Las exportaciones de bienes y servicios favorecen, como es sabido, el progreso económico. Además de proveer dólares constantes para importar las máquinas y equipos que no se fabrican aquí, estimulan mejoras en los procesos productivos y contribuyen, en gran medida, a evitar los problemas que implica el endeudamiento externo. Más aún: los salarios y empleos en las empresas exportadoras locales suelen ser, según diversos estudios, los mejores y más dignos de cada sector.

Sin embargo, nuestro país ha tenido en las últimas décadas un crecimiento modesto y desparejo en este campo. Por un lado, hubo importantes saltos en las cantidades y los precios exportados en 1995, 2008 y 2011. También, se diversificaron las ofertas de manufacturas originadas en el complejo agrícola y en otras actividades que requieren una mayor capacidad técnica.

Es dable destacar, con relación a estas últimas, el desempeño que tuvo la industria del vino, de los automóviles, del software, la biotecnología, los tubos de acero, la química, el turismo receptivo y la comunicación audiovisual. En el caso de los vinos han sido notables los resultados que produjo la cooperación entre bodegas para instalar la marca argentina en distintas góndolas del mundo.

Asimismo, y a pesar de los pocos acuerdos comerciales que se formalizaron en el mismo período, la mayoría a través del Mercosur, se avanzó en la apertura de otros mercados. China, Vietnam, India, Argelia, Indonesia, Egipto. De hecho, estas naciones componen, junto a Brasil, Estados Unidos, Chile, España, los Países Bajos, Canadá y el resto de los limítrofes, los principales destinos de las ventas externas. Un conjunto multicultural y polifónico en el que prevalecen los países emergentes, con Brasil a la cabeza, y dos regiones: Sudamérica y el Asia Pacífico.

Pero los vaivenes en la política económica, sumados a la inestabilidad y a la competencia en el orden global, provocaron, por otro lado, limitaciones y despropósitos. Entre estos, un largo estancamiento en los volúmenes negociados.

La suma exportada al final de la década pasada fue inferior, por ejemplo, a la registrada en sus comienzos. 60 mil millones de dólares versus 80 mil. Y cerraron numerosas firmas exportadoras, con la consiguiente concentración de la actividad en pocas manos, sobre todo las de grandes empresas extranjeras.

Así las cosas, y tomando en cuenta que estamos en los albores de una nueva gestión, sería conveniente aunar esfuerzos políticos, empresarios y sindicales para definir el rumbo de los próximos pasos.

Es imperioso dejar atrás, por caso, la supuesta contradicción entre consumo interno y exportaciones. Y si bien la actividad exportadora es de naturaleza privada, el papel que le corresponde al Estado, como lo demuestra la experiencia internacional, reviste suma importancia. En este marco, un repaso rápido de las iniciativas que se impulsaron en nuestro país y en otras naciones de similares recursos permite entrever los posibles contenidos de una agenda común.

En primer lugar, cabría subrayar la necesidad de consolidar y defender los mercados actuales. En el Mercosur, en América y en Asia. También se debiera abordar el debate sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur que tanta hojarasca provocó en la última campaña electoral. Y todo esto, sin perder de vista las posibilidades de colocar, además de granos, harinas proteicas, carnes y aceites, otros productos orgánicos o con alto componente tecnológico que demandan el resto del mundo y las cadenas globales de valor.

En segundo lugar, habría que identificar nuevas oportunidades, y las correspondientes estrategias, para expandir las exportaciones tomando como base el empuje privado y la labor de las representaciones diplomáticas. En particular, en África y el Sudeste Asiático.

Al respecto, cobra singular relevancia el apoyo del sector público para continuar difundiendo la marca argentina en las principales ferias y exposiciones internacionales. Como así también para organizar misiones y rondas de negocios y otras plataformas logísticas en puntos clave del intercambio global.

Por último, se tendrían que priorizar los programas públicos, en las esferas nacional y provincial, que tiendan a simplificar los trámites, acelerar la devolución de impuestos y dotar de infraestructura y de nodos de transporte, eficientes y económicos, a los corredores productivos. También, desarrollar mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento y a los seguros de exportación. Y, por supuesto, aquellos que promuevan la investigación de base y la calidad de la producción y las mercancías fortaleciendo, entre otros institutos, el Sistema Nacional que tuve la ocasión de propiciar muchos años atrás.

El desafío es complejo. Los pronósticos de los expertos sobre el futuro de la economía mundial y las cotizaciones de las materias primas no son alentadores. Las grandes potencias arman y desarman conflictos con mensajes telefónicos y en otras zonas del mundo priman la incertidumbre, cuando no la desconfianza. Y China, que con su dinamismo interno multiplicó la demanda de alimentos, ya no crece como antes.

Pero es de esperar que el Gobierno, luego de reestructurar la deuda pública, preste atención a ensanchar este camino a todas luces virtuoso. Aunque solo cuente, como decía el filósofo, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón.

Eduardo Sguiglia es Economista. Ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos

https://www.clarin.com/opinion/exportar-camino-virtuoso_0_GxGYtUCk.html

Siempre la deuda fue un condicionante y un modo de dominación. Para honrar la deuda se ceden activos y trabajo del deudor igual que si fuera una indemnización por haber perdido una guerra.

Y es así porque es una guerra interna donde una minoría privilegiada asociada al capital financiero internacional contrae deudas para beneficiarse ellos y dejar sujeto al país a los acreedores.

Lo hicieron todos los gobiernos no populares de este país, desde Rivadavia en 1824, Mitre, Roca, Juárez Celman, Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Agustín P Justo, la Revolución Libertadora, Frondizi, Onganía, la dictadura militar de 1976, la dupla Menem-Cavallo y la administración de Cambiemos, todas se endeudaron sobremanera e irresponsablemente, siendo funcionales a la dependencia con los acreedores.

Ejemplo y evidencia clara de lo que decimos: al 30 de diciembre de 2015 la deuda pública bruta era de 240.665 millones de dólares (que representaba el 53,6% del PIB), el 57,2% de la misma era intra sector público, 12% con organismos internacionales (Banco Mundial, BID, CAF, etc.) y el 30,8% de la deuda era con bancos y fondos de inversión y otros compradores de bonos públicos

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revirtió la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces, lo cual lleva que, al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeudan 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB estimado en 352.300 millones de dólares).

De esa suma adeudada, 155.416 millones de dólares son en divisas que, si le descontamos el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG, pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana, implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense. Creció sideralmente la deuda. Dentro de ella, lo que más se incrementó fue la deuda con grandes bancos y fondos de inversión internacionales que se estima en torno a los 66.000 millones de dólares. Asimismo, aumenta la proporción de la deuda tomada con organismos multilaterales y bilaterales de crédito, desde un 6,4% en 2015 hasta un 20,0% del PIB en 2019, siendo el principal acreedor el FMI, del que el gobierno de Kirchner había logrado cancelar todas sus acreencias con el país en febrero de 2006 y al que, al 10 de diciembre de 2015, no se le debía un dólar.

Los grandes bancos y fondos de inversión son principalmente Black Rock (que es el mayor accionista de Netflix e importante accionista de Bayer-Monsanto), Goldman Sachs (el actual Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como Vicepresidente del BCRA de Luis “Toto” Caputo), PIMCO (que es el inversor de bonos más grande del mundo, con activos de inversión por 2,5 billones de dólares), etc. Todos ellos concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en 30 veces el tamaño de la economía local.  

En ese marco, el gobierno apuesta a conseguir, según se dejó trascender tras la reunión que tuvo el Ministro Martín Guzmán con el FMI en Washington el miércoles 29, cuatro años de gracia sin pagar deuda, una quita del 50% en los intereses que devenguen y una tasa del 6% anual (500 puntos de Riesgo País) para comenzar a pagar nuevamente. Paralelamente, luego de dicha reunión el FMI informó que enviará a la Argentina una misión técnica en la semana del 10 al 14 de febrero, a los efectos de tomar conocimiento in situ de las cuentas públicas y de las prospectivas de las mismas, de la macro y del comercio exterior.

También el Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer el cronograma de los pasos a seguir en el tema deuda, que tiene como primer punto el de presentar un informe en el Congreso de la Nación denominado “Lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Pública” para esa misma segunda semana de febrero. Finalmente el Ministerio comunicó que la oferta de canje y/o restructuración de la deuda se le dará a conocer a los tenedores de bonos durante la segunda semana de marzo y, a partir de allí se realizarán reuniones informativas «Road show» durante 15 días, con el propósito de llegar a un acuerdo antes del martes 31 de marzo 2020.

La negociación del kirchnerismo

En los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner se produjeron dos canjes de deuda, asentados por los Decretos 1735/2004 firmado por Kirchner, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, y la reestructuración por Decreto 563/2010 firmado por Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Amado Boudou, disponiendo la reestructuración de la deuda del Estado Nacional y la emisión de nuevos bonos en reemplazo de los defaulteados. En ambos casos se logró con una tasa de riesgo país de 400 puntos, una extensión de plazos de 30 años y una quita del capital del 66%.

La situación era distinta, pero el objetivo era el mismo: lograr una performance que priorizase el crecimiento económico del país. Para ello se requiere del apoyo de una ley que faculte a negociar directamente a las actuales autoridades y le permita, durante las tratativas con esos grandes fondos y bancos acreedores, incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

Néstor Kirchner tenía en claro dos factores fuertemente interrelacionados ente sí. Primero, que la “gallina de los huevos de oro” de la Argentina es su mercado interno. Y segundo que, para fortalecer el mercado interno, se deben pagar más y mejores salarios, no solo por una cuestión de justicia redistributiva, de justicia social, sino porque de esa manera se generaba un circuito virtuoso: más crecía la participación de los trabajadores en el producto, más se vendía y por ende se debía aumentar la producción en consecuencia.

Para Kirchner, superar la restricción externa implicaba sustituir a como dé lugar las importaciones por producción local. Por eso no le quitaba el sueño el mayor costo que ocasionaban los aumentos salariales, ni tampoco la mayor presión impositiva con lo que financió la jubilación a más de un millón y medio de trabajadores que no tenían los años de aportes gracias al menemismo y las políticas liberales anteriores y posteriores, dado que debía comprarse y vender en el mercado local la mayor parte de lo que se consume en el país.

Por eso congeló las tarifas energéticas y de transporte que atraviesan toda la economía y la sociedad y recurrió a las retenciones (Derechos de Exportación) para subsidiarlas, con la premisa que dichos subsidios no podían superar esos ingresos. Por ejemplo, en el año 2007, mediante la Resolución 10/2007 del Ministerio de Economía y Producción, se incrementó la alícuota de los Derechos de Exportación en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando en 27,5% para el grano y en 24% para los subproductos, de esa forma la recaudación total de ese año por esos derechos fue del equivalente a 3.500 millones de dólares, que fue la misma partida convertida a pesos al tipo de cambio oficial que se destinó para subsidiar la energía y al transporte.

Un informe elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, INDEC, IPC de nueve provincias y CABA y el IPC del INDEC en los precios, producido por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) de la Ciudad de Rosario-Santa Fe, sostiene que “sobre el final del mandato de Néstor Kirchner (2003-2007), el salario real creció un 34 por ciento y la ganancia acumulada era de 314.000 pesos por trabajador; en la primera presidencia de Cristina Fernández (2007-2011), el salario real creció un 23 por ciento por encima de la inflación y la ganancia de cada trabajador era de 173.000 en promedio; en la segunda presidencia de Cristina (la demanda interna creció hasta 2011 y no se pudo sostener) el saldo fue de 35.000 pesos, aunque fue reñida la pelea del salario con los precios; en cambio, en la presidencia de Macri el salario real se redujo un 18,4 por ciento, lo que traduce a que cada trabajador ya perdió 135.000 pesos en promedio”.

En el año 2002 una parte importante de los trabajadores percibía salarios por debajo de la línea de pobreza. El gobierno de Cambiemos nos dejó en la misma situación, según el INDEC, en noviembre de 2019 una familia necesitaba percibir un ingreso de 39.542,72 pesos para poder vivir y no ser pobre. A su vez, el Boletín de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de ese mes de noviembre de 2019 afirmaba que la mediana de los salarios del sector privado era de $ 51.162 mensual. Quiere decir que de los 6.270.300 trabajadores del sector privado, una gran parte trabajaba y percibía una remuneración que no la sacaba de la pobreza.

Peor obviamente pasa con los empleos públicos, sean nacionales, provinciales o municipales. En promedio son sensiblemente menores, desgraciadamente en muchas ocasiones eso es una forma de encubrir la desocupación.

Afirmamos que no solo es una súper explotación que un trabajador trabaje y sea pobre, que no pueda garantizarle a su familia dejar de serlo, sino que es el principal condicionante para que nuestro país vuelva a crecer.

El problema, hoy

Es obvio que en la Argentina el grado de dolarización torna imposible resolver el problema. Si los trabajadores perciben pesos y compran sus productos en pesos y si se deprecia o devalúa nuestra moneda, dada la posibilidad que tienen los grandes formadores de precios de trasladar esa depreciación a sus productos, se impacta directamente sobre el salario. A su vez, la disminución del salario impacta en el nivel de actividad al reducir la demanda agregada interna.

Paralelamente, por la misma suba de precios de los empresarios, se debe corregir periódicamente el tipo de cambio para frenar las importaciones que sustituyen nuestra producción local, con lo que se ingresa en un circuito perverso de suba de dólar y de los precios.

El dilema es que ya tenemos un tipo de cambio alto que incluso se mejora con el gravamen del 30% llamado Impuesto PAIS (Impuesto a la compra de moneda extranjera para la promoción y financiamiento de la inclusión social), pero el salario ha quedado muy atrasado, midiéndolo en dólares o en lo que sea.

De allí que el gobierno proponga un Acuerdo Social para poner las cosas en su lugar, que un trabajador trabaje y perciba una remuneración digna que le permita vivir a su familia y a él, por un lado y, que se revisen los márgenes de ganancia del macrismo, sobre todo del último tramo en que grandes formadores de precios (pensemos en los mercados de los lácteos, del aceite, del azúcar, de la yerba mate, de la harina, del arroz, de los artículos de limpieza, del cemento, del acero, del aluminio, donde hay un solo gran productor o a lo sumo dos) conformaron un “colchón” o margen de beneficio confiscador de recursos de la sociedad. También en el acuerdo se debe incluir a los grandes supermercados y centros de venta y a las entidades financieras con sus altas tasas de interés.

Por otra parte, en el caso de los alimentos, incluso de la soja cuya producción ha sustituido áreas que producían alimentos para el mercado interno, los grandes productores, acopiadores y comercializadores presionan sobre el valor de la divisa por sus exportaciones, cuando los productores nacionales no son fijadores de precios en el mercado mundial, por más que le den más pesos por cada dólar que exportan. Con ello no aumentan sus ventas ni modifican el precio final.

El ingeniero agrónomo Luis Larrosa sostiene que está definida la poligonal (Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil) donde asentar el negocio agrícola-financiero. Nuestros países fueron seleccionados para concretar una integración vertical de semillas, insumos (glifosato mediante), maquinarias y venta final, donde impera la concentración de negocios. La agricultura industrial y financiera se impone a las prácticas conservacionistas del ambiente. La «manipulación» genética en esta actividad —como en la vida en sociedad— no encuentra límites éticos, abriendo finales inciertos y desconocidos.

Solo 87 corporaciones con sede en 30 países dominan la cadena de producción de agronegocios en todo el mundo. Cinco grandes comerciantes controlan la importación y exportación de productos agrícolas: el llamado grupo ABCD, formado por las empresas Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Ceval, Cargill, Cofco y Dreyfus Company. Juntas representan hoy el 75% del mercado mundial de productos agrícolas.

A esos grandes acopiadores y comercializadores se le suman grandes vendedores de semillas y los más grandes proveedores de insecticidas, fertilizantes y otros productos químicos, seguramente contaminantes.

También podemos extender el mismo proceso a la minería y a las petroleras y otras actividades que son esencialmente, y por definición, agresivas contra la naturaleza y el medio ambiente.

Son necesarios y se deben producir pero no a cualquier costo económico y social. Debe haber un fuerte control estatal y de organismos populares (los autoconvocados de San Carlos en Mendoza son un digno ejemplo), pero la necesidad de afrontar el pago de la deuda externa y el hecho de que los exportadores nombrados estén en un lugar estratégico para la obtención de divisas, no debe hacer perder el eje y el objetivo. La Argentina debe crecer para todos, es esa la base y punto de partida de nuestro verdadero desarrollo.

No podemos repetir la triste historia de los Rivadavia, de los Mitre y de todos los conservadores que los siguieron, al servicio de Inglaterra y de su banca acreedora, mientras propiciaban la ley de vagancia para obligar a trabajar a los gauchos por la comida en 1815. En 1899, a pedido de la Unión Industrial Argentina, el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de expulsión de extranjeros.

Se debe negociar la deuda, pero se debe tener presente que la Teoría del Desarrollo sostiene que la producción incorpora y combina el conocimiento técnico y su impacto social, impulsando el crecimiento económico con ampliación del consumo, que se basa en una relación positiva de poder adquisitivo de la población y mayor producción, elevando la productividad. Esa relación óptima de crecimiento económico se llama Desarrollo, y si ese desarrollo se logra respetando y preservando el medio ambiente, se trata de un Desarrollo Sustentable.

El maestro Celso Furtado escribió: “Cuando la capacidad creativa del hombre se aplica al descubrimiento de sus potencialidades y al empeño de enriquecer el universo, se produce lo que llamamos Desarrollo. El Desarrollo solo aparece cuando la acumulación conduce a la creación de valores que se esparcen en la colectividad.  La Teoría del Desarrollo alude a dos procesos de creatividad. El primero tiene que ver con la técnica, con el empeño del hombre por dotarse de instrumentos, por ampliar su capacidad de acción. El segundo se refiere al significado de la actividad humana, a los valores con los que el hombre enriquece su patrimonio existencial” [1].

Atahualpa Yupanqui cerró la canción La preguntita con esta frase: “Si hay algo más importante que Dios, es que nadie escupa sangre pa’que otro viva mejor”.

Será este el último informe del año 2019, veremos cómo enfrentamos el 2020, y como diría Inodoro, que venga día por día.

Incluimos un resumen de las principales variables del 2019, para ver  como van emergiendo en el 2020.

Como siempre ponemos énfasis en la medida de los precios del mes, del año y de los años anteriores, es una pócima con gusto amargo que debemos tragarlo.

Agregamos un par de variables como el Índice del tipo de cambio real multilateral (ITCRM) y algo de la tasa de interés real, otro demonio. Pero siempre viene a la memoria y por lo visto son muchos los que compran dólares, va un gráfico para la memoria.

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Informe del 30:01

No recuerdo ningún año en el que haya llorado más que en el 2018. Fue un año terrible, sin duda uno de los más dolorosos. Tan simétricamente doloroso, que lo empecé llorando cuando volví ese 1 de enero de la casa de Alejandro y lo terminé llorando el 31 de enero siguiente, mientras me cambiaba para ir a la casa de Pablo y Elida. Escribo esto con la plena noción de los dolores y las pérdidas que me esperan en el futuro. Porque a veces pensar el futuro me aterra. Las pérdidas que, inevitables, llegarán. Lo poco o nada que puedo hacer por evitarlas. Cuando me da por pensar en eso, opto por concentrarme con franca ferocidad en lo bueno de la vida y me abrazo con furia a aquello y aquellos que amo.

Ser abogada es una de mis pasiones perennes, como los libros, los perros y las vaquitas empantanadas. Postre delicioso que preparaba mi abuela y ahora prepara mi papá. En el 2018 me mantuvo viva el ser abogada. Juro que si no hubiese estado corriendo para cumplir con los plazos desquiciados de un más desquiciado Comodoro Py, hubiese tenido la vocación de tirarme en la cama y dejar que la vida pasase como eso absurdo que yo sentía que era. Pero, a decir verdad, no tuve tiempo de dejarme caer en una cama. Simplemente no tuve tiempo.

A finales de diciembre de 2018 no me animé a ir San Juan a pasar la Navidad. Aún tenía a un defendido en prisión preventiva y buenas chances de liberarlo, siempre que la Cámara se dignase a resolver el recurso. Héctor Timerman ya estaba tan enfermo, que sabíamos que era cuestión de días que se liberase del dolor que significaba seguir preso de ese cuerpo que solo lo hacía sufrir de modo inhumano. Ya no podía hablar, pero un día pudo sonreír y yo sonreí con él. Fue su despedida. No, definitivamente no me animé a ir a San Juan, o, mejor dicho, no me animé a dejar Buenos Aires.

Por eso ese viernes estaba acá. Había aceptado ir al programa del Gato Sylvestre, luego Gustavo pasaría a buscarme por el canal e iríamos a cenar. Y estaba en un taxi, rumbo a C5N, cuando me sonó el celular. Era Hernán, amigo muy querido, que me dijo: “Grace, detuvieron al Mago. Te va a llamar la madre”.

El Mago es Facundo Daelli, joven mago que había conocido en Don Narciso, y que era entre otras cosas el maestro del querido Bufón. Hacia pocos días se había cruzado con el entonces fiscal German Moldes, y se había dirigido a él en términos poco cordiales. No había sido Moldes quien había hecho la denuncia, sino Guillermo Marijuan. Luego Ramiro Gonzales, fiscal de Py, había requerido una serie de informes de inteligencia, el allanamiento de la casa de Facundo y… ¡su detención! El juez que había dado la orden era Ariel Lijo. Y el viernes 22 de diciembre, en horas de la tarde, se había ejecutado el allanamiento y la detención. Era viernes, el próximo día hábil era el 26 de diciembre. Y un par de llamadas telefónicas a gente de Py me confirmó mi temor: la idea era mantenerlo detenido hasta el miércoles, a modo de disciplinamiento. Avisé en el canal que no iba a llegar, salí al aire telefónicamente para contar la situación y le indiqué al taxista el nuevo rumbo: la Policía Montada, cuya sede está en calle Cavia. Estaba furiosa. Lo que le estaba pasando a Facu era una violación fragrante no solo a su libertad ambulatoria, sino a la libertad de expresión. Porque en este país, uno puede incluso cuestionar en durísimos términos a cualquier funcionario público por cosas que hace en cuanto funcionario público, sin que eso implique pena de prisión. Ya en la Ley 24.198 de junio de 1993 se había derogado el delito de desacato. Y valga la paradoja, se había derogado como consecuencia de una conciliación en el marco del sistema interamericano de Derechos Humanos, por una absurda persecución penal a la que se vio sometido Horacio Verbitsky por el entonces juez de la Corte Augusto César Belluscio.

Se ve que en diciembre de 2018, en Comodoro Py no se habían enterado de la modificación del Código Penal de junio de 1993 y que el delito de desacato ya no existía. Pero la falta de actualización en materia de desacato se había reiterado en los últimos años. El gobierno de Mauricio Macri dedicó buena parte de su tiempo a perseguir a muchos argentinos por sus manifestaciones públicas. A iniciativa de mi socio Alejandro Rúa, tan reflexivo y sabio como siempre, habíamos ya defendido a varias personas denunciadas por sus manifestaciones contra el gobierno de Macri o contra sus funcionarios. Porque dentro de las cosas que caracterizaron al macrismo como gobierno, una fue su permanente intento de acallar a la sociedad. Y para eso, como para casi todo, el gobierno de Macri contó siempre con la invaluable colaboración de señores de Comodoro Py.

El santo de Gustavo vino a acompañarme y nos entretuvo hasta altas horas contando cosas divertidas mientras esperábamos. Después nos fuimos a comer lo que fuese que encontrásemos abierto y al otro día, sábado, Facu fue a su declaración indagatoria y terminó excarcelado. Aún hoy estamos peleando judicialmente esa ridícula causa, porque casi un año después confirmaron parcialmente ese absurdo procesamiento dictado por Lijo. Lo confirmaron los camaristas Pablo Bertuzi y Mariano Llorens, y el único que votó en disidencia fue Leopoldo Bruglia. Me consuela muy poco saber que solo 1 de cada 3 camaristas con competencia pena ha leído el Código Penal.

Mientras estaba trabajando en el recurso de casación de Facu, que presentaré cuando termine la feria judicial, leí la noticia acerca de la presunta denuncia penal que se habría hecho contra Luis Brandoni por presuntas manifestaciones hechas en el marco del aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Indagando un poco descubrí que la denuncia ni siquiera fue hecha por la persona presuntamente insultada, esto es Cristina Fernández de Kirchner, hoy Vicepresidenta de la Nación. Mi primera reacción fue pensar: “Qué boludos, están haciendo macrismo”. Es decir, persiguiendo penalmente las manifestaciones públicas. Eso hacia el gobierno de Mauricio Macri.

Quiero ser clara en este punto. La penalización de las manifestaciones públicas contra funcionarios públicos es básicamente una estupidez. Pero es además una estupidez contraria al sistema democrático de gobierno. Y eso no quiere decir que el insultado no pueda hacer valer sus derechos al buen nombre y al honor, pese a ser funcionario público. Puede hacerlo pero debe optar por la vía civil, esto es solicitar la reparación. No es la Justicia penal la respuesta.

Y como hacia el macrismo, los que denuncian esas cosas siempre van por los mismos caminos. Acusan al que dijo algo que les molesta por “amenazas” o por “incitación a la violencia” o por “intimidación pública”. El macrismo supo hacer uso y abuso de esas figuras penales, que además permitían que la denuncia no la hiciese el funcionario publico involucrado. Porque —hay que aclararlo— la afectación del honor requiere que el afectado en su honor ejerza su defensa en primera persona, es decir por él mismo. No la cobardía cómoda de mandar a denunciar a otro.

Asumo que una parte de la sociedad, el 60 % de ella, está enojada con el macrismo, por eso no lo votó. Y yo, que soy parte de ese 60%, también estoy enojada con ellos. Porque el gobierno de Mauricio Macri hizo cosas horribles. Y dañó gravemente a la sociedad, legitimando discursos de odio infames, cuyas secuelas estamos tratando de reparar. Pero trato de que mi enojo no me impida reflexionar. Y de esa reflexión surge ineludible , al menos para mí, un mandato. No estoy dispuesta a hacer macrismo explícito. No porque me falten ganas, sino porque lo que me faltan son razones legitimas. No tengo razones legítimas para vulnerar las garantías que defendí siempre. La libertad de expresión como valor sistémico de una democracia es una de esas garantías. Parafraseando a Voltaire, puede que no este de acuerdo con lo que dice alguien, incluso que me enoje o me den ganas de mandarlo a la recalcada genitalidad de su progenitora, a quien además seguro que —con arbitrariedad— le atribuiré una vida licenciosa; pero aun así, después de los insultos, voy a defender su derecho a decir lo que piensa. Porque su derecho es también mi derecho de decir lo que pienso. Y el derecho a decir lo que pensamos todos. Una sociedad democrática requiere para serlo, entre otras cosas, el respeto a la libertad de expresión y la capacidad, a veces difícil y amarga, de tolerar lo que se dice.

Los discursos de odio generan violencia. Y la legitiman. Por eso hay que regularlos en términos de responsabilidad de quien los emite. Pero no es la ley penal la herramienta adecuada. A ver si lo entendemos todos.

Mientras buscaba información sobre la denuncia a Brandoni, me topé con la noticia de que en España se va a realizar un Tribunal Ético al lawfare que sufrió nuestra región. Brasil, Ecuador, Argentina están entre los países asolados por el lawfare. Que no es más que la persecución mediante la desnaturalización de la ley penal, usada para perseguir a opositores políticos. Y quiero ser clara en esto. La persecución penal desnaturalizada por sus objetivos políticos, requiere, para ser efectiva en términos políticos, la más amplia difusión mediante el uso de la prensa. Pero no de cualquier tipo de prensa. Una prensa que ya tiene tomado partido por la persecución. En la cobertura de los casos judiciales comprendidos en el lawfare, la prensa olvida por completo el tratamiento de las noticas con el respeto a las garantías mínimas de quienes están sometidos a procesos penales.

Ejemplos típicos de la prensa en tiempos de lawfare: trata a los acusados como si fuesen culpables aun antes de que sean declarados como tales por una sentencia; oculta las falencias de los procesos y las arbitrariedades; no da derecho a réplica sobre las informaciones que publica y presiona a jueces y fiscales para que ordenen medidas con espectacularidad que permita “visualizar” el proceso. (Digo esto y me viene a la cabeza el fiscal que excavo inútilmente media Patagonia.) La prensa que forma parte del lawfare también presiona en pos de sentencias que reclama con tono escandalizado. Aún recuerdo los informes periodísticos que trataban de tortuga a un juez, solo porque se negaba a involucrar a la ex Presidenta en una causa. “No hay pruebas”, sostenía el magistrado. Y mucho tiempo después, incluso sus superiores tuvieron que otorgarle la razón. No había pruebas que involucraran en esa causa a Cristina Fernández de Kirchner.

Pero lo que hace la prensa que acompaña las maniobras de lawfare no merece reproche penal. En todo caso será civilmente responsable y homenajeada con el descrédito que la sociedad aplica a quienes le mienten. Y con la página oscura que la historia reserva a los viles.

Distinta es la situación de quienes en la ejecución del lawfare llevan adelante conductas penalmente relevantes. Y esa condición alcanza a funcionarios judiciales y a periodistas también. Pienso en Daniel Santoro, editor de Judiciales del grupo Clarín, hoy procesado como participe necesario de maniobras extorsivas. Y señalo que el hecho de que esté procesado no implica que Santoro sea culpable. Significa que Daniel Santoro será sometido a juicio y que el Poder Judicial deberá probar si es culpable de las conductas por las cuales es investigado. Y sólo será culpable si una sentencia firme así lo declara. Mientras tanto, es inocente ante la ley. Como lo son los muchos sobre los que escribió Daniel Santoro, a quienes trató como culpables, olvidando siempre decir lo que yo acabo de decir sobre él mismo: que no había –ni hay— sentencia firme que destruyera el estado de inocencia de las personas sobre las que escribía y aún escribe.

Sin duda también son penalmente relevantes las conductas de los funcionarios judiciales que participan del lawfare. Porque los funcionarios tienen una obligación primaria y es la de ajustar sus conductas y sus decisiones a la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios judiciales que violaron las normas a las que deben ajustar su conducta son, sin lugar a dudas, pasibles de una persecución penal por el Estado que les confió misiones y obligaciones especificas en pos del bien común y en el marco de las leyes que incumplieron.

Pero es el Estado quien debe perseguir a quienes incumplen sus normas. La razón de ser del Estado es el pueblo y en su nombre y representación los tribunales ejercen su competencia especifica respecto a investigar, juzgar y castigar las conductas penalmente relevantes.

Nuestro sistema institucional no permite que sea el propio pueblo el que investigue, juzgue y castigue los delitos. Debe ser el Poder Judicial quien lo haga.

Y no solo es el Estado quien debe llevar adelante las conductas de investigar, juzgar y castigar los delitos, sino que además debe hacerlo de cierto modo, específicamente establecido por nuestro régimen legal. Un juez que ha tenido conflicto con alguien no puede juzgar a ese alguien, ni investigarlo, ni mucho menos castigarlo. Un fiscal o un juez que tienen algún tipo de interés en el resultado de una causa no pueden intervenir como juez ni como fiscal en ella.

Y el Estado también garantiza mediante normas específicas los derechos que tienen quienes están sujetos a una investigación. El primero de ellos: nadie es culpable hasta que así no lo declara una sentencia firme. Y sin sentencia firme, todos deben ser tratados como inocentes. Y por eso, el principio es que salvo que signifique un riesgo para que el proceso se lleve adecuadamente –sea porque el imputado se fugue o bien porque entorpezca la investigación—, la norma establece que mientras está siendo investigado o juzgado, las personas deben permanecer en libertad.

Otra de las garantías es que quien esta siendo sometido a un proceso penal puede producir la prueba que considere oportuna para demostrar la falsedad de las imputaciones que se le hacen. Estoy harta de los medios que publican que las personas deben demostrar su inocencia. Es un error de los que llamaríamos grosero. Las personas no deben demostrar nada, son inocentes porque así la ley lo dispone, y es el Estado el que debe demostrar su culpabilidad. Mediante la utilización de prueba legalmente obtenida, además. Es decir, sin D’Alessios de por medio.

Y cuando pienso en esto —las cosas que defendí toda la vida—, pienso que el tribunal ético no corresponde ni está bien. Primero porque no hay norma ética que ordene modos de actuar. Cuando la norma ética es obligatoria, entonces se llama ley. Y si de violaciones a las leyes hablamos, ya están los tribunales legalmente establecidos para juzgarlas. No hay norma alguna que atribuya a estos tribunales éticos competencia, esto es capacidad de investigar, juzgar y castigar a quienes violaron las normas.

Quienes integran el tribunal ético al lawfare son todos abogados de fuste. Reconocidos a nivel internacional como tales. Una gran mayoría ha sido defensora de las victimas de lawfare. Y entonces no se puede asegurar su objetividad respecto a los casos. Para el caso, yo jamás admitiría que un caso de alguien que yo defiendo sea juzgado por un tribunal ético donde están sentados Bonadío, Stornelli, Irurzun, Hornos y Borinsky, por dar ejemplos. Porque ya sé que no son objetivos respecto a los casos. Ya escribieron su opinión y juzgaron. Lo mismo pasa con los abogados defensores, aunque a ellos les tenga mayor simpatía y respeto profesional. Pero más simpatía y respeto le tengo al principio que dice que no se puede ser juez y parte.

También me pregunto: ¿cómo se defenderán los acusados? Porque del mismo modo que muchas de las víctimas del lawfare no pudieron defenderse, tampoco veo cómo se garantizaría el derecho a defensa, si alguien del tribunal ético quisiera ejercerlo. Y sin derecho a defensa, no puedo — me niego a hablar de un juicio o de un tribunal. Soy de las que sostiene que hay pocas cosas sagradas, pero sin duda el derecho a defensa lo es.

Y por último, ¿cuál sería el resultado del juicio de este tribunal ético? Una sentencia que no solo carecería de fuerza de ejecución, sino que además pondría en el lugar de víctimas a quienes fuesen condenados por ella. Porque voy a decirlo con toda claridad: si en un juicio me juzgan personas que se autoerigen como jueces, que tienen intereses creados y posiciones tomadas ante el tema que tratan, si parten de la base de mi culpabilidad y no de mi inocencia y si no me garantizan el absoluto derecho a defensa, jamás podría aceptar como válida esa sentencia. Aplica para Bonadío y Stornelli en la causa Cuadernos, cuando hacen esas cosas —y por ello mismo debieron haber sido apartados hace mucho de esa causa— y aplica a los respetables colegas que integraran el tribunal ético al lawfare.

Alego en defensa de mis colegas que conozco que el objetivo del tribunal ético es hacer público y dar a conocer el espanto del lawfare que transitamos estos años. Y sus consecuencias. Generar una herramienta para el debate. Y buscar las soluciones y mecanismos para que no suceda más. Objetivos respetables y dignos que defiendo y suscribo.

El lawfare es la persecución disfrazada de investigación penal. Es la violación de garantías en nombre de la Justicia, vaya a saber uno de quién. Pero no vamos a derrotar al lawfare con sus mismas herramientas. No tenemos que hacer lo mismo. Es un error mayúsculo y un esfuerzo infructuoso.

Al lawfare se le gana. Con más ley y con más democracia. Con mas estado de derecho. Con un Poder Judicial honorable. Sagradas son las garantías que nos protegen a todos —a los buenos de la historia y a los malos también.

Al lawfare se le gana con más garantías. No con menos.

Más garantías, no menos

La conferencia de prensa de esta semana brindada por el ministro Martín Guzmán despejó toda duda acerca del rumbo inmediato de la política económica del Gobierno. La renegociación de la deuda pública contraída con los tenedores de bonos no residentes y con el FMI ocupará el centro de las decisiones en los próximos meses

Desde esta columna se señaló que en las experiencias peronistas previas, tanto la de Carlos Menem como la de Néstor y Cristina, la reestructuración de la deuda pública definió el rumbo de sus respectivos gobiernos. El Plan Brady de 1992 subordinó la administración a las reformas de mercado del Consenso de Washington y los canjes con fuerte quita de capital del 2005 y 2010, a la inversa, dotaron de fuerte autonomía a la gestión. En uno y otro caso, las décadas que duraron la tercera y cuarta experiencias peronistas previas estuvieron surcadas en el inicio por la forma de resolución de la deuda heredada.

El ministerio de Economía remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que constituye el marco normativo en el que se llevará adelante la renegociación de la deuda con tenedores privados y el eventual canje de bonos.

El artículo 1 del citado proyecto de ley alude que el tratamiento de la deuda se ajustará al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que obliga en cualquier cambio en la especie de deuda existente a satisfacer dos condiciones de tres posibles, a saber:

1) Quita de capital.

2) Baja de la tasa de interés que remunera el stock de títulos soberanos.

3) Alargamiento de los plazos originales.

En su exposición el ministro Guzmán describió estas opciones pero deslizó que se buscaba un alargamiento de plazos para abonar los servicios de deuda y que la tasa de interés de los bonos vigentes es incompatible con ese objetivo.

El programa económico de crecimiento con equilibrio externo fiscal emergerá del cierre de la negociación de la deuda pública

Es claro que el Gobierno procura no desembolsar dólares escasos para atender pagos de deuda pero que a la vez la reprogramación no puede producir un efecto “bola de nieve” en el volumen de deuda por la capitalización de abultados intereses.

Si bien no se delineó con precisión el sendero de la negociación, es visible que se intentan disminuir al máximo los desembolsos de servicios de deuda durante el corriente mandato y a la vez bajar el valor presente del actual stock por la vía de una menor tasa.

El Gobierno busca acelerar el cierre del tema deuda con los parámetros descriptos lo antes posible, para entonces sí implementar su programa económico de crecimiento, y es en este punto donde el ministro fue enfático al decir que cualquier diálogo con el FMI se hará desde el control soberano de la política económica.

Es evidente entonces que el gobierno ha focalizado desde su inicio un conjunto de políticas destinadas a atender con urgencia la catástrofe social recibida de la administración Cambiemos, pero que su verdadero programa económico de crecimiento con equilibrio externo fiscal emergerá del cierre de la negociación de la deuda pública que, al igual que las experiencias peronistas inmediatas anteriores, marcará el destino de su gobierno.

El Presidente Fernández, razonablemente, intenta atender las demandas que no pueden esperar como la de alimentos, medicamentos y energía, pero es consciente que eso sólo asume formas paliativas si no se resuelven los desmadres macroeconómicos perpetrados por Cambiemos que permitan sustentar una política de aumento de la producción y el consumo. Por ello el ministro Guzmán ha hablado de la gravedad que significa la crisis de deuda gestada por la irresponsabilidad de Macri y consecuentemente procura una rápida resolución que despeje el horizonte para otro tipo de políticas.

https://www.eldestapeweb.com/nota/la-hora-de-la-deuda–202012419500#

El gobierno nacional con fecha martes 21 de enero de 2020 envió al Congreso de la Nación un proyecto denominado Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, encuadrado en el marco de la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Pública, respetando el plazo de cumplimiento de 180 días y con el objetivo de administrar los mecanismos para poder negociar el pago de la deuda que está emitida en bonos en moneda extranjera y en poder de bancos y fondos de inversión que, según publica en su página web la Secretaria de Finanzas de la Nación, sobre los 323.177 millones de dólares de deuda bruta de la Administración Central al 30/12/2019, significan 155.416 millones de dólares. Que si le descontamos el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana, implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense.

A su vez se infiere que la mayor parte de esa última suma se encuentra en títulos en poder de grandes fondos de inversión como Black Rock, Goldman Sachs, Franklin Templeton, PIMCO, etc., por lo que el Ministro de Economía Martín Guzmán al presentar el proyecto sostuvo claramente que “la Nación no está pagando el capital sobre la deuda en dólares”. Dejando entrever que tampoco se va a pagar por el lapso que lleve a que la economía argentina crezca y se obtenga el superávit fiscal necesario para comprar las divisas y con ella cumplir con las obligaciones externas, que en principio llevarían unos dos años como mínimo de gracia (período de no pago de la deuda).

Por lo tanto, el proyecto de marras y al decir del Ministro Guzmán, implica que de las tres condiciones que tiene un crédito: monto adeudado, plazos y tasas, se pueda mejorar en el canje de la deuda, al menos dos de esos elementos.

Las cuentas públicas que deja el macrismo en su último año de gestión son elocuentes al respecto, realizando un fuertísimo ajuste sobre la inversión pública, que pasó a ser solamente el 5,15% del gasto total de la administración nacional, cuando en el gobierno de los Kirchner (2003-2015) fue en promedio del 14,2%, terminaron el año 2019 con un déficit primario de $ 95.122 millones (que es el 0,44% del PIB), pero al pagar intereses de la deuda por $ 724.285 millones (3,33%del PIB), se transforma en un déficit fiscal total de $ 819.406,9 millones (3,77% del PIB).

Por lo tanto, de lograrse no pagar los servicios (intereses y amortización del capital) de la deuda por dos años, hecho que permitiría utilizar esos recursos para acrecentar la imprescindible obra pública (en vivienda, en hospitales, en escuelas, en rutas y puertos, etc. etc.), incrementar las jubilaciones y pensiones e impulsar el mercado interno y hasta externos (por ejemplo, con planes promocionales de desgravación impositiva), se debe presentar un plan de sostenibilidad en el tiempo que implica destinar una parte del presupuesto público para comprar las divisas y pagar a los acreedores del exterior.

Paralelamente en el año 2019 se obtuvo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones de mercaderías) de 12.657 millones de dólares, pero se logró esencialmente por una fuerte caída en las importaciones (que fueron por 49.125 millones de dólares en el año, cifra un 25% menor con respecto al año 2018), más que por incremento del ingreso por exportaciones (de solo el 5,4% con respecto al año 2018, lográndose obtener ingresos por las ventas externas de 61.782 millones de dólares).  Por ende, el superávit se debe al menor nivel de actividad interno y a la fuerte depreciación de nuestra moneda que torna más caro los productos del exterior.

Con lo que debe reprogramarse nuestro comercio exterior teniendo en cuenta el crecimiento del PIB y, con ello, de las necesarias  importaciones.

El trasfondo de la trama

Es obvio que los acreedores en la negociación de la deuda, que implica cambiar títulos vigentes por otros nuevos (canje), van a pedir que se destine, después del período de gracia (que prevemos en torno a los dos años), un 3,33% del PIB  [1] durante muchos años, para hacer frente al pago de los intereses de la deuda. Esto es, la negociación implica como mínimo un alargamiento de los plazos y una disminución de la tasa de interés que sea compatible con destinar el 3,33% del PIB de la Administración Nacional para pagar a lo largo del tiempo los intereses de la deuda.

El problema reside en que el Estado debe fortalecerse, aumentar la inversión pública y mejorar la prestación de servicios, con lo que el camino se bifurca en dos, por un lado, la propuesta del FMI, que es siempre el monitor de los acreedores, que consiste en: a) Disminuir el pago de las prestaciones previsionales totales (erogaciones que en el año 2019 significó el 42,9% del gasto total – ver cuadro) y, fiel a su visión de reducir costos: b)La reforma laboral para reducir el gasto salarial público y privado.

La otra postura, la nacional y popular, es la de cobrar impuestos directos a los sectores con manifiesta capacidad contributiva e impulsar el nivel de actividad, con la convicción de que, si el PIB crece, más que proporcionalmente se incrementa la recaudación tributaria, dado que en crisis lo primero que se deja de pagar son los impuestos y los aportes previsionales, flujo que se normaliza cuando la economía sale de la recesión.

Esa es la principal discusión, el trasfondo de la postura de uno y otros en la negociación de la deuda, de dónde y cómo se van a detraer los recursos para pagar una deuda que el gobierno de Cambiemos incrementó en unos 129.000 millones de dólares, colocando títulos de deuda por unos 35.000 millones de dólares en los años 2016 y 2017 y por 15.000 millones de esa divisa hasta el 25 de abril de 2018 en que los grandes bancos y fondos de inversión que habían colocado títulos de deuda argentina en los mercados internacionales, decidieron irse, y ese día los hicieron por más de 1.200 millones de dólares y a un precio promedio de $ 20,20 por dólar.

Un vez que a partir del 25 de abril de 2018 se fueron de la Argentina grandes operadores, los demás —porque estaban colocados a más plazos y/o porque creyeron que podían seguir ganando fuertes rentas— se quedaron y vino en auxilio el FMI, que le concedió al país un crédito en DEG pero equivalente a 57.000 millones de dólares, de los cuales giró unos 44.200 millones, ante los incumplimientos del acuerdo firmado por Nicolás Dujovne y Adolfo Sturzenegger en junio y en octubre de 2018.

En esto es clave el FMI, que ofrece un plan de repago de mayor plazo, que puede ser de hasta diez años posteriores a concretarse el desembolso. El plan de facilidades extendidas (Extended Fund Facility, EFF, por sus siglas en inglés) exige metas fiscales, pero también la aplicación de reformas estructurales, como la previsional y laboral, que es lo que el gobierno no puede ceder.

Y por otra parte los grandes fondos de inversión y bancos acreedores sabían y saben que la renta real que obtuvieron por los títulos de deuda argentina es una brutal anormalidad, por ejemplo el BONAR 2020 que vence el 8 de octubre de este año, paga una renta fija del 8% anual y la lámina de 100 dólares se compró el viernes 24 de enero por 47,12 dólares. (Con lo que la tasa de interés implícita es del 17% anual en dólares y de cancelarse se recibe 100. Ni la droga paga ese precio.)

Toda esa ganancia realizada debe ser compensada con quita de capital y/o disminución de la tasa de interés y/o alargamiento de los plazos.

Por supuesto que grandes operadores nacionales y extranjeros en el país juegan fuerte e imponen sus condiciones. Esto explica que la cotización del dólar Bolsa y el blue se aproximen cada día más al valor oficial con impuesto, por un lado y que, no se pueda seguir bajando la tasa de interés en pesos y que las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) sean por $ 1.289.165 millones (el 75% de la Base Monetaria) al día 22 de enero 2020, por más que las autoridades del BCRA planean extender los plazos de los siete días actuales.  Son los grandes bancos los que están posicionados en LELIQs y tienen con ello, si desarman esa posición, la posibilidad de pasarse a dólares, lo que han realizado sin miramiento en el transcurso del posibilista gobierno de Cambiemos, dado que en esos cuatro años y según informa el BCRA se fugaron capitales por 88.371 millones de dólares. (El doble de lo que le prestó efectivamente al FMI a la Argentina.)

Es una situación sumamente compleja y es crucial su resolución, independientemente de que se debe auditar la deuda para saber en qué se empleó, cuando vemos que grandes clientes de grandes bancos fueron los principales compradores de los 88.371 millones de dólares que se fugaron en la gestión de Cambiemos. A la vez, que debe avanzar la Justicia en la responsabilidad de los funcionarios que propiciaron semejante endeudamiento.

Pero el trasfondo es cuanto se reconoce de deuda, en que plazos y bajo que otras condiciones se paga y finalmente, de donde se van a detraer los recursos, para que no se al pueblo argentino, sus jubilados y pensionados, sus trabajadores, los que los paguen con el “hambre y la sed” que decía en 1874 el Presidente Nicolás Avellaneda.

fuente;https://www.elcohetealaluna.com/la-negociacion-de-la-deuda/

Lo bestial es lo indecible, aquello fantástico y animal que se opone a la condición humana. En economía lo bestial termina siendo lo racional, que se asume como compatible con los intereses de las bestias. La organización de la actividad sobre los recursos naturales debe encararse como un tema científico y no como una cuestión económica, dado que no se trata de «cuánto dinero dejan» o «cuánto invierten» sino de cómo se trata la relación con La Naturaleza.

La idea de que el mercado es el mecanismo neutral y eficiente de producción, distribución y consumo está instalado en la Sociedad por su base transaccional e individual. Una especie de puente entre lo individual y lo social. Por ello el neoliberalismo -una ideología que impulsa al mercado como dios organizador de la vida en sociedad- se adopta como un proyecto apolítico e integrante del sentido común que conforma el núcleo de la aceptabilidad de las ideas instaladas.

Para ese sentido común, la Naturaleza está allí, inerte y disponible para su explotación por el hombre. De allí que José Saramago advierta que la conciencia humana es el único medio de lucha concreto contra la explotación del hombre y de la Naturaleza.

El medio ambiente no se presenta como un ámbito del neoliberalismo a pesar de que este es un proyecto ambiental, económico y social que tiene profundas consecuencias en la forma en que hacemos uso del mundo natural. La mayoría de los sectores económicos dependen del entorno y sus recursos, y también la regulación ambiental tiene efectos notables sobre la producción y el consumo.

Casi al mismo tiempo, la privatización y la mercantilización de la Naturaleza crean nuevos espacios de inversión y acumulación de capital, además de nuevos roles para el Estado y la sociedad civil.

Neoliberalismo, deuda y explotación extractiva

A finales de los 80, la crisis de la deuda trajo el neoliberalismo a nuestros países latinoamericanos que abandonaron la intervención del Estado y la sustitución de importaciones al compás de los préstamos condicionados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las reformas estructurales en Argentina generaron en la década de los 90 un elevado nivel de liberalización comercial y de privatización.

En la actualidad, la deuda que contrajo el neoliberalismo nos ha entrampado con el telón de fondo de la explotación extractiva de los recursos naturales.

Peso a ello, a pesar de las limitaciones ecológicas de la economía financiera, el populismo comienza a perfilar la administración de los recursos naturales en tanto patrimonio social integrante de la unidad Naturaleza-Humanidad como fórmula superadora de la concepción economicista clásica sobre los factores de producción.

Ese nuevo paradigma entiende como superador en economía aquello que es consistente y compatible con el bien común más que con la acumulación financiera.

No hay dignidad humana sin naturaleza

En la concepción ortodoxa los recursos que devienen de la Naturaleza en forma de bosques, ríos, lagos, mares, subsuelo, minas, canteras y aguas subterráneas están disponibles para que el hombre actúe sobre ellos mediante la tecnología transformadora. En ese sentido, la Naturaleza se convierte en fuente de trabajo, en la materia sobre la que se organiza la producción y en el origen de ingresos fiscales.

Se promulga que el trabajo dignifica la condición humana, pero se oculta que no hay dignidad humana sin Naturaleza sobre la que se aplica el trabajo. Se repite que la producción debe organizarse sobre bases eficientes, pero olvidamos que no hay empresas sin Naturaleza que se administre; y se acepta que las rentas de la naturaleza permiten su redistribución social pero se ignora que no hay Estado sin Naturaleza que soporte esas rentas públicas.

No hay trabajo, ni producción ni redistribución de la renta sin que exista interacción con la Naturaleza. Todo lo material que nos rodea, absolutamente todo, no es sino Naturaleza transformada. Desde nuestro celular hasta nuestros zapatos.

Pero el hombre inventa el poder y se apropia de la Naturaleza, la transforma en patrimonio y, en el proceso económico, trabajadores, empresas y Estado se la disputan para adecuarla a sus intereses de clase. Los trabajadores para garantizar su salario, los empresarios para lograr beneficios y el Estado para procurarse fondos.

Parece entonces que todo se reduce a una puja de intereses que se salda en acuerdos democráticos entre el capital, el trabajo y el Estado.

Desde el origen de los tiempos la apropiación de la Naturaleza y su explotación está presente en los comportamientos del ser humano y de la organización social.

Nos hemos convencido del egocentrismo pensando que la Humanidad es superior y totalmente independiente de la Naturaleza y ésta es igualmente independiente de la Sociedad, de la que es tributaria.

Haber desconocido conceptos de las culturas originarias transforma el pensar de modo alternativo en casi un imposible. Y ello aún a pesar de que el sentido común occidental reconoce que somos, pensamos o hacemos en función de la Naturaleza. Esa idea, avalada y diseminada en los ámbitos filosóficos, científicos y académicos, de la separación entre Naturaleza y Sociedad fue un presupuesto fuerte y necesario para la expansión del capitalismo y otorga legitimidad a los principios de explotación y apropiación que guiaron la empresa neoliberal desde el principio.

Lo que es peor -y contradictorio- aún subsiste en ciertas construcciones sociales que corren el riesgo de caer en la fatalidad de las metáforas dado que

-como reflexiona Borges- una cosa es la realidad y otra muy distinta el lenguaje. No se trata de consignas como el «no al aserradero», «no a la pesca», «no a las minas» o «no a la ganadería». Se trata del concepto de la vida humana en la Naturaleza como entidad sustentable. Y no podemos subsistir sin maderas, sin pescados, sin minerales, sin carnes.

El tema del cómo debe ser encarado desde tecnologías con rostro humano, alternativas, sustentables. Las investigaciones científicas debieran ocuparse más del a priori de tales tecnologías que de hacer más eficiente y seguro el uso a gran escala del cianuro y materiales que contaminen el agua.

La organización de la actividad sobre los recursos naturales debe encararse como un tema científico y no como una cuestión económica, dado que no se trata de «cuánto dinero dejan» o «cuánto invierten» sino de cómo se trata la relación con La Naturaleza.

La licencia social como garantía

La idea de la Naturaleza-humanidad como una entidad común de la que deriva la administración del patrimonio social trasciende esos intereses y debe ser regulado en pro del bien común. Esos recursos se transforman en el determinante actual de la cuestión social.

La licencia social no administrativa priva por sobre los intereses de los factores de producción trabajo y empresa, inclusive sobre los del propio Estado y es la única garantía de participación pública en la apropiación de las rentas de la naturaleza y de su sostenibilidad ecológica.

Es la política la que puede construir esa licencia necesaria para una comprensión del mundo que fundamente una práctica transformadora de las relaciones con la Naturaleza y para enfrentar los problemas ecológicos (los niveles progresivos de desigualdad social, la crisis ambiental y ecológica, el creciente calentamiento global, la constante desertificación, la falta de agua potable y su deterioro, la desaparición de regiones costeras, los acontecimientos «naturales» extremos, etcétera).

Creemos que esa comprensión debe rescatar la mutua interdependencia de la Humanidad/Sociedad con la Naturaleza. Esa comprensión debe partir de la educación formadora de conciencia de que no hay sustancias sino relaciones entre la naturaleza humana y todas las otras naturalezas, de que la Naturaleza es inherente a la humanidad; así como la humanidad es Naturaleza.

Y finalmente que es un contrasentido pensar que la Naturaleza nos pertenece si no pensamos, de forma recíproca, que pertenecemos a la Naturaleza.

La política económica tiene mucho que decir y hacer desde el interés común. Pero no será fácil para los intereses populares que se debaten en el dilema «trabajo o Naturaleza» y «deuda o extracción». Contra la transformación del mundo militan muchos intereses consolidados en las sociedades capitalistas en que vivimos.

La «nueva comprensión»

La construcción de la nueva comprensión que propone Boaventura de Sousa Santos será resultado de un proceso educativo histórico y de un esfuerzo popular en el seno de la transformación paradigmática de la sociedad.

De allí que la política sólo puede ser creíble si transforma la realidad y crea conciencia.

Somos optimistas y por ello concluimos que la civilización actual no tiene futuro. Tenemos la esperanza de una construcción alternativa que no se base en la destrucción sin precedentes de lo que continúa asumiendo como recurso natural y, por tanto, disponible sin límites.

https://www.elextremosur.com/nota/22560-somos-naturaleza-un-bestiario-ortodoxo-sobre-la-neoliberalizacion-del-medio-ambiente/

William Shakespeare le hace decir a Hamlet: “Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Que es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas?” Es la disyuntiva del gobierno de Alberto Fernández: o acuerda con los acreedores suspendiendo el pago de los servicios de la deuda al menos por dos años o debe aplicar políticas de ajuste del gasto público y aumento de impuestos para generar el excedente, cuando el crecimiento en Argentina depende esencialmente de los componentes domésticos de la demanda (consumo asalariado, gasto público y transferencias sociales, inversión pública y privada, construcciones, etc.).

Solamente los intereses de la deuda pública nacional rondan para este año 2020 el equivalente a los 19.000 millones de dólares. Nuestro PIB se estima en unos 353.000 millones, por ende para hacer frente a los mismos se necesita crecer en no menos del 5,4%. (Y que a la vez se los apropie el Estado, principalmente, dada la situación en que nos encontramos, mediante impuestos.)

Existe un sector privilegiado en el país con capacidad manifiesta para contribuir al erario público y dar cumplimiento al Art. 16 de la Constitución Nacional que en su renglón final dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es el sector que fugó capitales por 86.352 millones de dólares desde el 1° de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2019, según contabiliza el Balance Cambiario del BCRA. Sin embargo, cuanto más desigual es una sociedad, mayor presión tributaria será necesario ejercer sobre pocos contribuyentes para financiar las políticas públicas de manera equitativa. Por el propio poder que tienen, se oponen, utilizando argucias legales, políticas y comunicacionales, con lo que la presión tributaria termina recayendo sobre una base mayor de contribuyentes de menor capacidad contributiva y el sistema se torna altamente regresivo, hecho que paralelamente estimula el crecimiento de la informalidad.

La teoría tributaria dice que debe existir cierto equilibrio entre los impuestos. En la Argentina esa proporcionalidad no se cumple y observamos que en la Nación el mayor ingreso lo generan los gravámenes al consumo (por ejemplo el IVA cuya recaudación en 2019 fue de $ 1.532.596,9 millones) y a la actividad (por ejemplo el impuesto al débito y crédito bancario que aportó $ 349.559,2 millones). De allí que cuando la economía se frena, también cae la recaudación. El tributo contracíclico es el de la propiedad. (A nivel nacional es el denominado Bienes Personales, que en todo 2019 sólo recaudó $ 31.183,2 millones). Este gravamen exime en su base imponible al “campo”, porque hipotéticamente es alcanzado con el impuesto inmobiliario rural por las provincias. Pero cuando observamos cuál es la recaudación del impuesto inmobiliario rural en todo el país, representa el 0,3% del PIB.

Es obvio que es imprescindible una reforma tributaria (tanto a nivel nacional como provincial), que en primer lugar debe equilibrar los ingresos públicos para lo que debe aumentar el gravamen a la propiedad y paralelamente, reducir los impuestos al consumo y a la actividad. Pero también es obvio que lleva su tiempo, debe ser aprobada por los respectivos parlamentos y luego debe implementarse, etc. etc., cuando la urgencia es hoy.

Esperece Aparcero

A Carlos Gardel le gustaba cantar estilos camperos, entre ellos la composición de Roberto Fugazot y José Alonso y Trelles que titularon Hopa, Hopa: “¡Paresé, aparcero! Paresé y disculpe (le dije), ¿qué bichos lleva en esa tropa? Voy pa’ la tablada de los gauchos zonzos, a venderles miles de esperanzas gordas… Si el mercao promete y engolosinao vuelve pa’ estos pagos, en procura de otras, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta ‘e regalo se las cedo todas…”

Ante la restricción externa se requieren divisas. Los productos agropecuarios y su manufactura conforman el 63,8% de las exportaciones de los once meses registrados de  2019. (Sumando 38.111 millones de dólares sobre los 59.702 millones del total de las ventas al exterior.) De allí que el “tractorazo” impulsado por CARBAB (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) el 7 de enero 2020 en Pergamino, hizo que el gobierno suspendiera sine die los tres puntos de retenciones (derechos de exportación) que le facultaba la Ley de Emergencia Económica, con lo que la soja quedó con una alícuota del 30% y el trigo, maíz y demás granos solo el 12%.

Paralelamente en la provincia de Buenos Aires, las autoridades —con buen tino— habían decidido modificar el código fiscal gravando por encima de la inflación (una tasa del 75%) el importe que habían abonado en el año 2019 para las propiedades rurales que superan las 2.000 hectáreas. Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2017 que se publicara en el 2018, son 2.516 establecimientos agropecuarios que en total suman 11.158.368,9 hectáreas. A la vez, hay 34.128 establecimientos agropecuarios que tienen menos de 2.000 hectáreas (93,13% del total), que sumados a los 2.516 establecimientos (6,87% de total) con más de 2.000 hectáreas, hacen un total de 36.644 establecimientos de la provincia. Pero el gobierno de Axel Kicillof nos dice que el ajuste del 75% solo alcanza a 211 familias y/o sociedades que son los dueños de los 2.516 establecimientos. Repetimos: 211 familias y /o sociedades (entre ellos los Blanco Villegas, que tienen 25.000 hectáreas en Tandil) poseen 11.158.368,9 hectáreas de campo en la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 11.981.492 hectáreas empleadas para la producción agrícola-ganadera

El código fiscal aprobado solo ajustó el pago del impuesto inmobiliario rural sobre lo que abonaban en 2019, no hubo un revalúo de la propiedad. Nos preguntamos: ¿cuál es el valor fiscal de esos campos y cuál es el valor del mercado? A lo que se le debe sumar una correcta fiscalización para saber si efectivamente pagan, dado que es tan poca la recaudación que es lo primero que se sospecha.

El pago de impuesto inmobiliario rural promedio de la provincia de Buenos Aires por hectáreas en los once meses del año 2019 fue de $ 822 (en cinco cuotas) y de tasa vial (que es un gravamen municipal) de $ 163,70. O sea, pagan por la tierra un total por ha/año por ambos tributos de $ 985,7 [1]

En cambio cualquier familia bonaerense que vive de su trabajo paga por el impuesto de ingresos brutos (IIBB) en torno al 2,5% de su ingreso. Si inferimos un gasto mensual de $ 40.000 — paga por mes $ 1.000 y por año $ 12.000—, esa familia paga más en un mes, que lo que abona por hectárea el promedio de propietarios rurales en un año.

Pusieron el grito en el cielo y el Senado de la provincia impuso los severos límites. Entonces, si el que tiene manifiesta capacidad contributiva no paga, el que termina financiando el gasto es el ciudadano de a pie. En un marco en que existen pools de siembra, fideicomisos, bancos, etc. que ha producido un verdadero cambio del sujeto agrario con la aparición de nuevas tecnologías de producción (siembra directa, material transgénico o genéticamente modificado que conllevan resistencias a determinados herbicidas e insectos), hoy es posible realizar por ejemplo el doble cultivo trigo-soja dentro del año, que junto con demandantes internacionales determina alta rentabilidad de esos cultivos. Ha sobrevenido una agricultura financiera, donde grandes grupos económicos desarrollan una monoactividad a gran escala que les permite diversificar riesgos merced a una amplia distribución geográfica y economía de insumos por el volumen de sus compras. (Semilla, fertilizante, trabajos de siembra, cuidados culturales o pulverizaciones, cosecha, comercialización, incluso asesoramiento técnico.)

El ajuste y las provincias

La dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble. Por un lado, supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital en que la Nación decide qué se debe hacer en tal lugar físico (que pertenece a las provincias). Y, por otra parte, como se dijo anteriormente, las provincias son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos. Todas en mayor o menor medida han sufrido mermas en sus ingresos porque gravan al consumo y a la actividad y el PIB debe haber caído no menos del 4% en  2019, a lo que se suma la deuda que en muchas de ellas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es mayoritariamente en divisas.

Entonces las provincias, en lo inmediato, tienen dos opciones que se pueden combinar: solicitar ayuda a la Nación y/o reducir el gasto.

La Administración Nacional mediante los Decretos 21, 22, 23, 24 y 25, publicados el martes 7 de enero de 2020 en el Boletín Oficial, estableció las ayudas financieras que brindará a Tucumán, a Río Negro, Chaco, Chubut y Santa Cruz. Se trata de “anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal”. Para que puedan hacer frente a sus necesidades económicas, el gobierno otorgó los anticipos “por hasta” dos mil millones de pesos a Chaco; mil millones a Tucumán, Río Negro, Chubut; y 650 millones a Santa Cruz.

Las provincias se comprometen a su vez a racionalizar los gastos que, por ejemplo, para Tucumán incluyen la prórroga sine die del pago de la tercera parte de la “cláusula gatillo” correspondiente a diciembre de 2019 que es la suma salarial adicional —calculada a partir del índice de inflación— acordada en paritarias, medida a la que se le agrega la revisión de designaciones recientes de personal y la contracción de horas extras para empleados estatales.

La sola suspensión del pago de la “cláusula gatillo” generará a la provincia un ahorro de aproximadamente 850 millones de pesos en enero, teniendo en cuenta que se estimaba una erogación extraordinaria en términos salariales de entre un 11% y un 12% adicional debido a la inflación de diciembre que rondó 4% cerrando con un índice de variación de precios de 55% anual. El presupuesto provincial 2020 es de un gasto total de $ 156.214 millones y el 70% aproximadamente es salario, donde es importante el personal docente, de salud y de seguridad.

El mismo mecanismo de no ajustar por inflación gran parte de las jubilaciones y pensiones a nivel nacional, las provincias lo extienden a sus empleados.

La necesidad de suspender el pago de la deuda

En un libro colectivo publicado en 2010 por la Universidad de Oxford, Joseph Stiglitz afirma que Rusia en 1998 y la Argentina durante los años 2000 probaron que una suspensión unilateral del reembolso de la deuda puede ser beneficiosa para el país que toma esa decisión. “Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos”.

En la página 48 del libro afirma: “Cuando un país logra imponer una reducción de deuda a sus acreedores y recicla los fondos anteriormente destinados al pago (de esa deuda) para financiar una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos. En ese escenario, la cantidad de empresas locales que quiebran disminuye  porque los tipos de interés locales son más bajos que si el país hubiera continuado pagando la deuda, y porque la situación general del país mejora. Ya que la economía se fortalece, la recaudación de impuestos aumenta, lo que mejora también el margen presupuestario del gobierno. Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos”.

Es claro que ese debe ser el objetivo, de otro modo, de no alcanzarse, la política de ajuste significará seguir en la pendiente en que nos dejó el gobierno de Cambiemos.

Todas las ilustraciones de esta página provienen del Circo de Alambre que Alexander Calder 
compuso entre 1926 y 1932

[1] Es cierto que no todo el campo es igual: “Tenemos variedad de climas, variedad de suelos, variedad de sistemas de explotación, a veces con muy poca distancia entre unos y otros. Conozco lugares, al oeste de Olavarría p.e., donde en menos de un kilómetro se pasa de campos de extraordinaria potencialidad agrícola a campos solamente aptos para ganadería”. Blog “El Fusilado” Antonio (El Mayolero).

https://www.elcohetealaluna.com/ser-o-no-ser/