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viernes, abril 24, 2026
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Por qué hay que abandonar el enfoque monetarista

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El Presidente Alberto Fernández decidió este viernes un profundo cambio de gabinete, dando cuenta del resultado electoral adverso sufrido por el Frente de Todos en las elecciones legislativas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Se incorporaron al elenco presidencial personalidades de gran recorrido de gestión en los gobiernos peronistas y consecuente volumen político, imprescindible para afrontar los desafíos planteados por la complejidad del resultado electoral y la Argentina emergente del impacto del virus. Mi mayor deseo de éxito a los compañeros designados.

El equipo económico no sufrió modificaciones, produciéndose en los hechos una ratificación del rumbo seguido en el área. El Presidente rechazó de plano los planteos respecto a una excesiva prudencia fiscal y monetaria para impulsar la recuperación de la actividad que se viene verificando desde el segundo semestre.

Estos reclamos se venían expresando desde distintos grupos de trabajo político-técnicos del Frente de Todos, como el que me corresponde coordinar en el Senado bonaerense y que fueron vertidos en esta columna.

Sin embargo, la potencia de la formulación alcanzó el máximo nivel político cuando Cristina, a través de una carta abierta, recogió la subejecución presupuestaria del volumen de gasto primario contenido en la Ley de Presupuesto sancionada para el año 2021. El texto describió con nitidez la contracción de recursos que debieran haber estado en el circuito de producción y consumo nacional.

El Presidente desestimó elípticamente la objeción a la política monetaria y fiscal restrictiva exhibiendo un informe de la consultora PxQ dirigida por el ex viceministro de economía Emmanuel Álvarez Agis. Dicho informe contiene las siguientes líneas de pensamiento:

  1. El nivel de reservas internacionales es determinante de la capacidad para ejecutar una expansión monetaria que financie un déficit de las cuentas públicas. Situando el nivel de reservas líquidas y de libre disponibilidad en u$s 8.356 millones.
  2. El informe no precisa período de corte de la comparación interanual.  Asumiremos que primer semestre 2020/primer semestre 2021. En ese lapso comparado, establece que el gasto primario corriente neto de las partidas destinadas a atender el impacto del virus creció en términos reales un +12% interanual, contradiciendo los análisis basados en la contracción.
  3. Establece que la recuperación de la economía en el corriente año torna innecesario el mantenimiento de potentes estímulos fiscales a la demanda. El textual del informe afirma “Como se observa más abajo, el nivel de actividad de 2021 se encuentra en todos los meses por encima del promedio del nivel de actividad del 2020, año de la pandemia. Por tanto, tendría sentido que el gasto público de un año “sin pandemia” fuera menor que en el año de pandemia, máxime si el país sufriera de un faltante de divisas.”

El Presidente ha ratificado el rumbo económico a pesar el resultado electoral y ha utilizado argumentativamente el informe reseñado. Esto obliga a evaluar algunas cuestiones.

La primera es el enfoque monetarista de la restricción a la expansión monetaria y fiscal, a la evolución del sector externo, contenido en el informe. Si el tamaño de la economía argentina en su capacidad de producir y distribuir bienes y servicios se acota a menos de u$s 10.000 millones atesorados en el Banco Central, estamos ante una visión muy limitada de las herramientas con las que se cuenta para superar esta crisis.

En parte, porque en un contexto como el presente la demanda de bienes se concentra en consumos básicos de alimentos y energía, extendiéndose a indumentaria y vivienda. Ningún sector que no pueda ser abastecido sin grandes insumos importados que exigen divisas para sostener la producción. El requerimiento masivo de bienes más sofisticados ligados al complejo electrónico que ocurre en períodos de alta distribución del ingreso no se encuentra presente a la salida de la pandemia.

El problema es la oferta monopólica de esos bienes básicos que el gobierno se niega a regular, que valúa sus ganancias obtenidas del aumento de la demanda en dólares y presiona en los mercados cambiarios alternativos.

Los argentinos y las argentinas no pueden consumir masivamente alimentos, energía, ropa y ladrillos, no porque deban ser importados y no están los dólares, dado que todos esos bienes son de producción nacional. No pueden consumir porque los monopolios oferentes dolarizan sus ganancias. Eso es lo que genera la falta de divisas y el estrecho límite que pone el informe de la consultora PxQ para estimular la demanda.

Será tema de otra de otra columna analizar en profundidad las razones por las que con un superávit de balanza comercial de u$s 12.528 millones en el 2020, las reservas internacionales brutas cayeron en el año u$s 5.452 millones. O por qué durante el 2021 el BCRA destina u$s 1.000 millones mensuales en financiar la salida de capitales a través del mercado cambiario “contado con liquidación”, previa desregulación de su funcionamiento por parte del Ministerio de Economía.

Así como regular los mercados monopólicos de bienes básicos es clave para superar la crisis, ensanchar los límites que pone el sector externo, atesorando más reservas en el BCRA, también requiere decisión política.

Si aceptamos esos límites difícilmente numerosos argentinos y argentinas puedan superar la pobreza legada por el macrismo + pandemia en el nefasto lustro 2015-2020

El hecho concreto es que sostener la economía en equilibrio fiscal cuando el año 2021 se inició con 10,1% de desempleo, después de una caída del PIB de -9,9% en el 2020 y un arrastre de casi el -14% en el referido lustro nefasto, es un error que se ha cuantificado en las urnas.

Es tiempo de romper límites. En definitiva, esa siempre fue la esencia y la razón de ser del peronismo.

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/por-que-hay-que-abandonar-el-enfoque-monetarista–202191819055

 

PRESUPUESTO 2022: MENOS DE LO MISMO

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El Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022 dice que en el corriente año 2021 el PIB va a crecer un 8%. Y plantea que solo es posible la estabilización mediante una recuperación de la actividad económica, donde el Estado continúe jugando un rol central en pos de sostener y apuntalar la recuperación económica y que llegue a todos los sectores. Pero esto no es cierto, el mismo INDEC reconoce que existe en nuestro país un 42 % de pobres y, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación reconoce que de los casi 12.000.000 de trabajadores registrados, 2.500.000 personas perciben una remuneración neta menor al valor de la Canasta Básica Total[1].  Esto es, trabajan y son pobres. ¿Cuál es la estabilidad?

El Mensaje del Presupuesto Nacional 2022 se compromete a garantizar la protección de los segmentos sociales que más están padeciendo la situación económica corriente del país, en un marco de política fiscal expansiva, y a establecer condiciones para el desarrollo de sectores productivos con potencial para generar un crecimiento de los niveles de generación de divisas, lo que resulta necesario para que nuestro país pueda sostener el crecimiento de los niveles de gasto reales sin tropezar con situaciones de crisis de balanza de pagos. Esto también es falso. La Argentina desde 1943 crece solamente si crece su mercado interno, porque pese al gobierno de Cambiemos y a la pandemia, más del 70% de lo que producimos se destina al mercado interno.

La Argentina en lo que va de este siglo XXI, desde el 1° de enero de 2000 al 31 de agosto de 2021 tiene un superávit comercial acumulado de 190.000 millones de dólares, partida que mayoritariamente se utilizó para pagar deuda y para fugar capitales. La crisis de la Balanza de Pagos la generan la deuda y la fuga, no la economía real que es fuertemente superavitaria.

El año pasado las exportaciones superaron a las importaciones en 12.528 millones de dólares y para este año 2021 el mismo Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto estima que el superávit será de 12.878 millones de dólares.  Mayoritariamente exportamos productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (harina, pellets, aceites, biocombustibles) que generan poco trabajo y cuyos precios se internacionalizan, obligando al pueblo argentino a pagar  el precio de exportación para consumir esos bienes.

El mejor ejemplo es el de la carne vacuna, cuyo precio es uno de los que más subió en la gestión del actual gobierno,  más de un 120% en promedio, cuando la inflación acumulada es del 70% y, la devaluación del tipo de cambio fue del 66,3%.

¿Cómo se detuvo su precio? Con tres medidas combinadas a la vez:

  1. Se ajustó a una tasa menor el tipo de cambio;
  2. Se impuso un cupo de exportación;
  3. La Dirección General de Aduanas después de 18 meses de no hacer nada, decidió investigar y observó que 19 grandes frigoríficos exportadores vendían a Uruguay a un precio muy bajo carne y es más, dentro de esas ventas era muy alto el porcentaje de carne no apta para consumo humano. Pero se demostró que era toda carne de exportación para personas y no para animales (tiene una retención del 4% en lugar del 9%) y que a su vez desde Uruguay esos envíos se reexportaban a un precio mayor (eludiendo el pago correspondiente de la retención) a China y a los demás países importadores.

En lugar de palabras grandilocuentes, debería decirse que se priva al país de consumir bienes para priorizar las exportaciones a como dé lugar, como por ejemplo la venta de ganado en pie[2], resultado de ello, antes de tomar por fin las medidas necesarias para frenar la suba del precio de la carne, al faenarse 3,4 millones de toneladas de carne vacuna por año, se le permitió a los grandes frigoríficos exportar un millón de toneladas, por ende, las 2,4 millones restantes, divididas por los 46.000.000 de habitantes, dan un consumo per cápita de 50 kilogramos anuales, que es el registro más bajo de los últimos 100 años.

Sostenibilidad fiscal

En el Mensaje del Presupuesto plantean que el Acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Cambiemos en 2018, obligaría a pagar entre amortización de capital e intereses el 4 % del PIB (unos 20.000 millones de dólares), que representa casi la quinta parte del gasto total estimado para el año 2022. Pagar dicha deuda, obligaría a postergar prioridades de política pública esenciales, realizando un ajuste del gasto inconcebible en una sociedad democrática.

Por ende, explica el Mensaje, se ejecutó y se ejecuta la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y la normalización del mercado de deuda en moneda local, que hace que el pago de los intereses de la deuda pública disminuya dentro del gasto público total, hecho que permite priorizar otros gastos y contribuir al financiamiento destinado a la atención de la pandemia COVID-19. Los intereses netos pasaron de representar un 3,4% del PIB en 2019 ($724.285 millones) a 2% del PIB en 2020 ($542.873 millones). Para 2021, el Presupuesto del Sector Público Nacional de ese año estimó que se redujeran aún más, a un 1,5% del PIB ($544.718 millones) y para 2022, se prevé una erogación de $ 952.432,6 millones que representa el 1,58% del PIB (PIB estimado en $ 60.177.212 millones).

Para 2022, el déficit primario presupuestado de la Administración Nacional alcanza un nivel equivalente al 3,628% del PBI. Luego de los ingresos en concepto de Rentas de la Propiedad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS-ANSES), se establecen las necesidades de financiamiento en aproximadamente $2.038.942,2 millones, equivalentes al 3,4 % del PBI.

Estas necesidades serán cubiertas mediante la emisión de deuda pública en pesos en el mercado local, adelantos transitorios por parte del BCRA en el marco de los límites establecidos por la normativa vigente[3], y financiamiento aportado por organismos internacionales.

Para ello, las letras de corto plazo en pesos se refinanciarán en el mercado a través de la emisión de instrumentos de similar plazo de acuerdo al perfil de sus tenedores, mientras que en el caso de los bonos en pesos de mayor plazo se emitirán nuevos instrumentos que buscarán extender el perfil de vencimientos más allá del año 2022.  A su vez se apuntala su liquidez en las bolsas de comercio del país de los títulos del Tesoro por medio del Programa de Creadores de Mercado permitiendo su compra por inversores minoristas en las colocaciones primarias de deuda del Tesoro Nacional.

Respecto a los vencimientos en moneda extranjera, se proyecta el pago de servicios de intereses por un monto de aproximadamente 1.386 millones de dólares, correspondientes a los títulos emitidos en los canjes de deuda con legislación extranjera y legislación local efectuados durante el año 2020.

En relación a los pagos de capital correspondientes al acuerdo Stand-By vigente con el Fondo Monetario Internacional,  el Mensaje  sostiene que se espera alcanzar un nuevo acuerdo con condiciones financieras razonables durante el ejercicio 2022 que permita extender los vencimientos más allá del año 2024.

 

Presupuesto Ejecutado 2019-2020 Cuenta de Inversión Ejecutado a Julio 2021 en Base Caja. En millones de pesos corrientes

 

En síntesis

El Proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional infiere que el PIB va a crecer un 4% que, sumado al 8% del corriente año 2021, permitiría superar el descenso del 2% de 2019 y del 9,9% de 2020. Pero lo hace con una economía peor distribuida, con bolsones de pobreza y con una gran heterogeneidad en los sectores que crecen y los que son desfavorecidos por una política económica orientada al sector externo en desmedro del consumo nacional, sin contemplar que el verdadero acrecentamiento de los bienes y servicios se realiza si se potencia el mercado interno, la combinación de más personas ocupadas y con mejores remuneraciones son la garantía de un crecimiento sostenible.

Máxime cuando el Ministerio de Agricultura de los EEUU estima que va a seguir creciendo a una tasa del 5 y 6% anual la demanda de productos agrarios y agro industriales en el mundo, que requeriría modificar la política de derechos de exportación (retenciones) para desacoplar los precios internos y externos y generar más recursos al fisco. Sin embargo, el proyecto de ley sustituye el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley 27.541 y prorroga hasta 2024 el límite para modificar las alícuotas que son del 33% para la soja (de los cuales 30% va al Tesoro y 3% a un fondo de estímulo a los productores), del 12% para los demás granos y del 9% para la carne.

Finalmente estima una inflación del 33% para 2022 (y reconoce que este año 2021 va a ser del 45,1% y no del 29% estimado en el presupuesto anterior)  y el precio del dólar oficial de $ 131,1 en diciembre de 2022.

Así, el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022 no se aparta un ápice de lo realizado por este gobierno. La situación de bajos salarios, precariedad laboral, pobreza y marginalidad, exigen una mayor intervención estatal y detraer recursos que inmoviliza el BCRA como son las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) y los pases pasivos, que en conjunto superan los 4,15 billones de pesos, para financiar proyectos y obras que generan trabajo y dinamicen la actividad económica.

[1] Canasta Básica Total que en este mes de septiembre de 2021 es de unos $ 70.000.- para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos (sin contemplar el pago del alquiler).
[2] La carne de bovino en pie se refiere al animal vivo para su venta, ya sea para engorda o para ser sacrificado.
[3] No puede superar el 12% de la Base Monetaria y el 20% de la recaudación tributaria anual al momento de solicitar el Adelanto de Fondos al Tesoro.

 

PRESUPUESTO 2022: MENOS DE LO MISMO

Elecciones 2021: el problema de sobreactuar para los mercados

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Desde esta columna hemos advertido sobre las dudas generadas por el rumbo de la política económica. También, planteamos a comienzos de este año la necesidad de un shock redistributivo para darle vigor a la recuperación de la actividad que comenzaba a esbozarse.

Sin embargo, el plan del Gobierno se caracterizó por:

  • La exigencia de contar con un programa financiero riguroso en el marco de la pandemia global, que drenó divisas necesarias para el mercado interno.
  • La preocupación permanente por reducir el déficit fiscal, aún por encima de las propias metas presupuestarias, a contramano del devenir mundial y de los requerimientos de la situación socioeconómica.
  • La ausencia de una política antiinflacionaria de regulación de mercados que preserve la política de ingresos, de por sí moderada y sólo acelerada en la segunda mitad del año.

Uno de los temas de agenda relevantes de política económica del año pasado fue resolver la deuda con el sector privado en virtual cesación de pagos, legada por el macrismo. Nunca quedó muy claro cuál era la prioridad de ese objetivo, en un contexto de crisis de producción y consumo provocada por la propagación del virus en todo el mundo.

La expectativa radicaba en que ese orden financiero derivaría en un flujo positivo de divisas hacia el país, tal como había ocurrido en reestructuraciones anteriores.

La baja del riesgo país, que es el requisito para que ese ingreso de dólares financieros se realice, no ocurrió. Por el contrario, después de concluido el canje de deuda en septiembre 2020, el riesgo país evolucionó al alza, desde los 1100 puntos básicos en ese momento hasta estabilizarse en torno a los 1500 puntos básicos en la actualidad.

La operación implicó la pérdida de u$s 4.200 millones de reservas destinados a cancelar vencimientos que se iban a reprogramar. La urgencia por cerrar el canje obligó a ceder a las presiones de los fondos de inversión más poderosos llevando la oferta original de un valor presente de u$s 38 por cada u$s 100 a u$s 56 por cada u$s 100.

Describíamos desde esta columna también las dudas que el perfil de vencimientos a futuro generaba sobre la sustentabilidad del programa financiero, factor que incide negativamente en el nivel del riesgo país. A partir del 2025 los desembolsos promedian los u$s 8.500 millones anuales, en el límite de lo tolerable por las cuentas externas sin contar el peso del arreglo con el FMI.

En suma, la reestructuración de deuda con el sector privado como una de las prioridades de política económica no generó el flujo positivo de divisas esperado ni dotó a la Argentina de un programa financiero sustentable a mediano plazo.

La preocupación casi obsesiva por reducir el déficit fiscal se exterioriza en que el resultado primario negativo del Sector Público no Financiero –base caja- cerró en el primer semestre de este año en el 0,6% del PIB, cuando la proyección anual contenida en el Presupuesto sancionado para el 2021 es del 4,2%.

En el lapso enero/julio 2020 el resultado primario negativo acumulado del Sector Público no financiero -base caja- fue de $1,1 billones, en período enero/julio 2021 dicho resultado había descendido a $306.000 millones. Es decir que el déficit primario se redujo interanualmente un 71%.

Es real que el déficit de la primera mitad del 2020 alcanzó un techo por el derivado del cierre completo de la actividad en el marco del aislamiento social obligatorio en el segundo trimestre de ese año. Consecuentemente, no puede ser sostenido en ese nivel de excepción. Ahora bien, la pregunta radica en cuál es la baja razonable teniendo presente la necesidad de recuperar la economía. Si se respondiera que debiera ubicarse en la mitad del año 2020, un déficit en torno a los $ 600.000 millones, el acumulado a julio revela que estarían faltando $ 300.000 en la calle.

Esta simple ponderación advierte de dos cuestiones: la obsesión por alcanzar el cierre equilibrado de las cuentas más allá del deterioro socioeconómico provocado por el lustro de macrismo + pandemia y la ausencia de “muñeca” política en un año electoral.

El Presidente es un hombre de consensos y centró la política antiinflacionaria en las denominadas mesas de consensos, de modo que el sector privado ordenara la recuperación de la economía. Estas mesas fueron rápidamente abortadas por las cúpulas empresariales desatándose dos conflictos: la polémica interna en el gobierno por el aumento de las tarifas de energía y la intervención en el mercado de carnes.

Citamos también que el acceso masivo a energía y alimentos son decisivos en la preservación de una política de ingresos. No hay potencia en el mercado interno si el salario se destina a pagar boletas y llenar la heladera.

La canasta básica alimentaria medida por el INDEC aumentó un 86% desde el inicio del gobierno en diciembre de 2019. En un contexto de caída del nivel de actividad, estos aumentos sólo se explican por un comportamiento monopólico de los proveedores de alimentos.

La política de frenar la inflación con ajuste fiscal y monetario, además de vender dólares en los mercados cambiarios alternativos, no parece haber rendido frutos.

Las regulaciones de mercados monopólicos de bienes esenciales es el único medio efectivo de logra el abastecimiento a precios compatibles con el ingreso popular.

Algunos analistas políticos, inclusive progresistas, se apresuraron a afirmar que en los comicios legislativos primarios se había verificado una “derechización del voto” del pueblo. Afirmación apresurada que puede llevar a errores mayúsculos.

La titular del Instituto Independencia, Daniela Bambill presentó datos electorales de las últimas tres elecciones que desmienten la aguda “derechización” del voto. En las elecciones legislativas del 2017 las fuerzas de la alianza JxC reunieron el 42% en todo el territorio nacional, en las presidenciales del 2019 repitieron ese porcentaje y en las PASO 2021 alcanzaron el 40%. Salvo el fenómeno capitalino de Javier Milei no se verifica un aumento relevante de la participación relativa de la coalición derechista en los votantes.

El problema tal vez se encuentre en los 1,4 millones de ciudadanos y ciudadanas que anularon su voto o votaron en blanco, y también en los 1,2 millones de votantes ausentes respecto de la PASO legislativa del 2017. Será nuestra tarea hacer el trabajo necesario para que esos argentinos y esas argentinas -sumando a los y las que no nos votaron para manifestar su descontento con lo hecho hasta ahora- vuelvan a darnos un voto de confianza en noviembre y en 2023.

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/mercados-financieros/elecciones-2021-el-problema-de-sobreactuar-para-los-mercados-202191318380

ACTIVAR LA MANO VISIBLE

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En una economía como la nuestra, con bajo nivel de actividad y alta tasa de desempleo, es vital impulsar la demanda agregada, cuyos componentes son: el Consumo de la población, el Gasto Público, la Inversión interna bruta fija (IBIF) y las Exportaciones.

En lo que va de 2021, en forma desigual y por sectores, se incrementó la IBIF. Claro ejemplo de ello fue el discurso de Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, principal productor de acero del país, en el pasado Día de la Industria y ante la demanda sostenida de las empresas que hacen máquinas para la agricultura, la línea blanca, las automotrices y la mayor construcción privada cuya estructura es de metal.

Las exportaciones son récord. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informan que en los primeros ocho meses del año ingresaron divisas por 23.229,2 millones de dólares, un 74,05% más que en igual lapso del año pasado, por la exportación de 74,32 millones de toneladas de productos agro-industriales. La estimación final es que se exportarán más de 110 millones de toneladas en el año y las proyecciones, tanto las nacionales como la que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, indican que seguirá siendo fuerte la demanda mundial de alimentos y que la Argentina incrementará sus exportaciones a una tasa del 5 o 6% anual en los próximos años.

Obviamente puede verse que el gobierno no incrementó los derechos de exportación del sector porque las grandes empresas se comprometieron y liquidaron y liquidan sus ventas por el mercado oficial de cambio, con lo que fijan un referente cambiario obligado por donde pasa la mayor parte de la operatoria comercial del país. Este hecho no pudo ser desacreditado por los capitales especulativos, que a su vez quedaron muy limitados por el control cambiario, mal llamado cepo.

El problema es que no crece globalmente (en algunos sectores sí, pero son los menos) el consumo y el gasto público, esencialmente en la obra pública, dos componentes esenciales porque en forma conjunta representan el 75% de la demanda agregada argentina.

Y allí hubo y hay una diferencia entre el plan económico diseñado y subyacente en el presupuesto de la Administración Nacional que proponía que los salarios crecieran más que los precios y que la obra pública se duplicara para ser del 2,2% del PIB con respecto a 2019 (fue del 1,1% del PIB). Ambos hechos no sucedieron. Por lo tanto no se estimuló ni se desarrolló suficientemente el mercado interno y sí fue preponderante la demanda externa. El país se integra hacia afuera pero no hacia adentro.

Y ello fue así porque el “mercado”, eufemismo que en la Argentina esconde la decisión de grandes empresas y grupos económicos que operan en el país, prevaleció sobre las disposiciones estatales. Las grandes empresas del sector agro-industrial, del acero, las automotrices, los grandes bancos, ente otras, pudieron llevar a cabo su labor porque lo planificaron en base a las ventajas comparativas (naturales y contractuales) que el Estado les garantiza.

La función del Estado [1] es regular la actividad económica, establecer las “reglas de juego”, qué es blanco y qué es negro, qué está permitido y qué no. Por la Constitución Nacional está facultado a utilizar distintas herramientas para impulsar el crecimiento económico sostenido con equidad en el esfuerzo (incorporando mayor mano de obra para producir con mayor valor agregado y, a su vez, que la remuneración de los trabajadores sea la mejor posible, siempre en el marco de que los empresarios se guían por la tasa de ganancia y su perdurabilidad en el tiempo), con los que el Estado en nombre de todos procura el bienestar general.

Dos caminos

La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Aporta la visión general y con esa vista estratégica fundamenta las decisiones de cada día bajo los objetivos proyectados. Es una herramienta imprescindible para actuar sobre la realidad. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Es la mano visible que explora posibilidades donde la mano invisible es incompetente o no existe.

“El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las demandas respaldadas con dinero, el hambre sin ingresos no vale. Es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico porque se subordina al poder concentrado, se cierra la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más ricos a los ricos a costa de los pobres, etc.”, decía el profesor Carlos Matus Romo.[2]

El gobierno ha planificado, ha llevado y lleva adelante un importante programa de salud, donde a riesgo de sus vidas y las de sus familias el personal lucha denodadamente contra el Covid-19. También fue importante la asistencia a la población y a la producción de los sectores más castigados. El Estado intervino y lo hizo en forma eficaz y eficiente.

Sin embargo, el gobierno se subordina a la planificación de las grandes empresas de la alimentación, de los bienes de uso difundidos [3] –esencialmente acero, aluminio, cemento, etc.– y del sector financiero.

Un claro ejemplo de lo que decimos: los grandes bancos del sistema tienen inmovilizados en el Banco Central –y la autoridad monetaria les reconoce un interés por ello– más de 4 billones de pesos (equivalentes a unos 40.000 millones de dólares), que no se emplean en financiar ni el trabajo ni la producción.

No bien iniciado el nuevo gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos organizó el Programa Potenciar Trabajo, que al mes de junio 2021 estaba conformado por 1.004.692 trabajadores, a los cuales se les paga por hacer tareas menores (limpieza, pintura, servicios varios como asistir en comedores barriales, etc.) la mitad del salario mínimo, vital y móvil, que para septiembre alcanza a 14.580 pesos por mes. La propuesta es que se le sumen a cada trabajador 55.420 pesos mensuales, totalizando 70.000, que es el valor aproximado de la Canasta Básica Total del INDEC para que una familia constituida por matrimonio y dos hijos no sea pobre. Eso significa un gasto de 56.000 millones de pesos mensuales, y de aquí a fin de año (cuatro meses) representa un total de 224.000 millones. Suministrándoles los materiales correspondientes pueden construir en ese tiempo 65.000 casas, y en un año 260.000 casas, con lo que se comenzaría a solucionar el grave déficit habitacional.

Esa suma es menos de la mitad de los intereses que se les reconocen por las Letras del Banco Central (LELIQs) y pases pasivos de los bancos en el Banco Central, que en los últimos cuatro meses del año sumarán 526.000 millones de pesos.

Por ende debería subirse el encaje o efectivo mínimo, que es la parte que deben retener los bancos de los depósitos que captan y que no son remunerados por el Banco Central, y con esa parte liberada, en lugar de reconocerle el interés, transferirse al Programa Potenciar Trabajo.

Las soluciones del mercado

El gobierno acepta la prédica imperante y pretende generar un mercado de capitales que siempre fue insignificante: nunca las empresas se compraron o vendieron por el mercado de capitales argentino; la prueba está, por ejemplo, en cómo se apropian de Vicentin SAIC y de Molinos Cañuelas SA.

Es más, lo denominan Programa Creadores de Mercado 2021, fue acordado con el FMI y pretende atraer al ahorro nacional que suele destinarse a la dolarización. Lo dice claramente el presidente del Banco Central, Miguel Pesce: “La Argentina tiene una fuerte capacidad de ahorro. Hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y estimamos que otros 100.000 millones de dólares en nuestro país”. Pero entre tanto, el ahorro acumulado que tiene el Banco Central en LELIQs y pases pasivos no deja de crecer, pese a que en mayo de este año, por resoluciones del Banco Central, trataron de transformar al menos una parte de esos 4 billones de pesos inmovilizados en bonos de la deuda pública. Para ello autorizaron a que los bancos destinen las Leliq que tienen “encajadas” en el Banco Central para presentarse en las licitaciones de deuda del Ministerio de Economía.

Paralelamente, el Banco Central permite vender dólares al tipo de cambio oficial (al viernes 11 de septiembre, a 103,75 pesos) a las grandes exportadoras cuyas ventas se incrementan año tras años (básicamente las empresas agro-industriales) para que realicen pagos al exterior, cancelar financiamientos y comprar bienes de capital, como efectivamente vienen haciendo. Igual procedimiento con las importaciones: es el caso de Cargill, por ejemplo, que compra soja de Paraguay y Brasil para transformarla en harina o aceite en el país.

No conformes con eso, los ministros Juan Zabaleta y Claudio Moroni proponen transformar los programas asistenciales al empleo en un subsidio a las empresas que contraten trabajadores. La prueba piloto es la demanda de peones golondrinas para las distintas cosechas, en que el empleador paga el salario mínimo vital y móvil pero la mitad de esa remuneración la abona el Estado.

Dada las características de nuestros empresarios, no es de extrañar que propongan salarios por debajo de la línea de pobreza y flexibilidad laboral, desconociendo los derechos adquiridos por la Constitución Nacional y por las vigentes leyes laborales. Sólo están dispuestos a traer capitales que fugaron sin pagar impuestos y que seguramente administran los grandes fondos de cobertura como BlackRock, PIMCO, Fidelity, Gramercy, Franklin Templeton y otros acreedores de la Argentina, si súper explotan la mano de obra local e imponen las condiciones en sus mercados cautivos.

El camino debe ser otro: partir de las necesidades de nuestra población y fortalecer la demanda interna, que es la base principal de la Demanda Agregada. Para ello debe el Estado intervenir planificadamente; distribuir el ingreso de las exportaciones fijando cupos y retenciones (derechos de exportación); perseguir la compra-venta ilegal de divisas; mantener el control cambiario e investigar la fuga de capitales; y hacer cumplir las leyes laborales, de la misma manera que el gobierno impuso el respeto a las minorías sociales y sexuales, la libertad de ideas, de expresión y demás derechos y garantías de nuestra Constitución.

Es el Estado el que debe proponer medidas y objetivos para el bien de todos. De otra manera se conformará una Argentina rica pero más injusta.

 

[1] Entendemos al Estado como organización civil de la Nación y su empleo como palanca de cambio para apuntalar el crecimiento económico, a la par de mejorar su distribución en la sociedad, lo que además de garantizar la reproducción mejora también el nivel de vida de la población.
[2] Planificación Estratégica Situacional, Carlos Matus Romo, Ed. Altadir.
[3] Son materias primas para la fabricación de gran parte de los bienes consumidos por la población, como electrodomésticos, autos, alimentos, bebidas, entre otros; productos que se ofrecen en comercios minoristas, supermercados, distribuidores mayoristas, corralones de materiales, etc. Por eso mismo se los denomina “insumos difundidos”.

 

Activar la mano visible

Desempleo y desencanto: mala yunta para la democracia de masas

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En los finales del segundo mandato de Cristina, la oposición, tergiversando la verdad histórica, planteó que la aceleración inflacionaria fue la responsable directa del acceso del nazismo al poder en Alemania. Intento que apuntaba a identificar los supuestos riesgos para la democracia argentina que se derivaban de un nivel de precios que fluctuaba en las grandes ciudades en torno al 20%. Los hechos demostrarían que en el gobierno de Macri la inflación se duplicó y que las amenazas reales para las instituciones provenían de la denominada “mesa judicial” instalada en Olivos.

Pero retomemos la falacia histórica argumentada en ese entonces, que debe ser rebatida otra vez a los fines de esta columna.

La hiperinflación alemana de 1922/1923 le otorgó carta fundacional al partido nazi. Durante la prosperidad posterior en la década del 20, el mismo languideció como un grupo de ultraderecha de reducido peso electoral, financiado por el empresariado como fuerza de choque contra el comunismo. Sería la crisis del 30, con la explosión del desempleo, la que lanzaría a los nazis a la calle a dirigir sus propuestas de nacionalismo racista y totalitarismo extremo, hacia la masa de trabajadores desocupados y angustiados por la disolución del sistema económico que los incluía.

Existen numerosas evidencias históricas de planes antiinflacionarios exitosos “de shock” o “gradualistas”, pero la reducción del desempleo en forma sostenida involucra reformas en la matriz productiva de una nación que abarca complejidades mucho mayores que el restablecimiento de cierto orden macroeconómico.

La Convertibilidad argentina (sistema de peso convertible a una paridad cambiaria fija $1=u$s1) tuvo éxito para salir de la Hiperinflación de 1989/1990, pero a partir de 1994 la tasa desempleo se situó en dos dígitos en forma creciente y permaneció en ese nivel hasta el año 2006, que retornó a la cifra de un dígito.

Ese ciclo extenso de doce años de desempleo elevado, inédito en la historia económica del país (un período similar ocurrió poscrisis del 30 pero concluyó seis años después, en 1936) provocó una profunda desarticulación de las relaciones socioeconómicas que se plasmó en el gran “crack” del fin de la “Convertibilidad” del 2001, que hundió al sistema político vigente que intentó fundarse en el Pacto de Olivos de 1993, celebrado por los líderes de los primeros veinte años de democracia.

El Presidente Menem alcanzó su reelección en 1995 cuando el desempleo abierto era del 18,5%, basado en su acierto para resolver la hiperinflación y enarbolando como consigna de campaña que “pulverizaría el desempleo como lo había hecho con la inflación”. Sosteniendo el modelo del “peso convertible” era imposible, y la persistencia de la falta de trabajo desembocó en la derrota electoral del peronismo en 1999 y en la crisis del 2001 señalada.

El diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo con precisión que Néstor había asumido la presidencia de la Nación en el 2003 cuando la tasa de desocupación era del 23,1% y en 2015, al dejar la presidencia Cristina, ese guarismo se situaba en el 5,8%. El éxito se había alcanzado construyendo y sosteniendo un modelo productivo de matriz diversificada con inclusión social, alejado de las propuestas de desregulación del mercado laboral y conculcación de los derechos de los trabajadores que plantean desde siempre y hasta ahora los voceros empresariales y su representación política.

A partir de la crisis del 2018, que trajo de nuevo al FMI a la Argentina, el desempleo abierto se aproximó a los dos dígitos, para alcanzar el 11% en el 2020 por el impacto del virus y comenzando el 2021 en torno a ese rango. Tres años seguidos de desocupación elevada, con singular incidencia en el segmento etario de 18 a 29 años, comienzan a erosionar nuevamente el tejido social trabajosamente reconstruido en la primera década y media de este siglo.

La falta de oportunidades de empleo, la consecuente tendencia a la baja del salario que no permite llevar una vida digna sino apenas proyectos de supervivencia, las jornadas laborales extensas y sin protección, son deletéreas para una organización social estable. El desencanto con el sistema económico es la antesala a su rechazo, que comienza a manifestarse de modos disímiles pero visibles.

La recuperación de la actividad en la segunda mitad del año es palpable y potente, la expectativa que se traduzca en la incorporación masiva de trabajadores al sistema productivo permanece vigente.

Hemos comentado en columnas anteriores que el gobierno de la coalición peronista enfrenta el rechazo de las cúpulas empresariales a un proceso fuerte de expansión de la actividad, a pesar de encontrarse con condiciones microeconómicas óptimas para ello. El costo y la disponibilidad de la energía y la mano de obra son factores claves para el emprendimiento productivo, que en la actualidad no presentan restricciones.

Un desempleo elevado sostenido en el tiempo es muy gravoso para la democracia, porque desencanta a los ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de mejorar su vida a través de la acción política participativa. Hecho que, en definitiva, es fundante de toda democracia de masas.

 

https://www.eldestapeweb.com/opinion/economia/desempleo-y-desencanto-mala-yunta-para-la-democracia-de-masas-202191119042

Chubut cayó en la trampa de la deuda y su riqueza natural solo respalda lo que ya se gastó

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Entrevista de Lola Sánchez a Jorge Manuel Gil

A pocos días de las PASO -campaña marcada por tibias promesas, escasez de propuestas y especulaciones poco creíbles- El Extremo Sur dialogó con el economista Jorge Manuel Gil, docente universitario y ex rector de la UNPSJB, acerca de la complicada situación financiera que atraviesa Chubut. Gil brindó un análisis multidimensional sobre una situación que «exige un cambio de matriz productiva y financiera» y remarcó que «la provincia no solamente está afectando regalías, sino que está cobrando por anticipado regalías del futuro para mantener un sistema que es deficiente por sí mismo». A su juicio, es imprescindible «un acuerdo político muy serio entre los distintos actores para salir de esta grave situación».

Gil remarcó que la solución no es simplemente financiera, «porque eso depende de la solución económica y a su vez depende de la solución política», por lo que es la clase política la que debe «administrar los recursos naturales y sociales de Chubut a los fines de generar un proceso de producción autosustentable que genere fondos suficientes para hacer frente a la deuda».

Advirtió sobre la «trampa» de la deuda, donde «están primero los acreedores y luego nosotros, como habitantes de una Nación». Sostuvo que la deuda en sí misma «no es mala o buena», pero puede resultar perjudicial si no es invertida en materia de productividad social y económica, tal como fue el caso de Chubut.

Respecto a su visión sobre el futuro en la postpandemia, se mostró escéptico: «En el marco del capitalismo, me da la impresión de que el sistema de Chubut no va a corregir las propuestas, no hay bases de cambio significativas y sociales que permitan pensar que ese futuro va a mejorar».

¿Cómo analiza el panorama actual de la provincia, en términos económicos?

El análisis financiero es una derivación del análisis económico, social y político. No se puede leer solamente la información financiera sin ver cuáles fueron las causas, los orígenes y las aplicaciones de la deuda. La deuda refleja una situación mucho más dimensional que el mero hecho de lo financiero. En el mes de marzo de este año, Chubut tenía una deuda cercana a los 92.900 millones de pesos, que serían unos mil millones de dólares. Pero, además, tiene lo que se llama en finanzas publicas una deuda flotante, que es una deuda en gasto de personal, consumo, servicios, del orden de los 23 mil millones de pesos. Esto hace que la situación financiera sea más compleja.

¿Qué características tiene el endeudamiento en la región?

En primer lugar, tenemos una deuda que, si bien tiene una parte de sentencias judiciales, principalmente del Poder Judicial pendientes de resolución, la mayoría son títulos de deuda nominados en dólares, una gran parte de ellos bajo ley extranjera. Esto dificulta mucho más el proceso de la deuda.

Chubut cayó en la trampa de la deuda a partir de los 90′. La trampa consistió en que, ante el exceso de liquidez internacional, los bancos salieron a colocar dinero en los Estados nacionales, y en lo que ellos llaman sub Estados, en nuestro caso provincias o municipios. En Comodoro hubo intentos de endeudamiento público internacional, por los años 2005-2006, que fueron abortados por la decisión de Néstor Kirchner, al iniciar un proceso inverso de desendeudamiento.

¿La solución se agota en lo financiero o hace falta trabajar en otras variables?

Frente a este panorama, la provincia tiene recursos suficientes y de fácil gestión como los recursos turísticos, del petróleo, de la pesca, derivados de la explotación del aluminio. Se trata de explotaciones que ya están en curso y otras que están sujetas a debates públicos como la minería. Entonces, la solución no es financiera, porque la solución financiera depende de la solución económica, y esta a su vez depende de la solución política. La política tiene que administrar los recursos naturales y sociales de Chubut a fines de generar un proceso de producción autosustentable que genere fondos suficientes para hacer frente a la deuda y frente a los compromisos financieros que de ella derivan. No podemos hablar solo de la deuda.

¿Se ha rastreado un origen específico de la deuda que hoy atraviesa la provincia?

Nosotros estamos trabajando la historia de la deuda en Chubut desde 1983 en adelante, y ahí se advierte con claridad que esto fue una adopción de medidas de endeudamiento. Era «plata relativamente dulce» que tomaban los gobernadores o intendentes, y que ellos no iban a pagar. Esto les permitía hacer ciertas obras, pero el tema es que las obras no fueron obras que tuvieron rédito social o redito económico. No se mejoraron los puertos, apenas se mejoraron algunos caminos internos en algunas localidades, no hubo un reforzamiento de la autovía, de accesibilidades fáciles para la logística del trasporte, no se invirtió en construcciones o equipamiento que aumentaran la capacidad productiva.

La única empresa productiva que tiene la provincia es Petrominera, y no tuvo los apoyos suficientes como para erigirse en un actor significativo en el proceso petrolero. Siempre estuvo asumiendo negocios de tipo marginal. Toda esta falta de visión, esa imposición de la deuda, terminó generando esta burbuja de deuda que resulta muy complicada. Va a necesitar un acuerdo político muy serio entre los distintos actores políticos. Dependerá de la capacidad de los estadistas de cada grupo, de cada fracción ideológica.

Sería posible pensar en la toma de deuda como algo beneficioso si estuviera orientado a mejorar la infraestructura y las políticas públicas. ¿Cree que este es el caso?

La deuda no es mala o buena. Es buena cuando tiene un objetivo económico. Cuando uno toma deuda pero no la aplica a una actividad con cierta productividad social y económica se vuelve una trampa, una de las trampas del sistema económico para dejar pegada a la política a los designios de los tenedores de la deuda. Esto quedó claro con el tema de los fondos buitre. Quedó evidenciado que están primero los acreedores y luego estamos nosotros como habitantes de una Nación.

¿Qué costo tiene para la provincia el hecho de que las regalías petroleras sean parte del pago de la deuda?

El 31 de marzo, al menos el último dato al que accedí, la provincia había cobrado anticipos de regalías por 1.570 millones de pesos. Eso equivaldría a unos 20 millones de dólares. Quiere decir que la provincia no solamente está afectando regalías, sino que está cobrando por anticipado regalías del futuro para mantener un sistema que es deficiente por sí mismo. El uso de las regalías implica que las mismas se utilizan para gastos corrientes, y después terminan siendo insuficientes. La velocidad a la que crece el déficit, los gastos, intereses y bienes de consumo es notoriamente superior a la velocidad con que crecen las regalías. Frente a esta circunstancia las regalías se tornan un recurso destinado a un objetivo para el cual no debía aplicarse. Teóricamente, las regalías deberían compensar una forma de sustitución del recurso natural que es extraído. Cuando Chubut extrae un metro cúbico de petróleo, eso es capital, no es un bien que se va a reproducir, no es como extraer una tonelada de merluza que sí se reproduce. Si ese valor, que es transformado en regalía y luego transformado en dólares, no se invierte en proceso de producción en tierra o proceso de mejora social que genere valor y afecte a la distribución de los gastos, evidentemente ese capital se consume. Cuando se consume el capital natural, pierde sustentabilidad la economía. El principal riesgo de una economía que se basa en recursos naturales no renovables es el agotamiento del recurso. Tiene que haber un capital social afectado a esa posibilidad de que el sistema humano sea sustentable. Si no, vamos a tener serios problemas.

¿Qué opina sobre los discursos de campaña que plantean el no pago de la deuda? ¿Es posible un escenario así para Chubut?

Lo veo muy distante, el mundo está en el proceso de financialización; es un ciclo del desarrollo capitalista. Tiene ciertas características, entre ellas una serie de reaseguros para que nadie pueda sacar los pies del plato. Argentina tendrá que ir a la refinanciación de la deuda, excepto que utilice un esquema de salida del sistema capitalista, una salida a la cubana, que no se ve en las bases de esa posibilidad en el corto plazo. La alternativa de repudiar la deuda Argentina se perdió con Alfonsín. El país salía de una deuda tomada de 5 mil millones de dólares por una dictadura que había asumido de manera inconstitucional. Ese fue el momento de declarar la ilegalidad de la deuda. Pero no se hizo, se refinanció a partir del proceso de los mega canjes, de la emisión de bonos Brady, le dieron legalidad a la deuda. Hoy Argentina no tiene la posibilidad del no pago, y Chubut menos. Tiene comprometidos los recursos naturales. La deuda es un contravalor del petróleo existente en las cuencas y aun no extraído, ahí está la garantía, esa riqueza subterránea de Chubut está respaldando la deuda que Chubut ya se ha gastado. De ahí la complejidad del problema.

Usted propone, entonces, un acuerdo político entre los diferentes actores.

El camino, desde la óptica de la racionalidad política, sería esa. Sería la manera de lograr de parte de los tenedores de bonos de Chubut alguna extensión de plazo para que se produzca una reactivación. Cuando uno va con ese tipo de plan tiene que demostrar que la planificación económica de la provincia es pertinente para asumir esquema de pagos de largo plazo. Esto es lo que Chubut, hasta ahora, no ha podido hacer, precisamente por los propios Gobiernos que tomaron la deuda, quienes la están administrando. No hay manera de salir de ese círculo vicioso que hace que haya más deuda, más compromiso y menos planificación de la economía. Ahí aparecen los problemas reales.

Recientemente sostuvo que la Crisis Hídrica es un problema de Salud más que económico. ¿Cuál es la verdadera dimensión de dicha crisis?

Hay ciertos temas que, según la óptica con que se los mire, se puede arremeter sobre ciertas soluciones. En un principio, el problema del agua se trató como un problema económico, dedicado a la productividad agrícola-ganadera y la producción de petróleo en la cuenca. Se le dio una mirada más vinculada a la administración económica que a la administración de salud. El problema es que el agua es para los seres humanos. No tiene como objetivo inicial básico alimentar las necesidades de la actividad petrolífera o agrícola-ganadera. Necesitan agua, pero la política es la que tiene que discernir qué cosas satisfacemos primero y cómo. Entonces, si aceptan que haya desvíos para inundar campos para que produzcan alimentación para miles de ovejas que producen lana que se exporta directamente, donde el Estado casi ni participa, ahí tenemos un problema. No es infinita la cantidad de agua que se dispone en la naturaleza, como todos los recursos naturales, en el fondo es finito. Hay que administrarlo con cierta sabiduría. Esa sabiduría, desde mi enfoque, es que el agua primero tiene que estar destinada a los seres humanos y después a las actividades productivas. Si eso no es así, estamos ante un sistema antihumano. Lamentablemente, la economía prevalece por sobre cualquier otra circunstancia, esto es propio del pensamiento neoliberal, solapa el resto de los temas.

¿Cree que se está desarrollando una modificación de los valores neoliberales a partir de la pandemia? ¿O se está profundizando el capitalismo?

En un comienzo pensé que los sentimientos de solidaridad humana frente a una agresión tan difícil de combatir, que atacaba realmente a toda la humanidad en su conjunto, iba a emerger un esquema nacional e internacional de una mayor solidaridad entre los pueblos. Realmente lo vi como una variante, de que nada iba a ser igual. Pero ahora los indicadores actuales me dicen que no. Veo que se han acentuado los procesos relacionados a la riqueza y la pobreza. Si tomamos ese esquema, simplificado, me parece que la solidaridad indicaría que tendríamos que compartir pobres y ricos lo que resulte en común para lo cual los que están en mejor situación deberían hacer sacrificios para que los pobres sufran menos esta situación de pandemia y pospandemia. Y las reacciones que vemos son todo lo contrario. Los ricos se han hecho más ricos en la pandemia, se han negado a pagar impuestos mínimos, como fue el caso del Impuesto a las Grandes Fortunas, donde no hay un sentido de solidaridad. Las grandes fábricas proveedoras de alimentos aumentan sistemática y constantemente los precios, ayudan a la inflación general. He perdido la confianza en esta pretensión. Hace falta un punto de quiebre, ese quiebre debiera venir de sistemas económicos que impulsen un cambio más significativo a favor de una economía de una base popular, solidaria y más humana.

En este contexto, ¿cómo ve la situación de Chubut a largo plazo?

Recuerdo siempre la frase de Cristina Fernández de Kirchner que dice que, a diferencia del científico, el político no puede ser escéptico. Su función es mantener el optimismo aun sobre bases que no indican ese optimismo. Pero desde el punto de vista de las Ciencias Sociales, hoy la situación de Chubut es más para complejizarse que para encontrar vías de solución. No advierto ningún tipo de análisis, ningún tipo de proyecto o expectativa con respecto a las cuestiones mínimas: las petroleras generan dinero aquí y lo invierten en sistemas fuera del país o el propio sistema financiero especulativo. Tiene que haber una Ley que obligue a que un porcentaje de las petroleras se reinvierta en la zona. Hay cuestiones que se vinculan al sector agrícola ganadero, que es un negocio sedentario, pasivo, que incorpora valores al sistema internacional a través de exportaciones de lana, pero deja poco en la provincia. El sistema pesquero no tiene controles de ningún tipo, el propio sistema de la producción de aluminio, los balances de ALUAR con respecto a la inversión que hace en Puerto Madryn es mínima. En el marco del capitalismo, me da la impresión de que el sistema de Chubut no va a corregir las propuestas, que en su gran mayoría son todas dentro del sistema capitalista. Hay modelos más progresistas, otros un poco más retrógrados, unos más a la izquierda, otros bastante mas a la derecha. En general se manejan con estructuras donde parten de la idea de que Comodoro no existe sin PAE, sin YPF o que Madryn no existe sin ALUAR. No hay bases de cambio significativas y sociales que permitan pensar que ese futuro va a mejorar. Soy escéptico cuando veo los actores y cuando veo las elecciones que se van produciendo alrededor de las decisiones que se deben ir tomando.

 

https://www.elextremosur.com/nota/32842-alerta-roja-chubut-cayo-en-la-trampa-de-la-deuda-y-su-riqueza-natural-solo-respalda-lo-que-ya-se-gasto/

Informe económico mensual

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En este documento destacamos indicadores sensibles como el producto bruto, el empleo y la actividad industrial, con la sombrilla de la pandemia menos pesada. El escenario se percibe más consolidado con las elecciones a la vista y se vislumbran los números del presupuesto 2022, aunque la inflación no ha disminuido lo previsto y resulta insostenible.

Si finalmente se verifican las posibles tasas de crecimiento del PBI, que oscilan entre el 6.8 % y el 8 %, se estará cerca de los valores del 2019, previos a la pandemia. Pero esto es un primer paso para alcanzar en los años siguientes valores de otra envergadura.

Los indicadores industriales en cambio ya superan el promedio del 2019 y seguramente a fin de año se lograrán índices aceptables. Lo mismo se puede decir de algunos productos de mucho impacto en la actividad como acero, cemento y automóviles. La duda recae sobre el Consumo de Electricidad para Grandes Usuarios.

En cuanto al empleo, la crisis de la pandemia recayó fuertemente sobre el Empleo Privado Asalariado No Registrado y los Privados No Asalariados, y en la actualidad algo recuperaron. Pero por lo visto hasta el momento no hay señales fuertes de incremento de los Asalariados Privados Registrados, justamente el sector en blanco más importante. El empleo público creció en el 2020 y en lo que va del 2021.

Inodoro Pereyra se suma con mucha clase a la discusión reciente sobre cuestiones sexuales. Estando muy cómodo con Mendieta discutiendo sobre el ser o no ser, recibe la visita de un matrimonio vecino. Uno de ellos dice: “¡Lo que nos costó a nosotros tener a Rosa!” Inodoro, haciendo gala de conocimientos científicos,  responde: “Ahura hay fertilización asistida. Vea el caso del viejo Paredes, que embarazó a su mujer. En el pueblo se comenta que lo ayudaron”. El vecino amplía la información a Inodoro: Mi Venancia no quedaba embarazada. Años recorriendo médicos y especialistas. ¡Hasta que un dotor nos dijo que teníamos que tener relaciones! Y santo remedio”. Inodoro con alguna cautela aconseja a los vecinos: “Gueno… Aunque sea consejo médico, tampoco es cosa de tener relaciones públicas”.

 

2021 SETIEMBRE actividad Ind. Varios.docx

La campaña electoral de la oligarquía expresa la barbarie de su proyecto

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Arrancaremos con una autocrítica: semanas atrás publicamos en esta columna un análisis centrado en el giro hacia la moderación política en nuestro continente, bendecido por Washington, como factor de estabilización en el mundo surcado por el virus y sus consecuencias socioeconómicas.

La irrupción en campaña de Mauricio Macri evidenció que este planteo era erróneo. Desde el canal de cable LN+ (propiedad del expresidente según varios trascendidos) ha desplegado un cuerpo de ideas radicalizado sobre la libertad de mercados, el derecho asimétrico de los ricos sobre los bienes e inclusive las personas, y la vulneración consecuente del sistema democrático.

El fin de la moderación impulsado por Macri arrastró a otros candidatos de la principal fuerza política opositora y de los espacios alternativos del frente oligárquico.

El problema es la violencia que se desata a partir del deseo explicitado de disciplinar y subordinar a los trabajadores en su conjunto a partir de la conculcación de derechos colectivos y la deslegitimación de sus representantes políticos elegidos constitucionalmente.

La violencia asume formas directas. El diputado provincial de Corrientes Miguel Arias, perteneciente al Frente de Todos, fue atacado a balazos en un acto partidario, siendo herido de gravedad. El silencio ominoso del resto de las fuerzas políticas le otorgó al hecho un grado de “naturalización” resultante del clima electoral instalado que asusta. El tema casi ni fue tratado en los medios adictos a la oposición. Abundan también numerosos hechos de intimidación callejera contra militantes peronistas y de izquierda en todos los distritos del país, acciones que se perpetran a partir del discurso virulento emitido impunemente en las redes sociales negando el derecho a pensar y actuar en contra del “corpus” ideológico de las clases dominantes.

El intento de clausurar el debate público también avanza por medio indirectos, pero igualmente antidemocráticos.

Con su cinismo habitual, el expresidente Macri intentó desconocer su responsabilidad en el endeudamiento descontrolado del Estado con el sector privado y el FMI, abriendo el debate sobre el problema de la deuda y sus consecuencias en el devenir económico del país. El oficialismo parlamentario convocó a las autoridades económicas a exponer la cuestión en la Comisión Bicameral de Deuda creada a tal efecto. La oposición se levantó y abandonó el recinto, desconociendo el máximo espacio institucional existente para esos fines. La negativa al intercambio de ideas en el seno del Congreso rememora conductas golpistas del pasado, cuando se deslegitimaba al Parlamento sólo por ser minoría.

Esta conducta singularmente gravosa a días de los comicios legislativos se abona con un spot de campaña de otra de las fuerzas afines a la oligarquía en donde la madre del candidato le pide que le explique a “este pueblo de pelotudos” la conveniencia de votarlo. Se degrada explícitamente a los que sufragan, para impugnar a los representantes que resulten electos. También otra consigna habitual en el viejo golpismo, fundamento de la proscripción de la mayoría.

Patricia Bullrich, Javier Milei, Alfredo Casero y Joaquín Morales Solá han lanzado diatribas virulentas contra todo aquél que piense diferente del sentido común dominante, en este caso neoliberal. Se refieren a los líderes y militantes como “casta política” a modo de estigmatización que impida cualquier confrontación ideológica abierta.

El objetivo es la intimidación del accionar político en favor de los derechos sociales y las ideas igualitarias. Se individualiza al sujeto y se lo convierte en blanco de insultos, mentiras infames y finalmente se crea el clima para el “escrache” público por algún reaccionario brutal disfrazado de “ciudadano indignado”. Práctica que crece.

María Eugenia Vidal ha expresado con nitidez el pensamiento de la libertad social asimétrica en favor de los ricos respecto del resto de los ciudadanos y ciudadanas, al definir que fumar un porro en una reunión social en Palermo es aceptable, pero en un encuentro de chicos en un barrio humilde es peligroso y reprimible. 

Los derechos sociales deben suprimirse y los derechos individuales sólo rigen para unos pocos según su patrimonio. Es la consigna de campaña electoral de la oligarquía.

Desde el canal LN+ Macri propala la posibilidad que si no cambia el Gobierno del Frente de Todos “se tiene que ir”, y señala a Cristina como el obstáculo a remover para afirmar el proyecto oligárquico, llegando al disparate de afirmar que “no pude gobernar por Cristina”. Intenta erigirse como un líder autoritario sin límites constitucionales ni políticos, tal como ha ejercido el Gobierno.

Pero también responde a las demandas de una cúpula dominante que sopesa el riesgo de perder el terreno avanzado en el último lustro y la posibilidad de consolidar un proyecto dominante anhelado durante décadas. Esta coyuntura les ha quitado los frenos a sus candidatos.

Estas intervenciones, similares a las del pasado cuando se trataba de derrocar a un gobierno popular, difícilmente se agoten con el resultado electoral. Por el contrario, una derrota en las urnas de las fuerzas que integran el frente oligárquico acentuará la intolerancia política creciente que fogonea el macrismo más duro.

Evita manifestó que “a la fuerza brutal de la antipatria opondremos la fuerza del pueblo organizado”. Veremos.

 

https://www.eldestapeweb.com/politica/elecciones-2021/la-campana-electoral-de-la-oligarquia-expresa-la-barbarie-de-su-proyecto-2021950541

Las finanzas funcionales

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La propuesta referida a las “finanzas funcionales”, es decir, la utilización de las finanzas públicas y de la política monetaria para conseguir una situación de pleno empleo con estabilidad de precios, fue formulada y desarrollada por el economista Abba Lerner.

Lerner nació en Besaravia, Rusia, en 1903. Cuando era pequeño, sus padres emigraron a Inglaterra, donde luego trabajó como maquinista, sombrerero y profesor de hebreo. Con 26 años ingresó como estudiante en la London School of Economics, que era la escuela de Economía y Ciencia Política de Londres más importante de su época. En 1933 participó en la fundación y coeditó la prestigiosa revista Review of Economic Studies, de clara orientación keynesiana. En 1939 se trasladó a Estados Unidos, donde residió el resto de su vida. En ese país ejerció la docencia en un gran número de universidades, entre ellas, la de Columbia.

Su obra magna fue Economics of Control, publicada en 1944. Allí analizó, argumentó y justificó la utilización por parte de los gobiernos de las finanzas funcionales, que consisten en la administración de los déficits fiscales y de la cantidad de dinero circulante para que aumente el ingreso nacional y su distribución. Lerner lo demostró y corroboró con la pujante economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que impulsaba la industria bélica, pero no desatendía la demanda interna, y donde los salarios constituían alrededor de dos tercios de los ingresos generales. Para eso se necesitaba seguir creando puestos de trabajo y con salarios que le permitiesen al trabajador y su familia vivir, capacitarse, etc. El objetivo era que toda la población económicamente activa debía percibir un ingreso para que consuma en el mercado interno y, de esa manera, garantizar la demanda sostenida de la producción.

Lerner plantea que las decisiones acerca de déficits y cantidad de dinero circulante las debe tomar el Estado con el fin de garantizar el crecimiento económico y el mayor nivel de empleo posible. Que esa debe ser la prioridad y después se debe trazar cómo se financia el déficit fiscal incurrido por tal fin superior. Lo importante era que la economía creciera en forma consistente y sustentable, que genere empleo y que, a su vez, ese crecimiento permitiera cubrir el déficit, porque siempre la recaudación tributaria sobreactúa los ciclos económicos, desciende más si el PIB cae y se acrecienta en forma más que proporcional si el PIB crece.

Lerner dice: “Cada reducción significante del déficit fiscal (y de la deuda contraída para financiarlo) ha sido seguida por una depresión, y cada depresión ha sido precedida por una reducción significante del déficit y de la deuda”.

A nivel macroeconómico, los gastos del gobierno generan un ingreso en el sector privado, y los impuestos reducen ingresos disponibles. Cuando los gastos del gobierno exceden los ingresos por impuestos (déficit presupuestario), hay una adición neta al ingreso disponible a favor del sector privado.

El propósito de la propuesta, entonces, es tratar de mantener el balance de la economía, usando el presupuesto a fin de controlar esas fuerzas que llevan a un sobrecalentamiento o al enfriamiento excesivo de la actividad.

Para Lerner, las finanzas funcionales implican:

  1. Que el gobierno mantendrá, en todo momento, un nivel de demanda razonable. Si hay poca demanda –y consecuente alto nivel de desempleo– el gobierno debe reducir los impuestos  o aumentar sus gastos. Si hay demasiada demanda, el gobierno debe prevenir la inflación, reduciendo sus gastos o aumentando impuestos.
  2. El gobierno debe mantener una tasa de interés lo más baja posible, porque la tasa de interés es el precio del dinero y beneficia a sus poseedores, pero no a la economía en su conjunto. Por lo tanto, debe financiarse la inversión (incremento del capital físico) con la menor tasa de interés posible para que la tasa de retorno del capital sea mayor que la tasa de interés.
  3. Si cualquiera de los dos principios anteriores genera déficit fiscal, se verá en el tiempo cómo reducirlo, pero lo más importante es que se genere trabajo.

¿Y en la Argentina?

Ante el impacto de la pandemia de Covid-19, los gobiernos soberanos del mundo inyectaron dinero hasta cerca del 30% de sus PBI. Estados Unidos, en varias oportunidades, envió cheques a todos sus habitantes directamente desde el Tesoro, sin pasar por los bancos.

¿Qué hicimos nosotros? En medio de la segunda ola no se pagó la cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que constituía una ayuda de 10.000 pesos por beneficiario para quien no tiene o no pudo trabajar, sumando un monto de unos 90.000 millones por vez. Y, en cambio, se le reconoce a los bancos por no prestar (LELIQs –Letras de Liquidez del BCRA– y Pases Pasivos) más de 1,2 billón de pesos de intereses en lo que va de 2021 (13 veces más que cada cuota del IFE).

Sistema financiero argentino

Diferencia
Porcentaje
Indicadores Monetarios
30/12/2019
30/12/2020
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
30/12/2020
30/12/2020
Base Monetaria
1.829.109
2.470.260
2.868.546
398.286
16,12%
Circulación Monetaria
1.147.080
1.897.825
2.133.091
235.266
Cuenta Corriente en el BCRA
682.028
572.435
735.455
163.020
Reservas Internacionales
45.190
39.410
46.188
6.778
17,20%
LELIQs
758.453
1.633.620
2.082.767
449.147
27,49%
Pases Pasivos
426.655
1.220.889
1.997.246
776.357
63,59%
Esterilización
1.185.108
2.854.509
4.080.013
1.225.504
42,93%
Adelantos al Tesoro
792.730
1.260.450
1.450.260
190.000
15,07%
Créditos al sector privado
2.476.189
3.224.544
3.758.583
534.039
16,56%
Crédito /PIB
11,15%
11,09%
11,00%

En millones de pesos o de dólares, según corresponda. Créditos al sector privado en pesos más dólares. Fuente: Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA.

Observamos claramente que las variables monetarias que más crecieron fueron las inmovilizaciones remuneradas (LELIQs y Pases Pasivos) –en promedio un 43%– y que las reservas internacionales, la base monetaria, la asistencia del BCRA al Tesoro de la Nación y hasta el total del crédito al sector privado que genera el total del sistema financiero local, lo hicieron en torno al 16%, menos que la inflación acumulada de 2021, que hasta esa fecha fue del 30%

Es más: la otra parte del financiamiento al Tesoro de la Nación por parte del BCRA se hizo a través de las utilidades de la autoridad monetaria (principalmente, por la revalorización en pesos de las tenencias de oro y divisas), que son recursos corrientes, no deuda de la Administración Central, y como tal, las considera el presupuesto. En 2020, el BCRA aportó al erario público 1.607 mil millones de pesos, un 5,9% del PIB (el déficit fiscal de ese año fue del 8,34% del PIB). En cambio, hasta agosto de 2021, el BCRA le giró al Tesoro de la Nación 710.000 millones de pesos ($190.000 millones de pesos en concepto de adelantos transitorios y 520.000 millones de pesos de utilidades). Lo hizo para cubrir los menores ingresos por la caída del nivel de actividad y los mayores gastos por la pandemia de Covid-19, pero es insuficiente para dar respuesta a la envergadura del problema económico y social en que nos encontramos.

Se exigen medidas de fuste, por ejemplo, el Plan Potenciar Trabajo que abarca a 1.004.692 trabajadores[i]. Si se le aumenta a cada uno de ellos a 55.000 pesos por mes (y, de esa manera, cubren la Canasta Básica Total) significa un costo total de 55.260 millones de pesos mensuales. Extrapolando en un año, serían 663.120 millones de pesos (la mitad de la suma que se le reconoce a los bancos por las LELIQs y Pases Pasivos). La gran diferencia es que con esa remuneración y los materiales correspondientes pueden construir, por ejemplo, 260.000 casas por año.

Para poner de pie a la Argentina real se debe:

  1. Incrementar fuertemente los encajes o efectivos mínimos no remunerados. De esa manera se inmoviliza dinero y el BCRA no tiene que pagar por ello.
  2. Utilizar el stock de LELIQs y gran parte de los Pases Pasivos (suman 4 billones de pesos) no para que estén inmovilizados y paguen interés a sus administradores –porque son depósitos de la población que los grandes bancos usan sin riesgo alguno–, sino para financiar un vasto plan de obra pública que genere empleo y reactive la economía nacional.
  3. El BCRA debe apuntalar la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de autoconstrucción, que no requieren insumos importados y son un importante multiplicador de la producción local. Asimismo, debe realizar las imprescindibles inversiones de infraestructura (poner en funcionamiento los astilleros y las cooperativas de empresas metalúrgicas recuperadas para hacer barcos y barcazas, por ejemplo). Y finalmente, debe asistir a los beneficiarios del IFE y a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a los inscriptos en el Plan Potenciar Trabajo, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado.

Se requiere de un Estado presente y que asuma los riesgos que el capital financiero elude. Lo que es peor, como la economía no crece, la rentabilidad financiera se fuga, A su vez, como los intereses de los pasivos financieros del BCRA (LELIQs y Pases Pasivos) no pueden pagarse, se capitalizan, incrementándose la deuda del BCRA en forma exponencial, hasta que estalle. Eso ya ha sucedido tantas otras veces: en 1980, con el cierre de los bancos BIR, Los Andes, Oddone; etc.; en 1982, tras la derrota de Malvinas; en 1989, con la corrida cambiaria y bancaria de Raúl Alfonsín; en 1995 con el efecto tequila; en 2001 y 2002, con el fin de la convertibilidad y el gobierno de Fernando de la Rúa. Durante los 12 años del kirchnerismo no pasó porque se aplicaron los principios de las finanzas funcionales y se impulsó el mercado interno, el trabajo y la producción local. Y sí se reprodujo en abril de 2018 con la fenomenal corrida cambiaria que devaluó nuestra moneda de un dólar de 20 pesos a un dólar de 40 pesos a julio de ese año. No siguió a mayores por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 45.400 millones de dólares, cuyo pago renegocia este gobierno.

La prioridad para el Estado debe ser, mediante el gasto público y la política monetaria, impulsar fuertemente la actividad económica y generar trabajo a como dé lugar y, en segundo lugar, tratar de reducir los déficit que el BCRA propaga con los bancos. Es más, ese déficit cuasi fiscal o del BCRA debe convertirse en financiamiento a la producción y al trabajo.

 

[i] El Ministerio de Desarrollo Social aplicará un aumento del Plan Potenciar Trabajo, que ascenderá a 14.040 pesos desde agosto de 2021. El monto del Plan Potenciar Trabajo equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En junio de 2021 estaban registradas 1.004.692 personas.

 

Las finanzas funcionales

 

Informe económico mensual

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Una mujer mira el precio de unos aceites en un supermercado hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La inflación continúa sin descanso en julio. El acumulado de los siete meses del 2021 está disputando con años anteriores como el 2018 y 2019.

Se podría decir que si la inflación se sostiene alrededor del 3.0 % mensual, y no aparecen sorpresas, a los salarios se les hace cuesta arriba, especialmente a los Asalariados Privados No Registrados.

La inflación es persistente y volátil. No parece sencillo resolverlo, a pesar de algunas mordazas impuestas.

En el mes de julio la inflación bajó un escalón respecto de los meses anteriores. Pero los acumulados (del año) y los interanuales son insostenibles. Los números, originados como promedios de organismos provinciales y el Indec, son los siguientes:

Podemos destacar:

El dólar oficial mayorista se mueve con lentitud; en julio se incrementó el 1 %.

El Riesgo País (RP) se sostiene tozudamente arriba de los 1.500 puntos y cerca de los 1.600.

El Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que si bien hoy está entre los más elevados desde el 2010, los valores mensuales del año 2021 van disminuyendo.

Podemos decir que el espíritu bimonetario continúa alicaído por las restricciones para la compra en el mercado oficial. No obstante un buen número de valientes van sorteando dificultades para obtener el billete.

En julio, el dólar CCL ($ 167) juega en la brecha (73 %) con respecto al dólar oficial ($ 96,2). El BCRA está funcionando con todo lo que tiene a mano para que no se disparen los valores.

El objetivo del ministro del 29 % de incremento en los precios a diciembre del 2021 se logró pero anticipadamente. En julio se lo alcanzó.

La tasa de Política Monetaria desde abril del 2020 se mantiene en el 38 %.

El Capítulo de Alimentos se está acercando y en algunos casos supera peligrosamente valores interanuales del 2019.

En un diálogo con su mujer Eulogia Tapia y su perro Mendieta, el famoso gaucho Inodoro Pereyra siempre con una mirada benevolente utiliza una parábola para no cargar las tintas en los ministros de economía:

Frente a la expresión de Eulogia que le pregunta: “¿Por qué le tiene tanta ojeriza al agua, Pereyra?”. Responde Inodoro: “Por el recuerdo de mi bisabuelo”. “El que vino del Viejo Continente, La Atlántida”. Y continúa explicando Inodoro: “El continente que se hundió. Mi bisabuelo se vino a tiempo. Empezaron a aparecer manchas en el rancho. ¡Y él se créiba que era humedá de cimientos! ¡Y era la mar que le estaba garroniando la casa!”. Interviene Mendieta con su síntesis habitual: “¡Que lo parió!”. Luego Inodoro cierra la enseñanza de la parábola: “Mi bisabuelo había estáu cavando un aljibe. ¡Y dijeron que por ahí dentró el agua que inundó tuito! ¡Por culpa de él se hundió un continente! Y remata salvando a los ministros: “¡Ningún ministro de economía logró algo ni parecido!”.

 

Informe económico mensual