de EE.UU., definido por su secretario de Estado, Henry Kissinger, fue de respaldo pleno al golpe.
Las presidencias de Carlos Menem (1989-1999) revierten lo estructurado por Perón 40 años antes. Se inician con el fin de la Guerra Fría, cuando el colapso de la Unión Soviética y del modelo de socialismo real convierten al mundo en unipolar, con la hegemonía absoluta de EE.UU. La potencia triunfante implementa el Consenso de Washington para las naciones del Tercer Mundo, que consiste en un programa de apertura exterior a bienes y capitales, desregulación interna de mercados y privatización de empresas estatales.
En efecto, se trata de una reversión de los modelos autonómicos nacionales surgidos de la descolonización y promovidos por la Conferencia de Bandung (1955). Los agentes económicos globales serán los asignadores de recursos en todos los países, conformando redes mundiales de empresas solventadas por crecientes recursos financieros. El modo en que Menem aborda esta corriente es absolutamente subordinado a los dictados del Consenso de Washington. En su favor cuenta la crisis del Estado y de la moneda provocada por la hiperinflación (1989), el fracaso de un frente empresario nacional en el inicio de su gobierno conocido como el Plan Bunge y Born y la necesidad de alcanzar el complejo productivo electrónico respecto del que Argentina presentaba fuertes retrasos.
La modernización de shock de la economía de la mano del capital extranjero tuvo una primera etapa expansiva, incluso en el consumo asalariado. Sin embargo, a partir de 1994 el desempleo abierto se situaría en dos dígitos y no dejaría ese nivel hasta el final de su gobierno.
La pérdida de competitividad de la economía como consecuencia del régimen de tipo de cambio fijo prolongado en el tiempo causaría estragos entre los trabajadores, sobre todo durante su segunda presidencia (1995-1999). Menem fue el presidente que produjo el mayor acercamiento político a los EE.UU. en la historia argentina hasta el presente.
El alineamiento automático, conocido como “relaciones carnales”, llevó a la Argentina a abandonar su política exterior de no intervención, enviando tropas a la Primera Guerra del Golfo (1991) acompañando la coalición bélica occidental encabezada por EE.UU. contra Irak. Las consecuencias de este hecho inédito (Perón había rechazado enviar tropas a Corea) fueron determinantes para que el país sufriera el brutal atentado contra la asociación mutual israelí (AMIA) en 1994, cuyas secuelas siguen vigentes.
Sin embargo, la llegada masiva de inversiones estadounidenses no ocurrió. La venta de activos estatales benefició a empresas europeas. El predominio de España en ese proceso reflejó la débil inserción internacional emergente de la apertura generalizada. Una economía de segundo orden como España carece de un flujo de comercio e inversiones suficiente para expandir una economía del tamaño de la argentina.
La «década ganada» Néstor Kirchner y CFK
La presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y las de Cristina Fernández de Kirchner(2007-2015), también se inician en un momento singular del orden internacional. El mundo unipolar surgido del fin de la Guerra Fría da paso a la emergencia de un escenario multipolar definido por la recomposición del poder militar y económico de Rusia y la aparición de India y sobre todo de China como potencia económica gravitante en la demanda global.
A estas naciones, que a principios de la década del 90 representaban apenas el 9% del PIB internacional, las encontrará el siglo XXI incidiendo en 26% de la economía mundial. La “década ganada”, como se conoció a este ciclo peronista, se apoyó en dos vectores internacionales: la era de “desbalances globales” y la estrecha alianza con Brasil. Los “desbalances globales” fueron el resultado del proceso por el que EE.UU. se abastecía de productos industriales masivos a través de China y esa demanda externa aceleró el desarrollo de la nación asiática. La elevación de vida del pueblo favoreció el crecimiento de los precios internacionales de los alimentos y la energía, impulsando la mejora del sector externo de Suramérica.
Este cuadro de situación favorable fue abordado con visión estratégica por Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, desarrollando un proceso de desendeudamiento nacional y de integración regional que expandió el comercio entre los países suramericanos y en particular entre Argentina y Brasil, asegurando un espiral virtuoso de crecimiento en la primera década y media del siglo.
La resolución del sector externo y el respaldo regional constituyeron las bases sobre las que Néstor y Cristina dinamizaron un proceso de crecimiento económico de recuperación industrial con expansión del empleo y el salario, inédito respecto de las últimas décadas. Fue la experiencia más parecida al primer peronismo.
La modernización de la economía encarada por Menem fue altamente excluyente, tanto del capital nacional como de los trabajadores. La alta productividad del capital sobre el trabajo y la extranjerización de ese período fueron revertidas durante el ciclo de Néstor y Cristina. La recuperación de empresas privatizadas, el retorno de un sector privado nacional relevante y la incorporación de millones trabajadores al circuito de producción y consumo, elevando la productividad del trabajo por sobre el capital, fueron el rasgo central de estos gobiernos.
La constitución de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) surgida del rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por los EE.UU. fue la decisión más relevante de la alianza Argentina-Brasil, que colocó al continente como un espacio de decisión autonómica política y económica en el nuevo mundo del siglo XXI.
La presidencia de Alberto Fernández (2019-2023) es la última experiencia peronista hasta el presente. Al igual que las anteriores, se desarrolla en el marco de un fuerte cambio del escenario global. El surgimiento de potencias económicas alternativas a las occidentales a principios del presente siglo desembocó en la vertebración de bloques contrapuestos y conflictos crecientes. La guerra en Ucrania, iniciada en 2022, es la expresión de la agudización de este conflicto que amenaza con extenderse.
Las tensiones internacionales expresadas en la puja por acceder a insumos críticos, minerales, alimentos y energía dispararon los precios de esos bienes y desataron una presión sobre Argentina como productora que la colocó de un modo singular en la escena global.
El del Frente de Todos fue un gobierno de coalición peronista encabezado por una figura débil en términos de representación política, surgida de consensos inestables. La coalición gobernante no pudo abordar con éxito el desafío internacional en términos de afirmar un modelo económico, a pesar de contar con condiciones favorables en términos de precios globales y excedentes de la balanza comercial. La debilidad frente a los fondos de inversión acreedores y el FMI, la falta de cohesión política ante el empresariado y una política exterior errática impidieron la consolidación del gobierno peronista.
Entonces, las décadas de Perón y los Kirchner reflejaron una capacidad singular de optimizar las oportunidades que brindaba el escenario internacional y avanzar en un proceso de autonomía nacional; la década de Menem -si bien tuvo condicionantes fuertes- se subordinó de tal manera al contexto global que condujo a la Argentina a la peor de sus crisis; el peronismo del retorno y el gobierno del Frente de Todos fueron incapaces, por distintos motivos, de abordar el cambio mundial y sucumbieron con saldos muy negativos (y luctuosos en el primer caso).
Volver a Perón
Por último, el panorama mundial presente es muy favorable para la Argentina. Solo se requiere la audacia de Perón para afrontarlo. Sin embargo, la dirigencia actual parece bajar la cabeza ante una generala estadounidense.
En cualquier caso, el norte trazado por Perón hace casi 80 años, sintetizado en las consignas de independencia económica, soberanía política y justicia social, sigue siendo el programa más avanzado que se ha dado hasta el momento la Argentina para construir una patria capaz de contener a todos sus habitantes. Esas tres banderas nos dieron los mejores años y son la garantía para abordar una salida superadora al angustiante presente nacional.
La connivencia entre el capital financiero local e internacional y el Club del Petróleo, club donde están asociadas las grandes empresas hidrocarburíferas nacionales y extranjeras, les permitió y permite acumular capital en el pasado, en el presente y en el futuro, a costa de la exclusión social, la potenciación de la pobreza y la apropiación de las reservas petroleras, gasíferas y mineras que les pertenecen a todo el pueblo argentino y a las generaciones venideras.
El mecanismo siempre es el mismo. Endeudan al Estado para beneficio exclusivo del capital financiero y esa deuda toma una magnitud que es imposible pagar con los recursos corrientes. Entonces los acreedores piden, a cambio, el patrimonio nacional; no otra cosa es en el presente el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que conforma un Estado dentro del Estado argentino, con sus propias leyes y normas, con justicia externa incluida (el CIADI), que prioriza la exportación en desmedro del mercado interno (los beneficiados con este régimen no tienen la obligación de abastecer al mercado local) y que al cuarto año no tienen la obligación de vender en la Argentina los dólares que obtienen por sus exportaciones [1].
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había dejado una deuda bruta de 222.703 millones de dólares, el 60% de esta era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), el 9% con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares; no teníamos deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y el 31% con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.
En el gobierno de Cambiemos se incrementó la deuda en 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 con el FMI. En forma sistemática se fugaron unos 86.200 millones, y la amplia mayoría de las empresas que los compraron no pueden justificarlo en sus ejercicios contables. La evasión y la fuga son fácilmente verificables con solo estudiar esos balances. Pero ni la Justicia, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo hicieron nada en ese sentido, más allá de que en este último caso un proyecto encabezado por Oscar Parrilli exigía su investigación. Llegó a tener sanción del Senado pero que nunca fue llevado al recinto de la Cámara baja.
El gobierno de Alberto Fernández aceptó toda la deuda heredada de la gestión de Macri, no la investigó y la renegoció para que se pague como la está pagando el pueblo argentino.
En ese contexto, el BCRA del gobierno de Alberto Fernández les pagó fortunas a los grandes bancos privados del país por tener bonitas y numerosas sucursales para captar depósitos y, en lugar de financiar el trabajo y la producción, sin correr ningún riesgo compraron Leliqs (letras de liquidez del BCRA) y otros pasivos remunerados de la autoridad monetaria.
El crédito al sector privado es el 6,5% del PIB (era más de tres veces mayor en el año 2015), de los cuales la mitad son préstamos comerciales y la otra mitad personales (tarjetas de crédito, prendas de bienes durables, descubierto en cuenta corriente y/o caja de ahorro, etc.), porque la mayor parte de las imposiciones que captan las entidades financieras, básicamente, se prestaban al BCRA solo para que no se pasen a dólares. Nunca se usó esa plata que el BCRA acrecentó sideralmente con los intereses que devengaban, solo sirvió para que los banqueros ganaran fortunas con ello a costa del BCRA. Y con Caputo-Bausili le prestan al Tesoro de la Nación, no para que financie el déficit fiscal, sino para convertir el pasivo de los bancos (para que no quiebren) en Letras del Tesoro de la Nación ajustables por inflación. O sea, el Estado liberal anarco capitalista absorbe deuda de los bancos para que sea deuda bruta argentina. La “bomba” de las Leliqs la solucionó el tándem Caputo-Bausili transformándola en deuda bruta de la Nación, es decir, del pueblo argentino.
Comparamos la situación entre el último día hábil del gobierno anterior y el 31 de mayo de 2024, en el que el total de encajes remunerados ascendió a 18.489.248 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial de esa fecha de 933,76 pesos significan 19.800 millones de dólares. Cuando el 7 de diciembre de 2023, el total de encajes remunerados (esterilización) fue de 21.023.700 millones de pesos (al tipo de cambio oficial de 400 pesos significó el equivalente a 52.560 millones de dólares). Por ende, la deuda bruta del Tesoro de la Nación se incrementó por este mecanismo en 32.760 millones de dólares.
Negocio de los bancos, generado en los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos, que la administración de Caputo-Bausili consolidan convirtiéndolo en Letras del Tesoro y aumentando la deuda bruta en 32.760 millones de dólares. Todos en silencio porque se benefician los mismos de siempre, con los cómplices y partícipes necesarios, y en ese cobarde silencio, se convierte en deuda pública que paga el pueblo argentino.
La irracionalidad de la deuda pública
A la gestión del Frente de Todos y su continuación y perfeccionamiento por la gestión de Caputo-Bausili, a la no investigación de la deuda de Cambiemos y a la salvación de los banqueros que operan en el país, debe sumarse:
El déficit fiscal del año 2023, estimado por la actual Secretaría de Hacienda en 5,13% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 24.624 millones de dólares), también financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación, en su gran mayoría ajustables por inflación, aumentando la deuda bruta argentina.
El reconocimiento de los fuertes intereses que estos títulos del Tesoro de la Nación devengan (ajustados generalmente por la inflación) en los primeros cinco meses del año (hasta el 31 de mayo de 2024) [2] por 7.617 millones de dólares (es en pesos pero la Secretaría de Finanzas de la Nación hace la conversión a dólares al tipo de cambio oficial).
Por lo tanto, la deuda crece en cinco meses del gobierno de Milei en forma sideral, por 65.000 millones de dólares.
Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y que una devaluación no atenúa porque el pass through [3] haría que los títulos en pesos se beneficiaran con la inflación.
La irracionalidad del ajuste fiscal
Los intereses ganados por los tenedores de títulos de deuda interna en los primeros cinco meses de 2024 por 7.617 millones de dólares son mucho mayores que el brutal ajuste sobre los jubilados, las provincias y la obra pública.
El total del gasto público acumulado por la Administración nacional en los primeros cinco meses del año asciende a 31.466.709,3 millones, por ende, el interés devengado por los títulos de deuda interna es el 25% de dicho gasto. Todo el ajuste fiscal realizado por el gobierno de Milei no alcanza a ser la mitad de los 7.617 millones de dólares devengados en cinco meses de 2024.
El grado de crueldad hacia la población en un irracional y brutal ajuste, se inició por la cobardía de no investigar quiénes se beneficiaron con la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos y, en el presente, por el pago exorbitante a los acreedores. Más deuda ante un PIB que el FMI infiere que caerá este año en un 3,5% y en un gasto público que el gobierno pretende reducir aún más, profundizando la depresión económica y con ello la exclusión social.
Y a su vez, en el mediano plazo, se debe afrontar la deuda externa por pagos de capital [4] e intereses para los años 2025, 2026 y 2027 (en este último año se debe sumar el BOPREAL [5] por no menos de 36.000 millones de dólares por deuda con los importadores).
Con un profundo desconocimiento de la economía argentina en general y de la administración del Estado en particular, el gobierno de Milei cree que subordinándose al RIGI conseguirá los dólares por el crecimiento de las exportaciones e inversiones directas, que solo liquidarán en cuatro años (el mandato presidencial), pero que permite cambiar una deuda que no benefició al pueblo argentino por la cesión de nuestros recursos naturales.
Con ello cierra el objetivo de los acreedores: a cambio de papeles de deuda se apropian del patrimonio esencialmente energético y minero de nuestro país. Y es esa la connivencia entre la deuda generada por Cambiemos, la renta financiera de las Leliqs y demás pasivos remunerados de Alberto Fernández, y el Club de Petróleo mentor y propiciador del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
El origen es la deuda de 97.927 millones de dólares que engendró el gobierno de Cambiemos, que aceptó y no investigó el gobierno del Frente de Todos, refinanciándola y generando encajes remunerados del BCRA y déficit fiscal.
Su continuación y perfeccionamiento es cuando el tándem Caputo-Bausili “titulariza” la deuda en bonos del Tesoro de la Nación con fuertes rendimientos al ser ajustados por inflación que supera el crecimiento del tipo de cambio después de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, reeditando la bicicleta financiera o carry trade.
Todo ese mecanismo de deuda y bicicleta financiera para llevarnos a una mera factoría exportadora con nuevos ciclos de endeudamiento que pagará el pueblo argentino (como hizo Milei con los pasivos remunerados del BCRA y el déficit fiscal de la administración de Alberto Fernández).
Los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino y a las generaciones futuras de argentinos, no a un gobierno y a los corruptos legisladores que propician su enajenación y entrega.
Cedemos nuestros recursos naturales y después nos volvemos a endeudar para repetir el procedimiento, cumpliendo lo que dijo no bien asumió como embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”.
[1] Violando el art. 20 de la Constitución nacional que expresamente dice: “Ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
[2] Porque cada mes que pasa se incrementa el endeudamiento público por el mecanismo de acumular intereses en nuevos títulos de deuda del Tesoro de la Nación
[3] Impacto que genera una variación del tipo de cambio sobre los precios internos de una economía.
[4] Con los bonistas que canjearon títulos de deuda externa el 31 de agosto de 2020, se comienza a pagar el capital desde el 9 de julio de 2024.
[5] BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante de que se está armando el registro de quiénes son los beneficiados, pero el mismo gobierno estima que por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.
1. En el largo plazo, desde 1993 a 2024 se presentan los mayores volúmenes de datos, todos medidos como promedios (en todo el plazo) de las variaciones mensuales nominales. El M1 supera con el promedio tanto al Tipo de Cambio como a la Inflación. A su vez el promedio (en todo el periodo) del Tipo de Cambio supera la Inflación. Algo de esto debe observar Milei cuando alienta a mantener el tipo de cambio con el 2 % mensual, descartando nuevas devaluaciones. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sin tiempo y esperando?
2. Pero también podemos hacer observaciones para el corto plazo, durante el cual la mayoría de las personas están vivas; en el largo plazo no tanto, como diría un economista fallecido conocido y mal visto por el Gobierno. En un plazo interanual, o sea abril 2024/ abril 2023, la inflación alcanza los 290 % y el dólar los 302 %. En mayo estos números se dieron vuelta. Algunos los miran y surgen diferencias con el largo plazo. ¿Devaluar o no devaluar? ¿Salta la inflación si se concreta? ¿Y el CEPO?
3. Desmonetización de la economía, poca plata en los bolsillos y en las cuentas corrientes, considerando especialmente M0 y M1, o sea indicadores de alta liquidez. Las consecuencias más evidentes, son caída de la actividad y castigo a los pobres e informales. ¿Pero si no hay múltiples monedas no se ven con mejores ojos a los pesos? No mencionamos en el documento encajes o similares, pero el dinero bancario aumentó.
4. Las marchas y contra marchas de la Inflación y del Tipo de Cambio dan lugar a que impere la confusión y la pregunta: ¿Dónde estamos parados? No incluimos las cuestiones fiscales y otros indicadores.
5. El Gobierno supone que, desregular todo y mantener un Estado mínimo, es lo deseable y lo mejor. Al menos así lo expresan los discursos de Milei y de sus colaboradores. Es por eso que, en las empresas, especialmente las tecnológicas, esto suena muy bien, seguramente también en Trump y en los grupos de extrema derecha europea. Sobre esto se puede decir, como comentario adicional, que fueron muchos años de trabajo en la comunidad europea para lograr dejar atrás millones de muertos y lograr un Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluyendo una moneda común. No es poco, pero algunos quieren romper lo logrado.
6. Mirando los números del periodo 2015/2019 se puede concluir que Macri, con alta confiabilidad inicial, pudo levantar el CEPO y sostenerlo a un alto costo con ingresos de capitales y la con ayuda del FMI, pero finalmente no alcanzó. Quienes debieron aconsejarlo, especialmente desde el BCRA y poner freno al drenaje de dólares sin pausa de la Balanza de Pagos y del Balance Cambiario, miraban para otro lado. El Gobierno de Macri terminó muy mal, con el Cepo nuevamente instalado de la mano de Lacunza, que no tuvo opciones.
7. Nuevamente se actualizaron las discusiones y propuestas: CEPO SÍ o CEPO NO. A Milei y a Caputo les preocupa que no ingresen dólares necesarios para sostener el posible cambio. A pesar de la caída de liquidez tanto medido con el M0 o M1, nadie puede saber qué pasará con el dólar si se levanta el CEPO. Sin dólares pueden no existir frenos y si salta o simplemente se mueve, la inflación acompañará, siempre lo hace. Recordemos que Milei ya lo hizo saltar fuertemente en diciembre. La confianza y las expectativas sobre el futuro resultan fundamentales. De lo contrario, los Recursos Monetarios del Sector Privado (Cajas de Ahorro y Plazos Fijos), que no son pocos, pueden generar problemas complicados si se van para un lado u otro. Por ahora parece que impera la prudencia.
8. ¿Cuántos dólares disponibles necesita Milei para llevar adelante la eliminación del CEPO, convivencia de monedas, Caja de Conversión o simplemente dolarizar con un tipo de cambio fijo? No lo sé. Seguramente y por las dudas, no son pocos.
· Disminuyó la inflación (alrededor del 4 %) en el quinto mes (MAYO) 2024, pero siempre elevada. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable MENOR AL 4 % mensual? Según Caputo, primero contar con el ancla fiscal a pleno, ordenar y sanear el balance del BCRA, reservas y eliminar el cepo en algún momento. ¿Tiene un costo? Si, opera la licuación y arrastra a una reducción del consumo y actividad. Precios relativos dispersos, incluyendo el dólar. ¿Se necesita desindexar precios?
· En diciembre 2023 una de las primeras medidas del gobierno de Milei fue una fuerte devaluación que llevó el peso a $ 800 por dólar. ¿Qué ocurrió después? el dólar se fue apreciando en el cortísimo plazo, en los meses del 2024, el IPC aumentó el 70 %,el dólar el 40 %. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 2 % mensual? Por ahora el dólar guarda cierta distancia si medimos interanualmente (12 meses).
· El BCRA reduce fuertemente la tasa nominal de interés, esto lleva a tener tasas reales negativas, es lo que ocurre en estos meses del 2024, pero en mayo con inflación atenuada, mejoró. Suponemos parte de una estrategia, bajar el endeudamiento del BCRA y también la deuda del gobierno, por lo menos la que no está indexada. Muchos países en su momento con fuerte endeudamiento, después de guerras la achicaron con tasas negativas. La referencia se refiere especialmente a la segunda guerra mundial. En nuestro caso las razones son pedestres.
· Logros de Milei: El riesgo país muestra una baja importante, pero continuamos en el terreno de la desconfianza. Se reduce la brecha entre el dólar y el CCL, disminuye la inflación.
· En resumen: Indicadores que disminuyen, licuación firme en la brecha, pobreza e indigencia no parece mejorar, el FMI conjeturando una inflación del 140 % a diciembre 2024, con caída de la actividad fuerte y seguramente un próximo convenio que traiga dólares. Contamos con dólares para todos los gustos y conjeturas dispares, entre tantos no es sencillo gritar “eureka” tengo definido el tipo de cambio real de equilibrio. Dólar oficial, el blend, el azul, el CCL, el turista, el de los arbolitos, el utilizado para comprar en los países vecinos, el definido para el corto plazo, para el mediano plazo y para el largo plazo. Y por si fuera poco el dólar CEPO.
· Siempre es bueno recordar los orígenes ideológicos y creencias comunes que portamos todos en nuestra mochila. En su reciente libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” Milei no deja muñeco con cabeza, y son pocos los economistas que le caen bien, incluso con algunos prescinde de parte de las teorías y solo considera aspectos parciales. Enemigos claros, Keynesianismos, los neoclásicos contaminados, el socialismo y las vecindades. Por suerte tenemos como futuro ministro a uno de los “economistas más brillantes del planeta” y a un ministro de economía que es uno de los “mejores ministros de la historia argentina», dixit Milei. Que tal Gorosito.
Mediante la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018, suscripta en forma conjunta por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, se solicitó un acuerdo stand-by por un período de 36 meses al Fondo Monetario Internacional (FMI) [1]. El crédito efectivo fue por 31.913,7 millones de DEG (equivalente a 44.559,9 millones de dólares).
El 18 de junio de 2018 (seis días más tarde), Luis Caputo reemplazó en la presidencia del BCRA a Sturzenegger. Y el día 22 de junio de 2018 ingresaron al BCRA 15.009,7 millones de dólares (ingresaron en dólares billetes que vinieron en avión de las oficinas de Washington del FMI, que se contabilizaron por 10.613,7 millones de DEG).
El 25 de septiembre de 2018 Luis Caputo renunció a la presidencia del BCRA porque había vendido (dilapidado sería la palabra correcta) la totalidad del primer tramo del crédito concedido por el FMI y la titular de este organismo en ese entonces, Christine Lagarde, le comunicó al Presidente Macri que estaba violando el inciso a) del artículo 6° del Convenio Constitutivo del FMI [2] que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos.
Continuaron ingresando fondos del FMI tal vez con mayor precaución, pero a medida que ingresaban los dólares, el BCRA los vendía.
El FMI no auditó el monitoreo, pero tampoco lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Su ministro de Economía Martín Guzmán renegoció el crédito stand-by para convertirlo en un préstamo de “facilidades extendidas” a diez años, con un período de gracia para pagar el capital hasta el año 2026. Pero no se investigó cuál fue el destino de la deuda pública.
El gobierno de Alberto Fernández aceptó toda la deuda con el FMI y la deuda en poder de los bonistas (tenedores de títulos de deuda externa) por un total (la suma de la deuda con el FMI más la deuda con los “bonistas”) de 97.927 millones de dólares, que está pagando el pueblo argentino.
El préstamo de facilidades extendidas implica acordar metas de superávit fiscal primario (antes de pagar los intereses de la deuda), de financiamiento del BCRA al Tesoro de la Nación y de aumento de las reservas internacionales del BCRA, en forma trimestral, condición sine qua non para que el deudor (la Argentina) no pague la totalidad del capital que vence en cada trimestre y refinancie cada vencimiento de capital a diez años.
Según la octava revisión que atañe al primer trimestre de 2024, la actual Administración contablemente cumplió en exceso (lo que le hace decir al Presidente del Poder Ejecutivo que es el ajuste más grande de la historia) a costa de reducir fuertemente las jubilaciones y pensiones [3], la paralización de la obra pública, menores subsidios a la energía y la licuación de las transferencias, entre otras, a las provincias y a los comedores comunitarios y merenderos.
Sin embargo, el FMI advirtió:
a) Que el Banco Central debe acelerar la suba del dólar oficial; que el tipo de cambio diferencial para los exportadores debe terminar a fin de junio (liquidan el 80% por dólar oficial y el 20% por contado con liqui). Es decir dentro de una semana.
b) Que el gobierno argentino debe presentar un programa para salir del cepo a fines de julio de 2024. O sea, en un mes.
Los plazos se acortan.
La recomendación del FMI dice textualmente: “Tras los pasos iniciales para desmantelar las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas en desmantelar todos los tipos de cambios múltiples y las restricciones cambiarias, empezando por las medidas más distorsionadoras, incluida la eliminación del esquema preferencial de exportación 80/20 (finales de junio de 2024) y la eliminación del impuesto PAIS antes de fines de 2024”.
El impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) es el gravamen de mayor crecimiento de la actual gestión, al extenderse a múltiples actividades que van desde los dólares que los importadores le compran al BCRA (si el importador emplea sus propios dólares en la operación no paga el impuesto, porque grava la compra del billete extranjero, no la importación), hasta la compra de divisas de los capitales financieros que vinieron atraídos por el carry trade, pasándose de divisas a títulos en pesos y que, cuando regresen a divisas, los alcanza el impuesto PAIS. La recaudación acumulada del impuesto PAIS de los primeros cinco meses del año fue de 2.813.366 millones de pesos y representa el 8,8% del total de impuestos recaudados (por 31.945.696 millones de pesos), por ende, su eliminación tiene un significativo costo fiscal.
El FMI considera necesario el cumplimiento de los puntos a y b para que el país vuelva a los mercados internacionales de deuda, esto es que en lugar de insistir con solicitarle al FMI un nuevo crédito, si se cumplen sus recomendaciones, podrá la Argentina de Milei colocar nuevamente títulos de deuda en el mercado internacional. Nuestro país no tiene acceso a ello desde junio de 2018 y la tasa de riesgo país actual es de 1.402 puntos básicos, o sea 14,02% por encima de la tasa prime rate de los Estados Unidos [4].
El FMI también precisó:
c) Se debe continuar con el ajuste fiscal para depender cada vez menos de la colocación de títulos de deuda interna. Por ello recomienda bajar aún más los subsidios, lo que provocará que se incrementen aún más las tarifas; cobrar el impuesto a las ganancias a los salarios, y que se realice el blanqueo de capitales.
d) Que se reinstaure la tasa positiva de interés (por encima de la inflación) para que: ia = ie + riesgo de devaluación cambiaria (ia = tasa de interés local; ie = tasa de interés de los Estados Unidos). De esa manera vuelve a ser la tasa de interés de los bancos la que califica o descalifica proyectos de inversión, que, en un país con la baja tasa de crédito al sector privado del 5,9% sobre el PIB, lo torna aún más escaso y más caro.
Las inconsistencias de corto y mediano plazo
Desde que asumieron como ministro de Economía y presidente del BCRA respectivamente, los dos socios de Anker Latinoamérica convierten gran parte de los encajes remunerados del BCRA (Leliq, Notaliq y pases pasivos) en deuda del Tesoro de la Nación, de manera tal que si tomamos el precio oficial del dólar el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil de la Administración de Alberto Fernández) de 400 pesos, la esterilización de 21.023.700 de millones de pesos era equivalente a 52.560 millones de dólares.
Si efectuamos la comparación con fecha de corte el 31 de mayo de 2024, cuando el total de encajes remunerados ascendía a 18.489.248 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial de esa fecha de 933,76 pesos significaba 19.800 millones de dólares, la deuda bruta del Tesoro de la Nación se incrementó, por este mecanismo, en 32.760 millones de dólares.
Fue un negocio de los bancos, que sin correr ningún riesgo captaban depósitos y se lo colocaban en encajes remunerados al BCRA; ganaron fortunas por ello dadas las altas tasas de interés que percibían. Dinero que no se usó para nada, sólo para esterilizarlo (para que no se pase al dólar), y ahora se convierte en deuda pública.
Con otro agravante: que se reduce fuertemente el plazo promedio; de esa manera, la extensión de las emisiones del Tesoro pasó de 15 meses en el año 2023 a apenas tres meses en mayo de 2024. Más deuda en la cuenta del fisco que vence a plazos más próximos.
2. También se suma a la deuda bruta de la Administración nacional el mecanismo de refinanciar el déficit fiscal del año 2023, estimado por la actual Secretaría de Hacienda en 5,13% del PIB (es en pesos pero equivalente a 24.624 millones de dólares) con títulos de deuda interna en su gran mayoría ajustables por inflación.
3. Finalmente, el reconocimiento de los fuertes intereses que los títulos del Tesoro de la Nación devengan (ajustados generalmente por la inflación) por 7.617 millones de dólares (es en pesos pero la Secretaría de Finanzas de la Nación hace la conversión a dólares al tipo de cambio oficial) hace que la deuda crezca sideralmente en 65.000 millones de dólares en cinco meses de gobierno.
Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y que una devaluación no atenúa porque el pass through [5] haría que los títulos en pesos se beneficiaran con la inflación.
Los intereses ganados por los tenedores de títulos de deuda interna en los primeros cinco meses del año 2024 por 7.617 millones de dólares son mayores que el brutal ajuste sobre los jubilados (es en pesos pero el menor haber cobrado por los jubilados y pensionados con respecto a igual lapso de 2023, equivale a 1.196.000 millones de dólares); sobre las provincias (equivalente a 329.800 millones de dólares); y sobre la obra pública (equivalente a 1.792.644 millones de dólares).
El total del gasto público acumulado por la Administración nacional en los primeros cinco meses del año 2024 asciende a 31.466.709,3 millones, por ende, el interés devengado por los títulos de deuda interna es el 24% de dicho gasto.
El grado de crueldad hacia la población por la cobardía de no investigar quiénes se beneficiaron con la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos y el pago exorbitante a los acreedores no tienen límite y son imposibles de equilibrar: más deuda ante un PIB que el FMI infiere que caerá este año en un 3,5% y en un gasto público que el gobierno pretende reducir aún más profundizando la depresión económica y, con ello, la exclusión social.
Y a su vez, en el mediano plazo, se debe afrontar la deuda externa por pagos de capital [6] e intereses para los años 2025, 2026 y 2027 (en este último año se debe sumar el BOPREAL [7] por no menos de 36.000 millones de dólares por deuda con los importadores).
Con un profundo desconocimiento de la economía argentina en general y de la administración del Estado en particular, el gobierno de Milei cree que subordinándose al RIGI (Régimen de Grandes Inversiones) conseguirá los dólares por el crecimiento de las exportaciones e inversiones directas que liquidarán en cuatro años (el mandato presidencial), que permite cambiar una deuda que no benefició al pueblo argentino por la cesión de nuestros recursos naturales.
Con ello cierra el objetivo de los acreedores: a cambio de papeles de deuda, quedarse con el patrimonio esencialmente energético y minero de nuestro país. El modelo extractivista y colonial triunfa sobre el modelo que crece sobre la base del mercado interno.
[1] La deuda contraída con el FMI fue una decisión del Poder Ejecutivo y no fue pedida su autorización expresa al Poder Legislativo como exige la Constitución nacional y lo establece el artículo 75 que explicita que corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” (inciso 4º) y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (inciso 7º). Causa N.º 3561/2019, “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5 de CABA.
[2] Artículo 6, inciso a: «Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo».
[3] El haber previsional mínimo en marzo 2024 fue de 134.446 pesos más un bono de 70.000 pesos, cuando la Canasta Básica Total para no ser pobre para un adulto, en ese mes, fue de 250.286 pesos y de los 7.200.000 jubilados y pensionados nacionales, 5.000.000 perciben el haber mínimo.
[4] La tasa prime rate es aquella que las entidades financieras de los Estados Unidos cobran a sus deudores con mejor historial crediticio y/o que representan una probabilidad muy baja de impago (principalmente grandes empresas). Pero ¿cuál sería la tasa a la que puede acceder la Argentina? Hoy es en torno al 19% anual en dólares.
[5] Impacto que genera una variación del tipo de cambio sobre los precios internos de una economía.
[6] Con los bonistas que canjearon títulos de deuda externa el 31 de agosto de 2020, se comienza a pagar el capital desde julio 2024.
[7] BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7.918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante de que se está armando el registro de quiénes son los beneficiados, pero el mismo gobierno estima que, por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.
De acuerdo con lo publicado por Clarín el último 28 de mayo, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asegura tener “un plan para reducir la brecha que se produce entre lo que las empresas más dinámicas demandan y el sistema educativo entrega”.
Dicho plan se denomina —en esta oportunidad— “Buenos Aires Aprende”, y se propone “mejorar los resultados en Lengua y Matemática en los primeros años de primaria, avanzar con cambios en la organización escolar e incorporar la tecnología en la escuela, incorporando nuevas formas de enseñar en primaria y secundaria”.
El artículo plantea además que “se han registrado resultados preocupantes. En la Ciudad, solo nueve de cada 100 alumnos que arrancan primer grado terminan la escuela secundaria a tiempo (significa que no han abandonado la escuela, ni repetido ningún grado y/o año), uno de cada tres no entiende un texto para su edad y seis de cada 10 tienen problemas con los números”.
“Estamos todos como fingiendo demencia, los alumnos van a la escuela, pero muchos no aprenden. Queremos hacer un cambio de paradigma. El sistema no funciona. Otro de los ejes relevantes del nuevo plan está vinculado a la alfabetización digital, en la que se prevén cambios en la administración de las escuelas. Ya no habrá papeles, todo será digital”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Asimismo, la ministra de Educación de la jurisdicción, María de las Mercedes Miguel, dijo que “el plan del gobierno se implementará en el marco del Plan de Alfabetización que impulsa el gobierno nacional”.
Lo que no dijo la funcionaria es que la educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere también a las políticas de ajuste presupuestario en la educación pública del Ministerio de Capital Humano, cuya ministra, Sandra Pettovello, es la responsable nacional de los recientes hechos de corrupción vinculados con el manejo indiscriminado de fondos para la compra de alimentos, así como del ocultamiento de estos a la gente, castigada por el brutal ajuste económico que aplica el Presidente Javier Milei.
Tampoco se dijo que semejante adhesión implica el fin de la educación pública obligatoria financiada por el Estado, la discriminación educativa contra los más pobres, materializada en la ley Bases con la implementación de evaluaciones finales, y el apoyo irrestricto a la represión salvaje al pueblo argentino que asistió a la Plaza de los dos Congresos para rechazar la mencionada ley.
Lo que resulta difícil de comprender, es que después de 17 años de estar gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades educativas de Juntos por el Cambio se den cuenta ahora que nueve alumnos de cada 100 no cursan con normalidad la escuela, que hay demasiados que no leen, escriben ni pueden realizar operaciones matemáticas, que existe una demanda de educación digital o que las tasas de sobre edad en las aulas porteñas son muy altas.
En suma, que, durante todo ese período, las políticas aplicadas por los sucesivos gobiernos de color amarillo han fracasado, lo que profundizó la falta de capacidades en sus alumnxs, así como las desigualdades sociales existentes —en la ciudad más rica de Sudamérica— y burocratizó más aún el sistema educativo, negando en los hechos cualquier intento de planificación pedagógica de las escuelas.
Este último lanzamiento es uno más en la larga cadena de anuncios publicitados desde 2007 a la fecha, como fueron la Nueva Escuela Secundaria, la Secundaria del Futuro o el Modelo Híbrido de Educación; experiencias de las que, además, no existe a la vista evaluación alguna, y que, a juzgar por lo dicho por el propio jefe de Gobierno, fueron producto de alguna situación reñida con la salud mental o de una gestión poco experimentada en la administración de la educación pública o directamente interesada en su gradual, pero efectiva, desaparición.
Creemos que luego de 17 años gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las distintas administraciones no se han ocupado de mejorar la educación pública, sobre todo en las comunas mayormente castigadas por una pobreza que se va tornando estructural y que, con las políticas libertarias, se va adueñando de la sociedad argentina. Que ello no remite a demencia alguna, sino, justamente, a la clara conciencia que el neoliberalismo tiene de cuáles son los intereses que debe favorecer y cuáles perjudicar.
Cabe aclarar que las mediciones aludidas en dicha nota no son solo producto de la pandemia, sino, y sobre todo, consecuencia de todo un proceso de marginación de sectores de la ciudad, como pasa, por ejemplo, en el sur de esta; comunas a las que se las asiste, pero que no se las desarrolla con más escuelas, hospitales, urbanizaciones reales, cloacas, etc.
La pobreza en CABA se expresa, según declaraciones de distintas cooperadoras a Radio AM 570 del pasado jueves 6 de junio, en lo exiguo de la comida y leche en sus escuelas, en la falta de atención de la salud pública, en el drama y la frustración que significa para muchos jóvenes tener las carencias que hemos descripto o de tener que dejar la escuela para ir a buscar trabajo, o, en definitiva, en no tener ni siquiera el derecho a soñar o imaginar un futuro.
Mientras las propuestas plantean la innovación en la educación, la historia de la educación de los gobiernos del PRO o Juntos por el Cambio en la ciudad nos dice que las políticas públicas en educación son similares a las políticas nacionales, algo que pone en evidencia, por tomar un solo ejemplo, el descenso permanente de los presupuestos educativos y el no pago del FONID.
El gobierno de la ciudad anuncia para distraer a la opinión pública. Con esta metodología, les ha bastado a los anteriores jefes de Gobierno y es previsible suponer que le bastará a Jorge Macri para sostener una falsa imagen de sus acciones en educación. Anunciar, publicitar, generar expectativas, con propuestas prolijamente preparadas y de impacto, de modo tal que el imaginario porteño las contabilice y, como consecuencia, los vote.
Los anuncios del 28 de mayo pasado no mencionan siquiera la posibilidad de construir las escuelas que están faltando para que los estudiantes no tengan que amontonarse en las aulas y puedan recorrer menores distancias para ir a estudiar, así como no tener que asumir los costos de transporte para ir y volver de la escuela.
Dicha necesidad queda oculta tras los fuegos de artificio; así como la falta de wifi y computadoras, becas suficientes, aumento del monto de estas y de los subsidios por infraestructura y equipamiento o reparto de computadoras y material didáctico, la reversión de la tendencia manifiesta a eliminar del curriculum escolar el campo disciplinar de la historia y la memoria, reducidas ambas a miradas sociológicas abstractas, vacías de contenido, como para que lxs jóvenes no aprendan a interpelar la realidad o se formen como ciudadanxs a partir del pensamiento crítico.
Asimismo, se habla de focalizar las acciones en escuelas de las comunas más pobres, en la franja sur del espacio urbano, históricamente marginado. Es la Buenos Aires oculta, la que no se ve, pero que está. La que no es alcanzada por los planes de gobierno, si convenimos que para poder estudiar hace falta moverse en un contexto general de vida, que acompañe a lxs estudiantes.
Queda así, una vez más, en evidencia la continua vocación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de alentar un falso relato sobre la educación pública, a partir de mensajes sobredimensionados por una prensa cómplice, que alimenta aquello de que los mejores gobiernos son aquellos que solo lo son en la imaginación de algunas personas, pero que no reflejan vínculo alguno con la realidad.
* Raúl Moroni integra el “Grupo Rescate” de Apoyo Técnico Pedagógico a la Educación Secundaria, UTE, CTRA.
El hiperoccidentalismo es un concepto que remite a un tipo peculiar de política exterior y de defensa en el marco de la lógica de la aquiescencia; entendida ésta como un tipo de gran estrategia (grand strategy en la terminología anglosajona). Con Roberto Russell destacamos en el artículo “América Latina y sus grandes estrategias” que las opciones propias de la lógica de la aquiescencia son el acoplamiento, el acomodamiento y el engagement. El acoplamiento se caracteriza por el plegamiento a los intereses estratégicos de una superpotencia –para el caso, Estados Unidos– en el plano regional y mundial. El acomodamiento consiste en la concesión a las preferencias o exigencias de Washington para evitar su molestia o castigo y a la espera de futuras recompensas. El engagement implica el acompañamiento a la Casa Blanca, en calidad de “proxy”, en acciones o políticas hacia terceros países.
El hiperoccidentalismo articula una modalidad simultánea y combinada (las tres opciones mencionadas) de la lógica de la aquiescencia y lo hace de manera radicalizada, activa y asertiva.
El hiperoccidentalismo es peculiar pues se manifiesta en medio del ocaso de la Posguerra Fría. Si había elementos –crisis e impugnaciones– que reflejaban desde hace años la gradual terminación de ese ciclo corto de la política mundial, Ucrania, primero y Gaza después, han epitomizado la clausura de ese período en el que se pensaba que Occidente afirmaría su predominio global. A su turno, otra peculiaridad la constituye el hecho de que en años recientes ha sido infrecuente que países intermedios, poderes regionales o potencias emergentes del Sur Global abracen con tanta visibilidad e intensidad a Occidente. Otro elemento peculiar resulta del hecho de que el hiperoccidentalismo es ambicioso: no aspira a un cambio de la política exterior y de defensa en aspectos relevantes, sino a una restructuración plena de ambas y a un desmantelamiento tajante de las proverbiales líneas de continuidad. Sin duda el hiperoccidentalismo se despliega en discursos, medidas y votaciones específicas: no se trata de un relato o una promesa, sino de una práctica, de un modus operandi.
El hiperoccidentalismo requiere de una base de apoyo doméstica: hay fuerzas internas que lo validan a la espera de ganancias y en función de aversiones. Finalmente, el hiperoccidentalismo puede tener más y mejor recepción internacional en ciertos países debido a dos circunstancias. Por una parte, el incremento de la pugnacidad entre Estados Unidos y China y, por el otro, el diktat de los negocios. Respecto a la pugnacidad con China, tener países que asuman posturas no solicitadas en contra de Beijing suena bien para Washington –bajo Joe Biden o bajo Donald Trump–. Así como suena bien para la Unión Europea, que a diferencia de Estados Unidos intenta un desacople más paulatino de China, pero que acoge con beneplácito el hiperoccidentalismo no solicitado.
Respecto del dictado de los negocios, la erosión de la democracia en los países del Norte Global, el debilitamiento de los principios claves del derecho internacional, la necesidad de contener y revertir el poderío de China y la revalorización de los recursos estratégicos (energéticos y minerales) desplazan lentamente la gravitación de los valores en las políticas exteriores de Estados Unidos y la UE.
En Cenital nos importa que entiendas. Por eso nos propusimos contar de manera sencilla una realidad compleja. Si te gusta lo que hacemos, ayudanos a seguir. Sumate a nuestro círculo de Mejores amigos.
Sobre el hiperoccidentalismo libertario
En el caso de Javier Milei, el hiperoccidentalismo se asienta en un propósito material: contar con fondos suficientes que permitan alcanzar la dolarización. Una meta que va en contravía del proceso de des-dolarización global. A pesar de ser gradual y compleja, la desdolarización acompaña la transición de poder, prestigio e influencia que caracteriza el momento actual. En efecto, en 1977, el dólar alcanzó un pico de 85% como moneda predominante en las reservas de divisas. En 2001 la posición rondaba en el 73% y en la actualidad se sitúa en torno a 58%. La posición predominante del dólar ha estado entrelazada con la posición hegemónica de Estados Unidos y las transformaciones mundiales están afectando la capacidad de Washington para mantenerla. El Gobierno argentino parece no tener un registro de esta situación y no existe hoy en el mundo un país de tamaño medio o grande en su geografía, demografía y producción que busque la dolarización.
Es bueno recordar que la Argentina es el octavo país en dimensión, el 33avo en población y el 24avo en magnitud económica. En términos de dolarización, y considerando los casos latinoamericanos más próximos en el tiempo, la dolarización fue implementada solo por Ecuador (puesto 76 por tamaño, 72 por población y 64 por su PBI) y El Salvador (puesto 149 por tamaño, 108 por población y 101 por su PBI). No es irrelevante la pérdida de autoestima nacional como un factor que alimenta, para parte de la sociedad civil cada vez más empobrecida y de importantes segmentos empresariales, la idea presuntamente salvadora de la dolarización.
El hiperoccidentalismo argentino se comunicó, de hecho, en el anuncio de la llamada “nueva doctrina de política exterior” por parte de Milei. Lo hizo ante Laura Richardson, comandante del US Southern Command, en abril. En esa ocasión, Milei dijo: “Las alianzas tienen que estar ancladas en una visión común del mundo y no deben someterse a los que atentan contra los valores de Occidente. Esto se funda en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privadas de las personas… Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración para el mundo”.
Si se observan los periplos prominentes del presidente –cuatro veces a Estados Unidos entre febrero y mayo de este año y el viaje a Israel en febrero donde anunció que mudaría la sede diplomática del país de Tel Aviv a Jerusalén–; las votaciones más emblemáticas vinculadas a Medio Oriente en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de la ONU; la decisión de comprar los modernizados aviones F-16 estadounidenses en vez de los avanzados aviones JF-17 chinos; la recepción dada en abril a la general Richardson –a quien se la recibió como a una jefe de Estado y no como una de un Comando menor de entre los once que posee Estados Unidos–; las reiteradas referencias en los mensajes personales y comunicados de la Cancillería y de la Casa Rosada, entre otros acontecimientos y enunciados, es notoria la presencia de dos países: Estados Unidos e Israel. Es inhabitual que un Gobierno sea tan enfático respecto a dos naciones y que el resto del mundo sea objeto de tan poco interés o reconocimiento público. Lo usual es que los gobiernos multipliquen y diversifiquen sus referencias a diversas contrapartes con el propósito de preservar y mejorar las relaciones con una inmensa mayoría de naciones.
Un dato evidente en el primer semestre de la administración libertaria es el que detrás de cada posicionamiento del Gobierno hubo una contraparte olvidada, destratada, descalificada, desconsiderada o impugnada. El fervor inusitado pro-Washington ha sido proporcional a la inédita hostilidad anti-Beijing. El embanderamiento con Occidente dejó de lado ejes complementarios en la región y el mundo; algo que incluso los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri procuraron desplegar. No es comprensible la decisión de rechazar la incorporación a los BRICS. Como bien expone un dicho anglosajón: “O uno es parte de la mesa o es parte apenas del menú”. No hay mérito en decidir no estar en la mesa de los BRICS. Cabe recordar que en 2000 el Producto Bruto Combinado de los países del G-7 era de 21,9 billones de dólares y el de los BRICS era 10,8 billones de dólares; en la actualidad es, respectivamente, 55 billones de dólares y 61,3 billones de dólares. A su turno, en 2022 –el año del récord de exportaciones nacionales en términos de montos–, 8 de cada 10 dólares recibidos por las ventas de productos argentinos provinieron de países no occidentales. Es importante subrayar además que los miembros de BRICS acompañaron históricamente la posición de la Argentina acerca de Malvinas.
El drástico giro del país respecto a la relocalización de la Embajada Argentina en Israel y frente al tema Israel-Palestina es elocuente. Conviene tener en cuenta que la localización de la delegación argentina en Israel está establecida por una ley de 1951, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. La postura más reciente frente a Jerusalén se hizo manifiesta en 2017 a 24 horas de la decisión de Trump de trasladar la sede diplomática de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Durante la gestión del entonces canciller Jorge Faurie, el Ministerio emitió un comunicado en el que dice: “El Gobierno argentino entiende oportuno recordar su posición en favor de una solución de dos Estados conviviendo pacíficamente, en forma respetuosa, reconociendo las fronteras de 1967 y el estatus especial de Jerusalén de acuerdo a sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas… Al igual que la mayor parte de la comunidad internacional, la Argentina apoya el régimen internacional especial de Jerusalén, conforme lo establece la Resolución 181 (1947) de la AGNU, así como el libre acceso, visita y tránsito sin restricción a los Lugares Santos para los fieles de las 3 religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e Islam), por lo que Argentina lamenta medidas unilaterales que pudieran modificar este estatuto especial”. El asombroso silencio frente al eventual cambio de ubicación de la Embajada argentina en Israel por parte de los principales líderes del PRO, de los funcionarios de ese partido en el Ejecutivo y del mismo Faurie, hoy embajador del país en Chile, indica la voluntad del PRO de respaldar al Gobierno actual en esta materia a cualquier costo, olvidando así su posición de hace siete años. Asimismo, resulta relevante destacar que la Organización de Cooperación Islámica –segunda más grande después de la ONU– orientada a proteger los intereses del mundo musulmán, congrega a 57 países que también apoyaron la posición argentina sobre Malvinas.
Además,, la Argentina reconoció, en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, a Palestina como Estado libre e independiente, respetando el derecho de Israel de vivir en paz y respaldando las iniciativas a favor de la resolución del conflicto israelí-palestino. En 2012, la Argentina votó favorablemente (138 a favor, 9 en contra y 41 abstenciones) que Palestina fuera un Estado observador en Naciones Unidas. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en especial en noviembre de 2018 durante una escalada de violencia en Gaza, la Argentina continuó abogando por “el derecho del pueblo palestino a construir un Estado libre, independiente y viable”. Apenas iniciado el gobierno de Milei, el 12 de diciembre de 2023, la Argentina –a diferencia de la administración de Alberto Fernández que había apoyado una resolución semejante sobre el tema– se abstuvo (153 a favor, 10 en contra y 23 abstenciones) en una votación por el cese al fuego humanitario en Gaza. En mayo de este año, en la Asamblea General, el Gobierno argentino se opuso (143 a favor, 9 en contra y 25 abstenciones) a una resolución que pedía al Consejo de Seguridad que integrara como miembro pleno a Palestina. Hace pocos días el presidente decidió abortar su asistencia al Centro Cultural Islámico al enterarse de que allí estaba presente el embajador de Palestina. Esto generó una reacción de la Liga Árabe, compuesta por 22 miembros, que la consideró “una actitud hostil e injustificada, no solo hacia el Estado de Palestina, sino también hacia el Grupo Árabe y lamenta que una actitud tan poco diplomática e inaceptable haya sido adoptada por el presidente de un país por el que los árabes sienten un gran respeto por sus anteriores posiciones positivas respecto a la causa palestina”. Es pertinente recordar que varios países árabes son miembros del llamado C-24, el Comité Especial de Descolonización en el que se aborda históricamente el tema Malvinas.
Desde el inicio de la gestión libertaria, y como ejemplo de otro viraje expresivo de la política exterior, Latinoamérica y Sudamérica ocuparon un lugar subsidiario. Una mezcla de desatención, ensimismamiento y ramplonería –y algo de narcisismo– parecen caracterizar la mirada oficial sobre la región. Ataques personales y agraviantes a mandatarios por parte de Milei, la decisión de no enviar embajadores (así sean de carrera) a determinados países, la reducción promedio del 25% –similar a la del resto del mundo– de las importaciones provenientes de la región en el primer semestre de 2024, ninguna visita presidencial a alguno de los países de MERCOSUR como ha sido habitual en los gobiernos de la democracia al comienzo de una gestión, la manifestación escueta y parca a raíz del asalto (para la Cancillería fue “lo sucedido”) de la Embajada de México en Ecuador, el desinterés marcado hacia CELAC (que la Argentina presidió en 2022) y UNASUR (cuyo primer secretario fue Néstor Kirchner), las relaciones presidenciales tensas con el principal socio del área, Brasil, entre varios otros, demuestran el desdén y desaire hacia la región. También es clave subrayar el acompañamiento de la región a la Argentina en cuanto a Malvinas. Debilitar ese frente de apoyo es un sinsentido.
Hace pocos días el Gobierno decidió sumar al país al Grupo de Contacto sobre Asuntos de Defensa de Ucrania creado por Washington en 2022 para canalizar la asistencia militar y humanitaria a Ucrania. En ese marco, el ministro de Defensa, Luis Petri, aseveró: «No podemos permitir que prevalezca la tiranía, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Ucrania. Luchemos por un mundo libre, es una lucha de la que nunca nos arrepentiremos. Y como dice mi presidente: ¡viva la libertad, maldita sea!». No hubo explicación o justificación pública de esta decisión que puede tener consecuencias graves e imprevisibles. Esta determinación lleva a asumir un alto perfil, reforzando los lazos con Occidente, para acceder el estatus de Socio Global de la OTAN y demostrar la adscripción pro-occidental mediante una conspicua postura contra Rusia en circunstancias en que Moscú logró frenar la denominada contra-ofensiva ucraniana. Quizás valga la pena mencionar la posición rusa en relación con Malvinas. En 2014, durante su visita al país, Vladimir Putin señaló: «Rusia sigue apoyando la necesidad de encontrar la solución a la disputa por las Islas Malvinas, sobre la mesa de negociaciones directas entre Gran Bretaña y Argentina». En marzo de 2023, en una nota en Rusia Unida, el expresidente Dmitri Medvédev resaltó la persistente búsqueda argentina de recuperación de las islas: “El empeño de Buenos Aires de continuar su lucha justa por la soberanía de los territorios disputados mostró claramente el curso hacia… la lucha contra las vergonzosas prácticas del neocolonialismo” del Reino Unido.
Por último, es crucial recalcar algo que pareciera estar fuera del radar de muchos especialistas y comunicadores: el progresivo repliegue de la Argentina de asuntos prioritarios de la política global. En materia de género, derechos humanos, cambio climático, justicia social y salud, entre otros, el Gobierno viene adoptando posturas en contravía de lo avanzado en la democracia y al contrario de la agenda 2030 de la ONU sobre desarrollo sustentable.
Paradójicamente, una administración que no mostró interés en asegurar la soberanía nacional en temas prioritarios, sean estratégicos, geopolíticos y económico-financieros, argumenta en clave soberanista su cuestionamiento o no acompañamiento a un temario global que, en su momento, contó con el impulso de países de Occidente y del Sur Global (entre ellos, de la Argentina). Por ejemplo, en marzo, en la Comisión de la Mujer reunida en New York, la posición crítica de la Argentina fue idéntica a la de países como Rusia, Irán, Nigeria, Irak y Nicaragua. En junio, en Ginebra, la Argentina se manifestó contraria al tratado contra la pandemia que se negoció en el marco de la Organización Mundial de la Salud desde 2021. El tweet de la canciller Diana Mondino del 9 de junio es claro: “Bajo ninguna circunstancia permitiremos que un organismo internacional infringa (sic) sobre nuestra soberanía y muchísimo menos para que nos vuelva a encerrar”. Hasta el momento no se conocen reacciones de los países occidentales que son el foco natural del hiperoccidentalismo libertario. Por ahora, el lugar de los valores en las relaciones con el país parece bastante relegado. Washington y Bruselas serán tolerantes en la medida en que sus negocios prosperen y el posicionamiento anti-China se consolide. Esa es su realpolitik.
Sobre el interés nacional
El término “interés nacional”, ambiguo y polisémico, ha sido una guía de la política exterior de los Estados. Existe un conjunto de preceptos que le subyacen. Entre otros, conviene recordar algunos:
El interés nacional se garantiza más en condiciones de paz mundial. La paz, se entiende, contribuye al bienestar material y espiritual interno de las naciones; inversamente la guerra daña las posibilidades de prosperidad doméstica y destruye la convivencia internacional.
El orden y la estabilidad regional son esenciales para el desarrollo, la seguridad y la autonomía; lo cual fortalece el interés nacional. Los recursos diplomáticos son fundamentales para la pacificación y la concordia entre los países de una región y, por ello, la distensión política y la resolución de controversias resultan imprescindibles.
Es vital no atraer ni involucrarse en conflictos extra-regionales pues ello no solo puede afectar severamente el propio interés nacional, sino también el de los países próximos. Esto es más imperativo cuando se carece de control o influencia sobre las principales variables que conllevan y mantienen el conflicto. Además, resulta costoso y contraproducente convertirse en una fuente de inseguridad en el vecindario al importar una confrontación ajena al área.
Es indispensable tener en claro los intereses en juego con las distintas contrapartes, identificado los coincidentes, los complementarios y los conflictivos. Siempre hay que tener en cuenta que tal variedad de intereses no es algo inmutable pues con el tiempo y la diplomacia puede modificarse el tipo de interés con tal o cual contraparte.
Toda definición del interés nacional, su salvaguarda y promoción exige conocer los atributos efectivamente disponibles para su movilización. El desconocimiento o confusión al respecto puede dañar gravemente el ejercicio de la política exterior y de defensa de un país.
El corolario de una exitosa protección y proyección del interés nacional es el incremento del poder relativo real de una nación, tanto de sus capacidades tangibles (mejoramiento material) como intangibles (aumento de prestigio). Los logros pírricos no son señales de éxito; son apenas temporales y reversibles.
Es crucial no confundir los intereses permanentes con los transitorios; los primeros son constantes en su centralidad y en el tiempo, los segundos están sujetos a circunstancias políticas. Básicamente no se deben sacrificar intereses permanentes en aras de satisfacer los transitorios de una administración o de un partido o de una persona.
Será imperativo evaluar los resultados específicos del hiperoccidentalismo del gobierno de Javier Milei a la luz de su impacto en el interés nacional. Aún es prematuro hacer un balance completo y definitivo, pero cuando llegue el momento habrá que evaluar qué fue lo que aportó y qué fue lo que dilapidó este Gobierno respecto al interés nacional argentino.
En las invasiones inglesas, el pueblo de Buenos Aires era consciente de que se trataba de invasores y se les dio pelea y se los derrotó, tanto en 1806 como en 1807. En esa última vez, mal armados, con piedras, agua y aceite hirviendo, lograron dar de baja a 2.800 soldados de los 5.000 del ejército inglés comandado por el teniente general John Whitelocke. Estos, ante el pueblo enardecido, se rindieron, e incluso, el Teniente Coronel Dennis Pack, en su defensa ante el tribunal de honor de Inglaterra, dijo: “Antes de que me hubiese escasamente aproximado a la Iglesia de San Francisco, ya había perdido bajo el fuego de un enemigo invisible, y ciertamente inatacable para nosotros, los oficiales y la casi totalidad de los hombres que componían la fracción de vanguardia, y así en proporción en las otras compañías que componían mi columna”. Es más, Pack salvó la vida porque “se protegió dentro de la iglesia y el padre prior fray Francisco Leiva lo ocultó, sabiendo que si la multitud lo tomaba iba a ser inmediatamente sacrificado” [1].
Saturnino Rodríguez Peña, Manuel Aniceto Padilla y otros conspicuos miembros del Cabildo de Buenos Aires eran parte de la logia masónica “Southern Cross” (Estrella del Sur) y, convencidos de que Gran Bretaña, dueña de los mares tras Trafalgar [2] y en plena Revolución Industrial, era la potencia por seguir, se pusieron a su servicio. El pueblo desoyó esos “cantos de sirena” y los enfrentó y venció, y ellos (Rodríguez Peña y Padilla) tuvieron que refugiarse en el imperio portugués de Brasil.
Pero la diplomacia inglesa, al no poder vencer por las armas, se valió de los Pueyrredón, los Rivadavia, los Mitre, que representaban a los comerciantes porteños, y con ellos tomó el control del puerto y su aduana, que a su vez era disputada por las estancias y saladeros (Trust de los Anchorena).
En agosto de 1816, 16.000 soldados del imperio portugués, bajo la conducción del barón Carlos Federico Lecor, cuyo segundo y verdadero estratega militar era el general William Beresford (quién había dirigido la primera invasión a Buenos Aires en 1806), invadieron la Provincia Oriental del Uruguay, con la complicidad tácita de los comerciantes porteños y los “buenos oficios” del embajador inglés en Río de Janeiro. Los atacaron por tierra y mar; debido a su superioridad numérica [3] y material ingresaron a Montevideo el 20 de enero de 1817, aunque la lucha continuó por más de tres años en todo el territorio de los Pueblos Libres.
José Gervasio de Artigas decidió dividir sus huestes, una parte bajo la conducción de “Pancho” Ramírez y Estanislao López debió enfrentar a los porteños y la otra, a los portugueses.
Ramírez y López habían logrado vencer a los porteños en la Batalla de Cepeda, pero derrotado Artigas, acordaron en el Tratado de Pilar con el puerto de Buenos Aires y sus intereses consecuentes con Inglaterra, que necesitaba alimentos baratos para sus trabajadores industriales, de la misma manera que acordó Urquiza con Mitre en el Tratado de San José de Flores 42 años más tarde.
La dependencia de hoy
Ya no es con Inglaterra y los comerciantes de ese país, se trata de conglomerados económicos y fondos de inversión que administran activos por cientos de millones de dólares y no se presentan como ejército invasor, pero sí como el progreso y la modernidad, cuando propician que la Argentina provea de alimentos, forraje, energía, oro, cobre, litio y demás minerales, convirtiéndola en una mera factoría exportadora.
En primer lugar, la denominada “Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos” tiene en sí misma las delegaciones de facultades que son inconstitucionales, dado que nuestra Carta Magna en su art. 29 dice claramente: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Y de eso se trata el RIGI, incluido en dicha ley, que consiste en que sociedades anónimas, principalmente extranjeras y las locales como, por ejemplo en inversiones hidrocarburíferas, las grandes petroleras (Tecpetrol del Grupo Techint; Pan American Energy de la British Petroleum, asociada a la familia Bulgheroni; Compañía General de Combustible de la familia Eurnekián), conformen una sociedad cáscara que denominan VPU (Vehículo de Proyecto Único) y con inversiones de 200 millones de dólares en adelante, se beneficien con las siguientes características de la ley:
ausencia de controles sobre el origen de los fondos;
estabilidad fiscal por 30 años (exentos de abonar impuestos y/o derechos nuevos, solo quedan alcanzados por los actualmente vigentes);
a partir del cuarto año, la garantían de la libre disponibilidad de divisas (no tienen necesidad de liquidar las divisas en el país);
al tercer año según la Cámara de Diputados y a partir del cuarto año según la revisión hecha por el Senado, la posibilidad de exportar sin pagar derechos de exportación [4];
disminución de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% vigente para todas las empresas, será para los que se adhieran al RIGI del 25%;
la posibilidad de importar cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que estos deban ser nuevos o usados;
en el Senado de la Nación se incorporó en el art. 174 que el emprendimiento deberá tener un compromiso de contratación de proveedores locales de un mínimo de un 20% de inversiónsobre el pago total de proveedores. Esto deberá mantenerse en la etapa de construcción y operación; también en el Senado, se circunscribió el RIGI a las actividades foresto industriales, infraestructura, minería, energía, tecnología, y turismo [5];
el Estado nacional emitirá certificados de crédito fiscal con los cuales, con saldo de IVA a favor, los inversores no pagaran IVA por su compra de bienes o servicios;
las VPU adheridas al RIGI pueden demandar al Estado ante la Justicia argentina y, si el fallo no les satisface, pueden reclamar ante el CIADI [6] o árbitros internacionales y/o tribunales extranjeros, cediendo nuestro país la jurisdicción;
la autoridad de aplicación será el gobierno nacional, por ende, puede determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión, en una delegación de facultades de manera explícita por parte de la provincia hacia la Administración nacional que puede disponer la condonación de todos los impuestos nacionales y los provinciales;
en su art. 162 afirma que cualquier norma o vía de hecho, nacional o local que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe los proyectos aprobados será nula de nulidad absoluta e insanable, por lo que la Justicia deberá en forma inmediata impedir su aplicación;
en el art.167, una vez aprobada la solicitud de adhesión al RIGI por la autoridad de aplicación (Estado nacional), se deberá llevar adelante un procedimiento de renegociación contractual a fin de lograr la adecuación del contrato de concesión a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento. El plazo del contrato deberá fijarse teniendo en consideración las inversiones comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable, siempre en el enclave del sistema creado.
Dada esta suma de facultades delegadas, las provincias deberían hacer valer el art. 124 de la Constitución nacional, porque corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, por eso sería válido que las legislaturas y/o gobiernos subnacionales hagan la debida presentación ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo su cumplimiento.
Debe observarse primero que todas las modificaciones realizadas en el Senado de la Nación (como Cámara revisora) al RIGI se realizaron con mayoría simple, por ende, la Cámara de Diputados (iniciadora) puede rechazarla con mayoría simple, que son los 134 diputados que firmaron la media sanción.
También que el Senado de la Nación en la madrugada del día 13 de junio de 2024, aprobó el Régimen de Regularización de Activos que es el perdón fiscal (blanqueo de capitales) que no tiene cupo: no hay límite máximo de cuánto se puede blanquear. Esto, combinado a que el VPU del RIGI, puede ser vendido directa o indirectamente, sin autorización previa de la autoridad de aplicación (debiendo informarlo luego de 15 días corridos de ocurrido), y a la no investigación del origen de los fondos, violando expresamente la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, todo ello va a permitir que la “Meca” de inversión que pregona el gobierno actual sea el destino de narcotráfico, de venta ilegal de armas, de trata de blancas, etc.
En síntesis
Nuestro pueblo embrutecido por los medios de opinión y ante la pusilánime actitud de la CGT que debería haber llamado a un paro general el día 12 de junio en que se trataba el proyecto de ley Bases y realizar una vasta y completa campaña previa de esclarecimiento, compromiso que deberían haber asumido los dirigentes políticos del campo nacional y popular para demostrar que este gobierno es servil y funcional al capital trasnacional.
Nos endeudaron, hasta abril de 2024, por 43.383 millones de dólares, gran parte fue atraído por la diferencia de bonos públicos ajustados por inflación que les hizo ganar fortuna y por acciones de compañías energéticas, bancos y alimenticias cuyo precio se incrementó a la par de sus utilidades a costa del pueblo argentino
Al aprobarse en el Senado la ley Bases, los especuladores saben que van a recuperar y con creces los dólares que traigan porque van a ser los dólares que van a traer las inversiones del RIGI. Y el RIGI se paga con la no liquidación de las exportaciones a partir del cuarto año de su inicio, cuando el proyecto comienza a madurar.
Un modelo extractivista de la peor calaña, pagan con los recursos naturales que nos pertenecen a todos el endeudamiento del gobierno de Cambiemos que el gobierno del Frente de Todos no investigó. Y, encima, pagan los dólares del carry trade de Milei, toda ganancia para una minoría rentista y parásita en desmedro del pueblo argentino actual y de varias generaciones.
La represión sobre el sector de la población más consciente reafirma que la dictadura militar de 1976 ha hecho escuela; y que la Vicepresidenta de la Nación defienda a Jorge Rafael Videla y haya sido elegida para esa función grafica más que nada el grado de desconocimiento y de ignorancia en que nos encontramos.
[1] Vicente Fidel López y otros. Historia de la República Argentina. Tomo I. P. 465, primera edición: 1938.
[2] En la Batalla naval de Trafalgar del 21 de octubre de 1805, la coalición de naciones encabezadas por Inglaterra y bajo las órdenes del almirante Nelson derrotó a la armada franco-española , con lo cual sus buques y corsarios consiguieron el predominio sobre los mares.
[3] Las tropas de Artigas, criollos, indios y morenos no del todo bien armados, eran no más de 8.000 hombres.
[4] La modificación en el Senado de la Nación limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años
[5] En realidad se excluye expresamente a la producción agropecuaria, por temor a que una devaluación y el RIGI faciliten una mayor extranjerización de la tierra.
[6] Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial que permite a las empresas enjuiciar a un Estado, violando el principio de exequátur (que un Estado no puede ser enjuiciado por otro y, menos por una empresa, salvo que el Estado lo permita como es este caso).
