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viernes, junio 26, 2026
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Pandemias y finanzas: los virus son irreverentes y también insensibles a las clases sociales

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Pandemia es un término «populista». Su origen griego podría ser equivalente a una enfermedad que afecta a la totalidad del pueblo. Por consiguiente, perturba a todos y cada uno de los individuos que lo componen. A diferencia de las epidemias -que tienen un ámbito territorial determinado- se caracteriza por las dificultades de su control y prevención.

Existen muchos antecedentes históricos. La peste bubónica diezmó al imperio bizantino y 800 años después reapareció en Europa provocando una mortalidad sin precedentes. La viruela importada de Europa fue implacable con los mayas y los aztecas; el cólera en los años 1800; la gripe española en 1918; el SIDA aún en nuestros días; el ébola en África. Y ahora el COVID-19.

El abordaje de una pandemia depende del estado de la ciencia, de la organización del pueblo y de las motivaciones de los individuos. La organización social es una deriva de la política, las motivaciones individuales son estudiadas por la microeconomía. La conducta individual es egoísta; el comportamiento social es solidario. Los individuos se mueven en los mercados, la sociedad se organiza en el Estado.

Egoístas y colectividades solidarias

El estudio sobre cómo se transforman los individuos egoístas en colectividades solidarias pertenece al campo de la eco-sociología, y parece que tiene que ver con el mantenimiento de la especie. La denominada sustentabilidad en la que lo colectivo priva sobre lo individual. Lo público por sobre lo privado. Sin esta prevalencia no hay sustentabilidad.

Un poderoso puede comprarse todas las existencias de jabones y alcohol en gel. Será inútil. Se infectará de inmediato. El contagio del virus es insensible a las clases sociales. Son virus muy irreverentes.

Los mercados se mueven en base a criterios de rentabilidad y conveniencia, los Estados en base a preceptos de productividad y equidad social. Por eso la política difiere de la economía y ambas se enfrentan en el campo de lo social. La solución política no siempre es económica. La economía de la salud pública es un ejemplo.

Si el mercado tuviera a su cargo la solución de la pandemia aplicaría un criterio de selección darwiniano -en realidad Darwin toma de Malthus el concepto de selección natural del más fuerte-. Los mejor dotados económicamente tendrían más oportunidades para salvarse. Podrían, por ejemplo, contratar un pulmotor de avanzada. Pero transformar dinero en salud no es sencillo. La leyenda urbana de Walt Disney es un ejemplo de lo que no puede el capital financiero.

Fiel a su mirada financiera, el FMI considera que la buena noticia es -a pesar de la incertidumbre- que los sistemas financieros son más resistentes que antes de la crisis financiera mundial. No se sabe si esa resistencia que proclama el FMI y que implica que la salud de los bancos es a costa de los usuarios, es también para los virus. El riesgo de default argentino es ahora mayor. A tasa cero en los bonos USA, el sistema financiero global deberá compensarse con tasas ultras en las periferias.

Pérdidas de todo tipo

Un informe del FMI (2 marzo de 2020) reconoce que un tercio de las pérdidas económicas causadas por la enfermedad serán costos directos. Pérdida de vidas humanas, cierre de lugares de trabajo y cuarentenas.

Los dos tercios restantes serán indirectos, lo que reflejará una reducción en la confianza del consumidor y el comportamiento comercial y un ajuste en los mercados financieros.

El virus también destruye los precios. El petróleo ni hablar. La soja, otro tanto. Los bonos y acciones en picada. Incluso el precio del dinero, la tasa de interés. La Reserva Federal (Fed, en la jerga financiera) disminuyó la tasa de interés de referencia hasta el rango del 0-0,25%. El mismo rango utilizado a fines de 2008 con la debacle desatada por la crisis financiera global.

Parece que uno de los efectos del coronavirus será poner en el tapete el acceso al poder del neoliberalismo.

La pandemia ideológica

En Argentina -y en buena parte de América Latina- la verdadera pandemia fue ideológica y electa. Recordemos que el neoliberalismo eliminó el ministerio de salud pública y lo transformó en secretaría; deterioró sistemáticamente el sistema hospitalario, desatendió la prevención del plan de vacunación de la OMS, justificó aumentos desmedidos en las prepagas en contra del interés sanitario público, generó fuertes incentivos para el traslado de personal idóneo al sector privado.

El FMI informa que tiene recursos disponibles de alrededor de u$ 1.000 millones en capacidad de préstamo general. Dispone también de un financiamiento de emergencia de desembolso rápido de hasta $ 10 mil millones al que se puede acceder sin un programa completo del FMI. Estas estrategias de financiamiento rápido pueden implicar oportunidades de rediseño multipolar del mundo.

En la Post Pandemia el mundo puede reconocer la necesidad de mostrar un rostro humano y políticas económicas solidarias que permitan superar las inequidades del egoísmo financiero y la dictadura de los mercados.

 

https://www.elextremosur.com/nota/23420-pandemias-y-finanzas-los-virus-son-irreverentes-y-tambien-insensibles-a-las-clases-sociales/

FIN DEL PERÍODO MACRI: LAS CONSECUENCIAS DEL LEGADO MACRISTA

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Si el kirchnerismo es lo más parecido al peronismo originario por el énfasis en el desarrollo industrial y la mayor distribución del ingreso en favor de los salarios, no todo el peronismo es kirchnerista, de la misma manera que no todo el radicalismo es alfonsinista, ni a partir de la llamada Revolución Libertadora o la primera dictadura no todos los peronistas apoyaban la vuelta de Perón de su larga proscripción, y lo mismo sucedió con el kirchnerismo, en que el máximo caso fue Pichetto, que llegó al extremo de ser candidato a vicepresidente en el proyecto de reelección de Macri.

Por eso el mayor intento de la oposición macrista es romper la unidad del peronismo y aislar a Cristina, que es mayoría en el peronismo y la parte más comprometida con la industrialización, la distribución del ingreso y una política crítica hacia la deuda externa. Sin su presencia, la derecha podría rearmar un frente político más consistente y volver a la política del macrismo, que es el principal cometido de los grandes medios, empezando por Clarín.

Sin embargo, el peronismo en el poder en 2020 no es el de Cristina ni podía haberlo sido, en primer lugar por las condiciones políticas, pero también por las condiciones económicas y las limitaciones que presenta  la era Trump. Las condiciones políticas son la presencia de una alianza masiva de derecha: el macrismo. Y las condiciones económicas son una mayor imposibilidad de aplicar el nacionalismo económico por falta de recursos y la necesidad de recurrir a la inversión extranjera productiva en minería y petróleo -en este caso resguardando el papel de la estatal YPF para buscar formas de abaratar la energía para el consumo y el uso industrial-. Pero lo continúa en el objetivo de dejar atrás el intento de volver a la especialización agraria y encarar una reactivación industrial para aumentar el empleo y mejorar la calamitosa situación de los salarios, que, medidos en dólares, perdieron más de 50% de la capacidad adquisitiva que tenían en 2015.

Para que quede claro, esto significa terminar con el ajuste y pasar al otro lado de la grieta desde el punto de vista económico para superarla desde el punto de vista social.

La política de ajuste, que tiene un alcance internacional, se centra en el equilibro fiscal como medio de evitar la expansión monetaria con repercusión sobre los precios. En los países no industrializados el equilibrio fiscal primario sirve para tener un excedente con que pagar los intereses: por eso el desequilibrio fiscal financiero se silencia, porque sirve para el continuo reciclaje de la deuda externa y de la política de ajuste, que fue la conducta con la que se desenvolvió el macrismo en sus dos primeros años.

Sin embargo, el equilibrio externo en divisas –que se vuelve imposible con el agrandamiento de los pagos de intereses y la fuga de capitales- es igual de necesario para estos países y generan un desequilibrio igual o peor de peligroso que el desequilibrio fiscal primario, como lo ha demostrado la gestión Macri en su fase de declinación evidente de 2018/2019.

El sobreendeudamiento para financiar la fuga y su perpetuo rollover con crecientes tasas de interés, resaltado y promocionado por el establishment y su prensa, fue uno de los canales decisivos de vaciamiento y empobrecimiento del país y en ese marco la fuga anual de dólares estaba al fin del período de Macri en un nivel superior a los 27.000 M dóls anuales. El macrismo tuvo que recurrir al cepo cambiario en diciembre 2019 cuando se agotó su política favorable a la fuga de dólares y por eso en ese mes por primera vez desde junio 2015 entraron más dólares de los que salieron. Este resultado muestra que el cepo es mejor opción que el endeudamiento permanente, que invariablemente agrava la crisis.

La deuda bruta nacional alcanzó en el III trimestre 2019 al 91,6% del PBI, desde el 52,6% de 2015, con una parte en dólares que subió de casi el 70% a más de 80%, pero para hablar de cifras exactas es necesario contar antes con un PBI medido en dólares que pueda tomarse por definitivo. El gobierno propuso al Congreso un proyecto para hacer sostenible la deuda que se convirtió en ley el 4/2, posibilitando las negociaciones que emprendió el ministro de Economía, Martín Guzmán. El mercado y los medios pretenden un plan económico antes de la negociación, pero no hay programa posible si no se sabe el margen de postergación y descuento que se va a obtener. Esa exigencia es porque así los acreedores pueden reclamar por lo prometido y el mercado especular financieramente con los cambios.

A fines de 2019, cuando el Frente de Todos llegó al gobierno, su política era hacer posible las perspectivas de una muy moderada recuperación en 2020 a través del cambio de política económica, el menor peso que se consiga en el pago de intereses, si las negociaciones con el FMI y los bonistas terminaban siendo favorables, y así conseguir una leve recuperación de la actividad industrial y en el consumo. La inflación sería menor –como realmente lo fue- en tanto se limite la fuga de capitales con la actual política cambiaria, que incluye el cepo a la salida de dólares.

La situación empezó a cambiar cuando el mercado rechazó el reperfilamiento del AF20 porque con vencimientos a más largo plazo se limitaba la posibilidad de adquirir bonos en pesos y transformar el saldo en dólares a través de la Bolsa. La caída tendencial de los bonos en dólares inició la nueva escalada del riesgo país que se potenció con el lunes negro de marzo. Las subas pausadas del dólar se aceleraron, esta vez en coincidencia con las monedas de la región, y se impuso un crawling peg con mayor frecuencia de subas.

La inevitable profundización de la crisis internacional replantea toda la discusión del ministro Guzmán con el FMI y sobre todo con los bonistas, porque un acuerdo que facilite el crecimiento es más difícil de alcanzar.

Moody’s dijo pocos días después del lunes negro que «el coronavirus perjudicará el crecimiento económico en el primer semestre del año, aumentando “el riesgo de una recesión global» y para la Argentina, insistió en prever una caída del 2,5% del PBI en el año en curso. Esto se hará más probable en las condiciones generadas por el lunes negro y por la ahora considerada una pandemia, que la agencia ya había advertido que cuanto más tiempo dure, “el shock de la demanda dominará y conducirá a una dinámica recesiva, un retroceso sostenido en el consumo, junto con cierres extendidos de negocios, que dañarán las ganancias y generarán despidos».

Claro que Moody´s enfatizó su apoyo a las políticas de mayor liquidez de la Fed estadounidense, del Banco Central Europeo y del Banco de Japón insistiendo en que limitarán la volatilidad del mercado financiero mundial.

Es cierto que pueden representar una mejora inmediata, pero sólo para los países industrializados, mientras que obligará a los menos desarrollados a atarse aún más al crédito en peores condiciones y –como hemos visto en el punto 4) de las siete cuestiones examinadas en la primera nota- se reproducirán todos los inconvenientes actuales. Y esto porque esta política global sólo afirma al capital financiero, pero no al crecimiento productivo. Al hacerlo posterga todos los beneficios del aumento de la productividad y lo concentra en las ganancias extraordinarias por valorización especulativa del mercado destinadas a reproducir periódicamente las jornadas negras y la reiteración de los rescates, empeorando las condiciones de la producción y del ingreso, con lo que se sigue achicando la demanda, agrandando la deuda y extendiendo la larga fase recesiva de la posguerra que ya no logra salir de las condiciones de crisis de 2007/2009. 

Vuelve la opción de arreglo favorable o default.  Si el default se presentara como alternativa para no seguir con el derrumbe de la producción y los ingresos, como sucedió en 2002, el mercado pedirá un nuevo acuerdo con ajuste, tal o lo entendió Macri con las crisis cambiarias de 2018/2019. El default disfrazado y la opción por el FMI y el ajuste –aunque en esas condiciones parecía generoso- terminó incrementando el desastre. Este es el nuevo escenario que enfrenta el país y que se dirimirá en no más de un mes o se prolongarán las negociaciones, pero sólo al final de ellas se podrán trazar las perspectivas de recuperación.

Prepararse para un desafío extraordinario

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En las últimas semanas, como es notorio, una combinación fatal arrasa en cinco continentes: la difusión del coronavirus entreverada con terremotos en las bolsas de valores. Un verdadero drama que ha destruido miles de vidas, de esperanzas y de puestos de trabajo. Y es muy probable que sus sombras perduren en el tiempo. En el hemisferio norte y también aquí, en el sur. Con una carga negativa que presenta, al menos, tres rasgos específicos.

En primer lugar, estamos frente a una epidemia que abarca todas las clases sociales, razas, sexos y creencias, afectando a ricos, pobres, honestos, bandidos, creyentes, ateos y agnósticos de cualquier índole. Y si bien los adultos mayores corren mayor riesgo, la circulación de la enfermedad no está circunscrita ni explicada por las prácticas sexuales o por las condiciones de vida de una población como en los casos de la malaria, el Chagas, el HIV-Sida o, en el pasado reciente, del Ebola y el Marburg en el corazón del África negra.

Sus consecuencias en la esfera económica, por otra parte, han sido superiores o igualan, hasta ahora, a los problemas causados cien años atrás por la mítica gripe española o por la llamada crisis de las hipotecas a principios de este siglo. Su primer y perjudicial impacto debilitó la economía china. Pero la inoportuna disputa petrolera sostenida por sauditas, rusos y norteamericanos seguida por soluciones parciales y de corto plazo que tomaron estos líderes y sus acólitos, generalizó la incertidumbre económica global. Con los consiguientes colapsos bursátiles y una enorme destrucción de capital y fuerzas productivas. Billones de dólares que se esfumaron en el aire.

Es cierto que el avance de la epidemia en China permitía prever para el presente año un menor crecimiento de su industria y de las cadenas de valor vinculadas a sus actividades. Además de una contracción en el comercio, los servicios y los viajes aéreos en esas zonas del mundo. Pero no es menos cierto que los conflictos entre las principales potencias por la supremacía tecnológica y energética agudizaron los problemas al extremo. Al punto que, en estos momentos, pretenden acaparar las pruebas y usufructos de una posible vacuna. Es otra resultante de haber debilitado el orden multilateral y sus instancias de diálogo y cooperación. Con su contracara de prepotencia, medianía y poder hegemónico.

En tercer lugar, se destacan, como nunca antes quizá, la importancia, la variedad y también los peligros que suponen las herramientas provistas por la era digital. Los intercambios entre naciones distantes, junto con la difusión de sus noticias y culturas, se fueron acelerando con el impulso que introdujo el capitalismo en todas sus formas. Sin embargo, la magnitud, los usos y la velocidad que presentan las comunicaciones en el último período revisten, según numerosos estudios, cualidades inéditas, imparables y asombrosas. Nada es posible de ocultar. Nada está fuera de alcance o control.

Y este movimiento vertiginoso, que corre con la misma rapidez que se transmite el virus, viene jugando un papel clave en la crisis actual. Para dar a conocer la naturaleza de la enfermedad y los modos de prevenirla. Y también para aislar poblaciones enteras o reconocer, sin ningún consentimiento, las facciones, la salud y hasta qué hizo y dónde estuvo cada posible infectado. Con la misma efectividad que, al mismo tiempo, habilita las conexiones para que millones de ahorristas inviertan o desinviertan a cualquier hora y lugar del planeta.

Argentina, como era dable imaginar, no está exenta de esta compleja realidad sanitaria y financiera. Más aún: es factible que disminuyan las expectativas de la población y por ende el consumo de las familias mientras dure la epidemia. También los precios y volúmenes de las exportaciones. Y que una porción de nuestra sociedad procure refugios de valor en otras monedas o activos fuera de nuestro país.

Sería deseable entonces que el Gobierno, que ha impulsado iniciativas correctas en la esfera de la salud, proyecte certidumbre y firmeza en materia económica. Ampliando las medidas que permiten sostener el empleo y la demanda de bienes y productos, sin retrasar salarios ni ingresos en la batalla contra la inflación. Mientras se reprograman, por un plazo razonable, las metas fiscales y los pagos de intereses y capital de la deuda pública. Una situación anómala requiere respuestas acordes. Así lo han hecho otros países y lo sugieren los organismos internacionales. En tanto que las características masivas de la epidemia inducen a consolidar un amplio acuerdo político y social que permita atender la emergencia con el máximo de energía. ¿Será posible esta vez?

 

https://www.clarin.com/opinion/prepararse-desafio-extraordinario_0_ZkxKUhP-w.html

FIN DEL PERIODO MACRI: EL LEGADO DEL MACRISMO, LA VUELTA AL ANTIGUO REGIMEN

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Con estas observaciones básicas iniciales podemos decir que las perspectivas de América Latina para 2020 no exceden este estrecho horizonte en crecimiento y bienestar, con una limitada suba en Brasil (1,1%). Esto  por la política de ajuste del presidente Jair Bolsonaro apoyada en su ministro de Economía, Paulo Guedes, seguidora de la ruta promovida por el presidente Trump, que dio lugar a una muy lenta recuperación y a una suba del dólar (4,65 reales, a principios de marzo).

México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con una industria ya integrada en forma diferencial a Estados Unidos, trata de obtener ventajas de esa integración inevitable. Y la dramática situación de la Argentina, en que la política económica del macrismo redujo en cuatro años el PBI en dólares en más de 25% y que -agobiada por una deuda adquirida para asegurar la persistencia de esa política- tratará con el peronismo y el presidente Alberto Fernández (AF) de alcanzar una recuperación en el segundo semestre. No es seguro que alcance a dar un resultado positivo en 2020 ni a modificar drásticamente la situación social sino sólo a frenar la caída y empezar la recuperación, condicionada por los resultados de la negociación de la deuda y por la reiterada crisis financiera internacional que condujo al nuevo lunes negro del 9/3 de 2020.

A este panorama –que no tiene otra explicación que el alto nivel de deuda que afecta a toda la región- habrá que agregar las consecuencias inmediatas de la Iniciativa América Crece del presidente Trump, destinada a colocar al sur del continente como apéndice de Estados Unidos en su guerra de predominio contra China, Rusia y la Unión Europea, aunque podría ofrecer un breve respiro si incluyera facilidades para el pago de la deuda, y por eso el FMI apoya en la Argentina la quita a los bonistas.

Así como Europa pudo alcanzar una unidad que potenció su dimensión (aunque no haya dado una franca mejora a las economías menores) y que Estados Unidos trata de limitar, el Mercosur sólo tiene futuro si se recompone como primer bloque regional de países en desarrollo que -con su unidad y una política independiente de las grandes potencias- busque un camino de industrialización y empleo sustentable. Política acompañada de una redistribución del ingreso derivado de la mayor productividad, para lo que no se debe interrumpir la fuerte vinculación comercial con China y el Asia del Pacífico y conseguir los recursos para ese salto dentro de una economía mundial dinámica, en vez de financiarse con una deuda que la subordina permanentemente a los prestamistas

En la Argentina, en diciembre 2019 el PBI tuvo una baja de 0,3% i.a, que en todo el año fue una caída de 2,1% i.a, según el Indec y en tres de los cuatro años de la gestión macrista hubo recesión y la pérdida económica acumulada en su gestión fue de 6,7%. Pero se trata de una relación engañosa, que debe medirse no en pesos devaluados por la suba del dólar de 546% en ese período sino en dólares, en que la baja del PBI podría haber pasado, como se lo adelantó en un principio, de casi 600.000 M dóls a poco más de 300.000 M dóls.

Pero como la baja en dólares no afecta a todos los componentes del PBI por igual y no hay todavía un cálculo oficial elaborado, el de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv) es el único que hasta ahora estimó esa baja en 25,6% en el PBI total y en 28,6% en términos per cápita, por lo que el PBI habría pasado con Macri de cerca de 600.000 M dóls a poco menos de 450.000 M dóls.

De esta manera, el mayor desastre del país no fue el populismo –como dice Macri- sino su política forzosamente recesiva al estar apoyada en la deuda, como ya se vio en las experiencias anteriores de la dictadura militar y en la continuidad en la democracia que agudizaron los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de La Rúa y terminó con el colapso de 2001, repetido con amplitud en 2018/2019 y mucho más difícil de revertir por la profundización de la crisis mundial, del que forma parte la crisis de la deuda.

Lo más importante del período Macri fue la fuerte desindustrialización acorde con la baja del ingreso asalariado porque en la industria se concentra el 43% del trabajo de más calidad. El crecimiento centrado en el agro no es una casualidad: en realidad, la política de la dictadura continuada en la democracia hasta la crisis de 2001 fue volver a la especialización agropecuaria relegando a la industria a un segundo plano. Las sucesivas devaluaciones y el consecuente aumento de la deuda externa y las finanzas condujo a todas las crisis que tuvieron lugar desde 1975 a 2001 como resultado de ese intento explícito.

Tal política, solo fue inicialmente resistida por el presidente Raúl Alfonsín con su ministro Bernardo Grinspun, pero -obligado por la inflación y la suba del el dólar- lo sustituyó por Juan Vital Sorrouille y Adolfo Canitrot que crearon el Plan Austral con acuerdo del FMI y que fue precursor del ajuste y siguió con más endeudamiento con el Plan Primavera hasta el traspaso adelantado del poder.

Menem empezó con miembros de Bunge y Born como camino para priorizar al agro sin un ataque frontal a la industria, y tuvo que terminar instalando a Domingo Cavallo que, con la convertibilidad uno a uno con el dólar, imposible de sostener porque no hay simetría alguna entre el peso y el dólar ya que no la hay entre la productividad estadounidense y la productividad local, condujo a nuevas crisis reiteradas y profundizadas en la presidencia de Fernando de La Rúa. Después de insistir y profundizar el ajuste con Ricardo López Murphy volvió Cavallo con Federico Sturzenegger y un intento de megacanje que llevó finalmente -como después con Macri- a un control cambiario conocido como corralito hasta el desplome de 2001, su renuncia y el fin de la convertibilidad.

El ajuste fue revertido por la política industrial del peronismo kirchnerista de 2003 a 2011 (PBI), que se sostuvo hasta la crisis mundial de 2008 por la demanda china y el aumento de los precios internacionales de las materias primas. En ese momento no se entendió el alcance mundial de la crisis y su larga duración y se descuidó el efecto inflacionario, que afectó al crecimiento económico de 2011 a 2015 junto con una política de nacionalismo económico que no favoreció un reordenamiento más competitivo de la industria. En 2015 ya los costos financieros llegaban a casi la mitad del costo operativo, y después el macrismo convirtió otra vez en política la pérdida de terreno de la industria.

En la presidencia de Macri, la industria perdió 18,6% de su magnitud y la actividad agropecuaria avanzó 6,8%, con apertura y cierre de importaciones y liberación cambiaria. Las consultoras disimulan que la profunda baja industrial fuera resultado de una política, cuando es innegable, debido a que hubo un claro intento de contraerla mediante la apertura de las importaciones, la suba de la tasa de interés para atraer capital en forma de deuda, que elevó el costo del crédito en el final del macrismo a casi cuatro veces el nivel de fin de 2015. Lo que debe merecer especial atención es que junto al decisivo embate antiindustrial, el agro recuperó con el macrismo su lugar central de la política productiva, lo que significó una plena vuelta a las políticas conservadoras del Antiguo Régimen.

Si bien el término de Antiguo Régimen es el nombre que la Revolución Francesa le dio al orden político, económico y social anterior, su uso se terminó ampliando, utilizándolo para designar a la formación económico social previa al capitalismo moderno. Aunque el término se refiere al paso del feudalismo al capitalismo y al fin del régimen político de la monarquía absoluta, parece apropiado usarlo en la Argentina precisamente porque el moderno capitalismo tiene por centro a la industria y la burguesía argentina tiene la particularidad de rechazarla y de buscar la especialización agropecuaria.

Para que la burguesía industrial no alcanzara el papel que ocupa en los países industrializados del capitalismo, el poder debe permanecer en manos de la oligarquía rural con un sistema político que asegure su dominio y el de las áreas en las que puede invertir el excedente dentro de la especialización elegida. Como la inversión productiva está obstruida por el freno a la industria, se promueve la integración al capital financiero internacional asociándose en la fuga de excedentes y el sostén de ese sistema mediante el sobreendeudamiento externo.

Este sistema requiere un bajo ingreso de los trabajadores para un limitado consumo propio de la restringida expansión fabril con el objeto de obtener un fuerte excedente sin gran creación de valor agregado industrial, para lo que es necesario un sistema político autoritario. Este por sus antecedentes históricos en la Argentina debió apoyarse en una ideología liberal, pero que consiguió mantenerse en el poder por largo tiempo sin una ley de voto obligatorio (la Ley Saenz Peña se dictó en 1914) seguida de un fraude sistemático que recién pudo superarse con la llegada al poder del peronismo.

Esta oligarquía tuvo una fuerte impronta cultural que rememora su período de poder indiscutido como un nostálgico paraíso perdido estropeado por el peronismo, una añoranza similar a la que profesaban los cultores del Antiguo Régimen barrido por la Revolución Francesa. En el caso argentino, la oligarquía creó como contrapartida una concepción infamante, casi diabólica del peronismo, hoy concentrada en el kirchnerismo y muy evidente en la prensa opositora.    

¿Por qué el peronismo concita el odio de la oligarquía dominante? Porque con el desarrollo industrial, el mayor empleo y la mejor distribución del ingreso, el agro pierde su sitial privilegiado, junto con los sectores que han prosperado con ese dominio: Este es el origen de la grieta: un Antiguo Régimen cuyo objetivo es regresar y lo ha conseguido a través del tiempo sólo derrocando del poder a Perón o impidiendo que vuelva o prospere su continuidad histórica, que se identifica con la industrialización y una mayor participación en el ingreso de los trabajadores. Cuando no puede hacerlo, busca una alianza con el peronismo que en realidad no lo es, porque la característica fundacional del movimiento es precisamente la industria y la distribución del ingreso.

Los partidarios de la especialización agraria sostienen que la decadencia argentina de la posguerra se debe al peronismo, pero ningún régimen político en los mayores países de América Latina se propone un objetivo económico que no incluya el desarrollo industrial, que desarrolla más valor agregado que la economía primaria y –además- es el terreno en que va a tener lugar la Cuarta Revolución Industrial.

Por eso la Argentina ha quedado retrasada frente a Brasil y México. La responsabilidad por ese retraso creciente no es por el peronismo sino por el freno a la industria del conservadorismo agrario. Este ha encontrado a través del tiempo sectores con los que pudo crear afinidad de intereses en el comercio exterior agropecuario, las finanzas y la gran banca extranjera a través del endeudamiento público. Últimamente también en una parte del capital industrial en el petróleo y el gas, y los servicios, para la médula de la dirección política macrista y su séquito inmediato.

Es una grieta por la profundidad de la diferencia, que relega al área más avanzada del desarrollo y provoca una grieta social no menos profunda, como queda en evidencia con la pérdida del poder adquisitivo que sufren los ingresos laborales y sociales al cabo de las experiencias de desindustrialización, que han ocupado casi medio siglo frente a las políticas industrialistas, que no han llegado ni siquiera a la mitad de ese tiempo.    

En los regímenes antiperonistas posteriores al primer peronismo, no hubo una política completamente excluyente de la industria sino una limitación muy reñida, más en función de la contención de los salarios y del poder de los trabajadores y de los sindicatos que del desarrollo fabril, incluso en el período de la primera dictadura (1955 a 1973), en que coexistía un bando militar triunfante -los azules, que sostenía una política industrial- frente al bando colorado derrotado, decididamente antiindustrialista.

El antiindustrialismo se generalizó después de la muerte de Perón y el embate contra la política de José Ber Gelbard en manos del peronismo de derecha que, en su oscura agonía, terminó con la instalación del rodrigazo, prólogo a la dictadura de 1976 a 1984. Más firme que la primera dictadura en la restauración de la especialización agropecuaria, pero más recostada en el capital financiero internacional y el endeudamiento, aunque todavía sin llegar a una máxima represión industrial que treinta años después encararía el macrismo.

En la democracia, la política económica de la dictadura se mantuvo con variantes poco significativas hasta que la crisis de 2001 la dinamitó: la restauración de la especialización agropecuaria se encontraba sin un mercado externo que la alentara y por eso no se pudo transformar el debilitamiento de la industria en una política completamente definida hasta que esa posibilidad se concretó con las consecuencias del ajuste y de la deuda: la crisis terminal de 2001.

Inmediatamente después, el peronismo en su versión kirchnerista recuperó la política de desarrollo industrial, de limitación de la deuda externa y de redistribución del ingreso sumada a la recreación del Mercosur como una asociación regional independiente del dominio estadounidense, y supuso una completa vuelta atrás en la restauración del Antiguo Régimen, que extremó la ofensiva política contra el peronismo y particularmente contra el peronismo kirchnerista.

En su aspecto político, la ofensiva contra el peronismo basado en el desarrollo industrial y la distribución del ingreso tuvo una respuesta electoral masiva, sumó a una parte de la derecha peronista y pudo conformar una plataforma electoral que, encabezada por Mauricio Macri en Cambiemos, pudo enfrentar al peronismo K y ganar las elecciones de 2015, con un margen muy estrecho pero con considerables triunfos en las áreas de mayor poder adquisitivo del país: la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de la región central.

Por eso, el macrismo pudo convertirse en el mayor intento de una vuelta completa al pasado de búsqueda y sostenimiento de la especialización productiva primaria afirmada en el agro y acompañada por el desarrollo del petróleo y de la minería con capital extranjero y los servicios públicos, con especial control y participación del macrismo y su grupo cercano más el pleno control del capital financiero por la banca extranjera a través de la deuda. Todos ellos receptores de un excedente que, al no destinarse a la inversión productiva en la industria, dio lugar a más desempleo, bajas en los salarios y más empleo precario, y privilegiar la colocación financiera no productiva que sobredimensionó el endeudamiento y multiplicó la pobreza, que fue vista por sus principales propagandistas como una gloriosa vuelta al pasado.

10 de marzo 2020

FIN DEL PERÍODO MACRI: LA INDUSTRIA, EL PERONISMO Y LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EN MEDIO DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS MUNDIAL. Primera Parte

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Wooden blocks with the word Stagnation and dollars. Prolonged period of slow economic growth, measured in terms of GDP growth. High unemployment. Economic stagnation. Performance slowdown

En medio de un estancamiento económico mundial que podría derivar hacia una recesión en Europa y Japón,

con la cada vez menos probable excepción de Estados Unidos por su peculiar proteccionismo que modifica la globalización generalizada por la globalización centrada en ese país –objetivo de la política del presidente Donald Trump-,

con la incógnita de China que crecerá menos de lo habitual (2,5% a 4% en 2020, contra 5,9% en 2019), paralizada por el coronavirus, y con economías emergentes con flojo desempeño, como Brasil, India y México,

la Argentina trata de salir del hundimiento con una renegociación de la deuda con el FMI y los bonistas que le va a dejar muy poco margen para crecer, sobre todo en medio de las actuales condiciones mundiales.

Las perspectivas se estaban agravando desde comienzos de año. La mayoría de los CEOs de las principales corporaciones sostenían que en 2020 el crecimiento mundial descendería a 1% frente al 2,6% de 2019. Un descenso del 1,3% en Estados Unidos (2% en 2019) y se afirmaba ante la inversión de la curva de rendimiento (un interés muy bajo para las colocaciones a largo plazo -sometidas a riesgo por más tiempo- que el interés a plazos cortos, y pese a que éste igual es bajo) e indicaba una recesión a la vista.

El cuadro negativo se complicó primero con la suba del petróleo y luego por su baja, que sobrecarga la crisis del coronavirus y podría llevar al PBI mundial del I trimestre 2020 a cero crecimiento.

Nouriel Roubini, que anticipó la crisis financiera mundial de 2008, había afirmado en julio 2018 que Trump ha contribuido a debilitar el orden económico global creado por ese país en la II Guerra Mundial  con su “Estados Unidos primero”. Esto debido a el insostenible gasto fiscal para poder crecer, una mayor inflación y las tasas de interés que terminarían subiendo, según refirmó en septiembre de ese mismo año. En esto último se equivocó porque cuando se afirmó la amenaza de recesión, las tasas siguieron bajando junto a más disputas comerciales, menos inversión en alta tecnología y desaceleración del crecimiento fuera de Estados Unidos, en lo que acertó.

Lo interesante en ese análisis es que habla de la existencia de capital privado sobrevaluado y bonos públicos muy caros, lo que llevaría a una baja de ventas y un colapso de mercados financieros, ya sin espacio para aplicar políticas monetarias no convencionales. En febrero 2020, alertó que la Argentina estaba al borde de un default y que “una solución intermedia honrosa es lo mejor”.

En ese momento, Roubini agregó a las amenazas de crisis la de una guerra. En realidad, esa guerra ya empezó y tiene un carácter muy diferente de lo que habitualmente se entiende por guerra, porque se desarrolla en la economía y sobre todo en la tecnología vinculada con la Cuarta Revolución Industrial, con China y a Estados Unidos como principales rivales.

Lo que destacó Roubini en esta ocasión es que Estados Unidos está encerrado en una rivalidad estratégica creciente con China, Rusia, Irán y Corea del Norte, a lo que podría agregarse una crisis política interna por el recuento de votos que lo debilitaría frente al exterior. La amenaza estadounidense a Irán llevaría a ese país a intensificar el conflicto y a una guerra en gran escala que daría lugar a una recesión y hundiría las perspectivas de reelección de Trump.

Con China, Roubini le dio un alcance secundario y temporal a la llamada fase uno del acuerdo comercial. Pero advirtió que «la guerra fría bilateral sobre tecnología, datos, inversión, moneda y finanzas ya está escalando bruscamente», mientras el brote del coronavirus  impulsa el desacoplamiento de los dos países con una epidemia “más grave de lo que se espera”. Además habrá efectos indirectos de la economía china en las cadenas mundiales de suministro, incluidos los artículos farmacéuticos, de los que China es un proveedor fundamental».

Roubini destaca que para algunos líderes chinos, no puede ser una coincidencia que su país esté experimentando simultáneamente un brote masivo de gripe porcina, una de gripe aviar, la epidemia de coronavirus, disturbios políticos en Hong Kong, la reelección del presidente proindependentista de Taiwán y el aumento de las operaciones navales de EEUU en el mar de China Meridional y Oriental, por lo que “la opinión en Pekín se está inclinando hacia lo conspirativo«.

Roubini destaca que habla de una primera ciberguerra mundial en que las potencias rivales también podrían atacar los sistemas financieros de todo Occidente, incluyendo el sistema SWIFT (un sistema para la transferencia segura de fondos en el mundo a través de los bancos), porque la infraestructura de telecomunicaciones estadounidense es potencialmente vulnerable, y Estados Unidos responderá con un ataque asimétrico que podrían intensificarse en 2020 con “un enorme desorden económico, financiero y político».

En caso de que las tensiones aumenten, China podría deshacerse de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense ante el peligro de que Estados Unidos congele esos activos mediante sanciones, amenazando su crecimiento económico, por lo que trataría de diversificar sus reservas convirtiéndolas en un activo menos vulnerable como el oro, que es lo que ha estado haciendo junto a Rusia para compensar cualquier pérdida incurrida por la venta de los bonos del Tesoro. Y si la diversificación se acelera, podría desencadenar una conmoción en el mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y conducir a una fuerte desaceleración económica allí.

A esto se agregan los riesgos adicionales del cambio climático que no son sólo de largo plazo, como lo demuestra la creciente frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos.

Expuesta la posición de Roubini, esencial para entender la crisis, aclaremos siete cuestiones que nos parecen evidentes. De ellas, la mitad final de la 3) y las siguientes cuatro últimas se desarrollan a partir de la crítica efectuada en estas páginas y por lo tanto, están destinadas a ser objeto de discusión.

1) La guerra de la que se habla es cibernética. Lo termina de aclarar Jorge Castro (Clarín, 8/3/20) “El presupuesto norteamericano del año fiscal 2020/2021 dispone aumentar 6% los gastos de investigación y desarrollo (R&D) del gobierno federal, llevándolos a 142.200 M dóls”, y sumándolo al gasto privado en el mismo fin “asciende a 480.000 M dóls, más del doble de la República Popular, que suman 240.000 M dóls. También el presupuesto de Donald Trump en su cuarto año de mandato prioriza el desarrollo de las industrias del futuro, fundadas en la Inteligencia artificial (AI), la Internet de las Cosas (IoT), y la robotización, y destina a este sector decisivo 200.000 M”. Agregamos que esta afirmación no significa que la guerra no pueda llegar también a otra dimensión, aunque su eje es la disputa por la Cuarta Revolución Industrial.

2) La epidemia parecía mejorar en China en contraposición con el empeoramiento en el resto del mundo, y la actividad no podrá recuperarse en el corto plazo en parte por la política china de arriesgar una baja de la producción anulando contactos para terminar lo más pronto posible con la epidemia, y en parte porque la epidemia en Occidente difícilmente se detenga tan rápido como en China – a principios de marzo, en un día, hubo cerca de nueve veces más de nuevos casos fuera de China que en China, según la OMS-, lo que seguramente fue por el impresionante control ejercido allí, imposible de aplicar donde el mercado está por encima del Estado. 

3) La larga fase recesiva o de bajo crecimiento económico mundial ha llevado a que, según la OIT, el insuficiente empleo remunerado afecte a 500 M de personas en el mundo. Es una situación cada vez más difícil de revertir y se advierte en que la crisis de 2008 no ha podido ser superada en doce años, y esta larga fase recesiva o de bajo crecimiento que siguió a la fase del bienestar de la posguerra, lleva ya 45 años con altibajos que son cada vez más bajos que altos y sólo fue mejorada con el crecimiento chino que ahora el presidente Trump se propone frenar.

Además, la casi paralización china para terminar con la epidemia limita una parte decisiva del mercado mundial (ya en febrero, las exportaciones globales cayeron 50.000 M dóls por falta de piezas chinas en distintas industrias).

A esto hay que agregar lo que sostenemos a lo largo de la nota: la política del presidente Trump consiste en implantar una mundialización centrada en ese país a costa de un proteccionismo que reduce el crecimiento de todos para elevar el propio. Intenta contrarrestar la influencia de China (el éxito de la Ruta de la Seda) y de Rusia, y, al profundizar la baja en el resto de la economía mundial, agrava la amenaza de recesión.

4) La defensa contra la recesión motivó bajas generalizadas en la tasa de interés, que en la Fed consistió el 3/3/20 en un descenso de medio punto de la tasa de referencia, llevándola a un rango de entre el 1% y el 1,25%, presentada como una estrategia para proteger a la economía estadounidense de los impactos del coronavirus, sin mencionar la indiscutible barranca abajo económica previa a la epidemia, y parece destinada a reproducir todos los inconvenientes actuales, porque en última instancia sólo afirma al capital financiero, pero no al crecimiento productivo.

5) También, en cierto sentido, la epidemia es una consecuencia de la globalización del capitalismo. Un estudio del Adecco Group Institute (BAE 24/2/20, Suplemento Lunes, “Los optimistas de la Inteligencia Artificial”, Héctor Medina) afirma que gracias a la tecnología una jornada laboral de 1970 equivale actualmente a una hora y media de trabajo (empleo de máquinas en el análisis de datos y en las tareas directas) y que en diez años más las labores con poco valor agregado -como las del capitalismo de la Primera y la Segunda Revolución Industrial- se verán reducidas en un 20% adicional a esa marca.

Estos datos ponen en evidencia el enorme crecimiento de la productividad, pero la reducción del trabajo diario no va en el sentido del bienestar, porque la queja de la OIT sobre el desempleo señalada más arriba lo pone muy en claro: es “cada vez más difícil que las personas se construyan una vida mejor gracias a su trabajo”.

El enorme crecimiento de la productividad que acompañó al bienestar de la era inmediata de la posguerra se ha transformado cada vez más en un empeoramiento de las condiciones de vida, profundizada desde la crisis de 2008, que en la Argentina hay que agregar a las consecuencias del gobierno de Macri.

6) Anteriormente habíamos señalado que Nouriel Roubini se equivocaba al esperar del excesivo uso de la política monetaria un efecto inflacionario como los tradicionales, sobre los precios. En el capitalismo industrializado de primera fila, como el de Estados Unidos, esa expansión monetaria -como la emisión de 500.000 M dóls diarios por parte de la Fed para frenar la baja de los mercados en la crisis del lunes negro del 9/3 de 2020- es absorbida por el capital financiero en una falsa valorización bursátil que sustituye a la inflación tradicional sobre los precios pero que no deja de ser una nueva forma de inflación.

Con esa falsa valorización, el capital financiero se refuerza sobre el productivo no sólo a costa de recesión o de bajo crecimiento sino que expropia parte del ingreso asalariado. Por eso su expansión ha dado lugar a la larga fase recesiva o de bajo crecimiento que ya lleva 45 años de vigencia con cada vez más frecuentes caídas explosivas. Estas son financiadas directamente por el Estado desde la crisis de 2008, con lo que consigue expandir el valor del capital financiero en el selecto ámbito de los mercados y –al comprar empresas tecnológicas- también se prepara para controlar la Cuarta Revolución Industrial y apropiarse de sus beneficios.

7) Esta conclusión sobre el carácter de la crisis permite entender por qué la situación sigue empeorando, y más aún con las soluciones monetaristas. En los países industrializados, al financiar una nueva expansión del capital financiero para salvarlo de la crisis, como sucedió en 2008, se acotan las posibilidades del capital productivo y se reduce el ingreso salarial y social. Esto porque la valorización bursátil que ocasiona y neutraliza su baja previa, tiene lugar exclusivamente en el mercado, por eso la inflación no va a los precios sino a un aumento del capital. Pero como este aumento da lugar a ingresos en la bolsa, el capital así valorizado se transforma en real con una magnitud creciente que los otros sectores no tienen.

Y en tanto el capital privilegiado se mantiene como capital financiero acrecentado, la cada vez más estrecha actividad sólo se puede mantener con más créditos ofrecidos por el capital financiero a las empresas productivas o a los consumidores (los créditos hipotecarios estadounidenses en 2008 o los créditos UVA en la Argentina de Macri). Como no se amplía el mercado de productos reales ni los ingresos, los créditos se vuelven cada vez más difíciles de pagar.

En los países no industrializados el capital financiero es mucho más reducido y el Estado adquiere créditos en la gran banca internacional, pero como el mercado productivo no se expande y encima los precios de las materias primas en que se especializan crecen menos o caen directamente en la crisis, la posibilidad de no pagar los créditos se concentra en ellos. La crisis de la deuda argentina es el mejor ejemplo: la desindustrialización la priva de alto valor agregado y de mayor empleo, la especialización primaria (agro y petróleo) en la crisis es castigada con la mayor baja de precios y cuando se adopta una política de máximo ajuste como la que impulsó en el país el FMI con el gobierno de Macri, la deuda se vuelve imposible de pagar.   

Debilidades y fortalezas

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El coronavirus, que es mortal y sumamente contagioso, generó el derrape de los precios del petróleo y de los commodities por la menor demanda de China y después del resto de las naciones. Esto castiga de doble manera a nuestro país, en primer lugar por la recesión mundial misma, que no se sabe cuánto tiempo va a durar. La pandemia impacta además sobre el nivel de actividad, cuando nosotros exportamos básicamente alimentos. En segundo término, porque se tienen fundadas expectativas en la extracción de petróleo y gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta y sus 30.000 kilómetros cuadrados que abarcan las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. La baja en el precio del petróleo en torno de los 34 dólares el barril y el gas entorno de 1,98 dólares el millón de BTU, arrastra al resto de las producciones energéticas a escala mundial en general y más a la no convencional, cuyo costo de extracción es incluso mayor que el precio referido.

En esas condiciones, la Argentina se encuentra en plena negociación con sus acreedores de una deuda que creció en forma sideral durante la gestión de Cambiemos y empoderó a grandes fondos de cobertura o inversión financiera como BlackRock, Fidelity, Pimco y Franklin Templeton, entre otros. Estos fondos crecieron tras la crisis internacional del año 2008 en torno de los bonos de securitización, reemplazando en la administración de activos a grandes bancos por un lado y gestionando aportes de capitalización de jubilaciones y pensiones privadas e ingresos de capitales por el otro.

La proyección del Ministro Martín Guzmán de alcanzar un superávit fiscal primario para el año 2023 y comprar los dólares que generarían las exportaciones creciendo una tasa del 4,5 al 5% anual, se torna más difícil ante el derrape del comercio internacional y las barreras proteccionistas que naturalmente se adoptan ante la paranoia de la pandemia.

Es cierto también que, logrado un acuerdo con el pago de la deuda, el país podría destinar parte de lo que no vende al exterior al consumo y a la actividad interna. De ese modo aumentaría el PIB, como históricamente se demostró cada vez que la Argentina se vio obligada a una política proteccionista. El gobierno nacional aseguró que solo va a pagar cuando el país crezca, descartando imponer políticas de austeridad para hacer frente a las cancelaciones mientras los niveles de pobreza se mantengan altos.

Asociación ilícita e inmoral

Los grandes fondos de inversión administran capitales que provienen de todo el mundo, incluso de la Argentina. Allí reside el quid de la cuestión.

BlackRock administra activos financieros por varias veces el PIB argentino (equivalente a 352.300 millones de dólares), teniendo acciones de Monsanto-Bayer, BASF, Netflix, Coca Cola, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, General Electric, etc., y es uno de los principales tenedores de títulos de deuda del Tesoro de los EE.UU., país que es el principal deudor de la tierra con un pasivo de 22 billones de dólares (62,5 veces el PIB argentino).

Estos grandes fondos representan al capital financiero internacional y tienen clara influencia sobre los Estados y sobre importantes palancas de producción y comercialización de la economía mundial.

Arturo Illia solía decir que “no temía al de afuera que nos quiere comprar, sino a los de adentro que nos quiere vender”. El conflicto interno se desató cuando el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo de 2020 dijo: El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

En grandes números, el Tesoro de la Nación Argentina se endeudó por 129.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, de los cuales 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el FMI.

Cuando asumió Mauricio Macri las reservas internacionales del BCRA ascendían al equivalente a 25.092 millones de dólares. Cuando se fue eran solamente 45.190 millones. Quiere decir que, de los 129.000 millones ingresados por deuda, 108.902 millones que, una fracción se destinó a pagar servicios de la deuda en moneda extranjera, pero de la otra parte no sabemos quiénes compraron esas divisas al BCRA.

El Tesoro de la Nación se endeudó para pagar intereses de la deuda en divisas, pero en su mayor parte para pagar a los jubilados y pensionados. Deuda en pesos, trabajadores públicos, licitaciones y demás erogaciones en pesos, por lo tanto, las divisas tomadas en deuda se las vendió el Tesoro al BCRA al tipo de cambio oficial y el BCRA, a su vez, al ser banco de bancos por la Ley 24.144 de su carta orgánica, le vendió esas divisas a las instituciones financieras autorizadas a operar en cambio. El BCRA sabe día por día quién le compró esas reservas. Lo que debe hacer ahora por mandato presidencial es ver quiénes le dieron la orden de compra a esa entidad (o si compraron por cuenta propia).

Fácil es deducir que los que pueden adquirir esas divisas por su magnitud son los sectores más ricos de la sociedad y, entre ellos, obviamente, las 50 familias residentes en la Argentina que aparecen en la revista Forbes entre las 2.000 personas más ricas del mundo: los Rocca, Bulgheroni, Pérez Companc, Roemmers, Galperín, Sigman, Werthein, Eurnekian, Pagani, Coto, Madanes, Macri, Mindlin, Magnetto, Urquía, Braun, Vicentin, entre otros, más las 211 familias y sociedades que son dueñas de 2.516 establecimientos agropecuarios que poseen 11.158.368,9 hectáreas en la provincia de Buenos Aires (entre ellos los Grobo, los Martínez de Hoz, los Ayerza, los Blanco Villegas); o los Benetton; los Joseph Lewis; los Hiriart; los Walbrook; los Soros, entre otros grandes latifundistas de este país. Igual podríamos decir de los demás dueños de bancos, petroleras, mineras y grandes comercios que operan en el país.

Y es allí donde la Mesa de Enlace, funcional a esos intereses, convoca a un paro agrario por 96 horas, iniciando un desgaste del gobierno que quieren debilitar en plena discusión con los fondos acreedores.

El aumento de los tres puntos de las retenciones (derechos de exportación) no alcanza a ser unos 350 millones de dólares por año. El complejo sojero exportó en el año 2019 por 16.943 millones de dólares. Por otro lado, la suba de las retenciones sólo alcanza a los que producen más de 1.000 toneladas de soja por año y su recaudación se redistribuye en otros productores de soja (que no alcanza a cosechar 1.000 toneladas por año) y a otros cultivos, esencialmente los regionales.

Un ejemplo claro de lo que decimos, de unión entre fuga y deuda, es tal vez la aceitera Vicentin SAIC de la familia Vicentin, que aparece con obligaciones externas sobredimensionadas por 1.350 millones de dólares. (Beneficiada, incluso, con un préstamo por el equivalente a 300 millones de dólares con el Banco de la Nación Argentina.) Bien podría ser que los mismos socios dueños de Vicentin tengan depósitos y acciones en los supuestos bancos y firmas acreedoras más colocaciones de activos en los grandes fondos internacionales mencionados. De otro modo no se explica la convocatoria de acreedores del segundo exportador de aceite del país, que tiene puerto propio sobre el Río Paraná.

Es también obvio que existe una comunidad de intereses entre los accionistas de Bayer-Monsanto y la compra y aplicación a mansalva del glifosato, así como seguramente Black Rock y otros fondos administran recursos de los ricos de nuestro país.

El frente externo

Parte de la deuda externa total, equivalente a 324.300 millones de dólares, está en moneda y en jurisdicción extranjera, razón por la cual con fecha 10 de marzo de 2020 el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 250/20 para reestructurar 68.842 millones de dólares, que son los bonos emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020, confiriéndose al Ministro de Economía, Martín Guzmán, la autoridad para efectuar la renegociación con los acreedores y reestructurar la deuda.

El decreto del Poder Ejecutivo también lo faculta a que prorrogue la jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres, y Tokio, como fue en su emisión original. La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana es exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen, pero no implica renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que posee en el exterior.

La exigencia de parte importante de los tenedores de esos bonos era que la Argentina presentase junto a su reestructuración un plan de pago. Ese plan debería nacer de los supuestos de superávit comercial y fiscal necesarios para comprar divisas y afrontar las obligaciones que, dadas las condiciones imperantes, son imposible de precisar.

Los grandes fondos de inversión o de cobertura como los nombrados son tenedores de parte importante de los títulos de deuda del decreto 250/20, y no van a estar dispuestos a esperar tres años para cobrar parte de los intereses. Tampoco van a esperar para cobrar la amortización del capital ni aceptarán quitas en el capital adeudado, que son las tres variantes de la reestructuración planteada. Esos fondos tuvieron reuniones en estas últimas semanas con el Ministro Guzmán. La prueba de que no se ha arribado a un acuerdo es la baja sistemática del precio de esos títulos en los mercados internacionales y el aumento de la tasa de Riesgo País.

El marco internacional desfavorable y el conflicto interno con los privilegiados de siempre tornan difícil la situación. Por eso no sería raro que en varios títulos de deuda la Argentina reestructurase, y en forma unilateral, el capital adeudado, los plazos y la tasa de interés, que en el caso de los títulos comprendidos en el decreto 250/20 implicará por parte de sus tenedores la correspondiente presentación judicial. Otra vez se agiganta la sombra del fallecido juez Thomas Griesa y su fallo a favor de los acreedores del país.

Pero no hay otro camino posible. Sabemos lo inútil que fue acatar el fallo del juez Griesa para el país: solo benefició a los que formaron parte de esa estafa, gobierno de Macri incluido.

El camino a seguir

Es imprescindible hacer conocer el estado real de situación a todo el pueblo argentino. Que se sepa quiénes son los que fugaron divisas bajo el amparo legal del macrismo. Lo que seguramente es ilegal es de dónde extrajeron las ganancias, que no declararon o lo hicieron muy parcialmente al fisco argentino. La fuga es una apropiación indebida de recursos que se generaron en nuestro territorio y que no se invirtieron en él. La pobreza, la falta de fuentes de trabajo, de máquinas y equipos nace de esa fuga, por lo que deben ser penados y deben pagar impuestos.

Benjamín Franklin, gran inventor y gran patriota estadounidense, decía: “Debemos hacer una Nación donde haya dos cosas que no se puedan evitar, la muerte y pagar impuestos”.  En la Argentina con la primera no pudieron, pero evitar el pago de impuestos y fugar esos recursos lo han convertido en su actividad principal.

El gobierno debe imponer severos límites a esas prácticas, en nombre del pueblo argentino.

 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

La apertura de sesiones legislativas en la Provincia: la pica en Flandes

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En ocasión de la apertura de sesiones legislativas ordinarias en la Provincia de Buenos Aires, el pasado lunes 2 de marzo el gobernador Axel Kiciloff planteó con precisión el abordaje que exige resolver el corset estructural que padece la provincia.

Jurisdicción que reúne el principal complejo agro-industrial del país, cuyo Producto Bruto Geográfico alcanza al 40% del PIB nacional y sin embargo los gobernadores a poco de andar quedan reducidos a meros “pagadores de sueldos” sin poder atenuar los fuerte desequilibrios y contrastes existente, sobre todo entre el Área Metropolitana y las zonas rurales.

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El gobernador Kicillof describió serenamente las graves carencias recibidas de la administración de María Eugenia Vidal, en términos de inversión social e inversión en infraestructura, la cual, sin embargo, contó con los recursos extraordinarios proporcionados por U$S 4.300 millones frescos de deuda tomada en divisas, sin elevarse las citadas tasas de inversión. Al contrario, los indicadores se ubicaron por debajo del gobierno de su predecesor Daniel Scioli.

El plan de gobierno expuesto por Kicillof comprende un programa de emergencia que revierta las debilidades inmediatas que exige la coyuntura: asistencia alimentaria, puesta en funcionamiento de los sistemas de salud y educación, reordenamiento tarifario, recuperación de niveles razonables de recaudación propia y sustentabilidad de la deuda heredada. Lo cual no es poco.

Ahora bien, resolviendo esos baches, la debilidad socio-económica de la Provincia subsiste como consecuencia de un conjunto de factores muy bien descriptos en el mensaje:

Las oleadas desindustrializadoras que dejaron sin destino productivo al Área Metropolitana, situando tres: la dictadura cívico-militar, las reformas de mercado de los 90 y la apertura comercial indiscriminada y sin sentido del macrismo.

-La resistencia de las patronales agrarias y la ausencia de políticas públicas sostenidas para generar manufacturas agropecuarias en origen, desconcentrando población del Área Metropolitana

-La necesidad fiscal de la Provincia de contar con mayores recursos nacionales en forma automática para poder impulsar políticas de reversión estructural de los déficit territoriales y sociales.

La formulación realizada por el gobernador Kicillof hacia la Nación se centró en concluir con el Estado pasivo que gestionó Vidal acompañando el mazazo aperturista y tarifario sobre el tejido productivo provincial, en parte por voluntad política pero también por falta de recursos.

En concreto, el mandatario avanzó sobre la necesidad de participar en el sistema de reparto de regalías petroleras como provincia refinadora y la demanda de mayores fondos con destino a un aglomerado urbano pauperizado por el neoliberalismo.

Subyace un reclamo de revisión profunda del pacto federal-fiscal realizado en Olivos en 1993 y plasmado en la Constitución promulgada en 1994.

La Carta Magna vigente le ha otorgado en los hechos rango constitucional al sistema de alícuotas de distribución secundaria de los recursos coparticipables al exigir (en su artículo 75, inc.2, cuarto párrafo) que cualquier modificación debe ser ratificada por las provincias. Este sistema emergió de un acuerdo celebrado en 1988 entre un gobierno nacional débil y un conjunto de gobernadores peronistas de provincias no pampeanas. El Pacto de Olivos de 1993 coronó ese acuerdo fiscal con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la elección de un tercer senador, requerimientos de la Unión Cívica Radical en el llano para habilitar legislativamente la reforma constitucional.

El saldo fue la institucionalización de la debilidad fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que se plasmó en el terreno político con sendas derrotas electorales de gobernadores peronistas frente a jefes de gobierno porteños anti-peronistas en 1999 y 2015. Habida cuenta que los presidentes peronistas provinieron de provincias extra-pampeanas: La Rioja y Santa Cruz.

El sistema federal-fiscal de 1994 probó su efectividad. Tanto que los mandatarios peronistas de la provincia tampoco pudieron hacer sentir su peso territorial y electoral en los gobiernos nacionales peronistas. Incluso el actual gobierno nacional no giró los fondos necesarios para un aterrizaje suave de Kicillof ante el vencimiento inmediato de la deuda y el pago de la clausula gatillo salarial a los docentes. Ambos desembolsos obligados y heredados que hubieran sido resueltos con menos del 10% de la ampliación de Base Monetaria por $400.000 millones ocurridos en diciembre-febrero.

El gobernador, consciente de esta realidad y decidido a revertir este fatalismo de “provincia inviable” perpetrado en los acuerdos descriptos, puso la pica en Flandes en la apertura de sesiones: la revisión del pacto federal-fiscal consagrado hace un cuarto de siglo.

El Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires exige este planteo.

https://www.eldestapeweb.com/nota/apertura-de-sesiones-en-la-provincia-la-pica-en-flandes-202031319540

Para que el plan funcione

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La teoría económica presenta un dilema y una solución. El dilema es que las oportunidades de inversión dependen de una fuerte demanda interna que, a su vez, depende de la inversión. Si el país comienza aumentando la demanda, esto puede generar inflación; si la idea es comenzar por aumentar las inversiones, ¿cuál será el incentivo para invertir? La respuesta teórica es que el crecimiento debe ser liderado por las exportaciones. En este caso, cuando el país en crecimiento posee cierta capacidad tecnológica y un tipo de cambio competitivo, estará en condiciones de sacar ventaja de su mano de obra barata (medida en moneda dura). La demanda deja de ser exclusivamente interna y se expande para convertirse en demanda mundial. Esto es lo que hicieron los tigres asiáticos y también Brasil y México en la década de 1970, con muy buenos resultados. Esto es también lo que los dos últimos países dejaron de hacer después de la crisis de la deuda de la década de 1980, cuando aceptaron abrir sus cuentas financieras externas y dejaron de neutralizar la tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio. Las exportaciones basadas en un tipo de cambio competitivo no sólo constituyen demanda cuando el saldo de las operaciones comerciales es positivo sino que, además, fomentan la inversión, que opera tanto de lado de la oferta como del lado de la demanda.

Anthony Thirlwall, en su libro La naturaleza del crecimiento económico: un marco alternativo para comprender el desempeño de las nacionesplantea que el crecimiento económico de largo plazo está determinado por las exportaciones y por la sustitución de importaciones. Esta teoría concluye que, en consecuencia, el equilibrio del balance de pagos, en particular de la cuenta corriente, restringe y determina el crecimiento de una economía abierta.

El Plan dado a conocer por el Ministro Martín Guzmán se asienta primero en el crecimiento de nuestras exportaciones, que proyectó en un escenario optimista a una tasa del 4,5 al 5% anual para los años 2020/2023 y que con el fortalecimiento de la demanda interna arrastraría un incremento del PIB en torno al 2% anual.

Pero la coyuntura se presenta adversa. Por un lado el coronavirus frena el comercio internacional e implica baja en los precios de los granos, especialmente la soja, y aproximadamente el 65% de nuestras exportaciones son productos primarios (principalmente granos) y manufacturas de origen agropecuario [1]. Por otra parte, nuestro mayor socio comercial, Brasil, devalúa su moneda, en una clara estrategia de depreciación del real y baja de su tasa de interés de manera tal que cierra el mes de febrero de 2020 con 4,50 reales por un dólar, una caída del 11% de la paridad en los dos primeros meses del año y es el menor valor de su moneda en 10 años.

Desde el peronismo la Argentina crece si crece su mercado interno, dado que el 75% y más de lo que producimos se demanda en el país y eso también debe fortalecerse, máxime con el profundo descenso del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y pensiones que dejó el macrismo.

En ese marco el Ministro Martín Guzmán presenta su Plan Económico:

  1. Solucionar tema de la deuda externa.
  2. Mantener el tipo de cambio alto.
  3. Aumento de las exportaciones.
  4. Control y sustitución de importaciones.
  5. Preservación del superávit comercial.
  6. Mantener la presión tributaria.
  7. Disciplina fiscal pero sin el imperativo de conseguir superávit de las cuentas públicas.
  8. Medidas de estímulo al consumo, particularmente de los sectores de menores ingresos.
  9. Recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios.
  10. Intentar que sectores de la clase media recuperen poder adquisitivo. (Por ejemplo, vía bajos aumentos tarifarios, Ahora 12, baja de tasas de interés en las tarjetas de crédito.)
  11. Subsidios para dinamizar ciertos sectores de la economía.
  12. Desarrollo de la obra pública con el propósito de generar demanda de empleo.
  13. Eliminar situaciones de privilegio y solicitar o imponer “aportes solidarios” a los sectores más pudientes.
  14. Recomposición tarifaria con incrementos proporcionalmente mayores para los sectores de altos ingresos.

Priorizar el acuerdo sobre la deuda externa ha sido el camino elegido por el gobierno de Alberto Fernández, y se lo está transitando.

Es válido el planteo del control y la sustitución de importaciones a como dé lugar, son divisas que no se pierden y a la vez se apuntala la producción nacional, como afirma Thirwall: “El crecimiento depende de la elasticidad de las exportaciones y de la elasticidad del ingreso de la demanda de importaciones (como sustituir importaciones)”.

Pero en el actual estado de las cuentas públicas es imposible pensar en disciplina fiscal, máxime que la recaudación no aumenta porque está atada al nivel de actividad y el país está parado. Por eso, los ingresos tributarios de enero 2020 crecieron con respecto a igual mes del año pasado solo en un 38,5%, cuando la inflación del período fue del 55%. A la vez las prestaciones sociales, como las jubilaciones y pensiones, AUH y otros programas (y en buena hora) se acrecentaron en un 61,5% y representan el 62% del gasto total. La mitad de los jubilados y pensionados cobran la mínima o cerca de a mínima y la jubilación mensual promedio de la ANSES en diciembre de 2019 es de $ 20.575.-[2]

La variable de ajuste fue la obra pública y el gasto de capital, que incluso es una partida menor en términos nominales que la de enero 2019. En enero de 2020 se invirtieron solamente $ 11.481 millones, el 2,36% del gasto total del mes, cuando en enero de 2019 y en pleno ajuste fiscal, fue de $ 17.730 millones y representaba el 4,97% del gasto. Durante el kirchnerismo, la inversión pública era del 12% o más del gasto total, que a su vez era mayor (y mayor el pago de las jubilaciones y pensiones).

 

 

 

Sin recursos suficientes y sin fortalecer al Estado es imposible impulsar la obra pública y al mercado interno, por lo menos en la magnitud necesaria para estimular la demanda y el multiplicador de la inversión. De allí el planteo de no pagar intereses y capital de la deuda hasta 2023. Por ejemplo, si los $ 87.052 millones de intereses netos de enero 2020 (excluye intereses pagados Intra-Sector Público Nacional) se destinaran a aumentar las jubilaciones y pensiones y a la obra pública todos los meses, se incrementarían esas erogaciones en torno a un 30%, cifra nada desdeñable y que sería el punto de partida del crecimiento económico.

Finalmente, para que el Plan presentado tenga consistencia se debe apuntalar el punto 13 – Eliminar situaciones de privilegio y solicitar o imponer “aportes solidarios” a los sectores más pudientes, que es a la vez, el camino que permite zanjar la diferencia entre la posición defendida por el Ministro cuando fue a exponer a la Cámara de Diputados de la Nación, de que solo va a poder pagar a partir del año 2023 en que, en el mejor de los casos, se va a conseguir un superávit primario del 1% o 1,2% del PIB y, por otra parte, la pretensión de cobrar de grandes fondos acreedores que ya demostraron, caso Bono BP 21 en la Provincia de Buenos Aires y caso Bono Dual en la Nación, que tienen una mayor participación en la deuda que les permite superar la cláusula de acción colectiva.

Se debe contar con un aporte solidario de los sectores más ricos de esta sociedad, que son los que fugaron dólares por 88.300 millones en los cuatro años de gestión de Cambiemos y que identificamos básicamente con beneficiados por el macrismo (bancos, energéticas, servicios públicos privatizados, Ternium y Tenaris, telefónicas y comunicaciones y los grandes productores, acopiadores y comercializadores del agro), para que en lo inmediato se les coloque un Bono de Ahorro Forzoso a cinco años, con la opción que si el Estado lo decide se renueve por otros cinco años más.

 

 

 

Objetivos y contradicciones

Un plan estratégico o un “programa macroeconómico muy definido”, como dijo el Ministro en su presentación en Diputados, debe contar con más medios que objetivos. Esos objetivos y esos medios no pueden contradecirse entre sí y finalmente debe haber un orden de prioridades, para que se concatenen medidas y objetivos en una relación de causa y efecto.

Es loable tener un tipo de cambio competitivo, pero los precios en la Argentina se siguen fijando por los mercados externos, esto es, para dar un ejemplo burdo: una botella de aceite mezcla de 900 cc, que en nuestro país producen y comercializan tres firmas, se vende en el mercado de Amsterdam a un dólar. Obviamente los productores van a imponer ese precio también en el mercado local, de otro modo les conviene exportar, con lo que impacta sobre los ingresos fijos (salarios, jubilaciones y pensiones). Nuestro territorio está mucho más internacionalizado de lo que los medios comerciales dan a conocer y forman opinión al respecto. De las quinientas empresas más grandes por nivel de facturación, trescientas son extranjeras. La comercialización de nuestros granos se realiza mayoritariamente por empresas extranjeras, y la deuda pública externa nacional bajo ley internacional supera los 70.000 millones de dólares.

Nuestros empresarios son débiles ante el gran capital internacional, pero nuestro Estado no se encuentra en mejor situación y tiene como tarea principal redireccionar el proceso económico e implementar y posibilitar un esquema sustentable a mediano plazo.

Por lo tanto, sin desconocer el fin y la importancia estratégica de incrementar nuestras ventas al exterior, no se lo puede hacer vía depreciación cambiaria porque se debe fortalecer el mercado interno en primer lugar y eso exige aumentar el poder adquisitivo de los asalariados y jubilados y pensionados y garantizarles a las empresas que operan en el país una demanda sostenida. Paralelamente, es preciso un fuerte control de las importaciones para evitar que se pierda el efecto multiplicador comprando insumos del exterior, el control de las tarifas cuya pesificación es un paso importante en ese sentido, y controlar los precios.

El plan económico debe ser apropiado por el pueblo argentino. Si no se comunica fehacientemente a la población el estado en que nos encontramos, no se puede avanzar en ningún programa o plan. El ejemplo último fue la presentación en el Congreso de la Nación del privilegio del Poder Judicial y de los jubilados y pensionados que trabajaron en relaciones exteriores. Cuando se hizo público lo que percibían sus miembros por mes, se acabó la discusión.

Con el plan y la deuda se debe hacer exactamente lo mismo. No puede una minoría imponer sus privilegios si la mayoría toma conciencia del real estado de situación.

Lo decía Mariano Moreno: “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.

Desde el 22 de mayo de 1810, nuestro pueblo quiere saber de qué se trata.

PARA QUE EL PLAN FUNCIONE

Las tensiones sobre el financiamiento interno

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El Gobierno nacional se encuentra desarrollando en paralelo dos senderos de ordenamiento financiero. El primero, comentado en varias columnas previas, consiste en reestructurar la deuda pública en moneda extranjera, para lo cual elaboró un apretado cronograma que concluye a fin de marzo. El segundo está orientado a reconstituir el mercado de pesos, cuestión fundamental para solventar el déficit del sector público hasta tanto se alcance el equilibrio y, a la vez, para financiar al sector privado empresario en sus necesidades de capital de trabajo.

En este artículo nos referiremos a los esfuerzos para reconstituir el citado mercado de pesos, severamente dañado por los desbordes provocados por un modelo de valorización financiera (arbitraje entre tasa de interés/tasa de valuación) implementado desde el comienzo del gobierno de Macri y heredado por el gobierno actual.

Las nuevas autoridades del Banco Central vienen desarrollando un esfuerzo considerable para aumentar la monetización de la economía y la baja de la tasa de interés, sin que esto provoque tensiones en el nivel de precios y/o el tipo de cambio.

Desde el mes de diciembre, la relación de pesos existentes (billetes y monedas en poder del público + depósitos del sector privado y público) respecto del PBI viene aumentando. Este vínculo: pesos existentes/PIB se conoce como coeficiente de monetización y en diciembre fue de 18,7%, en enero 20,2% y en febrero se estima en 21,3%.

A su vez, la tasa de interés de referencia de la política monetaria disminuyó de 63% en diciembre a 52% en enero, para situarse promediando febrero en 40%.

También se advierte un aumento de la base monetaria -es decir, creación de dinero de alta potencia- en febrero del 13,4% sobre el promedio bimensual diciembre-enero. La base monetaria se ubica en 1.942 billones respecto de los 1.713 billones que promedió en el bimestre diciembre-enero.

El Banco Central, entonces, intenta dar más liquidez al mercado de pesos y forzar un descenso de la tasa de interés de referencia.

Los grandes bancos privados, mayoritariamente extranjeros, y los fondos de inversión tenedores de bonos soberanos, emitidos tanto en dólares como en pesos, han comenzado a exteriorizar su incomodidad con este recorrido del ente rector. Hay resistencias para aplicar esta mayor disponibilidad de recursos en crédito al sector privado y, a la vez, frenos a la baja del rendimiento de los activos financieros nominados en pesos.

Esta pulseada por reconstituir un mercado financiero interno capaz de canalizar el ahorro local hacia el equilibrio de las cuentas públicas y el financiamiento de corto plazo de un sector privado que comenzará demandando al calor de un proceso de reactivación económica, es casi tan importante como el proceso de reestructuración de la deuda publica en dólares que se encuentra en curso.

Cualquier resultado que arroje el reordenamiento financiero del sector externo limitará la capacidad argentina de acceder a nuevas fuentes de fondos, por lo cual el mercado local de ahorro interno se vuelve decisivo, tanto para el sector público como para el sector privado. El problema es que los actores que administran este mercado no sólo están fuertemente emparentados con los acreedores del exterior, sino que tienen largos años de ganancias fáciles en la intermediación de recursos a corto plazo y bajo riesgo.

La reconstrucción de un mercado financiero y también de capitales en moneda local implica, además de las acertadas políticas que está impulsando el Banco Central, un fuerte liderazgo de los bancos públicos y los bancos privados nacionales como captadores de ahorro interno y creadores secundarios de crédito.

El desafío está planteado y las tensiones seguramente se agudizarán.

https://www.eldestapeweb.com/nota/las-tensiones-sobre-el-financiamiento-interno-202022819560