Una de las acepciones que los lingüistas atribuyen al término calamidad deviene del latín «calamitas», que significa plaga. Es representativo de una verdadera tragedia, un desastre que emergía cuando los vientos hacían estériles las trillas volviendo a mezclar la paja con el trigo y volviendo inútiles los trabajos que los pueblos agrícolas efectuaban. El neoliberalismo es una calamidad.

Siguiendo un recetario clásico de las finanzas, nos deja el futuro sembrado de vientos con la expectativa de que produzcan tempestades sobre las economías políticas populares, transformen en infructuosos los esfuerzos sociales y en fracasos los intentos políticos.

Esos vientos se instalan de variadas formas. El BCRA deja un peso inexistente y una deuda pública externa e interna impagable; los sindicatos convalidan los retrasos salariales; las leyes establecen recortes jubilatorios; el gobierno destruyó el sistema de precios e impulsó ajustes desmedidos de los servicios públicos; los oligopolios supermercadistas imponen los precios liberados a las conveniencias de la oferta; los bancos estimulan el déficit fiscal para prestar fondos al gobierno con altas tasas.

Como Ulises -que en la leyenda griega recibe de Eolo una bolsa con todos los vientos- el nuevo gobierno popular recibe una herencia plagada de vientos: pobreza, inflación con recesión, trabajo precarizado, desempleo, pérdida del salario real, endeudamiento financiero y social, ajuste fiscal.

El viento de las finanzas

No son vientos nuevos. Como en Chile, el experimento neoliberal argento nace en la dictadura cívico-militar (1976-1983) con la bicicleta financiera de la tablita de Martínez de Hoz, continúa con Menem-Cavallo (1991-1996) y la convertibilidad y su dinámica se convalidó en el carry trade de Macri (2015-2019) que triplicó la base de la dictadura (el nivel de endeudamiento anual fue de US$32.500 millones y el de la dictadura fue de US$10.306 millones).

Esto significa que el viento de la dictadura se potenció durante la gestión macrista. Se la define como «valorización financiera», un nombre académico que designa a la timba especulativa, cuyo rasgo es el endeudamiento público no aplicado para aumentar la productividad y el nivel de actividad económica -que cayó 8,8 puntos en términos del PBI per cápita entre 2015 y 2019- sino a imponer la patria financiera y la fuga de capitales al exterior.

El aumento neto de la deuda pública en moneda extranjera fue de US$103.808 M y la fuga de capitales alcanzó a US$93.667 M entre fines de 2015 y septiembre de 2019.

Este viento nace en un mecanismo de acumulación que prioriza el discreto encanto de la ganancia financiera, en detrimento del sacrificio y los riesgos de la producción. Este es el motivo por el cual se desatiende el mercado interno, el salario y el empleo. Lo que suele llamarse «seguridad jurídica» es permitir que el negocio cierre.

El cepo aprieta pero no ahorca

Como en el tango de Maroni, Macri encarna un «cepo que me hiciste mal y sin embargo te quiero» y termina optando por los remedios de Cristina. Y el cepo vuelve en una secuencia de desarme-liberalización del mercado cambiario-endeudamiento externo-tasa de interés de niveles positivos y altos-quita de regulación al ingreso de capitales extranjeros especulativos -devaluación-vuelta al cepo.

¿Cuál fue la diferencia? Aquel cepo se usó para permitir mantener mayores niveles salariales y de ocupación. Éste fue consecuencia de haber garantizado a los inversores financieros la perfecta bicicleta: traer y sacar los dólares en base a la desregulación; los especuladores sabían que las divisas estaban disponibles porque el endeudamiento las suministraba; y percibían fuertes ganancias en dólares, porque todo ese ingreso de billetes mantenía el tipo de cambio atrasado. Y porque la tasa de interés del BCRA (Lebac, pases a 7 días y Leliq) ofrecían un buen diferencial especulativo. El Estado Nacional (y provincial) estaba detrás como gran deudor y garante de la apropiación.

Hacelo que no me doy cuenta: la contrapartida internacional

Nadie puede suponer que el FMI desconoce esta operatoria. En plena crisis de junio de 2018, Argentina recuperó su condición de mercado emergente según el MSCI (una institución del sistema financiero internacional que administra la Banca Morgan). Ello fue el premio por la desregulación pero incluyó la advertencia de perder la categoría si volvía atrás en las medidas. He aquí otro viento sembrado.

El FMI auspiciaba la llegada de dólares que se convertían e invertían en deuda pública en moneda nacional con buena tasa y después volvían al dólar, con buenas ganancias. Tras la megadevaluación, que arrancó en abril del año pasado y no llegó a parar del todo hasta la reciente reinstauración del cepo cambiario de US$200 mensuales, el BCRA se vio obligado a ofrecer cada vez más y más tasa en pesos para superar a una inflación y una expectativa de devaluación que se elevaron por las nubes.

Contra estos avatares y el sombrío horizonte que recibe, el gobierno popular se enfrenta a la frase del expresidente de USA John Quincy Adams, quien reconoce que «Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada. La otra es la deuda.»

Que el viento de la deuda sembrado por Cambiemos no se transforme en la tempestad que azotó a Ulises depende tanto del apoyo popular al gobierno de Fernández como de su propia condición de estadista, una suerte de domador de vientos al estilo de Leopoldo Marechal.

https://www.elextremosur.com/nota/22375-el-neoliberalismo-como-calamidad-alberto-hereda-los-vientos-de-ulises/

El gobierno de Cambiemos empujó a cinco millones de argentinos a la pobreza (la mitad de los niños de nuestro país tienen carencias que dejan secuelas irreparables en su vida), destruyó eslabones de la cadena productiva e hizo que una parte importante de los trabajadores perciban salarios por debajo de la línea de subsistencia, trabajan y son pobres. Redujo fuertemente el poder adquisitivo de los haberes previsionales de manera tal que, no menos de la mitad de los siete millones de jubilados y pensionados nacionales deben optar entre comprar la medicación o comer.

Paralelamente endeudó al país de sobremanera porque decidió financiar el déficit fiscal que es en pesos (a los proveedores, contratistas, trabajadores, jubilados y pensionados del Estado se les paga en pesos) con dólares que consiguieron colocando títulos de deuda y a corto plazo. Y cuando no pudieron hacer frente a los vencimientos nos ataron al FMI.

Toda esta política benefició esencialmente a los grandes bancos; al sector energético y a la minería; y a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos.

• Los bancos: En 1974 había en el país más de 600 entidades financieras, la mayoría eran cooperativas y cajas de crédito que utilizaban el ahorro local (del barrio, del pueblo, de la ciudad) para prestárselo en pesos a los productores, comerciantes y para la construcción de viviendas de esa misma localidad. Actualmente hay 78 entidades pero solo 10 (diez) de ellas [1] reciben el 85% o más de los depósitos. Mientras que en 1974 el total de crédito al sector privado era el 35% del PIB, ahora es solo el 7,5%.  Prefieren prestarle al BCRA en LEBACs (Letras del BCRA) y ahora LELIQs (Letras de liquidez del BCRA a siete días) con una tasa altísima y segura (paga el Estado) con lo que captan depósitos del público y  le prestan al BCRA, sin ningún riesgo y ganando un spread o renta diferencial excepcional.
• La energía: Basta ver cómo aumentaron en la gestión de Cambiemos los precios de los combustibles y de la energía eléctrica para ver quiénes fueron los otros beneficiados del modelo macrista. Desde el 10 de diciembre de 2015 al 31 de octubre de 2019 el precio del petróleo y el gas se incrementó en un 368,3%; el de la energía eléctrica 794,1% y, los precios a nivel general 272,8%. Por supuesto que menos crecieron los salarios, jubilaciones y pensiones. Cuando uno observa quiénes son los dueños de esas empresas, se encuentra con la firma Pluspetrol de Edith Rodríguez de Rey, la mujer más rica de la Argentina; la anglo holandesa Shell (cuyo CEO, Juan José Aranguren, fue ministro de energía de Macri); Axion (del grupo Bulgheroni en asociación con ingleses y chinos); e YPF donde es importante la participación estatal. Y si nos referimos a la provisión de electricidad, observamos el peso del grupo Pampa Energía que es a sus vez propietario de Transener y Edenor, cuyos principales accionistas son Joseph Lewis y Marcelo Mindlin, ambos ligados a Mauricio Macri; o las empresas vinculadas a Nicolás Caputo, el hermano del alma de Mauricio, que asociados a los españoles (Endesa), a los italianos (Enel) y a capitales chilenos, controla Edesur; y las empresas de Rogelio Pagano, dueño de Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap.
• La minería: la Argentina exporta 62 toneladas de oro por año por unos 2.244 millones de dólares, que es el tercer producto más vendido del país, todos explotados por capitales extranjeros. Las principales empresas son la canadiense Barrick Gold en Mina Veladero en San Juan, la norteamericana Newmont Goldcorp en Cerro Negro – Santa Cruz, la australiana E2 Metals Limited en Cerro Vanguardia también en Santa Cruz y, en Bajo la Alumbrera en Catamarca, la firma Glencore de Inglaterra. Todas ellas le pagan al Estado nacional 4 pesos por cada dólar exportado y a las provincias el 3% del valor en la boca de pozo. Gozan de estabilidad fiscal por la ley 24.196/1993 vigente de inversiones mineras, que hace que por un período de 30 años no puede verse afectada en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad.
•  El “campo”, como les gusta llamarse a las patronales agropecuarias, teniendo la tierra más fértil del planeta contribuye con el impuesto inmobiliario rural solamente con el 0,4% del PIB [2]. Por dólar exportado aportan 4 pesos y, los productos agropecuarios y su manufactura representan el 67% de los 53.848 millones de dólares vendidos al exterior por nuestro país en los primeros 10 –diez– meses del año 2019. Por supuesto tienen nombre y apellido, entre los grandes productores el Grupo Grobocopatel, el Grupo el Tejar, el Grupo Don Mario y como acopiadores y comercializadores ADM, Bunge Ceval, Cargill, Cofco, Louis Dreyfus y Glencore Agriculture Limited. Todos ellos gozan de una renta extraordinaria por su situación de predominio en sus respectivos mercados, cautivos de su política y de sus designios, fijando las condiciones de producción, de comercialización y de precios, y pagan impuestos muy por debajo de su capacidad real y potencial.

Marco interno y externo

En esa situación lo obvio y razonable es que se les grave con impuestos y que se les controlen sus precios, pero son sectores con poder real que se fortalecieron tras la dictadura de Videla-Martínez de Hoz y no están dispuestos a ceder un ápice de su posición de privilegio, a la vez que, por estar posicionados en sectores estratégicos como son el sistema financiero, minería, energía, alimentos e ingresos por exportaciones, se torna muy difícil disciplinarlos para que cumplan con la normativa general.

Si a lo relatado le sumamos la presión del FMI para que se le pague la deuda que contrajo Macri, presión que no solo significa cobrar, sino básicamente imponer condiciones que se resumen en una disminución del haber de jubilados y pensionados (cuando el 60%  cobran cerca de la mínima que a diciembre de 2019 es de $ 14.068 por mes) para que exista un mayor porcentaje del presupuesto para pagar los servicios de la deuda, y en la flexibilidad laboral que es el pretexto que tienen para reducir los salarios con el fin de mejorar las tasas de ganancia argumentando que así se facilitaría la inversión, cuando en verdad lo que hacen es reducir el mercado interno y condenarnos a una economía en recesión y más injusta.

Todo lo referido es en un marco en que los Estados Unidos vienen perdiendo la carrera tecnológica y comercial con China en primer lugar y en muchos nichos productivos y comerciales con Rusia y Alemania y, con ello, la primacía del dólar con respecto a las demás monedas.

Es por eso que el lunes 2 de diciembre de 2019 en forma inconsulta el Presidente Donald Trump decidió subir los aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de la Argentina y Brasil, aduciendo la devaluación que han realizado ambos países en el peso y el real respectivamente.

Fija un tope de 180.000 toneladas anuales, sumando acero y aluminio. Las ventas de biodiésel, acero y aluminio, restringidas por Trump, representan más del 40% de las exportaciones argentinas a ese destino, que es el segundo socio comercial en el hemisferio después de Brasil.

Tampoco el actual gobierno de Brasil nos la hace fácil, tras devaluar el real al nivel más bajo desde su creación en 1994, un dólar vale 4,24 reales al 4 de diciembre de 2019. Para que Estados Unidos no le suba los aranceles, ofrece comprarle más trigo, disminuyendo lo que adquiere en la Argentina.

A lo antedicho debe agregarse que al revés de lo esperado, ni la India ni China, los dos países más poblados del planeta y que tienen una sostenida tasa de crecimiento de su PIB, muestran apuro alguno en cambiar la matriz energética que en ambos es a base de carbón mineral (coque), con lo cual la demanda y por ende el precio del gas shale tienen un fuerte freno, que se refleja al interior de la economía estadounidense y agrava el panorama financiero de las petroleras, por la propia característica de la producción no convencional que obliga a una inversión al alza constante para contrarrestar la caída de producción que sufre rápidamente este tipo de yacimientos.

Finalmente, en el plano político, la intromisión de los Estados Unidos mediante la OEA en Bolivia y el respaldo a la administración de Sebastián Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia y Martín Vizcarra en Perú, frente a las protestas de la población, son ejemplo flagrantes de que el imperio no está dispuesto a soportar ningún modelo que trate de ser independiente de sus designios y que nos sigue considerando su patio trasero.

Tarea

Alberto Fernández era el segundo de Néstor Kirchner y vio y se formó en generar poder a través de medidas férreas que hizo que, con solo el 22% de los votos alcanzado en las elecciones nacionales del año 2003, pese a la presión de los grupos de poder y la supervisión del FMI, que es la quinta columna del imperio, se logró

• avanzar sobre la justicia menemista;
• suspender el pago de la deuda;
• congelar las tarifas y controlar el tipo de cambio;
• aumentar por decreto salarios, jubilaciones y pensiones, lo que recreó el mercado interno.

La Argentina, como el Ave Fénix, resurgió de las cenizas. Se pusieron en marcha las máquinas paradas, se incrementó la compra de insumos y la contratación de trabajadores  y crecimos a tasas chinas. Ese circuito virtuoso debe reproducirse, con las limitaciones actuales, que básicamente no son distintas a las que Néstor Kirchner y su equipo enfrentaron en mayo de 2003. Con claros objetivos que son el de crecer y generar puestos de trabajo, mejorar la situación de la población, redistribuir mejor el ingreso, todo basado en fortalecer el mercado interno, la Argentina se puso de pie.

Se trata de repetir la historia.

[1] Entre las diez el Banco de la Nación Argentina, el Banco Provincia de Bs As y el Banco de la Ciudad de Bs As

[2] Se recauda más con el impuesto inmobiliario urbano que el impuesto a la tierra productiva

Que los funcionarios presenten públicamente balances de gestión es muy bueno, máxime un presidente que concluye su mandato. Lo sorprendente es que Mauricio Macri monologó frente a las cámaras durante cuarenta minutos para ratificar un conjunto de mentiras que, cínicamente, ha venido repitiendo prácticamente desde el inicio de la gestión.

Es hiriente para el pueblo argentino oír que un presidente saliente, que sufrió una derrota contundente en primera vuelta electoral en su intento reeleccionista, describa una variedad de bondades ficticias en un país lacerado por casi un 41% de pobreza y un 11% de desempleo.

Este ha sido un gobierno de una enorme carga ideológica, portador de una cosmovisión que sólo una acendrada conciencia de élite privilegiada puede generar y trasladar a las acciones de la administración.

Macri miente, sin dudas, pero lo hace con la convicción de que ese discurso falaz es el que debe transmitírsele a un pueblo cuyo destino sólo puede estar signado por el escenario de miseria provocado. Es un discurso que sólo busca legitimar a la clase social a la que pertenece.

Es difícil imaginar un gobierno que en cuatro años recibió U$S 61.000 millones frescos de los mercados internacionales y U$S 45.000 millones del Fondo Monetario Internacional, -un total de U$S 106.000 millones- y no haya podido instalar, ni siquiera, un proyecto nacional sustentable en su macroeconomía, aún con un carácter conservador regresivo. Sólo una élite voraz e inepta puede llevarse casi U$S 90.000 millones fuera del país en tan sólo cuatro años, sin reparar en sus consecuencias. Pero lo más grave que trasunta el discurso falseado de Mauricio Macri es que subyace una idea acerca de los límites que le ha impuesto el movimiento popular, cuya expresión máxima fue el pronunciamiento de las urnas, a esta conducta predatoria y elitista. Por eso su discurso carece de autocrítica: sólo mentiras cansinas.

La élite que gobernó este tiempo está visiblemente molesta con las instituciones y la democracia, y Macri lo exterioriza cuando habla de valores y subjetividades, ignorando la realidad palpable. Tal vez expertos en calidad institucional podrían proponer sanciones y/o límites al desparpajo con que el presidente se ha dirigido a su pueblo. En ese desprecio hacia sus oyentes, que mayoritariamente le votaron en contra, se encubre la idea despectiva sobre la «democracia del número».

El discurso de salida de Macri no debe ser abordado desde el análisis de sus números, que la realidad desmiente, sino como la expresión del fracaso de un modelo de país rechazado por la voluntad popular. También por cuál será la actitud de esa élite hacia futuro. Mentir cínicamente todo el tiempo implica un desprecio por los interlocutores y eso es lo que Macri ha hecho el jueves pasado.

https://www.eldestapeweb.com/nota/se-van-como-llegaron-20191272000

El dinero nace de la necesidad de expresar y medir en un denominador común el valor de distintas mercancías (entre las cuales se considera al trabajo). «Precio» es el valor de una mercancía expresado en dinero. Gracias a la existencia del dinero, el productor del bien o servicio sabe que el fruto de su trabajo es valor.

La principal función del dinero es la de ser el nexo entre los distintos agentes que conforman el circuito económico de producción, distribución, comercio y consumo, de manera tal que crezca en espiral retroalimentándose, con lo que mejora el ingreso de la población.

Pero en nuestro país, y esencialmente cuando la restricción externa es mayor y por ende es menor el ingreso de divisas presente y futuro, empleamos nuestra moneda para la compra y venta de mercancías, pero usamos el dólar como reserva de valor (como ahorro) y para la compra de propiedades y bienes de mayor precio. Esa dicotomía provoca un deterioro permanente de la demanda de nuestra moneda. Si a ello le sumamos la necesidad de emitir dinero para financiar el déficit fiscal, se termina convalidando un aumento generalizado de los precios que a su vez erosiona el valor de la divisa en el mercado local, con la presión de que se ajusten ambos valores en una nueva devaluación, entrando en un circuito de devaluación-inflación que puede incluso retroalimentarse y terminar en fuerte devaluación y por ende alta inflación.

Esto sucede porque el tipo de cambio real es una relación entre los precios internos expresados en dólares y los precios internacionales. Si nuestros precios crecen más que los del exterior, tarde o temprano deben equilibrarse, de allí que cuando uno pondera el fuerte crecimiento de las importaciones debido al mayor nivel de actividad, como ocurre con la energía, la tecnología, y los insumos que no producimos o no lo hacemos en la calidad y cantidad suficiente, se atrasa el tipo de cambio. Además las importaciones innecesarias compiten deslealmente con la producción nacional, crece el gasto en turismo externo, y toda una gama de erogaciones que aprovechan el atraso cambiario.

Una parte del fuerte superávit comercial acumulado desde 2003 hasta 2012, de 128.100 millones de dólares corrientes, se empleó en pagar deuda externa. Otra parte se invirtió en el país, pero la fuga de capitales fue inmensa. Basta solamente con conocer la infidencia de dos empleados de bancos extranjeros que operan en nuestro país:

• Uno del banco HSBC, el ingeniero Hervé Falciani, que trabajó en la sucursal del holding financiero asiático-inglés en Ginebra, Suiza, quien extrajo la información referida a 130.000 clientes de la sucursal helvética, entre 2006 y 2008. Entre ellos había 3.900 cuentas bancarias abiertas por individuos y sociedades argentinas que no fueron declaradas al fisco argentino (fuga de capitales con nombre y apellido).
• Otro, un ex ejecutivo de cuentas del JP Morgan para Argentina, Hernán Arbizu, quien en su declaración ante la Justicia estimó que, entre los diez bancos con mayor actividad en materia de colocación de depósitos de argentinos en el exterior no declarados al fisco, se acumulaban en 2010 unos 85.000 millones de dólares en negro. En ese listado, Arbizu señalaba que en sólo cuatro de ellos se concentraba el 65 por ciento del monto fugado (55.000 millones de dólares). Entre esos cuatro, el HSBC aparecía en un tercer lugar con una cartera estimada en unos 10.000 millones de dólares.

Por supuesto la fuga de capitales se profundizó y expandió con el gobierno de Cambiemos, que levantó todas las limitaciones a la compra de divisas y su giro al exterior, de manera tal que, según el BCRA, desde el 1° de enero de 2016 al 31 de octubre de 2019 la formación de activos externos (FAE) de residentes argentinos en el exterior fue de 84.200 millones de dólares.

En el final de la gestión de Macri pusieron un límite primero de 10.000 dólares por persona y por mes, y de 100 dólares o 200 por home banking tras la derrota en las elecciones nacionales del 27 de octubre de 2019.

Haber dejado actuar libremente a las entidades financieras y cambiarias reprodujo el clásico de “pesos contra dólar”, de manera tal que las tasas que las entidades financieras les pagaban a sus clientes para que se quedaran en pesos fueron cada vez mayores y, aún así, no se frenaba la compra de divisas.

Si observamos el cuadro de grandes números del BCRA, apreciamos que las Reservas Internacionales descienden desde las PASO en 22.771 millones y en cambio la Base Monetaria que es el dinero creado y puesto en circulación por el BCRA se expande en $ 298.685 millones por un lado, pero por el otro se pierden depósitos en dólares en las entidades financieras del sistema por 14.469 millones de dólares, corroborando la “fuga”, También descienden las LELIQs, que funcionan como encaje remunerado (por $ 710.235 millones al 21 de noviembre de 2019).

En millones de pesos o de dólares según corresponda. Fuente: BCRA.

Lo que decimos con esto es que las reservas internacionales del BCRA son exclusiva y totalmente deuda externa contraída por el Tesoro de la Nación, que le vendió esa deuda al tipo de cambio oficial al BCRA (conformando sus reservas internacionales) para cubrir sus gastos en pesos (los contratistas, jubilados y pensionados, prestadores de servicios y trabajadores públicos cobran en pesos). Sin embargo, de esa deuda el BCRA vendió irresponsablemente a quienes sacaron esos dólares del circuito productivo argentino la suma de 22.771 millones de dólares tras las PASO, suma que es similar a los compromisos por deuda en divisas para los primeros seis meses del nuevo gobierno.

Paralelamente el BCRA pagó tasas siderales en LELIQs que rondaron el 70% anual en este año 2019, para que las entidades a su vez participaran de esa renta financiera a sus clientes, generando un circuito perverso que debieron pagar los tomadores de créditos con el único fin de frenar la depreciación de nuestra moneda, que tampoco consiguieron, dado que era de $ 20,20 la unidad de moneda de los EE.UU. el 25 de abril de 2018 cuando la autoridad monetaria vendió ese solo día más de 1.200 millones de dólares y se triplicó en su precio a noviembre de 2019.

Una nueva política monetaria y cambiaria

Se debe continuar con un férreo control cambiario e imponer un impuesto a la compra de divisas para ahorro, como hace Italia, que cobra una tasa del 19% por esa operación. De esa manera se da un primer paso para no repetir la puja entre tasa de interés y dólar en beneficio del capital financiero y perjudicando al sistema económico productivo y distributivo.

Todos los países que crecen en el mundo tienen tasas de interés bajas en su moneda y tipo de cambio alto. Tras la impericia del gobierno de Cambiemos el tipo de cambio es alto, medido como se lo quiera medir, incluso con los criterios de la convertibilidad. Si dividimos la Base Monetaria ($ 1.643.444 millones) por las reservas internacionales del BCRA (U$S 43.358 millones) da un tipo de cambio promedio de $ 38, por lo que si se persevera con el control cambiario, se está en condiciones de reducir drásticamente la tasa de interés y a la vez, generar créditos a plazos para que el aparato productivo en general y las pymes en particular puedan recomponer su capital de trabajo.

Lo demostró este mismo gobierno cuando impuso el severo control cambiario el lunes 28 de octubre de 2019 y observamos a un mes vista que el precio del dólar se detuvo (por fin) y las tasas de interés descienden. No descienden más porque los ahorristas temen un plan que inmovilice las imposiciones, con lo que de reducirse más la tasa ven que el riesgo es mayor que lo que pueden percibir de interés.

Varias propuestas profundizarían ese rumbo:

• Una moneda no convertible. Dados los serios problemas de liquidez generados por el gobierno de Cambiemos (falta plata para comprar bienes y servicios), y la necesidad de asistir a la población, se necesita contar con una moneda no convertible. No serviría para comprar pesos ni divisas u otros valores convertibles (joyas, oro, etc.) ni títulos públicos, acciones, cheques o cualquier otro instrumento bancario sujeto a interés. Sólo se podrían comprar y vender con ella bienes y servicios en el mercado interno y pagar los impuestos, por lo que serviría exclusivamente como moneda transaccional en la Argentina. A medida que el Estado nacional fuera percibiendo los pagos con esa moneda no convertible, rescataría esos billetes, reemplazándolos por pesos, de esa manera se crearía un medio de pago genuino y no atado al dólar
• Una tarjeta denominada DIGNA, pensada por un equipo de profesionales cuyo coordinador es el columnista de El Cohete Carlos Cleri, en que los beneficiarios de la AUH y los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima o en torno a ella, recibirían un refuerzo monetario mensual que solo podrían utilizar para consumir un conjunto predefinido de alimentos y medicamentos en una red específica de establecimientos, comercios y mercados. Esto sería posible porque el sistema funcionaría 100% de forma digital, pudiendo realizarse los pagos solamente a través de una tarjeta o de una aplicación móvil, la cual no autoriza una operación que incluya productos que no formen parte de la listan que compone el programa. El sistema funcionaría por fuera del circuito bancario. Para ello se debe crear una Blockchain (tecnología de vanguardia en términos de registro y transferencia de información) de propósito específico administrada por el Estado nacional.
• El uso de un cheque cancelatorio. Lo creó la Ley 25.345 para comprar propiedades (inmuebles, terrenos, etc.), pero debe ser transformado para que su uso sea exclusivamente en pesos. Se debe contar con dinero local y si se poseen divisas, hay que depositarlas en el banco, que libra el cheque cancelatorio. Contra ese cheque, el BCRA entregaría dinero local al tipo de cambio oficial.
• Recrear un Banco de Desarrollo, similar al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil que fomenta la expansión de la industria y la infraestructura del país, apoya a la exportación, la innovación tecnológica, el desarrollo socio ambiental sostenible y el apuntalamiento de la obra pública.

Existe una amplia gama de instrumentos para generar créditos y liquidez al sistema económico argentino, para lo que principalmente se debe terminar con la lógicas rentista de las leyes 21.526 de reforma financiera de 1977, y 24.144 de Carta Orgánica del BCRA de Domingo Cavallo, que deben ser modificadas para propiciar el crédito a la producción y al trabajo, para que el crédito vuelva a ser un bien público, tanto porque se nutre con la agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la economía de toda la población. No podría emplearse, en cambio, para comprar divisas o para la especulación financiera ni se prestaría a cuentagotas al sistema productivo, a tasas confiscatorias del capital del solicitante.

Basta ver que antes de la reforma financiera de 1977 el crédito al sector privado, no solamente era mucho mejor distribuido, abasteciendo a diferentes sectores y regiones del país, sino que representaba el 45 % del PIB. Al día 21 de noviembre de 2019 representa el 7,6% del PIB, y solo es negocio para los grandes bancos a los que les confiere un poder excepcional sobre la mayoría del país.

Se trata de que el dinero cumpla su rol de nexo y permita la realización de todas las operaciones propias de su función, ser un denominador común de todos los bienes y servicios y que tenga valor en sí mismo, valor que le confiere el Estado y que nace de una economía pujante en crecimiento y distribuyendo equitativamente los ingresos, como supimos tener, por ejemplo, en los gobiernos de Perón y de Illia.

Hablemos de dinero

A lo largo de varias columnas intentamos situar la problemática macroeconómica que el gobierno de Cambiemos ha generado sobre el futuro de los argentinos. Desequilibrios externo y fiscal, deuda pública, descontrol de las principales variables de la economía, desmonetización y alto desempleo han sido abordados desde estas líneas dominicales intentando ver, además, el movimiento estructural que Cambiemos ha provocado en la economía argentina, cuya reversión requerirá un notable esfuerzo.

En la presente, analizaremos el problema microeconómico más relevante, capaz de frenar los estímulos monetarios y fiscales a la reactivación económica: la capacidad de distribución y abastecimiento de bienes que tiene el tejido empresario de unidades medianas y de menor porte.

Desde el inicio de la crisis auto infligida de mediados del año pasado, con mayores consecuencias tras el plan de ajuste monetario y fiscal denominado «doble cero», se advierte una constante preferencia por la liquidez, es decir, por la caja contante y sonante, del tramado empresario en la Argentina. Esta necesidad de mantener niveles de stock bajos y comprar y vender en plazos muy cortos es consecuencia del natural estrangulamiento del capital de giro de las empresas, tanto por la caída del nivel de ventas como por la ausencia de crédito de corto plazo.

El conjunto de empresas medianas y pequeñas suele estar integrado en cadenas de valor, en su gran mayoría con terminales productivas y/o de distribución oligopólicas. Ese hecho implica que dichos agentes económicos imponen plazos de pago, normalmente entre 90 y 120 días, con muy escaso margen para discutir su modificación. Por el contrario, la mayoría de las unidades de negocios debe afrontar sus compras y el pago de sus gastos, como la nómina salarial, de contado o con un máximo de 30 días. Esta fricción o brecha entre el período de cobro de sus ventas y el pago de sus compras tiende a acumular pasivos de corto plazo que no encuentran causes de financiamiento. En una economía estable y con un horizonte de actividad económica sostenido al alza, esta brecha entre cobro y pago, que oscila los 60/90 días, es solventada por los proveedores, que aparecen menos urgidos por la liquidez, y por lo bancos, que otorgan distintas líneas de adelantos de cuenta corriente y/o descuento de instrumentos comerciales. Es decir, facilitan el giro normal del negocio en curso.

En la actualidad, frente a la volatilidad de precios y al encarecimiento, o directamente supresión del crédito, se puede dar la paradoja de que una empresa de porte mediano al aumentar sus ventas, mayor sea su estrangulamiento del movimiento habitual y termine malvendiendo activos de corto plazo para poder sostener el negocio. Por ello, la liquidez inmediata -la caja- se ha vuelto una obsesión en todas las unidades económicas del país.

Un programa de estímulos monetarios y fiscales a la demanda que provoque una fuerte expansión del consumo, medida imprescindible en el arranque del nuevo gobierno, se va a encontrar con empresas temerosas de intervenir activamente en la producción y distribución de bienes, y menos aún a hacerlo a precios estables, si no se resuelve esta problemática de estrangulamiento de capital de trabajo que ha ocasionado por la política de Cambiemos. En paralelo al programa de estabilización de variables en el marco del pacto social, es importante impulsar el desarrollo de un sistema crediticio de corto plazo que sustente el capital de giro de las empresas, sobre todo de aquellas de menor porte. Caso contrario, los efectos benéficos de la reactivación al interior del entramado empresarial serán apropiados por los agentes económicos oligopólicos, dada su mayor capacidad financiera.

En este sentido, hay tres senderos para recorrer:

1) El despliegue de una vastedad de instrumentos representativos de las ventas que sean objeto de respaldo y/o descuento para la obtención de un crédito bancario. Los títulos-valores comerciales, representativos de ventas realizadas, sobre todo a grandes cadenas empresariales, constituyen una promesa de pago segura para el respaldo de un crédito de corto plazo. Sin dudas, un fluido mercado de estos valores disminuiría la dependencia financiera de las empresas pequeñas y medianas de dichos agentes poderosos.

2) El impulso a las sociedades de garantía recíproca y el uso de scoring de calificación de riesgo crediticia, a base del promedio de ventas del último año, facilita mucho el sostenimiento de capital de giro de aquellas empresas con dificultades para afrontar la evaluación de riesgo bancaria.

3) Es central el rol de la banca pública otorgando créditos cuotificables a seis y doce meses que le permita a las empresas calzar sus pagos con sus cobros, sin estrés financiero ni necesidades permanentes de liquidez. Inclusive, es posible ponderar un mayor monto de crédito contra aumento de nómina salarial, como modo de facilitar mejoras en las remuneraciones y/o en la incorporación de nuevo personal.

El estrangulamiento de capital de trabajo que sufren las empresas medianas y/o pequeñas debe ser un tema en la mesa del acuerdo social ya que, de lo contrario, un programa de reactivación puede producir una agudización de esta situación y revertir alguno de sus aspectos benéficos, derivando en una mayor concentración de mercado, donde los agentes económicos poderosos hagan valer su mayor capacidad financiera.

https://www.eldestapeweb.com/nota/la-trampa-para-alberto-fernandez-el-capital-de-trabajo-de-las-empresas-2019113021550