El INDEC dio a conocer que el Producto Bruto Interno cayó en el año 2019 en un 2,1% y en los cuatro años de la administración de Cambiemos suma casi un 10% del PIB, que descendió aún más la Inversión Bruta fija y que aumentó la tasa de desocupación, el cierre de empresas, la pobreza y la inseguridad.

Sumado a que en los cuatro años del gobierno de Macri se endeudó a la Nación por unos 129.000 millones de dólares, de los cuales unos 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el FMI y, paralelamente, se fueron del país 88.300 millones de dólares que contabiliza el Balance Cambiario del BCRA como FAE – Formación de Activos Externos.

Pero la realidad también nos dice que en los primeros dos meses largos de gobierno de la alianza Frente de Todos, la economía no muestra signos vitales de recuperación, que los salarios, jubilaciones y pensiones pierden contra la inflación y que la inversión sigue descendiendo, que no se han tomado medidas profundas y necesarias para revertir la situación heredada, que se pagaron los vencimientos que hubo desde que asumió el nuevo gobierno con reservas internacionales del BCRA y que se “reperfiló” el vencimiento de los Bonos Dual (que es en pesos pero se ajusta por el precio del dólar), todo ello a la espera de acordar con el conjunto de los acreedores de una deuda pública que, es más del 90% del PIB y que, tiene una escala de vencimientos que supera holgadamente la capacidad de pago del país.

La propuesta original y tal como la reafirmó en su presentación el jueves 13 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados el Ministro de Economía Martín Guzmán, es que se obtenga un período de gracia y no pagar capital e interés de la deuda externa hasta el año 2023, en que recién se contaría con un superávit primario (los ingresos que superan a los gastos antes de intereses) que a lo sumo podría llegar a ser del 1,2% del PIB (unos 4.000 millones de dólares) con lo que el plan de pago se ata a esa capacidad.

Y en ese plano sabemos por los medios y por los periodistas estrellas de esos grandes medios, que son cinco fondos, Templeton, Fidelity, Ashmore, Blackrock y Pimco, los que poseen varios y diversos de los 34 títulos de deuda emitidos por la Argentina (títulos que en conjunto suman 105.402 millones de dólares), en los que cuentan con más del 25% de las acreencias, con lo que anulan la cláusula de acción colectiva que le permite al Estado acordar con el 75% de los poseedores de cada título y de esa manera obligar al resto a aceptar

En la administración nacional existe una Oficina Nacional de Crédito Público que depende del Secretario de Finanzas, Diego Bastourre, que por el artículo 69 de la ley 24.156 de administración financiera y control de gestión del sector público tiene como principales funciones, por su Inciso “d”:Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público; y en su Inciso “h”:Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental. De ambos incisos se desprende que se conoce quiénes fueron los que compraron el título de deuda no bien se emitió.

Como ese trabajo debe actualizarse, la tarea que le encomienda el Ministerio de Economía de la Nación a los bancos y otras entidades financieras que contrata como agentes intermediarios es ayudar al gobierno a saber quiénes son los actuales poseedores de los títulos y a la vez, reunir a la mayor cantidad de acreedores para proceder a su reestructuración.

Por otra parte, distinguimos fehacientemente que no bien el 25 de abril de 2018 decidieron irse del país varios de los fondos y bancos que eran los principales colocadores de títulos de deuda argentina en los mercados internacionales, mientras ellos se desprendían de esas acreencias, hubo fuertes órdenes de compra de esos mismos títulos por parte de los grandes fondos mencionados en el quinto párrafo de la nota, por ende debe realizarse un tratamiento diferencial entre los títulos que colocó la administración nacional (y que percibió directamente las divisas), de aquellos que fueron comprados a terceros con el objetivo de tener más del 25% del capital de los mismos.

También debería prohibirse que el BCRA venda oro y divisas de las reservas internacionales que tienen como origen el endeudamiento público. Esto es, el Tesoro de la Nación (que depende de la Secretaría de Hacienda) se endeuda (y endeuda al pueblo argentino) en divisas, pero como paga a sus trabajadores, jubilados y pensionados nacionales, obra pública, contrataciones, etc. en pesos, debe vender esas divisas al tipo de cambio oficial al BCRA y este le da los pesos. Pero la ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA le permite a la autoridad monetaria ser banco de bancos y les vende a esos dólares, de los cuales en el gobierno de Macri se fugaron 88.300 millones de dólares.

Tomando estas medidas precautorias, el problema sigue siendo de qué sector social se extraen los recursos para poder cumplir con las obligaciones que formarán parte del plan de pago de la deuda pública, porque si no se obra en ese sentido, la deuda o lo que se pueda pagar de ella, lo hace el pueblo argentino, cuando se tiene un millón y medio de jóvenes en la Argentina actual que no trabajan ni estudian, cuando los niveles de pobreza son francamente insoportables y muchos tienen trabajo y con lo que perciben no dejan de ser pobres.

Desde la dictadura militar de 1976 el país tiene serios problemas económicos y sociales y, según la revista Forbes, 50 familias radicadas en la Argentina se encuentran entre las 2.000 familias más ricas del mundo. ¿Son compatibles los niveles de pobreza extrema alcanzado en la Argentina con los niveles de riqueza de una minoría, en un país que es solo el 0,3% del PIB mundial? ¿Cómo es posible que se pueda convivir con una cada vez más desigual distribución de los recursos? ¿Se está esperando un estallido social para tomar debida cuenta del real estado de situación?

La crisis de 1890

Debemos aprender de nuestra historia, de otra forma estamos condenados a arrastrar la hipoteca de la deuda por años y paralelamente subordinar la economía real y la población al capital financiero.

En primer lugar, debe estudiarse detenidamente qué bancos le compraron los dólares al BCRA y cuál fue el destino de los mismos. Los adquirieron por sí y por sus clientes, bien identificar en que se emplearon esas divisas, cual es la situación tributaria, etc.

En segundo término, identificar los sectores fuertemente beneficiados por el macrismo (bancos, energéticos, servicios públicos privatizados, Ternium y Tenaris, telefónicas y comunicaciones y, los grandes productores, acopiadores y comercializadores del campo) y en lo inmediato colocarles un Bono de Ahorro Forzoso, a cinco años con la opción que si el Estado lo decide se renueve por otros cinco años más.

La crisis financiera de 1890 se produce también por fuerte endeudamiento. La gran diferencia es que la República Argentina había tomado crédito principalmente para la construcción de ferrocarriles y para la modernización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires. Pero a fines de la década de 1880 ya no se podía pagar los servicios de esa deuda, más el hecho que el precio de nuestros productos de exportación (carne y trigo) lo fijaba el comprador (básicamente Inglaterra). En 1888 las acciones del “Banco Constructor de La Plata” cayeron de 235 puntos a 160, desencadenando el derrape del valor de las empresas locales y de los títulos de deuda nacional.

La rotura de las cadenas de pago e incumplimientos de contratos de todo tipo (incluido la devolución de los créditos a los bancos interno y externos) ocasionó la quiebra del Banco Nacional que derivó en crisis política reflejada en la “Revolución del Parque” encabezada por el radicalismo de Leandro N. Alem. Es allí donde se ponen de acuerdo Julio Roca y Bartolomé Mitre por mandato de los comerciante y banqueros ingleses y la oligarquía terrateniente, para desplazar a la incipiente Unión Cívica Radical y hacer renunciar al inútil de Juárez Celman (que era concuñado de Roca) y que lo suceda su Vicepresidente, Carlos Pellegrini.

Pellegrini era rico e hijo de ricos, pertenecía a la elite porteña, pero tenía una clara convicción de Nación que lo llevó a crear el Banco de la Nación Argentina en base al quebrado Banco Nacional y logró financiar la deuda de los estancieros a la vez que los sectores más ricos de la sociedad compraron un Bono Patriótico, con lo que pudo normalizar el pago de la deuda y el país retoma al modelo agro exportador hasta la crisis de 1930.

Murió en 1906 a los 59 años de edad. Con una salud muy precaria había asumido ese año su cargo de Diputado y en su asunción dijo: “Llego con menos ilusiones, con menos entusiasmos, con más experiencia. Traigo la máquina fatigada porque la jornada ha sido larga y el camino muchas veces accidentado y espinoso. Pero vengo con la misma fe ciega en el porvenir de mi país y la misma resolución de servirlo hasta donde mis fuerzas alcancen”.

De eso se trata.

DE DÓNDE VENIMOS Y DÓNDE VAMOS

La deuda

En su presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación, el ministro de Economía Martín Guzmán delineó el rompecabezas de acreedores que van elevando el tono de reclamos contra el país. En ese sentido, habló de tenedores de:

• Bonos bajo legislación y tribunales del exterior
• Letras y bonos en moneda extranjera emitidos bajo legislación y tribunales nacionales
• Instrumentos financieros nominados en pesos
• Fondo Monetario Internacional

La interacción de estos acreedores multilaterales y del sector privado global avanza generando tensiones sobre el objetivo de la política económica, que es compatibilizar la reestructuración de deuda pública con un modelo productivo de desarrollo que torne al esquema viable política y económicamente.

La estrategia de los fondos de inversión

En estos días, los fondos de inversión de mayor envergadura comenzaron a desplegar acciones destinadas a fortalecer su capacidad de negociación frente a la Argentina.

El primer paso fue la conformación de distintos comités de fondos tenedores de bonos, que permitan coordinar acciones que neutralicen la cláusula de acción colectiva con la que fueron emitidas las especies argentinas. El ejemplo preciso es lo ocurrido con el vencimiento BP21 de la Provincia de Buenos Aires. El fondo Fidelity logró reunir, en acuerdo con otros agentes financieros, una cantidad de votos representativos de la serie provincial emitida superior al 25% de su valor nominal, bloqueando de esta forma el planteo de la gobernación de prorrogar el vencimiento.

En esa dirección, Fidelity ha conformado con otro fondo importante, BlackRock, un comité al que esperan sumar a otros actores con la intención de reproducir a nivel nacional lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires. Es decir, frenar cualquier propuesta de reestructuración que no le sea satisfactoria a ellos. Esto denota la voluntad de los grandes fondos de no ser condescendientes con las propuestas de renegociación argentinas, sino que, por el contrario, persiguen el objetivo de recuperar sus acreencias y continuar haciendo beneficiosos negocios a costa del país.

Los voceros de estos agentes financieros han dejado trascender que es fundamental la cotización de los nuevos bonos surgidos del eventual canje, fijando un piso para la misma consistente en un riesgo país inferior a los 1.000 puntos básicos, de modo que los valores de los títulos que hoy se encuentran en una paridad del 50%, trepen al 70/75% y puedan realizar ganancias de portafolio rápidamente.

La oposición política y el periodismo económico han planteado casi a coro la ausencia de “programa”, y esto se alinea con la demanda de los fondos de inversión

En ese sentido, la sustentabilidad del programa de deuda que el ministro Guzmán vincula con la necesidad de expansión económica interna, contrasta con la demanda del “programa macroeconómico” que asegure el pago de los servicios de deuda que han comenzado a esbozar los acreedores a través de sus portavoces habituales.

En efecto, la oposición política y el periodismo económico han planteado casi a coro la ausencia de “programa”, y esto se alinea con la demanda de los fondos de inversión en cuanto a que el valor de los nuevos bonos canjeados tiene que alcanzar rápidamente una paridad mucho mayor a la que tienen hoy las especies vigentes. Para que esto ocurra, la Argentina deberá realizar un esfuerzo externo y fiscal sobre las espaldas de su pueblo, incompatible con los postulados de recuperación económica que el gobierno nacional viene planteando.

Otra alternativa que circula en las “mesas financieras” es permitir que el país ingrese en default y sufra así una devaluación de su moneda en los mercados cambiarios alternativos al oficial, como el “Blue” y/o “contado con liquidación”, facilitando la recompra de activos locales depreciados y de bonos soberanos con cotización en baja, para ampliar la gama de beneficios financieros derivada de ese escenario.

Como se puede advertir, el protagonismo de los grandes fondos de inversión en este proceso de reestructuración apunta a ser elevado e intenta mantener un escenario de negocios con la Argentina que les permita completar el rinde de las operaciones iniciadas durante el gobierno de Cambiemos. Si esos fondos dictan las condiciones, es difícil pensar un escenario futuro de crecimiento y sustentabilidad de la deuda pública.

El FMI que todos conocemos

En su calidad de miembro del organismo multilateral, a la Argentina le hubiera correspondido un préstamo “stand by” de U$S 22.500 millones como máximo (cifra que surge de multiplicar el aporte argentino por 4,75). Sin embargo, entre mayo de 2018 y julio de 2019, el FMI comandado por Christine Lagarde aportó U$S 44.500 millones. Este desembolso es el mayor que hizo la institución a nación alguna.

Las condicionalidades derivadas del crédito, como la supresión de la emisión monetaria y el ajuste destinado a alcanzar superávit fiscal primario, provocaron una fuerte caída del nivel de actividad y un desmadre de las principales variables económicas: precios, tasa de interés y tipo de cambio. Además, los fondos ingresados, contrariando los estatutos del FMI, financiaron una aguda salida de capitales que obligó al gobierno de Cambiemos a restablecer el control de cambios que había denostado y desarmado ni bien asumió la administración.

Christine Lagarde abandonó la titularidad del FMI después de la derrota electoral de Macri y fue reemplazada por Kristalina Georgieva. Esta semana el organismo emitió un comunicado aseverando la insustentabilidad de la deuda argentina, la necesidad de una reestructuración y pidiendo que los tenedores de títulos soberanos contribuyan a resolver la cuestión (leáse, que acepten una quita). Por su parte, el FMI ablanda las condiciones para el cobro de sus acreencias otorgando plazos hasta el 2024 y sólo condicionando un sendero de superávit gemelos a esa fecha que asegure divisas para el pago.

Entre el ajuste “blando” y el escenario de negocios “amigable”

El pronunciamiento del FMI apunta a dejar flotar la economía en un contexto de equilibrio macroeconómico sin mayores presiones de ajuste pero consolidando un esquema de precios e ingresos sin alteraciones significativas en el corto plazo.

Los tenedores de bonos procuran recuperar sus créditos por distintas vías de construcción de marcos favorables a la diversidad de negocios financieros que genera una crisis como la presente.

Contra esas presiones, el ministro Guzmán y el presidente Fernández han sido claros: la deuda solo podrá afrontarse en el marco de un esquema de sostenibilidad cuyo peso no recaiga sobre las espaldas de la ciudadanía.

https://www.eldestapeweb.com/nota/argentina-frente-a-los-agentes-financieros-globales-202022116560

En la mitología griega el Minotauro – monstruo con cabeza de toro que habitaba el laberinto de Creta- devoraba la juventud de muchachos y doncellas atenienses. De la misma forma, la deuda engulle -sin eufemismos- el esfuerzo y el trabajo de los pueblos. Es, en ese sentido, una suerte de Minotauro, que acumula riquezas económicas, patrimonios financieros y poderes políticos. Detrás de la deuda está el poder.

Esa misma mitología nos relata que Ariadna le entregó a Teseo un ovillo de hilo mágico y una espada. Con la espada Teseo mató al monstruo y con el hilo halló el camino de regreso, pudo salir del laberinto y salvar a su ciudad del terrible tributo al que estaba sometida.

Ese hilo mágico es la Historia. Y cada uno de nosotros podrá efectuar premoniciones y especular quién quisiera que fuera Ariadna y quién Teseo (que al final abandona a Ariadna en una isla y ésta se casa con Dionisio con quién tiene cuatro hijos).

Se suele aceptar que la Economía es una «ciencia menor, aburrida y triste», apenas algo más que ideologías y dogmas disimulados tras fórmulas matemáticas, estadísticas y pseudo-teóricas que terminan ignorando la realidad y conformando un lenguaje y un discurso específico sobre ella. Sin embargo, en ese sentido la economía ortodoxa no tiene nada que envidiarle a la mitología griega con sus dioses -como el mercado y el dinero-, sus panteones -como el FMI y el Banco Mundial- y sus relatos sobrenaturales -como el déficit cero y el acabar con la inflación y la pobreza de Macri.

El menú económico argento

En Argentina el tema económico es cotidiano, central y despierta grietas, pasiones y ofuscamientos. Los precios, el dólar, la tasa de interés, los impuestos, la corrupción del poder, las leliq´s y, siempre, la deuda, forman parte activa del menú coloquial argento.

Guste o no, el principal mensaje de la economía occidental es que «todo es dinero, nada es gratis». Y la trampa de la deuda y la necesidad de su pago es parte del mensaje. Por dos motivos al menos: hay que hacer frente a los intereses y existen condicionalidades.

Los intereses vienen torturando las cuentas públicas y privadas. Según el CIPPEC en su informe «GPS del Estado, radiografía y balance de la administración pública nacional 2015-2019», con el macrismo los servicios de la deuda pasaron del 8% sobre el gasto de la Administración Pública Nacional al 18%. Más que se duplicaron. En cambio, el gasto social apenas creció (pasó del 60% al 63%).

El agobio alcanza a las empresas (que dedican promedio el 15% de sus ingresos brutos al pago de amortizaciones, intereses y gastos financieros) y a las familias (con una incidencia del 10% entre bancos y tarjetas).

Las condicionalidades son enemigas de la independencia económica y, por ende, del bienestar de los pueblos. A los Estados se les exige que deben ajustar sus cuentas fiscales y tender al déficit cero relegando el empleo; a las PYMES que cedan sus activos a altos costos y se olviden de la productividad real; a las familias que paguen el mínimo de la tarjeta y comprometan los bienes personales de sus integrantes. La deuda es un requerimiento global.

La deuda no es invento argentino

Claro que la deuda no es un invento argentino. La actualización de la deuda mundial total (pública más privada según datos oficiales del FMI) era de u$ 188 billones a finales de 2018, es decir, u$ 3 billones más que en 2017 (ese crecimiento de la deuda mundial equivale a más de seis veces el PBI de Argentina). La relación deuda/PIB media a escala mundial (ponderada en función del PIB de cada país) aumentó a 226% en 2018. Como debemos algo más del 110% del PBI, !todavía podríamos duplicar esa deuda para alcanzar al promedio de la economía mundial! No estamos lo suficientemente endeudados.

Como referencia, el coeficiente de endeudamiento total de China llegó al 258% del PIB al final de 2018. Es decir, igual que el de Estados Unidos y no muy alejado del promedio de las economías avanzadas, que es de 265%.

Nuestra Ariadna, la historia, puede identificar algunos hitos en el hilo mágico de la deuda:

En su origen fue el imperio inglés

La Baring Brothers & Co de Londres, en 1824 con el empréstito de un millón de libras esterlinas (£) a la provincia de Buenos Aires para obras de aguas corrientes y desagües pluviales y mejoras en el puerto. Entre intereses adelantados y comisiones a intermediarios sólo llegaron £ 540.000.-. Se empeñaron bienes, rentas y tierras como garantía de pago. La deuda no se usó para obras, sino para importar mercancías inglesas y cubrir el déficit inflacionario del Banco de descuentos a tasas más bajas que las que se pagaban a la Baring.

Los servicios de la deuda equivalían al 120% de la recaudación y el déficit triplicaba a ésta. La cancelación de la obligación pudo concretarse recién en 1947 con el gobierno del Gral. Perón y las sumas abonadas a lo largo de los años llegaron a superar ocho veces el importe recibido.

Argentina iniciaba su romance con la deuda.

Eligiendo la madama

Argentina ingresó al FMI en 1956 tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, quien impulsaba la necesidad de la independencia económica. El gobierno militar de Aramburu inicia la dependencia financiera y desarrolla una política exterior para alinearse a los Estados Unidos.

El FMI otorga al país un crédito de u$ 75 millones -al que se adicionan préstamos de bancos y empresas norteamericanas por u$ 180M, con lo que se inicia una cadena de préstamos que se perpetúa en el tiempo.

Argentina opta por el camino de la deuda.

Las armas que confían en la deuda

Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), el monto de la deuda creció a una tasa acumulativa del 70% anual y se quintuplicó pasando de u$ 7.800 millones a u$ 43.600 millones. En tanto, no se registró crecimiento del PBI. Esa política de valorización financiera acentuó la fuga de capitales, facilitó la compra de armas, justificó altas comisiones por las negociaciones para contraer deuda y permitió la estatización de la deuda privada. Ese ambiente delineó el término «patria financiera».

Martínez de Hoz alentó el endeudamiento externo de las empresas a tasas bajas, para luego valorizar esos fondos en un proceso de plata dulce: la «bicicleta financiera». Los bancos internacionales ofrecían créditos a una tasa de interés menor al 6% que a comienzos de los ochenta subió a más del 16% debido a cambios en la economía mundial. Posteriormente, el estado nacional se hizo cargo de la deuda externa privada comprometiendo al conjunto de la sociedad argentina.

Argentina convive y procrea la deuda.

La democracia que ama la deuda

Argentina se siguió endeudando en el gobierno de Alfonsín (1983-1989) para cubrir desequilibrios en sus cuentas fiscales y en la balanza comercial. La deuda de u$ 45mM a u$ 65mM sin mejoras en las variables económicas del país.

La etapa se conoce como década de la crisis de la deuda. Afectó a los principales países deudores y nació con la interrupción de pagos de México en 1982, seguido por Argentina y Brasil.

Los organismos internacionales advirtieron que el incumplimiento de los países endeudados generaba un riesgo significativo para los bancos de los países acreedores. Los planes de ajustes recesivos habían fracasado. Los economistas planteaban un debate: se trataba de problema transitorio de iliquidez o un tema estructural de insolvencia. Las soluciones diferían, pero las ideas neoliberales instalaron la necesidad de reformas de largo plazo con apertura a los mercados internacionales en los que los países centrales (acreedores) imponían condiciones de desarrollo a los países periféricos (deudores).

Argentina legaliza su relación con la deuda y acepta su condicionalidad globalizada.

El oxímoron del «populismo neoliberal»: con la deuda a la cabeza o con la cabeza de los deudores.

La década del ’90 -gobierno de Menem- marcó un ciclo financiero que triplicó el endeudamiento del 31 por ciento del PBI al 56 por ciento en el 2001, sin mejoras en los indicadores socioeconómicos. La deuda pasa de u$ 65 mil a más de u$ 150 mil millones de dólares.

Con la convertibilidad ($ 1.- = u$s 1.-) se consolidó el ciclo de valorización financiera iniciado en 1976 al compás del aumento del endeudamiento. Los dólares fugados retornaron para la privatización de empresas públicas como repatriación de capitales. Las ganancias extraordinarias en dólares fueron garantidas por la desregulación y giradas al exterior. Ese saldo negativo en la balanza de pagos y el endeudamiento generó más egresos por los pagos y servicios de la deuda produciéndose un cuello de botella financiero.

La estrategia, iniciada en la dictadura y consolidada en la democracia, consistió en contraer deuda externa y lograr fondos que se valoricen. Esa operación la canalizaban grupos económicos y empresas transnacionales y fue posible por la diferencia de las tasas internas respecto de las internacionales. La apropiación de esos beneficios por el capital concentrado la pagaba la población. Se suma a ello la transferencia directa de activos mediante la privatización de empresas públicas tras una larga campaña de desprestigio de estas.

El endeudamiento de la última dictadura y los años noventa tuvo como finalidad capitalizar a los grupos económicos concentrados, generando una importante privatización y extranjerización de la economía.

La deuda en Argentina se fuga y se hace promiscua.

El desafío de desendeudar: un flaco contra la corriente.

Néstor Kirchner (2002-2007) inició una política financiera anticíclica a partir de las mejoras en los precios de los commodities. Canceló la deuda con el FMI y liberó al país de las condicionalidades imperantes. Se inicia una alternativa de independencia económica, un ciclo denominado «vivir con lo nuestro» (Ferrer, 1983).

Cristina (2007-2015) continúa esa política. El porcentaje de la Deuda en el PBI era de 139,5% en 2003 y en 2015 (último dato oficial disponible), de 45,6 por ciento.

La deuda en Argentina sale del escenario.

El padre putativo de la criatura: procrear fondos buitres para no abortar la deuda.

El gobierno neoliberal de Macri (2015-2019) adopta el endeudamiento como fórmula para cubrir su déficit y permitir la fuga de capitales. Argentina se transforma en el país más endeudado de la región. Según los datos ajustados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la proporción de la deuda pública argentina alcanzó el 97,7% del PBI a mediados del 2019, cuando en 2015 el porcentaje era del 45,6%.

No sólo eso. Reconoce y paga los saldos de los fondos buitres instalando una seria limitación a las negociaciones del futuro. La trampa ha dado resultados.

Argentina se entrampa en la deuda inacabable.

La convivencia de la deuda y su pago con los populismos -principalmente para el peronismo- es traumática y contradictoria. Combatiendo al capital tiene que reconocer la necesidad de capitales del exterior y la actual dependencia de la deuda. El vivir con lo nuestro se hace difícil en el contexto dependiente de la financierización. Los capitales tienen allanado el camino legal en jurisdicción extranjera. La deuda es un instrumento del gobierno de los mercados y los reformismos se hacen insuficientes. La población empezará a sentir los efectos del ajuste sin una reducción de la deuda y sus intereses.

En un país en recesión pagar la deuda implica un simulacro, hacer como que pagamos, aunque mientras tanto se reduzcan la asistencia social, las jubilaciones y las expectativas de desarrollo -inclusive los niveles salariales. Si no se logra el trípode mágico (quitas de la deuda, reprogramación de vencimientos y baja de la tasa de interés) habrá que adecuarse a una verdadera economía de guerra con niveles de austeridad fiscal, empresarial y familiar que pueden cuestionar la viabilidad democrática. Y abrir el camino al retorno de lamentables experiencias neoliberales.

Las exportaciones de bienes y servicios favorecen, como es sabido, el progreso económico. Además de proveer dólares constantes para importar las máquinas y equipos que no se fabrican aquí, estimulan mejoras en los procesos productivos y contribuyen, en gran medida, a evitar los problemas que implica el endeudamiento externo. Más aún: los salarios y empleos en las empresas exportadoras locales suelen ser, según diversos estudios, los mejores y más dignos de cada sector.

Sin embargo, nuestro país ha tenido en las últimas décadas un crecimiento modesto y desparejo en este campo. Por un lado, hubo importantes saltos en las cantidades y los precios exportados en 1995, 2008 y 2011. También, se diversificaron las ofertas de manufacturas originadas en el complejo agrícola y en otras actividades que requieren una mayor capacidad técnica.

Es dable destacar, con relación a estas últimas, el desempeño que tuvo la industria del vino, de los automóviles, del software, la biotecnología, los tubos de acero, la química, el turismo receptivo y la comunicación audiovisual. En el caso de los vinos han sido notables los resultados que produjo la cooperación entre bodegas para instalar la marca argentina en distintas góndolas del mundo.

Asimismo, y a pesar de los pocos acuerdos comerciales que se formalizaron en el mismo período, la mayoría a través del Mercosur, se avanzó en la apertura de otros mercados. China, Vietnam, India, Argelia, Indonesia, Egipto. De hecho, estas naciones componen, junto a Brasil, Estados Unidos, Chile, España, los Países Bajos, Canadá y el resto de los limítrofes, los principales destinos de las ventas externas. Un conjunto multicultural y polifónico en el que prevalecen los países emergentes, con Brasil a la cabeza, y dos regiones: Sudamérica y el Asia Pacífico.

Pero los vaivenes en la política económica, sumados a la inestabilidad y a la competencia en el orden global, provocaron, por otro lado, limitaciones y despropósitos. Entre estos, un largo estancamiento en los volúmenes negociados.

La suma exportada al final de la década pasada fue inferior, por ejemplo, a la registrada en sus comienzos. 60 mil millones de dólares versus 80 mil. Y cerraron numerosas firmas exportadoras, con la consiguiente concentración de la actividad en pocas manos, sobre todo las de grandes empresas extranjeras.

Así las cosas, y tomando en cuenta que estamos en los albores de una nueva gestión, sería conveniente aunar esfuerzos políticos, empresarios y sindicales para definir el rumbo de los próximos pasos.

Es imperioso dejar atrás, por caso, la supuesta contradicción entre consumo interno y exportaciones. Y si bien la actividad exportadora es de naturaleza privada, el papel que le corresponde al Estado, como lo demuestra la experiencia internacional, reviste suma importancia. En este marco, un repaso rápido de las iniciativas que se impulsaron en nuestro país y en otras naciones de similares recursos permite entrever los posibles contenidos de una agenda común.

En primer lugar, cabría subrayar la necesidad de consolidar y defender los mercados actuales. En el Mercosur, en América y en Asia. También se debiera abordar el debate sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur que tanta hojarasca provocó en la última campaña electoral. Y todo esto, sin perder de vista las posibilidades de colocar, además de granos, harinas proteicas, carnes y aceites, otros productos orgánicos o con alto componente tecnológico que demandan el resto del mundo y las cadenas globales de valor.

En segundo lugar, habría que identificar nuevas oportunidades, y las correspondientes estrategias, para expandir las exportaciones tomando como base el empuje privado y la labor de las representaciones diplomáticas. En particular, en África y el Sudeste Asiático.

Al respecto, cobra singular relevancia el apoyo del sector público para continuar difundiendo la marca argentina en las principales ferias y exposiciones internacionales. Como así también para organizar misiones y rondas de negocios y otras plataformas logísticas en puntos clave del intercambio global.

Por último, se tendrían que priorizar los programas públicos, en las esferas nacional y provincial, que tiendan a simplificar los trámites, acelerar la devolución de impuestos y dotar de infraestructura y de nodos de transporte, eficientes y económicos, a los corredores productivos. También, desarrollar mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento y a los seguros de exportación. Y, por supuesto, aquellos que promuevan la investigación de base y la calidad de la producción y las mercancías fortaleciendo, entre otros institutos, el Sistema Nacional que tuve la ocasión de propiciar muchos años atrás.

El desafío es complejo. Los pronósticos de los expertos sobre el futuro de la economía mundial y las cotizaciones de las materias primas no son alentadores. Las grandes potencias arman y desarman conflictos con mensajes telefónicos y en otras zonas del mundo priman la incertidumbre, cuando no la desconfianza. Y China, que con su dinamismo interno multiplicó la demanda de alimentos, ya no crece como antes.

Pero es de esperar que el Gobierno, luego de reestructurar la deuda pública, preste atención a ensanchar este camino a todas luces virtuoso. Aunque solo cuente, como decía el filósofo, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón.

Eduardo Sguiglia es Economista. Ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos

https://www.clarin.com/opinion/exportar-camino-virtuoso_0_GxGYtUCk.html

Siempre la deuda fue un condicionante y un modo de dominación. Para honrar la deuda se ceden activos y trabajo del deudor igual que si fuera una indemnización por haber perdido una guerra.

Y es así porque es una guerra interna donde una minoría privilegiada asociada al capital financiero internacional contrae deudas para beneficiarse ellos y dejar sujeto al país a los acreedores.

Lo hicieron todos los gobiernos no populares de este país, desde Rivadavia en 1824, Mitre, Roca, Juárez Celman, Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Agustín P Justo, la Revolución Libertadora, Frondizi, Onganía, la dictadura militar de 1976, la dupla Menem-Cavallo y la administración de Cambiemos, todas se endeudaron sobremanera e irresponsablemente, siendo funcionales a la dependencia con los acreedores.

Ejemplo y evidencia clara de lo que decimos: al 30 de diciembre de 2015 la deuda pública bruta era de 240.665 millones de dólares (que representaba el 53,6% del PIB), el 57,2% de la misma era intra sector público, 12% con organismos internacionales (Banco Mundial, BID, CAF, etc.) y el 30,8% de la deuda era con bancos y fondos de inversión y otros compradores de bonos públicos

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revirtió la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces, lo cual lleva que, al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeudan 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB estimado en 352.300 millones de dólares).

De esa suma adeudada, 155.416 millones de dólares son en divisas que, si le descontamos el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG, pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana, implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense. Creció sideralmente la deuda. Dentro de ella, lo que más se incrementó fue la deuda con grandes bancos y fondos de inversión internacionales que se estima en torno a los 66.000 millones de dólares. Asimismo, aumenta la proporción de la deuda tomada con organismos multilaterales y bilaterales de crédito, desde un 6,4% en 2015 hasta un 20,0% del PIB en 2019, siendo el principal acreedor el FMI, del que el gobierno de Kirchner había logrado cancelar todas sus acreencias con el país en febrero de 2006 y al que, al 10 de diciembre de 2015, no se le debía un dólar.

Los grandes bancos y fondos de inversión son principalmente Black Rock (que es el mayor accionista de Netflix e importante accionista de Bayer-Monsanto), Goldman Sachs (el actual Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como Vicepresidente del BCRA de Luis “Toto” Caputo), PIMCO (que es el inversor de bonos más grande del mundo, con activos de inversión por 2,5 billones de dólares), etc. Todos ellos concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en 30 veces el tamaño de la economía local.  

En ese marco, el gobierno apuesta a conseguir, según se dejó trascender tras la reunión que tuvo el Ministro Martín Guzmán con el FMI en Washington el miércoles 29, cuatro años de gracia sin pagar deuda, una quita del 50% en los intereses que devenguen y una tasa del 6% anual (500 puntos de Riesgo País) para comenzar a pagar nuevamente. Paralelamente, luego de dicha reunión el FMI informó que enviará a la Argentina una misión técnica en la semana del 10 al 14 de febrero, a los efectos de tomar conocimiento in situ de las cuentas públicas y de las prospectivas de las mismas, de la macro y del comercio exterior.

También el Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer el cronograma de los pasos a seguir en el tema deuda, que tiene como primer punto el de presentar un informe en el Congreso de la Nación denominado “Lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Pública” para esa misma segunda semana de febrero. Finalmente el Ministerio comunicó que la oferta de canje y/o restructuración de la deuda se le dará a conocer a los tenedores de bonos durante la segunda semana de marzo y, a partir de allí se realizarán reuniones informativas «Road show» durante 15 días, con el propósito de llegar a un acuerdo antes del martes 31 de marzo 2020.

La negociación del kirchnerismo

En los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner se produjeron dos canjes de deuda, asentados por los Decretos 1735/2004 firmado por Kirchner, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, y la reestructuración por Decreto 563/2010 firmado por Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Amado Boudou, disponiendo la reestructuración de la deuda del Estado Nacional y la emisión de nuevos bonos en reemplazo de los defaulteados. En ambos casos se logró con una tasa de riesgo país de 400 puntos, una extensión de plazos de 30 años y una quita del capital del 66%.

La situación era distinta, pero el objetivo era el mismo: lograr una performance que priorizase el crecimiento económico del país. Para ello se requiere del apoyo de una ley que faculte a negociar directamente a las actuales autoridades y le permita, durante las tratativas con esos grandes fondos y bancos acreedores, incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

Néstor Kirchner tenía en claro dos factores fuertemente interrelacionados ente sí. Primero, que la “gallina de los huevos de oro” de la Argentina es su mercado interno. Y segundo que, para fortalecer el mercado interno, se deben pagar más y mejores salarios, no solo por una cuestión de justicia redistributiva, de justicia social, sino porque de esa manera se generaba un circuito virtuoso: más crecía la participación de los trabajadores en el producto, más se vendía y por ende se debía aumentar la producción en consecuencia.

Para Kirchner, superar la restricción externa implicaba sustituir a como dé lugar las importaciones por producción local. Por eso no le quitaba el sueño el mayor costo que ocasionaban los aumentos salariales, ni tampoco la mayor presión impositiva con lo que financió la jubilación a más de un millón y medio de trabajadores que no tenían los años de aportes gracias al menemismo y las políticas liberales anteriores y posteriores, dado que debía comprarse y vender en el mercado local la mayor parte de lo que se consume en el país.

Por eso congeló las tarifas energéticas y de transporte que atraviesan toda la economía y la sociedad y recurrió a las retenciones (Derechos de Exportación) para subsidiarlas, con la premisa que dichos subsidios no podían superar esos ingresos. Por ejemplo, en el año 2007, mediante la Resolución 10/2007 del Ministerio de Economía y Producción, se incrementó la alícuota de los Derechos de Exportación en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando en 27,5% para el grano y en 24% para los subproductos, de esa forma la recaudación total de ese año por esos derechos fue del equivalente a 3.500 millones de dólares, que fue la misma partida convertida a pesos al tipo de cambio oficial que se destinó para subsidiar la energía y al transporte.

Un informe elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, INDEC, IPC de nueve provincias y CABA y el IPC del INDEC en los precios, producido por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) de la Ciudad de Rosario-Santa Fe, sostiene que “sobre el final del mandato de Néstor Kirchner (2003-2007), el salario real creció un 34 por ciento y la ganancia acumulada era de 314.000 pesos por trabajador; en la primera presidencia de Cristina Fernández (2007-2011), el salario real creció un 23 por ciento por encima de la inflación y la ganancia de cada trabajador era de 173.000 en promedio; en la segunda presidencia de Cristina (la demanda interna creció hasta 2011 y no se pudo sostener) el saldo fue de 35.000 pesos, aunque fue reñida la pelea del salario con los precios; en cambio, en la presidencia de Macri el salario real se redujo un 18,4 por ciento, lo que traduce a que cada trabajador ya perdió 135.000 pesos en promedio”.

En el año 2002 una parte importante de los trabajadores percibía salarios por debajo de la línea de pobreza. El gobierno de Cambiemos nos dejó en la misma situación, según el INDEC, en noviembre de 2019 una familia necesitaba percibir un ingreso de 39.542,72 pesos para poder vivir y no ser pobre. A su vez, el Boletín de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de ese mes de noviembre de 2019 afirmaba que la mediana de los salarios del sector privado era de $ 51.162 mensual. Quiere decir que de los 6.270.300 trabajadores del sector privado, una gran parte trabajaba y percibía una remuneración que no la sacaba de la pobreza.

Peor obviamente pasa con los empleos públicos, sean nacionales, provinciales o municipales. En promedio son sensiblemente menores, desgraciadamente en muchas ocasiones eso es una forma de encubrir la desocupación.

Afirmamos que no solo es una súper explotación que un trabajador trabaje y sea pobre, que no pueda garantizarle a su familia dejar de serlo, sino que es el principal condicionante para que nuestro país vuelva a crecer.

El problema, hoy

Es obvio que en la Argentina el grado de dolarización torna imposible resolver el problema. Si los trabajadores perciben pesos y compran sus productos en pesos y si se deprecia o devalúa nuestra moneda, dada la posibilidad que tienen los grandes formadores de precios de trasladar esa depreciación a sus productos, se impacta directamente sobre el salario. A su vez, la disminución del salario impacta en el nivel de actividad al reducir la demanda agregada interna.

Paralelamente, por la misma suba de precios de los empresarios, se debe corregir periódicamente el tipo de cambio para frenar las importaciones que sustituyen nuestra producción local, con lo que se ingresa en un circuito perverso de suba de dólar y de los precios.

El dilema es que ya tenemos un tipo de cambio alto que incluso se mejora con el gravamen del 30% llamado Impuesto PAIS (Impuesto a la compra de moneda extranjera para la promoción y financiamiento de la inclusión social), pero el salario ha quedado muy atrasado, midiéndolo en dólares o en lo que sea.

De allí que el gobierno proponga un Acuerdo Social para poner las cosas en su lugar, que un trabajador trabaje y perciba una remuneración digna que le permita vivir a su familia y a él, por un lado y, que se revisen los márgenes de ganancia del macrismo, sobre todo del último tramo en que grandes formadores de precios (pensemos en los mercados de los lácteos, del aceite, del azúcar, de la yerba mate, de la harina, del arroz, de los artículos de limpieza, del cemento, del acero, del aluminio, donde hay un solo gran productor o a lo sumo dos) conformaron un “colchón” o margen de beneficio confiscador de recursos de la sociedad. También en el acuerdo se debe incluir a los grandes supermercados y centros de venta y a las entidades financieras con sus altas tasas de interés.

Por otra parte, en el caso de los alimentos, incluso de la soja cuya producción ha sustituido áreas que producían alimentos para el mercado interno, los grandes productores, acopiadores y comercializadores presionan sobre el valor de la divisa por sus exportaciones, cuando los productores nacionales no son fijadores de precios en el mercado mundial, por más que le den más pesos por cada dólar que exportan. Con ello no aumentan sus ventas ni modifican el precio final.

El ingeniero agrónomo Luis Larrosa sostiene que está definida la poligonal (Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil) donde asentar el negocio agrícola-financiero. Nuestros países fueron seleccionados para concretar una integración vertical de semillas, insumos (glifosato mediante), maquinarias y venta final, donde impera la concentración de negocios. La agricultura industrial y financiera se impone a las prácticas conservacionistas del ambiente. La «manipulación» genética en esta actividad —como en la vida en sociedad— no encuentra límites éticos, abriendo finales inciertos y desconocidos.

Solo 87 corporaciones con sede en 30 países dominan la cadena de producción de agronegocios en todo el mundo. Cinco grandes comerciantes controlan la importación y exportación de productos agrícolas: el llamado grupo ABCD, formado por las empresas Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Ceval, Cargill, Cofco y Dreyfus Company. Juntas representan hoy el 75% del mercado mundial de productos agrícolas.

A esos grandes acopiadores y comercializadores se le suman grandes vendedores de semillas y los más grandes proveedores de insecticidas, fertilizantes y otros productos químicos, seguramente contaminantes.

También podemos extender el mismo proceso a la minería y a las petroleras y otras actividades que son esencialmente, y por definición, agresivas contra la naturaleza y el medio ambiente.

Son necesarios y se deben producir pero no a cualquier costo económico y social. Debe haber un fuerte control estatal y de organismos populares (los autoconvocados de San Carlos en Mendoza son un digno ejemplo), pero la necesidad de afrontar el pago de la deuda externa y el hecho de que los exportadores nombrados estén en un lugar estratégico para la obtención de divisas, no debe hacer perder el eje y el objetivo. La Argentina debe crecer para todos, es esa la base y punto de partida de nuestro verdadero desarrollo.

No podemos repetir la triste historia de los Rivadavia, de los Mitre y de todos los conservadores que los siguieron, al servicio de Inglaterra y de su banca acreedora, mientras propiciaban la ley de vagancia para obligar a trabajar a los gauchos por la comida en 1815. En 1899, a pedido de la Unión Industrial Argentina, el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de expulsión de extranjeros.

Se debe negociar la deuda, pero se debe tener presente que la Teoría del Desarrollo sostiene que la producción incorpora y combina el conocimiento técnico y su impacto social, impulsando el crecimiento económico con ampliación del consumo, que se basa en una relación positiva de poder adquisitivo de la población y mayor producción, elevando la productividad. Esa relación óptima de crecimiento económico se llama Desarrollo, y si ese desarrollo se logra respetando y preservando el medio ambiente, se trata de un Desarrollo Sustentable.

El maestro Celso Furtado escribió: “Cuando la capacidad creativa del hombre se aplica al descubrimiento de sus potencialidades y al empeño de enriquecer el universo, se produce lo que llamamos Desarrollo. El Desarrollo solo aparece cuando la acumulación conduce a la creación de valores que se esparcen en la colectividad.  La Teoría del Desarrollo alude a dos procesos de creatividad. El primero tiene que ver con la técnica, con el empeño del hombre por dotarse de instrumentos, por ampliar su capacidad de acción. El segundo se refiere al significado de la actividad humana, a los valores con los que el hombre enriquece su patrimonio existencial” [1].

Atahualpa Yupanqui cerró la canción La preguntita con esta frase: “Si hay algo más importante que Dios, es que nadie escupa sangre pa’que otro viva mejor”.

Será este el último informe del año 2019, veremos cómo enfrentamos el 2020, y como diría Inodoro, que venga día por día.

Incluimos un resumen de las principales variables del 2019, para ver  como van emergiendo en el 2020.

Como siempre ponemos énfasis en la medida de los precios del mes, del año y de los años anteriores, es una pócima con gusto amargo que debemos tragarlo.

Agregamos un par de variables como el Índice del tipo de cambio real multilateral (ITCRM) y algo de la tasa de interés real, otro demonio. Pero siempre viene a la memoria y por lo visto son muchos los que compran dólares, va un gráfico para la memoria.

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Informe del 30:01

No recuerdo ningún año en el que haya llorado más que en el 2018. Fue un año terrible, sin duda uno de los más dolorosos. Tan simétricamente doloroso, que lo empecé llorando cuando volví ese 1 de enero de la casa de Alejandro y lo terminé llorando el 31 de enero siguiente, mientras me cambiaba para ir a la casa de Pablo y Elida. Escribo esto con la plena noción de los dolores y las pérdidas que me esperan en el futuro. Porque a veces pensar el futuro me aterra. Las pérdidas que, inevitables, llegarán. Lo poco o nada que puedo hacer por evitarlas. Cuando me da por pensar en eso, opto por concentrarme con franca ferocidad en lo bueno de la vida y me abrazo con furia a aquello y aquellos que amo.

Ser abogada es una de mis pasiones perennes, como los libros, los perros y las vaquitas empantanadas. Postre delicioso que preparaba mi abuela y ahora prepara mi papá. En el 2018 me mantuvo viva el ser abogada. Juro que si no hubiese estado corriendo para cumplir con los plazos desquiciados de un más desquiciado Comodoro Py, hubiese tenido la vocación de tirarme en la cama y dejar que la vida pasase como eso absurdo que yo sentía que era. Pero, a decir verdad, no tuve tiempo de dejarme caer en una cama. Simplemente no tuve tiempo.

A finales de diciembre de 2018 no me animé a ir San Juan a pasar la Navidad. Aún tenía a un defendido en prisión preventiva y buenas chances de liberarlo, siempre que la Cámara se dignase a resolver el recurso. Héctor Timerman ya estaba tan enfermo, que sabíamos que era cuestión de días que se liberase del dolor que significaba seguir preso de ese cuerpo que solo lo hacía sufrir de modo inhumano. Ya no podía hablar, pero un día pudo sonreír y yo sonreí con él. Fue su despedida. No, definitivamente no me animé a ir a San Juan, o, mejor dicho, no me animé a dejar Buenos Aires.

Por eso ese viernes estaba acá. Había aceptado ir al programa del Gato Sylvestre, luego Gustavo pasaría a buscarme por el canal e iríamos a cenar. Y estaba en un taxi, rumbo a C5N, cuando me sonó el celular. Era Hernán, amigo muy querido, que me dijo: “Grace, detuvieron al Mago. Te va a llamar la madre”.

El Mago es Facundo Daelli, joven mago que había conocido en Don Narciso, y que era entre otras cosas el maestro del querido Bufón. Hacia pocos días se había cruzado con el entonces fiscal German Moldes, y se había dirigido a él en términos poco cordiales. No había sido Moldes quien había hecho la denuncia, sino Guillermo Marijuan. Luego Ramiro Gonzales, fiscal de Py, había requerido una serie de informes de inteligencia, el allanamiento de la casa de Facundo y… ¡su detención! El juez que había dado la orden era Ariel Lijo. Y el viernes 22 de diciembre, en horas de la tarde, se había ejecutado el allanamiento y la detención. Era viernes, el próximo día hábil era el 26 de diciembre. Y un par de llamadas telefónicas a gente de Py me confirmó mi temor: la idea era mantenerlo detenido hasta el miércoles, a modo de disciplinamiento. Avisé en el canal que no iba a llegar, salí al aire telefónicamente para contar la situación y le indiqué al taxista el nuevo rumbo: la Policía Montada, cuya sede está en calle Cavia. Estaba furiosa. Lo que le estaba pasando a Facu era una violación fragrante no solo a su libertad ambulatoria, sino a la libertad de expresión. Porque en este país, uno puede incluso cuestionar en durísimos términos a cualquier funcionario público por cosas que hace en cuanto funcionario público, sin que eso implique pena de prisión. Ya en la Ley 24.198 de junio de 1993 se había derogado el delito de desacato. Y valga la paradoja, se había derogado como consecuencia de una conciliación en el marco del sistema interamericano de Derechos Humanos, por una absurda persecución penal a la que se vio sometido Horacio Verbitsky por el entonces juez de la Corte Augusto César Belluscio.

Se ve que en diciembre de 2018, en Comodoro Py no se habían enterado de la modificación del Código Penal de junio de 1993 y que el delito de desacato ya no existía. Pero la falta de actualización en materia de desacato se había reiterado en los últimos años. El gobierno de Mauricio Macri dedicó buena parte de su tiempo a perseguir a muchos argentinos por sus manifestaciones públicas. A iniciativa de mi socio Alejandro Rúa, tan reflexivo y sabio como siempre, habíamos ya defendido a varias personas denunciadas por sus manifestaciones contra el gobierno de Macri o contra sus funcionarios. Porque dentro de las cosas que caracterizaron al macrismo como gobierno, una fue su permanente intento de acallar a la sociedad. Y para eso, como para casi todo, el gobierno de Macri contó siempre con la invaluable colaboración de señores de Comodoro Py.

El santo de Gustavo vino a acompañarme y nos entretuvo hasta altas horas contando cosas divertidas mientras esperábamos. Después nos fuimos a comer lo que fuese que encontrásemos abierto y al otro día, sábado, Facu fue a su declaración indagatoria y terminó excarcelado. Aún hoy estamos peleando judicialmente esa ridícula causa, porque casi un año después confirmaron parcialmente ese absurdo procesamiento dictado por Lijo. Lo confirmaron los camaristas Pablo Bertuzi y Mariano Llorens, y el único que votó en disidencia fue Leopoldo Bruglia. Me consuela muy poco saber que solo 1 de cada 3 camaristas con competencia pena ha leído el Código Penal.

Mientras estaba trabajando en el recurso de casación de Facu, que presentaré cuando termine la feria judicial, leí la noticia acerca de la presunta denuncia penal que se habría hecho contra Luis Brandoni por presuntas manifestaciones hechas en el marco del aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Indagando un poco descubrí que la denuncia ni siquiera fue hecha por la persona presuntamente insultada, esto es Cristina Fernández de Kirchner, hoy Vicepresidenta de la Nación. Mi primera reacción fue pensar: “Qué boludos, están haciendo macrismo”. Es decir, persiguiendo penalmente las manifestaciones públicas. Eso hacia el gobierno de Mauricio Macri.

Quiero ser clara en este punto. La penalización de las manifestaciones públicas contra funcionarios públicos es básicamente una estupidez. Pero es además una estupidez contraria al sistema democrático de gobierno. Y eso no quiere decir que el insultado no pueda hacer valer sus derechos al buen nombre y al honor, pese a ser funcionario público. Puede hacerlo pero debe optar por la vía civil, esto es solicitar la reparación. No es la Justicia penal la respuesta.

Y como hacia el macrismo, los que denuncian esas cosas siempre van por los mismos caminos. Acusan al que dijo algo que les molesta por “amenazas” o por “incitación a la violencia” o por “intimidación pública”. El macrismo supo hacer uso y abuso de esas figuras penales, que además permitían que la denuncia no la hiciese el funcionario publico involucrado. Porque —hay que aclararlo— la afectación del honor requiere que el afectado en su honor ejerza su defensa en primera persona, es decir por él mismo. No la cobardía cómoda de mandar a denunciar a otro.

Asumo que una parte de la sociedad, el 60 % de ella, está enojada con el macrismo, por eso no lo votó. Y yo, que soy parte de ese 60%, también estoy enojada con ellos. Porque el gobierno de Mauricio Macri hizo cosas horribles. Y dañó gravemente a la sociedad, legitimando discursos de odio infames, cuyas secuelas estamos tratando de reparar. Pero trato de que mi enojo no me impida reflexionar. Y de esa reflexión surge ineludible , al menos para mí, un mandato. No estoy dispuesta a hacer macrismo explícito. No porque me falten ganas, sino porque lo que me faltan son razones legitimas. No tengo razones legítimas para vulnerar las garantías que defendí siempre. La libertad de expresión como valor sistémico de una democracia es una de esas garantías. Parafraseando a Voltaire, puede que no este de acuerdo con lo que dice alguien, incluso que me enoje o me den ganas de mandarlo a la recalcada genitalidad de su progenitora, a quien además seguro que —con arbitrariedad— le atribuiré una vida licenciosa; pero aun así, después de los insultos, voy a defender su derecho a decir lo que piensa. Porque su derecho es también mi derecho de decir lo que pienso. Y el derecho a decir lo que pensamos todos. Una sociedad democrática requiere para serlo, entre otras cosas, el respeto a la libertad de expresión y la capacidad, a veces difícil y amarga, de tolerar lo que se dice.

Los discursos de odio generan violencia. Y la legitiman. Por eso hay que regularlos en términos de responsabilidad de quien los emite. Pero no es la ley penal la herramienta adecuada. A ver si lo entendemos todos.

Mientras buscaba información sobre la denuncia a Brandoni, me topé con la noticia de que en España se va a realizar un Tribunal Ético al lawfare que sufrió nuestra región. Brasil, Ecuador, Argentina están entre los países asolados por el lawfare. Que no es más que la persecución mediante la desnaturalización de la ley penal, usada para perseguir a opositores políticos. Y quiero ser clara en esto. La persecución penal desnaturalizada por sus objetivos políticos, requiere, para ser efectiva en términos políticos, la más amplia difusión mediante el uso de la prensa. Pero no de cualquier tipo de prensa. Una prensa que ya tiene tomado partido por la persecución. En la cobertura de los casos judiciales comprendidos en el lawfare, la prensa olvida por completo el tratamiento de las noticas con el respeto a las garantías mínimas de quienes están sometidos a procesos penales.

Ejemplos típicos de la prensa en tiempos de lawfare: trata a los acusados como si fuesen culpables aun antes de que sean declarados como tales por una sentencia; oculta las falencias de los procesos y las arbitrariedades; no da derecho a réplica sobre las informaciones que publica y presiona a jueces y fiscales para que ordenen medidas con espectacularidad que permita “visualizar” el proceso. (Digo esto y me viene a la cabeza el fiscal que excavo inútilmente media Patagonia.) La prensa que forma parte del lawfare también presiona en pos de sentencias que reclama con tono escandalizado. Aún recuerdo los informes periodísticos que trataban de tortuga a un juez, solo porque se negaba a involucrar a la ex Presidenta en una causa. “No hay pruebas”, sostenía el magistrado. Y mucho tiempo después, incluso sus superiores tuvieron que otorgarle la razón. No había pruebas que involucraran en esa causa a Cristina Fernández de Kirchner.

Pero lo que hace la prensa que acompaña las maniobras de lawfare no merece reproche penal. En todo caso será civilmente responsable y homenajeada con el descrédito que la sociedad aplica a quienes le mienten. Y con la página oscura que la historia reserva a los viles.

Distinta es la situación de quienes en la ejecución del lawfare llevan adelante conductas penalmente relevantes. Y esa condición alcanza a funcionarios judiciales y a periodistas también. Pienso en Daniel Santoro, editor de Judiciales del grupo Clarín, hoy procesado como participe necesario de maniobras extorsivas. Y señalo que el hecho de que esté procesado no implica que Santoro sea culpable. Significa que Daniel Santoro será sometido a juicio y que el Poder Judicial deberá probar si es culpable de las conductas por las cuales es investigado. Y sólo será culpable si una sentencia firme así lo declara. Mientras tanto, es inocente ante la ley. Como lo son los muchos sobre los que escribió Daniel Santoro, a quienes trató como culpables, olvidando siempre decir lo que yo acabo de decir sobre él mismo: que no había –ni hay— sentencia firme que destruyera el estado de inocencia de las personas sobre las que escribía y aún escribe.

Sin duda también son penalmente relevantes las conductas de los funcionarios judiciales que participan del lawfare. Porque los funcionarios tienen una obligación primaria y es la de ajustar sus conductas y sus decisiones a la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios judiciales que violaron las normas a las que deben ajustar su conducta son, sin lugar a dudas, pasibles de una persecución penal por el Estado que les confió misiones y obligaciones especificas en pos del bien común y en el marco de las leyes que incumplieron.

Pero es el Estado quien debe perseguir a quienes incumplen sus normas. La razón de ser del Estado es el pueblo y en su nombre y representación los tribunales ejercen su competencia especifica respecto a investigar, juzgar y castigar las conductas penalmente relevantes.

Nuestro sistema institucional no permite que sea el propio pueblo el que investigue, juzgue y castigue los delitos. Debe ser el Poder Judicial quien lo haga.

Y no solo es el Estado quien debe llevar adelante las conductas de investigar, juzgar y castigar los delitos, sino que además debe hacerlo de cierto modo, específicamente establecido por nuestro régimen legal. Un juez que ha tenido conflicto con alguien no puede juzgar a ese alguien, ni investigarlo, ni mucho menos castigarlo. Un fiscal o un juez que tienen algún tipo de interés en el resultado de una causa no pueden intervenir como juez ni como fiscal en ella.

Y el Estado también garantiza mediante normas específicas los derechos que tienen quienes están sujetos a una investigación. El primero de ellos: nadie es culpable hasta que así no lo declara una sentencia firme. Y sin sentencia firme, todos deben ser tratados como inocentes. Y por eso, el principio es que salvo que signifique un riesgo para que el proceso se lleve adecuadamente –sea porque el imputado se fugue o bien porque entorpezca la investigación—, la norma establece que mientras está siendo investigado o juzgado, las personas deben permanecer en libertad.

Otra de las garantías es que quien esta siendo sometido a un proceso penal puede producir la prueba que considere oportuna para demostrar la falsedad de las imputaciones que se le hacen. Estoy harta de los medios que publican que las personas deben demostrar su inocencia. Es un error de los que llamaríamos grosero. Las personas no deben demostrar nada, son inocentes porque así la ley lo dispone, y es el Estado el que debe demostrar su culpabilidad. Mediante la utilización de prueba legalmente obtenida, además. Es decir, sin D’Alessios de por medio.

Y cuando pienso en esto —las cosas que defendí toda la vida—, pienso que el tribunal ético no corresponde ni está bien. Primero porque no hay norma ética que ordene modos de actuar. Cuando la norma ética es obligatoria, entonces se llama ley. Y si de violaciones a las leyes hablamos, ya están los tribunales legalmente establecidos para juzgarlas. No hay norma alguna que atribuya a estos tribunales éticos competencia, esto es capacidad de investigar, juzgar y castigar a quienes violaron las normas.

Quienes integran el tribunal ético al lawfare son todos abogados de fuste. Reconocidos a nivel internacional como tales. Una gran mayoría ha sido defensora de las victimas de lawfare. Y entonces no se puede asegurar su objetividad respecto a los casos. Para el caso, yo jamás admitiría que un caso de alguien que yo defiendo sea juzgado por un tribunal ético donde están sentados Bonadío, Stornelli, Irurzun, Hornos y Borinsky, por dar ejemplos. Porque ya sé que no son objetivos respecto a los casos. Ya escribieron su opinión y juzgaron. Lo mismo pasa con los abogados defensores, aunque a ellos les tenga mayor simpatía y respeto profesional. Pero más simpatía y respeto le tengo al principio que dice que no se puede ser juez y parte.

También me pregunto: ¿cómo se defenderán los acusados? Porque del mismo modo que muchas de las víctimas del lawfare no pudieron defenderse, tampoco veo cómo se garantizaría el derecho a defensa, si alguien del tribunal ético quisiera ejercerlo. Y sin derecho a defensa, no puedo — me niego a hablar de un juicio o de un tribunal. Soy de las que sostiene que hay pocas cosas sagradas, pero sin duda el derecho a defensa lo es.

Y por último, ¿cuál sería el resultado del juicio de este tribunal ético? Una sentencia que no solo carecería de fuerza de ejecución, sino que además pondría en el lugar de víctimas a quienes fuesen condenados por ella. Porque voy a decirlo con toda claridad: si en un juicio me juzgan personas que se autoerigen como jueces, que tienen intereses creados y posiciones tomadas ante el tema que tratan, si parten de la base de mi culpabilidad y no de mi inocencia y si no me garantizan el absoluto derecho a defensa, jamás podría aceptar como válida esa sentencia. Aplica para Bonadío y Stornelli en la causa Cuadernos, cuando hacen esas cosas —y por ello mismo debieron haber sido apartados hace mucho de esa causa— y aplica a los respetables colegas que integraran el tribunal ético al lawfare.

Alego en defensa de mis colegas que conozco que el objetivo del tribunal ético es hacer público y dar a conocer el espanto del lawfare que transitamos estos años. Y sus consecuencias. Generar una herramienta para el debate. Y buscar las soluciones y mecanismos para que no suceda más. Objetivos respetables y dignos que defiendo y suscribo.

El lawfare es la persecución disfrazada de investigación penal. Es la violación de garantías en nombre de la Justicia, vaya a saber uno de quién. Pero no vamos a derrotar al lawfare con sus mismas herramientas. No tenemos que hacer lo mismo. Es un error mayúsculo y un esfuerzo infructuoso.

Al lawfare se le gana. Con más ley y con más democracia. Con mas estado de derecho. Con un Poder Judicial honorable. Sagradas son las garantías que nos protegen a todos —a los buenos de la historia y a los malos también.

Al lawfare se le gana con más garantías. No con menos.

Más garantías, no menos