La histeria antisoviética y anticomunista que caracterizó el período de la Guerra Fría está hasta cierto punto viva y coleando hoy en día con el ascenso de China. Esto es particularmente cierto en lo que respecta al sentimiento prevaleciente entre la clase estratégica estadounidense sobre América Latina.
Tomemos, por ejemplo, el testimonio de la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado en marzo, que invocó la palabra «maligno» no menos de 24 veces: «actor maligno», «influencia maligna», «esfuerzo maligno», «actividades malignas», «intención maligna», «narrativas malignas», «conducta maligna», «acción maligna» y «agenda maligna».
A menudo, se refería a presuntos actores chinos y, en algunos casos, rusos. Este eco de la Guerra Fría trae a la mente el argumento de Peter Smith, académico de la Universidad de California en San Diego, sobre el núcleo de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina: el factor histórico crucial de la política entre Estados Unidos y América Latina ha sido el papel y la actividad de los actores extracontinentales.
Según un estudiode 2022 de RAND Corporation, «la competencia con China es cualitativa y cuantitativamente diferente de la competencia con Rusia e Irán en América Latina y el Caribe». Moscú y Teherán pueden ser oportunistas y provocadores, pero carecen de los atributos para garantizar una proyección de poder efectiva en la zona. China, sin embargo, tiene los recursos, la voluntad y la oportunidad para extender y mantener su influencia. De ahí que sea lógico que Washington esté atento a los mensajes, medidas y maniobras de Pekín.
Aun así, el tamaño masivo de la propia presencia de seguridad de Estados Unidos en la región, y lo pequeña que es la de China en comparación, a menudo no se discute en Washington. Un vistazo a las cifras sugiere que la idea de una amenaza militar china inminente es exagerada y errónea.
Podríamos comenzar examinando lo que algunos han llamado el «río de hierro» de armas que fluye hacia la región. Según el último informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) sobre transferencias de armas, el ranking de los mayores proveedores de armas a América del Sur entre 2019 y 2023 fue: Francia (23%), Estados Unidos (14%) y Reino Unido (12%). Durante esos años, Rusia no suministró armas a América del Sur.
Un análisis de los datos del SIPRI para el período 2000-2022 realizado por Ryan Berg y Rubi Bledsoe, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, muestra que Estados Unidos es el origen del 94,9% de las adquisiciones de armas de Argentina, el 93,4% de las adquiridas por Colombia, el 90,7% de las adquiridas por México y el 82,7% de las adquiridas por Brasil. Esto significa que las cuatro economías más grandes de América Latina tienen a Estados Unidos como su principal proveedor de armas.
Durante ese mismo período de tiempo, Rusia fue, con mucho, el mayor proveedor de armas a Venezuela: las compras de Caracas ascendieron a 4.500 millones de dólares. China fue el mayor proveedor (66,2%) de los 77 millones de dólares en armas compradas por Bolivia. El mes pasado, el presidente Javier Milei confirmó el compromiso de Argentina de comprar 24 F-16 a Dinamarca con autorización de Washington.
La presencia militar total de Estados Unidos en la región es mucho más amplia e incluye acuerdos de cooperación en torno a puertos, aeroespaciales y ríos interiores. No existen análogos chinos a estos acuerdos. Lo que queda claro, al mirar este retrato, es que parece que China es muy cautelosa a la hora de extender su alcance militar en América Latina, probablemente porque sabe que eso podría causar tensiones con Washington. En cambio, se ha centrado, con un éxito considerable, en el compromiso económico en la zona, con el comercio, la inversión y las finanzas.
El compromiso económico regional de Pekín no ha impedido que Washington haga sonar la alarma sobre la supuesta proyección militar maléfica china. No es ningún secreto que hacerlo refuerza la justificación del propio gasto militar de Washington. De hecho, el Comando Sur ha solicitado un aumento presupuestario de casi el 50% para 2025. En una América Latina inundada de altísimas tasas de homicidios y armas de fuego entre las principales causas de muerte, el redimensionamiento de la presencia militar china nos deja con una pregunta provocadora: ¿de qué sirve para la región la carrera armamentista de Estados Unidos con un competidor que no tiene pares?
En definitiva, la preeminencia militar de Estados Unidos en América Latina es innegable. En la práctica, en materia de defensa y seguridad, Washington ha venido reafirmando y fortaleciendo su presencia en la zona. La proyección pragmática del poder económico de China ha logrado avances innegables. Pero la preponderancia de Estados Unidos en el ámbito militar no se ha debilitado ni está cerca de ser reemplazado.
Lo que es evidente es que la noción de una amenaza militar china inminente es exagerada y equivocada, especialmente cuando la proyección material de Estados Unidos en la región es menos significativa y más retórica. A estas alturas es obvio que Estados Unidos ha superado militarmente a China en América Latina y Pekín está muy lejos de desplazar a Washington en materia de defensa y seguridad regional.
Nuevamente, y como ocurriera durante los gobiernos neoliberales de la etapa democrática en la Argentina, sin olvidar las dictaduras militares entre 1955 y 1983, aparece un gobierno nacional acusando de adoctrinamiento ideológico al sistema educativo público del gobierno inmediato anterior.
Esta reiterada acusación que hacen determinados gobiernos de la democracia a lxs encargadxs de enseñar oculta una sola finalidad: imponer el pensamiento y el proyecto político con el que llegaron al poder y, de este modo, terminar para siempre con el peronismo.
Dichos sectores han utilizado —y lo siguen haciendo— la palabra “adoctrinamiento” para despojar al otro de su identidad, de sus fundamentos ideológicos, como modo de clausurar el debate y lograr que quien consideran su peor enemigo se entregue mansamente a un relato neoliberal, repetido, intolerante y colonial.
Adoctrinar
El adoctrinamiento es un acto que pretende poner fin al pensamiento crítico de un determinado sujeto. Admite un solo camino, un pensamiento, para llegar a una meta, atenta contra la libertad de expresión y contra la pluralidad de ideas y opiniones. Así, clausura la posibilidad de la duda, reemplaza la argumentación y el intercambio de ideas por la fe absoluta en los argumentos que esgrime quien adoctrina.
Lxs adoctrinadores son fanáticxs que no admiten discrepancias y utilizan el poder con la oscura pretensión de que todos queden moldeados conforme a la misma idea o modelo, constituyendo de este modo un todo homogéneo.
El adoctrinamiento es como un lavado de cerebro a través de una prédica sistemática, pensada y diseñada para que una persona abandone convicciones, opiniones, principios o valores que pudiera tener arraigadas.
Adoctrinar es inculcar, ejercer una violencia simbólica tal de manera que una persona no sea capaz de pensar una idea diferente sobre el tema que se le haya transmitido en cualquiera de los ámbitos educativos, sean estos escolares o no (puede ser la familia, el barrio, el club, el grupo de pares, las distintas confesiones religiosas, etc.).
El adoctrinamiento escolar se produce cuando la escuela es utilizada como ámbito de transmisión de concepciones parcializadas y/o sectarias, se trate de cuestiones políticas o de otras.
Cuando se inculca una doctrina, se ejerce violencia simbólica sobre el sujeto receptor, se niega toda posibilidad a la crítica y se fomenta una actitud pasiva frente a lo que se transmite. Por el contrario, la educación promueve en las personas el surgimiento del pensamiento crítico, así como una postura activa y reflexiva frente a los dilemas que plantea la vida. Lxs educadores alientan la autonomía de pensamiento y la pluralidad de opiniones en marcos de empatía y alteridad.
La persona que adoctrina esconde la pretensión de que todxs piensen como él. Que sigan sus ideas, órdenes, acepten sus valores, preferencias, gustos, costumbres, metodologías, entre los que podrían estar sus héroes, su concepción de la historia y hasta una manera de entender conceptualmente la matemática u otro campo de la ciencia.
Adoctrinadores oficiales
El gobierno que preside Javier Milei anunció que avanzará con un proyecto de ley para cambiar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206/06, justamente, para evitar el adoctrinamiento ideológico de los docentes en las aulas.
Recordamos, además, un mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando anunció que “el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que padres y alumnxs puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política, que no respeta la libertad de expresión. Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse”.
Dichos artículos, censurados por el vocero, se ocupan de los fines y objetivos de la política educativa nacional y de los derechos y deberes de los alumnos, respectivamente. Ambos promueven una educación integral en todas las dimensiones de la persona, la educación igualitaria, la libertad de conciencia, la convivencia democrática, la formulación de proyectos, la toma de decisiones, la garantía del derecho constitucional de enseñar y aprender, la educación como prioridad nacional, así como la participación democrática, la inclusividad en la educación, etc.
Entendemos que o el vocero presidencial no entiende demasiado de estos temas o estamos frente a un gobierno de claro corte fascista que esconde la pretensión de adoctrinar a la nación a partir de un nuevo credo cerrado de palabras, valores y cálculos económicos, a fin de posibilitar, luego, la concreción de una reforma constitucional encubierta, que nos devolvería a los peores momentos de la educación argentina en consonancia con una Argentina pre-moderna y colonial.
Conclusión
Todos los gobiernos neoliberales triunfantes en elecciones democráticas en la Argentina y, por supuesto, las dictaduras militares (1955 y 1983) han acusado de adoctrinamiento ideológico a los sistemas educativos de los gobiernos salientes por considerarlos puntos estratégicos para la difusión de los nuevos idearios a impulsar con altas dosis de adoctrinamiento incluidas.
El actual contexto político, económico y social que atraviesa el país permite suponer que cuando el Presidente Milei acusa a las instituciones del sector público de adoctrinar ideológicamente, pone en evidencia que lo que en realidad lo enfurece es la difusión en dichas instituciones de ideas contrarias a su pensamiento y proyecto político. Algo que dejó en claro la multitudinaria demostración de repudio al gobierno que realizara el conjunto de la educación pública argentina el 23 de abril de 2024.
Los argumentos que expone el gobierno libertario son totalmente infundados y maniqueos y pueden ser utilizados como justificación para el desmantelamiento de la educación pública y como vehículo a partir del cual se busque consolidar el proyecto político neoliberal.
Finalmente, puede afirmarse que ningún alumno es adoctrinado en escuelas, institutos y universidades de gestión pública de la República Argentina.
Las actitudes y expresiones vertidas por el gobierno de La Libertad Avanza podrían constituir el paso previo de un proceso de persecución política e ideológica en las instituciones educativas públicas argentinas, cuya responsabilidad, de ocurrir, será exclusivamente del Presidente Milei, que en 2023, sea por elección o por odio al tercero en discordia, fue votado por una mayoría importante de la población.
En economía se define como “matriz productiva” a cómo se organiza una sociedad para producir determinados bienes o servicios en un tiempo y precio determinado, cómo emplea los recursos que tiene a su disposición (o desarrolla los inexistentes) y, de acuerdo a los fines determinados en nuestra Constitución nacional, cómo se hace para generar procesos de producción que permitan el crecimiento y desarrollo, propendiendo a la generación de mayor valor agregado, a la creación de riqueza y a la vez al bien común, a la igualdad de oportunidades y al progreso.
Es más, consecuentemente con ese objeto de crecimiento y distribución del ingreso se realizó la Constitución nacional de 1949 (Constitución escrita por el proyecto político del 17 de octubre de 1945, en el que el pueblo se hizo presente y partícipe), que declaró los minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Sobre estas bases, aparecen los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura como el vértice de un nuevo concepto de democracia participativa nacional y popular.
La autodenominada “Revolución libertadora” derogó la Constitución de 1949 para limitar la independencia económica pregonada por Juan Perón el 9 de julio de 1947: “Aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas”. Así, se abrió el país al capital internacional mediante el llamado “Plan Prebisch”, que Arturo Jauretche titularía “el retorno al coloniaje”, pero debió reconocer los derechos laborales que plasmó en la Constitución de 1957 que, en su art. 14 bis afirma: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial».
”Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
”El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Las dictaduras militares de 1955, 1966 y 1976 violentaron la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, pero, conscientes de que el pueblo argentino conservaba su amor a la patria, no hicieron (al menos pública y descaradamente) alarde de subordinación al capital extranjero.
Por ejemplo, el RIGI (Régimen Especial de Promoción para las Inversiones de Grandes Empresas), que forma parte del proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, tiene su antecedente en el Decreto Ley de Hidrocarburos N° 17.319, que fue promulgado en 1967 durante la dictadura militar de Onganía. Esta ley estableció el marco regulatorio para la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos en el país. Uno de sus capítulos más controversiales fue el Régimen de Inversiones para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que otorgó amplios beneficios e incentivos fiscales a las empresas petroleras, tanto nacionales como extranjeras [1]. O sea que no solo relegaron a YPF (en ese entonces empresa del Estado) para apropiarse y distribuirse la renta petrolera, sino que generaron el marco legal para su perpetuación, en lugar de que la renta petrolera fuera del Estado.
Pese a las dictaduras de 1955, el gobierno de Arturo Frondizi y la dictadura de 1966-1973, el modelo de sustitución de importaciones que implicaba trabajo y poder de los trabajadores persistía. Por eso, su destrucción y reemplazo por un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador en la dictadura militar de 1976 (“Rodrigazo” previo), en la que la burguesía local aceptó subordinarse a la economía mundial que exigía una Argentina que produjera alimentos y materias primas. Lo hizo, en primer lugar, por el temor a los trabajadores (de allí la destrucción de la producción fabril), y en segundo lugar, porque es una burguesía rentista y fugadora de capital, que vive de la diferencia abismal entre el costo de producción y el precio internacional de esas materias primas (incluye petróleo, gas y todo tipo de minerales), alimentos, y forrajes en el país con respecto al mundo, por contar con abundantes recursos minerales y con tierras fértiles.
Para ello fue necesario endeudar al país, que esa plata la fugue la casta dominante enriqueciéndose y que las obligaciones las pague el pueblo argentino. Con el fin de conseguir las divisas para pagar la deuda se priorizó vender al extranjero por encima de la producción y su venta al mercado interno.
La Argentina pudo tener problemas de falta de ingreso genuina y de estrangulamiento del sector externo en algunos años del siglo XX en los que una tasa sostenida de crecimiento del PIB hizo que crecieran más las importaciones que las ventas al exterior, pero eso no es cierto en el siglo XXI, puesto que, si tomamos la suma acumulada desde el año 2000 hasta el marzo del año 2024 inclusive, las exportaciones superaron las importaciones en 281.046 millones de dólares, divisas que se emplearon para pagar deuda y fugarla y eso explica que residentes argentinos tengan a su nombre una suma equivalente en el exterior y que la deuda externa pública bruta sea de 403.044 millones de dólares al 31 de marzo de 2024.
La deuda nunca investigada y el camino elegido para pagarla (capital y crecientes intereses) es la que impone la matriz productiva que genera el modelo extractivista, agropecuario exportador, que engendra la extrema pobreza por desocupación y malas remuneraciones y la extrema riqueza por apropiación de la renta y, con ello, la destrucción del aparato productivo por la minoría (local y extranjera) que se apropia de los recursos que nos pertenecen a todos los habitantes de este país.
La deuda que benefició y beneficia a una minoría rentista y parasitaria es la que hace que el embajador Marc Stanley, el 30 de agosto de 2022, en la cena anual del Centro de Estudios Americanos en la Argentina (CEA), afirmara: «La Argentina puede abastecer de energía al mundo y alimentarlo para poder ayudar a recuperar y hacer crecer a su propia economía”.
El RIGI
Como caballo de Troya del capitalismo financiero mundial, dentro del proyecto que, cínicamente, denominan “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, crean el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores), que lo que hace es generar enclaves económicos extranjeros (con sus propias normas y leyes) dentro del país y, en el mejor de los casos, asociados a grandes capitales locales. Es más, le dan estabilidad fiscal a lo largo de 30 años (no pueden cobrarles nuevos gravámenes de ningún tipo) y los proyectos estarán bajo jurisdicción extranjera (esencialmente el CIADI [2]), sustrayéndolos de la Justicia nacional. De esa manera se aseguran de cobrar fuertes multas en caso de que un gobierno que defienda lo nuestro incumpla con las condiciones impuestas de aprobarse la ley.
A partir del tercer año de funcionamiento de la actividad, podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país y sin tener que abonar retenciones o derechos de exportación. La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables es un acto criminal de administración fraudulenta por ser el vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio.
La creación RIGI declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. En esto viola lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución argentina que establece que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, dado que el RIGI reduce al 25% el impuesto a las ganancias, en lugar del 35% que rige para las empresas en el país. Además, no se cobra arancel a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y demás bienes y accesorios de capital, no se exige ningún requisito que implique garantizar un “compre nacional” o que contrate mano de obra argentina, entre otras grandes ventajas que se otorgan.
¿Qué es lo que hacen las naciones que se respetan a sí mismas y se proyectan en el futuro independientes y libre de verdad, no con la falacia de los llamados libertarios? La evidencia empírica indica que los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular fondos soberanos de inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinados a las próximas generaciones.
Noruega, considerado el país más igualitario y con mayor calidad de vida del mundo, detenta un fondo soberano creado en 1990, basado en las exportaciones de petróleo y gas, con un activo de 1,626 billones de dólares.
En el centenar de fondos soberanos existentes, hay cinco de Latinoamérica. Chile cuenta con dos fondos de producción y exportación de cobre, con activos por 22.000 millones de dólares. Colombia con un fondo de 12.000 millones de dólares y México con otro de 7.000 millones de dólares, basados ambos en las exportaciones de petróleo y gas. Perú con un fondo de 5.000 millones de dólares y Bolivia con un fondo de 400 millones de dólares para recursos mineros.
En síntesis
De consumarse la infame traición a la patria (art. 29 de la Constitución nacional), la Argentina dejara de ser una nación para pasar a ser una factoría exportadora, y se deberán hacer cargo los traidores.
No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos; y solo un Estado consciente, con un plan y asegurando la participación de la población (los canales y los instrumentos de participación), puede ponerles los límites y obligarlos a cumplir las leyes, a la vez que debe ser capaz de conducir a una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria. Eso en nuestro país ha sucedido pocas veces, las más o son gobiernos impuestos por los grandes empresarios y la Embassy o son funcionales y temerosos del poder económico.
Debemos ser una nación en la “que solo esta ley rija, es pa’ todos la cobija o es pa’ todos el invierno” (El Paso de los Libres, Arturo Jauretche).
[1] Enrique Aurelli, “La trama energética II. Gas natural y lobby en Argentina”.
[2] CIADI: Es una institución del Banco Mundial especialmente establecida para arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos e inversores, empresas, incluyendo empresas multinacionales. El objetivo es la seguridad jurídica a los capitales de inversión internacionales. La Argentina tiene demandas de la generadora de electricidad AES que data desde el año 2002; la constructora alemana Hochtief Aktiengesellschaft; dos empresas de Austria que reclamaron en diciembre de 2014 por la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar en Salta; tres aseguradoras de Países Bajos, Orígenes AFJP, y Metlife seguros, en 2019 por la eliminación del régimen de capitalización; el grupo español Abertis, principal accionista de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste; etc.
Desde el comienzo de la historia, o sea del registro escrito de la humanidad que incluye la transferencia de la oralidad previa a la escritura, observamos que el poder se ha construido a sí mismo como poseedor de la comunicación con la divinidad, instituyéndose como su representante.
La historia nos muestra que los gobiernos han sido siempre teocracias más o menos explícitas. En muchos casos los que ostentaban el poder eran venerados como divinidades, obviamente autoimpuestas.
Recién a partir de la Revolución Francesa apareció el primer estado laico. La condición de la existencia de teocracias para el ejercicio del poder no debe asombrarnos, ya que la subjetividad demuestra pesar mucho más que la razón.
Independientemente de la existencia o no de un dios o muchos dioses, más del 90% de la humanidad cree en ellos, en la trascendencia y en premios y castigos después de la muerte; es obvio entonces que la razón está siempre en un segundo plano.
Las herramientas del poder han sido y son la violencia y el manejo de la subjetividad a través de la creencia en lo sobrenatural y la manipulación de ella por parte de quienes detentan ese poder. Como consecuencia de las dos primeras, adquirida y mantenida por ellas aparece la tercera herramienta, el poder económico, surgido de inventar la propiedad privada, no de los bienes de uso personal sino de los productivos, inicialmente la tierra y luego los rebaños.
Tanto lo sobrenatural como la violencia tienen un nexo común, el miedo. Lo sobrenatural encuentra motivo y fundamento en el miedo a la muerte, y desde ese miedo nace la necesidad de trascender; una trascendencia que encuentra nuevos miedos en la posibilidad de no recibir premios sino castigos. Por eso el poder que se arroga la representación de lo divino se autoproclama administrador de premios y castigos. En cuanto a la violencia, que es ejercida de manera monopólica por el poder, lo convierte en administrador del dolor y del sufrimiento que repartirá a su gusto si encuentra algún tipo de oposición.
Recordemos que el poder, cuando no reside en la comunidad y está ejercido por una élite, se constituye en sujeto único considerando al resto de la comunidad como objetos, y si un miembro de la comunidad, objeto-para-el-poder, pretende convertirse en sujeto levantando su voz, es reprimido.
Pero, ¿Qué hace necesaria la existencia del poder entre los seres humanos. o en todo caso, de donde surge? ¿Es inevitable? ¿Hay solo una forma de poder? Ya sabemos el ‘cómo’ se ejerce el poder por parte de las élites y cuáles son sus herramientas, faltan otras preguntas que buscan respuesta; como el ¿qué, el para qué y el por qué?
Sabemos que el poder hace a los humanos desiguales porque unos mandan y los otros obedecen. Merece entonces la pena que analicemos de dónde surge el poder y examinemos la mirada de distintos pensadores sobre su origen, ya que conceptos como poder, libertad, democracia y propiedad siempre están en discusión, al menos hasta ahora.
Siempre que hablamos de poder, va de suyo que estamos hablando también de comunidades en la que este está ejercido por el conjunto o por una élite. Al respecto de la relación entre las comunidades y el poder hay un grupo de filósofos a los que se dió en llamar contractualistas y se han referido a este tema desde distintas perspectivas; ellos fueron Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rousseau.
Thomas Hobbes (Inglaterra 1588-1679) cuya obra cumbre fue el ‘Leviatán’, monstruo bíblico al que se ha identificado con el diablo; plantea que en el estado de naturaleza, o sea antes de la existencia del estado, los humanos vivían en estado de guerra de todos contra todos, por eso toma la frase de Plauto “el hombre es lobo del hombre”. Hobbes reivindica tres derechos a defender; la vida, la libertad y la propiedad privada, entonces el miedo hizo necesario un acuerdo, un contrato social, en donde se renuncia a la libertad quedando bajo el poder de un estado fuerte, con poder absoluto, el Leviatán, que aunque monstruoso es mejor que el estado de naturaleza ya que cuida nuestra seguridad y protege la vida y la propiedad. Quién ejerce el poder, para Hobbes, el rey, debe tener poder absoluto, hace las leyes y las hace cumplir y solo él está por encima de las leyes y puede no cumplirlas.
John Locke (Inglaterra 1632-1704) médico y filósofo empirista al que se reconoce como fundador del liberalismo clásico e inspirador de las ideas que dieron origen a la lucha por la independencia de los EEUU; plantea que Dios nos creó a todos iguales con derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Es importante destacar que con respecto a la propiedad dice que la tierra es de todos pero lo que produce cuando se la trabaja es de quien la trabaja, o sea que la propiedad en Locke nace del trabajo y tiene que ver con el producto de él y no con la propiedad de la tierra.Dijo que en el estado de naturaleza la mente del hombre es como una ‘tábula rasa’ que a partir de la experiencia generada por los sentidos y la posterior reflexión produce ideas que en el lenguaje son como objetos. Esta racionalidad le permite discernir. Esto marca una diferencia del empirismo con el racionalismo cartesiano. Descartes (Francia 1596-1650) creía que había ideas innatas, como la distinción entre bien y mal.
Para Locke, el absolutismo monárquico es peor que el estado de naturaleza. Él no cree que los humanos sean necesariamente malos, sino que son capaces de compasión y pueden colaborar unos con otros. El poder debe ser controlado y por eso plantea una estructura legislativa, el parlamento y un poder ejecutivo, el rey. También planteaba un poder Federativo para manejar las relaciones exteriores de los países. El contrato social que describe implica la renuncia a la defensa personal de los derechos de cada integrante de la sociedad poniéndola en manos del estado. ’Nadie es buen juez de su propia causa’ dice Locke, y también que si el poder excede sus límites las personas tienen derecho a la rebelión.
Finalmente Juan Jacobo Rousseau (Ginebra 1712-1778) aportó una mirada diferente sobre el contrato social constitutivo de la sociedad. Por un lado consideró que en el estado de naturaleza los hombres (para la época todos hablaban en masculino, las mujeres estaban en casa trabajando en la crianza o trabajando fuera pero siempre invisibles para el mundo del pensamiento y las decisiones) habían nacido buenos y libres pudiendo decidir sobre sus vidas y siendo propietarios de sus cosas personales, por lo tanto soberanos pero; como plantea en el discurso sobre la desigualdad de los hombres, cuando algunos se apropiaron de la tierra mientras otros estaban desposeídos esto llevó a la desigualdad. El contrato social propuesto por Rousseau habla de reemplazar la libertad individual que no es más que la fuerza de cada uno o el derecho del más fuerte por la libertad civil que estará limitada por la voluntad general, de manera que el estado civil sería una manera de proteger el interés general. No habla Rousseau de cómo resolver la desigualdad que él mismo mencionó en su discurso sobre la desigualdad por lo que la ‘voluntad general’ resulta un tanto utópica sin retoques como la resolución de lo que posteriormente Marx llamó la lucha de clases.
Entre los extremos de Hobbes, que plantea una lucha de todos contra todos, el hombre como lobo del hombre, y Rousseau que nos habla del buen salvaje, bueno, libre y soberano, parece haber un gran desconocimiento de la condición humana y de la biología. Es comprensible, varios siglos de evolución científica y de conocimiento nos separan, actualicemos entonces.
Los seres vivos somos seres de necesidad, nuestra primera necesidad es sobrevivir y de lograr una estrategia adecuada para adaptarnos al medio y a los contextos que la realidad objetiva nos presenta dependerá nuestra existencia o nuestra extinción. Somos gregarios por necesidad, de lo contrario no podríamos sobrevivir. Esta maravillosa herramienta de simbolización que es el lenguaje, vehículo del deseo, que por su intermedio hace posible el pensamiento organizado, tiene la capacidad de abrir o cerrar puertas. Somos a un tiempo emociones y razón y ambas condiciones están representadas en el lenguaje, adjetivos para las emociones y sustantivos para la razón. Aparentemente, mientras más adjetivos tiene el discurso más breve será su capacidad de analizar la realidad, el lenguaje de la ciencia es necesariamente sustantivo, aunque al decir esto lo estoy calificando. Tanto Hobbes como Rousseau y también Locke, tienen en común centrar su análisis en el humano como individuo y no como ser comunitario, aunque la realidad no nos muestre como lobos esteparios sino como conjuntos de humanos en movimiento o asentados en un lugar determinado. Y si bien es cierto que individualmente tenemos pasiones, y parece ser que la pasión es el ejercicio del deseo, esos mismos deseos son responsables de nuestros vínculos, es más, Lacan dice en una frase que me parece particularmente feliz que “el deseo es el deseo de ser deseado por el otro”. La historia de cada ser humano es la historia de su vida afectiva en la que busca ser aceptado por otros, su comunidad, y a la vez se espeja en ellos como semejantes, la otredad confirma la mismidad.
El origen de la desigualdad no está en la propiedad como dice JJR sino en el poder. Siempre vuelvo a los cinco problemas básicos por los que podemos matar o morir: Comer (la economía), no ser comidos por un predador (la seguridad), la pulsión sexual y la pertenencia (la conjunción de ambas generarán el afecto en sus distintas modalidades) y el poder, el que puede alterar todos los equilibrios, actuando sobre los cuatro primeros intentando manejarlos.
El poder se apropia de los recursos económicos, se adueña de la seguridad, hasta se mete en la cama de las personas decidiendo desde la ‘moralidad’ qué está bien y qué está mal, ya que todo código moral está diseñado por la clase dominante, y finalmente, manipula el sentido de pertenencia de acuerdo al viejo apotegma de dividir para reinar.
En estos momentos en nuestro país estamos sufriendo los efectos de la potencia de este poder. A partir del manejo de la subjetividad a través de los medios de comunicación y de algunas estructuras religiosas, particularmente algunas de las iglesias evangélicas creadas con el aporte de la CIA a instancias de Robert McNamara (Secretario de Defensa de Nixon) en 1968 como oposición a los efectos del Concilio Vaticano II y que también apoyaron a Bolsonaro en Brasil, se sumó el condicionamiento objetivo de un gobierno de origen popular que no cumplió con su cometido; la clase dominante, la verdadera “casta”, ha conseguido, no por las armas como lo hizo tradicionalmente sino por el voto ciudadano entronizar en el gobierno a un sociópata que la representa. Un personaje farandulesco que no inventó nada sino que desde su personaje agresivo, mentiroso y chanta, condiciones que cualquier sociópata puede exhibir, presenta un discurso que recuerda la creación de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. La “criatura” que representa Milei retrocede un siglo en la concepción teocrática en los delirios de “las fuerzas del cielo”, toma de Hobbes el concepto del absolutismo monárquico, ya que por un lado reivindica la anarquía denunciando al Estado como una asociación criminal en la medida que establece un límite a los abusos de la clase dominante, reconoce derechos a los trabajadores y tiene políticas de ayuda para los sectores más vulnerables de la sociedad; pero por otro lado quiere un Estado Leviatán para reprimir a quienes se opongan a los designios de su voluntad dictatorial. Es llamativo que en la defensa de su concepción de propiedad privada disminuye los impuestos a los ricos y los llena de concesiones mientras aprieta a todos los sectores populares. Pretende que el pueblo pague las balas de goma y toda la parafernalia con que se lo reprime. En su defensa demencial de la propiedad privada y la libertad pretende avanzar sobre la propiedad social habiendo expresado que se podrían privatizar las calles cobrando peaje al vecino para transitar por ellas, también podrían venderse los hijos, ya que son propiedad privada de los padres, lo mismo ocurre para la venta de órganos. Atenta claramente contra la soberanía del país en su política exterior y en su deseo de entregar recursos a las grandes corporaciones multinacionales, supongo que tiene claro que destruir el estado es destruir la nación.
Como dije antes, este personaje no inventó nada. Ya en la segunda reunión de la Trilateral comission en junio de 1975, el barón Rothschild, como miembro relator, dijo en su discurso que había desaparecido el sentido de las fronteras políticas (esto es hablar de los estados), que el mundo debía ser manejado por las corporaciones. Ese fue el debut en sociedad del “anarco capitalismo”, Milei es su empleado del mes.
¿Seremos capaces de generar opciones populares que nos permitan recuperar el gobierno o la estupidez propia y ajena nos llevarán a la esclavitud del siglo XXI?
Este es un intento preliminar de dilucidar las fuentes de la política exterior de Javier Milei en el primer semestre de su administración. Mi lectura de la acción externa del gobierno en estos meses se apoya en tres elementos: la obra de Samuel Huntington de los años noventa, la importancia de la religión en las relaciones internacionales y el papel del pensamiento reaccionario en los asuntos mundiales contemporáneos.
Hace ya unos años, por la revalorización de la geopolítica, la tesis de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones –con tanto auge a finales del siglo pasado y comienzos del XXI– se ha dejado de invocar. Sin embargo, algunos de sus argumentos son citados por líderes políticos, influyen en determinados políticos e incluso informan aspectos de la diplomacia de algunas naciones. Para Huntington, las tradicionales confrontaciones interestatales dominadas por razones económicas e ideológicas iban a dar paso a conflictos civilizacionales marcados por una diversidad cultural caracterizada por rasgos antagónicos. Distintos factores incidían en el choque de civilizaciones, aunque para Huntington, el factor más importante era la religión. Destacaba el crecimiento de movimientos fundamentalistas en el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo y el hinduismo. Los miembros más activos de esos movimientos eran, a su entender, jóvenes con formación universitaria, profesionales de clase media y hombres de negocios. Una línea principal en su análisis era la categórica grieta entre la civilización occidental y la islámica. Señaló que el crecimiento de Asia oriental conduciría a una ascendente rivalidad entre Occidente y la cultura sínica, es decir, China. Lo que me interesa subrayar acá es la gravitación que tienen en Huntington los credos en su versión más ortodoxa y fundamentalista, y la trascendencia de los valores al momento de establecer ámbitos, tanto de cooperación como de conflicto, en la relación ante diferentes contrapartes. Estos factores sumados alientan políticas internacionales de cruzada para denostar y combatir a un otro que profesa creencias y posee valores antitéticos.
La relevancia de la religión en los estudios internacionales también ha ido ganando preeminencia en el último cuarto de siglo. Esto debido a que la promesa de mayor secularización que traían los procesos de modernización ha sido puesta en entredicho por múltiples experiencias en Occidente y Oriente por igual. El avance de distintos tipos de teocracias, las políticas de gobierno influidas por principios religiosos o las particularidades de ciertos líderes políticos pueden ser explicaciones plausibles al cómo, cuándo y por qué influye la religión en la política exterior. En los tres casos, con distinta intensidad y alcance, sobresale lo que algunos autores llaman genéricamente una política exterior teocrática. Es decir, una postura internacional en la que el dogma dicta la política. En lo que hace al papel específico de las personas en la cúspide poder, se subraya el rol de un mapa cognitivo en el que el fervor religioso explica la visión del individuo, la sociedad y el mundo. Una suerte de código operativo informa las preferencias del líder, así como sus desvelos y fanatismos. Se entiende que las estructuras institucionales y estatales constriñen el comportamiento arbitrario o excesivo de esos mandatarios, pero, en su ausencia o debilitamiento, el presidente no solo influye decisivamente, sino que determina a rajatabla el rumbo a seguir en el frente externo, ya sea mediante anuncios, acciones y/o votaciones.
También, en tiempos más recientes, una serie de estudios detallados demuestra el renacimiento del pensamiento reaccionario y su impacto concreto en los asuntos mundiales. Se parte del hecho de que la política reaccionaria se expresa en los planos interno y externo, y ha cobrado fuerza y proyección a través de la transnacionalización de experiencias de ultraderecha. Este pensamiento remite, entre otras, a una perspectiva sobre el cambio histórico y la urgencia de revertir lo que se consideran amenazas y yerros de la vida contemporánea. Se magnifica un pasado glorioso, promisorio y ordenado frente a un presente frustrante, ruinoso y caótico. Se adjudican males a ciertas ideas, personalidades, movimientos políticos, avances sociales, prácticas culturales, dinámicas globales, entre otras. Se combinan elementos premodernos y antimodernos con la certeza de que el ideario reivindicado y la acción desplegada salvarán a Occidente ante sus múltiples enemigos; enemigos que algunos occidentales no advierten o ignoran. Como señala Richard Shorten, asistimos a la diatriba reaccionaria: un discurso caracterizado por una retórica fuerte, moralizante y vulgar, en la que resultan esenciales la digresión, la repetición y el énfasis. Como señalamos con Bernabé Malacalza, la política internacional reaccionaria se exterioriza con un lenguaje nostálgico, se alega con un estilo disruptivo, se manifiesta con argumentos conspiratorios, se refleja en posturas extremistas y apunta a revertir principios diplomáticos.
Desde el 10 de diciembre de 2024, el presidente Milei ha hecho varios periplos internacionales y ha tenido encuentros con diversas personalidades y líderes; ha participado con alocuciones altisonantes en foros ideológicos; ha definido importantes votaciones y posturas del país, en especial en Naciones Unidas; ha expresado su llamada doctrina de política exterior; ha insultado a algunos mandatarios y manifestado su desagrado con ciertos países; ha formulado claramente sus preferencias en materia internacional; se ha separado de algunas de las líneas históricas de la diplomacia argentina en el terreno bilateral y multilateral; ha impuesto un marcado personalismo en el manejo de los posicionamientos mundiales y regionales; y ha confundido, en ocasiones, el interés personal con el interés nacional. En todos estos hechos, dichos y votos se despliegan de manera contundente tanto el retorno a la idea del choque de las civilizaciones, como el papel de la religión y del pensamiento reaccionario en la política exterior.
En efecto, un vigor de cruzada lo anima a defender los valores y la cultura de Occidente. Un convencimiento religioso individual y unilateral guía su retórica y moldea la conducta del país en ámbitos internacionales y un ideal reaccionario, que reivindica un pasado glorioso, permea su visión de la Argentina y de la dinámica mundial. Milei pretende recrear, con un experimento socioeconómico inédito, la idea de que el país fragmentado y empobrecido que es Argentina necesita una lucha cultural sin cuartel para revitalizar sus energías.
Su presunción de que el eje principal de la pugna internacional se resume en otro combate –el de las democracias versus las autocracias– deja ver una mirada limitada y superficial de los asuntos mundiales. Sin embargo, esta idea tiene eco en otras latitudes y es evidente el avance de fuerzas y actores que aspiran a rehacer la política interna de las naciones y el sistema internacional en su conjunto. De allí que Milei sea parte de una suerte de “coalición de reaccionarios”; algo que genera atención mediática internacional y convoca a apostadores del mundo de las finanzas y a filántropos de causas retrógradas.
En breve, en su política exterior prima una suerte de espíritu huntingtoniano, fuertemente influido por la religión y por el pensamiento reaccionario. Pero esta política exterior no solo no ha sido severamente cuestionada por la oposición, sino que ha recibido, de facto, el aval de los miembros y sectores partidistas que, junto con La Libertad Avanza, participan en el gobierno y apoyan, en general, su gestión en el Legislativo. Es bueno recordar a ambos -oficialistas y opositores- que en materia de laudables políticas internacionales de largo plazo la continuidad es un activo que no se debiera dilapidar y que el silencio en política exterior, en particular, no es saludable.
Existe un plan de los sectores dominantes en nuestro país que se basa, en primer lugar, en eliminar y, si no es posible, limitar los controles del Estado, dado que el rol del Estado en la economía es, en cumplimiento de la Constitución nacional, establecer las reglas de comportamiento de la sociedad, propiciando el crecimiento del producto y la mejora en la distribución del ingreso. Por ende, al Estado le cabe un rol principal en fijar objetivos para alcanzar el bienestar general y que sea sustentable en el tiempo.
En cambio, los que están detrás de este gobierno y han puesto los principales funcionarios de la gestión de Milei propician que prevalezca el mercado, que es el ámbito donde se juntan oferentes y demandantes de un bien o servicio, pero no plantean el grado de concentración, sobre todo en nuestro país, donde cada producto tiene nombre y apellido. Pensemos en el acero, aluminio, cemento, todo tipo de combustible y energía en general, harina, arroz, productos lácteos, aceite, yerba, azúcar, todo tipo de carnes, servicio de correo y telecomunicaciones, etc., son pocas empresas —y a veces hasta una sola— las que monopolizan la oferta.
Primera etapa: contra el trabajo y el mercado interno
El plan primero convalida el saqueo del salario, la destrucción de ingresos y jubilaciones, mediante la devaluación del 100% de nuestra moneda y, con ello, desata un proceso inflacionario que genera mayor pobreza. Por decreto anula la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas más la liberación total de precios y, por lo tanto, abre la posibilidad de una remarcación absoluta que convalida la carestía. Por ejemplo, permite todo tipo de exportaciones, hasta elimina los cortes populares de la carne para vender afuera la res entera.
Paralelamente, busca generar condiciones para una precarización total de los trabajadores mediante una reforma propuesta tanto en el DNU 70/23 [1], como en el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se propone:
Tercerización: Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas.
Periodo de prueba: El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba: a) hasta ocho meses, en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores; y b) hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores
Fondo de cese: Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744, por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes, asemejándolo al que tienen los trabajadores de la construcción [2].
Los jubilados son el segmento más perjudicado, porque el gasto fiscal mayor de la Administración nacional es el previsional. En el año 2023 representó el 9% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 43.200 millones de dólares) y el gobierno de Milei quiere reducirlo este año 2024 a 7% de un PBI que se cae en torno al 5% (pretenden pagar en el año, por jubilaciones y pensiones en pesos, pero equivalente a 10.300 millones de dólares menos). Del total de beneficiarios de la Ansés que suman unas 7.200.000 personas, más de cinco millones perciben la jubilación mínima, que para el mes de mayo de 2024 es de 190.141,60 pesos más un bono adicional de 70.000 pesos, cuando la canasta básica total para una persona en marzo de 2024 fue de 250.286 pesos (y no contempla el pago de la vivienda) [3]; trabajaron toda su vida y reciben haberes por debajo de la línea de pobreza.
Es más, Milei dijo el 1° de marzo de 2024, cuando inauguró las sesiones ordinarias, que se iban a recrear las AFJP (jubilación privada), siempre con el mismo criterio, el que tiene buenas remuneraciones (como en las prepagas de salud) puede contratar un servicio de jubilaciones, y todos los demás van a un sistema estatal que se desfinancia y reduce permanentemente.
Claro ejemplo de ello es la recaudación previsional, donde fruto del descenso del nivel de actividad económica, la recaudación disminuye sideralmente y, en términos reales, es un 40% menor a la inflación.
Paralelamente se frena la obra pública y se limitan las transferencias a las provincias en salud, educación, transporte, etc., no solo para disminuir el gasto público, sino para generarles negocios rentables al capital privado. Es lo que hacen limitando, por ejemplo, el derecho a la salud. Así, limitan la asistencia a las de las obras sociales para que las prepagas se queden con la afiliación de mayores recursos (“pertenecer tiene sus privilegios”) y todos los demás terminen en el hospital público desmantelado por el ajuste presupuestario.
Se aplican tarifazos en el precio de los combustibles, del transporte, en el agua, en la luz y en el gas, encareciendo el nivel de vida de la población. A los empleados públicos se les ajustan sus haberes muy por debajo de la inflación. Se ejecuta un plan de despido de los contratados y también de planta. A la par que se desmantela la estructura científica, confinando al Conicet y a las universidades nacionales.
Como aproximadamente el 70% de la economía está ligada al consumo interno, se resiente por la brutal transferencia de ingresos al gran capital, en general, y al capital financiero, en particular. Al fugar y pagar mínimamente impuestos y contribuciones previsionales, ese sector hace que disminuya la recaudación tributaria, junto al descenso del nivel de actividad. Esto se agrava por el recorte del gasto público, por lo tanto la economía queda encerrada en un círculo vicioso de sucesivas regresiones.
La inflación, a su vez, socava la devaluación y los grandes acopiadores y comercializadores de granos y de carnes y todos sus derivados contienen sus exportaciones, y, a su vez, el gobierno, para frenar el proceso inflacionario que irresponsablemente generaron al devaluar y liberar los precios no bien se inició la gestión, permite importar [4].
Segunda etapa: carry trade
Lo relatado, para los sectores dominantes, significa el ajuste económico con el fin de favorecer la acumulación del capital, que en la segunda etapa es la del financiero y se realiza por carry trade (vender dólares para posicionarse en pesos y luego tomar ganancias para retornar al dólar) y, posteriormente, con la legislación adecuada, se apuntala al capital extractivista y agropecuario exportador.
Pero hasta que esas inversiones se realicen, el gobierno necesita divisas para afrontar los crecientes pagos de una deuda que nunca se investigó ni se investiga a dónde se destinó. A cambio se encubre la deuda y a quiénes benefició, al menos para cobrarles impuestos [5], se prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que se condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo.
El objetivo inmediato es que ingresen dólares para cubrir los fuertes vencimientos de aproximadamente 5.224 millones de dólares que se deben pagar hasta el 31 de julio de 2024. Es cierto que lo exigente son los intereses del FMI (el capital se refinancia siempre que se cumpla con la meta de junio) y el vencimiento de los títulos Global y Bonar. Y es a partir de agosto de 2024 que se debe comenzar a pagar el capital de la deuda canjeada por nuevos títulos que realizó el ministro Martín Guzmán el 31 de agosto de 2020 con los bonistas (entre ellos BlackRock, Vanguard, Fidelity, Greylock, Franklin Templeton, PIMCO, etc.)
Las Reservas Internacionales del BCRA se acrecentaron en 7.172 millones de dólares entre el 7 de diciembre de 2023 (reserva bruta por 21.209 millones de dólares) y el 7 de mayo de 2024 (de 28. 381 millones de dólares), por tres fuentes:
Por la liquidación de las exportaciones, donde las energéticas liquidaron según lo previsto, pero las agro y agro industrias lo hicieron por una suma muy menor a las proyecciones gubernamentales.
2. Las fuertes ventas de ahorro interno en dólares por parte de personas y empresas para financiar su vida y/o actividad.
3. El carry trade referido, propiciado por el Ministerio de Economía y el BCRA, que hace que ingresen dólares y compren títulos públicos en pesos, como se ve claramente en el informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación:
Observamos que la deuda en títulos en pesos se acrecienta fuertemente desde enero de 2024 (tras la devaluación del 100% del 12 de diciembre de 2023). A marzo de 2024 esa deuda, que es en pesos, pero la propia Secretaría de Finanzas de la Nación la contabilizada al dólar oficial, engrosó la deuda bruta nacional en 43.297 millones de dólares. El 90% de esos títulos se colocaron con la cláusula puts, que es un seguro de liquidez y les permite a los tomadores canjear esos títulos cuando lo deseen por dinero en efectivo en el BCRA (deuda que paga el Tesoro de la Nación)
A su vez, hubo recompra de títulos y letras en moneda extranjera en el período analizado, que permite un saldo de incremento de la deuda bruta de la Administración nacional de 32.371 millones de dólares en cuatro meses, que siguió evolucionando igual en abril y que se sofrena desde mayo de 2024 [6].
El brutal aumento de la deuda bruta explica la suba en la cotización de los títulos públicos (incluido el rescate de los títulos de deuda externa en divisas) y la disminución del riesgo país.
Pero nada es para siempre y el gobierno tiene un fuerte descenso en la recaudación tributaria total que sumó en los primeros cuatro meses del año 2024 31.339.473,2 millones de pesos, cifra que ajustada por inflación implica una caída del 32% con respecto a igual período del año pasado, y no redujo todo el gasto público en esa magnitud.
Por ende, tiene serios problemas para pagar a los proveedores, por ejemplo la Secretaría de Energía, a través de la resolución 58/2024, estableció que la deuda que tiene Cammesa con las generadoras de electricidad por los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 se cancelan mediante la entrega de títulos públicos Bonos USD 2038. Las generadoras Pampa Energía y la estadounidense AES no aceptaron el ofrecimiento y enviaron una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) detallando la deuda que acumuló Cammesa con ellas: Pampa, el segundo mayor generador privado del país, informó que, a la fecha, Cammesa le debe 133.191 millones de pesos (incluyendo los intereses devengados) por los pagos de diciembre, enero y febrero. AES, por su parte, dijo que se le deben 37.483 millones.
También, el Ministerio de Economía amplio, mediante el decreto 385/2024 del 6 de mayo de 2024, el impuesto PAIS para la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la distribución de utilidades y dividendos, así como para la repatriación de inversiones generadas por no residentes en el país desde el 1 de septiembre de 2019.
Con serios problemas de pagos, ya no alcanza ni la sierra eléctrica, ni la licuadora de la inflación.
Tercera etapa inconclusa
Los sectores dominantes (grandes empresarios locales y extranjeros) tenían preparados por grandes estudios jurídicos e impositivos los proyectos que se cristalizaron en el DNU 70/23 y en el proyecto de ley Ómnibus (que se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y que lo reconvirtieron en el mamotreto que aprobaron de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Antes de que llegara Milei, el problema era y es cómo llevarlo a la práctica.
No pueden pagar los intereses de la deuda externa, menos pueden pagar el capital de esta como deben hacer desde agosto del 2024 con los bonistas (con el FMI refinancian el capital a diez años a cada vencimiento).
El gobierno de Alberto Fernández lo hizo aumentando la deuda en títulos públicos por 47.608 millones de dólares [7] (la deuda bruta de diciembre de 2019 era de 323.065 millones de dólares y a diciembre de 2023 fue de 370.673 millones de dólares), todo por no exigir a los grandes deudores y/o compradores de divisas que paguen parte de la deuda contraída. Es más, les subvencionó la venta de dólares al tipo de cambio oficial (la mitad o menos del precio del dólar paralelo) para que paguen su deuda privada
Caputo-Bausili les prometen, a los que compran títulos públicos, que los van a rescatar cuando ingresen los capitales del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que implica una amplia gama de exenciones impositivas para proyectos de inversión de 200 millones de dólares, y por el “blanqueo” de capitales (perdón a los evasores de impuestos), que no tiene límite máximo a declarar.
Pero para eso deberían contar con las leyes y normas que permitan la enajenación de los recursos naturales y del patrimonio nacional. Y eso no está tan claro que suceda. Y si sucede habría que ver cuál es el costo económico, social y político de una nación que supo tener tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social.
[1] Que no pudieron llevar adelante porque la Justicia le dio lugar a la cautelar de la CGT.
[2] Ley 22.250 de la dictadura de Videla que creó un nuevo régimen legal de trabajo para el personal de la construcción. No cobran una indemnización por despido, como el resto de los trabajadores, cobran un “fondo de desempleo” a través de su “libreta de aportes”. El monto que retira el trabajador al quedar en la calle se conforma con los aportes que deberían hacer mensualmente los empresarios a una cuenta bancaria: 12% del salario el primer año, 8% los siguientes.
[3] El salario mínimo vital y móvil se fijó en mayo de 2024 en 234.000 pesos.
[4] Luis Caputo en la reunión que tuvo el lunes 11 de marzo 2024 con los supermercadistas reclutados en ASU (Asociación Supermercados Unidos), entidad que nuclea a los grandes hipermercados nacionales y multinacionales les dijo que, si no están de acuerdo con el precio de los proveedores del país, importen pero que no vendan en el mercado local más caro que en el exterior, cita que uno de los asistentes resumió en “importar y despedir”.
[5] Proyecto de Ley del Senador Oscar Parrilli, aprobado en el Senado de la Nación y con dictamen de mayoría a favor y de minoría en contra de Diputados en el año 2023 y nunca fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su discusión y que se convierta en Ley.
[6] Las entidades financieras comenzaron a desprenderse de títulos en pesos y parte del superávit fiscal acumulado hasta abril de 2024, se emplea para cubrir los derivados financieros (puts) vinculados a estos títulos.
[7] Es cierto que gran parte fue empleado por la lucha contra el Covid.
En 1963 el U.S. Caribbean Command pasó a denominarse U.S. Southern Command. El Comando Sur era, como otros comandos, parte del dispositivo militar cuyo objetivo fundamental era asegurar la defensa y proyección de Estados Unidos y contener y revertir la expansión de la Unión Soviética y el comunismo.
Siempre ha sido, comparativamente a los 11 existentes actualmente, un comando inferior en recursos debido a que América Latina ha sido una zona segura para Estados Unidos y ningún país, solo o con otros, ha constituido una amenaza.
Esto llevó a percibir a América Latina de modo simplista y darle una atención intermitente y de baja prioridad. En ciertas coyunturas, en las que, por el recalentamiento de la Guerra Fría en la región y ante el riesgo de que cambios políticos profundos pudieran facilitar la proyección de la URSS en el área, América Latina concitó puntual atención.
El fin de la Guerra Fría implicó que Moscú y el comunismo ya no fueran la amenaza inminente. Entonces la comandancia del general George Joulwan (1991-93), militar convencido de salvaguardar los intereses corporativos y dispuesto a que la lucha anti-drogas fuera la nueva razón de ser, resultó clave.
Eso incrementó el presupuesto del SouthCom y elevó su perfil. Así, el Comando Sur reforzó su presencia en la base militar de Soto Cano, Honduras (hoy con unos 500 soldados estadounidenses).
En 1993 se lanzó el Programa de Asociación Estatal consistente en convenios en defensa entre las Guardias Nacionales estaduales y las exrepúblicas soviéticas evitando provocar a Rusia. Desde 1996 se avanzó en acuerdos similares con América Latina: existen 24 activos y la Argentina tiene uno con la Guardia Nacional de Georgia.
Además, después de cerrar en 1997 la base Howard en Panamá, se establecieron “localizaciones de seguridad cooperativa” en El Salvador, Aruba, Curazao y Ecuador (desalojada en 2009 por decisión ecuatoriana).
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el gradual giro progresista en el área tuvieron impacto. En 2002 se estableció, en la base de Guantánamo, Cuba, una prisión militar de alta seguridad. Allí hay actualmente unos 1.200 soldados. Paralelamente, se politizó la mirada del Comando Sur: el general James Hill (2002-04) identificó al “populismo radical” como una amenaza emergente. Nuevos retos alentaron la posibilidad de más fondos, nuevos ejercicios militares e mayor incidencia política.
Una combinación de factores contribuyó a empoderar al SouthCom. La “guerra contra el terrorismo” se libraba en otras latitudes (desde el 11/9 la región no padeció atentados del terrorismo fundamentalista). El fracaso del proyecto del Área de Libe Comercio de las Américas, en 2005, derivó en un menor peso relativo del Departamento de Estado y del de Comercio en los asuntos continentales y un rol más protagónico del Departamento de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. La revalorización de los océanos, mares y estrechos, ante la creciente tensión Washington-Beijing, elevó la gravitación de la geopolítica marítima.
En ese contexto, la llegada a la comandancia por primera vez de un hombre de la armada, el Almirante James Stavridis (2006-09), resultó crucial. De inmediato restableció la IV Flota, desactivada en 1950. A su turno, en la estrategia de 2007 para la siguiente década el Comando Sur se arrogó la condición de referente líder, entre las múltiples agencias oficiales, para garantizar “la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda América”. Cabe recordar que 141.430 militares latinoamericanos se entrenaron en Estados Unidos entre 1998 y 2008.
Poco después, durante la comandancia del general Douglas Fraser (2009-12), y desde entonces hasta la fecha, se señaló a China como el mayor peligro. De 2010 hasta 2023, el Comando Sur tuvo un presupuesto anual promedio de unos US$ 200 millones y su estrategia esencial consistió en limitar la proyección militar de Beijing: un análisis serio muestra el éxito de Estados Unidos al respecto. Nadie ha superado ni sustituido a ese país en Latinoamérica en materia de seguridad y defensa.
Aquella ambición esbozada en 2007 se tornó realidad. Hoy en SouthCom hay unos 1.500 militares y civiles. Los periplos desde 2006 de los sucesivos comandantes (Stavridis, Fraser, Kelly, Tidd, Faller y Richardson) a los países de la región superan con creces al conjunto de las visitas de presidentes, vicepresidentes, secretarios de Estado, Comercio, Energía y Defensa, consejeros de Seguridad Nacional y subsecretarios de asuntos hemisféricos.
La capacidad de interlocución con la región de un comando ubicado en Miami por sobre la estructura política de toma de decisiones en Washington es elocuente. Esto fue validado, en la práctica, en Latinoamérica. Hasta presidentes visitan el Comando Sur: lo hicieron Juan O. Hernández de Honduras, Juan Carlos Varela de Panamá, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Juan Manuel Santos e Iván Duque de Colombia y Jair Bolsonaro de Brasil. El trato otorgado por el presidente Javier Milei y su gabinete a la comandante Laura Richardson revela el lugar que los mandatarios del área le habilitan al SouthCom.
En tiempos del imperio romano, el procónsul era el administrador provincial por delegación del cónsul. Al parecer, en los lazos entre Estados Unidos y Latinoamérica, el Comando Sur viene desempeñado esa función; una función claramente consentida por la región.
A días de cumplir seis meses de gobierno, es claro que el plan de 14 puntos que Luis Caputo y su equipo presentaron ante Milei para asumir el Ministerio de Economía entra en tiempo de descuento. No logra estabilizar los precios, y el pecado original de devaluar más de un 100% y “liberar” al dejar que grandes empresas lo determinen (en una economía con el grado de concentración y poder de fijarlos, con mercados cautivos o semi-cautivos y con un nivel de pobreza que ronda la mitad de la población) llega a su fin.
En efecto, se ejecuta un violento plan de ajuste sobre el consumo interno para priorizar la venta de alimentos y de energía al exterior, cuyo fin último es privatizar los principales activos del país para pagar una deuda externa que benefició y beneficia a una minoría parásita y rentista que utilizó los gobiernos que se dicen liberales contrayendo deuda y transfiriéndola al pueblo argentino y/o comprando dólares baratos y fugándolos.
Pero desconocen que la economía argentina crece si se incrementa el consumo, dado que el empleo y el nivel de actividad dependen básicamente de las compras internas. Y que las exportaciones deberían obrar para poder importar insumos que no producimos o que si se hace en el país no es la cantidad ni calidad que se precisa.
Sin embargo, la irracional deuda externa es condicionante del desarrollo del país, de la soberanía sobre nuestros recursos naturales y nos obliga a subordinarnos a planes que debe aprobar el FMI, cuyo fin último es convertirnos en una factoría exportadora.
Los 14 objetivos del equipo de economía de este gobierno son:
Cambio en la fórmula de movilidad previsional y en el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones para disminuir su costo presupuestario.
Prohibición al BCRA para emitir y financiar al Tesoro.
Quita de subsidios a las tarifas de gas, luz y agua.
No se realizan obras públicas, salvo la que tenga financiamiento externo.
Extensión del impuesto PAIS para todas las importaciones.
Prórroga del Presupuesto 2023 para congelar el gasto, sin ajuste por inflación.
Suspensión de aportes no reembolsables a las provincias.
Limitar los subsidios y las demás transferencias a la población.
Limitar los giros a universidades.
Liberación de precios de combustibles y prepagas.
Salarios públicos adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada.
Transferir las Leliqs al Tesoro Nacional (deuda del Tesoro) y mejorar el balance del BCRA.
Las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para facilitar su venta.
Devaluación y control posterior del precio del dólar (cepo cambiario).
No es otra cosa lo que ha venido realizando el súper Ministerio que encabeza Caputo en los dos proyectos que cuentan con la sanción de la Cámara baja del 2 de mayo de 2024.
En el denominado “Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos”, el caballo de Troya es el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que indica una amplia gama de exenciones impositivas para proyectos de inversión de 200 millones de dólares o más, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente, donde les asegura estabilidad fiscal por 30 años; a partir del tercer año, se les garantiza la libre disponibilidad de divisas (no tienen obligación de ingresarlas al país) y no pagan derechos de exportación; incluso les disminuye la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 25%, todo ello en un trato desigual con las pequeñas y medianas empresas argentinas que son las que más trabajo generan.
En el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, se propicia un amplio “blanqueo” de capitales (perdona a los evasores de impuestos) que, a cambio de declarar su riqueza oculta, son eximidos de causas judiciales y del pago de multas, entre otros beneficios. Los primeros 100.000 dólares regularizados no tributan el impuesto, y para los que declaran 100.000 dólares o más (sin cupo o límite, o sea que pueden ingresar los capitales que quieren y como quieran) el blanqueo estará dividido en tres fases: la primera, desde el día siguiente a que entre en vigencia el régimen hasta fines de julio de 2024 y determina una alícuota de ingreso del 5%; la segunda etapa va desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre con una alícuota del 10%, y la última, desde octubre al 30 de noviembre, con una alícuota del 15%, beneficiando a quienes tienen más recursos para ocultar su patrimonio y que no cumplen con los compromisos tributarios.
El denominador común de ambos proyectos es que ingresen divisas y, tal como advierte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental que es referencia mundial en la materia, permitiría el blanqueo o lavado de capitales, tales como los provenientes del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas.
Inconsistencias macroeconómica, financiera y cambiaria
La suba generalizada de los precios en la Argentina es por la súper ganancia de los grandes productores y comercializadores que los fijan en forma equivalente al valor del dólar (sin importarles mayormente el costo local) y, por ende, continuará en su raid alcista, porque lo que no se pueda vender en el mercado interno, se exporta, y si eso no pasa, se deja de producir. Si fruto de esa política, quedan trabajadores en la calle por el cierre de los establecimientos, no es un problema de ellos.
Se lo dijo Luis Caputo en la reunión que tuvo el lunes 11 de marzo de 2024 a los supermercadistas reclutados en ASU (Asociación Supermercados Unidos), entidad que nuclea a los grandes hipermercados nacionales y multinacionales; si no están de acuerdo con el precio de los proveedores del país, importen, pero no vendan en el mercado local más caro que en el exterior, cita que uno de los asistentes resumió en “importar y despedir”.
Obviamente la riqueza es producción de bienes y servicios, no la importación, que es producción y trabajo de otra nación. Y menos la renta financiera por carry trade (bicicleta financiera) que se obtiene del cepo cambiario [1], que le permitió asegurar a Luis Caputo en la reunión que tuvo en Washington[2] ante más de 400 operadores de fondos de inversión, de pensión, de bancos, de compañías de seguros, etc., el jueves 18 de abril de 2024, que en la Argentina de Milei perciben una tasa de interés mayor que la devaluación del dólar, a los efectos de que traigan dólares para convertirlos en pesos argentinos, y que tendrán un seguro de liquidez (cláusula puts) que les permite pasarse a pesos cuando ellos decidan.
El problema es que los supuestos inversionistas no le están creyendo y tienen, además del reparo para con un plan que se ejecuta contra el nivel de vida de la población y que la condena a una creciente exclusión social, tres factores relevantes que significan el comienzo del fin de la gestión de, al menos, Caputo y su gente:
El Consejo Agrario Argentino le advirtió a Caputo que con el actual dólar de exportación (80% por el mercado oficial y 20% por CCL) va a liquidar exportaciones a cuenta gota y al solo efecto de cubrir sus costos operativos
Nota: En dólares corrientes.
En ello juega además la suma de torpezas con la República Popular China, que van desde no sumarnos a los BRICS hasta decir que los chinos son todos iguales, en un alarde de obsecuencia con los Estados Unidos que hace que la gran nación asiática prefiera comprar soja, maíz, cerdo, etc., de Brasil [3].
2. La fuerte recesión económica donde diversos estudios económicos hablan de un descenso del PIB en torno al 8,5% en estos primeros cuatro meses del año y fuentes internacionales dicen que en el año 2024 el descenso ronda entre el 3,5% al 4% del PIB. Ello se refleja también en el menor nivel de recaudación tributaria que está atada básicamente al nivel de actividad:
Nota: En millones de pesos corrientes. Fuente: AFIP. Inflación anual acumulada hasta marzo de 2024: 287,9%.
3. La menor recaudación que, pese a la fuerte subejecución del gasto de la Administración nacional (ajuste previsional; menor transferencia a las provincias en salud, educación y transporte; paralización de la obra pública), obliga al Estado a colocar títulos de deuda en pesos ajustables por inflación y/o por dólar oficial [4], de manera tal que aumenta descomunalmente la deuda bruta para ser de 403.044 millones de dólares, incrementándose en 32.370,3 millones de dólares con respecto a diciembre de 2023.
Los tres factores mencionados no se resuelven y generan cuatro grandes inconsistencias:
La inconsistencia macroeconómica que reside en que desciende mes a mes la IIBF (Inversión Interna Bruta Fija), por ende, se produce menos en el presente y aún menos en lo que resta del año, el resultado es una menor utilización de la capacidad instalada, con ello disminuye la cantidad de horas trabajadas (de allí las propuestas de retiro voluntario y otras de desocupación más o menos encubiertas).
La inconsistencia fiscal, que implica que se realiza un brutal ajuste del gasto público y sin embargo la reducción de los ingresos tributarios obliga (al pagar una deuda que no se investigó) a financiarse con más deuda. La pregunta es hasta cuándo se pueden seguir endeudando, cuando ni siquiera tienen asegurado los pagos de los compromisos externos de este año 2024, por más carry trade que inventen y más ventajas le den al capital financiero para juntar los dólares.
La inconsistencia monetaria es que va descendiendo la tasa de interés nominal, pero el sistema financiero no genera créditos (el total de préstamos al sector privado es solo 3,9% del PIB y casi la mitad de ese total es por tarjeta de créditos y otros personales), nadie se va a endeudar para no vender o vender menos. Y el financiamiento del stock no vendido casi siempre termina en quiebra.
La inconsistencia cambiaria es que devaluaron violentamente no bien llegaron al gobierno y hoy el tipo de cambio dista de ser competitivo, la prueba está en la menor liquidación del campo, y en que se revierte el ingreso de los países vecinos en tours de compra, y ahora son los consumidores locales lo que van a esos países.
En síntesis
El fin es el de siempre. Una vez que se frena el ingreso de dólares financieros y/o comerciales, se genera la fuga de capitales que provoca la debacle de programas regresivos en términos sociales, productivos y laborales, que derivaron en el hundimiento de proyectos políticos como el de Martínez de Hoz, incluso el de la convertibilidad que duró 11 años, y el de Cambiemos.
Se entra a pasos agigantados a una fuerte depresión económica que no se subsana con todas las ventajas que pretenden otorgarle al capital extractivista en un futuro que el gobierno de Milei no puede garantizar. Un gobierno débil y cada vez más anti-popular. A su vez, los dólares de carry trade por definición son temporarios y no se sabe a ciencia cierta hasta cuando se cuenta con ellos, por más de que Caputo les asegure, lo avale BlackRock, Vanguard y la AmCham y les otorgue el seguro de liquidez con los contratos puts.
No le dan los tiempos para juntar los dólares para hacer los pagos de los servicios de la deuda (capital e intereses) [5] y acumular 10.000 millones de dólares de reservas internacionales del BCRA acordado para este año con el FMI.
La única salvación de Caputo es un nuevo acuerdo con el FMI, pero ya Gita Gopinath, subdirectora general del FMI y representante de los Estados Unidos en ese organismo, le dijo en la cara que no cuenten con una ampliación del crédito.
El gobierno pretende que ingresen capitales y genera negocios rentables, pero son miles de millones de dólares y los que los traen saben que tienen sus riesgos en un país como la Argentina que se ha declarado en default varias veces. Y lo peor para los fondos de inversión (que administra capitales de otros) es que un país no les pague, el efecto dominó de retiro de inversiones sería una consecuencia lógica y esperable.
[1] Conjunto de limitaciones a la compra de moneda extranjera a las personas y empresas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Son controles de cantidad e incluso límites a las transferencias al extranjero y restricciones en el acceso de operaciones de cambio.
[2] Organizada por JP Morgan y AmCham, que llevó como título «Argentina: estabilización, regulación y crecimiento sustentable».
[3] De allí que China no renueva ahora en mayo el swap en yuanes por unos 5.000 millones de dólares.
[4] En su mayor parte colocados con la cláusula puts (seguro de liquidez).
[5] A partir del segundo semestre de este año 2024 hay que comenzar a amortizar el capital de los bonistas que negoció Martín Guzmán el 31 de agosto de 2020. Y la República Popular China va a exigir que los swaps se utilicen para financiar el déficit comercial de la Argentina con ello (que va a ser crecente a medida que compren menos productos locales).
En octubre de 1805, en la Batalla de Trafalgar, la armada de la coalición del Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, dirigida por el almirante inglés Horatio Nelson (quien murió en ese combate), derrotó a la flota franco-española y, de esa manera, Inglaterra quedó como reina de los mares.
William Beresford, que bajo las órdenes del comandante en jefe del Ejército británico, el duque de Wellington, realizó la campaña contra Napoleón Bonaparte en Egipto, fue ascendido a general del Regimiento 71 Highlander y destinado a la toma del Virreinato del Río de la Plata. Desembarcó en lo que hoy es Quilmes, el 25 de junio de 1806, sin la menor resistencia de las autoridades españolas. Es más, el virrey Rafael de Sobremonte huyó a Córdoba con el tesoro público y fue reemplazado en el Cabildo de Buenos Aires por Saturnino Rodríguez Peña, quién recibió a las tropas invasoras y juró e hizo jurar a los demás funcionarios por el rey Jorge III de Inglaterra e Irlanda.
Saturnino Rodríguez Peña y los prósperos comerciantes porteños, quienes contaban con los más importantes permisos de vaquería y que comerciaban en contrabando con los ingleses desde hacía varios años, en 1804 se habían sumado a la logia masónica “Southern Cross” (Estrella del Sur) y, al producirse la invasión inglesa, se relacionaron rápidamente con los ocupantes, convencidos de que Gran Bretaña, dueña de los mares tras Trafalgar y en plena revolución industrial, era la potencia a la que debíamos subordinarnos [1].
Pero el pueblo de Buenos Aires y de Montevideo se organizó desde el principio para expulsar a los invasores y, tras una serie de refriegas, vencieron a los ingleses en la Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo), denominada ese día Plaza de la Victoria. Los rioplatenses se apoderaron de 26 cañones y de las banderas del regimiento 71. Estas insignias británicas fueron expuestas en la iglesia de Santo Domingo de Buenos Aires con la inscripción: “Del escarmiento del inglés, memoria, y de Liniers en Buenos Aires, gloria”.
Beresford fue detenido y enviado a prisión a Luján. Unos meses más tarde de la rendición y detención, Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla lo sacaron de la prisión y lo llevaron por el río hasta el puerto de Tigre y de allí escapó al imperio de Portugal en Brasil (aliado a Inglaterra).
Los neocolonialistas
Observamos atónitos como el Presidente Javier Milei trata de patriotas a Luis Caputo y a Santiago Bausili. Ambos son socios en Anker Latinoamérica, con sede en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, cuyos principales clientes son BlackRock, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, PIMCO, etc. Dichos fondos son a su vez accionistas y/o financian a las 720 empresas que en la Argentina constituyen la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país), entre ellas hay 25 firmas que están entre las 100 que compraron 24.679 millones de dólares en la gestión de Cambiemos entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 [2] y que no pueden demostrar en sus balances contables de dónde detrajeron los fondos para adquirir esa suma, por un lado, y, por otra parte, cuál fue el destino final de los dólares comprados.
El ministro Luis Caputo y su equipo participaron en la convocatoria de más de 400 operadores de fondos de inversión, de pensión, de bancos, de compañías de seguros, etc., realizada en Washington el jueves 18 de abril de 2024, organizada por JP Morgan y AmCham, que llevó como título “Argentina: estabilización, regulación y crecimiento sustentable”.
En esa convocatoria, Caputo les aseguró que van a seguir garantizando una tasa de interés mayor que la devaluación del dólar a los efectos de que traigan dólares para pasarlos a pesos y que tendrán un seguro de liquidez (cláusula puts) que les permite pasarse a pesos cuando ellos decidan [3].
Esa es la razón por la cual el Presidente Milei, el lunes 22 de abril de 2024, realizó una cadena nacional de 15 minutos flanqueado a la derecha por Caputo y a la izquierda por Bausili, en un mensaje a esos más de 400 operadores de los capitales internacionales reunidos en Washington, donde fijó como objetivo configurar una matriz exportadora (minerales, energía, alimentos) en desmedro del mercado interno: “Una primera etapa que vendrá determinada por la combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios relativos, como son la minería, el petróleo, el gas y el campo”.
Pero para garantizar el ingreso de dólares requiere en lo inmediato: a) generar el carry trade armado por la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili, con el freno del dólar tras una brutal devaluación no bien iniciado el gobierno de Javier Milei, y b) limitar severamente la creación de dinero y provocar una profunda recesión, para obligar a los ciudadanos de a pie a vender sus ahorros (deshacer los plazos fijos y vender sus posiciones en dólares) para poder vivir y a las empresas locales para poder financiar el stock de mercaderías que no venden.
Del 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del anterior gobierno) al lunes 22 de abril de 2024, con una inflación acumulada en torno al 81% en ese lapso, la Base Monetaria —que es la cantidad de dinero emitida y puesta en circulación por el BCRA— creció solo en un 30,18%, de esa manera disminuyó sideralmente la liquidez en el mercado financiero local. Esto se trasladó a los ya de por sí exiguos préstamos personales y comerciales que sólo se incrementaron en el período referido en un 28,4%, significando el imperceptible 3,9% del PIB, de allí que familias y empresas deben vender “sus ahorros” por la falta de dinero y de crédito.
La falta de financiación directa del BCRA al Tesoro de la Nación se reemplaza concediéndole a los exportadores y a los capitales que ingresen al mercado único y libre de cambio (MULC) el beneficio de comprar títulos del Tesoro, que es, a la vez, la principal causa por la que la deuda bruta de la Administración nacional aumentó en 32.731 millones de dólares, desde los 370.673 millones de dólares de diciembre de 2023 a los 403.404 millones de dólares al 31 de marzo 2024.
La exigencia de alcanzar el superávit financiero fiscal a cualquier costa es para comprarles los dólares a los que los ingresen al circuito económico legal (carry trade, debajo del colchón, exportaciones, etc.) para pagar las obligaciones externas, pero la mayor parte se realiza con nuevas deudas. De allí que el superávit financiero del primer trimestre de 2024, base caja, fue de 1,13 billones de pesos (equivalente a unos 1.000 millones de dólares), que incluye el pago de intereses de la deuda por 2,74 billones. Pero el aumento de la deuda fue por 32.731 millones de dólares.
Dicho superávit financiero del 0,2% del PIB (1,13 billones de pesos) es menor que la deuda que tiene el Estado nacional con las grandes productoras de energía (Pampa Energía, AES Argentina Generación S. A., Central Puerto, Genneia, MSU Energy, Albanesi e YPF) por atraso en los pagos. Sin contar el fuerte ajuste en las transferencias a las provincias y a la población, el freno de la obra pública y la “licuación” de los haberes previsionales y de remuneración al empleo estatal, que superan varías veces esa suma.
Todo el ajuste es para poder realizar los ingentes pagos de la deuda externa y esa es la razón por la que el Tesoro de la Nación ejecuta periódicamente compras de dólares de las reservas del BCRA, para garantizar el pago de los compromisos en moneda extranjera: el 18 de abril de 2024 tomó 27 millones de dólares del Banco Central a cambio de una letra del Tesoro Nacional de igual valor nominal. Mecanismo que había realizado el 25 de marzo de 2024 colocando un título en el BCRA por 9 millones de dólares (paga con títulos de deuda del Tesoro de la Nación que coloca en el BCRA).
Paralelamente, y para sostener el precio de los bonos y que sigan siendo demandados en el carry trade, hace que el BCRA compre por 246.000 millones de pesos; los precios de parte de los títulos que se ajustan por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que ajusta por inflación medida por el IPC del INDEC), descendieron como consecuencia de la desaceleración inflacionaria.
Caputo y Bausili, dos expertos “mesadineristas”, aseguran a los acreedores que van a cobrar en tiempo y forma y con tasas mayores a la depreciación cambiaria (carry trade), de allí que todos sus esfuerzos se limitan a los ingresos y pagos financieros, pero se desentienden de la economía real y no les importa que se reduzca el mercado interno, que Acindar suspenda un mes a sus trabajadores, que Longvie despida a la mitad de su personal, que Mabe —la empresa mexicana de electrodomésticos que compró a la local Drean— eche a 200 empleados en su planta de Luque, Córdoba, que Topper despida 117 personas de su planta en Tucumán, etcétera, cuando todavía falta el efecto del tarifazo energético y sabemos que en la recesión se ajusta primero por caída del salario real y después por nivel de empleo.
En síntesis
El modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador impuesto implica desindustrialización, descenso en el nivel de empleo y baja persistente del salario, para empobrecer a la población y aumentar los saldos exportables, por un lado, y, por otra parte, una permanente política de aumento de la deuda pública para que esta sea pagada, en su debido momento, por activos estatales y nuestra riqueza natural.
En 1806 los vende patria se subordinaron al capital inglés, pero nuestro pueblo los tenía identificados y sabía quién era el enemigo de adentro y de afuera y los derrotó en 1806 y en 1807 [4]. Hoy la población votó a un gobierno que es funcional al capital financiero internacional, donde gran parte de esos hijos de Saturnino Rodríguez Peña [5] trabajan y/o invierten el dinero que fugan por no pagar impuestos. Milei dice que Caputo y Bausili son héroes y patriotas.
[1] Relato de Ignacio Núñez, cronista de la época, quien escribió: “Los ingleses fueron particularmente distinguidos por las familias principales de la ciudad y sus generales paseaban del bracete por las calles con las Marcos, las Escalada y las Sarratea. Los prelados de las comunidades religiosas, entre ellos el prior de los dominicos, fray Gregorio Torres, presentaron al general Beresford una sumisa laudatoria: ‘La religión nos manda respetar las autoridades seculares y nos prohíbe maquinar contra ellas, sea la que fuere su fe, y si algún fanático o ignorante atentase temerariamente en contra de verdades tan provechosas, merecerá la pena de los traidores a la Patria y al Evangelio’”.
[2] Las empresas que forman parte de las 100 que más dólares compraron y que son miembro de la AmCham son:
Western Union Financial Services Argentina S. R. L.; American Express Argentina S. A.; General Motors de Argentina; Shell Cia Argentina de Petroleo S. A.; Cohen S. A. Sociedad de Bolsa; Monsanto Argentina S. A. I. C. (hoy fusionada con Bayer S. A.); Telecom Argentina S. A.; AES Alicura S. A.; Procter & Gamble Argentina; Acindar Industria Argentina de Aceros S. A.; Industrias John Deere Argentina S. A.; Arcor S. A. I. C.; Chevrolet S. A. de ahorro para fines determinados; Dow Agrosciences Argentina S. A.; Syngenta Agro S. A.; Cnh Industrial Capital Argentina S. A.; Dow Quimica Argentina S. A.; Halliburton Argentina S. A; Minera Argentina Gold S. A.; Colgate Palmolive Argentina S. A.; Embotelladora del Atlantico S. A.; S C Johnson & Son de Argentina S. A. Industrial Comercial; Pfizer S. R. L.; Newsan S. A.; Transportadora de Gas del Norte S. A.
[3] Al 1 de abril de 2024, el total de títulos públicos colocados en el mercado interno que vencen este año suman 22.739 millones de pesos. Los títulos del Tesoro que se renovaron desde el 10 de diciembre de 2023 extendiendo el plazo de vencimiento a los años 2025-2026-2027, mayoritariamente, lo hicieron con la cláusula puts (seguro de liquidez), que les permite a los bancos tenedores de estos ir al BCRA y canjearlos por dinero en efectivo más los intereses ganados a ese día. Diego Chameides, economista jefe del Banco Galicia en Buenos Aires afirma: “Los puts significan que la deuda a largo plazo emitida por el gobierno puede venderse en un día”.
[4] El pueblo de Buenos Aires arrojó piedras, aceite y agua hirviendo sobre las cabezas de los 5.000 invasores. El avance de las columnas británicas se vio severamente entorpecido por las defensas montadas, el fuego permanente desde el interior de las casas. Whitelocke vio como sus hombres eran embestidos en cada esquina. Mediante la lucha callejera, los vecinos de Buenos Aires superaron la disciplina de las tropas británicas. Tras una encarnizada lucha, Whitelocke perdió más de la mitad de sus hombres entre bajas y prisioneros y tuvo que rendirse.
[5] Saturnino Rodríguez Peña fue desterrado y partió a Londres, donde falleció su esposa Gertrudis Amores. En 1814 pudo regresar a Buenos Aires, pero fue arrestado. En 1818 se le dio la libertad para salir del país y fue a Río de Janeiro (imperio de Portugal, aliado a Inglaterra), donde murió en 1819.
En nuestra nota del 7 de abril formulamos aspectos relacionados con la formación de ciudadanía en la escuela secundaria argentina, área del conocimiento que nos parece que tiene una centralidad poco reconocida en el diseño curricular, excesivamente teórica y poco vinculada con las distintas realidades con las que interactúan lxs adolescentxs en general.
Hablamos de un espacio curricular, en el que la política no es considerada en sí misma sino como herramienta para el acceso a otros conocimientos que permiten a lxs alumnxs conocer los hechos, situarse frente a ellos, como ciudadanos de una sociedad, de una nación y en un mundo complejo y globalizado, en el que los beneficios no son iguales para todos.
Votar es saludable, pero no se debe concurrir a votar tan solo influido por las propagandas de cualquier procedencia. Para ello está la escuela, para enseñar a pensar, a resolver los dilemas de la vida, frente a dudas, problemas o diferentes necesidades que se nos presentan a medida que crecemos.
Es imprescindible, para comprender nuestro planteo, tener en cuenta que, actualmente y por lo dispuesto por la Ley N.º 26.774 de voto joven, lxs jóvenes votan a los 16 años. Dicha norma, al momento de sancionarse, planteó y plantea un desafío inédito a quienes enseñan en el nivel medio y a quienes son formadores en la educación superior. Nos parece que la importancia del hecho no ha sido comprendida en su total dimensión.
Sin embargo, el pasado 23 de abril, la educación pública nacional dictó su mejor clase práctica de formación de ciudadanía desde la recuperación de la democracia en 1983. La nación entera presenció y escuchó la respuesta que el Estado educativo, sus instituciones, docentes y alumnxs dieron al Presidente Javier Milei y a sus aliados políticos, frente a su propuesta —en proceso— de desmantelamiento y cierre de la educación pública.
Los más de 800.000 manifestantes, en su mayoría jóvenes, estudiantes y docentes, que marcharon a la Plaza de Mayo, a los que deben agregarse los manifestantes que asistieron a los actos realizados en otros puntos del país, demostraron su absoluta disconformidad frente a la negativa del gobierno nacional de entregar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, así como la totalidad de los subsidios que aporta para el normal funcionamiento de las universidades públicas.
Debemos agregar que el recorte de los subsidios que el Estado nacional transfería a las provincias, junto con el Fondo de Incentivo Docente, como transportes, comedores, becas y otros beneficios sociales, podría repercutir directamente en recortes a los presupuestos provinciales, que, obligados por la nación, deben reprogramar la inversión posible en áreas como infraestructura, equipamiento, material didáctico, comedores escolares, calidad de los alimentos, becas, transporte de alumnxs, etc. Si esto ocurre, el perjuicio para la educación pública obligatoria podría hacer colapsar el sistema.
De esta manera, la misma educación que es acusada como “adoctrinadora” y dictada por “kirchneristas” es agredida en un claro tiro por elevación cuyo destino principal es la destrucción del Estado nacional argentino, en su condición de garante de la justicia social, la soberanía nacional y la promoción del desarrollo económico.
La escuela y la vida cotidiana
Existe una cantidad de hechos de la cotidianeidad que pueden ser trabajados en la escuela, como complemento práctico de los contenidos que establecen los programas de Formación Ciudadana. Dicha disciplina debería proponer, para su estudio, la lectura de diarios, la visualización de videos, películas, escucha de audios, redes sociales, para la investigación, debate e interpretación de los textos trabajados, de modo tal, que los alumnxs comiencen a sentirse parte de la realidad que analizan.
Se trata de herramientas inestimables, vínculos con el conocimiento que propician, además, el surgimiento de ideas, valores, principios, sentimientos y aspiraciones, que surgen de la lectura, el debate colectivo y el registro de las conclusiones.
Como para dar un ejemplo que podría tratarse en clase, nos ha llamado la atención lo argumentado días atrás al periodismo por Alberto Benegas Lynch (h), diputado por La Libertad Avanza, en una de sus apariciones públicas. Allí, este señor, expresó: “Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”. Y afirmó no creer en la “obligatoriedad de la educación”.
He aquí una curiosa interpretación del significado de libertad, que —en el caso citado— se ejercería a partir de la prohibición del derecho a la educación gratuita y obligatoria establecido por la Ley 1.420 sancionada en 1884, por la Constitución Nacional de 1994 y por Ley de Educación Nacional N.º 26.206 de 2006.
Dichas expresiones de Benegas Lynch no resultan casuales ni aisladas, ya que el gobierno libertario, con la anuencia de sus aliados políticos, se permite denostar la educación pública, para la que “no hay plata”, mientras que sí la hay para la compra de 24 aviones de guerra F-16, por más de 600 millones de dólares.
Otro de los ejemplos que creímos podría debatirse en las escuelas surge de un acontecimiento reciente de público conocimiento. Ocurrió en la provincia de Tierra del Fuego, al plantear el Presidente una alianza con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con motivo de la agresión de la que fuera objeto la República de Israel por parte de Irán.
Sucede que proponer una alianza semejante, sin consultar al Congreso de la Nación, violenta una tradición normativa argentina en materia de neutralidad internacional; entre otros, el pacto antibélico propuesto por Saavedra Lamas en 1933 —por el cual obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1936— e, inclusive, la neutralidad dispuesta por los gobiernos argentinos frente a las dos Guerras Mundiales, en 1914 y 1939, y desconoce además el Tratado de Madrid suscripto en 1990/91 con Inglaterra, que puso fin a la guerra de Malvinas, en la que la Argentina terminó derrotada, multada y limitada en sus capacidades de compra de armamentos.
La actitud del Presidente Milei, al solicitar ser parte de la OTAN, no repara que de dicha organización es miembro activo Inglaterra, usurpadora histórica de territorio argentino desde 1833. El hecho configuraría una violación a la Constitución nacional y un destrato a todxs los soldados que pelearon y murieron en combate y a los que sobrevivieron y no han recibido, pasados 42 años de la guerra, una digna recompensa por parte del Estado argentino.
La Argentina no presenta, en la actualidad, ni la necesidad ni la urgencia de someterse a ser parte de un conflicto internacional, que no solamente pone en riesgo de guerra a nuestras ciudades y a su población, sino que sitúa a la nación en un contexto de deshonrosa colonialidad.
Conclusiones
Pareciera por sus acciones, declaraciones y omisiones, que el gobierno libertario está reintroduciendo a la Argentina en su etapa histórica pre-moderna, es decir, anterior a la declaración de la independencia en 1816.
La política, con la orientación de los docentes, en contextos de equilibrio y pluralismo de ideas, debe estar presente en las aulas. Lo contrario equivale a someter a quienes enseñan y aprenden al silencio, al temor, a la censura y a la violación de la libertad de cátedra y de expresión.
En la Argentina actual, los únicos adoctrinadores de oficio son personas o entidades que no pertenecen a la democracia. Acusan al otro y a los otros de ser “adoctrinadores”, pero son meros especuladores, que, con dicho argumento, reprimen ideas contrarias a las suyas.
Se trata de personas y conductas fácilmente identificables por su autoritarismo, dogmatismo, fanatismo y por su insistencia en ideas ajenas a la democracia, a la que utilizan, sin embargo, para servir sus intereses económicos, así como sus privilegios de clase.
Frente a la urgencia, que nos plantea el voto a los 16 años, insistimos, a modo de crítica, con la exigüidad de los tiempos y espacios que la escuela pública destina a la formación ciudadana. La incluimos, como se debe, dentro del campo de las ciencias sociales y políticas. Creemos que su enseñanza es demasiado teórica, no tiene una identidad definida por lo abundante de sus cambios de nombre y contenidos y no concita el interés de lxs alumnxs.
La jornada del 23 de abril será seguramente recordada como un hecho histórico, en defensa de la escuela y la universidad públicas, instituciones fundamentales que hacen posible el ascenso social a través de la educación.
* Raúl Moroni es supervisor, ex director de Educación Media y Técnica. Forma parte del Grupo “Rescate” de Apoyo Técnico Pedagógicos a la Educación Secundaria. UTE CTRA.
