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sábado, abril 18, 2026
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Estados Unidos y Suramérica ¿Una relación inviable?

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En una columna pasada, titulada “El retorno del fascismo de mercado”, situábamos la grave conflictividad desatada en Suramérica y la decisión de las élites regionales de abandonar las formas democráticas para sostener sus niveles de renta en un contexto de conflicto internacional y estancamiento del comercio global. Al igual que en las décadas del ‘30 y del ‘70, un crack a escala planetaria, como el ocurrido en el 2008, provoca una virulenta reacción de los agentes económicos poderosos para asegurarse el control del Estado y descargar las consecuencias del proceso crítico sobre el pueblo, situación reñida con el sostenimiento de formas democráticas y constitucionales.

Intentaremos, en esta columna, echar una mirada sobre el otro actor en juego, que tiende a respaldar el comportamiento de las élites en defensa de sus fuentes de renta: la política de los Estados Unidos hacia nuestro continente.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han ensayado diversas iniciativas comunes hacia Suramérica. Es recordada la Alianza para el Progreso de fines los ’50, que buscaba apropiarse de los mercados internos de nuestros países y forzar estrategias de desarrollo que sirvieran de dique de contención a los avances comunistas; luego, el Consenso de Washington al final de la Guerra Fría, que proponía ordenar el continente para recibir un flujo financiero y comercial de capitales resultante del nuevo mundo surgido tras la caída del Muro, que condensaba desregulación interna, apertura externa y privatización de activos públicos; por último, la creación de un área de libre comercio (ALCA), cuyo objetivo era apropiar la creciente capacidad de compra internacional de la región en el marco de la suba de los precios de los productos exportables, y que fue rechazada de plano en el encuentro de Mar del Plata en el 2005 dando, no obstante, lugar a la celebración de numerosos tratados de libre comercio (TLC) entre algunos países y los EE.UU.

En todas estas políticas estratégicas hacia Suramérica, el país norteamericano siempre acompañó sus pretensiones hegemónicas de incentivos que facilitaran su aceptación en nuestras naciones. La Alianza para el Progreso implicaba un fuerte desembarco de inversiones que expandían la capacidad productiva instalada, y, tanto el Consenso de Washington como el ALCA ofertaban insertarse en una potente corriente de expansión del comercio internacional con los beneficios derivados de dicho intercambio. En el presente, los Estados Unidos no ofrecen ningún elemento que haga digerible el modelo de sumisión que le proponen a Suramérica sino que, por el contrario, apelan crecientemente a imponerlo por la fuerza. No se avizora un fuerte flujo de inversiones de carácter productivo y modernizador, ni tampoco un intercambio creciente que permita expandir las economías por el lado del sector externo.

El cuadro que sigue muestra que Suramérica representa apenas el 4,7% del intercambio total del país del norte, con una balanza deficitaria total de U$S 15.935 millones. En el marco de las endurecidas políticas proteccionistas llevadas adelante por la gestión de Donald Trump, difícilmente el aumento de la participación en el comercio norteamericano y el cierre de dicho desequilibrio pueda producirse.

Estos números evidencian el grave conflicto desencadenado sobre nuestro continente. Se fuerza el desalojo de la presencia de China, segunda economía planetaria, y de otras naciones relevantes sin compensación de dichas pérdidas. Condenan a Suramérica a orbitar en una esfera de influencia que carece de horizonte expansivo en el intercambio y en las inversiones.

Estados Unidos encorseta a Suramérica a su propio límite geoestratégico apoyándose en élites miopes y segregacionistas, sin alternativa visible. Este planteo sólo puede darse en el marco de una ruptura de las formas constitucionales y de una violencia política creciente. Las naciones de esta región, sin poder definir autónomamente sus políticas de comercio e inversiones externas, son prisioneras de una potencia en declive que no oferta plan de desarrollo.

La inviabilidad de este esquema, a un plazo más mediato, se ancla en la reconversión del continente en economías primarias exportadoras cuyas producciones concluirán, en muchos casos, compitiendo con la propia potencia hegemónica. Sin desarrollo industrial e inversiones, Suramérica nunca podrá adoptar formas complementarias con la economía estadounidense.

Irreverencia y subversión: 70 años de gratuidad en la educación universitaria frente al acoso del mercado

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Irreverencia es falta de respeto. El respeto es tomar distancias. La gratuidad es irrespetuosa respecto del sistema socioeconómico que se sustenta en las rentas financieras, el sistema de precios de mercado y el patrón de acumulación concentrada de la riqueza.

La gratuidad toma distancias, increpa y contradice al sistema: no puede haber cosas gratis en el capitalismo prevalente. Alguna ortodoxia económica afirma -incluso- que el aire no debiera ser gratis porque debe indemnizarse a Brasil por la no explotación de la selva amazónica. Bolsonaro puso en marcha ese criterio permitiendo las quemas de bosques para ampliar la frontera agrícola ganadera de la Amazonía.

Nada hay gratis: todo tiene precio de mercado, que es algo distinto del valor subjetivo o social. «La vida te la dan pero no te la regalan, la vida se paga», canta Serrat.

La gratuidad tiene valor social pero no tiene precio. El dicho popular dice: «lo que no cuesta no vale» encierra la instalación neoliberal de pagar por todo, de monetizar todo. La universidad pública debe denunciar esa lógica binaria por acientífica y antisocial.

Gratuidad, un término subversivo

Por eso gratuidad es un término subversivo, contradice lo ordinario, lo normal, lo meritocrático. Es para los vagos. El sistema lo ataca como demagógico cargando culpas en aquel que disfruta de la gratuidad. Le dice: «tené en cuenta que alguien paga», «le estás debiendo un favor a quien paga». Instala una culpa en la mejor tradición judeo cristiana.

Y un concepto de deudor, porque el beneficiario de la gracia queda debiendo.

En el futuro, la sociedad le cobrará la gratuidad con salarios bajos, calidad de vida insuficiente y lo rematará con jubilaciones empobrecidas.

Sin embargo, su raíz latina nos denuncia que no es un término relacionado con las modalidades de pago. Es gratuito lo que no se paga, es una gracia, una benevolencia.

La gratuidad como gesto moral

La gratuidad es un término moral y económico. Es moral porque se relaciona con la idea socialmente compleja de gracia tan necesaria para la cohesión humana y es económico porque se relaciona con el dinero, con el no-pago, no es de la relación esfuerzo-costo y costo-valor.

No pertenece al lenguaje del Mercado porque es la sociedad la que decide que el acceso a los saberes se pluralice y se haga accesible masivamente, que los estudiantes tengan boleto de transporte gratuito, que las plazas y bienes públicos sean gratuitos en su uso. Estamos en presencia de un concepto transversal a las políticas, sobre el que se pueden o no presentar políticas. Por qué una sociedad establece que no hay precio de mercado para el conocimiento superior?. Porque tiene confianza en el futuro.

Perón y después

La gratuidad de la educación universitaria nace y muere con Perón. Nace para dar cabida a la educación de la clase trabajadora, para ampliar la base educativa de los obreros, de los descamisados, de las cabecitas negras.

Muere como concepto cuando la educación universitaria se hace negocio y emergen las universidades privadas, la privatización rentística de los saberes superiores. Desaparece con el golpe cívico-militar contra Perón en 1955.

A partir de allí se crea una grieta y se pierden los esquemas de educación problematizadora, priva la educación bancaria que denuncia Paulo Freire, funcional al Mercado, repetidora, aburrida, y sólo interesa la postverdad útil.

Luego se inventa el eufemismo «educación pública de gestión privada», lo privado administrando lo público. Un desatino que la política neoliberal traduce en magros presupuestos universitarios como profecía autocumplida de bajas tasas de graduación, reproducción del poder de sectores privilegiados, ineficiencias del sistema universitario.

Esa política tuvo su máxima expresión ideológica con María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos aires en el Rotary Club, cuando se pregunta si es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad.

Quien quiera leer que lea.

*Economista. Ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Bolivia en sus horas más inciertas

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Aquella mañana de octubre de 2003 el presidente Sánchez de Losada nos clavó los ojos. Luego se inclinó sobre la larga mesa rectangular que ocupaba la mitad de suoficina. ¿Ustedes creen que me levanto todos los días pensando en cómo reprimir mejor? –dijo en un español enrevesado, hizo una pausa para suspirar y añadió: si yo renuncio, el país quedará al borde de una guerra civil. ¿Comprenden? Yo soy como el niño que tapa con un dedo la falla de una represa. Si lo saco, se produce un desastre.

No fue fácil responderle. El brasilero Marco Aurelio García y yo acabábamos de interrumpir su análisis político sobre la coyuntura, que a esa altura no le interesaba a nadie,siquiera a sus funcionarios, para manifestarle la preocupación de nuestros gobiernos por establecer una tregua entre los bolivianos. En esos momentos las calles que rodeaban la mansión presidencial estaban rigurosamente vigiladas pero se veían desiertas. Sin embargo, en las barriadas de La Paz, del Alto y de casi toda Bolivia miles de pobladores y tropas del ejército estaban listas para entrar en acción, unos contra otros, aunque la temida batalla recién pudo evitarse horas después.

Cabe recordar que a principios de 2003 Bolivia había sido sacudida por una rebelión popular que tuvo un trágico desenlace: una treintena de víctimas. Y que semanas después se había desencadenado una serie de protestas y huelgas protagonizadas por campesinos, trabajadores, estudiantes, maestros y comerciantes que desconfiaban de las elites privadas y públicas. Eran marchas cada vez más fecundas, cada vez más violentas, en las cuales la multitud reclamaba participar en las decisiones sobre el futuro de los recursos naturales que consideraba estratégicos. Un reclamo que venía de lejos, cuando las fabulosas minas de plata, primero, y de estaño, después, permitían presagiar un destino diferente para el vecino país.

Pero meses más tarde, a mediados de aquel octubre, la coalición de gobierno que sostenía a Sánchez de Losada comenzó a diluirse, la resistencia y la represión fueron en aumento y las vidas segadas alcanzaron rápidamente un centenar. Por entonces la población del altiplano, que en los inicios de la lucha se había movilizado por causa de la pobreza y el desempleo, se manifestaba con la finalidad de impedir el rumbo que el gobierno había fijado para la explotación de las cuantiosas y promisorias reservas de gas y petróleo. Las mismas que Evo Morales, en su carácter de presidente electo, nacionalizaría en mayo de 2006.

Marco Aurelio y yo luego de esa reunión, tuvimos un sinfín de encuentros con otros dirigentes políticos, sociales y de la iglesia católica con el fin de hallar una solución pacífica y estable a la crisis. La mayoría de estos dirigentes, incluido los del MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales, estaba a favor de la renuncia de Sánchez de Losada, pero también de la continuidad constitucional. La propuesta consistía en que asumiera el historiador y periodista Carlos Mesa, por entonces vicepresidente. Carlos Mesa, que fue el principal oponente de Morales en las pasadas elecciones del 20 de octubre, consideraba necesario convocar a un diálogo sin exclusiones para organizar un referéndum que permitiera reformar la ley de hidrocarburos y resolver el destino del gas.

Una interpretación de aquellos acontecimientos históricos sostiene que, debido a la prolongada recesión económica que atravesaba Bolivia, era inevitable que hubiera una crisis de gobernabilidad y que su resolución iba a requerir la renovación del sistema político y de los partidos tradicionales. Otro enfoque, en cambio, considera que aquellos sucesos fueron el principio del fin de la democracia pactada –como se definía a la gravitación que habían ostentado tres partidos bolivianos (MNR, MIR y ADN) durante el período 1985-2001– y de las reformas neoliberales que habían provocado un notable aumento de la desigualdad social.

Sea como fuere, ambos puntos de vista coinciden en señalar en que la agenda pública de aquel tiempo debía incluir profundos cambios tanto en los métodos de representación política –caracterizado por alta dosis de clientelismo y acuerdos de cúpulas- como en la orientación económica para impulsar un crecimiento equitativo que incluyera a la diversidad cultural, productiva y geográfica boliviana.Dos tareas que, vale remarcar, fueron llevadas a cabo por el presidente Evo Morales en su gestión cotidiana y en las reformas legislativas y constitucionales que impulsó durante sus casi catorce años de gobierno.

Hacia la tarde de aquel largo día de 2003 Sánchez de Losada presentó su renuncia. Y de forma inmediata estallaron decenas de fiestas populares bajo un cielo luminoso y profundo. Recuerdo que en las calles y las plazas la gente nos abrazó a Marco Aurelio y a mí como si fuéramos compañeros de toda la vida. Aquella fue una misión conjunta de Brasil y Argentina, decidida de manera oportuna por los presidentes Lula y Kirchner. Cuando los tiempos eran otros y resultaba difícil suponer la vuelta de los golpes de estado, en su versión clásica o bien, de nuevo tipo como el que se acaba de consumar en La Paz.

Estas experiencias permiten sugerir la conveniencia de rediseñar en el Mercosur un mecanismo de diálogo y cooperación para la preservación de las democracias de los países miembros y asociados. Este instrumento debería funcionar de un modo ágil, a pedido de un gobierno –para respetar el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados- y constituiría, además, un adecuado complemento de la cláusula prevista en el Protocolo de Ushuaia. De esta forma, con la posibilidad de enviar a grupos de emisarios que faciliten el diálogo y el consenso entre las partes en conflicto, se podría prevenir la profundización de eventuales crisis que, por su naturaleza o magnitud, impliquen, como en el presente, riesgos de ruptura o de serios retrocesos en el orden democrático regional.

fuente

https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolivia-en-sus-horas-inciertas

Lejos de Dios y cerca de los EEUU

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Donald Trump fue el principal apoyo político y económico de la gestión del gobierno de Cambiemos. Lo apoyó para que se hiciera la Cumbre del G20 en Buenos Aires y fue el factor decisivo para que recibiera del Fondo Monetario Internacional un paquete de ayuda financiera tras el derrape del modelo de endeudamiento, en abril de 2018. Un préstamo que el Presidente electo, Alberto Fernández, denominó «la campaña más cara de la historia».

El mismo Donald Trump que sostiene que estamos un paso más cerca de un Hemisferio Occidental completamente democrático, próspero y libre y afirma que «Estados Unidos aplaude al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no sólo a una persona, sino a la constitución… Después de casi 14 años y su reciente intento de anular la constitución y la voluntad del pueblo, la partida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que el pueblo boliviano haga escuchar sus voces”. Las docenas de muertos y centenares de heridos, casas quemadas y vandalismo de todo tipo por la brutal represión contra el pueblo que salió a la calle para frenar el avance de las bandas fascistas policiales y parapoliciales, son nimiedades que, para Trump, no deben tomarse en cuenta, a la par que retornan a Bolivia los acusados de matar 13 campesinos en la llamada Masacre de El Porvenir en el año 2008.

El Grupo de Lima, con Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Iván Duque y Martín Vizcarra, insiste una y otra vez como correa de transmisión de los EE.UU que el Presidente venezolano Nicolás Maduro debe renunciar.

Basta ver el rol que han tenido históricamente con la región desde que sostenían con la doctrina Monroe en 1823, “América para los americanos”, en la acepción que hacen ellos de la palabra “americano”, y su paranoia acrecentada por la posibilidad de que nuestras economías se complementen con las de China y Rusia. Eso es lo que los hace actuar como actúan, apoyando y apoyándose en gobiernos que fundamentalmente benefician al capital financiero y a los negocios extractivos en una remozada versión de “oro por espejitos”.

Fue el mismo Evo Morales quién explicó que al llegar a la presidencia en el año 2006 encontró a Bolivia completamente dominada por EE.UU., en un sentido literal:

– Las oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI) estaban en el Banco Central y sus funcionarios participaban en reuniones de gabinete de Gobiernos anteriores.

– Las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia de ese país (CIA, por sus siglas en inglés) estaban en el Palacio de Gobierno.

Evo decía que el reparto imperial iniciado en 1494 con el Tratado de Tordesillas, establecido entre los monarcas de Portugal y de España para dividir zonas de navegación y conquista, lo continuaba el gobierno de Estados Unidos con sus políticas de dominación imperial para apropiarse de sus recursos naturales.

En 2008 el gobierno de Bolivia expulsó al embajador estadounidense, así como a las agencias DEA (Administración para el Control de Drogas) y USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), por injerencia en la política interna del Estado Plurinacional.

En el caso  de nuestro país, está corroborado en los mismos cables dados a conocer por los EE.UU. que reflejan la opinión adversa de la embajada norteamericana encabezada por Robert Hill, en 1973, cuando el ministro José Ber Gelbard obligó a las empresas automotrices estadounidenses en la Argentina a venderle autos a Cuba. Esa medida de independencia y soberanía del gobierno argentino marcó el fin del modelo y la necesidad de imponer otro que se le subordinase.

Basta leer esos cables para ver cómo se deterioraba día tras día la situación económica y con ello la legitimidad del gobierno de Isabel Martínez de Perón, el proceso inflacionario y el desabastecimiento para, “rodrigazo” mediante, destruir nuestra moneda y hacer que fuese reemplazada en su reserva de valor por el dólar.  El creciente déficit fiscal y comercial tras la renuncia de Gelbard obligaron a tomar deuda externa. Esa deuda cumplió y cumple el rol de la cadena con el esclavo: te deja cierta libertad de movimiento, pero sujeto a ella.

 

 

La historia actual

El gobierno de Mauricio Macri dejará una deuda pública equivalente al 90 por ciento del Producto Interno Bruto (unos 343.000 millones de dólares de deuda). Según un informe de la consultora creada por Roberto Lavagna, Ecolatina, el Tesoro de la Nación deberá desembolsar en torno a 38.000 millones de dólares hasta junio del año próximo, cifra equivalente a 10 por ciento del PIB. De ese total, unos 20.000 millones serán por pagos de deuda relevante, aquella que no contabiliza los pasivos intra sector público. Con el riesgo país en torno a los 2.500 puntos, es imposible refinanciar esa deuda sin quita del capital, reestructuración de los plazos y reducción de la tasa de interés.

Del total adeudado, un 35 por ciento de las obligaciones de Hacienda es con otros organismos del Estado (en torno a 120.000 millones de dólares), que obviamente refinanciarán los pasivos. Aproximadamente un quinto de la deuda, unos 68.000 millones de dólares, es con Organismos Internacionales de Crédito. Por último, el 45% de la deuda (unos 154.000 millones de dólares) se encuentra en poder de los tenedores privados, el segmento más complejo de los acreedores, dado que son agentes atomizados que van desde bancos y fondos de inversión, hasta personas físicas argentinas o extranjeras, empresas locales o foráneas, etc. y, obviamente es difícil coordinarlos para definir modificaciones en las condiciones de sus tenencias, a lo que se le suma si la legislación de los títulos emitidos es local o si es extranjera donde imperan las cláusulas de acción colectiva (CACs). Este artículo dentro de los prospectos de los títulos de deuda establece un monto mínimo de acreedores — usualmente dos tercios del total. De obtener su consentimiento, la estructura de pagos se modificaría para todos los tenedores.

La ventaja del año que viene es que la deuda bajo legislación extranjera (excluyendo aquella con organismos multilaterales) representa el 25 por ciento del total y deberán pagarse 400 millones de dólares de capital de estos bonos y menos de 5.000 millones entre principal e intereses. Por el contrario, los títulos bajo ley local abarcan buena parte de los pagos que enfrentará el Estado el año que viene, lo que favorecería un estiramiento compulsivo de los vencimientos de esos instrumentos.

El FMI desembolsó a la fecha (15 de noviembre de 2019) la suma de 44.768 millones de dólares del crédito concedido por 57.000 millones de dólares. Por ende, de cumplir con lo acordado, el FMI debería prestarle a la Argentina los 12.432 millones restantes en un tramo de 5.421 millones de dólares y en siete tramos trimestrales de 973 millones de dólares cada uno, que deberían ser devueltos unos 1.223 millones en el año 2020, 4.960  millones de esa moneda en el 2021, pero 21.130 y 22.120 millones de dólares para los años 2022 y 2023 respectivamente. Ese perfil de vencimientos implica la aviesa intención de que la Argentina se comprometa a realizar reformas estructurales que no son otras que las ya conocidas reforma laboral y previsional para disminuir la carga pública y beneficiar, en su lógica, a la productividad y el empleo.

Como representante del capital financiero internacional y de los EE.UU. en particular, el FMI busca imponer las condiciones del mercado que resumiera el llamado Consenso de Washington:

  • Ampliar la base imponible y aumentar la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA) más la privatización de activos públicos para reducir el déficit fiscal, que en el caso argentino además busca reducir el pago de jubilaciones y pensiones, cuando el 70% o más de los supuestos beneficiados con lo que perciben no llegan a fin de mes.
  • Obligar a una apertura al comercio internacional, con particular énfasis en la eliminación de las restricciones no arancelarias a las importaciones y en la aplicación de aranceles bajos y parejos;
  • Desregulación de los mercados financieros y liberalización de las tasas de interés.

Dada la situación fiscal y de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos —ambas deficitarias ,por el denominador común que es el pago de los intereses de la deuda—, es imposible cumplir sin la reestructuración de los vencimientos, con quita de capital y suspensión del pago incluido para auditar la deuda.

 

 

Auditoría para conocer a los responsables

El gobierno de Cambiemos se endeuda irresponsablemente y no sabemos a ciencia cierta de qué modo. Sí sabemos, porque lo informa el Balance Cambiario del BCRA, que los sectores más beneficiados de la sociedad argentina fugaron –es decir, sacaron del circuito financiero local– la suma de 84.100 millones de dólares desde el 1° de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2019.

Si uno observa la historia nacional verá que la crisis financiera de 1890 se produce también por fuerte endeudamiento, pero la República Argentina había tomado ese crédito principalmente para la construcción de ferrocarriles y para la modernización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires. A fines de la década de 1880 ya no se podían pagar los servicios de esa deuda, y el precio de nuestros productos de exportación (carne y trigo) lo fijaba el comprador (básicamente Inglaterra). En 1888 las acciones del Banco Constructor de La Plata cayeron de 235 puntos a 160, desencadenando el derrape del valor de las empresas locales y de los títulos de deuda local. La rotura de las cadenas de pago e incumplimientos de contratos de todo tipo –incluida la devolución de los créditos a los bancos internos y externos– ocasionó la quiebra del Banco Nacional que derivó en crisis política reflejada en la “Revolución del Parque”. En consecuencia dimite el Presidente Juárez Celman y su Vicepresidente y sucesor, Carlos Pellegrini, crea el Banco de la Nación Argentina en base al quebrado Banco Nacional y logra refinanciar la deuda.

El origen de la deuda actual es distinto: a fines del siglo XIX se endeudaron, pero básicamente hicieron obras de infraestructura. Ahora la deuda externa que tomó el gobierno de Cambiemos hasta abril de 2018 fue para financiar el déficit fiscal, que es en pesos. La deuda la contraía el Tesoro de la Nación y le daba esas divisas al BCRA, que se la cambiaba por pesos al tipo de cambio oficial. Mientras el precio del dólar lo atrasaban sistemáticamente para permitir que el BCRA colocara Letras (LEBACs) a una tasa mucho mayor que la depreciación de nuestra moneda, garantizando a esos dólares ingresados un interés que, sumado al capital inicial, conformara un monto no menor de un 25% anual mayor que el invertido.

Y el final también es distinto. Carlos Pellegrini logró colocar un “bono patriótico” para hacer frente a las obligaciones externas. El gobierno de Cambiemos hizo un brutal ajuste fiscal y de la actividad económica, para tener superávit primario fiscal y superávit comercial (se caen las importaciones porque se cae la actividad), pero esto es a todas luces insuficiente por la envergadura de la deuda, con lo que traslada el problema al gobierno entrante.

Con el marco externo relatado, donde EE.UU. reconoce inmediatamente como Presidenta interina del hermano país a una senadora que asume en una Asamblea Legislativa de la que participa menos de un tercio de los miembros (porque no dejaron ingresar a los representantes del MAS –Movimiento al Socialismo-, que es el sector mayoritario), el gobierno de Alberto Fernández deberá auditar la deuda contraída por la administración de Cambiemos, sentando precedente para que siempre sea así y terminar con ese flagelo. De otro modo, la deuda terminará pagándola el pueblo con hambre, sudor y lágrimas.

fuente

Lejos de Dios y cerca de los EE.UU.

 

Economía 2020: ¿Cuál es la relación entre las importaciones y el nivel de actividad?

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En la columna «la economía argentina lateral» publicada semanas atrás- , situábamos la relación entre las políticas monetaria y fiscal, la evolución del sector externo y la tasa de crecimiento del PIB en la última década.

Los números evidenciaban que la variación neta positiva de la base monetaria y del gasto público primario, conocidos generalmente como estímulos monetarios y fiscales a la demanda, acotaban su impacto favorable en el nivel de actividad económica cuando las reservas internacionales no acompañaban esa variación positiva. Esto da cuenta de que las políticas monetaria y fiscal expansivas son necesarias para sostener la actividad, pero no suficientes frente a un sector externo que se angosta y opera como un veto ante dichos incentivos.

La pregunta recurrente es cuán autónoma es la actividad económica interna de la oferta externa de divisas en la Argentina. La implantación de una rígida regulación cambiaria para la compra de dólares para atesoramiento y el cierre de la cuenta capital -con una renegociación de la deuda con el sector privado y con el FMI aún en sus comienzos-, la ecuación oferta de divisas/estímulo a la actividad interna se traslada enteramente a la capacidad de importar insumos necesarios para ese fin.

Poniendo un paraguas sobre lo que podemos denominar flujo de «dólares financieros», focalizaremos la mirada en la demanda de «dólares comerciales» para solventar compras de bienes y servicios en el exterior. El gráfico que sigue muestra la tasa de variación anual de importaciones (línea roja) y la variación interanual del PBI (línea azul) en igual período (2010-2018).

Fuente: elaboración propia a base de datos del INDEC

La evolución de ambas líneas se correlaciona. Si bien la variación de las importaciones es mucho más volátil, tiende a acompañar, casi simétricamente, los movimientos más atenuados de la variación de la economía en el largo período analizado.

Resulta evidente que el nivel de importaciones incide sobre la evolución del PIB, lo cual parece una obviedad. Sin embargo, este comportamiento atraviesa distintos regímenes de intercambio comercial internacional.

El período 2010-2011 fue de protección industrial, en el marco de un impulso a la integración regional y con un régimen cambiario de flotación administrada. El período 2012-2015 fue un régimen de administración cuantitativa de las necesidades de importación con control de cambios. Finalmente, el período 2016-2018 fue de apertura comercial progresiva con un régimen cambiario desregulado administrado. En todos los casos, la evolución de las importaciones no se despega del desempeño económico general.

El segundo tema a abordar es el comportamiento de los agentes económicos demandantes de productos en el exterior para el desarrollo de la actividad interna. En los tres períodos identificados, la situación fue:

– En el período 2010-2011, la insustentabilidad del sector externo frente al alto nivel de actividad alcanzado aceleró una baja de las importaciones inversa a la salida de capitales verificada en el segundo semestre del 2011. Los agentes económicos se anticipaban al proceso regulatorio sobre el sector externo determinado por el desequilibrio existente.

-En el período 2012-2015, este freno, en un escenario de administración del comercio y regulación cambiaria,  fue anclando una tasa de crecimiento promedio del lapso modesta.

-El período 2016-2018 expresa un contrasentido, ya que el libre acceso al mercado cambiario y a la compra global de bienes y servicios fue correspondida con una caída de la capacidad de compra de la mayoría de la población. Esto hizo que el súbito crecimiento de las importaciones del año 2017 apenas alcanzara para recuperar la baja del 2016 y le otorgara al gobierno de Cambiemos su único año de crecimiento del mandato. La crisis externa del 2018 rompió esta débil recuperación. El lapso muestra que las importaciones pueden ser una condición necesaria para el nivel de actividad, pero insuficiente si la demanda interna está quebrada.

Recuperando entonces la focalización del análisis en la relación importaciones/PBI y sustrayendo del mismo el comportamiento financiero del mismo, es necesario determinar con mucha precisión cuál es el nivel de insumos en el exterior que es preciso ingresar al circuito económico del país para lograr una recuperación del nivel de actividad y que, a su vez, los estímulos monetarios y fiscales necesarios no se diluyan en una tensión inflacionaria.

Este es uno de los principales tópicos a abordar por el gobierno entrante, en el marco de los amplios consensos que acertadamente está elaborando en esta difícil transición. Una recuperación vigorosa y sustentable de la economía en el corto plazo, que armonice coyunturalmente políticas fiscal, monetaria y de sector externo, es importante para que el gobierno se legitime y fortalezca para enfrentar otros problemas más complejos a posteriori.

fuetne
https://www.eldestapeweb.com/nota/economia-2020-cual-es-la-relacion-entre-las-importaciones-y-el-nivel-de-actividad–2019111622200

Bolivia: ¿por quién doblan las campanas?

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La crisis actual en Bolivia, que provocó la renuncia y el exilio del presidente Evo Morales, puede analizarse desde distintos puntos de vista. Y es dable comprobar que un examen de este proceso, de acuerdo a la mayor o menor simpatía que cada uno profese por las mayorías populares o por las élites, arroja conclusiones y sentimientos diferentes. Sin embargo, un repaso estilizado de los últimos acontecimientos permite inferir no solo que hubo un golpe de estado sino también las acciones que facilitarían la restauración del orden democrático en el vecino país.

En este sentido, vale recordar que las disputas comenzaron a desbocarse desde el momento en que hubo dudas respecto a los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado. Mientras que el gobierno de Morales, después de una inexplicable postergación en el conteo de votos, aseguraba haber triunfado en primera vuelta, la oposición encabezada por Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, reclamaba la realización de un balotaje. Al principio mediante actos y declaraciones públicas. Luego con movilizaciones callejeras en distintas ciudades.

Morales, que se presentaba para un tercer mandato consecutivo según la interpretación que se hizo de la nueva constitución, fue rectificando poco a poco su posición original. Solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría vinculante de los votos cuestionados y el fin de semana pasado, una vez que se comprobaron irregularidades en el escrutinio, no respecto a su triunfo sino al porcentaje que lo separaba de Carlos Mesa, decidió convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas y más tarde formalizó el llamado a nuevas elecciones.

Pero la situación había cambiado en esos largos veinte días. Además de fisuras en el interior de los sectores populares que apoyaban al gobierno, se produjeron una combinación de acciones que pueden caracterizarse como golpistas de nuevo tipo. Violencia callejera, amenazas, bloqueos y secuestros a funcionarios y partidarios de Morales por parte de bandas opositoras y parapoliciales, amotinamiento policial y finalmente el pedido de renuncia y de interrupción institucional solicitado, primero, por líderes políticos, religiosos y sociales y luego por las fuerzas armadas.

El presidente Morales, sin posibilidades de contar con el auxilio del sistema político, de la policía o del ejército, ni de los organismos internacionales o regionales para estabilizar o apaciguar el conflicto, podría haber recurrido a la resistencia de los campesinos y de los estudiantes. También a los simpatizantes de su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo). Pero prefirió renunciar. O, si se quiere, optó por el tiempo en lugar de la sangre.

Una parte de la opinión pública acusa a Evo Morales de haber forzado la interpretación de la Constitución aprobada en 2009 para tener un mandato adicional, como hicieron otros políticos de otros países, o bien, de desoír su derrota en el referéndum que se llevó a cabo en 2016 para alcanzar el mismo objetivo. Dos grandes errores políticos, mas no fraudes. Pero, al mismo tiempo, omiten considerar que fue elegido democráticamente en tres oportunidades y que durante de sus casi catorce años de mandato imperaron las libertades públicas, sin limitaciones ni amenazas de ningún tipo.

Es probable que Evo Morales, que supo administrar un ciclo de crecimiento y distribución de la riqueza inédita en Bolivia, concentre en sus rasgos, su temple y sus discursos todos los prejuicios de clase y de raza que aún posee una fracción de la élite social. De Bolivia y del resto del mundo. Lo hemos corroborado en estos días. Prejuicios que, por cierto, tuve oportunidad de comprobar cuando junto a Marco Aurelio García entrevistamos a líderes sectoriales durante la misión pacificadora que cumplimos en Bolivia por encargo de los presidentes Lula y Kirchner en la llamada guerra del gas, en octubre de 2003. Uno de ellos, alto, rubio y de origen croata, se puso de pie para hablarnos: les voy a hacer franco, yo tolero cualquier cosa, menos que un indio como Evo gobierne este país, dijo.

A la Asamblea Legislativa boliviana, y a ningún otro poder, le cabe la responsabilidad de organizar, sin trabas ni proscripciones, una nueva elección general en el corto plazo. Y a los gobiernos decentes de la región les compete, junto al Mercosur y a los organismos multilaterales, exigir y acompañar todos los esfuerzos y compromisos que se asuman en este sentido. Porque, glosando a John Donne, podríamos de decir que como ningún país es una isla y el retroceso de cualquiera nos afecta, nunca preguntemos por quién doblan las campanas: doblan por nosotros.

Eduardo Sguiglia es ex embajador y ex subsecretario de Política Latinoamericana.

https://www.clarin.com/opinion/bolivia-doblan-campanas-_0_MNWrS7ZK.html

LA SERPIENTE DE URÓBOROS

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El libro era blanco, de editorial Bruguera y su tapa traía un sugerente dibujo que remitía al Medioevo, de un extraño ser con algo de hombre, de pájaro, de pez y de dragón. Se llamaba La alquimia y su autor era Reinhard Federmann. No dudé en tomarlo. Amo con devoción y me fascinan desde ese día los alquimistas, los misterios y los mitos fundantes de la ciencia moderna. Antes de ser ciencia. En las épocas de los dioses y los héroes, según Vico. Puerta de entrada a la época de los hombres. Con más razón y menos poesía.

Pero antes que la ciencia derrotase a la poesía, antes que lo único cierto fuese aquello que el hombre hace, mucho antes inclusive del propio Vico, ya existía la alquimia.

 

 

Fue en ese libro donde leí por primera vez acerca de la Serpiente de Uróboros, la serpiente que se muerde la cola. Los que saben dicen que la serpiente o el dragón de Uróboros representa los ciclos implacables de la vida y la muerte, los ciclos de las cosas y de la naturaleza. El infinito ciclo del tiempo y el propio infinito. Está hermanada con el mito de Sísifo y con el eterno retorno. Representa el mercurio alquímico y la unidad de la materia. “El Uno, el Todo” dice sobre –  dentro— de la serpiente Uróboros, el más bello y antiguo escrito alquímico que se conoce, el Marcianus Graecus.

Del antiguo Egipto a los tiempos modernos, de la alquimia a la psicología, del crisol de Cleopatra la Alquimista a Jung, la serpiente de Uróboros siempre estuvo aquí, con sus múltiples significados, sus advertencias y presagios y sus enseñanzas siempre ineludibles, terribles y reconfortantes. Vida y muerte. Cielo y tierra. Principio y fin. La evolución que renace sin cesar su propia destrucción. Y las redenciones.

Escribo esto mientras miro con fascinación y espanto los avatares del Poder Judicial argentino. Y debo confesar, también con una terca esperanza de que todo mejore. Como si el tiempo se detuviese en una escama de la serpiente y a partir de ese punto en la línea infinita de puntos, recomenzara un nuevo ciclo. Que no puede olvidar al anterior y que se lo devora, en la continuidad de la frágil y mutable Justicia de los hombres, que no goza de la eternidad perenne y sabia de Dios.

Me acorde de la serpiente de Uróboros hace unos días, cuando escuché en televisión que habían presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito contra uno de los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti. Y que el juez en el que había caído la denuncia era Claudio Bonadío. Tan circular todo que impresiona.

Horacio Rosatti no es de mis jueces favoritos. Por una sencilla razón, fue uno de los jueces que aceptó integrar la Corte Suprema por decreto de Mauricio Macri. El aún Presidente, que aquellos días estaba de estreno, hizo una rebuscada e ilegítima interpretación de la Constitución para dictar ese decreto un tanto infame.

Muchos constitucionalistas habían escrito sobre la imposibilidad legal de que el Presidente hiciera algo así… entre ellos, Horacio Rosatti. En su Tratado de Derecho Constitucional —edición que tengo en casa, porque Horacio Rosatti si me parecía un buen constitucionalista—, el hoy miembro de la Suprema Corte dijo que el nombramiento de jueces en comisión viene de la primera Constitución de 1853, época en la que el receso del Senado era larguísimo: entre el 1º de octubre y el 30 de abril de cada año. Demás está decir que luego de la reforma de 1994 esta situación se encuentra limitada, atento que el receso parlamentario se extiende desde el 1º de diciembre hasta el último día de febrero del año siguiente. Razón por la cual aquella previsión del constituyente de 1853 ya no tenía motivación temporal que la habilitase. El supuesto tenido en cuenta por el convencional de 1853, claramente además era incompatible con la incorporación del Consejo de la Magistratura en la Constitución de 1994, como órgano de selección de los jueces. Esto lo señalaba Horacio Rosatti en su libro.

Pero más aún, en palabras del entonces constitucionalista, este modo de designación de los jueces en comisión mediante decreto del Poder Ejecutivo hace dudar de si, mientras dura el interinato (‘antes del fin de la próxima legislatura’) puede el Poder Ejecutivo proponer otro candidato para el mismo cargo. Y agregaba que este tipo de designación en comisión genera una situación de provisoriedad que no se compatibiliza con la seguridad jurídica.

Como de costumbre la Seguridad Jurídica es una bandera de conveniencia que muchos utilizan o esconden, según los siempre mutables intereses en juego.

La tropelía de Mauricio Macri no pudo prosperar y tanto Rosatti como Carlos Rosenkrantz debieron luego ser designados conforme el trámite legalmente establecido por la Constitución Nacional. En este sainete, los miembros de la Corte Suprema actuaron del modo predecible. Highton de Nolasco puso el grito en el cielo, grito por el que los argentinos deberíamos agradecerle y que yo siempre recuerdo, para intentar ser justa, cuando me enojo con su triste desempeño posterior. Maqueda nada dijo (como de costumbre), y Lorenzetti, siempre dispuesto a hacer buenas migas con el poder, demoró menos de 24 horas en decir en público que estaba muy dispuesto a tomarles juramento y proceder a putear en privado y en modos que desmerecen su sobrenombre de Obispo.

Pasado el episodio dramático de los jueces designados por decreto, Rosatti juró como miembro de la Corte Suprema a finales de junio de 2016. Rosenkrantz, por su parte, recién juró en agosto de 2016. Se ve que el apuro que motivaba su excepcional nombramiento no resultaba tan urgente como para impedirle demorar su jura por compromisos preexistentes.

Así quedó conformada la Corte Suprema de la era macrista. A los “pechazos” diría mi amigo Gerónimo, riéndose a carcajadas y honrando su tradición provinciana. Lo que vino después no fue mucho mejor. El 2×1, la desprotección laboral, y hasta fallos cuya solución, más allá de hacer lugar a justos pedidos de las provincias, claramente no me parecen compatibles con la republicana distribución de competencias entre los poderes del Estado. La Justicia no se logra de cualquier modo. Algo que los tribunales argentinos olvidaron en los últimos años.

 

 

Quiero volver a la serpiente de Uróboros y la denuncia contra Rosatti. Y a los olvidos del Poder Judicial. Cuando escuché la noticia sobre Rosatti, lo primero que pensé fue: ¿Justo a él, que es el único juez que presentó e hizo pública su declaración jurada, lo vienen a acusar de enriquecimiento ilícito? Que no sea uno de mis jueces favoritos no me hace creer que es deshonesto. No voy a dar crédito a las cosas que digan sobre él. Y si algo no es Horacio Rosatti, es tonto. Más bien es inteligentísimo y hábil. No estando obligado a hacer pública su declaración jurada de bienes, ¿por qué la publicaría, si de ella resultase un delito o una inconsistencia? Eso es además subestimarlo. Y hacer eso, un error absolutamente estúpido.

Por esas cosas de la circularidad de Uróboros, la denuncia cayó en el juzgado de mi nunca suficientemente ponderado Claudio Bonadío. Error de cálculo del caprichoso sistema de sorteos de Comodoro Py. Conozco quinielas clandestinas con sorteos más confiables y menos amañados que los de Py. Y más allá de la intención del geniecillo maléfico que arbitra esos sorteos, Bonadío no podrá intervenir en la causa que investiga a Rosatti.

Allá lejos y hace tiempo Horacio Rosatti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y como Ministro de Justicia y a iniciativa de Alejandro Rúa, denunciaron a Claudio Bonadío por su espuria manipulación del expediente en el que se investigaba la causa del encubrimiento del Atentado de la AMIA. También hace tiempo, pero un poco menos, una denuncia respecto a las condiciones de detención de los presos en las cárceles federales cayo en el juzgado de Bonadío. Uno de los denunciados era Horacio Rosatti, quien recusó a Bonadío por haber sido denunciante del juez y logró su apartamiento. Historias de Py que no tuvo en cuenta el geniecillo maligno de los sorteos.

Cuando supe de la denuncia, también pensé que era a un intento de tener “apretado” a un juez de la Corte. Y qué mejor que Bonadío para fungir de boa constrictor.

¿Aceptará la Corte Suprema la mal llamada doctrina Irurzun?

 

 

 

La serpiente que se muerde la cola. Una de las paradojas de esta historia es que Horacio Rosatti, como los otros cuatro miembros de la Corte Suprema, no han dicho una sola palabra respecto a la persecución judicial que hemos visto desaforada en estos cuatro años. Es tremendo que uno de ellos sea ahora víctima del mismo mecanismo que no supieron o no quisieron combatir: el de la persecución judicial por causas políticas.

Cuando a principios de 2016 detuvieron en Jujuy a Milagro Sala por encabezar una protesta contra el recientemente electo Gerardo Morales, la Corte Suprema guardó un silencio vergonzante. Pero eso fue solo el comienzo del espanto.

En  2017 vinieron el desafuero sin sentencia firme de Julio De Vido, la detención de Amado en pijama y descalzo, el perito mentiroso cuyos dichos falsos determinaron la prisión de Roberto Baratta, la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa y el procesamiento con prisión preventiva de Héctor Timerman. Y la constante persecución a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia.

A mí me impresionan los que se sacan fotos con los verdugos y carceleros de tanta gente. Como si no hubiese pasado nada. Como si los presos sin sentencia solo fuesen huesos arrojados en una celda y no personas de carne y hueso Como si 2018 no fuese el año en el que fueron todos presos. Como si no supieran de los arrepentidos sin conciencia, de los jueces presionados, de los fiscales amañados. Como si no supieran del espanto y la extorsión. Y sé que saben. Y me asusta que no les importe. Que crean que la política justifica cualquier cosa y cualquier foto y cualquier abrazo. Me asusta y me repugna la doble moral tanto como la doble contabilidad. Ellos saben. Yo también.

Voy a sacar de la ecuación a los arrepentidos de mentirita, los operadores y los que son parciales, los espías y los aspirantes. También me preocupan los silenciosos. Los que podrían decir algo y se callan. Y los que deben decir algo y también se callan. Y dentro de los silenciosos me preocupa el silencio de los miembros de la Corte Suprema.

En 2007 la Corte Suprema designada por Néstor Kirchner dictó una sentencia en un caso llamado Olariaga. En ese precedente, el tribunal supremo señaló que la sentencia sólo queda firme una vez que se rechaza la queja ante la Corte Suprema, que es el último recurso que existe en nuestro régimen procesal. Y hasta que una sentencia condenatoria no quede firme, no puede comenzar la ejecución de la pena. Por esas casualidades del destino, quien firmó positivamente ese dictamen fue Eduardo Casal, el mismo procurador que años después cambiaría de criterio.

Pero en 2007 la Corte Suprema aún recordaba lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 18 respecto a la presunción de inocencia y que determina que nadie puede ser tratado como culpable sin que haya una sentencia firme que lo declare como tal. Y mientras no se es culpable en esos términos, sigue siendo inocente. Y los inocentes deben estar en libertad. Y para que un inocente ante la ley esté en prisión, el juez debe fundarlo adecuadamente, dentro de los marcos estrictísimos de la ley.

Todos criterios que de un día para otro olvidaron los tribunales argentinos. También la Corte Suprema. Cuando los olvidaron respecto a los pobres, muchos de los que no eran pobres no se preocuparon. Tampoco pareció preocupar a muchos de los que tenían como tarea que no hubiera pobres.

Y luego llegó el turno de los que no eran pobres. Y de los que no se habían preocupado. Y entonces ya era tarde. También para ellos. También para todos.

Hoy celebramos el fin de la detención tan arbitraria de Lula Da Silva. Con alivio. Con esperanza renacida. Con impotencia frente a la injusticia. Con puños en alto y ojos húmedos. Con abrazos. Con sueños de redenciones posibles y reales.

La prisión de Lula es tan parecida a las detenciones que se sucedieron en la Argentina, que las fronteras se desdibujan. Prisión que tiene origen en la misma matriz que llamamos Lawfare. Que definimos como la persecución política por medio de la actividad espuria de los tribunales. Con la necesaria construcción de sentido que hacen los medios de comunicación. Con los prejuicios exacerbados y con el odio legitimado y a flor de piel. Y con la desmemoria de los jueces sobre las leyes y sobre sus propias palabras.

El Lawfare no deja de ser una guerra, sin armas y sin leyes. Sobre todo, sin leyes. Aunque las invoque. Y como toda guerra, “es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente”. Y no solo la inocencia de ojos abiertos, sino también la inocencia que prescriben las leyes y consagran las sociedades como pacto fundante. Y que los tribunales deben respetar.

Reclamo el nuevo ciclo de la serpiente de Uróboros. Que se acabe el Lawfare. Que finalicen las ilegitimas prisiones preventivas. Que los tribunales recuperen la memoria. Y que la Corte Suprema recupere la voz.

Fundo mi reclamo en las leyes, que los abogados no hemos olvidado. Fundo mi reclamo en la jurisprudencia que detallamos en cada escrito, sin que nadie le preste atención. Fundo mi reclamo en que los ciclos concluyen y se reinician y este ciclo tan triste debe ya concluir. Es tiempo.

Vida y muerte. Principio y fin. Las lecciones de Uróboros. El Uno, el Todo. Los ciclos del hombre. Y también sus redenciones.

LA SERPIENTE DE URÓBOROS

DESDOLARIZACIÓN

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Corría el mes de mayo del año 1973 y mientras el pueblo argentino en la calle gritaba “se van, se van y nunca volverán”, en una casona de la calle Azcuénaga 1.673, propiedad de la familia Blaquier-Arrieta —los dueños del Ingenio Ledesma en Jujuy— iniciaban las primeras reuniones para conspirar y hacer fracasar al nuevo gobierno los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (jefe de la SIDE entre 1971-1973), José Alfredo Martínez de Hoz, junto a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Horacio García Belsunce y Ricardo Mansueto Zinn por el Grupo FIAT, Guillermo Zubarán (que fuera Secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco General de Negocios), Armando Braun (La Anónima SA) y Juan Etchebarne. (Con Videla fue presidente de la Comisión Nacional de Valores.) A la vez elaboraban el plan económico que iba a implementar la última dictadura cívico-militar, cuyos vectores principales pasaban por quebrar la alianza que de hecho existía entre trabajadores y empresarios ligados al mercado interno —donde ambos crecían si aumentaba el poder adquisitivo del salario— por un lado, y deteriorar el rol del dinero argentino como medio de ahorro, por el otro.

Es con la dictadura militar que la compra de bienes importantes, sobre todo inmuebles y campos, se hace en dólares, generando de hecho un sistema bimonetario, que fue el objetivo perseguido para conferirle a los exportadores y a los que ingresaban divisas cualquiera sea el concepto, la potestad de generar ahorro, así como el poder de veto de todo otro proyecto que no cumpliera con lo dispuesto por el sector beneficiado.

No fue un problema cultural, psicológico, práctico, de confianza o desconfianza que se recurra a la divisa norteamericana. Fue planificado y diseñado por la sociedad cívico-militar que se apropió por asalto del Estado y que con brutal represión mediante disciplinó al resto de la sociedad. El objetivo era que nuestra moneda fuese un mero instrumento de cambio, pero que el medio de ahorro fuese el dólar. A su vez, ellos serían los principales proveedores de las divisas mediante exportaciones, toma de deuda o venta de activos en el país.

Obviamente, además de los sectores con acceso a la moneda norteamericana, el otro beneficiado fue y es EE.UU., a quien se le asegura la demanda de su dinero, causa principal de la desavenencia de esa Nación con Europa y su Unión, del acuerdo Japón-China de intercambiar con su propia moneda y con la URSS, y hasta potencialmente con el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que tenía como propuesta la de usar su propio dinero para el comercio entre ellos.

Pasó el tiempo y en noviembre de 2010 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó el cheque cancelatorio que, desde el punto de vista legal, es un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo. Los cheques cancelatorios son emitidos por el BCRA. Cuando se autorizó su implementación, tenían un rango que iba de 5.000 a 400.000 pesos o de 2.500 a 100.000 dólares y solo podían utilizarse para operaciones inmobiliarias.

Bien sobre esa base, dos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, Adrián Rojze y Martín González Samartín, van a proponer nuevamente el cheque cancelatorio, pero esta vez sola y exclusivamente en pesos y para comprar todo tipo de bienes registrables.

Este es el hilo argumentativo central que orienta la exposición de Rojze y de González Samartín en la presentación conjunta de su ponencia titulada “Para recuperar la soberanía monetaria” durante las XIII Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA que tuvieron lugar en los últimos días del mes de agosto.

La implementación del cheque cancelatorio tiene como objetivo dotar a la economía nacional de un instrumento que cumpla la función que cumple el dólar en la compra de activos durables, bienes de capital y transacciones financieras, de modo de reemplazar al dólar como medio cancelatorio de dichas transacciones. Al estar nominado en pesos, hace que la moneda nacional se refuerce más en lo atinente a la función de reserva de valor, íntimamente relacionada con este tipo particular de transacciones. El cheque cancelatorio será emitido y garantizado por el Banco Central en la moneda local y canalizado por las entidades financieras, pudiendo intercambiarse entre particulares por un determinado período de tiempo al cabo del cual deberá ser depositado en una entidad financiera. Esta transitoriedad tiene como objetivo, precisamente, no desvalorizar a la moneda nacional circulante.

Pero lo más importante es que se crea el cheque cancelatorio como instrumento de uso obligatorio en las transacciones de bienes registrables en el mercado interno tanto muebles como inmuebles, así como para la suscripción de títulos valores emitidos por agentes económicos destinados a su colocación en el mercado de capitales internos. De otra manera, queda invalidada la operación.

Todas las compras y ventas de propiedades en el país debe ser realizadas por el cheque cancelatorio creado por el BCRA y con número correlativo del BCRA. El titular depositará pesos o dólares en la cuenta de un banco y si ese banco recibe dólares, serán cambiados al tipo de cambio oficial por el BCRA (ingresando los dólares a las reservas internacionales de la autoridad monetaria y emitiendo pesos al tipo de cambio oficial).

Para su implementación se debe modificar el Artículo 766 del Código Civil, se prohíben los contratos nominados en moneda extranjera y los contratos actualmente vigentes en esa moneda se convertirán a pesos a tipo de cambio del día en que se hace efectiva la primera transacción de este instrumento, luego de la entrada en vigencia de esta medida, a partir de lo cual mantendrán su valor en moneda nacional.

Obviamente se necesita de todo el poder político para hacerlo y de todo el apoyo del pueblo argentino que debe tomar consciencia que el huevo de la serpiente es el verdadero cáncer que sufre nuestra sociedad [1] y que se debe extirpar de raíz.

 

Dinero no convertible

Tampoco es una excentricidad sino, por el contrario, un instrumento de política económica autónoma que ha sido probado exitosamente por varios países ante situaciones extremas como la nuestra; entre ellos Alemania (por dos veces) y Francia al término de la Segunda Guerra. Con este instrumento, junto a una serie de medidas concomitantes de raigambre keynesiana, estas naciones pudieron rápidamente poner en marcha su aparato productivo y dar ocupación a los trabajadores que retornaban a sus hogares desde el frente, sin quedar sujetos eternamente al endeudamiento externo.

Quien mejor estudió esta cuestión entre nosotros fue Mauricio Prelooker, un economista independiente del establishment de gurúes profesionales con ambición de lobbistas que dominan en los medios por haber hecho en Harvard o Chicago un cursillo para economistas del «patio trasero». Este estudioso de la economía, que falleció a comienzos del año 2001, presagió la crisis inevitable y propuso las principales medidas para salir de la misma sin incurrir en una brutal devaluación de nuestra moneda y con ello la caída abismal del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, como finalmente sucedió en el año 2002.

Prelooker tenía una propuesta para evitar a toda costa la devaluación con el pretexto de mejorar nuestras exportaciones, devaluación que siempre beneficia a unos pocos y perjudica al conjunto. Una propuesta para superar la asfixiante escasez de dinero a la que nos condujo la convertibilidad y que no necesitaría los gravosos préstamos del FMI y permitiría consolidar al Mercosur-Unasur y CELAC como una fuerza autónoma y pujante.

El primer paso en esta dirección era la creación de una moneda inconvertible (a la que provisionalmente llamó «bancor» o «gaucho») con ciertas características:

a) Sería un billete de banco que, a diferencia de los «bonos» nacionales o provinciales, tendría curso legal de aceptación obligatoria tanto para el sector público como para el sector privado.
b) No se podría comprar con ellos pesos ni divisas u otros valores convertibles (joyas, oro, etc.) ni títulos públicos, acciones, cheques o cualquier otro instrumento bancario sujeto a interés. Sólo se podría comprar y vender en el mercado interno y pagar los impuestos.
c) A medida que el Estado fuera recibiéndolos rescataría esos billetes, reemplazándolos por pesos. El remanente sería rescatado al cabo de cinco años.
d) El respaldo de esta moneda sería un aval inmobiliario constituido por el impuesto a la renta de la tierra, a cobrar cuando la reactivación lo facilitase.

Los detalles del programa son muchos, entre ellos el control del comercio exterior, lo que requiere una fuerte decisión política. Pero baste decir que, con la inyección de liquidez no inflacionaria que implicaría este «autopréstamo», rápidamente podría ponerse en marcha el aparato productivo inactivo y encarar obras públicas de proyección. Prelooker —que conocía bien el país por haber asesorado largamente a cooperativas de producción— tenía en mente el plan integral del Bermejo-Paraná que posibilitaría incorporar a la producción tantas hectáreas de regadío como las actualmente existentes (además de ahorrar los daños cíclicos de las inundaciones), creando inmensas fuentes de trabajo.

Una vez iniciado el círculo virtuoso de trabajo y consumo se irán reemplazando los planes Trabajar y otros subsidios a los que se achaca el permanente déficit fiscal del Estado y el oprobioso Riesgo País. Los únicos que no se verían beneficiados por medidas como estas serían los bancos y demás tenedores de la deuda y su cohorte de voceros profesionales que medran con las eternas refinanciaciones.

 

Síntesis

En los mercados externos descuentan una situación harto difícil para el nuevo gobierno argentino. La tasa de Riesgo País supera los 2.200 puntos y, por ejemplo, el BONAR 2020 en dólares cotizaba el viernes 8 de noviembre de 2019 a 40,71 dólares la lámina de 100. (Este BONAR vence el 8 de octubre de 2020 y se debe pagar los 100 dólares del valor nominal de la lámina más una tasa fija del 8% anual.) Pese a que al final de su gobierno Cambiemos instrumenta un férreo control cambiario, la tasa de interés en pesos que se paga por las LELIQs ronda el 65% anual y el dólar de salida (contado con liqui) es de $ 76,86 para esa fecha.

En ese marco es imprescindible adoptar medidas importantes y centrales que cambien los ejes de especulación y fuga de capitales imperantes.

Para ello existe una amplia gama de variantes y de instrumentos para impulsar el crecimiento y la mejora en la distribución del ingreso, por un lado y, para terminar con este flagelo colonial de depender de una moneda que no es la nuestra, como lo impuso en 1813 la Asamblea General Constituyente al ordenar acuñar moneda de oro y plata con el sello de las Provincias Unidas. Entre esas medidas, estas dos propuestas (cheque cancelatorio y moneda no convertible) de economistas nacionales, así como se deben adoptar otras prevenciones como la de contar con un Banco de Desarrollo, imponer férreos controles en las maniobras de subfacturación de exportaciones (por ejemplo un estricto control de los puertos y de las embarcaciones de la hidrovía del Paraná), sobrefacturación de importaciones, transacciones bursátiles con otras plazas, compraventas de bienes registrables, puesta en funcionamiento pleno del Registro Nacional de bienes rurales, etc. y, sobre todo, un plan explícito que nos diga cuáles son los principales objetivos a lograr, ordenando las prioridades, sabiendo que jamás tiene viento a favor quién no sabe a dónde va y que todo el pueblo argentino tiene derecho a conocer y a discutir, profundizar y colaborar, dada que su participación es condición sine qua non para que se pueda llevar adelante.

La tarea es de gran magnitud, no libre de riesgos y de conflictos. Pero si no se toman las medidas adecuadas, los acontecimientos y la relación de fuerzas harán que tarde o temprano se desemboque en un efecto hiperinflacionario con el consiguiente desprestigio del nuevo gobierno que capitalizarán los grandes beneficiados del modelo impuesto a sangre y fuego en 1976, que ahora incluso cuentan con más de diez millones de votos.  Solo con un plan, decisiones claras y participación del pueblo se puede reedificar una nueva y gloriosa Nación, como dijera Néstor Carlos Kirchner en su discurso del 25 de mayo de 2003, al asumir la Presidencia de la República.

 

[1] La fuga (Formación de Activos Externos) de 82.100 millones de dólares desde el 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019 lo corroboran y lo miden.

fuente

 

DESDOLARIZACIÓN

Crisis económica y transición: ¿Hacia dónde va el Banco Central?

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El mes de julio puede ser tomado como el punto de partida del proceso de ruptura de las políticas monetaria y cambiaria seguidas hasta allí; signado, además, por el abandono de las metas acordadas con el FMI en el acuerdo «Stand by» firmado en mayo de 2018.

El gráfico que sigue evidencia cómo han evolucionado, en forma dispersa y volátil, las distintas variables monetarias y cambiarias, tomando un único punto de partida (el mes de julio).

Fuente: elaboración propia a base de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina

La línea amarilla marca la desempeño del tipo de cambio mayorista, el cual experimenta una abrupta suba a partir del mes de agosto y flota en el nuevo nivel alcanzado sólo por dos factores: los crecientes controles de cambios implementados a partir del primero de septiembre y del 28 de octubre y la fuerte caída de las reservas internacionales, graficada por la línea verde. Devaluación y caída de reservas expresan el primer síntoma del punto de ruptura en la política de la institución que comanda Guido Sandleris. Al calor de este movimiento se inscribe la acelerada baja del stock de Letras de Liquidez (LeLiq), indicada en el gráfico con la línea roja, cuya pendiente acompaña el descenso de las reservas internacionales.

Otro movimiento distinto, pero menos abrupto que los anteriores, es la evolución ascendente que sigue la base monetaria, representada con la línea azul, abandonando la política de «emisión cero» originalmente pactada. Por último, el stock de depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado experimenta un suave descenso, que acompaña el impulso a la baja de la tasa de interés pasiva decidida por el BCRA al endurecer su política de integración de mínimos de efectivo no remunerado para los bancos.

Respecto de julio, el tipo de cambio mayorista alcanzó una suba del 36,2%, mientras que las reservas internacionales sufrieron una simétrica baja del 36,3%. El stock de los instrumentos de absorción monetaria del Ente Rector, Letras de Liquidez (LeLiq), descendió un 31,1%, en tanto que la base monetaria creció un 4,9% y los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado disminuyeron un 7,4%.

El Banco Central, en el esquema post elecciones, ha decidido inyectar liquidez vía emisión monetaria e inducción a la baja de la tasa de interés como modo de compensar la contracción ocurrida hasta octubre, como consecuencia de la fuerte pérdida de reservas internacionales y el desarme de las posiciones de LeLiq. Ahora bien, esta decisión, que puede ser catalogada como correcta, debe ponderar cuál es el fin perseguido y cuáles los límites existentes.

El descenso de la cotización del tipo de cambio denominado dólar «contado con liquidación», perforando los $80 en la semana posterior a las elecciones generales, reveló la «sobre-dolarización» ocurrida en los momentos previos a los comicios. Muchos agentes económicos debieron deshacer sus dólares y volver a posicionarse en pesos y utilizaron el mercado del dólar «contado con liquidación» para obtener un mejor precio por la moneda extranjera que entregaban. El Banco Central aumentó, también en esa época, la base monetaria en un 5,6%, dando cuenta de este movimiento del mercado.

La pregunta a formularse es si estamos frente a un aumento de la demanda de pesos para la actividad económica real o si solamente se está acompañando una acción puntual de «desdolarización de carteras», producto de errores de cálculo en los momentos previos a las elecciones y al endurecimiento del control de cambios.

Si la respuesta fuera que no hubo un incremento en la demanda de pesos con destino a un circuito de producción y consumo que comience a evolucionar favorablemente, sino un simple estrangulamiento coyuntural de liquidez por sobrerreacción al momento político, esos pesos emitidos van a seguir el camino inverso y presionarán sobre la cotización del dólar «contado con liquidación» en ese mercado, ampliando la brecha con el oficial.

Esta tediosa disquisición técnica es imprescindible para concluir que liberar precios al mercado sin un plan de reactivación del nivel de actividad y un horizonte de previsibilidad de las variables no aumenta la demanda de pesos, sino que favorece la especulación de corto plazo y puede desembocar en presión inflacionaria. Es necesario monitorear cuidadosamente la política que está siguiendo el Banco Central en la transición. Éste, que se ha erigido en único ejecutor de políticas de un gobierno que hace rato ha dejado de gobernar, puede estar siendo impulsado por los técnicos del FMI para acelerar drásticamente el ajuste monetario y fiscal por vía de shock antes de sentarse a conversar con el gobierno entrante. Es importante recordar que el FMI fue el sostenedor y principal financista, desde junio de 2018 hasta julio de 2019, del gobierno de Cambiemos. Luego de la contundente derrota electoral sufrida, el organismo decidió interrumpir el cronograma de desembolsos que en lo inmediato hubiese significado un aporte de U$S 5.400 millones, necesarios para garantizar una transición mucho más ordenada que la actual.

El FMI permitió la sangría de reservas internacionales sostenida con sus desembolsos durante el proceso electoral -tal como lo muestra el gráfico- e interrumpió el apoyo cuando el resultado político no fue el esperado. La institución multilateral nunca se comprometió a velar por que sus aportes sirvieran para estabilizar las variables económicas y alejar el peligro de default. Por el contrario, contempló pasivamente el despilfarro de dólares y el incumplimiento del programa «Stand by». Ahora, tal vez quiera reajustar las «metas» por otros mecanismos.

Esta columna se engarza con la del pasado domingo, donde, al cabo de una semana, se puede atisbar con datos más concretos el nuevo rumbo de las políticas monetaria y cambiaria.