La conferencia de prensa de esta semana brindada por el ministro Martín Guzmán despejó toda duda acerca del rumbo inmediato de la política económica del Gobierno. La renegociación de la deuda pública contraída con los tenedores de bonos no residentes y con el FMI ocupará el centro de las decisiones en los próximos meses

Desde esta columna se señaló que en las experiencias peronistas previas, tanto la de Carlos Menem como la de Néstor y Cristina, la reestructuración de la deuda pública definió el rumbo de sus respectivos gobiernos. El Plan Brady de 1992 subordinó la administración a las reformas de mercado del Consenso de Washington y los canjes con fuerte quita de capital del 2005 y 2010, a la inversa, dotaron de fuerte autonomía a la gestión. En uno y otro caso, las décadas que duraron la tercera y cuarta experiencias peronistas previas estuvieron surcadas en el inicio por la forma de resolución de la deuda heredada.

El ministerio de Economía remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que constituye el marco normativo en el que se llevará adelante la renegociación de la deuda con tenedores privados y el eventual canje de bonos.

El artículo 1 del citado proyecto de ley alude que el tratamiento de la deuda se ajustará al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que obliga en cualquier cambio en la especie de deuda existente a satisfacer dos condiciones de tres posibles, a saber:

1) Quita de capital.

2) Baja de la tasa de interés que remunera el stock de títulos soberanos.

3) Alargamiento de los plazos originales.

En su exposición el ministro Guzmán describió estas opciones pero deslizó que se buscaba un alargamiento de plazos para abonar los servicios de deuda y que la tasa de interés de los bonos vigentes es incompatible con ese objetivo.

El programa económico de crecimiento con equilibrio externo fiscal emergerá del cierre de la negociación de la deuda pública

Es claro que el Gobierno procura no desembolsar dólares escasos para atender pagos de deuda pero que a la vez la reprogramación no puede producir un efecto “bola de nieve” en el volumen de deuda por la capitalización de abultados intereses.

Si bien no se delineó con precisión el sendero de la negociación, es visible que se intentan disminuir al máximo los desembolsos de servicios de deuda durante el corriente mandato y a la vez bajar el valor presente del actual stock por la vía de una menor tasa.

El Gobierno busca acelerar el cierre del tema deuda con los parámetros descriptos lo antes posible, para entonces sí implementar su programa económico de crecimiento, y es en este punto donde el ministro fue enfático al decir que cualquier diálogo con el FMI se hará desde el control soberano de la política económica.

Es evidente entonces que el gobierno ha focalizado desde su inicio un conjunto de políticas destinadas a atender con urgencia la catástrofe social recibida de la administración Cambiemos, pero que su verdadero programa económico de crecimiento con equilibrio externo fiscal emergerá del cierre de la negociación de la deuda pública que, al igual que las experiencias peronistas inmediatas anteriores, marcará el destino de su gobierno.

El Presidente Fernández, razonablemente, intenta atender las demandas que no pueden esperar como la de alimentos, medicamentos y energía, pero es consciente que eso sólo asume formas paliativas si no se resuelven los desmadres macroeconómicos perpetrados por Cambiemos que permitan sustentar una política de aumento de la producción y el consumo. Por ello el ministro Guzmán ha hablado de la gravedad que significa la crisis de deuda gestada por la irresponsabilidad de Macri y consecuentemente procura una rápida resolución que despeje el horizonte para otro tipo de políticas.

https://www.eldestapeweb.com/nota/la-hora-de-la-deuda–202012419500#

El gobierno nacional con fecha martes 21 de enero de 2020 envió al Congreso de la Nación un proyecto denominado Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, encuadrado en el marco de la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Pública, respetando el plazo de cumplimiento de 180 días y con el objetivo de administrar los mecanismos para poder negociar el pago de la deuda que está emitida en bonos en moneda extranjera y en poder de bancos y fondos de inversión que, según publica en su página web la Secretaria de Finanzas de la Nación, sobre los 323.177 millones de dólares de deuda bruta de la Administración Central al 30/12/2019, significan 155.416 millones de dólares. Que si le descontamos el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana, implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense.

A su vez se infiere que la mayor parte de esa última suma se encuentra en títulos en poder de grandes fondos de inversión como Black Rock, Goldman Sachs, Franklin Templeton, PIMCO, etc., por lo que el Ministro de Economía Martín Guzmán al presentar el proyecto sostuvo claramente que “la Nación no está pagando el capital sobre la deuda en dólares”. Dejando entrever que tampoco se va a pagar por el lapso que lleve a que la economía argentina crezca y se obtenga el superávit fiscal necesario para comprar las divisas y con ella cumplir con las obligaciones externas, que en principio llevarían unos dos años como mínimo de gracia (período de no pago de la deuda).

Por lo tanto, el proyecto de marras y al decir del Ministro Guzmán, implica que de las tres condiciones que tiene un crédito: monto adeudado, plazos y tasas, se pueda mejorar en el canje de la deuda, al menos dos de esos elementos.

Las cuentas públicas que deja el macrismo en su último año de gestión son elocuentes al respecto, realizando un fuertísimo ajuste sobre la inversión pública, que pasó a ser solamente el 5,15% del gasto total de la administración nacional, cuando en el gobierno de los Kirchner (2003-2015) fue en promedio del 14,2%, terminaron el año 2019 con un déficit primario de $ 95.122 millones (que es el 0,44% del PIB), pero al pagar intereses de la deuda por $ 724.285 millones (3,33%del PIB), se transforma en un déficit fiscal total de $ 819.406,9 millones (3,77% del PIB).

Por lo tanto, de lograrse no pagar los servicios (intereses y amortización del capital) de la deuda por dos años, hecho que permitiría utilizar esos recursos para acrecentar la imprescindible obra pública (en vivienda, en hospitales, en escuelas, en rutas y puertos, etc. etc.), incrementar las jubilaciones y pensiones e impulsar el mercado interno y hasta externos (por ejemplo, con planes promocionales de desgravación impositiva), se debe presentar un plan de sostenibilidad en el tiempo que implica destinar una parte del presupuesto público para comprar las divisas y pagar a los acreedores del exterior.

Paralelamente en el año 2019 se obtuvo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones de mercaderías) de 12.657 millones de dólares, pero se logró esencialmente por una fuerte caída en las importaciones (que fueron por 49.125 millones de dólares en el año, cifra un 25% menor con respecto al año 2018), más que por incremento del ingreso por exportaciones (de solo el 5,4% con respecto al año 2018, lográndose obtener ingresos por las ventas externas de 61.782 millones de dólares).  Por ende, el superávit se debe al menor nivel de actividad interno y a la fuerte depreciación de nuestra moneda que torna más caro los productos del exterior.

Con lo que debe reprogramarse nuestro comercio exterior teniendo en cuenta el crecimiento del PIB y, con ello, de las necesarias  importaciones.

El trasfondo de la trama

Es obvio que los acreedores en la negociación de la deuda, que implica cambiar títulos vigentes por otros nuevos (canje), van a pedir que se destine, después del período de gracia (que prevemos en torno a los dos años), un 3,33% del PIB  [1] durante muchos años, para hacer frente al pago de los intereses de la deuda. Esto es, la negociación implica como mínimo un alargamiento de los plazos y una disminución de la tasa de interés que sea compatible con destinar el 3,33% del PIB de la Administración Nacional para pagar a lo largo del tiempo los intereses de la deuda.

El problema reside en que el Estado debe fortalecerse, aumentar la inversión pública y mejorar la prestación de servicios, con lo que el camino se bifurca en dos, por un lado, la propuesta del FMI, que es siempre el monitor de los acreedores, que consiste en: a) Disminuir el pago de las prestaciones previsionales totales (erogaciones que en el año 2019 significó el 42,9% del gasto total – ver cuadro) y, fiel a su visión de reducir costos: b)La reforma laboral para reducir el gasto salarial público y privado.

La otra postura, la nacional y popular, es la de cobrar impuestos directos a los sectores con manifiesta capacidad contributiva e impulsar el nivel de actividad, con la convicción de que, si el PIB crece, más que proporcionalmente se incrementa la recaudación tributaria, dado que en crisis lo primero que se deja de pagar son los impuestos y los aportes previsionales, flujo que se normaliza cuando la economía sale de la recesión.

Esa es la principal discusión, el trasfondo de la postura de uno y otros en la negociación de la deuda, de dónde y cómo se van a detraer los recursos para pagar una deuda que el gobierno de Cambiemos incrementó en unos 129.000 millones de dólares, colocando títulos de deuda por unos 35.000 millones de dólares en los años 2016 y 2017 y por 15.000 millones de esa divisa hasta el 25 de abril de 2018 en que los grandes bancos y fondos de inversión que habían colocado títulos de deuda argentina en los mercados internacionales, decidieron irse, y ese día los hicieron por más de 1.200 millones de dólares y a un precio promedio de $ 20,20 por dólar.

Un vez que a partir del 25 de abril de 2018 se fueron de la Argentina grandes operadores, los demás —porque estaban colocados a más plazos y/o porque creyeron que podían seguir ganando fuertes rentas— se quedaron y vino en auxilio el FMI, que le concedió al país un crédito en DEG pero equivalente a 57.000 millones de dólares, de los cuales giró unos 44.200 millones, ante los incumplimientos del acuerdo firmado por Nicolás Dujovne y Adolfo Sturzenegger en junio y en octubre de 2018.

En esto es clave el FMI, que ofrece un plan de repago de mayor plazo, que puede ser de hasta diez años posteriores a concretarse el desembolso. El plan de facilidades extendidas (Extended Fund Facility, EFF, por sus siglas en inglés) exige metas fiscales, pero también la aplicación de reformas estructurales, como la previsional y laboral, que es lo que el gobierno no puede ceder.

Y por otra parte los grandes fondos de inversión y bancos acreedores sabían y saben que la renta real que obtuvieron por los títulos de deuda argentina es una brutal anormalidad, por ejemplo el BONAR 2020 que vence el 8 de octubre de este año, paga una renta fija del 8% anual y la lámina de 100 dólares se compró el viernes 24 de enero por 47,12 dólares. (Con lo que la tasa de interés implícita es del 17% anual en dólares y de cancelarse se recibe 100. Ni la droga paga ese precio.)

Toda esa ganancia realizada debe ser compensada con quita de capital y/o disminución de la tasa de interés y/o alargamiento de los plazos.

Por supuesto que grandes operadores nacionales y extranjeros en el país juegan fuerte e imponen sus condiciones. Esto explica que la cotización del dólar Bolsa y el blue se aproximen cada día más al valor oficial con impuesto, por un lado y que, no se pueda seguir bajando la tasa de interés en pesos y que las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) sean por $ 1.289.165 millones (el 75% de la Base Monetaria) al día 22 de enero 2020, por más que las autoridades del BCRA planean extender los plazos de los siete días actuales.  Son los grandes bancos los que están posicionados en LELIQs y tienen con ello, si desarman esa posición, la posibilidad de pasarse a dólares, lo que han realizado sin miramiento en el transcurso del posibilista gobierno de Cambiemos, dado que en esos cuatro años y según informa el BCRA se fugaron capitales por 88.371 millones de dólares. (El doble de lo que le prestó efectivamente al FMI a la Argentina.)

Es una situación sumamente compleja y es crucial su resolución, independientemente de que se debe auditar la deuda para saber en qué se empleó, cuando vemos que grandes clientes de grandes bancos fueron los principales compradores de los 88.371 millones de dólares que se fugaron en la gestión de Cambiemos. A la vez, que debe avanzar la Justicia en la responsabilidad de los funcionarios que propiciaron semejante endeudamiento.

Pero el trasfondo es cuanto se reconoce de deuda, en que plazos y bajo que otras condiciones se paga y finalmente, de donde se van a detraer los recursos, para que no se al pueblo argentino, sus jubilados y pensionados, sus trabajadores, los que los paguen con el “hambre y la sed” que decía en 1874 el Presidente Nicolás Avellaneda.

fuente;https://www.elcohetealaluna.com/la-negociacion-de-la-deuda/

Lo bestial es lo indecible, aquello fantástico y animal que se opone a la condición humana. En economía lo bestial termina siendo lo racional, que se asume como compatible con los intereses de las bestias. La organización de la actividad sobre los recursos naturales debe encararse como un tema científico y no como una cuestión económica, dado que no se trata de «cuánto dinero dejan» o «cuánto invierten» sino de cómo se trata la relación con La Naturaleza.

La idea de que el mercado es el mecanismo neutral y eficiente de producción, distribución y consumo está instalado en la Sociedad por su base transaccional e individual. Una especie de puente entre lo individual y lo social. Por ello el neoliberalismo -una ideología que impulsa al mercado como dios organizador de la vida en sociedad- se adopta como un proyecto apolítico e integrante del sentido común que conforma el núcleo de la aceptabilidad de las ideas instaladas.

Para ese sentido común, la Naturaleza está allí, inerte y disponible para su explotación por el hombre. De allí que José Saramago advierta que la conciencia humana es el único medio de lucha concreto contra la explotación del hombre y de la Naturaleza.

El medio ambiente no se presenta como un ámbito del neoliberalismo a pesar de que este es un proyecto ambiental, económico y social que tiene profundas consecuencias en la forma en que hacemos uso del mundo natural. La mayoría de los sectores económicos dependen del entorno y sus recursos, y también la regulación ambiental tiene efectos notables sobre la producción y el consumo.

Casi al mismo tiempo, la privatización y la mercantilización de la Naturaleza crean nuevos espacios de inversión y acumulación de capital, además de nuevos roles para el Estado y la sociedad civil.

Neoliberalismo, deuda y explotación extractiva

A finales de los 80, la crisis de la deuda trajo el neoliberalismo a nuestros países latinoamericanos que abandonaron la intervención del Estado y la sustitución de importaciones al compás de los préstamos condicionados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las reformas estructurales en Argentina generaron en la década de los 90 un elevado nivel de liberalización comercial y de privatización.

En la actualidad, la deuda que contrajo el neoliberalismo nos ha entrampado con el telón de fondo de la explotación extractiva de los recursos naturales.

Peso a ello, a pesar de las limitaciones ecológicas de la economía financiera, el populismo comienza a perfilar la administración de los recursos naturales en tanto patrimonio social integrante de la unidad Naturaleza-Humanidad como fórmula superadora de la concepción economicista clásica sobre los factores de producción.

Ese nuevo paradigma entiende como superador en economía aquello que es consistente y compatible con el bien común más que con la acumulación financiera.

No hay dignidad humana sin naturaleza

En la concepción ortodoxa los recursos que devienen de la Naturaleza en forma de bosques, ríos, lagos, mares, subsuelo, minas, canteras y aguas subterráneas están disponibles para que el hombre actúe sobre ellos mediante la tecnología transformadora. En ese sentido, la Naturaleza se convierte en fuente de trabajo, en la materia sobre la que se organiza la producción y en el origen de ingresos fiscales.

Se promulga que el trabajo dignifica la condición humana, pero se oculta que no hay dignidad humana sin Naturaleza sobre la que se aplica el trabajo. Se repite que la producción debe organizarse sobre bases eficientes, pero olvidamos que no hay empresas sin Naturaleza que se administre; y se acepta que las rentas de la naturaleza permiten su redistribución social pero se ignora que no hay Estado sin Naturaleza que soporte esas rentas públicas.

No hay trabajo, ni producción ni redistribución de la renta sin que exista interacción con la Naturaleza. Todo lo material que nos rodea, absolutamente todo, no es sino Naturaleza transformada. Desde nuestro celular hasta nuestros zapatos.

Pero el hombre inventa el poder y se apropia de la Naturaleza, la transforma en patrimonio y, en el proceso económico, trabajadores, empresas y Estado se la disputan para adecuarla a sus intereses de clase. Los trabajadores para garantizar su salario, los empresarios para lograr beneficios y el Estado para procurarse fondos.

Parece entonces que todo se reduce a una puja de intereses que se salda en acuerdos democráticos entre el capital, el trabajo y el Estado.

Desde el origen de los tiempos la apropiación de la Naturaleza y su explotación está presente en los comportamientos del ser humano y de la organización social.

Nos hemos convencido del egocentrismo pensando que la Humanidad es superior y totalmente independiente de la Naturaleza y ésta es igualmente independiente de la Sociedad, de la que es tributaria.

Haber desconocido conceptos de las culturas originarias transforma el pensar de modo alternativo en casi un imposible. Y ello aún a pesar de que el sentido común occidental reconoce que somos, pensamos o hacemos en función de la Naturaleza. Esa idea, avalada y diseminada en los ámbitos filosóficos, científicos y académicos, de la separación entre Naturaleza y Sociedad fue un presupuesto fuerte y necesario para la expansión del capitalismo y otorga legitimidad a los principios de explotación y apropiación que guiaron la empresa neoliberal desde el principio.

Lo que es peor -y contradictorio- aún subsiste en ciertas construcciones sociales que corren el riesgo de caer en la fatalidad de las metáforas dado que

-como reflexiona Borges- una cosa es la realidad y otra muy distinta el lenguaje. No se trata de consignas como el «no al aserradero», «no a la pesca», «no a las minas» o «no a la ganadería». Se trata del concepto de la vida humana en la Naturaleza como entidad sustentable. Y no podemos subsistir sin maderas, sin pescados, sin minerales, sin carnes.

El tema del cómo debe ser encarado desde tecnologías con rostro humano, alternativas, sustentables. Las investigaciones científicas debieran ocuparse más del a priori de tales tecnologías que de hacer más eficiente y seguro el uso a gran escala del cianuro y materiales que contaminen el agua.

La organización de la actividad sobre los recursos naturales debe encararse como un tema científico y no como una cuestión económica, dado que no se trata de «cuánto dinero dejan» o «cuánto invierten» sino de cómo se trata la relación con La Naturaleza.

La licencia social como garantía

La idea de la Naturaleza-humanidad como una entidad común de la que deriva la administración del patrimonio social trasciende esos intereses y debe ser regulado en pro del bien común. Esos recursos se transforman en el determinante actual de la cuestión social.

La licencia social no administrativa priva por sobre los intereses de los factores de producción trabajo y empresa, inclusive sobre los del propio Estado y es la única garantía de participación pública en la apropiación de las rentas de la naturaleza y de su sostenibilidad ecológica.

Es la política la que puede construir esa licencia necesaria para una comprensión del mundo que fundamente una práctica transformadora de las relaciones con la Naturaleza y para enfrentar los problemas ecológicos (los niveles progresivos de desigualdad social, la crisis ambiental y ecológica, el creciente calentamiento global, la constante desertificación, la falta de agua potable y su deterioro, la desaparición de regiones costeras, los acontecimientos «naturales» extremos, etcétera).

Creemos que esa comprensión debe rescatar la mutua interdependencia de la Humanidad/Sociedad con la Naturaleza. Esa comprensión debe partir de la educación formadora de conciencia de que no hay sustancias sino relaciones entre la naturaleza humana y todas las otras naturalezas, de que la Naturaleza es inherente a la humanidad; así como la humanidad es Naturaleza.

Y finalmente que es un contrasentido pensar que la Naturaleza nos pertenece si no pensamos, de forma recíproca, que pertenecemos a la Naturaleza.

La política económica tiene mucho que decir y hacer desde el interés común. Pero no será fácil para los intereses populares que se debaten en el dilema «trabajo o Naturaleza» y «deuda o extracción». Contra la transformación del mundo militan muchos intereses consolidados en las sociedades capitalistas en que vivimos.

La «nueva comprensión»

La construcción de la nueva comprensión que propone Boaventura de Sousa Santos será resultado de un proceso educativo histórico y de un esfuerzo popular en el seno de la transformación paradigmática de la sociedad.

De allí que la política sólo puede ser creíble si transforma la realidad y crea conciencia.

Somos optimistas y por ello concluimos que la civilización actual no tiene futuro. Tenemos la esperanza de una construcción alternativa que no se base en la destrucción sin precedentes de lo que continúa asumiendo como recurso natural y, por tanto, disponible sin límites.

https://www.elextremosur.com/nota/22560-somos-naturaleza-un-bestiario-ortodoxo-sobre-la-neoliberalizacion-del-medio-ambiente/

William Shakespeare le hace decir a Hamlet: “Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Que es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas?” Es la disyuntiva del gobierno de Alberto Fernández: o acuerda con los acreedores suspendiendo el pago de los servicios de la deuda al menos por dos años o debe aplicar políticas de ajuste del gasto público y aumento de impuestos para generar el excedente, cuando el crecimiento en Argentina depende esencialmente de los componentes domésticos de la demanda (consumo asalariado, gasto público y transferencias sociales, inversión pública y privada, construcciones, etc.).

Solamente los intereses de la deuda pública nacional rondan para este año 2020 el equivalente a los 19.000 millones de dólares. Nuestro PIB se estima en unos 353.000 millones, por ende para hacer frente a los mismos se necesita crecer en no menos del 5,4%. (Y que a la vez se los apropie el Estado, principalmente, dada la situación en que nos encontramos, mediante impuestos.)

Existe un sector privilegiado en el país con capacidad manifiesta para contribuir al erario público y dar cumplimiento al Art. 16 de la Constitución Nacional que en su renglón final dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es el sector que fugó capitales por 86.352 millones de dólares desde el 1° de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2019, según contabiliza el Balance Cambiario del BCRA. Sin embargo, cuanto más desigual es una sociedad, mayor presión tributaria será necesario ejercer sobre pocos contribuyentes para financiar las políticas públicas de manera equitativa. Por el propio poder que tienen, se oponen, utilizando argucias legales, políticas y comunicacionales, con lo que la presión tributaria termina recayendo sobre una base mayor de contribuyentes de menor capacidad contributiva y el sistema se torna altamente regresivo, hecho que paralelamente estimula el crecimiento de la informalidad.

La teoría tributaria dice que debe existir cierto equilibrio entre los impuestos. En la Argentina esa proporcionalidad no se cumple y observamos que en la Nación el mayor ingreso lo generan los gravámenes al consumo (por ejemplo el IVA cuya recaudación en 2019 fue de $ 1.532.596,9 millones) y a la actividad (por ejemplo el impuesto al débito y crédito bancario que aportó $ 349.559,2 millones). De allí que cuando la economía se frena, también cae la recaudación. El tributo contracíclico es el de la propiedad. (A nivel nacional es el denominado Bienes Personales, que en todo 2019 sólo recaudó $ 31.183,2 millones). Este gravamen exime en su base imponible al “campo”, porque hipotéticamente es alcanzado con el impuesto inmobiliario rural por las provincias. Pero cuando observamos cuál es la recaudación del impuesto inmobiliario rural en todo el país, representa el 0,3% del PIB.

Es obvio que es imprescindible una reforma tributaria (tanto a nivel nacional como provincial), que en primer lugar debe equilibrar los ingresos públicos para lo que debe aumentar el gravamen a la propiedad y paralelamente, reducir los impuestos al consumo y a la actividad. Pero también es obvio que lleva su tiempo, debe ser aprobada por los respectivos parlamentos y luego debe implementarse, etc. etc., cuando la urgencia es hoy.

Esperece Aparcero

A Carlos Gardel le gustaba cantar estilos camperos, entre ellos la composición de Roberto Fugazot y José Alonso y Trelles que titularon Hopa, Hopa: “¡Paresé, aparcero! Paresé y disculpe (le dije), ¿qué bichos lleva en esa tropa? Voy pa’ la tablada de los gauchos zonzos, a venderles miles de esperanzas gordas… Si el mercao promete y engolosinao vuelve pa’ estos pagos, en procura de otras, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta ‘e regalo se las cedo todas…”

Ante la restricción externa se requieren divisas. Los productos agropecuarios y su manufactura conforman el 63,8% de las exportaciones de los once meses registrados de  2019. (Sumando 38.111 millones de dólares sobre los 59.702 millones del total de las ventas al exterior.) De allí que el “tractorazo” impulsado por CARBAB (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) el 7 de enero 2020 en Pergamino, hizo que el gobierno suspendiera sine die los tres puntos de retenciones (derechos de exportación) que le facultaba la Ley de Emergencia Económica, con lo que la soja quedó con una alícuota del 30% y el trigo, maíz y demás granos solo el 12%.

Paralelamente en la provincia de Buenos Aires, las autoridades —con buen tino— habían decidido modificar el código fiscal gravando por encima de la inflación (una tasa del 75%) el importe que habían abonado en el año 2019 para las propiedades rurales que superan las 2.000 hectáreas. Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2017 que se publicara en el 2018, son 2.516 establecimientos agropecuarios que en total suman 11.158.368,9 hectáreas. A la vez, hay 34.128 establecimientos agropecuarios que tienen menos de 2.000 hectáreas (93,13% del total), que sumados a los 2.516 establecimientos (6,87% de total) con más de 2.000 hectáreas, hacen un total de 36.644 establecimientos de la provincia. Pero el gobierno de Axel Kicillof nos dice que el ajuste del 75% solo alcanza a 211 familias y/o sociedades que son los dueños de los 2.516 establecimientos. Repetimos: 211 familias y /o sociedades (entre ellos los Blanco Villegas, que tienen 25.000 hectáreas en Tandil) poseen 11.158.368,9 hectáreas de campo en la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 11.981.492 hectáreas empleadas para la producción agrícola-ganadera

El código fiscal aprobado solo ajustó el pago del impuesto inmobiliario rural sobre lo que abonaban en 2019, no hubo un revalúo de la propiedad. Nos preguntamos: ¿cuál es el valor fiscal de esos campos y cuál es el valor del mercado? A lo que se le debe sumar una correcta fiscalización para saber si efectivamente pagan, dado que es tan poca la recaudación que es lo primero que se sospecha.

El pago de impuesto inmobiliario rural promedio de la provincia de Buenos Aires por hectáreas en los once meses del año 2019 fue de $ 822 (en cinco cuotas) y de tasa vial (que es un gravamen municipal) de $ 163,70. O sea, pagan por la tierra un total por ha/año por ambos tributos de $ 985,7 [1]

En cambio cualquier familia bonaerense que vive de su trabajo paga por el impuesto de ingresos brutos (IIBB) en torno al 2,5% de su ingreso. Si inferimos un gasto mensual de $ 40.000 — paga por mes $ 1.000 y por año $ 12.000—, esa familia paga más en un mes, que lo que abona por hectárea el promedio de propietarios rurales en un año.

Pusieron el grito en el cielo y el Senado de la provincia impuso los severos límites. Entonces, si el que tiene manifiesta capacidad contributiva no paga, el que termina financiando el gasto es el ciudadano de a pie. En un marco en que existen pools de siembra, fideicomisos, bancos, etc. que ha producido un verdadero cambio del sujeto agrario con la aparición de nuevas tecnologías de producción (siembra directa, material transgénico o genéticamente modificado que conllevan resistencias a determinados herbicidas e insectos), hoy es posible realizar por ejemplo el doble cultivo trigo-soja dentro del año, que junto con demandantes internacionales determina alta rentabilidad de esos cultivos. Ha sobrevenido una agricultura financiera, donde grandes grupos económicos desarrollan una monoactividad a gran escala que les permite diversificar riesgos merced a una amplia distribución geográfica y economía de insumos por el volumen de sus compras. (Semilla, fertilizante, trabajos de siembra, cuidados culturales o pulverizaciones, cosecha, comercialización, incluso asesoramiento técnico.)

El ajuste y las provincias

La dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble. Por un lado, supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital en que la Nación decide qué se debe hacer en tal lugar físico (que pertenece a las provincias). Y, por otra parte, como se dijo anteriormente, las provincias son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos. Todas en mayor o menor medida han sufrido mermas en sus ingresos porque gravan al consumo y a la actividad y el PIB debe haber caído no menos del 4% en  2019, a lo que se suma la deuda que en muchas de ellas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es mayoritariamente en divisas.

Entonces las provincias, en lo inmediato, tienen dos opciones que se pueden combinar: solicitar ayuda a la Nación y/o reducir el gasto.

La Administración Nacional mediante los Decretos 21, 22, 23, 24 y 25, publicados el martes 7 de enero de 2020 en el Boletín Oficial, estableció las ayudas financieras que brindará a Tucumán, a Río Negro, Chaco, Chubut y Santa Cruz. Se trata de “anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal”. Para que puedan hacer frente a sus necesidades económicas, el gobierno otorgó los anticipos “por hasta” dos mil millones de pesos a Chaco; mil millones a Tucumán, Río Negro, Chubut; y 650 millones a Santa Cruz.

Las provincias se comprometen a su vez a racionalizar los gastos que, por ejemplo, para Tucumán incluyen la prórroga sine die del pago de la tercera parte de la “cláusula gatillo” correspondiente a diciembre de 2019 que es la suma salarial adicional —calculada a partir del índice de inflación— acordada en paritarias, medida a la que se le agrega la revisión de designaciones recientes de personal y la contracción de horas extras para empleados estatales.

La sola suspensión del pago de la “cláusula gatillo” generará a la provincia un ahorro de aproximadamente 850 millones de pesos en enero, teniendo en cuenta que se estimaba una erogación extraordinaria en términos salariales de entre un 11% y un 12% adicional debido a la inflación de diciembre que rondó 4% cerrando con un índice de variación de precios de 55% anual. El presupuesto provincial 2020 es de un gasto total de $ 156.214 millones y el 70% aproximadamente es salario, donde es importante el personal docente, de salud y de seguridad.

El mismo mecanismo de no ajustar por inflación gran parte de las jubilaciones y pensiones a nivel nacional, las provincias lo extienden a sus empleados.

La necesidad de suspender el pago de la deuda

En un libro colectivo publicado en 2010 por la Universidad de Oxford, Joseph Stiglitz afirma que Rusia en 1998 y la Argentina durante los años 2000 probaron que una suspensión unilateral del reembolso de la deuda puede ser beneficiosa para el país que toma esa decisión. “Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos”.

En la página 48 del libro afirma: “Cuando un país logra imponer una reducción de deuda a sus acreedores y recicla los fondos anteriormente destinados al pago (de esa deuda) para financiar una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos. En ese escenario, la cantidad de empresas locales que quiebran disminuye  porque los tipos de interés locales son más bajos que si el país hubiera continuado pagando la deuda, y porque la situación general del país mejora. Ya que la economía se fortalece, la recaudación de impuestos aumenta, lo que mejora también el margen presupuestario del gobierno. Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos”.

Es claro que ese debe ser el objetivo, de otro modo, de no alcanzarse, la política de ajuste significará seguir en la pendiente en que nos dejó el gobierno de Cambiemos.

Todas las ilustraciones de esta página provienen del Circo de Alambre que Alexander Calder 
compuso entre 1926 y 1932

[1] Es cierto que no todo el campo es igual: “Tenemos variedad de climas, variedad de suelos, variedad de sistemas de explotación, a veces con muy poca distancia entre unos y otros. Conozco lugares, al oeste de Olavarría p.e., donde en menos de un kilómetro se pasa de campos de extraordinaria potencialidad agrícola a campos solamente aptos para ganadería”. Blog “El Fusilado” Antonio (El Mayolero).

https://www.elcohetealaluna.com/ser-o-no-ser/

Durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019), la renta agropecuaria se incrementó singularmente por tres factores: la devaluación del peso, la desregulación completa de los mercados agropecuarios que facilitó la libre venta en el exterior de producciones agrícolas y ganaderas esenciales para el consumo interno -vinculando de ese modo los precios locales con los precios internacionales-, medida que se potenció con una rebaja generalizada de los derechos de exportación sobre los principales cultivos, en particular maíz y trigo.

Para que los argentinos estén bien alimentados se necesita anualmente abastecer su consumo con alrededor de 8 millones de toneladas de trigo, 13,7 millones de litros de leche y 110kg de carne vacuna y otras. Si estos suministros se asignan sólo por criterios de rentabilidad de mercado y en competencia con la demanda internacional, el resultado es la aparición del hambre en el país, por el simple hecho que los precios de los alimentos terminan midiéndose en dólares y los ingresos populares en pesos.

En la provincia de Buenos Aires se encuentran los núcleos rurales más fértiles del país y tal vez entre los mejores de un ranking planetario. Según el censo agropecuario 2002, existen 2468 emprendimientos agropecuarios bonaerenses que reúnen una superficie superior a las 2000 hectáreas. Siempre conforme a la información citada, estos emprendimientos agrupan 10.031.237 hectáreas, abarcando el 38,9% del total de la superficie cultivable de la provincia, estimada en 25.788.669 hectáreas.

Esta clase social poderosa que concentra fuertes extensiones de propiedad en las zonas más ricas no exhibe un aporte tributario acorde con dicha exteriorización de riqueza patrimonial. Al 30/11/2019, último dato disponible de la recaudación de los gravámenes de la Provincia de Buenos Aires, lo ingresado por el impuesto inmobiliario rural ascendía a $9.850 millones, equivalente apenas al 2,9% del total de ingresos provinciales de $334.907 millones.o

El otro dato relevante de las finanzas públicas de la Provincia de Buenos Aires es la fuerte pérdida de recursos en términos reales sufrida en el año que concluyó. La variación de los ingresos totales estimados para el 2019 en relación al 2018 es del 35%, respecto de una inflación minorista prevista del 56%, defiendo un deterioro real de la recaudación de casi el 16%.

El gobernador Kicillof, criteriosamente, abordó las problemáticas descriptas -tanto la sobre-renta agropecuaria como la caída de ingresos respecto de la inflación- en un proyecto de ley impositiva para el 2020 que permitiera recuperar la pérdida real de los ingresos impactando sobre los agentes económicos con mayor capacidad contributiva

El proyecto original preveía incidir moderadamente sobre la cadena agropecuaria, gravando progresivamente las propiedades de mayor valuación y extensión con el impuesto inmobiliario rural, y a la vez incrementar la alícuota de Ingresos Brutos en la comercialización de granos y fertilizantes, y finalmente los servicios portuarios por tonelada embarcada.

En efecto, valor de la tierra-comercialización-embarque fue el núcleo con el que se esperaba recuperar las arcas públicas severamente dañadas por la inflación heredada y lograrlo incidiendo sobre la cadena de producción e intermediación más beneficiada por la política económica de los últimos cuatro años. Ni la clase media ni los humildes serían los impactados, el efecto redistributivo de los mejores servicios estatales los tendría como beneficiarios.

https://www.eldestapeweb.com/nota/-que-se-debatio-en-la-sancion-de-la-ley-impositiva-2020–202011022340

Habremos sido diez o doce los compatriotas que nos reunimos con Jesús Reyes Heroles, el ministro del interior mexicano, aquella fría y lejana mañana de marzo de 1977. Faltaba poco para que se cumpliera el primer aniversario del golpe de Videla y las distintas fracciones de exiliados argentinos habíamos decidido hacer un acto para denunciar la situación que atravesaba nuestro país. Y allí estábamos, unos y otros, con la intención de pedir permiso en representación del conjunto.

Reyes Heroles, que había completado su formación académica en Buenos Aires y La Plata, miró hacia la ventana de su amplia oficina, que daba al Paseo de la Reforma y, si mal no recuerdo, tosió sobre una mano antes de hablar. Por supuesto que sí, respondió. Ustedes y el resto de sus amigos pueden manifestar contra las dictaduras o sus gobiernos y hacer cuantas reuniones políticas quieran con total libertad –dijo, volvió la vista hacia nosotros y agregó: pero les sugiero que se abstengan de intervenir, como extranjeros que son, en cualquier asunto interno.

Estas pautas, en líneas generales, fueron las que guiaron el accionar del exilio argentino y también el de miles de latinoamericanos que por entonces buscaron refugio en México, en España y en otros lugares del mundo. Artistas, científicos, estudiantes y trabajadores que atravesaron un período de tiempo curiosamente cautivador para pensar, pero terrible de experimentar, como decía el profesor Edward Said.

Y la historia política argentina tiene muchos y distintos ejemplos al respecto. Alberdi, Rosas, Echeverría, Sarmiento, Marcelo Torcuato de Alvear y Juan Perón, entre otros, dependieron en su momento de la hospitalidad de otros países para resguardar sus vidas. Y para encontrar un sitio donde, según la etimología de asilo, nadie pudiera molestarlos o censurar sus ideas.

Pero Argentina, que recién en 1961 adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que había sido aprobada en los años cincuenta, también posee una importante trayectoria en cobijar exiliados. Fue un sinfín de contingentes que, a lo largo del siglo XX, terminó de pulir nuestra diversidad cultural. La lista puede comenzar con los desterrados por la guerra civil uruguaya y la primera guerra mundial. A estos le siguen los que emigraron por la revolución bolchevique, la guerra civil española y el nazismo. De hecho, Argentina fue uno de los países latinoamericanos que incorporó más refugiados judíos entre 1933 y 1945.

Y por último están los que escaparon durante la segunda guerra mundial, o cuando esta terminó, y los que fueron expulsados por las dictaduras de América Latina en las décadas pasadas o sufrieron los últimos conflictos que transcurrieron en África, Asia y Europa. Natalio Botana, Rafael Alberti, Manuel de Falla, Pablo Neruda, Mario Benedetti, entre ellos.

Por otra parte, es cierto que la política exterior argentina carece de un perfil totalmente estable y definido. Más aún: si se estilizan la historia y los conceptos, es dable afirmar que a lo largo del tiempo se han alternado breves períodos de autonomía relativa con otros de mayor o menor alineamiento con las potencias de turno. Pero, así y todo, es posible constatar que un puñado de valores se han mantenido de un modo constante en las etapas democráticas. La defensa de la paz, del multilateralismo, de la integración regional y, como se expuso más arriba, la protección y promoción de los derechos humanos y humanitarios. Cuatro o cinco principios que, en suma, constituyen nuestro capital simbólico y que hasta ahora, junto con la causa Malvinas, nunca pudieron ser monetizados. Es decir, intercambiados por una promesa de inversión, de un acuerdo comercial o por una efectiva negociación de la deuda pública.

¿Por qué estas reflexiones? Porque en los días que corren algunas voces han cuestionado el asilo que el gobierno concedió a Evo Morales. Es una jugada que procura un doble objetivo. Primero, distanciar al personaje de Bolivia, pidiendo su salida de Argentina justo cuando las nuevas elecciones en ese país han sido fijadas para mayo próximo y la agrupación política de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), se apresta para cumplir un rol destacado en este proceso. Segundo, promover su desprestigio pretendiendo que se pase por alto que Morales fue elegido en forma democrática en tres oportunidades y que durante sus gobiernos se respetaron, sin limitaciones, las libertades públicas. Y que, a pesar a sus errores en cuanto a forzar la prolongación de los mandatos, como él mismo admitió, fue compelido a renunciar por una coalición de opositores y fuerzas represivas. En otras palabras, mejor mantenerlo lejos y, si es posible, proscripto para siempre. Pero en su afán, desconocen que buena parte de nuestra sociedad civil y política suele honrar su pasado de exilios y desexilios, y las tradiciones solidarias, a veces a cambio de nada.

El Mercado es la entelequia que regula el contenido de la civilización actual. Ubicado entre lo humano y lo social se ha transformado en un constructo omnipresente en nuestra cotidianeidad. Y no sólo como idea sino como comportamiento.

El concepto «precio» está naturalizado de manera simple en nuestras acciones, pero es uno de los desvelos de la economía. El hombre acciona en sociedad mediante transacciones interhumanas de manera permanente como resultado de una vitalidad existencial. Los intercambios implican siempre algún «dar y recibir» que lleva a un precio implícito o explícito.

El saber popular -aquí habría que buscar la esencia de la corrupción- reconoce esa realidad cuando plantea que «todo hombre tiene su precio». El precio como condición humana sanciona la prevalencia de la economía material por sobre la moral subjetiva. Y hasta el poder cede ante el precio y sus circunstancias: en tiempos históricos, el rey-sol estableció una equivalencia entre el valor de su reino y el precio de un caballo.

La ciencia económica ortodoxa delega las potencialidades de determinación del precio en una construcción artificial y el discurso dominante impulsa la necesidad de obrar según las conveniencias del Mercado. Es el rey al cual se someten políticos, empresarios y trabajadores tanto para tomar decisiones como para justificarlas.

Sin embargo, los lingüistas afirman que el término pretium «precio» es de etimología difícil relacionada con inter-pret- en el sentido de «regateo, fijado de común acuerdo». Desde sus orígenes en las civilizaciones antiguas los términos valor y precio no se vinculan con las transacciones de compra-venta sino en el pago. Curiosamente, algo es a-preciado cuando no tiene precio.

El Estado ante el Mercado

Antropológicamente el precio emerge del tira y afloja entre el comprador y vendedor, una construcción sucesiva de tomas y dacas argumentales, de convencimientos sobre intereses y conveniencias. Es absolutamente inexacto que el Mercado fijara un precio. También lo es hoy. ¿Acaso discutimos el precio del pan con nuestro panadero? ¿O el del agua con la distribuidora? ¿O la tarifa con el taxista? La realidad indica que adaptamos el precio que fija la oferta o no concretamos el intercambio. Siempre. O casi siempre.

Hay que mirar -entonces- hacia el lado de la oferta. Y analizar cómo se forman los precios en un escenario donde la tendencia es maximizarlos. Todos los precios son políticos y hay formadores de precios, así como hay formadores de opinión.

Si todas las empresas son públicas -los estudios demuestran que son más públicas las PYME´s que las grandes corporaciones- y todos los costos son políticos -los salarios, las tarifas, los insumos- ¿cómo es que la política de control del Estado cede ante la economía del Mercado, una suerte de altar del sacrificio de la realidad?

Necesidades y valores

El ser humano porta necesidades, por eso es un sujeto económico. Pero también porta valores, por eso es un sujeto ético. La civilización occidental -a pesar de sus tendencias recesivas- es una civilización de precios, no de valores. Está basada en comportamientos oligopólicos de la oferta de mercado. Los modelos de administración política neoliberal se consolidan en el rechazo a la intervención de la política en los temas económicos. Pero los precios y su formación son definitorios para estudiar y comprender los procesos sociales y actuar en consecuencia.

La estructura socioeconómica es multidimensional y admite distinguir al menos dos componentes: el real, dado por la producción y el consumo de bienes y servicios (ente ellos, el trabajo), y el monetario, que incluye los aspectos financieros derivados de los medios de pago que -sea dinero nacional o dólar- no son sino deuda.

La productividad de una economía depende de sus componentes reales (naturaleza, trabajo, tecnología) y la distribución del producto es consecuencia de sus componentes monetarios (capital, deuda).

La economía produce por la energía y distribuye por la tasa de interés; así funciona el capitalismo.

El innombrable «precio justo»

El «precio justo» es una innombrable palabra, un vituperado concepto que contradice la racionalidad del capital y trae la moral humana a la economía. Por eso se lo oculta en el discurso. El capitalismo -que carece de ética dado que es amoral- prefiere relacionarlo con una suerte de decisión del Mercado. Si un precio se fija por el mercado, si es aceptado y pagado por el consumidor, es justo. Así de simple. El nombre de lo justo es el nombre del Mercado y sus ideólogos afirman que es el empresario quien, mediante el mecanismo de los precios, determina la relación entre el capital y el trabajo en la producción.

En Argentina, el neoliberalismo de Cambiemos ha tenido un éxito tan sustantivo como oculto: destruyó los compromisos éticos y humanos de la economía popular. Arrasó el sistema relacional de precios internos -tanto los nominales como los reales-, redujo la capacidad adquisitiva del salario, acentuó la dolarización y dejó atado el desarrollo futuro a la deuda interna y externa. Esta situación de anarquía aparente acentúa nuestras contradicciones, aleja y dificulta soluciones nacionales e inserta las decisiones macroeconómicas en el mundo globalizado.

Cómo establecer un sistema de precios justos

Una de las más importantes tareas del gobierno nacional y popular será establecer un sistema de precios relativos y justos que fomenten la ocupación y satisfagan la necesidad de emerger de la pobreza. Debe hacerlo con las restricciones propias del sistema capitalista de base financiera y tecnológica: la correlación «tasa de interés-tipo de cambio-inflación».

Mal que nos pese, en la economía actual el salario real es una deriva cuya mejora necesitará un plan económico de largo alcance y eficiente, una política racional de recursos naturales y una administración pública ordenada. Se transita en ese camino, se está haciendo, pero surgirán conflictividades de clase, dogmas fundamentalistas y complejidades externas. Enfrentarlos será la tarea más difícil para la unidad del campo popular.

Habíamos señalado desde esta columna que la gestión de Cambiemos, sobre todo desde el fallido acuerdo con el FMI, había producido una caída relevante en la monetización de la economía. Se define como monetización al volumen de pesos circulante en poder del público más los depósitos totales medidos como porcentaje del PIB.

Este denominado coeficiente de monetización –pesos emitidos/PIB- oscilaba entre el 24% y el 28% del PIB durante los 90 pos-Hiperinflación y también en la primera década y media de este siglo pos-crisis de la Convertibilidad. El deterioro de la actividad productiva durante el gobierno de Macri, fue acompañado de una baja paulatina de la monetización de la economía al calor del aumento de los activos representativos de la especulación financiera. Situación que se agudizó con el correr de 2019 y que las primeras acciones de las nuevas autoridades del Banco Central intentan revertir.

El cuadro que sigue cuantifica lo expresado en los párrafos precedentes:

(*): M3= Billetes y monedas en favor del público + depósitos totales

Fuente: BRCA, INDEC, elaboración propia.

La Base Monetaria y los Agregados Monetarios totales avanzaron 1,9 y 5,1 del PIB respectivamente, en un intento de dotar a la economía de medios de pago que faciliten un mayor volumen de transacciones derivadas de la reactivación provocada por los estímulos a la demanda, previstos en el inicio del gobierno.

En esa dirección se dirige la creación de dinero de alta potencia por emisión directa, aumentando la base monetaria.

Se puede advertir que a partir del mes de noviembre la base monetaria experimenta una aceleración en su crecimiento hasta ubicarse en 34%, por arriba del promedio del mes de septiembre hacia finales de diciembre.

Esta mayor liquidez con que se ha dotado a la economía permitió una reducción de 800 puntos básicos en la tasa de referencia de la política monetaria (tasa de LELIQ), siendo el punto de partida imprescindible para reconstruir el crédito de corto plazo que permita que el capital de trabajo de las empresas medianas y pequeñas acompañe un mayor nivel de ventas.

Los economistas ortodoxos, acostumbrados a plantear la inflación como un fenómeno estrictamente monetario, han comenzado a cuestionar el sendero descripto. Sin embargo, hay dos factores a tener en cuenta:

• La baja monetización en que se encontraba la economía referida a los párrafos precedentes
• La demanda de pesos que acompañan necesariamente un mayor nivel de actividad

Sin duda, el impulso monetario puede ser estéril e inclusive inflacionario si no se inscribe en dos rumbos definidos: los mencionados estímulos a la demanda que reactiven la actividad productiva y la búsqueda de equilibrios macroeconómicos que tornen esa expansión sustentable en el tiempo.

Decíamos en las dos columnas anteriores que el gobierno procura un equilibrio fiscal expansivo donde la recaudación evolucione por encima de las erogaciones. También los horizontes del equilibrio externo, que arranca con un voluminoso superávit en la balanza comercial que debe ser acompañado de un adecuado programa financiero. Y, finalmente, la política monetaria que acompaña ese escenario.

En escasas tres semanas se ha delineado un programa económico del gobierno que intenta superar la grave crisis recibida, autoinfligida por el macrismo. Los pasos van en la dirección correcta, todavía es necesario caminar un trecho.

El mundo moderno tiene un drama que es la falta de trabajo, las maquinas y equipos han reemplazado y van a seguir reemplazando y en escala mayor al trabajo humano, máxime para los países del tercer mundo donde se combina la falta de inversión con el hecho que las producciones de bienes y servicios transables (que se comercializan internacionalmente) de mano de obra intensiva, se realizan básicamente en los países del este asiático. Lo sufren los países centrales que han visto trasladar esas industrias a China, India, Malasia, Corea del Sur, Indonesia, etc. pero también nosotros, ejemplo claro de lo que decimos, nuestra Provincia de Córdoba, en 1969, año del “Cordobazo, tenía importantes industrias y una  producción agropecuaria diversificada y en base a chacareros y establecimientos cooperativos de manera tal que, eran los trabajadores mejores pagos del país y donde mejor se distribuía el ingreso. Cincuenta años más tarde tiene niveles de desocupación abierta, pobreza y exclusión social mayor que el promedio de la Argentina.

El gobierno de Cambiemos les aseguraba altas tasas de ganancia a un sector minoritario y más concentrado de la población, que a su vez tenía poco efecto multiplicador sobre el resto de las actividades, con lo que perpetuaba una integración al mundo donde le vendíamos materias primas o a lo sumo con un margen mínimo de valor agregado como es el caso de los granos, harinas y aceites, más petróleo, gas, oro[1] y otros minerales, configurando un país primarizado con una gran desigualdad en el ingreso.

Es más, en el gobierno de Cambiemos se podía tener trabajo pero su remuneración era menor que el salario de subsistencia, se tenía trabajo y no se podía alimentar debidamente a la familia.

De esa forma el gobierno de Macri empujó a la pobreza a cinco millones de argentinos, nos endeudó por 129.000 millones de dólares de los cuales unos 85.000 millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44.000 millones de dólares con el FMI y, por esa deuda nos obliga a subordinarnos a ese organismo internacional.

Cuando se presentó el proyecto de ley de emergencia económica, social y sanitaria, que denominaron de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el 17 de diciembre de 2019, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó a los Diputados de la Nación que el 60% de los niños de este país son pobres y mes a mes ha bajado el consumo de leche; que un millón y medio de jóvenes no trabajan ni estudian; y que la situación es más grave en el conurbano bonaerense y en localidades del interior del país. Sumemos a eso el cierre de empresas y la desocupación de trabajadores, que incluye el menor trabajo informal (changas), más el alto endeudamiento de las familias con préstamos personales y tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes, lo que en conjunto genera una fuerte vulnerabilidad social.

El problema de los jóvenes que no trabajan ni estudian no es solo un problema de la familia a la que pertenecen, sino que nos interpela a toda la sociedad. Si Perón decía que gobernar es generar trabajo, debemos ingeniarnos no solo para que se abran nuevas fuentes de empleo, sino también la de remunerar trabajos que no se pagan (como el de ama de casa, cuidado de enfermos, de ancianos, controles de precios de bienes de la canasta alimentaria, de los medicamentos, tareas comunales, etc.), en fin debemos generar nuevas modalidades de empleo pero que todos percibamos un ingreso y el que puede hacer eso es un Estado consciente y que priorice la lucha contra el hambre y la pobreza, y ese gobierno es el de los Fernández.

LA PACIENCIA TIENE UN LIMITE

Sin lugar a duda los sucesos vividos en la Provincia de Mendoza reflejan mejor que cualquier otro ejemplo lo que decimos.

La reconversión vitivinícola que posibilitó el cambio de cepas de uva criolla a uvas finas (especialmente el Malbec que se destina mayoritariamente a la exportación) que tomara impulso en la década de los noventa con el desembarco de grandes corporaciones y fondos de inversión: Rothschild, Allied Domecq, Seagram, Chandon, CINBA, Sogrape, Hiram Walker, Pernod Ricard, Fabre Montmayu, Salentein, Fournier, Codorniu, Grupo Arco, Ward Lay, Holcim, Michel Rolland, Concha y Toro, Santa Rita, Montes, Lurton, Salenteim, Kendall Jackson, ente otros, que adquirieron empresas preexistentes y en el mejor de los casos laS reconvirtieron para producir vinos premium y extra premium, se suman a las bodegas tradicionales como las del Grupo Cartellone, Catena-Zapata, Zuccardi, y hasta grandes grupos locales como la familia Pérez Companc que comprara en el año 2002 las bodegas Nieto Senetiner y posteriormente Argenta y Ruca Malén, que implicó también la importación de maquinas, equipos y hasta prensas, estrujadoras, tanques de acero, barricas y toneles que desplazó la producción metal mecánica de la provincia y sustituyó trabajadores en los viñedos y bodegas, lo que explica la alta tasa de desocupación[2], los bajos salarios y niveles de pobreza del 37,6% de su población para el primer semestre de 2019, pobreza y desocupación que supera a la de las provincias de cuyo.

Pensaban seguir con la explotación a como dé lugar de las minas a cielo abierto y para ello necesitaban reemplazar la ley 7722 que prohíbe terminantemente el uso de cianuro u otro compuesto o sopa química para separar metales.

No bien asumió la gobernación de la provincia el radical Rodolfo Suárez, el 10 de diciembre de 2019, envió al Congreso Provincial un proyecto autorizando el uso en la pileta de lixiviación de cianuro y ácido sulfúrico en las explotaciones mineras en la provincia, que incluso se hizo ley con el apoyo de los diputados y senadores de Cambiemos, pero también hubo varios del Frente de Todos, hecho que al ser conocido por la población generó el repudio generalizado y la movilización mayoritaria del pueblo mendocino en defensa del agua y del hábitat logrando que el mismo gobernador vete la ley que modificaba a la 7722.

Fuego amigo también sucedió en la Provincia de Buenos Aires, donde el Senado provincial no quiso tratar el proyecto de Ley de Código Fiscal, que con buen criterio la nueva administración envió, donde básicamente procura corregir la inequidad fiscal, gravando por encima de la inflación las propiedades rurales que superan las 2.000 hectáreas.

Primero, se establece un esquema de segmentación que beneficia a pequeños y medianos productores; segundo, se ajusta sobre el valor efectivamente abonado del impuesto en el año 2019, que según informa el Proyecto de Código Fiscal remitido al Congreso de la Provincia es de:

a) El ajuste fiscal sobre lo que pagaron en el año 2019 es del 15% para las propiedades cuya valuación no supere los $260.870.-

b) de 35%, entre $260.870 y $816.075

c) de 55%, entre $816.075 y $3 millones

d) de 55%, más de $3 millones y cuando la superficie de la tierra sea inferior o igual a 2.000 hectáreas

e) de 75% cuando las valuaciones de la propiedad rural sean superiores a $3 millones y la superficie de la tierra de más de 2.000 hectáreas.

Según informó el Ministro de Hacienda de la Provincia Pablo López, a más de la mitad de los propietarios rurales se les aplicará una actualización por debajo de la inflación 2019 (que hasta noviembre 2019 fue del 54,6% anual).Se paga en cinco cuotas en el transcurso del año 2020, los que pagan en una sola cuota se les descuenta el 20% del gravamen y, se implementará una serie de exenciones a propiedades pequeñas de producción agropecuaria, en especial la tambera.

El problema reside en que, nos dice el Ingeniero Agrónomo Luis Larrosa, según informa el Censo Nacional Agropecuario publicado en el año 2018, 2.516 Establecimientos Agropecuarios (EAP) son dueños de 11.158.368,9 hectáreas distribuidos de la siguiente manera:

Entre 2000,1 y 2.500 ha: 687 EAP por 1.544.893,8 ha

Entre  2.500,1 y 5.000 ha: 1.218 EAP por 4.208.555,1 ha

Entre 5.000,1 y 7.500 ha: 353  EAP por 2.111.138,5 ha

Entre 7.500,1 y 10.000 ha: 124 EAP por 1.065.886,7 ha

Entre 10.000,1 y 20.000 ha: 108 EAP por 1.493.193,8 ha

Más de 20.000,1 ha: 26 EAP por 734.701,0 ha.

Los Establecimientos Agropecuarios que tienen menos de 2.000 hectáreas suman 34.128 (93,13%del total), que sumados a los 2.516 establecimientos (6,87% de total) con más de 2.000 hectáreas, hacen un total de 36.644 establecimientos de la provincia. Lo que se propone es que los que poseen más de 2.000 hectáreas abonen el gravamen con un incremento en torno al 75% sobre lo que venían abonando.

¿Cuál es el valor fiscal de esos campos y cuál es el valor del mercado?, a ellos que se soslayan con que son las únicas leyes que deben regir. A lo que se le debe sumar una correcta fiscalización para saber si efectivamente pagan, dado que es tan poca la recaudación que es lo primero que se sospecha, de allí la ira y la oposición.

EN SINTESIS

La Argentina no es un país pobre, si es un país terriblemente injusto. Si en lugar de ganar y fugar capitales como hace la minoría rica (avalada por legisladores que le son funcionales) se distribuye mejor el ingreso, la Argentina crece sostenidamente porque el 75% de lo que produce lo destina al mercado interno.

El aumento del mínimo de las jubilaciones y pensiones que alcanza a cuatro millones de personas, el incremento en la AUH para un millón seiscientos mil beneficiarios y la instrumentación de la tarjeta social para adquirir alimentos de primera necesidad por una suma de $ 4.000 y de $ 6.000 por mes a cada beneficiario, dependiendo si el titular tiene uno o más hijos, alcanzará a cuatro millones de personas, todo eso en conjunto genera una demanda de alimentos que se producen y generan trabajo en el país.

El pensamiento keynesiano está detrás de las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández en estos primeros 25 días, donde es clave el rol del salario, del consumo interno y del Estado en la administración, gestión y programas de acción de corto plazo, mientras trata de acordar con los acreedores externos incluido el FMI, la suspensión de todos los pagos por lo menos por dos años. Propuesta que fue la Tesis con la que el actual Ministro de Economía, Martín Guzmán, se doctoró en los EEUU en el año 2008 y que, abrevó en el gobierno de Néstor Kirchner que suspendió todos los pagos hasta mayo de 2005, y allí reestructuró la deuda con una quita del 35% y extendió los plazos hasta el año 2021.

Referencias:

[1] Después de la soja y del maíz, es el producto de mayor venta al exterior, en el año 2018 se declararon exportaciones por 62 toneladas de oro por 2.243 millones de dólares.

[2] La tasa de desempleo se ubicó en el primer semestre 2019 en 8,8%. Mientras que la categoría “ocupados demandantes de empleo” (no les alcanza con un solo trabajo para vivir) alcanzó el 21,5%.

La imperiosa necesidad de que al gobierno de Alberto Fernández le vaya bien – Por Horacio Rovelli