Habremos sido diez o doce los compatriotas que nos reunimos con Jesús Reyes Heroles, el ministro del interior mexicano, aquella fría y lejana mañana de marzo de 1977. Faltaba poco para que se cumpliera el primer aniversario del golpe de Videla y las distintas fracciones de exiliados argentinos habíamos decidido hacer un acto para denunciar la situación que atravesaba nuestro país. Y allí estábamos, unos y otros, con la intención de pedir permiso en representación del conjunto.

Reyes Heroles, que había completado su formación académica en Buenos Aires y La Plata, miró hacia la ventana de su amplia oficina, que daba al Paseo de la Reforma y, si mal no recuerdo, tosió sobre una mano antes de hablar. Por supuesto que sí, respondió. Ustedes y el resto de sus amigos pueden manifestar contra las dictaduras o sus gobiernos y hacer cuantas reuniones políticas quieran con total libertad –dijo, volvió la vista hacia nosotros y agregó: pero les sugiero que se abstengan de intervenir, como extranjeros que son, en cualquier asunto interno.

Estas pautas, en líneas generales, fueron las que guiaron el accionar del exilio argentino y también el de miles de latinoamericanos que por entonces buscaron refugio en México, en España y en otros lugares del mundo. Artistas, científicos, estudiantes y trabajadores que atravesaron un período de tiempo curiosamente cautivador para pensar, pero terrible de experimentar, como decía el profesor Edward Said.

Y la historia política argentina tiene muchos y distintos ejemplos al respecto. Alberdi, Rosas, Echeverría, Sarmiento, Marcelo Torcuato de Alvear y Juan Perón, entre otros, dependieron en su momento de la hospitalidad de otros países para resguardar sus vidas. Y para encontrar un sitio donde, según la etimología de asilo, nadie pudiera molestarlos o censurar sus ideas.

Pero Argentina, que recién en 1961 adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que había sido aprobada en los años cincuenta, también posee una importante trayectoria en cobijar exiliados. Fue un sinfín de contingentes que, a lo largo del siglo XX, terminó de pulir nuestra diversidad cultural. La lista puede comenzar con los desterrados por la guerra civil uruguaya y la primera guerra mundial. A estos le siguen los que emigraron por la revolución bolchevique, la guerra civil española y el nazismo. De hecho, Argentina fue uno de los países latinoamericanos que incorporó más refugiados judíos entre 1933 y 1945.

Y por último están los que escaparon durante la segunda guerra mundial, o cuando esta terminó, y los que fueron expulsados por las dictaduras de América Latina en las décadas pasadas o sufrieron los últimos conflictos que transcurrieron en África, Asia y Europa. Natalio Botana, Rafael Alberti, Manuel de Falla, Pablo Neruda, Mario Benedetti, entre ellos.

Por otra parte, es cierto que la política exterior argentina carece de un perfil totalmente estable y definido. Más aún: si se estilizan la historia y los conceptos, es dable afirmar que a lo largo del tiempo se han alternado breves períodos de autonomía relativa con otros de mayor o menor alineamiento con las potencias de turno. Pero, así y todo, es posible constatar que un puñado de valores se han mantenido de un modo constante en las etapas democráticas. La defensa de la paz, del multilateralismo, de la integración regional y, como se expuso más arriba, la protección y promoción de los derechos humanos y humanitarios. Cuatro o cinco principios que, en suma, constituyen nuestro capital simbólico y que hasta ahora, junto con la causa Malvinas, nunca pudieron ser monetizados. Es decir, intercambiados por una promesa de inversión, de un acuerdo comercial o por una efectiva negociación de la deuda pública.

¿Por qué estas reflexiones? Porque en los días que corren algunas voces han cuestionado el asilo que el gobierno concedió a Evo Morales. Es una jugada que procura un doble objetivo. Primero, distanciar al personaje de Bolivia, pidiendo su salida de Argentina justo cuando las nuevas elecciones en ese país han sido fijadas para mayo próximo y la agrupación política de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), se apresta para cumplir un rol destacado en este proceso. Segundo, promover su desprestigio pretendiendo que se pase por alto que Morales fue elegido en forma democrática en tres oportunidades y que durante sus gobiernos se respetaron, sin limitaciones, las libertades públicas. Y que, a pesar a sus errores en cuanto a forzar la prolongación de los mandatos, como él mismo admitió, fue compelido a renunciar por una coalición de opositores y fuerzas represivas. En otras palabras, mejor mantenerlo lejos y, si es posible, proscripto para siempre. Pero en su afán, desconocen que buena parte de nuestra sociedad civil y política suele honrar su pasado de exilios y desexilios, y las tradiciones solidarias, a veces a cambio de nada.

El Mercado es la entelequia que regula el contenido de la civilización actual. Ubicado entre lo humano y lo social se ha transformado en un constructo omnipresente en nuestra cotidianeidad. Y no sólo como idea sino como comportamiento.

El concepto «precio» está naturalizado de manera simple en nuestras acciones, pero es uno de los desvelos de la economía. El hombre acciona en sociedad mediante transacciones interhumanas de manera permanente como resultado de una vitalidad existencial. Los intercambios implican siempre algún «dar y recibir» que lleva a un precio implícito o explícito.

El saber popular -aquí habría que buscar la esencia de la corrupción- reconoce esa realidad cuando plantea que «todo hombre tiene su precio». El precio como condición humana sanciona la prevalencia de la economía material por sobre la moral subjetiva. Y hasta el poder cede ante el precio y sus circunstancias: en tiempos históricos, el rey-sol estableció una equivalencia entre el valor de su reino y el precio de un caballo.

La ciencia económica ortodoxa delega las potencialidades de determinación del precio en una construcción artificial y el discurso dominante impulsa la necesidad de obrar según las conveniencias del Mercado. Es el rey al cual se someten políticos, empresarios y trabajadores tanto para tomar decisiones como para justificarlas.

Sin embargo, los lingüistas afirman que el término pretium «precio» es de etimología difícil relacionada con inter-pret- en el sentido de «regateo, fijado de común acuerdo». Desde sus orígenes en las civilizaciones antiguas los términos valor y precio no se vinculan con las transacciones de compra-venta sino en el pago. Curiosamente, algo es a-preciado cuando no tiene precio.

El Estado ante el Mercado

Antropológicamente el precio emerge del tira y afloja entre el comprador y vendedor, una construcción sucesiva de tomas y dacas argumentales, de convencimientos sobre intereses y conveniencias. Es absolutamente inexacto que el Mercado fijara un precio. También lo es hoy. ¿Acaso discutimos el precio del pan con nuestro panadero? ¿O el del agua con la distribuidora? ¿O la tarifa con el taxista? La realidad indica que adaptamos el precio que fija la oferta o no concretamos el intercambio. Siempre. O casi siempre.

Hay que mirar -entonces- hacia el lado de la oferta. Y analizar cómo se forman los precios en un escenario donde la tendencia es maximizarlos. Todos los precios son políticos y hay formadores de precios, así como hay formadores de opinión.

Si todas las empresas son públicas -los estudios demuestran que son más públicas las PYME´s que las grandes corporaciones- y todos los costos son políticos -los salarios, las tarifas, los insumos- ¿cómo es que la política de control del Estado cede ante la economía del Mercado, una suerte de altar del sacrificio de la realidad?

Necesidades y valores

El ser humano porta necesidades, por eso es un sujeto económico. Pero también porta valores, por eso es un sujeto ético. La civilización occidental -a pesar de sus tendencias recesivas- es una civilización de precios, no de valores. Está basada en comportamientos oligopólicos de la oferta de mercado. Los modelos de administración política neoliberal se consolidan en el rechazo a la intervención de la política en los temas económicos. Pero los precios y su formación son definitorios para estudiar y comprender los procesos sociales y actuar en consecuencia.

La estructura socioeconómica es multidimensional y admite distinguir al menos dos componentes: el real, dado por la producción y el consumo de bienes y servicios (ente ellos, el trabajo), y el monetario, que incluye los aspectos financieros derivados de los medios de pago que -sea dinero nacional o dólar- no son sino deuda.

La productividad de una economía depende de sus componentes reales (naturaleza, trabajo, tecnología) y la distribución del producto es consecuencia de sus componentes monetarios (capital, deuda).

La economía produce por la energía y distribuye por la tasa de interés; así funciona el capitalismo.

El innombrable «precio justo»

El «precio justo» es una innombrable palabra, un vituperado concepto que contradice la racionalidad del capital y trae la moral humana a la economía. Por eso se lo oculta en el discurso. El capitalismo -que carece de ética dado que es amoral- prefiere relacionarlo con una suerte de decisión del Mercado. Si un precio se fija por el mercado, si es aceptado y pagado por el consumidor, es justo. Así de simple. El nombre de lo justo es el nombre del Mercado y sus ideólogos afirman que es el empresario quien, mediante el mecanismo de los precios, determina la relación entre el capital y el trabajo en la producción.

En Argentina, el neoliberalismo de Cambiemos ha tenido un éxito tan sustantivo como oculto: destruyó los compromisos éticos y humanos de la economía popular. Arrasó el sistema relacional de precios internos -tanto los nominales como los reales-, redujo la capacidad adquisitiva del salario, acentuó la dolarización y dejó atado el desarrollo futuro a la deuda interna y externa. Esta situación de anarquía aparente acentúa nuestras contradicciones, aleja y dificulta soluciones nacionales e inserta las decisiones macroeconómicas en el mundo globalizado.

Cómo establecer un sistema de precios justos

Una de las más importantes tareas del gobierno nacional y popular será establecer un sistema de precios relativos y justos que fomenten la ocupación y satisfagan la necesidad de emerger de la pobreza. Debe hacerlo con las restricciones propias del sistema capitalista de base financiera y tecnológica: la correlación «tasa de interés-tipo de cambio-inflación».

Mal que nos pese, en la economía actual el salario real es una deriva cuya mejora necesitará un plan económico de largo alcance y eficiente, una política racional de recursos naturales y una administración pública ordenada. Se transita en ese camino, se está haciendo, pero surgirán conflictividades de clase, dogmas fundamentalistas y complejidades externas. Enfrentarlos será la tarea más difícil para la unidad del campo popular.

Habíamos señalado desde esta columna que la gestión de Cambiemos, sobre todo desde el fallido acuerdo con el FMI, había producido una caída relevante en la monetización de la economía. Se define como monetización al volumen de pesos circulante en poder del público más los depósitos totales medidos como porcentaje del PIB.

Este denominado coeficiente de monetización –pesos emitidos/PIB- oscilaba entre el 24% y el 28% del PIB durante los 90 pos-Hiperinflación y también en la primera década y media de este siglo pos-crisis de la Convertibilidad. El deterioro de la actividad productiva durante el gobierno de Macri, fue acompañado de una baja paulatina de la monetización de la economía al calor del aumento de los activos representativos de la especulación financiera. Situación que se agudizó con el correr de 2019 y que las primeras acciones de las nuevas autoridades del Banco Central intentan revertir.

El cuadro que sigue cuantifica lo expresado en los párrafos precedentes:

(*): M3= Billetes y monedas en favor del público + depósitos totales

Fuente: BRCA, INDEC, elaboración propia.

La Base Monetaria y los Agregados Monetarios totales avanzaron 1,9 y 5,1 del PIB respectivamente, en un intento de dotar a la economía de medios de pago que faciliten un mayor volumen de transacciones derivadas de la reactivación provocada por los estímulos a la demanda, previstos en el inicio del gobierno.

En esa dirección se dirige la creación de dinero de alta potencia por emisión directa, aumentando la base monetaria.

Se puede advertir que a partir del mes de noviembre la base monetaria experimenta una aceleración en su crecimiento hasta ubicarse en 34%, por arriba del promedio del mes de septiembre hacia finales de diciembre.

Esta mayor liquidez con que se ha dotado a la economía permitió una reducción de 800 puntos básicos en la tasa de referencia de la política monetaria (tasa de LELIQ), siendo el punto de partida imprescindible para reconstruir el crédito de corto plazo que permita que el capital de trabajo de las empresas medianas y pequeñas acompañe un mayor nivel de ventas.

Los economistas ortodoxos, acostumbrados a plantear la inflación como un fenómeno estrictamente monetario, han comenzado a cuestionar el sendero descripto. Sin embargo, hay dos factores a tener en cuenta:

• La baja monetización en que se encontraba la economía referida a los párrafos precedentes
• La demanda de pesos que acompañan necesariamente un mayor nivel de actividad

Sin duda, el impulso monetario puede ser estéril e inclusive inflacionario si no se inscribe en dos rumbos definidos: los mencionados estímulos a la demanda que reactiven la actividad productiva y la búsqueda de equilibrios macroeconómicos que tornen esa expansión sustentable en el tiempo.

Decíamos en las dos columnas anteriores que el gobierno procura un equilibrio fiscal expansivo donde la recaudación evolucione por encima de las erogaciones. También los horizontes del equilibrio externo, que arranca con un voluminoso superávit en la balanza comercial que debe ser acompañado de un adecuado programa financiero. Y, finalmente, la política monetaria que acompaña ese escenario.

En escasas tres semanas se ha delineado un programa económico del gobierno que intenta superar la grave crisis recibida, autoinfligida por el macrismo. Los pasos van en la dirección correcta, todavía es necesario caminar un trecho.

El mundo moderno tiene un drama que es la falta de trabajo, las maquinas y equipos han reemplazado y van a seguir reemplazando y en escala mayor al trabajo humano, máxime para los países del tercer mundo donde se combina la falta de inversión con el hecho que las producciones de bienes y servicios transables (que se comercializan internacionalmente) de mano de obra intensiva, se realizan básicamente en los países del este asiático. Lo sufren los países centrales que han visto trasladar esas industrias a China, India, Malasia, Corea del Sur, Indonesia, etc. pero también nosotros, ejemplo claro de lo que decimos, nuestra Provincia de Córdoba, en 1969, año del “Cordobazo, tenía importantes industrias y una  producción agropecuaria diversificada y en base a chacareros y establecimientos cooperativos de manera tal que, eran los trabajadores mejores pagos del país y donde mejor se distribuía el ingreso. Cincuenta años más tarde tiene niveles de desocupación abierta, pobreza y exclusión social mayor que el promedio de la Argentina.

El gobierno de Cambiemos les aseguraba altas tasas de ganancia a un sector minoritario y más concentrado de la población, que a su vez tenía poco efecto multiplicador sobre el resto de las actividades, con lo que perpetuaba una integración al mundo donde le vendíamos materias primas o a lo sumo con un margen mínimo de valor agregado como es el caso de los granos, harinas y aceites, más petróleo, gas, oro[1] y otros minerales, configurando un país primarizado con una gran desigualdad en el ingreso.

Es más, en el gobierno de Cambiemos se podía tener trabajo pero su remuneración era menor que el salario de subsistencia, se tenía trabajo y no se podía alimentar debidamente a la familia.

De esa forma el gobierno de Macri empujó a la pobreza a cinco millones de argentinos, nos endeudó por 129.000 millones de dólares de los cuales unos 85.000 millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44.000 millones de dólares con el FMI y, por esa deuda nos obliga a subordinarnos a ese organismo internacional.

Cuando se presentó el proyecto de ley de emergencia económica, social y sanitaria, que denominaron de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el 17 de diciembre de 2019, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó a los Diputados de la Nación que el 60% de los niños de este país son pobres y mes a mes ha bajado el consumo de leche; que un millón y medio de jóvenes no trabajan ni estudian; y que la situación es más grave en el conurbano bonaerense y en localidades del interior del país. Sumemos a eso el cierre de empresas y la desocupación de trabajadores, que incluye el menor trabajo informal (changas), más el alto endeudamiento de las familias con préstamos personales y tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes, lo que en conjunto genera una fuerte vulnerabilidad social.

El problema de los jóvenes que no trabajan ni estudian no es solo un problema de la familia a la que pertenecen, sino que nos interpela a toda la sociedad. Si Perón decía que gobernar es generar trabajo, debemos ingeniarnos no solo para que se abran nuevas fuentes de empleo, sino también la de remunerar trabajos que no se pagan (como el de ama de casa, cuidado de enfermos, de ancianos, controles de precios de bienes de la canasta alimentaria, de los medicamentos, tareas comunales, etc.), en fin debemos generar nuevas modalidades de empleo pero que todos percibamos un ingreso y el que puede hacer eso es un Estado consciente y que priorice la lucha contra el hambre y la pobreza, y ese gobierno es el de los Fernández.

LA PACIENCIA TIENE UN LIMITE

Sin lugar a duda los sucesos vividos en la Provincia de Mendoza reflejan mejor que cualquier otro ejemplo lo que decimos.

La reconversión vitivinícola que posibilitó el cambio de cepas de uva criolla a uvas finas (especialmente el Malbec que se destina mayoritariamente a la exportación) que tomara impulso en la década de los noventa con el desembarco de grandes corporaciones y fondos de inversión: Rothschild, Allied Domecq, Seagram, Chandon, CINBA, Sogrape, Hiram Walker, Pernod Ricard, Fabre Montmayu, Salentein, Fournier, Codorniu, Grupo Arco, Ward Lay, Holcim, Michel Rolland, Concha y Toro, Santa Rita, Montes, Lurton, Salenteim, Kendall Jackson, ente otros, que adquirieron empresas preexistentes y en el mejor de los casos laS reconvirtieron para producir vinos premium y extra premium, se suman a las bodegas tradicionales como las del Grupo Cartellone, Catena-Zapata, Zuccardi, y hasta grandes grupos locales como la familia Pérez Companc que comprara en el año 2002 las bodegas Nieto Senetiner y posteriormente Argenta y Ruca Malén, que implicó también la importación de maquinas, equipos y hasta prensas, estrujadoras, tanques de acero, barricas y toneles que desplazó la producción metal mecánica de la provincia y sustituyó trabajadores en los viñedos y bodegas, lo que explica la alta tasa de desocupación[2], los bajos salarios y niveles de pobreza del 37,6% de su población para el primer semestre de 2019, pobreza y desocupación que supera a la de las provincias de cuyo.

Pensaban seguir con la explotación a como dé lugar de las minas a cielo abierto y para ello necesitaban reemplazar la ley 7722 que prohíbe terminantemente el uso de cianuro u otro compuesto o sopa química para separar metales.

No bien asumió la gobernación de la provincia el radical Rodolfo Suárez, el 10 de diciembre de 2019, envió al Congreso Provincial un proyecto autorizando el uso en la pileta de lixiviación de cianuro y ácido sulfúrico en las explotaciones mineras en la provincia, que incluso se hizo ley con el apoyo de los diputados y senadores de Cambiemos, pero también hubo varios del Frente de Todos, hecho que al ser conocido por la población generó el repudio generalizado y la movilización mayoritaria del pueblo mendocino en defensa del agua y del hábitat logrando que el mismo gobernador vete la ley que modificaba a la 7722.

Fuego amigo también sucedió en la Provincia de Buenos Aires, donde el Senado provincial no quiso tratar el proyecto de Ley de Código Fiscal, que con buen criterio la nueva administración envió, donde básicamente procura corregir la inequidad fiscal, gravando por encima de la inflación las propiedades rurales que superan las 2.000 hectáreas.

Primero, se establece un esquema de segmentación que beneficia a pequeños y medianos productores; segundo, se ajusta sobre el valor efectivamente abonado del impuesto en el año 2019, que según informa el Proyecto de Código Fiscal remitido al Congreso de la Provincia es de:

a) El ajuste fiscal sobre lo que pagaron en el año 2019 es del 15% para las propiedades cuya valuación no supere los $260.870.-

b) de 35%, entre $260.870 y $816.075

c) de 55%, entre $816.075 y $3 millones

d) de 55%, más de $3 millones y cuando la superficie de la tierra sea inferior o igual a 2.000 hectáreas

e) de 75% cuando las valuaciones de la propiedad rural sean superiores a $3 millones y la superficie de la tierra de más de 2.000 hectáreas.

Según informó el Ministro de Hacienda de la Provincia Pablo López, a más de la mitad de los propietarios rurales se les aplicará una actualización por debajo de la inflación 2019 (que hasta noviembre 2019 fue del 54,6% anual).Se paga en cinco cuotas en el transcurso del año 2020, los que pagan en una sola cuota se les descuenta el 20% del gravamen y, se implementará una serie de exenciones a propiedades pequeñas de producción agropecuaria, en especial la tambera.

El problema reside en que, nos dice el Ingeniero Agrónomo Luis Larrosa, según informa el Censo Nacional Agropecuario publicado en el año 2018, 2.516 Establecimientos Agropecuarios (EAP) son dueños de 11.158.368,9 hectáreas distribuidos de la siguiente manera:

Entre 2000,1 y 2.500 ha: 687 EAP por 1.544.893,8 ha

Entre  2.500,1 y 5.000 ha: 1.218 EAP por 4.208.555,1 ha

Entre 5.000,1 y 7.500 ha: 353  EAP por 2.111.138,5 ha

Entre 7.500,1 y 10.000 ha: 124 EAP por 1.065.886,7 ha

Entre 10.000,1 y 20.000 ha: 108 EAP por 1.493.193,8 ha

Más de 20.000,1 ha: 26 EAP por 734.701,0 ha.

Los Establecimientos Agropecuarios que tienen menos de 2.000 hectáreas suman 34.128 (93,13%del total), que sumados a los 2.516 establecimientos (6,87% de total) con más de 2.000 hectáreas, hacen un total de 36.644 establecimientos de la provincia. Lo que se propone es que los que poseen más de 2.000 hectáreas abonen el gravamen con un incremento en torno al 75% sobre lo que venían abonando.

¿Cuál es el valor fiscal de esos campos y cuál es el valor del mercado?, a ellos que se soslayan con que son las únicas leyes que deben regir. A lo que se le debe sumar una correcta fiscalización para saber si efectivamente pagan, dado que es tan poca la recaudación que es lo primero que se sospecha, de allí la ira y la oposición.

EN SINTESIS

La Argentina no es un país pobre, si es un país terriblemente injusto. Si en lugar de ganar y fugar capitales como hace la minoría rica (avalada por legisladores que le son funcionales) se distribuye mejor el ingreso, la Argentina crece sostenidamente porque el 75% de lo que produce lo destina al mercado interno.

El aumento del mínimo de las jubilaciones y pensiones que alcanza a cuatro millones de personas, el incremento en la AUH para un millón seiscientos mil beneficiarios y la instrumentación de la tarjeta social para adquirir alimentos de primera necesidad por una suma de $ 4.000 y de $ 6.000 por mes a cada beneficiario, dependiendo si el titular tiene uno o más hijos, alcanzará a cuatro millones de personas, todo eso en conjunto genera una demanda de alimentos que se producen y generan trabajo en el país.

El pensamiento keynesiano está detrás de las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández en estos primeros 25 días, donde es clave el rol del salario, del consumo interno y del Estado en la administración, gestión y programas de acción de corto plazo, mientras trata de acordar con los acreedores externos incluido el FMI, la suspensión de todos los pagos por lo menos por dos años. Propuesta que fue la Tesis con la que el actual Ministro de Economía, Martín Guzmán, se doctoró en los EEUU en el año 2008 y que, abrevó en el gobierno de Néstor Kirchner que suspendió todos los pagos hasta mayo de 2005, y allí reestructuró la deuda con una quita del 35% y extendió los plazos hasta el año 2021.

Referencias:

[1] Después de la soja y del maíz, es el producto de mayor venta al exterior, en el año 2018 se declararon exportaciones por 62 toneladas de oro por 2.243 millones de dólares.

[2] La tasa de desempleo se ubicó en el primer semestre 2019 en 8,8%. Mientras que la categoría “ocupados demandantes de empleo” (no les alcanza con un solo trabajo para vivir) alcanzó el 21,5%.

La imperiosa necesidad de que al gobierno de Alberto Fernández le vaya bien – Por Horacio Rovelli

La agricultura urbana rosarina se fue construyendo en el territorio a partir de los fines de los años 80, con el aporte de los campesinos migrantes del campo, el activismo ecológico y el aporte de los inmigrantes europeos italianos y españoles.

Se instala en un barrio marginal de la zona sur el primer modelo de huerta grupal “ comunitaria” con parcelas individuales para cada familia huertera, y con técnicas ecológicas de cultivo.

Este modelo fue el primordio (antecedente ) de los Parques Huertas , de las huertas grupales y de los Corredores Verdes de las Vías actuales.

En el año 1990 hubo una primera institucionalización como política pública con el  surgimiento del Programa Nacional Prohuerta de INTA y el Programa Municipal  Huertas instalándose  una gran cantidad de huertas familiares y escolares.

Pero la agricultura urbana en la crisis argentina del año 2002 fue cuando  se consolido como política pública, con la implementación de las ferias de verduras libres de agroquímicos y el posterior desarrollo de los Parques huertas, los Corredores verdes de las Vías y las Huertas Grupales .

Surgiendo los huerteras-os personas desocupadas de los barrios más pobres, se transformaron, en agricultoras-es urbanas-os, llegando  al centro de la ciudad con sus verduras muy buena calidad   y generando una nueva cultura de dialogo periferia centro .

Los rosarinos por primera vez pueden acceder a verduras de alta calidad cultivadas sin agroquímicos y los huerteras-os de los barrios son reconocidos como constructores de una ciudad verde.

Los parques huertas, los corredores verdes de las Vías y Las Huertas grupales, son nuevos espacios públicos, permanentes para la agricultura ecológica (son patrimonio de la ciudad ) y en los mismos  se combina lo socio-productivo con  lo ambiental  y con  lo paisajístico;  y algo para destacar es que   las-os huerteras –os pueden acceder a la tenencia segura de la tierra.

Jóvenes se están capacitando y entrenando como huerteras-os jardineras-os ecológicos, para proveer de servicios de huerta domiciliaria a personas interesadas e tener huerta jardín ecológica.

También se fueron instalando jardines de plantas medicinales en hospitales, huertas jardín en plazas públicas,   huertas educativas en escuelas y en centros comunitarios y el Centro Agroecológico Rosario

El Centro Agroecológico Rosario es un centro de referencia,  de práctica , de capacitación y de entrenamiento en agricultura ecológica urbana, siendo una síntesis de todo lo construido en el territorio entre huerteros , técnicos y activistas . Está organizado en   espacios para la: Elaboración de Biopreparados; Producción de abono compuesto;  Jardín de plantas madres de aromáticas y medicinales; Canteros demostrativos de  cultivos verduras y hortalizas de estación; Producción de plantines de verduras; Producción de plantines de aromáticas y medicinales; Túneles bajos para producción de plantines y espacios para la selección de semillas de libre polinización .

En el Centro agroecológico estamos trabajando asociados con la Secretaria de Extensión del Universidad  Nacional de Rosario, el Instituto Politécnico, el Ministerio de la Producción y de Salud de la Provincia otras dependencias Municipales., el Instituto de  Física Rosario la Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica de Argentina

Nuestra ciudad está participando junto a Institutos de investigación en un Proyecto de Urbanismo Agroecológico con tres ciudades europeas  Londres, Bruselas y Vigo,  cuyo objetivo es  explorar cómo las prácticas agrícolas y alimentarias en la periferia metropolitana, amenazadas por una urbanización cada vez más extendida, pueden reimaginarse y reconfigurarse dentro de lo que llamamos un «urbanismo agroecológico»: un modelo de urbanización que sitúa en su núcleo la alimentación, los ciclos metabólicos urbanos, la ética de la administración de la tierra, la igualdad y la solidaridad

Nos imaginamos para el futuro que la agricultura urbana de base agroecológica sea una política pública  transversal, que esté incluida en los planes de estudios de las escuelas primarias, secundarias y en la universidad como carrera de grado.

Y que puedan visibilizarse y ponerse en valor todos las contribuciones que se hacen desde la misma para la mitigación del cambio climático, los aportes a la cultura, a la salud y al Buen Vivir y que el oficio del agricultor urbano agroecológico sea el oficio del futuro

Algunos resultados: 30 Hectáreas cultivadas ecológicamente en  6 Parques huertas , 5  Huertas Grupales y  3 Corredores Verdes de las Vías , 250 huerteras-os tienen ingresos de la comercialización de verduras ecológicas , 400 jóvenes se están capacitando, 40 Huertas educativas , 2000 familias tienen huertas en casa  2 jardines de plantas medicinales en Hospitales y 1 Huerta Jardín en Plazas publicas.

Se necesita seguir construyendo y creando condiciones para:

uLograr más superficie productiva, tierra apta  con la infraestructura necesaria para producir.

uDesarrollar tecnologías prácticas y sencillas, que permitan a los  huerteras-os trabajar de manera digna,  mejorando las condiciones del trabajo de la tierra.

uValorizar el trabajo de la tierra que nos proporciona todo lo que necesitamos para

alimentarnos, para cuidarnos con plantas medicinales, para nuestro hábitat y paisaje

cotidiano,  pero contradictoriamente, la sociedad actual  lo considera un trabajo   menor  y como actividad del pasado

u Construir la imagen del trabajador de la tierra estableciendo el oficio del 

cuidador de la tierra y constructor del paisaje  ,como un trabajo de excelencia ,

que se asocie con la trascendencia de este  trabajo para el futuro, mejorador

del entorno vital en el que vivimos, y contagiar a  los jóvenes con entusiasmo

por este innovador oficio.

 uProducir semillas libres adaptadas a las condiciones locales y  a los gustos del consumidor.

uCrear parques tecnológicos de la AU, para la demostración y el entrenamiento donde

se convine  la producción con técnicas ecológicas, el diseño del paisaje y el hábitat y

la utilización de energías alternativas y la construcción natural.

uDemostrar los beneficios intangibles del trabajo de la tierra, (para la salud, para el 

ambiente, para la  cultura, para  prevenir  la violencia, para la cuidado de todas,

para la recuperación de adictos)  valorizarlos y ponerle precio para que los trabajadores  incrementen sus ingresos.

Generar puentes entre lo público , lo privado y la sociedad civil,  los consumidores y

los agricultores, lo rural y lo urbano

“El problema actual de la agricultura es que no está orientada a la producción de comida sino de dinero”                                                                                                                      Bill Mollison

“La agricultura convencional no puede alimentar a la población mundial , nunca lo ha hecho “   André Leu

“El mundo al revés nos enseña padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo, y  aceptar el futuro en lugar de imaginarlo”. Eduardo Galeano

“No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos”.                                                                                                                   Albert Eisten

“La severa crisis alimentaria experimentada en los últimos años demuestra que la seguridad alimentaria mundial no puede ser alcanzada y mantenida por los mercados internacionales de commodities. La crisis ha generado un amplio consenso de que una agricultura familiar vibrante y vigorosa es la clave para que los mercados internos sean abastecidos y que en las zonas rurales se generen empleos e ingresos “ Silva, 2014-FAO 

“La agroecología prospera continuamente, ya sea desde el punto de vista científico o desde el político. Ante la necesidad de adaptarse al cambio climático, es un enfoque que ayudará a hacer frente al desafío de eliminar el hambre y la malnutrición en todas sus formas “(FAO, 2014).

Las mayores barreras están en el plano de lasideas y necesitamos destruir los mitos negativos  que se han construido sobre la agricultura orgánica  basada en la agroecología.

“La agroecología  puede alimentar el mundo”  según informe de Agroeocología y derecho a la alimentación de Olivier de Schutter relator especial de Naciones Unidas HRC/16/49

Según la FAO  (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la seguridad alimentaria y nutricional es una necesidad básica y ocupa un lugar importante en todas las agendas políticas de las naciones pero  en las últimas décadas la diversidad de alimentos se ha reducido en forma drástica y hoy en día solo cuatro especies son responsables de la mitad de las calorías presentes en la alimentación de los seres humanos.

El desarrollo de la producción ecológica basada en la agroecología en todo el mundo es una respuesta a la demanda de la sociedad por productos más seguros y sanos, surgidos de relaciones sociales y de comercio más justas,  en la última década, el valor del comercio mundial de la producción orgánica paso de 20 a 60 mil millones de dólares y la superficie ocupada por dicha producción se expandió de 15 a 35 millones de hectáreas .

En nuestro país el interés en el cuidado del  ambiente , de la salud humana y en la búsqueda de  sistemas más equitativos de producción, distribución y consumo , ha

Incrementado en forma sistemática la demanda y la oferta de productos orgánicos ybasados en la agroecologia.

Necesitamos políticas públicas para  apoyar esta agricultura naciente plurifuncional que además de proveernos de alimentos sanos,  protege nuestros suelos y nuestros paisajes La reconversión ( el paso de la agricultura industrial a la ecológica ) requiere de una transición, con una mirada inmediatista no podemos hacerlo.

Hay que planificar desde el comienzo  el diseño de  un sistema integral donde  se incorporen los árboles y los animales,  desde esa  mirada hay que trabajar  si bien y en una primera etapa  se pondrá el énfasis en el mejoramiento del suelo  y en la sustitución de insumos químicos por ecológicos .

Además también es necesario trabajar en el desarrollo territorial (local y regional ) para  que este cambio pueda implementarse es muy importante la promoción por parte del estado de políticas destinadas a este fin

Creando un Fondo Rotatorio para financiar cortinas forestales , el mejoramiento del suelo por medio de abonos verdes y/o la incorporación  abonos compuestos y el aumento de biodiversidad mediante la incorporación de árboles y arbustos, y la introducción de animales

Además también es necesario trabajar  para promover empresas  que produzcan en la localidad o en la región los insumos necesarios para este proceso de transición,  abono compuesto y lombricompuesto (mediante el reciclaje de residuos orgánicos) , la producción semillas locales y que  fabriquen  preparados fito-estimulantes .

Por otro lado promocionar la instalación de industrias de maquinarias agrícolas adaptadas  para la  producción orgánica y la agricultura  basada en la agroecologia..

Se necesita establecer normativas adecuadas para estimular la trasformación e  incorporar valor a los alimentos en origen,  mediante la instalación de  frigoríficos para animales pequeños , para el procesamiento de la leche , la producción de aceite de girasol , y el establecimiento de molinos para distintos tipos de harinas de cereales y de oleaginosas.

El INTA , la Universidad y el Colegio de Ingenieros Agrónomos  está trabajando en el tema y eso es muy plausible ; pero es insuficiente para la rapidez y el desafío que se nos plantea , necesitamos además realizar experiencias en campos de productores y  en las comunidades  para  dar respuesta concreta en las realidades locales .

El proceso de transición tiene que ser firme y sumar a todos los actores y debe realizarse paulatinamente , para que los técnicos,  los comerciales y los productores que están trabajando en la agricultura industrial tengan el tiempo suficiente  para reconvertirse

Las instituciones técnicas, científicas  y académicas también deben hacer una transición ya que fueron creadas de manera predominante  bajo el paradigma de la agricultura industrial

Pretendo desde estas líneas abrir un espacio para poner en la agenda pública ( política , técnica y académica  ) como tema importante  la agricultura basada en la agroecologia .

Ing Agr, ( Msc ) Antonio Luis Lattuca

Coordinador de la Comisión

de Agroecologia,  Producción Orgánica , Permacultural y Biodinamica

del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe 2ª Circunscripción

La ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública  faculta al Poder Ejecutivo nacional a negociar la deuda y posteriormente  informar al Congreso de la Nación los resultados obtenidos. Esa negociación es fundamental porque la propuesta de máxima del gobierno de Alberto Fernández es no pagar ni intereses ni capital durante su mandato, lo que obviamente queda condicionado a que lo acepten los acreedores. La negociación y la voluntad de pago de la nueva administración ha repercutido en una suba tímida pero generalizada de las cotizaciones de los títulos de deuda argentinos, incluido el BONAR 2020 que vence en octubre del año que viene, cuando una parte importante de los bonistas (poseedores de títulos de deuda externa argentina) esperaban la declaración del default.

El gobierno nacional reconoce que el plan económico depende de esa negociación, sabiendo que los vencimientos de capital e intereses de la deuda del año 2020 son impagables por un lado y el ingreso de divisas por las exportaciones y no es tan significativo ,  dado que el acumulado de las ventas al exterior de los once meses de 2019 fue de 59.702 millones de dólares, de los cuales las manufacturas de origen industrial (MOI) fueron solo el 29,4%, cuando en  2011, por ejemplo, se exportó por 83.950 millones de dólares y el 34,4% eran MOI.

En ese marco y con la restricción externa descripta, el gobierno avanzó en estos primeros quince días en estimular el mercado interno y a la vez, asistir a los que menos tienen por medio de:

1. La tarjeta social para adquirir alimentos de primera necesidad por  $ 4.000 y de $ 6.000 por mes a cada beneficiario, dependiendo de si el titular tiene uno o más hijos y, alcanzará a cuatro millones de personas. Las tarjetas son entregadas “en forma automática” por la ANSeS a todos los que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan hijos de hasta 6 años. También a embarazadas a partir de los tres meses que perciban la asignación por embarazo y a personas con pensión por discapacidad que surge del cruce de identificaciones que realiza la ANSES y las bases de datos de las AUH. La tarjeta no suplantará a ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo, sino que es una política de complemento integral alimentario que mejora la situación del beneficiado y es a la vez un impulso a la demanda interna de productos elaborados y comercializados en el país.
2. Un bono de $ 5.000 pesos en diciembre y otro por la misma suma en enero para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima ($ 14.068 pesos). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta $ 5.000 pesos superior a la mínima (esto es hasta $ 19.068 pesos). El bono será menor a $ 5.000 pesos por la diferencia, garantizando que ningún beneficiario previsional cobre en diciembre y en enero menos de $ 19.068 pesos por mes. En marzo a todos los jubilados se les ajustará el haber previsional de acuerdo a lo que estipule una comisión conformada por el Poder Ejecutivo y por el Congreso de la Nación.
3. El gobierno a través del decreto 56, convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación hasta el 29 de febrero de 2020 e incluyó allí el proyecto para modificar la ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación; la 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación; y la 24.018 que fija las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y funcionarios políticos. La idea que se trasmitió es que además de las modificaciones pertinentes se los obligará a realizar un aporte “solidario” que el Poder Ejecutivo fijará por decreto, del 21% de esos haberes especiales y, un aporte “extraordinario” adicional del 7% más cuando el haber mensual supere los cien mil pesos.
4. Un acuerdo de precios con los grandes empresarios y supermercados para los productos de primera necesidad (alimentos e higiene) que incluye la nueva composición del programa de Precios Cuidados
5. Un convenio con los laboratorios para retrotraer los precios con una baja generalizada del 8% y su preservación en el tiempo.
6. un impuesto denominado para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) del 30% a los paquetes turísticos, compras al exterior por tarjetas de débito o de crédito y, a la adquisición de divisas para ahorro, hecho que ayudará a que el mayor ingreso en la población y con la persistencia de los límites a las operaciones de cambio, no se canalice en dólares y/o al consumo de servicios en esa moneda, reorientándose al turismo, a la compra y, al ahorro en moneda local .
7. Un reintegro selectivo del IVA  en alimentos básicos para jubilados que perciben el haber mínimo y  los beneficiarios de la AUH, hasta un tope de $700 por mes.
8. Reducción de las tasas de interés de los créditos Argenta que dio la ANSeS y que alcanza a 1.765.000 jubilados y pensionados y a 1.900.000 beneficiarios de la AUH, que abonaran una tasa del 31,5% anual y no pagarán las cuotas de enero, febrero y marzo. A partir de abril se les establecerá un nuevo cronograma de pagos, poniéndole límite a la usura que estaba asfixiando al supuesto favorecido por el préstamo.
9. Otro tanto se estudia y se va a proponer con respecto a los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitiva) ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que refleja el índice de precios al consumidor (IPC), índice que creció por encima del salario y en muchos casos por una diferencia considerable.

En síntesis

El gobierno avanza en la defensa del mercado interno mientras negocia el tema del pago de la deuda externa, cuestión fundamental para determinar el “sendero fiscal”, esto es, si se cumple el objetivo de no pagar ni intereses ni capital por dos años, como propuso el Ministro de Economía Martín Guzmán, cuando en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2020 del macrismo se estimaba los intereses en torno al 20% del presupuesto nacional (aproximadamente 17.000 millones de dólares) que de no pagarse al exterior se emplearán para obras de infraestructura, mejoras previsionales y gasto social. Por otra parte, se reafirma que la demanda interna es la gallina de los huevos de oro del país, dado que más del 75% de lo que se produce se destina al mercado nacional, por ende cuanto mayor consumo, mayores ventas y mayor inversión. Como decía Néstor Kirchner, “hay que darle plata al pueblo, porque si el pueblo tiene plata consume, si consume, los empresarios venden y si venden van a emplear más trabajadores y van a comprar más insumos para producir más y, de esa manera,  se conforma una rueda virtuosa de crecimiento económico y mejora social”.

Paralelamente, la ley 27.541 incrementa las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales (Riqueza) que se duplican en caso de que esos activos estén en el exterior. También aumenta los aportes patronales a la seguridad social, elimina la reducción del impuesto a las ganancias a las empresas si no distribuyen los dividendos y, restablece los impuestos internos a los bienes de lujo (autos de alta gama, embarcaciones, helicópteros y avionetas, etc.). Pero el Presidente Alberto Fernández vetó la suba del 8 al 12% de las retenciones a las exportaciones de las petrolera, que presionaron por considerar que deben recibir estímulos para invertir esencialmente en Vaca Muerta. obtener gas y petróleo no convencional.  Para favorecer el ahorro, también se eliminó el impuesto a las ganancias a los plazos fijos en pesos, acciones, bonos y títulos públicos en pesos y dólares.

Finalmente, también queda supeditado a la negociación con los acreedores el esquema de la ley 27.541 de los Derechos de Exportación (retenciones) al agro, pero con todas las limitaciones referidas, se va configurando un modelo de crecimiento en base al consumo interno y se espera atraer inversiones que en principio son orientadas a las actividades extractivas y primarias, pero como dice cada vez que puede el Presidente, con el fin de que sea el punto de partida para su industrialización.

Méritos

El merito innegable del keynesianismo fue volver a plantear la importancia de la producción y de la distribución, definir que los problemas de la economía no los resuelve el “mercado”, y pensar en un Estado que sea el que procure y garantice el crecimiento sostenido, basándose en que es la demanda global la que impulsa la producción, y por ende se debe garantizar que sea la demanda la que crezca, a la par que se toman los recaudos para que la oferta la acompañe.

El merito indudable del kircnerismo ha sido  frenar la especulación financiera y a la vez estimular el crecimiento de la producción y el trabajo, donde la “normalización” del sector financiero y la salida negociada del default fueron la base del desendeudamiento interno y externo, público y privado.

La raíz keynesiana es la base y el punto de partida de los gobiernos kirchneristas, donde es clave el rol del salario, del consumo interno y del Estado en la administración, gestión y programas de acción de corto plazo, pero también lo debe ser en la necesidad de elaboración de planes de mediano y largo plazo. La programación implica la formulación de objetivos, el estudio de las alternativas de acción para alcanzarlos, la selección de los cursos de acción posibles y la prosecución de la acción elegida, a través de un programa de trabajo.  Como dijera Lucio Anneo Séneca “No tiene viento a favor, quién no sabe a dónde va”.

Ese es el requerimiento que la historia y la sociedad le exige y le pide al nuevo gobierno.

BASE Y PUNTO DE PARTIDA

En primer lugar, el gobierno de Cambiemos empujó a la pobreza a cinco millones de argentinos, nos endeudó por 129.000 millones de dólares de los cuales unos 85.000 millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44.000 millones de dólares con el FMI, y esa deuda nos obliga a subordinarnos a ese organismo internacional.

Cuando se presentó el proyecto de ley de emergencia económica, social y sanitaria, que denominaron de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el 17 de diciembre de 2019, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó a los Diputados de la Nación que el 60% de los niños de este país son pobres y mes a mes ha bajado el consumo de leche; que un millón y medio de jóvenes no trabajan ni estudian; y que la situación es más grave en el conurbano bonaerense y en localidades del interior del país. Sumemos a eso el cierre de empresas y la desocupación de trabajadores, que incluye el menor trabajo informal (changas), más el alto endeudamiento de las familias con préstamos personales y tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes, lo que en conjunto genera una fuerte vulnerabilidad social

En esa misma reunión el Ministro de Salud, Ginés González García, al explicar la necesidad de declarar la emergencia sanitaria, sostuvo que fue tal el desmantelamiento de los hospitales y el desabastecimiento de los distintos programas del área que se necesita conformar y convocar a un Consejo Nacional Consultivo de Salud para evaluar la situación y, a la vez, en forma urgente importar vacunas para el sarampión y otras enfermedades por riesgo de pandemia, incluso eximiéndoles de pagos de aranceles e impuestos,  el ministro no lo dijo, pero sabe que, como decía Ramón Carillo, la pobreza es la mayor causante de enfermedades.

Si ese es el marco en que  nos ha dejado el gobierno anterior, se entiende la urgencia  de adoptar medidas para revertirlo, por ende más que se justifica el estudio y revisión de las tarifas eléctricas y del gas, como la amplia e irrestricta moratoria para las Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) del país por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones, incluida las aduaneras, financiamiento de su pago en largo plazo y a tasas subsidiadas por el Estado[1], para que vuelvan a producir y a generar puesto de trabajo.

También, a costa del Estado nacional, la mejora a los créditos UVA (Unidad Valor Adquisitivo), que fueron los préstamos para la compra de viviendas ajustables por inflación, con lo cual no son pocos los casos en que la deuda es mayor que el valor de la vivienda y, el listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y por la Superintendencia de Servicios de Salud de insumos y medicamentos esenciales por banda terapéutica,  a precios preferenciales

Del lado del ingreso se aplica un gravamen del 30% por la compra – venta de divisas por el término de cinco años a partir del día de vigencia de la ley, que incluye las compras de tarjetas de débitos y créditos y  la adquisición de pasajes salvo que el destino sea un pueblo fronterizo[2]; la reimplantación de los aportes previsionales patronales; el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias; el aumento de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales (riqueza)[3] y hasta su duplicación de estar situado en el extranjero; el aumento del 3 por mil al 6 por mil de la tasa del impuesto a los débitos y créditos bancarios; llevar al 3 por ciento la tasa del derecho de estadísticas de las importaciones; y restablecer los impuestos internos a bienes de lujo[4].

Por supuesto reafirma los derechos de exportación (retenciones) a las exportaciones hasta el 33% (treinta y tres por ciento) del valor imponible o del precio oficial FOB para la soja;  hasta el 15% (quince por ciento) para el maíz, sorgo, trigo, girasol, etc.; hasta el 5% (cinco por ciento) de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales y hasta el 8% de los hidrocarburos y minerales, convirtiendo todo en un porcentaje en lugar de una suma fija que queda desvirtuada por el ajuste del valor del dólar. Inclusive la potestad de que el Poder Ejecutivo arbitre “mecanismos de segmentación y estímulo» para mejorar la rentabilidad de los productores afectados por los derechos de exportación, reintegrando su pago en los casos que se trate de pequeñas producciones.

Haberes previsionales

Donde la Ley de Emergencia derrapa es en el tema previsional, cuando en la reunión referida de presentación del Proyecto en la Cámara de Diputados el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que de los casi siete millones de jubilados y pensionados nacionales actuales, cuatro millones perciben el haber mínimo y que unos 400.000 jubilados reciben el 20% del total de lo que abona la ANSeS, por ende, defendiendo la suspensión por el plazo de ciento ochenta días de la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241 y su índice de movilidad previsional del 70% por IPC y  del 30% por RIPTE[5] aprobada por ley modificatoria en diciembre de 2017, para que el Poder Ejecutivo Nacional y una comisión ad hoc de Diputados y Senadores pueda fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos, con lo cual, de hecho, frenan el ajuste de los haberes y lo subordinan a la disponibilidad de recursos del Estado nacional.

En efecto, el gobierno encabezado por Alberto Fernández decidió otorga un bono de $ 5.000 pesos en diciembre y otro por la misma suma en enero para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima ($ 14.068 pesos). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta $ 5.000 pesos superior a la mínima (esto es hasta $ 19.068 pesos). El bono será menor a $ 5.000 pesos por la diferencia, garantizando que ningún beneficiado previsional cobre en diciembre y en enero menos de $ 19.068 pesos por mes.

La declaración de la Emergencia por ley por otra parte, pondría al Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que al haber pagos diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, se trata de evitar lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes restricciones presupuestarias. Esos ajustes a los de la mínima después motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de juicios de millones de jubilados para reclamar el mismo ajuste.

Pero cuando el tema se debatió en el recinto, los Diputados acordaron excluir de ese artículo de la ley que suspende los ajustes de los haberes al Régimen especial para docentes, a la pensión graciable para ex presos políticos, a los beneficiado de la ley Brisa[6] y, al régimen jubilatorio específico para el personal que cumple tareas técnico científicas de investigación o desarrollo.

No quedó muy claro si también se excluía a los beneficiados de la ley 24.018 que son las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial[7], del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación; Legisladores Nacionales, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Procurador General del Tesoro, Disposiciones comunes y transitorias que fuera sancionada en 1991.

Esto provocó que el día 20 se frenara el tratamiento de la media sanción en el Senado de la Nación que, se destrabó cuando por twitter el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que ampliará las sesiones extraordinarias para derogar las jubilaciones de privilegio.  Obviamente se debe ver como es el Proyecto, pero es sin lugar a duda un avance cuando según la ANSeS se trata de 4.938 jubilados que perciben un haber promedio de $ 210.000 pesos por mes  y un haber máximo que puede duplicar esa cifra. Según el Informe de la ANSES, a mayo pasado, el haber medio era de 11,9 veces el haber medio de los jubilados del sistema general. Y de 17 veces el haber mínimo.

Si el total de jubilados y pensionados, que según la Ley 27.467 de Presupuesto 2019 suman 6.990.099 beneficiarios, quienes en conjunto percibieron haberes en el mes de octubre 2019 por un total de $156.853 millones, según informa la Secretaría de Hacienda de la Nación, por lo que la remuneración promedio mensual es en torno a los $ 22.500.-, pero, al decir del Ministro Moroni, 400.000 perciben $ 31.370,6 millones (a razón de $ 79.000 por mes) de los cuales se debe excluir a su vez los 4.938 casos de la ley 24.018, por ende lo que debería hacerse es  dividir por monto del beneficio y ajustar a la mitad de los jubilados y pensionados que perciben la mínima con un ajuste incluso mayor que el de la formula de Cambiemos,  ajustar por la formula a los que perciben menos de lo que a su vez el INDEC consideró que vale la canasta básica total para no caer en la pobreza de $ 37.596.-[8] y de esa manera se les mantiene el poder adquisitivo y, a los otros que llegan a ganar hasta $ 400.000 por mes, también con una debida escala, suspenderles el ajuste y actualizarlos según los ingresos de la ANSeS

Ingresos que, por otra parte, son reforzados por la misma ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

El tema clave de la deuda

No se puede tener un plan de gobierno, ni el presupuesto de gastos y recursos del Estado nacional 2020, mientras no se tenga en firme el acuerdo con los acreedores.

La consistencia macroeconómica requiere que el esquema previsional, las tarifas, el gasto público, el esquema cambiario (incluyendo la recomposición lógica de la alícuota de retenciones) y el monetario se inserten en la nominalidad buscada en el acuerdo de precios y salarios, máxime que se debe tener en cuenta que en 2020 vencen “neteados” de la deuda intra sector público en torno a los 24 mil millones de dólares, mitad en dólares, mitad en pesos, por lo que se debe confluir en un dólar competitivo que garantice un superávit comercial sostenible en el tiempo y que se extremen las medidas de control ante la  fuga

El ministro de economía, Martín Guzmán, lo señaló las dos veces que habló por televisión desde que asumió, busca una suspensión del pago con reestructuración de la deuda que le permita crecer, empujar a la suba el gasto público en el año 2020, cobrar más impuestos, armar un plan de emergencia para los más necesitados, inyectar créditos subsidiados a las pymes,  tasa de interés negativa contra la inflación y créditos no bancarios para las familias.

Pero hasta llegar a ese momento debe seguir pagando la deuda, de allí que por un lado en la ley de  de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, prevé la colocación de una Letra intransferible del Tesoro de la Nación a 10 (diez) años de plazo por 4.571 millones de dólares que se amortiza íntegramente a su vencimiento y pagará una tasa igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período, y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual con intereses se cancelará semestralmente Por otra parte, consiguió el viernes 20 de diciembre de 2019 que el mercado local le prestara $18.846 millones de pesos- hasta el 22 de junio de 2020, cuando el 28 de agosto de 2019 el ministro Lacunza había declarado desierta esa posibilidad.

Paralelamente el Gobierno nacional, mediante el Decreto 49/2019 de Necesidad y Urgencia, resolvió postergar todos los pagos de las amortizaciones de las Letes en dólares hasta el 31 de agosto del 2020. En principio, de esta manera, se difieren casi unos 9.000 millones de dólares. Esta medida no afecta a las personas humanas y a las provincias, pero si alcanza a las personas jurídicas que representan el 90% de los acreedores.

Entonces advertimos que se supedita todo a lograr el objetivo principal que es la suspensión de los pagos, pero se trata de negociar con grandes fondos y bancos extranjeros (Goldman Sachs, Black Rock, Franklin Templeton, etc.) y con el FMI, que solo aceptarían no cobrar por dos años si existe del lado argentino o la seguridad de pago después de los dos años o, el temor de que la Argentina se declare en default y tengan que cobrar como puedan.

Por otra parte, se deben extremar las medidas de control cambiario, porque un impuesto del 30% encarece el tipo de cambio y es una tentación tanto para los exportadores (que sub facturan sus ventas oficiales para vender en negro o fugar) y para los importadores (que sobre facturan importaciones en blanco para quedarse con dólares comerciales), a lo que se suma la posibilidad cierta que parte de ese incremento del dólar por el gravamen del 30%, se traslade a precios.

La solución del tema deuda permitirá implementar la segunda etapa que es el Plan Económico, pero la carta fuerte del gobierno sigue siendo, de complicarse la renegociación, la de declarar el default y obligar de ese modo a los acreedores de todo tipo a aceptar la suspensión total de pago de capital e interés por un plazo prudencial. El mismo Ministro de Economía, Martín Guzmán, lo había estimado en dos años. El presidente Fernández le dijo al director del Cohete que serían cuatro, toda la duración de su mandato.

[1] La tasa de interés será fija, del TRES POR CIENTO (3%) mensual, respecto de los primeros DOCE (12) meses y luego será la tasa variable equivalente a BADLAR utilizable por los bancos privados. El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la AFIP.

[2] El Inciso “E” del artículo 32 de la ley dice:“Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país en la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al Mercado Único y Libre de Cambios a los efectos de adquisición de las divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación», con lo que se exceptúa a la compra de pasajes a pueblos fronterizos

[3] Define como activos financieros situados en el exterior, la tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior; participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior incluidas las empresas unipersonales; derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trust o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior; toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuota partes de fondos comunes de inversión y otros similares.

[4] a) Los vehículos automotores terrestres concebidos para el transporte de personas, excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, autocares, coches ambulancia y coches celulares;
b) Los vehículos automotores terrestres preparados para acampar (camping);
c) Los motociclos y velocípedos con motor;
d) Los chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados por los incisos precedentes;
e) Las embarcaciones concebidas para recreo o deportes y los motores fuera de borda;
f) Las aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros concebidos para recreo o deportes.

[5] RIPTE:  Índice de salario promedio

[6] Ley Brisa: Reparación económica para los hijos de progenitores víctimas de violencia familiar o de género a los que se les reconoce el derecho a cobrar una suma mensual.

[7] La Corte Suprema de Justicia sostiene que los magistrados nacionales y provinciales están exentos del pago del Impuesto a las Ganancias.

[8] Es para una familia constituida para un matrimonio y dos hijos, pero lo podemos asimilar a un matrimonio de jubilados por los mayores gastos de medicamento y salude en general.

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