HUGO GARNERO: Hagamos un poco de historia del proceso argentino, porque las dificultades actuales no vienen sólo de Macri y sí desde más tiempo atrás, sino no podemos entender dónde estamos parados hoy.

CARLOS ÁBALO: Sí, la imposibilidad viene de mucho antes. La Argentina se volvió inviable. Yo estuve por primera vez en México en 1962 y no se podía comparar en términos económicos y sociales con la Argentina. Cuando volví en 1976 se podía empezar a comparar en algunas cosas con la Argentina, pero cuando volví a la Argentina después de casi 9 años de exilio, estuve atornillado en un asiento durante casi tres días porque no creía lo que estaba viendo, por la pobreza y el retroceso, y yo me había acostumbrado a otra cosa. En 1962, Argentina era la mayor economía latinoamericana, Brasil tenía 81% de lo que tenía Argentina y México 62%, pero en 2019 el PBI de Argentina era de 445.400 millones de dólares, Brasil de 1.840.000 millones de dólares y México 1.269.000 millones de dólares, es decir que el PBI argentino es el 24% de Brasil y el 36% del de México.

HG: En el pasado, ¿decís que hubo una Argentina floreciente?

CA: A principios del siglo XX la Argentina era opulenta: en 1895 había sido la primera del mundo en PBI, un poco por arriba de Estados Unidos, pero esa opulencia era riqueza para la oligarquía y esplendor para Buenos Aires. Lo terrible de la oligarquía es que se pudo convertir en una burguesía industrial como las europeas y hoy tendríamos una industria como la de ellos, pero el negocio  de la oligarquía era seguir siendo latifundista y evitar que una burguesía industrial le quite el trono. Si bien no contaba con un capital histórico acumulado, por el peso de la colonia y la tardanza en incorporarse al mundo moderno por las guerras civiles de medio siglo que siguieron a la independencia, hubo una rápida acumulación de fortunas en un círculo muy cerrado que dejaba a los trabajadores en medio de la pobreza, aunque los alimentos eran baratos, y la extrema concentración de la tierra impidió un mayor peso de los colonos inmigrantes en el agro pampeano como hubo en la llanura estadounidense, de donde salió parte de la nueva burguesía. Pese a las condiciones diferentes provenientes del pasado colonial y de la incorporación al capitalismo, la Argentina podía haberse industrializado como Australia y Nueva Zelanda, que lo hicieron con tardanza y siendo colonias.

En los años ´30 y por mucho tiempo después, el país disponía de la mejor industria latinoamericana en la fabricación de productos que no se podían importar y que se adecuaban a la división internacional del trabajo; fue ayudada por la inversión extranjera, pero la burguesía industrial local careció de apoyo crediticio suficiente y del Estado, cuando la crisis exigía empezar a sustituir productos industriales que se importaban. En 1935 con la creación del Banco Central,  el Plan Pinedo quiso pasar a una industrialización más masiva, basada en inversión extranjera, que debía ser de Estados Unidos, pero la oligarquía frenó esa posibilidad mediante el acuerdo Roca Runciman, y porque no permitió cambiar casi nada de lo fundamental de la política económica, y Estados Unidos lo aprobó porque la Argentina todavía era su único vecino continental que lo podía enfrentar y que, en perspectiva, era tan poderoso agrario como ellos y podía llegar a ser igual de poderoso industrial.

La oligarquía mantuvo sus ingresos en la crisis del 30 y sobre todo en la posguerra, sin industrializarse y pasó a emplear su renta agropecuaria en colocaciones financieras y a limitar o impedir la industrialización bajando aranceles y promocionando la importación de industrias.

HG: La posibilidad de un país industrial apareció con el peronismo…

CA: En 1946 Perón empezó con su política con eje en la industrialización del país, concentrada en el Primer Plan Quinquenal. Las reservas acumuladas ascendían a 1.700 M dólares en 1946, más la deuda de Gran Bretaña, equivalente a 560 M dólares, pero sólo pudo usar una parte de ese total porque en agosto de 1947 Gran Bretaña declaró inconvertible la libra esterlina.

Ante la falta de recursos para poner al día la industria, se sumó a Brasil en el proceso de sustitución de importaciones, que lo venía ejecutando desde 1930 con Getulio Vargas y en que México estaba detrás. Esa industria requería un mercado interno privilegiado, que Perón cumplió con el Primer Plan Quinquenal, que no fue del todo acertado porque no pudo prever las limitaciones internacionales con que se encontraría (libras bloqueadas, sustitución de cereales argentinos por producción estadounidense y sanciones de Estados Unidos al bloquear la importación de equipos), que estimularon la inflación y contribuyeron a afectar la productividad.

El otro gran obstáculo era que, en comparación con México o Brasil en ninguno de estos países había oposición a la industrialización, como sí la había en Argentina por  la porción más poderosa de la clase dominante y de sus aliados. En México por la revolución campesina de 1910 que sacó del medio a la oligarquía minera de Porfirio Díaz y dejó en el centro del poder al Estado, y en Brasil porque no había una oligarquía primaria única sino varias y diferentes y la principal era la del café, que de ninguna manera podía ocupar el lugar que habían tenido los latifundistas argentinos que vendían a Gran Bretaña carne y cereales, lo básico de los alimentos.

De ahí que la industrialización peronista empezó por concentrarse en la industria liviana, para atender la mayor demanda por el aumento de los ingresos, con la convicción de que la industria pesada vendría después, y los precios bajos fijados por el IAPI no pudieron tener en cuenta el Plan Marshall de 1948, que promovió la venta de excedentes estadounidenses a Europa, redujo los precios internacionales de los commodities y afectó mucho a la Argentina, y ambas condujeron a una menor producción agropecuaria exportable. Aunque las reservas iniciales eran considerables, por el posterior bloqueo de las libras esterlinas y la menor exportación, gran parte de esos recursos se usaron en recomprar la deuda externa y adquirir los ferrocarriles, mientras los salarios y el gasto social aumentaban de modo que entre 1946 y 1950 la participación del trabajo en el ingreso nacional pasó de 40% a 50%, aunque la productividad no aumentó en igual medida.

Haber corregido a tiempo lo que provocó el exceso del gasto hubiera requerido conocer lo que iba a suceder. No se avanzó antes hacia una industria pesada aunque se empezaron a producir automóviles y aviones porque expresamente Perón afirmó que antes había que tener suficiente demanda en la industria liviana, y la posibilidad de que se pudieran exportar algunas de esas posibles manufacturas no era muy seguro entonces, Además, Estados Unidos se negó a venderle al país equipos petroleros y el gasto en comprar los ferrocarriles ascendió al equivalente de 560 M de dólares (algo así como el triple de lo que valían) más otros no menos de 180 M dólares en deudas pendientes de la gestión inglesa, con un gran retraso en innovación, y la compra se pudo concretar en febrero de 1948, seis meses después que Gran Bretaña declarara inconvertibles las libras, por lo que debió pagar la nacionalización con las reservas en vez de hacerlo con sus saldos favorables. La crítica a la compra de los ferrocarriles no tiene sentido, porque la industrialización y el mayor aprovechamiento económico del territorio nacional lo hacía necesario. De cualquier manera, la mayor inflación apareció enseguida y la reducción de la productividad tampoco se hizo esperar demasiado.

HG: Sin embargo Perón no hizo ningún ajuste…

La corrección llegó en 1949 con la salida de la presidencia del Consejo Económico Nacional de Miguel Miranda, sustituido en la Secretaría de Hacienda y la presidencia del BCRA por Alfredo Gómez Morales. El inicio de esa corrección, que efectivamente en ningún momento fue un ajuste, sin embargo provocó una fuerte baja bursátil y una caída de la inversión que no se revirtió, y el Segundo Plan Quinquenal, de 1952, ofreció más créditos al agro, la importación de maquinaria y precios del IAPI más altos, pero los precios internacionales seguían hacia abajo. En el Congreso de la Productividad de la CGE y la CGT, ya en marzo de 1955, el año del golpe que destituyó a Perón, Gelbard, al frente de la CGE, pidió una mayor flexibilidad laboral para recomponer la productividad, y Perón impulsó un acuerdo con la Standard Oil de California, que fue vetada en el Congreso por la izquierda peronista encabezada por John William Cooke y criticada por Arturo Frondizi, que en su presidencia puso de ministro de Economía nada menos que a Álvaro Alsogaray, el gran promotor del ajuste, la deuda externa y las privatizaciones.

El primer peronismo en ningún momento dejó de lado el mercado interno, la industrialización y el resguardo de los salarios, pero en la posguerra, de 1945 a 2015, que son 70 años, estuvo en el poder sólo 11 años: de 1946 a 1955 y en 1973 y 1974 con el Plan Gelbard, en que sí se pudo volver a encarar la industrialización porque grandes industrias se sumaron. Por eso la reacción de la derecha con el golpe de 1976 fue mucho más fuerte, con su política de ajuste y desindustrialización, y en realidad la democracia estuvo condicionada a aceptarla, ya que su política económica iba a ser la del ajuste y la dolarización de los precios, y como tampoco se puede adoptar una moneda ajena sin comprarla, todas las formas ocultas o expresas de convertibilidad fracasaron hasta la gran crisis de 2001.

HG: …y entonces el peronismo parió al kirchnerismo.

CA: Ahí apareció el kirchnerismo que agregó 5 años a los 11 del primer peronismo, y fueron sólo 16 años en un total de 70. El límite son 5 años, de 2003 a 2008, porque ese año estalló la crisis financiera internacional, propio de la baja de la inversión productiva y la financiarización de las carteras, que fue el mismo fenómeno para todos los capitalismos, en el período en que se agudizó la crisis, pero que en la Argentina tuvo características propias por la oposición agro vs industria. Por ese motivo, aunque Cristina fue reelecta por segunda vez y siguió gobernando hasta 2015 no lo pudo rever, porque el gasto público aumentaba pero los precios subían, como respuesta del capital.

En 2015, con la llegada de Macri se agregó al dominio del agro y de la renta financiera, tratar de generalizar la privatización de los servicios avanzando fuerte para incorporar a éstos como alternativa a la inversión industrial; la industria lo aceptó y las grandes industrias se pasaron al bloque del ajuste, empezando por Techint, Aluar y Fate más la previa nacionalización de SOMISA con la dictadura de 1976.

HG: En el período posterior al primer peronismo se agrega la mayor gravitación del sistema mundial sobre las economías nacionales.

CA: Si, por su presencia histórica limitada, el peronismo no pudo terminar de dar vuelta la situación y el mundo cambió. Porque es imposible ahora quedar afuera del sistema mundial, China tiene un capitalismo controlado por el PC, en vez de un mercado interno cerrado, con el que la URSS terminó derrotada frente a Estados Unidos a través de la economía. Aunque Putin también empezó a dar vuelta el encierro de la industria rusa a través del desarrollo de los armamentos de manera que sirvan a la vez para mejorar la industria, algo que no es fácil de entender en Rusia, como tampoco fue fácil de adaptarnos actualmente a las nuevas condiciones en el peronismo, con un mercado interno ya imposible de tener la vigencia exclusiva que tuvo en el peronismo histórico.

Por eso la política económica del gobierno es la de Guzmán, que pelea la mejora de competitividad de la industria junto con el intento de mejora social y esto último se hace tan difícil.

HG: Y la coyuntura histórica nacional aparece totalmente atada a la internacional.

CA: El mercado, es decir el capital, va ganando la partida porque el sistema mundial es capitalista. China impuso un Estado dirigido por el PC que regula su peculiar capitalismo y en Estados Unidos la regulación va por el Estado endeudado y ahora también con inflación, que es el Estado de la crisis del capitalismo.

HG: Me pareció que habías efectuado tus observaciones sobre el peronismo histórico porque pueden aclarar algo sobre el peronismo actual de Alberto Fernández y Guzmán.

Sí: es la manera de calibrar la relación entre el mercado y la regulación. Perón tuvo una forma extrema de regular el capital para esa época. No podía menos que ser extrema porque tenía que industrializar al país contra la voluntad de la mayor parte de su clase dominante. Hoy, la regulación está mucho más presente en el mundo porque la crisis del sistema es universal. En la Argentina esa regulación es la que hace Guzmán, en continuo tire y afloje con la burguesía local, que pretende para este país dolarizar y enterrar al peronismo, y hasta llega a aprobar las continuas devaluaciones de la derecha.

En lo profundo, podría decirse que en la etapa de expansión del mercado interno, Perón se excedió con el gasto y los salarios, y no avanzó más en las reformas de fondo y de largo plazo, porque supuso que podría encararlas sin dificultades después. No es que no había que subir el gasto público y los salarios, sino que la suba tenía que estar más en consonancia con el reforzamiento de la estructura productiva para ganar también en productividad, y las sanciones de los países industrializados reforzarían los límites para que pudiera hacerlo. Por eso siguió una etapa de corrección, no de ajuste, desplegada en gran parte en el Segundo Plan Quinquenal.

No hay que olvidar que transcurrieron 70 años desde el primer peronismo. NI el país ni el mundo se parecen a lo que eran entonces. El país está mucho peor, incluso en la comparación regional, y el mundo pasó del Estado de Bienestar a una crisis financiera generalizada. Tampoco las respuestas pueden ser iguales; por eso, una comparación directa a través del tiempo no tiene sentido: es propia de una ideología congelada. Sólo se puede juzgar a Guzmán teniendo en cuenta las diferencias. Aun así se pueden encontrar semejanzas, sobre todo en calibrar esas respuestas entre el bienestar inmediato y un desarrollo capaz de sostenerlo.

HG: Desde el Frente de Todos se critica mucho a Guzmán. 

CA: La apuesta de Guzmán contempla el mediano plazo, para que la Argentina y el peronismo hagan compatibles sus políticas sociales e históricas con una industria que crece en eficiencia y capacidad exportadora, y vaya en línea con lo que hacen los países emergentes que se industrializan. En este período histórico no hay reparto social sin previo desarrollo: por eso sigue el capitalismo como sistema mundial.

En el plano mundial, es un  capitalismo en que se discute su regulación por parte del Estado, si más hacia un mayor bienestar o más hacia una súper concentración del poder en los gigantes tecnológicos, con quienes se pelean tanto el PC Chino como Biden, aunque a éste no le guste. Porque si las deja, se afianzan las criptomonedas y todas las valorizaciones falsas del mercado y el dólar perdería respaldo al estar sostenido por una deuda imposible de pagar. Sólo se podría pagar con condiciones salariales y sociales que llevaron a Estados Unidos a este nivel de crisis, para lo que el capitalismo también necesita al Estado, lo que muestra que los analistas y los economistas ultra liberales tampoco entienden lo que pasa con la economía, que se ha vuelto tan compleja que sólo puede ser entendida parcialmente.

En el país, Cristina, con su gran ojo político, sabe que ella sola o el peronismo dividido no pueden encarar el desafío presente, además de que no tuvo ningún ministro de Economía capaz de pelear en este nivel con el poder financiero, así que no hay más remedio que intentarlo por dónde va Guzmán (por eso aclaró que no pidió su renuncia), pero le pide más presión sobre los precios para frenar la inflación. Y Guzmán cree que hay que tener más cuidado porque la respuesta del capital siempre está en subir los precios, así que por eso la lucha contra la inflación está más sujeta a la respuesta de las empresas. En un capitalismo mundial en crisis, el capital pone los precios y el Estado sólo puede regularlo, y esa regulación sólo puede atajar los excesos del capital cuando el poder político opta por compatibilizar un capitalismo muy regulado con una política de empleo y bienestar social fuerte. Por eso es también una transición a otra forma de capitalismo.

La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, de los cuales 148.881 millones era en divisas y el equivalente a 73.822 millones de dólares era en pesos, el 60% de la misma era intra sector público (en poder del FGS de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% al sector privado.

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, en divisas era 249.047 millones (más de 100.000 millones por arriba de 2015)  y la deuda en pesos era al tipo de cambio oficial de 71.583 millones de dólares.  El 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% sector privado.  La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.

Es más, ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares

Ni el BCRA (que armó el listado), ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[1]; Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, que posee tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe que van desde Arroyo seco al sur hasta Timbués al norte de esa ciudad; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[2];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

LA INCOSISTENCIA DE LA DEUDA

No existe el castigo moral ni a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos que instrumentaron el endeudamiento, ni tampoco a los legisladores que se lo aprobaron. Pero si debería existir la pena fiscal por la deuda tomada con el FMI que no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo determina el Artículo 75 Inciso 4 de la Constitución Nacional que dice que es atribución del Congreso: “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. Deuda con el FMI que se tomó “entre gallos y medianoche” por 45.400 millones de dólares y que se fugó en su totalidad.  No es que con esa plata no se hizo una vivienda, es que ni siquiera se compró un ladrillo.

El Presidente de la Nación en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…”

Porque incluso viola el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI[3]  que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y, no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí, tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

Nicolás Dujovne y Adolfo Sturzenegger como Ministros de Hacienda y Presidente del BCRA respectivamente de Cambiemos, firmaron que el crédito tomado se cancelaba en tres años, cuya primer cuota venció el 22 de septiembre de 2021 por 1.687,5 millones de dólares, que es un despropósito y que sabían tanto el gobierno de Macri como el FMI que era imposible su cancelación.

Nos endeudaron para que nos subordinemos a la política del FMI como efectivamente pasó en el gobierno anterior y, como es evidente que influye sobre la gestión actual al suspenderse en septiembre del año pasado el cuarto tramo del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y, en los primero ochos meses del año 2021, el Sector Público Nacional registro un déficit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) de $431.503 millones y un déficit financiero (incluyendo el pago de los intereses de la deuda) de $ 870.555 millones, cifras que significan un 1,01% y 2,02 % del PIB respectivamente, cuando en la Ley 27.591 de Presupuesto se preveía un déficit fiscal primario para todo el año 2021 es del 4,3% del PBI y se contemplaba que no iba a haber una segunda ola de la pandemia del covid-19 a partir de marzo del 2021. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $431.000 millones, por ende aún contemplando que haya compromisos tomados que no aparecen en el Resultado Fiscal base caja de agosto 2021, la Administración Nacional podría haber incurrido en gastos por no menos de 2 puntos del PIB (Unos 862.000 millones de pesos) y no lo hizo. Suma que hubiera sido importante en la remuneración de jubilados y pensionados, en los planes sociales, en la obra pública, etc.

Paralelamente, el FMI con el fin de que los países miembros puedan hacer frente a la pandemia, amplía los Derechos Especiales de Giro (DEG) por una suma equivalente a 650.000 millones de dólares, de los cuales a la Argentina le corresponden unos aproximadamente 4.350 millones de dólares, para que se destinen a los programas de salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros.  Sin embargo, el gobierno decidió pagarle al Club de París 226 millones de dólares en el mes de julio 2021 y, pagó la primera cuota del FMI que venció el 22 de septiembre 2021, queda pendiente otra cuota igual que vence el 22 de diciembre 2021

LAS OTRAS DEUDAS

Recordemos que el gobierno de Cambiemos que pretextó para tomar deuda externa que no podía colocar títulos en pesos, lo hizo igual y es peor, defaulteó la misma (defaulteó deuda en pesos) cuando decidió en agosto de 2019, que las deudas de corto plazo en pesos: Letes, Lecap, Lecer y Lelink, se abonen en cuotas, un 15 % al vencimiento, un 25 % a los tres meses y el 60 % restante a los seis meses.

Actualmente se estima que los vencimientos de los distintos títulos públicos en pesos (deuda en pesos de la Administración Nacional) para los tres meses que restan del año, ronda los $ 450.000 millones. Importe al que se le debe sumar el déficit fiscal final que la Secretaría de Hacienda de la Nación prevé en $ 1.300.000 millones (o sea 1,3 billones de pesos), conformando un total de 1,75 billones de pesos.  Para lo cual se confía en un roll over (renovar deuda vieja por nueva) del total de los $ 450.000 millones en títulos que vencen en el período y que, el BCRA asista al Tesoro de la Nación en torno a los $ 890.000 millones, que se suman a los $220.000 millones correspondientes a Transferencias de Utilidades realizadas y los $190.000 millones por Adelantos Transitorios otorgados hasta el 27 de septiembre de 2021, para conformar los $ 1,3 billones requeridos.

Al 27 de septiembre 2021, los títulos de deuda del BCRA: Las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) y los pases pasivos, totalizan 4,1 billones de pesos (al tipo de cambio oficial unos 40.000 millones de dólares), cifra que supera ampliamente la Base Monetaria y, también al total del crédito al sector privado, demostrando el grado de incoherencia de la política monetaria.  Deuda de corto plazo que es la variable que más creció y que más crece desde que asumieron las actuales autoridades casi triplicándose y que, no tiene freno alguno, porque devenga un interés efectivo anual en torno al 45% que, como no se pagan, se suma a los vencimientos conformando una bola de nieve que no para de crecer y que depende de la voluntad de los 10 grandes bancos privados del sistemas para que se sigan renovando. En cuatro de ellos (Santander, BBVA, Galicia y Macro) el CEO de Blackrock, Larry Fink, reconoce tener participación accionaria, los otros cuatro son extranjeros (Citi; HSBC, ISBC, Patagonia-Banco Do Brasil) y dos son nacionales (Supervielle y Credicoop).  Estos 10 bancos privados tienen en su poder la mitad de las Leliq y de los pases pasivos.

SE PAGA Y NO SE INVESTIGA LA DEUDA

De acuerdo, financieramente el gobierno logra cubrir los pagos de este año 2021, y lo hace a costa de desatender imprescindibles gastos públicos como es el de actualizar el haber de las jubilaciones y pensiones y el de realizar una menor obra pública.  Y la pregunta sigue siendo la misma, porque el pueblo argentino debe pagar la deuda que fugaron unos cuantos.  Porque no se los llama, por empezar, a los cien primeros compradores de divisas en la gestión de cambiemos y se les pregunta, dado que no declararon ni pagaron el Impuesto a las Ganancias por los 24.679 millones de dólares que compraron, de dónde sacaron los recursos y se los multa por ello.

Si bien es cierto que el gobierno de Cambiemos liberó la compra y venta de divisas sin límite alguno, como si cualquier ciudadano puede comprar 1 millón o 10 o 100 millones de dólares, aún así, en todos los casos, el comprador debe justificar la procedencia de los fondos, tal lo exige la Ley 25.246 de Lavado de Activos que fue sancionada y promulgada en el año 2000 y, eso obviamente no se hizo y son responsables el comprador y el banco que le vendió.

En la medida en que el principal problema de la economía es la deuda, las negociaciones actuales con el FMI no se pueden llevar adelante sin antes determinar las responsabilidades penales y administrativas. Menos aún si tal acuerdo va a implicar que se continúe pagando dicha deuda, con sus inevitables consecuencias económicas y sociales para el país.

Determinar responsabilidades corresponde por derecho, ética y moral, es indispensable para poder llevar a cabo las acciones tendientes al recupero de parte del dinero en cuestión por parte de los responsables de tales delitos y, también, para negociar desde otra posición frente al FMI.

No es lo mismo negociar una deuda legítima a una tomada en base a delitos eventualmente cometidos, actos administrativos muy probablemente nulos y violación de la propia normativa del acreedor.

Es más el mismo FMI debe colaborar en el rastreo e identificación para saber a donde se fueron los 45.400 millones de dólares (32.200 millones de DEG) que le prestó al gobierno de Macri y no se sabe a ciencia cierta donde están.

[1] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[2] Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.

[3]  Artículo 6to. Inciso a) … ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo.

El jueves 30 de septiembre el gobierno nacional firmó y presentó en el Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador». Lo consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y contiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no los necesita, dado que sus principales cámaras que son CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales) declaran haber ingresado en los primeros ocho meses del año, 23.229,2 millones de dólares por la venta de 74,32 millones de toneladas de granos y derivados y, además, el sector agroindustrial en su conjunto representa el 17 por ciento del PBI en todo el país y el 65 por ciento de las exportaciones nacionales: Ello le permite fijar el precio de los alimentos en el mercado nacional igualándolos al mercado externo, pese a que se producen en el país y su costo en moneda dura es mucho menor al internacional y la fertilidad de la tierra es una de las mayores del mundo.

El Consejo Agroindustrial Argentino está conformado por 52 cámaras y entidades del sector y, a través de este acuerdo con la Nación, busca promover las exportaciones para alcanzar 100.000 millones de dólares anuales en un mediano plazo, cifra que significa un aumento del 54% respecto a los 65.000 millones de dólares que se exportan actualmente en el segmento de productos agrícolas y agro industriales.

De la llamada Mesa de Enlace del “campo argentino” son socios del CAA, CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y la FAA (Federación Agraria Argentina). No así la Sociedad Rural Argentina. Quienes como organismo político-sindical del sector aducen que el Proyecto «no es más que un aporte menor de ideas elevadas al Poder Ejecutivo para que se transformen en ley, destacando que son solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades que dependen de muchas pautas de cumplimiento y de presupuestos que no están establecidos ni quién las regulará”.

En el proyecto de ley se establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y que requerirá la intervención de los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo llegado el caso y en materia de su competencia. Pero también es cierta la debilidad de los organismos de control que incluso no tienen intercomunicación entre sí y trabajan como compartimentos estancos, máxime que la base del proyecto es la reducción del cobro de los impuestos del sector que se apropia de la renta extraordinaria de la fertilidad de la tierra y se le deja la libertad de beneficiarse con desgravaciones que ellos mismos determinan por declaración jurada.

Fernando Basso y Pedro Peretti no se cansan de exigir que 50 metros antes de cada Aduana se ponga una balanza para pesar lo que declaran exportar en puertos privados o concesionados al sector privado, y nunca se hace.

Todas las cadenas de valor

Los asociados y sectores del CAA son diversos, pero allí están prácticamente todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias: los productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales donde participan AGD, ADM, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, Cargill, Molino Agro; ACA y Glencore por si, por RENOVA y por Viterra SA que antes se llamaba Oleaginosa Moreno Hnos. SA , etc., y que representan el 90% de las exportaciones de granos. A ello se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país. Es decir, hay productores, comercializadores, industriales, productores de biocombustibles y exportadores.

El “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” propuesto regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, incluye un registro que funcionará bajo un formato de “Ventanilla Única Digital” y en el que deberán inscribirse aquellos interesados que pretendan acceder a los beneficios y a las condiciones que establezca la reglamentación y, gozarán de la estabilidad fiscal en lo dispuesto por la ley por el plazo estipulado.

Para ello deben demostrar que acrecientan año tras año uno o más de los indicadores siguientes: a) Volumen de ventas;  b) Volumen de producción física;  c) Volumen de exportaciones físicas; d) Cantidad de personal ocupado;  y e) Inversiones realizadas. Con el primero y, básicamente, las ventas al exterior, les basta y es su principal objetivo.

En el proyecto se establece una amortización acelerada (y por ende al computarse  la mayor inversión en menos plazo incrementa el costo y con ello genera menos ganancia contable), en 3 –tres— años, en cuotas anuales iguales y consecutivas, en lugar de 10 años o más de acuerdo al tipo de inversión en cada sector del agro, para bienes muebles nuevos amortizables —excluidos automóviles— adquiridos, elaborados o fabricados, y para insumos (que van desde semillas, bulbos, fertilizantes, chapas, etc.) de acuerdo al nomenclador arancelario común del Mercosur, incluso en menos plazo de tres años.

También la amortización anticipada para  inversiones en construcciones –excluida la vivienda— y de infraestructura, como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50%) de la estimada, todo para abultar el costo contable y declarar menos ganancia y por ende pagar menos impuestos.

Igual trato favorable se hace sobre la valuación de la hacienda para los establecimientos de invernada o engorde a corral, con el objetivo de eximirlos del pago del impuesto a las ganancias durante los años de engorde. Recién pagarán ganancia cuando vendan los novillos.

Asimismo, contempla la devolución del IVA en tres cuotas, a diferencia de los cinco años actuales de promedio. Esta iniciativa alcanzará a plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado, planta de tratamiento de frutas, entre otras producciones

Los tres programas

El Proyecto crea el “Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible” compuesto por tres programas:

1. Incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas [1] de producción nacional.
2. Estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumos, incluso los biológicos.
3. Incrementar la productividad de la ganadería vacuna. (Aumentos en los porcentajes de destetes de terneros logrados y aumento del peso de los animales enviados a faena.)

El Sistema generará un certificado de crédito fiscal intransferible hasta un importe del cincuenta (50%) de los gastos y erogaciones deducibles del impuesto a las ganancias correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos —incluso los biológicos—, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas, relacionadas con los Programas 1) y 2) y de gastos en genética y sanidad ganadera vinculados con el Programa 3), y hasta el límite del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a las ganancias a pagar.

Dicho certificado de crédito fiscal intransferible podrá ser utilizado por el término de veinticuatro (24) meses contados desde su emisión para la cancelación del impuesto a las ganancias a pagar del período fiscal de que se trate o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor como así tampoco a reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional. Este plazo podrá prorrogarse por doce (12) meses, por causas justificadas. Y se determinará por cupo fiscal en las leyes de presupuesto de la Administración Nacional.

Como resultado el sector se verá favorecido en pagar menos impuesto a las ganancias y, si contabilizan saldos a favor, utilizarlos para pagar hasta dos y hasta tres años después dicho gravamen.

En síntesis

El gobierno insiste en seguir haciendo concesiones a los sectores más concentrados de nuestra economía que son, a su vez, los principales beneficiados de la suba de los precios.

Así alcance el sector en un mediano plazo exportar por 100.000 millones de dólares anuales, si no se le fijan los necesarios y mayores derechos de exportación/retenciones (el proyecto les confiere estabilidad fiscal hasta el año 2025, cuando le corresponde a otra administración) y un cupo de exportación para garantizar el debido abastecimiento para el mercado interno, por lo menos para la carne vacunatrigo y maíz, van a seguir subfacturando vía la República Oriental del Uruguay (como lo demostró la sanción a 17 principales frigoríficos en mayo de este año [2]) y sobrefacturando compras de granos del Paraguay.

El gobierno presenta este proyecto y no reglamenta la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada en enero de 2015, con el objetivo de afianzar la población que habita los territorios rurales e impulsar el aprovechamiento de cada territorio para generar bienes primarios, industrializados y servicios diferenciados por sus particularidades ecológicas, culturales, procedimientos de elaboración en clara defensa del pequeño y mediano productor.

En cambio con el proyecto de Ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, se sistematiza y se mecaniza (reemplazando mano de obra) a favor de un sector que se concentra y se extranjeriza cada vez más, que el Estado no termina de controlar y encima, se le disminuye los impuestos, cuando el camino correcto para que reduzcan los precios y se desenganche el mercado externo del interno es con el aumento de la alícuota (tasa) de las retenciones.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, compuesta por la gran mayoría de los frigoríficos sancionados en mayo 2021 por el gobierno, realiza el 80% de las exportaciones de carne, a costa del mercado interno. Mientras el año pasado declararon exportar 900.699 toneladas de carne vacuna, como se faenan 3,2 millones de toneladas, destinaron 2,3 millones al mercado interno, que significó 50,2 kilogramos de consumo per cápita, el más bajo de los últimos 100 años.  Y este año van a exportar en torno a los 800.000 toneladas y se vende en el mercado interno si se paga $ 800 el kilo de carne o más.

Paralelamente una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-ex Kraft, Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza; etc.) y las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos.

Cuando se presentó el Proyecto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, la mayoría de los asistentes eran los CEOs y dueños de esas grandes compañías formadoras de precios y que explican porque, según el INDEC, el índice de pobreza se ubicó en el 40,6% y el nivel de indigencia fue del 10,7% de la población en el primer semestre del año 2021, y se debe a la suba sistemática y permanente del precio de los alimentos.

Los precios en la Argentina no son esencialmente un problema de estructura de costos (que no se conocen ni se dan a conocer), donde jueguen los aumentos salariales o del combustible. En los últimos 45 años la principal causa de la suba de precios ha sido el valor del dólar y, ello es así, por la fuerte extranjerización de la economía y el predominio que tienen las principales empresas en sus respectivos mercados.

Es obvio que los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa para priorizar la venta al exterior y que, por cada dólar que consiguen (y que el proyecto impulsa y estimula) quieren obtener mayor poder de compra en el mercado local.

Esta historia la vivimos varias veces, el gobierno en esta alianza cava su propia fosa (se alía al principal interesado en devaluar nuestra moneda). Se hace un brutal ajuste externo, nos privamos de consumir alimentos, tenemos los niveles de pobreza e indigencia que tenemos y queremos seguir vendiendo alimentos al mundo.

El gobierno debe frenar a como dé lugar y sin miramiento la existencia de todo dólar que no sea oficial y no convalidar aumentos de precios sin una estructura de costos que lo respalde y demuestre. De otro modo el modelo agro exportador y de salarios bajos se retroalimenta, para beneficios de unos pocos y para la pobreza de muchos.

[1] Las especies autógamas son aquellas que se reproducen por autofecundación, es decir, los gametos que se unen para formar el cigote proceden de la misma planta.

[2] La lista de los frigoríficos que se multó está compuesta por las principales firmas que operan en el país: Marfrig Argentina S.A.; Sociedad Anónima Carnes Pampeanas; Coto Centro Integral de Comercio; Quickfood S.A.; Arre Beef S.A.; FRIAR S.A.(del grupo Vicentin); Swift Argentina S.A.; Azul Natural Beef S.A; Frigorífico General Pico S.A.; Conallison SA;  Frigorífico Alberdi Sociedad Anónima; On Beat S.R.L.; Panoa S.R.L.; Industrias Frigoríficas Recreo; Procesadora Ganadera Entrerriana; Tutto Porky´S SRL; Logros S.A.;Carnes Sudamericanas S.A.; y  Black Bamboo Enterprises

El alquiler sólo es una arista de la renta inmobiliaria urbana porteña. La elevada diferencia entre el costo de construcción del m2 y su valor de venta opera como un singular motor de expansión del desarrollo inmobiliario, convirtiéndolo en el principal vector de competitividad productiva del distrito en las últimas dos décadas.

La tasa de rentabilidad en moneda dura que arroja el diferencial apuntado de costo de construcción m2/valor de realización del m2 constituye uno de los costos de oportunidad que habitualmente son ponderados a la hora de tomar decisiones de inversión.

La compra de departamentos desde “el pozo”, es decir, al inicio del proyecto constructivo, es uno de los destinos más atractivos para los capitales líquidos disponibles sin urgencias de corto plazo.

El valor promedio del m2 terminado en la Ciudad del Buenos Aires poscrisis 2001 era de u$s 900, y en el año 2018 alcanzó su pico situándose en u$s 3.100. En una década y media la revaluación inmobiliaria fue del 244%

En ese lapso, el costo del m2 de construcción con materiales de categoría evolucionó desde u$s 700 hasta u$s 1100, aumentando un 57%.

El cuadro que sigue cuantifica una estimación de la expansión de la renta inmobiliaria urbana

La expansión de la renta inmobiliaria urbana se decuplicó en algo más de quince años, con una tasa de beneficio promedio anual en dólares del 16%.

La contracara de este flujo de capitales atraído por una renta extraordinaria, sólo comparable con la agropecuaria, fue el alejamiento creciente de los asalariados del acceso a la vivienda en la Ciudad.

La revaluación inmobiliaria deterioró la relación m2/salario promedio y elevó significativamente el valor locativo de las unidades nuevas.

El cuadro que continúa refleja esta evolución negativa en términos de acceso a la vivienda de los trabajadores asalariados

La ciudad “formal” expulsa a la ciudad “informal”

Este comportamiento de la renta inmobiliaria tuvo como consecuencia el efecto deseado por las administraciones “amarillas” de la ciudad de encarecer el costo de vida en la Capital Federal de todos los argentinos y argentinas, y, consecuentemente, ir expulsando a las familias de menos recursos desde los barrios más favorecidos del norte hacia el sur de la avenida Rivadavia y, finalmente, fuera de los límites jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma.

El Estado porteño tiene políticas activas en este proceso a través de la planificación urbana, la inexistente política tributaria y la privatización de tierras públicas.

Durante el Gobierno porteño de Aníbal Ibarra se impulsaron tres leyes para regular y corregir este devenir que se proyectaba ya a principios del siglo:

• Ley de Recuperación Edilicia de zona Sur
• Ley de Uso de Suelo Fabril de zona Sur
• Creación de la Corporación Buenos Aires Sur

El objetivo de estas leyes era construir un escenario urbano más amigable a las familias de menos recursos al sur de la Ciudad, favoreciendo:

1. La recuperación edilicia de inmuebles antiguos, cuyo destino era la demolición conforme al Código de Planeamiento Urbano.
2. La radicación de fábricas en el ángulo sur-suroeste de la ciudad para impulsar el empleo y la disminución de la movilidad hacia los lugares de trabajo
3. La concentración de tierras públicas en un ente estatal que procura un desarrollo de viviendas y barrios populares contrapesando lo ocurrido con la Corporación Puerto Madero.

Este paquete de medidas se completó con la construcción de la línea de subterráneo H desde Plaza Francia hasta Nueva Pompeya, conectando la línea de tren Belgrano Sur.

Ibarra fue derrocado, ese conjunto de medidas regulatorias de la renta inmobiliaria fue abandonado y la construcción de la línea H se detuvo en la av. Las Heras por el norte y en la estación Hospitales por el sur (la conectividad conurbano sur-Recoleta parece ser una herejía).

En el presente, la política urbana es de demolición de los inmuebles antiguos construidos, para consolidar un “banco” de tierras baratas a los desarrollos rentísticos, expulsando habitantes de barrios completos.

Hay un veto explícito a cualquier política industrial, consolidando el perfil de ciudad residencial y de servicios.

El impuesto inmobiliario no ejerce ninguna presión para incidir en las decisiones de inversión. A su vez, se abandonó la política de construcción de líneas de subterráneos para favorecer la movilidad transversal norte-sur de la Ciudad, hecho que pondría en valor el activo inmobiliario del sur de la ciudad. La última línea de subte nueva en la ciudad, la citada línea H, fue construida por Ibarra, algo que no ocurría desde 1936.

La renta del alquiler

En columnas pasadas advertíamos sobre el incumplimiento creciente de las regulaciones de la nueva ley de alquileres en perjuicio de los inquilinos, precarizando su relación contractual con el propietario, tanto en el plazo de duración del acuerdo de arrendamiento como en la incertidumbre sobre la fórmula de ajuste del valor locativo en el transcurso del tiempo.

Vamos a reproducir alguno de los conceptos vertidos en ese momento porque resultan claves para comprender cómo se está completando el proceso de apropiación de renta urbana y la expulsión de las familias que ya no pueden asumir esta presión.

La Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires publicó con fecha de junio su último informe sobre el relevamiento del precio promedio de los alquileres en el distrito para departamentos nuevos y usados. El cuadro que sigue muestra la evolución de este indicador durante el primer semestre del año:

La evolución promedio de los alquileres en el primer semestre del año prácticamente se ubicó en torno a la inflación minorista de ese período, que fue del 25,1%.

Por su parte, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en su relevamiento habitual sobre alquileres en la Capital Federal para el mes de julio informó que la mediana para el valor de los arrendamientos era la siguiente:

En todos los casos, los valores de los alquileres se ven incrementados por el valor de las expensas a cargo del inquilino, que fluctúan en un promedio del 18%.

Ambos estudios convergen en el indicador del precio de la vivienda alquilada al promediar el 2021, cuyos aumentos se alejan de la evolución de los ingresos populares, formales e informales.

Pero ha emergido otro comportamiento de los propietarios e inmobiliarias que torna la situación más gravosa aún para el inquilino, que es la elusión para celebrar contratos en el marco de la nueva ley de alquileres, promulgada en junio de 2020.

Esta ley contiene: normas de protección del inquilino destinadas a otorgar estabilidad a la relación contractual con el propietario durante un plazo razonable de uso de la vivienda, que la norma fija en un mínimo de tres años; el ajuste anual del valor del alquiler; y la utilización de un índice combinado de inflación minorista y evolución del salario (IPC + RIPTE), que es publicado por el Banco Central.

Se fija la obligación para el locador de registrar el contrato celebrado en la AFIP, estimándose que en el presente existen 450.000 contratos de alquiler en la ciudad de Buenos Aires que han incumplido esta obligación con el fisco.

El mecanismo de eludir la celebración de contratos en el marco de esta ley regulatoria de la locación de viviendas por parte de propietarios e inmobiliarias es prorrogar por un año los contratos vigentes, aumentar fuertemente el valor del alquiler al inicio de la prórroga y fijarlo por un año. Recargando el acceso a la continuidad de la relación contractual con “gastos y honorarios de la prórroga” y aumentando el mes de depósito conforme al nuevo valor locativo.

En suma, el inquilino debe asumir todos los costos de comienzo y/o renovación de un nuevo contrato, pero carece de los beneficios de estabilidad que le otorga la ley.

La vigencia de la “prórroga” es por un año, viéndose obligado a afrontarlos de nuevo al cabo de ese lapso, desbaratándose la posibilidad de distribuir ese costo en tres años de plazo mínimo legal.

Pero lo más grave es que al vencimiento de la “prórroga” se vence el monto fijo del valor locativo, y el inquilino desconoce lo que le requerirá el propietario para continuar en la vivienda, además del combo de gastos ya citado.

La expectativa de contar con un marco contractual de tres años se diluye además porque desconoce cuál será el ajuste exigido por el propietario al final del primer año. La vigencia de un índice de ajuste contractual que contiene un reflejo de la evolución salarial constituye una certeza para el locatario al aproximarse el ajuste del alquiler. Con esta maniobra elusiva de la ley, queda al albedrío de la decisión del propietario.

Esta situación de abuso es consentida por las autoridades locales y hasta ahora no se ha producido la intervención del Gobierno Federal para obligar al cumplimiento de una ley nacional.

La ciudad de Buenos Aires se está convirtiendo en un gran inquilinato de arrendatarios carentes de derechos.

https://www.eldestapeweb.com/opinion/negocio-inmobiliario/quien-regula-la-renta-inmobiliaria-en-la-ciudad-de-buenos-aires–202110219029

Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia el 25 de mayo de 2003 planteó un modelo de producción de bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres, con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos, sostenía el Presidente), que se defendiera el mercado interno, que las exportaciones pagaran una retención que permitiera al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado, y cupo para la venta externa de carne y trigo.

La Argentina crecía, y crecía la industria que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre los años 2003 y 2011, según los números del INDEC revisados durante el macrismo por su Director, Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, ante la mayor demanda y agotada su capacidad instalada, en lugar de invertir, prefirió hacer el juego que más conoce y que más práctica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, sino ensamblar importando, que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía, que en parte se debió comprar al exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debían ser superadas con un nuevo reordenamiento por parte del Estado. Esto fue anunciado a fin del año 2011 y fue denominado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “sintonía fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal”, que significa ver cuánto recibe una empresa en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., y cuanto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

El Estado trató de compensar ese proceso de desinversión y fuga de capitales con políticas de mayor impulso a la demanda. No hubiera estado mal si se hubiera realizado simultánea y paralelamente con las medidas de “sintonía fina”. Pero como se anunciaron y no se ejecutaron, la restricción de la oferta generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

La lógica económica del gobierno que lo sucedió en diciembre de 2015 fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión la alta liquidez internacional que, a su vez, fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.

El gobierno de Macri solamente podía superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado. En ese marco no pueden existir proyectos de inversión productiva, se prioriza la renta financiera a expensas de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y el corto plazo de los vencimientos de la deuda externa contraída.

Se infería que el nuevo gobierno que lo reemplazó en diciembre de 2019 retornaría al proceso inconcluso de defensa del mercado interno, del trabajo y de la producción nacional, de allí que recibió en las elecciones nacionales del año 2019, 12.900.000 votos. Pero menos de dos años más tarde redujo sus electores en un 45% pasando a obtener 7.100.0000 de sufragio.

Ajuste fiscal

Dicha respuesta del electorado, desde el punto de vista económico, se debe a que el gobierno priorizó ordenar el fuerte condicionamiento externo y, para ello, realizó y realiza un fuerte ajuste de las cuentas públicas y externas.

En la ciencia económica se entiende por “ajuste” a un conjunto de medidas que buscan terminar con un desequilibrio en las cuentas. Por lo general, el ajuste implica un recorte de los gastos para alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los desembolsos. Y no otra cosa es lo que se vino realizando, esencialmente desde el cuarto trimestre de 2020 en que se suspendió el pago de la cuarta cuota del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y se acrecentó el proceso de devaluación de nuestra moneda.

No bien se desató el problema de la pandemia, el Estado argentino realizó ingentes esfuerzos para darle debida respuesta.  Se reconvirtieron hospitales en todo el país, se asistió a las provincias y municipios y se instrumentaron dos planes sociales, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que benefició a 8.839.044 personas, el monto desembolsado fue por $ 265.000 millones, pagado en tres cuotas en  2020 de $ 10.000 por persona. Y también pagó la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) en seis cuotas mensuales, de abril a septiembre inclusive del año 2020, cuyo gasto total fue de $ 226.853 millones (es en pesos pero a un dólar promedio según el BCRA de $ 82,35 para el año 2020, serían equivalentes unos 2.755 millones de dólares) y llegó a asistir con parte del sueldo y disminución a cero de los aportes previsionales a 274.557 empresas y a 2.267.000 trabajadores.

Pero superado el pico de la pandemia generada  y sin prever una segunda ola, se aminoró la ayuda social y el apuntalamiento del mercado interno. Es más, en la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional 2021 desaparecen como gastos la ATP  y el IFE .

Sin embargo, sobre ese presupuesto y siempre teniendo en cuenta que la inflación medida por el IPC acumulada en los primeros ocho meses del año 2021 según el INDEC, fue del 32,3%, observamos que los ingresos de la Administración Nacional crecieron considerablemente y cumplen con creces con la meta de recaudación proyectada, alcanzando los $ 7.194.856 millones de pesos en los primeros ocho meses del año (incluida la suma de $ 197.700 millones de aporte solidario – Ley N° 27.605), cifra que representa el 73,27% del presupuesto nacional 2021 (superando los 2/3 que es el promedio matemático).

Pero no así en los gastos, que en conjunto se incrementaron en un 63,69% (siempre contemplando una inflación acumulada del 32,3%) pero en forma desigual, especialmente en Prestaciones de la Seguridad Social que asciende a $ 3.183.024,4 millones en los ocho meses referidos, que representa el 51,8% del gasto total. De allí que, por su alta incidencia en las cuentas públicas, el gobierno no acrecentó dichas erogaciones a sabiendas de que el 60% de los jubilados y pensionados perciben la remuneración mínima o en torno a la mínima.

La otra variable de ajuste ha sido el gasto de capital, fácilmente observable cuando representa el 5,63% del gasto total en el acumulado de los primeros ocho meses del año y estaba proyectado para el ejercicio fiscal 2021 que iba a ser del 9,21% del gasto.

Ambos elementos explican porqué el déficit primario fue del 2,1% del PIB  (y el déficit total del 3,5%) en los ocho meses transcurridos de año 2021, dándole la razón a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando en su carta tras las PASO sostiene que «el año pasado, con ocasión de presentarse el presupuesto, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 —situación que no se verificó, como es público y notorio—. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia”.

La ejecución base caja del Presupuesto del Sector Público Nacional ha sido exageradamente prudente, solo se han realizado mayores gastos por la compra de las vacunas y el denominado gasto social (planes asistenciales a la población) que ha sobrecumplido en su ejecución porque la estimación original de la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional, no tomo en cuenta la segunda ola de Covid-19.

El ajuste externo

La Argentina no tiene un problema de restricción externa comercial, la restricción es financiera por la fuga de capitales y la deuda generada. Es inaudito que un país que tiene en lo que va del siglo XXI un superávit comercial acumulado de 166.281 millones de dólares, tenga una deuda externa pública de 335.356 millones al primer trimestre 2021 (último dato oficial publicado).

Se pone como excusa para no impulsar el consumo de la población que por cada punto que crece el PIB las importaciones aumentan el triple. Pero nada dicen que el PIB estimado por el Ministerio de Hacienda es de 416.111 millones de dólares y las importaciones del año 2020 fueron de 42.356 millones y, este año 2021 se estima que alcanzarán los 46.000 millones. Por ende si el PIB se incrementa en un punto significan 4.161 millones y las importaciones en tres puntos alcanzan los 1.380 millones de dólares. El superávit comercial esperado para este año es de 13.000 millones de dólares, el PIB podría crecer 10 puntos (40.000 millones de dólares) y recién allí las importaciones serían igual a las exportaciones.

En síntesis

El gobierno de Alberto Fernández realizó y realiza un ajuste fiscal y comercial que se refleja en la devaluación de nuestra moneda que pasó de $ 62,25 el 10 de diciembre de 2019 a $ 104,50 el 24 de septiembre de 2021. Devaluación que impacta en el aumento generalizado de los precios, esencialmente de los alimentos (y entre ellos la carne vacuna que subió en promedio en las carnicerías 40 puntos más que la inflación y el dólar) castigando severamente a la población, en pos de garantizar el pago de los servicios de una deuda que se tomó a espaldas de nuestro pueblo y que benefició y beneficia a una minoría que fugó capitales y que se debe investigar.

HABLANDO DE AJUSTE

La crisis del 2008/2009 aglomeró en el lapso de un año las siguientes calamidades:

1. El impacto del “crack” financiero internacional provocado por la insolvencia de los créditos hipotecarios en los Estados Unidos y la deuda pública de las economías más débiles de Europa. La recesión iniciada en el 2009 provocó una caída del PIB del -6%.
2. El rechazo en el Congreso de la Nación en el año 2008 de la ley de derechos de exportación móviles, cuyo objetivo era regular la renta extraordinaria derivada de los precios internacionales de los productos primarios que se produjo en el lapso 2008-2013. Durante el citado lustro, el Estado resignó u$s 7.500 millones en concepto de derechos de exportación.
3. La derrota en las elecciones legislativas del año 2009, con singular efecto en la Provincia de Buenos Aires. Durante el bienio 2009-2011 el oficialismo gobernó con minoría parlamentaria, sufriendo la carencia extrema de contar con una ley de Presupuesto que dotara de certeza al programa de gobierno en el año 2011.

Amado Boudou, designado ministro de economía en julio del 2009, tenía en su haber el impulso a la recuperación para el Estado de los fondos de pensión privados que habilitó la solvencia fiscal para implementar la Asignación Universal por Hijo a fines del 2009 y dotar al ministerio de planificación de ingentes recursos para elevar la tasa de inversión pública a niveles récord del 3,8% del PIB en el 2011 (téngase presente que el Presupuesto 2021 contiene una tasa de inversión pública del 2,2% del PIB, subejecutada hasta el momento).

Con el orden fiscal derivado de la estatización de las AFJP, a fines del 2009 la tarea fue el equilibrio de las cuentas externas. La agenda consensuada con el FMI habilitó el segundo canje de deuda en el 2010, la constitución del Fondo de Desendeudamiento con las reservas internacionales excedentes, la utilización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) -emitidos por el organismo en ocasión de la referida crisis financiera global del 2008- para la reactivación interna y el apoyo de los tres bancos multilaterales de fomento (BID, Banco Mundial y CAF) reembolsando inversión ya realizada. Estas medidas dieron vuelta el saldo negativo la Cuenta Capital del Balance de Pagos en el año 2010, ingresando u$s 7.100 millones.

La economía creció un 10% en el 2010 Y un 6% en el 2011. Amado acompañó a Cristina en la fórmula presidencial. El liderazgo de las dos veces Presidenta, arrastrando la peor tragedia de su vida, le permitió alcanzar el 54% de los votos en los comicios del 2011.

A esta altura de la columna el lector dirá “era otro contexto”. Sin duda que sí. Pero la reseña apunta a la audacia en la toma de decisiones para superar un escenario en extremo adverso.

En el presente se han adoptado decisiones en procura del orden externo y de las cuentas públicas. No obstante, no han dado el resultado esperado en términos de amortiguación económica del golpe propinado por la pandemia global durante el 2020, ni tampoco en el 2021 se ha producido una vigorosa reactivación inclusiva del conjunto del pueblo.

En columnas pasadas citábamos las debilidades de las decisiones de política económica definidas como prioritarias.

La reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera con residentes en el exterior por u$s 66.000 millones reunió una aceptación del 99% de los tenedores de bonos. Lo extraño es que el riesgo país, que llegó a un mínimo cercano a los 1.100 puntos básicos al momento del canje en septiembre 2020, fluctúa en el presente en torno a los 1.550 puntos básicos. El reordenamiento de los pasivos externos implica un sendero de previsibilidad de las cuentas con del balance de pagos que se refleja en el descenso del riesgo país y en el reflujo de dólares al circuito de producción y consumo. Un riesgo país que fija una tasa mínima de retorno del 16% anual para una colocación en moneda extranjera torna inviable una afluencia de capitales que revierta el saldo negativo de la Cuenta Capital del Balance de Pagos.

La segunda explicación pendiente, asociada a la falta de resultados de la reestructuración de deuda pública con el sector privado, es que el Banco Central no acumula reservas internacionales en la magnitud del superávit comercial que arroja una economía contraída y con precios internacionales favorables de los productos primarios exportados. El excedente comercial del 2020 fue de u$s 12.500 millones y las reservas brutas disminuyeron en -u$s 5.400 millones. Al mes de agosto del 2021, la situación mejoró respecto del año anterior acortando sensiblemente la diferencia: el saldo favorable de la balanza comercial ascendió a u$s 10.600 millones y las reservas brutas aumentaron en u$s 6.800 millones.

La reestructuración de deuda pública con el sector privado y el abultado superávit comercial no son suficientes para asegurar la estabilidad cambiaria, concretada en el atesoramiento abultado de divisas en el Banco Central. Dólares de origen financiero tampoco ingresan como consecuencia del riesgo país elevado.

La política económica recurre entonces al equilibrio fiscal para estabilizar las variables. El déficit fiscal interanual acumulado entre julio 2020/julio 2021 se contrajo un 71%, disminuyendo de $1,1 billones a $305.000 millones. La monetización de la economía se redujo del 24% del PIB en el 2020 al 22% del PIB en el primer semestre 2021.

La política monetaria y fiscal contractiva no sustituye el equilibrio externo ni contiene la inflación, que ha alcanzado el 32% acumulado a agosto cuando la proyección anual contenida en el Presupuesto 2021 es del 29%.

Pero una política monetaria y fiscal conservadora sí frena la actividad después de una caída muy relevante como la ocurrida en el 2020 del -9,9%.

También en columnas pasadas advertimos sobre el comportamiento de los agentes económicos más poderosos, refractarios a expandir la economía y aceptar la puja distributiva que deriva de una baja pronunciada del desempleo que posiciona a los sindicatos para reclamar la recuperación del salario.

En el actual contexto el comportamiento de las cúpulas empresarias es presionar con precios en mercados altamente oligopolizados y no regulados por el Estado, para luego dolarizar el excedente apropiado en el mercado cambiario alternativo “dólar contado con liquidación”, al que el Banco Central alimenta con reservas internacionales para comprimir la suba de la cotización.

En este esquema, la recuperación rápida de la economía y el pleno empleo es prácticamente imposible. Si los límites a las políticas activas de impulso a la demanda van a estar dados por el remanente de dólares que el Ente Rector monetario y cambiario pueda reunir trabajosamente después de contener una demanda de divisas para salida de capitales, la Argentina de producción y consumo potente es inviable.

Hay que romper el “corset” impuesto por el poder económico y asegurar energía, alimentos, indumentaria y vivienda para todos y todas. Son bienes de producción nacional, y la construcción de circuitos menos trasnacionalizados que los actuales se torna imperiosa.

https://www.eldestapeweb.com/opinion/economia/de-las-crisis-se-sale-con-audacia-202192519110