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lunes, junio 29, 2026
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Entrevista a Carlos Abalo

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Es nuestro deseo ofrecerle al lector el agudo pensamiento de CARLOS ABALO sobre el comportamiento de las economías en el mundo actual. En el medio del proceso que va desde las PASO y las elecciones legislativas de medio término, es interesante revisar lo que pasa en capitalismo mundial y en la economía local.

En la segunda parte se explayará sobre ARGENTINA y su historia. Como se observa, este reportaje es anterior al nombramiento de ROBERTO FELETTI en la Secretaria de Comercio Interior, nada casual.

HUGO GARNERO: En estos días te acerqué un informe sobre los fundamentos de la economía vistos por economistas dedicados a los temas bancarios y financieros.

CARLOS ABALO: Ante todo, me pareció que los informes de las consultoras privadas cada vez se centran más en alertar contra la emisión monetaria. En contraposición, el gobierno se centra en aumentar la producción, las exportaciones y el consumo. El mercado sólo ve los desequilibrios, empezando por la emisión monetaria, pero no ve la deuda en dólares ni la dolarización como desequilibrios.

HG: ¿En Estados Unidos los inversores están tan preocupados como aquí por los desequilibrios?

CA: Puede decirse que en Estados Unidos también el gobierno apunta a crecer y así estar en mejores condiciones frente a China y el equilibrio viene después, pero allá el mercado lo sigue, porque no hay nada arriba del dólar. El dólar sólo puede emitirse porque no crece mucho en reservas y no puede hacerlo porque en una economía global el conjunto de países industrializados constituyen casi un bloque único, de ahí lo de economía global o mundializada cada vez más integrada.

Esa es la gran diferencia, porque aquí el mercado va atrás del dólar porque es lo único que está arriba del peso. Allá el mercado apoya la búsqueda de una continuidad más desequilibrada porque ese mayor desequilibrio garantiza que se vuelva a producir más y que el país se afirme frente a China. La mayoría de los inversores lo sigue, y las mayores resistencias están en el mismo Estado regulador, como los republicanos, que –con una mirada ideológica con un trasfondo político interno- ven la emisión como un peligro y no miran tanto un cierto equilibrio social en la crisis, que los demócratas creen esencial para evitar una disconformidad peligrosa para el sistema.

HG: En el medio hay una fenomenal crisis, pero ¿ésta es productiva o financiera? ¿Es la misma crisis u otra crisis diferente?

CA: Si, atrás está la crisis. En principio, la crisis siempre fue un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda, si entendemos que la oferta les pertenece a las empresas en inversión, con la que hay producción. Mientras sube la demanda, producir más con los mismos salarios conduce a menores ganancias, hasta que llega un momento en que se frena la inversión y la producción, y la baja en el ritmo de producción o la recesión reducen la demanda final por la caída del poder de compra de los salarios y del empleo y se vende menos. Éste es siempre el trasfondo de la crisis, pero las crisis pueden revertirse con una mejora tecnológica que produzca más con menor costo.

Pero el paso de la crisis a la vuelta a una mayor producción por el cambio tecnológico no es inmediato: en el medio hay un período de fuerte crecimiento financiero que suele conducir a una crisis financiera. Las empresas que no pueden enfrentar el mayor costo y la menor rentabilidad, tratan de subsistir pidiendo más créditos, y los capitales ociosos o los que integran el universo financiero pueden otorgar mayores préstamos y obtener más ganancias por esa vía, hasta que empiezan los problemas para pagarlos, y si no vuelve un crecimiento lo suficientemente fuerte, aparece la crisis financiera.

HG: ¿Cuándo se pasó en el mundo de la crisis productiva a la financiera, en 2001 o en 2008?

La crisis financiera ya había aparecido en 2001, y se expresó en la crisis de las tecnológicas. Lo que sucedió fue que las tecnológicas se habían valorizado en exceso, lo que hubiera requerido que el cambio tecnológico se aplicara masivamente a la producción de vanguardia, pero esto no fue posible porque un crecimiento de largo plazo basado en una nueva matriz tecnológica generalizada necesitaba una mayor demanda, una madurez tecnológica más completa y, sobre todo, saber cuáles serían las reglas de producción, lo que no estaba nada claro.

Sin embargo, la crisis financiera no se profundizó y eso permitió ocultarla, disfrazada por el terrorismo con el ataque a las Torres Gemelas. El ataque era cierto, pero al concentrar el análisis en el mismo, quedaba oculta la gravedad de la crisis financiera, y no aclararla del todo pareció mejor al poder dominante porque era ocultar la gravedad de la crisis del sistema capitalista. Y esto fue ayudado por la demanda china que ya en los noventa posibilitó la industrialización fuera de los países industriales. Es decir, quebró la división antigua del mundo y reactivó la economía, aunque a la larga la situación iba a empeorar por dos razones: 1) Hay más producción industrial competitiva por la presencia china y de los países emergentes, y 2) la nueva inversión no puede menos que ir incorporando el gran cambio tecnológico disruptivo de la actual forma en que funciona el sistema.

HG: ¿Por eso se podría decir que las empresas cambiaron el sentido de la acumulación?

CA: Ante esa situación, las empresas eligieron cada vez más acumular, que es aumentar el capital pero no para una inversión inmediata. Antes, la valorización del capital se asentaba en el trabajo incorporado a la producción y el mercado lo valorizaba en función de esa situación presente o una situación futura concretada no demasiado después, por lo que siempre hubo una valorización del capital por el mercado, pero lo nuevo es que se empezó a valorizar el capital exclusivamente por el mercado. Lo que antes se lograba porque una empresa tenía mayor producción y mayor demanda, ahora basta que el mercado lo valorice y por eso, al no concretarse en la producción, del alza proveniente de la valorización del mercado, surge una burbuja de valor no concretado que tiende indefectiblemente a deshacerse.

Este capital valorizado por el mercado crece con mucha más velocidad que la demanda final debida a la mayor producción. En los países industrializados, si la acumulación por mayor producción origina una ganancia aceptable para la empresa, ésta tiende a subir mínimamente los precios de manera preventiva porque la producción calculada estará lista dentro del nuevo período anual, por lo que esa inflación suele ser mínima o incluso desaparecer si no se produce a pleno. En cambio, la acumulación por valorización exclusiva del mercado no se traduce en inflación porque no aumenta la presión sobre los precios finales al no surgir de la producción: por eso  llamó la atención durante largo tiempo que en esos países no hubiera inflación.

En los países no industrializados, la valorización del mercado es menor y de corto plazo, por lo que sube el endeudamiento y la deuda en instrumentos financieros, siguen subiendo los precios, y aunque el endeudamiento aumenta mucho, en parte es sustituido por la acumulación de capital en acciones.

Pero en unos y otros, la deuda crece más que la producción y genera una continua imposibilidad de pagarla. Por eso reapareció la crisis financiera mundial en 2008, que estaba contenida desde 2001 por la mayor demanda proveniente de la mayor producción asociada a China y a los países emergentes, que venía escalando desde los años noventa, cuando tuvieron sus crisis financieras propias, como la crisis mexicana o la rusa. En cambio, la crisis financiera de 2008 no se pudo dar vuelta en los años siguientes, aunque se profundizó la política de ajuste, y sólo fue superada por los países que al mismo tiempo amplían la demanda final, los salarios y la producción, como China y los emergentes, pero éstos son emergentes por pasar a industrializarse, y no los emergentes que define el mercado, que son los abiertos a la colocación de deuda externa para los inversores internacionales.

HG: Desde el 2008 este modo de acumulación se profundizó y se modificó el funcionamiento del sistema: ¿qué es lo que trastocó?

CA: El funcionamiento del sistema es cada vez más integrado, lo que no se puede lograr sólo por mayores compras y ventas de mercancías entre los países, sino que requiere empresas que se entrelacen entre sí, y que inviertan en otras y reciban inversiones de capital extranjero. Por eso China afirmó el capitalismo empresario al que recurrió desde 1978, en el post maoísmo. Esta mayor integración y las consecuentes mayores perspectivas de negocios, en los países industrializados facilitó la acumulación por valorización del mercado. Y también explica por qué desde la aparición de los países emergentes, la industria es para el mercado global, proviene de la integración del capitalismo y deja cada vez menos espacio a la industria sustitutiva sólo dirigida al mercado interno, de la cual, a diferencia de México, que se integró a Estados Unidos, y de Brasil, que la completó, la Argentina no pudo salir.

HG: ¿Cómo sobrevivió Argentina en tamaño cambio estructural de acumulación del capital?

CA: El final del capitalismo pre crisis financiera sobrevino definitivamente en 2008. Por eso el kirchnerismo pudo recuperar el gran crecimiento que inició en 2003, en que salió de la política de ajuste, hasta 2008. Pero en 2008 el límite vino por la crisis financiera internacional, el peso de la acumulación por sobre la inversión y porque la recesión local a que dio lugar en 2009, Cristina la levantó a un costo de mayor inflación y más endeudamiento, que tuvo efecto inmediato y llevó a la pérdida de las elecciones presidenciales por el peronismo en 2015, y a tratar de recuperar mercado interno con menor mercado regional del Mercosur, como también hizo Brasil, con Dilma Rouseff, sucesora de Lula.

En todo el mundo fue imposible salir de la recesión y bajo crecimiento que siguió a la crisis financiera, pero fue ocultada por la pandemia, que dio lugar a una recesión mayor, y por eso ocultó la otra. Pero la otra existe, es menos percibida y está tan presente en Estados Unidos como en la Argentina.

HG: ¿Podemos decir que en la crisis recesiva derivada del súper financiamiento, el endeudamiento es como un embudo inexorable?

El endeudamiento argentino, promovido por la deuda y por la dolarización de los precios, y de los capitales y los ahorros, es una fuga hacia el dólar como alternativa a los pesos. Pero en Estados Unidos esa alternativa no existe, porque el dólar no tiene nada encima, por eso está condenado a la emisión, salvo que Estados Unidos y los países industrializados puedan volver al mundo antiguo de división internacional del trabajo al que se aferra la oligarquía local y sus gobiernos. Sin embargo, tampoco Estados Unidos puede volver plenamente a la división internacional del trabajo. Puede ir en esa dirección si lograra torcerle el brazo a China, pero no es un objetivo que aprueben las empresas, que necesitan la integración, y tampoco puede prescindir de la industrialización de los emergentes, como sucede con México, ni puede ir a una política de súper concentración, como lo intentan las grandes tecnológicas. De ahí que una parte grande del capital apoya la política del gobierno estadounidense, que por primera vez no es una política única para el capital sino una política diferenciada.

Esa otra parte del capital que busca la súper concentración va hacia el extremo de que el Estado deje de regular y que el capital valorice lo que elige valorizar. Las grandes tecnológicas son las que están súper concentrando el capital para decidir por encima del Estado y por eso, por primera vez, Estados Unidos pone un límite a este capital súper concentrado. Y la tendencia a superar el Estado por el capital o a sustituirlo por el mercado, también está presente en las criptomonedas, que de gran capital tecnológico productivo y de valor no tienen nada.

HG: ¿Cómo se podría explicar el funcionamiento de este proceso en la Argentina actual?

CA: Ante todo, es grave la mayor influencia de la derecha, que pareciera que permitió a gran parte de la sociedad olvidar masivamente la miseria a la que nos arrojó Macri y que, con la pandemia, le atribuyó al peronismo, concretado en la política de Alberto, la imposibilidad de mejorar la situación. Claro que, si vuelven, les va a pasar como a Bolsonaro, aunque van a dejar el país irrecuperable, que fue el objetivo del crédito del FMI a Macri en el sentido de que el FMI y la mayoría de los gobiernos de los países industrializados creen que hay una única manera de manejo político, que es la que tienen ellos, y en que los criterios del gobierno y la oposición son similares. Pero esto es una ideología, no una realidad del sistema mundial, donde los países industrializados no son lo mismo que el resto ni pueden serlo, aparte de que es un modo de dominio del conjunto del sistema mundial. Y el objetivo era terminar con el peronismo, porque éste ha sido siempre, en sus expresiones más genuinas, un crítico permanente del sistema mundial.

El crédito del FMI a Macri, empeoró tanto la situación en ese momento, que no les sirvió y condujo al triunfo del peronismo en 2019, pero la pandemia y la profundización de la recesión en el primer año de la vuelta del peronismo, cumplió el objetivo que se había fijado el FMI, porque el peronismo no pudo mejorar la situación económica y perdió las PASO. Aunque su política de crecimiento y mejora social se está concretando ahora, es difícil suponer que tenga suficientes resultados en tan poco tiempo como el mes y medio que falta para las elecciones de noviembre.

El problema de la deuda externa

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La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, de los cuales 148.881 millones era en divisas y el equivalente a 73.822 millones de dólares era en pesos, el 60% de la misma era intra sector público (en poder del FGS de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% al sector privado.

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, en divisas era 249.047 millones (más de 100.000 millones por arriba de 2015)  y la deuda en pesos era al tipo de cambio oficial de 71.583 millones de dólares.  El 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% sector privado.  La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.

Es más, ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares

Ni el BCRA (que armó el listado), ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[1]; Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, que posee tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe que van desde Arroyo seco al sur hasta Timbués al norte de esa ciudad; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[2];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

LA INCOSISTENCIA DE LA DEUDA

No existe el castigo moral ni a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos que instrumentaron el endeudamiento, ni tampoco a los legisladores que se lo aprobaron. Pero si debería existir la pena fiscal por la deuda tomada con el FMI que no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo determina el Artículo 75 Inciso 4 de la Constitución Nacional que dice que es atribución del Congreso: “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. Deuda con el FMI que se tomó “entre gallos y medianoche” por 45.400 millones de dólares y que se fugó en su totalidad.  No es que con esa plata no se hizo una vivienda, es que ni siquiera se compró un ladrillo.

El Presidente de la Nación en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…

Porque incluso viola el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI[3]  que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y, no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí, tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

Nicolás Dujovne y Adolfo Sturzenegger como Ministros de Hacienda y Presidente del BCRA respectivamente de Cambiemos, firmaron que el crédito tomado se cancelaba en tres años, cuya primer cuota venció el 22 de septiembre de 2021 por 1.687,5 millones de dólares, que es un despropósito y que sabían tanto el gobierno de Macri como el FMI que era imposible su cancelación.

Nos endeudaron para que nos subordinemos a la política del FMI como efectivamente pasó en el gobierno anterior y, como es evidente que influye sobre la gestión actual al suspenderse en septiembre del año pasado el cuarto tramo del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y, en los primero ochos meses del año 2021, el Sector Público Nacional registro un déficit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) de $431.503 millones y un déficit financiero (incluyendo el pago de los intereses de la deuda) de $ 870.555 millones, cifras que significan un 1,01% y 2,02 % del PIB respectivamente, cuando en la Ley 27.591 de Presupuesto se preveía un déficit fiscal primario para todo el año 2021 es del 4,3% del PBI y se contemplaba que no iba a haber una segunda ola de la pandemia del covid-19 a partir de marzo del 2021. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $431.000 millones, por ende aún contemplando que haya compromisos tomados que no aparecen en el Resultado Fiscal base caja de agosto 2021, la Administración Nacional podría haber incurrido en gastos por no menos de 2 puntos del PIB (Unos 862.000 millones de pesos) y no lo hizo. Suma que hubiera sido importante en la remuneración de jubilados y pensionados, en los planes sociales, en la obra pública, etc.

PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA ADMINISTRACION  NACIONAL 2020-Agosto2021
2020 Acumulado Proyección Porcentaje Proyecto de Ley
8 meses 2021 2021 de Ejecución del año 2021 Presupuesto 2022
Ingreso total 4.841.525 5.271.730 7.194.586 73,27% 10.055.313
Gasto Total 7.134.285 6.142.285 9.643.517 63,69% 13.191.168
Gasto Primario 6.591.412 5.703.233 9.053.324 63,00% 12.238.735
Intereses Netos de la deuda 542.874 439.051 590.193 74,39% 952.433
Déficit Primario -1.749.957 -431.503 -1.858.738 23,21% -2.183.422
Resultado Financiero -2.292.730 -870.555 -2.448.931 35,55% -3.135.855
Gasto de Capital 279.626 345.652 888.462 38,90% 1.437.328
Gasto de Capital / Gasto Total 3,92% 5,63% 9,21% 10,89%
Resultado Financiero/Gs Total -32,14% -14,17% -25,39%   -23,77%
Tipo de cambio promedio 84,025 101,25 103,58 131,3
PIB estimado por el INDEC  
 A precios corrientes en millones 27.481.440 43.100.735 43.100.735 60.177.212
Convertido a dólares 327.063 416.111 416.111 458.318
Porcentaje Gasto Total  s/ PIB 25,96% 21,38% 22,37%   21,92%
Déficit primario / PIB -6,37% -1,01% -4,31%   -3,63%
Déficit total/PIB -8,34% -2,02% -5,88%   -5,21%
Nota:  Presupuesto Ejecutado Base Caja en Millones de pesos corrientes 2021 y 2020 por Devengado (Cuenta Inversión)
La Proyección 2021 y el Presupuesto 2022 surgen del Mensaje Nº 49 y Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022
Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación – Ley  27.467 y Cuenta de Inversión 2020

 

Paralelamente, el FMI con el fin de que los países miembros puedan hacer frente a la pandemia, amplía los Derechos Especiales de Giro (DEG) por una suma equivalente a 650.000 millones de dólares, de los cuales a la Argentina le corresponden unos aproximadamente 4.350 millones de dólares, para que se destinen a los programas de salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros.  Sin embargo, el gobierno decidió pagarle al Club de París 226 millones de dólares en el mes de julio 2021 y, pagó la primera cuota del FMI que venció el 22 de septiembre 2021, queda pendiente otra cuota igual que vence el 22 de diciembre 2021

LAS OTRAS DEUDAS

Recordemos que el gobierno de Cambiemos que pretextó para tomar deuda externa que no podía colocar títulos en pesos, lo hizo igual y es peor, defaulteó la misma (defaulteó deuda en pesos) cuando decidió en agosto de 2019, que las deudas de corto plazo en pesos: Letes, Lecap, Lecer y Lelink, se abonen en cuotas, un 15 % al vencimiento, un 25 % a los tres meses y el 60 % restante a los seis meses.

Actualmente se estima que los vencimientos de los distintos títulos públicos en pesos (deuda en pesos de la Administración Nacional) para los tres meses que restan del año, ronda los $ 450.000 millones. Importe al que se le debe sumar el déficit fiscal final que la Secretaría de Hacienda de la Nación prevé en $ 1.300.000 millones (o sea 1,3 billones de pesos), conformando un total de 1,75 billones de pesos.  Para lo cual se confía en un roll over (renovar deuda vieja por nueva) del total de los $ 450.000 millones en títulos que vencen en el período y que, el BCRA asista al Tesoro de la Nación en torno a los $ 890.000 millones, que se suman a los $220.000 millones correspondientes a Transferencias de Utilidades realizadas y los $190.000 millones por Adelantos Transitorios otorgados hasta el 27 de septiembre de 2021, para conformar los $ 1,3 billones requeridos.

Al 27 de septiembre 2021, los títulos de deuda del BCRA: Las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) y los pases pasivos, totalizan 4,1 billones de pesos (al tipo de cambio oficial unos 40.000 millones de dólares), cifra que supera ampliamente la Base Monetaria y, también al total del crédito al sector privado, demostrando el grado de incoherencia de la política monetaria.  Deuda de corto plazo que es la variable que más creció y que más crece desde que asumieron las actuales autoridades casi triplicándose y que, no tiene freno alguno, porque devenga un interés efectivo anual en torno al 45% que, como no se pagan, se suma a los vencimientos conformando una bola de nieve que no para de crecer y que depende de la voluntad de los 10 grandes bancos privados del sistemas para que se sigan renovando. En cuatro de ellos (Santander, BBVA, Galicia y Macro) el CEO de Blackrock, Larry Fink, reconoce tener participación accionaria, los otros cuatro son extranjeros (Citi; HSBC, ISBC, Patagonia-Banco Do Brasil) y dos son nacionales (Supervielle y Credicoop).  Estos 10 bancos privados tienen en su poder la mitad de las Leliq y de los pases pasivos.

SE PAGA Y NO SE INVESTIGA LA DEUDA

De acuerdo, financieramente el gobierno logra cubrir los pagos de este año 2021, y lo hace a costa de desatender imprescindibles gastos públicos como es el de actualizar el haber de las jubilaciones y pensiones y el de realizar una menor obra pública.  Y la pregunta sigue siendo la misma, porque el pueblo argentino debe pagar la deuda que fugaron unos cuantos.  Porque no se los llama, por empezar, a los cien primeros compradores de divisas en la gestión de cambiemos y se les pregunta, dado que no declararon ni pagaron el Impuesto a las Ganancias por los 24.679 millones de dólares que compraron, de dónde sacaron los recursos y se los multa por ello.

Si bien es cierto que el gobierno de Cambiemos liberó la compra y venta de divisas sin límite alguno, como si cualquier ciudadano puede comprar 1 millón o 10 o 100 millones de dólares, aún así, en todos los casos, el comprador debe justificar la procedencia de los fondos, tal lo exige la Ley 25.246 de Lavado de Activos que fue sancionada y promulgada en el año 2000 y, eso obviamente no se hizo y son responsables el comprador y el banco que le vendió.

En la medida en que el principal problema de la economía es la deuda, las negociaciones actuales con el FMI no se pueden llevar adelante sin antes determinar las responsabilidades penales y administrativas. Menos aún si tal acuerdo va a implicar que se continúe pagando dicha deuda, con sus inevitables consecuencias económicas y sociales para el país.

Determinar responsabilidades corresponde por derecho, ética y moral, es indispensable para poder llevar a cabo las acciones tendientes al recupero de parte del dinero en cuestión por parte de los responsables de tales delitos y, también, para negociar desde otra posición frente al FMI.

No es lo mismo negociar una deuda legítima a una tomada en base a delitos eventualmente cometidos, actos administrativos muy probablemente nulos y violación de la propia normativa del acreedor.

Es más el mismo FMI debe colaborar en el rastreo e identificación para saber a donde se fueron los 45.400 millones de dólares (32.200 millones de DEG) que le prestó al gobierno de Macri y no se sabe a ciencia cierta donde están.

 

[1] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[2] Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.

[3]  Artículo 6to. Inciso a) … ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo.

Informe económico mensual

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En el reciente Informe Anual del FMI de 2021, Kristalina Georgieva, directora gerente, enuncia “que esta asignación de USD 650.000 millones, la más grande en la historia del FMI, permitirá un incremento sustancial de las reservas y la liquidez de los países miembros, sin que esto implique un aumento de su endeudamiento. También estamos evaluando opciones para que los países con sólidas posiciones financieras canalicen voluntariamente DEG hacia países vulnerables”.

Seguramente en esto los países que tienen las cuotas más importantes, en especial Estados Unidos, con capacidad de veto, dieron luz verde.

Según Kristalina, la tarea más urgente sigue siendo lograr que todo el mundo esté vacunado lo antes posible. “En mayo el personal técnico del FMI presentó un plan de USD 50.000 millones que apunta a vacunar al menos al 40 % de la población en todos los países para fines de 2021 y un 60 % para fines del primer semestre de 2022”.

Pero Kristalina no se detiene en lo anterior sino que enuncia una segunda prioridad: “Consiste en ayudar a los países a hacer frente a la creciente carga de la deuda pública. Los elevados niveles de endeudamiento que tenían al empezar la crisis pusieron a muchos países de bajo ingreso en una posición de mayor vulnerabilidad y continúan limitando su capacidad para adoptar las tan necesarias políticas de apoyo. Ampliamos el financiamiento concesionario para los países de bajos ingresos”.

Argentina no está entre los países de bajos ingresos, pero sí entre los que tienen creciente carga pública. Por ese lado podemos ligar algo, pero aún no sabemos en qué andariveles se desarrollará lo último.

Pero vayamos a lo primero, a la ampliación de las asignaciones de DEG, debemos algún reconocimiento a Kristalina, al G-20, a la Junta de Gobernadores, a los Directores Ejecutivos del FMI y seguramente a muchos más.

A la Argentina le vino de rechupete los DEG del Fondo. Le permitió hacer carambola, no sé si a tres bandas porque no conozco mucho el juego, pero golpeó donde tenía que golpear. Veamos.

Ingresan los DEG y el BCRA engorda sus Reservas, le entrega al Tesoro (los DEG son del Tesoro) el importe en pesos, algo así como el primer golpe. Luego el Tesoro le entrega al BCRA una Letra a 10 años y retira los DEG con los cuales le paga al FMI una cuota en setiembre y hará lo mismo en diciembre, sería el segundo golpe.  Pero para completar la jugada de pizarrón y coronar una buena tarea le entrega al BCRA los pesos que en su momento recibió del BCRA y achica la deuda por los Adelantos Transitorios. Si esto fuera un proceso continuo y sin interrupciones, estamos salvados.

Obviamente un pensador como Fontanarrosa no podía estar ausente en estos eventos. Así es como por medio de un personaje que suponemos es primo tercero de Inodoro se mete de pleno en la relación con el FMI y discurre con agudeza las problemáticas que se presentan cuando se discute  el sistema de pagos internacionales, tipos de cambio de las monedas nacionales, consultas del Artículo IV, Carta de Intención, Acuerdo de Derecho de Giro (Acuerdo Stand-By), Servicio Ampliado, Línea de Crédito Flexible, Línea de Precaución y de Liquidez, Línea de Liquidez a Corto Plazo, Instrumento de Financiamiento Rápido y seguramente algún otro que los funcionarios de los países analizan con microscopio.

La conversación entre un Delegado de un país deudor (que resultó ser primo tercero de Inodoro) y un Licenciado Ministro, seguramente de Economía de ese país deudor.

Dice el Delegado: “Licenciado, hay una nueva imposición del Fondo Monetario Internacional”.

Responde el Licenciado, muy trajeado: “¿Otra más? ¿Qué quieren ahora?”

Responde el Delegado: “Que no use más esa corbata”.

Era una corbata con círculos, nada del otro mundo.

Por suerte el Delegado (primo tercero de Inodoro) debe haber sido de otro País, no nos toca, por estos lados casi ni se usa corbata.

 

2021 OCTUBRE DEG Fis Finac BCRA.docx

El pacto agropecuario

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El jueves 30 de septiembre el gobierno nacional firmó y presentó en el Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador». Lo consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y contiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no los necesita, dado que sus principales cámaras que son CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales) declaran haber ingresado en los primeros ocho meses del año, 23.229,2 millones de dólares por la venta de 74,32 millones de toneladas de granos y derivados y, además, el sector agroindustrial en su conjunto representa el 17 por ciento del PBI en todo el país y el 65 por ciento de las exportaciones nacionales: Ello le permite fijar el precio de los alimentos en el mercado nacional igualándolos al mercado externo, pese a que se producen en el país y su costo en moneda dura es mucho menor al internacional y la fertilidad de la tierra es una de las mayores del mundo.

El Consejo Agroindustrial Argentino está conformado por 52 cámaras y entidades del sector y, a través de este acuerdo con la Nación, busca promover las exportaciones para alcanzar 100.000 millones de dólares anuales en un mediano plazo, cifra que significa un aumento del 54% respecto a los 65.000 millones de dólares que se exportan actualmente en el segmento de productos agrícolas y agro industriales.

De la llamada Mesa de Enlace del “campo argentino” son socios del CAA, CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y la FAA (Federación Agraria Argentina). No así la Sociedad Rural Argentina. Quienes como organismo político-sindical del sector aducen que el Proyecto «no es más que un aporte menor de ideas elevadas al Poder Ejecutivo para que se transformen en ley, destacando que son solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades que dependen de muchas pautas de cumplimiento y de presupuestos que no están establecidos ni quién las regulará”.

En el proyecto de ley se establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y que requerirá la intervención de los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo llegado el caso y en materia de su competencia. Pero también es cierta la debilidad de los organismos de control que incluso no tienen intercomunicación entre sí y trabajan como compartimentos estancos, máxime que la base del proyecto es la reducción del cobro de los impuestos del sector que se apropia de la renta extraordinaria de la fertilidad de la tierra y se le deja la libertad de beneficiarse con desgravaciones que ellos mismos determinan por declaración jurada.

Fernando Basso y Pedro Peretti no se cansan de exigir que 50 metros antes de cada Aduana se ponga una balanza para pesar lo que declaran exportar en puertos privados o concesionados al sector privado, y nunca se hace.

Todas las cadenas de valor

Los asociados y sectores del CAA son diversos, pero allí están prácticamente todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias: los productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales donde participan AGD, ADM, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, Cargill, Molino Agro; ACA y Glencore por si, por RENOVA y por Viterra SA que antes se llamaba Oleaginosa Moreno Hnos. SA , etc., y que representan el 90% de las exportaciones de granos. A ello se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país. Es decir, hay productores, comercializadores, industriales, productores de biocombustibles y exportadores.

El “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” propuesto regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, incluye un registro que funcionará bajo un formato de “Ventanilla Única Digital” y en el que deberán inscribirse aquellos interesados que pretendan acceder a los beneficios y a las condiciones que establezca la reglamentación y, gozarán de la estabilidad fiscal en lo dispuesto por la ley por el plazo estipulado.

Para ello deben demostrar que acrecientan año tras año uno o más de los indicadores siguientes: a) Volumen de ventas;  b) Volumen de producción física;  c) Volumen de exportaciones físicas; d) Cantidad de personal ocupado;  y e) Inversiones realizadas. Con el primero y, básicamente, las ventas al exterior, les basta y es su principal objetivo.

En el proyecto se establece una amortización acelerada (y por ende al computarse  la mayor inversión en menos plazo incrementa el costo y con ello genera menos ganancia contable), en 3 –tres— años, en cuotas anuales iguales y consecutivas, en lugar de 10 años o más de acuerdo al tipo de inversión en cada sector del agro, para bienes muebles nuevos amortizables —excluidos automóviles— adquiridos, elaborados o fabricados, y para insumos (que van desde semillas, bulbos, fertilizantes, chapas, etc.) de acuerdo al nomenclador arancelario común del Mercosur, incluso en menos plazo de tres años.

También la amortización anticipada para  inversiones en construcciones –excluida la vivienda— y de infraestructura, como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50%) de la estimada, todo para abultar el costo contable y declarar menos ganancia y por ende pagar menos impuestos.

Igual trato favorable se hace sobre la valuación de la hacienda para los establecimientos de invernada o engorde a corral, con el objetivo de eximirlos del pago del impuesto a las ganancias durante los años de engorde. Recién pagarán ganancia cuando vendan los novillos.

Asimismo, contempla la devolución del IVA en tres cuotas, a diferencia de los cinco años actuales de promedio. Esta iniciativa alcanzará a plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado, planta de tratamiento de frutas, entre otras producciones

Los tres programas

El Proyecto crea el “Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible” compuesto por tres programas:

  1. Incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas [1] de producción nacional.
  2. Estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumos, incluso los biológicos.
  3. Incrementar la productividad de la ganadería vacuna. (Aumentos en los porcentajes de destetes de terneros logrados y aumento del peso de los animales enviados a faena.)

El Sistema generará un certificado de crédito fiscal intransferible hasta un importe del cincuenta (50%) de los gastos y erogaciones deducibles del impuesto a las ganancias correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos —incluso los biológicos—, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas, relacionadas con los Programas 1) y 2) y de gastos en genética y sanidad ganadera vinculados con el Programa 3), y hasta el límite del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a las ganancias a pagar.

Dicho certificado de crédito fiscal intransferible podrá ser utilizado por el término de veinticuatro (24) meses contados desde su emisión para la cancelación del impuesto a las ganancias a pagar del período fiscal de que se trate o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor como así tampoco a reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional. Este plazo podrá prorrogarse por doce (12) meses, por causas justificadas. Y se determinará por cupo fiscal en las leyes de presupuesto de la Administración Nacional.

Como resultado el sector se verá favorecido en pagar menos impuesto a las ganancias y, si contabilizan saldos a favor, utilizarlos para pagar hasta dos y hasta tres años después dicho gravamen.

En síntesis

El gobierno insiste en seguir haciendo concesiones a los sectores más concentrados de nuestra economía que son, a su vez, los principales beneficiados de la suba de los precios.

Así alcance el sector en un mediano plazo exportar por 100.000 millones de dólares anuales, si no se le fijan los necesarios y mayores derechos de exportación/retenciones (el proyecto les confiere estabilidad fiscal hasta el año 2025, cuando le corresponde a otra administración) y un cupo de exportación para garantizar el debido abastecimiento para el mercado interno, por lo menos para la carne vacunatrigo y maíz, van a seguir subfacturando vía la República Oriental del Uruguay (como lo demostró la sanción a 17 principales frigoríficos en mayo de este año [2]) y sobrefacturando compras de granos del Paraguay.

El gobierno presenta este proyecto y no reglamenta la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada en enero de 2015, con el objetivo de afianzar la población que habita los territorios rurales e impulsar el aprovechamiento de cada territorio para generar bienes primarios, industrializados y servicios diferenciados por sus particularidades ecológicas, culturales, procedimientos de elaboración en clara defensa del pequeño y mediano productor.

En cambio con el proyecto de Ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, se sistematiza y se mecaniza (reemplazando mano de obra) a favor de un sector que se concentra y se extranjeriza cada vez más, que el Estado no termina de controlar y encima, se le disminuye los impuestos, cuando el camino correcto para que reduzcan los precios y se desenganche el mercado externo del interno es con el aumento de la alícuota (tasa) de las retenciones.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, compuesta por la gran mayoría de los frigoríficos sancionados en mayo 2021 por el gobierno, realiza el 80% de las exportaciones de carne, a costa del mercado interno. Mientras el año pasado declararon exportar 900.699 toneladas de carne vacuna, como se faenan 3,2 millones de toneladas, destinaron 2,3 millones al mercado interno, que significó 50,2 kilogramos de consumo per cápita, el más bajo de los últimos 100 años.  Y este año van a exportar en torno a los 800.000 toneladas y se vende en el mercado interno si se paga $ 800 el kilo de carne o más.

Paralelamente una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-ex Kraft, Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza; etc.) y las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos.

Cuando se presentó el Proyecto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, la mayoría de los asistentes eran los CEOs y dueños de esas grandes compañías formadoras de precios y que explican porque, según el INDEC, el índice de pobreza se ubicó en el 40,6% y el nivel de indigencia fue del 10,7% de la población en el primer semestre del año 2021, y se debe a la suba sistemática y permanente del precio de los alimentos.

Los precios en la Argentina no son esencialmente un problema de estructura de costos (que no se conocen ni se dan a conocer), donde jueguen los aumentos salariales o del combustible. En los últimos 45 años la principal causa de la suba de precios ha sido el valor del dólar y, ello es así, por la fuerte extranjerización de la economía y el predominio que tienen las principales empresas en sus respectivos mercados.

Es obvio que los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa para priorizar la venta al exterior y que, por cada dólar que consiguen (y que el proyecto impulsa y estimula) quieren obtener mayor poder de compra en el mercado local.

Esta historia la vivimos varias veces, el gobierno en esta alianza cava su propia fosa (se alía al principal interesado en devaluar nuestra moneda). Se hace un brutal ajuste externo, nos privamos de consumir alimentos, tenemos los niveles de pobreza e indigencia que tenemos y queremos seguir vendiendo alimentos al mundo.

El gobierno debe frenar a como dé lugar y sin miramiento la existencia de todo dólar que no sea oficial y no convalidar aumentos de precios sin una estructura de costos que lo respalde y demuestre. De otro modo el modelo agro exportador y de salarios bajos se retroalimenta, para beneficios de unos pocos y para la pobreza de muchos.

 

 

[1] Las especies autógamas son aquellas que se reproducen por autofecundación, es decir, los gametos que se unen para formar el cigote proceden de la misma planta.
[2] La lista de los frigoríficos que se multó está compuesta por las principales firmas que operan en el país: Marfrig Argentina S.A.; Sociedad Anónima Carnes Pampeanas; Coto Centro Integral de Comercio; Quickfood S.A.; Arre Beef S.A.; FRIAR S.A.(del grupo Vicentin); Swift Argentina S.A.; Azul Natural Beef S.A; Frigorífico General Pico S.A.; Conallison SA;  Frigorífico Alberdi Sociedad Anónima; On Beat S.R.L.; Panoa S.R.L.; Industrias Frigoríficas Recreo; Procesadora Ganadera Entrerriana; Tutto Porky´S SRL; Logros S.A.;Carnes Sudamericanas S.A.; y  Black Bamboo Enterprises

¿Quién regula la renta inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires?

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El alquiler sólo es una arista de la renta inmobiliaria urbana porteña. La elevada diferencia entre el costo de construcción del m2 y su valor de venta opera como un singular motor de expansión del desarrollo inmobiliario, convirtiéndolo en el principal vector de competitividad productiva del distrito en las últimas dos décadas.

La tasa de rentabilidad en moneda dura que arroja el diferencial apuntado de costo de construcción m2/valor de realización del m2 constituye uno de los costos de oportunidad que habitualmente son ponderados a la hora de tomar decisiones de inversión.

La compra de departamentos desde “el pozo”, es decir, al inicio del proyecto constructivo, es uno de los destinos más atractivos para los capitales líquidos disponibles sin urgencias de corto plazo.

El valor promedio del m2 terminado en la Ciudad del Buenos Aires poscrisis 2001 era de u$s 900, y en el año 2018 alcanzó su pico situándose en u$s 3.100. En una década y media la revaluación inmobiliaria fue del 244%

En ese lapso, el costo del m2 de construcción con materiales de categoría evolucionó desde u$s 700 hasta u$s 1100, aumentando un 57%.

El cuadro que sigue cuantifica una estimación de la expansión de la renta inmobiliaria urbana

La expansión de la renta inmobiliaria urbana se decuplicó en algo más de quince años, con una tasa de beneficio promedio anual en dólares del 16%.

La contracara de este flujo de capitales atraído por una renta extraordinaria, sólo comparable con la agropecuaria, fue el alejamiento creciente de los asalariados del acceso a la vivienda en la Ciudad.

La revaluación inmobiliaria deterioró la relación m2/salario promedio y elevó significativamente el valor locativo de las unidades nuevas.

El cuadro que continúa refleja esta evolución negativa en términos de acceso a la vivienda de los trabajadores asalariados

La ciudad “formal” expulsa a la ciudad “informal”

Este comportamiento de la renta inmobiliaria tuvo como consecuencia el efecto deseado por las administraciones “amarillas” de la ciudad de encarecer el costo de vida en la Capital Federal de todos los argentinos y argentinas, y, consecuentemente, ir expulsando a las familias de menos recursos desde los barrios más favorecidos del norte hacia el sur de la avenida Rivadavia y, finalmente, fuera de los límites jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma.

El Estado porteño tiene políticas activas en este proceso a través de la planificación urbana, la inexistente política tributaria y la privatización de tierras públicas.

Durante el Gobierno porteño de Aníbal Ibarra se impulsaron tres leyes para regular y corregir este devenir que se proyectaba ya a principios del siglo:

  • Ley de Recuperación Edilicia de zona Sur
  • Ley de Uso de Suelo Fabril de zona Sur
  • Creación de la Corporación Buenos Aires Sur

El objetivo de estas leyes era construir un escenario urbano más amigable a las familias de menos recursos al sur de la Ciudad, favoreciendo:

  1. La recuperación edilicia de inmuebles antiguos, cuyo destino era la demolición conforme al Código de Planeamiento Urbano.
  2. La radicación de fábricas en el ángulo sur-suroeste de la ciudad para impulsar el empleo y la disminución de la movilidad hacia los lugares de trabajo
  3. La concentración de tierras públicas en un ente estatal que procura un desarrollo de viviendas y barrios populares contrapesando lo ocurrido con la Corporación Puerto Madero.

Este paquete de medidas se completó con la construcción de la línea de subterráneo H desde Plaza Francia hasta Nueva Pompeya, conectando la línea de tren Belgrano Sur.

Ibarra fue derrocado, ese conjunto de medidas regulatorias de la renta inmobiliaria fue abandonado y la construcción de la línea H se detuvo en la av. Las Heras por el norte y en la estación Hospitales por el sur (la conectividad conurbano sur-Recoleta parece ser una herejía).

En el presente, la política urbana es de demolición de los inmuebles antiguos construidos, para consolidar un “banco” de tierras baratas a los desarrollos rentísticos, expulsando habitantes de barrios completos.

Hay un veto explícito a cualquier política industrial, consolidando el perfil de ciudad residencial y de servicios.

El impuesto inmobiliario no ejerce ninguna presión para incidir en las decisiones de inversión. A su vez, se abandonó la política de construcción de líneas de subterráneos para favorecer la movilidad transversal norte-sur de la Ciudad, hecho que pondría en valor el activo inmobiliario del sur de la ciudad. La última línea de subte nueva en la ciudad, la citada línea H, fue construida por Ibarra, algo que no ocurría desde 1936.

La renta del alquiler

En columnas pasadas advertíamos sobre el incumplimiento creciente de las regulaciones de la nueva ley de alquileres en perjuicio de los inquilinos, precarizando su relación contractual con el propietario, tanto en el plazo de duración del acuerdo de arrendamiento como en la incertidumbre sobre la fórmula de ajuste del valor locativo en el transcurso del tiempo.

Vamos a reproducir alguno de los conceptos vertidos en ese momento porque resultan claves para comprender cómo se está completando el proceso de apropiación de renta urbana y la expulsión de las familias que ya no pueden asumir esta presión.

La Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires publicó con fecha de junio su último informe sobre el relevamiento del precio promedio de los alquileres en el distrito para departamentos nuevos y usados. El cuadro que sigue muestra la evolución de este indicador durante el primer semestre del año:

La evolución promedio de los alquileres en el primer semestre del año prácticamente se ubicó en torno a la inflación minorista de ese período, que fue del 25,1%.

Por su parte, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en su relevamiento habitual sobre alquileres en la Capital Federal para el mes de julio informó que la mediana para el valor de los arrendamientos era la siguiente:

En todos los casos, los valores de los alquileres se ven incrementados por el valor de las expensas a cargo del inquilino, que fluctúan en un promedio del 18%.

Ambos estudios convergen en el indicador del precio de la vivienda alquilada al promediar el 2021, cuyos aumentos se alejan de la evolución de los ingresos populares, formales e informales.

Pero ha emergido otro comportamiento de los propietarios e inmobiliarias que torna la situación más gravosa aún para el inquilino, que es la elusión para celebrar contratos en el marco de la nueva ley de alquileres, promulgada en junio de 2020.

Esta ley contiene: normas de protección del inquilino destinadas a otorgar estabilidad a la relación contractual con el propietario durante un plazo razonable de uso de la vivienda, que la norma fija en un mínimo de tres años; el ajuste anual del valor del alquiler; y la utilización de un índice combinado de inflación minorista y evolución del salario (IPC + RIPTE), que es publicado por el Banco Central.

Se fija la obligación para el locador de registrar el contrato celebrado en la AFIP, estimándose que en el presente existen 450.000 contratos de alquiler en la ciudad de Buenos Aires que han incumplido esta obligación con el fisco.

El mecanismo de eludir la celebración de contratos en el marco de esta ley regulatoria de la locación de viviendas por parte de propietarios e inmobiliarias es prorrogar por un año los contratos vigentes, aumentar fuertemente el valor del alquiler al inicio de la prórroga y fijarlo por un año. Recargando el acceso a la continuidad de la relación contractual con “gastos y honorarios de la prórroga” y aumentando el mes de depósito conforme al nuevo valor locativo.

En suma, el inquilino debe asumir todos los costos de comienzo y/o renovación de un nuevo contrato, pero carece de los beneficios de estabilidad que le otorga la ley.

La vigencia de la “prórroga” es por un año, viéndose obligado a afrontarlos de nuevo al cabo de ese lapso, desbaratándose la posibilidad de distribuir ese costo en tres años de plazo mínimo legal.

Pero lo más grave es que al vencimiento de la “prórroga” se vence el monto fijo del valor locativo, y el inquilino desconoce lo que le requerirá el propietario para continuar en la vivienda, además del combo de gastos ya citado.

La expectativa de contar con un marco contractual de tres años se diluye además porque desconoce cuál será el ajuste exigido por el propietario al final del primer año. La vigencia de un índice de ajuste contractual que contiene un reflejo de la evolución salarial constituye una certeza para el locatario al aproximarse el ajuste del alquiler. Con esta maniobra elusiva de la ley, queda al albedrío de la decisión del propietario.

Esta situación de abuso es consentida por las autoridades locales y hasta ahora no se ha producido la intervención del Gobierno Federal para obligar al cumplimiento de una ley nacional.

La ciudad de Buenos Aires se está convirtiendo en un gran inquilinato de arrendatarios carentes de derechos.

 

https://www.eldestapeweb.com/opinion/negocio-inmobiliario/quien-regula-la-renta-inmobiliaria-en-la-ciudad-de-buenos-aires–202110219029

Informe económico mensual

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El dólar oficial mayorista se mueve con lentitud o parsimonia, un resultado buscado y por lo visto, pase lo que pase, se mantendrá, por lo menos hasta conocer los resultados de las elecciones de noviembre. En agosto se incrementó el 1,1 %.

El Riesgo País (RP) se sostiene tozudamente arriba de los 1.500 puntos. Hasta el momento no se encontró la forma de doblegarlo, achicarlo y que muestre mejor rostro.

El Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), si bien hoy está entre los más elevados desde el 2010, los valores mensuales del año 2021 van disminuyendo mes a mes, entre otras cosas por lo que decimos de la lentitud del tipo de cambio. Pero a este Índice seguramente se le deben agregar otros elementos adicionales que lo debilitan.

Podemos decir que el espíritu bimonetario continúa alicaído por las restricciones para la compra en el mercado oficial. No obstante un buen número de valientes van sorteando dificultades para obtener el billete y por lo visto para unos cuantos la moneda de reserva no es la que emite el BCRA. Son seguidores fundamentalistas de la Reserva Federal de USA y del dólar como reserva internacional. No se los puede convencer de lo contrario.

En agosto, el dólar CCL ($ 173) juega en la brecha (78 %) con respecto al dólar oficial ($ 97,2). El BCRA está funcionando con todo lo que tiene a mano para que no se disparen los valores y hasta el momento lo está logrando. Solo es cuestión de tener reservas necesarias. Simple.

El objetivo del ministro del 29 % de incremento en los precios a diciembre del 2021 se logró, pero anticipadamente. En julio se lo alcanzó. Y se prepara para el año 2022 con otro anticipo en este caso del 33 %.

La tasa de Política Monetaria desde abril del 2020 se mantiene en el 38 %, cuestión que también depende del humor y de las espaldas del BCRA.

Los salarios se acercaron a los índices inflacionarios, pero la mayor diferencia es justamente con el Capítulo de Alimentos.

La inflación muestra en agosto un pequeño respiro, un descenso respecto de meses anteriores, pero las perspectivas no parecen ser muy alentadoras. No forman parte hoy de las preocupaciones centrales, pero se debe aclarar que en los últimos 5 meses lentamente los promedios del Nivel General fueron disminuyendo.

El Capítulo de Alimentos se está acercando y en algunos casos supera peligrosamente valores interanuales del 2019, con lo cual ya estamos diciendo mucho. En esta carrera le ganamos al más pintado. Sin mucho esfuerzo llegaremos a fin de año superando el 50 %.

El Capítulo de los servicios, que incluye entre otros agua, electricidad y gas, muestra diferencias notorias con otros precios. Se manifiestan en algunos casos en un tercio en comparación con el Nivel General.

Como estamos en plena carrera electoral consultamos a Inodoro Pereyra sobre anécdotas o experiencias y por qué no enseñanzas en estos procesos y conductas de votantes. Así es como Inodoro camina por las tierras del sur con Mendieta y se encuentra con Serafín, un viejo domador conocido.

Saluda Serafín: “¡Güenas y santas, don Inodoro!”.

Responde Inodoro: “¡Serafín! ¿Cómo anda?”, y también saluda Mendieta: “Ahura Serafín”.

Contesta Serafín: “Reciencito vengo de votar. Yo voto en el Esquina del Soplo. Ayá donde dobla el viento. Estaba empadronado en un refugio cordillerano, a unos 7.000 metros de altura. ¡Con decirle que el presidente de mesa era el Yeti!”.

Dice Inodoro: “Si era tan lejos podría no haber votado, Serafín”.

Muy serio responde  Serafín: “¡Nunca!”,  y explica: “A lomo de mula crucé montañas, superé vayes, vadié ríos, humiyé arroyos congelados, pasé lagunas, trepé ventisqueros, escalé fiordos, salté estrechos. Me sepultaron aludes, me rigorió el granizo y me atacaron manadas de pingüinos salvajes… ¡Pero yegué!”.

Inodoro lo felicita: “¡Ah, fiera!”, para luego decirle con mucho cuidado y respeto democrático“Y si no es impertinencia, Serafín… ¿Por quién votó?”

Serafín le responde tranquilo: “Voté en blanco… No estaba muy convencido ¿sabe?

Cierra el diálogo Inodoro: “Cada uno es cada quién, Serafín”. Mendieta asiste a la reflexión.

Hasta podemos extraer una moraleja que seguramente la estarán pensando los partidos políticos. ¿Convencer a los que votaron en blanco? ¿Mostrar el esfuerzo para ir a votar superando problemas, dudas y ventisqueros?

 

2021 AGOSTO proc. SETIEMB IPC Inflación.docx

Hablando de ajuste

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Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia el 25 de mayo de 2003 planteó un modelo de producción de bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres, con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos, sostenía el Presidente), que se defendiera el mercado interno, que las exportaciones pagaran una retención que permitiera al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado, y cupo para la venta externa de carne y trigo.

La Argentina crecía, y crecía la industria que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre los años 2003 y 2011, según los números del INDEC revisados durante el macrismo por su Director, Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, ante la mayor demanda y agotada su capacidad instalada, en lugar de invertir, prefirió hacer el juego que más conoce y que más práctica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, sino ensamblar importando, que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía, que en parte se debió comprar al exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debían ser superadas con un nuevo reordenamiento por parte del Estado. Esto fue anunciado a fin del año 2011 y fue denominado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “sintonía fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal”, que significa ver cuánto recibe una empresa en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., y cuanto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

El Estado trató de compensar ese proceso de desinversión y fuga de capitales con políticas de mayor impulso a la demanda. No hubiera estado mal si se hubiera realizado simultánea y paralelamente con las medidas de “sintonía fina”. Pero como se anunciaron y no se ejecutaron, la restricción de la oferta generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

La lógica económica del gobierno que lo sucedió en diciembre de 2015 fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión la alta liquidez internacional que, a su vez, fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.

El gobierno de Macri solamente podía superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado. En ese marco no pueden existir proyectos de inversión productiva, se prioriza la renta financiera a expensas de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y el corto plazo de los vencimientos de la deuda externa contraída.

Se infería que el nuevo gobierno que lo reemplazó en diciembre de 2019 retornaría al proceso inconcluso de defensa del mercado interno, del trabajo y de la producción nacional, de allí que recibió en las elecciones nacionales del año 2019, 12.900.000 votos. Pero menos de dos años más tarde redujo sus electores en un 45% pasando a obtener 7.100.0000 de sufragio.

Ajuste fiscal

Dicha respuesta del electorado, desde el punto de vista económico, se debe a que el gobierno priorizó ordenar el fuerte condicionamiento externo y, para ello, realizó y realiza un fuerte ajuste de las cuentas públicas y externas.

En la ciencia económica se entiende por “ajuste” a un conjunto de medidas que buscan terminar con un desequilibrio en las cuentas. Por lo general, el ajuste implica un recorte de los gastos para alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los desembolsos. Y no otra cosa es lo que se vino realizando, esencialmente desde el cuarto trimestre de 2020 en que se suspendió el pago de la cuarta cuota del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y se acrecentó el proceso de devaluación de nuestra moneda.

No bien se desató el problema de la pandemia, el Estado argentino realizó ingentes esfuerzos para darle debida respuesta.  Se reconvirtieron hospitales en todo el país, se asistió a las provincias y municipios y se instrumentaron dos planes sociales, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que benefició a 8.839.044 personas, el monto desembolsado fue por $ 265.000 millones, pagado en tres cuotas en  2020 de $ 10.000 por persona. Y también pagó la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) en seis cuotas mensuales, de abril a septiembre inclusive del año 2020, cuyo gasto total fue de $ 226.853 millones (es en pesos pero a un dólar promedio según el BCRA de $ 82,35 para el año 2020, serían equivalentes unos 2.755 millones de dólares) y llegó a asistir con parte del sueldo y disminución a cero de los aportes previsionales a 274.557 empresas y a 2.267.000 trabajadores.

Pero superado el pico de la pandemia generada  y sin prever una segunda ola, se aminoró la ayuda social y el apuntalamiento del mercado interno. Es más, en la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional 2021 desaparecen como gastos la ATP  y el IFE .

Sin embargo, sobre ese presupuesto y siempre teniendo en cuenta que la inflación medida por el IPC acumulada en los primeros ocho meses del año 2021 según el INDEC, fue del 32,3%, observamos que los ingresos de la Administración Nacional crecieron considerablemente y cumplen con creces con la meta de recaudación proyectada, alcanzando los $ 7.194.856 millones de pesos en los primeros ocho meses del año (incluida la suma de $ 197.700 millones de aporte solidario – Ley N° 27.605), cifra que representa el 73,27% del presupuesto nacional 2021 (superando los 2/3 que es el promedio matemático).

 

Nota: Presupuesto Ejecutado Base Caja en Millones de pesos corrientes 2021 y 2020 por Devengado (Cuenta Inversión). La Proyección 2021 y el Presupuesto 2022 surgen del Mensaje Nº 49 y Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022. Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación – Ley 27.467 y Cuenta de Inversión 2020

Pero no así en los gastos, que en conjunto se incrementaron en un 63,69% (siempre contemplando una inflación acumulada del 32,3%) pero en forma desigual, especialmente en Prestaciones de la Seguridad Social que asciende a $ 3.183.024,4 millones en los ocho meses referidos, que representa el 51,8% del gasto total. De allí que, por su alta incidencia en las cuentas públicas, el gobierno no acrecentó dichas erogaciones a sabiendas de que el 60% de los jubilados y pensionados perciben la remuneración mínima o en torno a la mínima.

La otra variable de ajuste ha sido el gasto de capital, fácilmente observable cuando representa el 5,63% del gasto total en el acumulado de los primeros ocho meses del año y estaba proyectado para el ejercicio fiscal 2021 que iba a ser del 9,21% del gasto.

Ambos elementos explican porqué el déficit primario fue del 2,1% del PIB  (y el déficit total del 3,5%) en los ocho meses transcurridos de año 2021, dándole la razón a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando en su carta tras las PASO sostiene que «el año pasado, con ocasión de presentarse el presupuesto, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 —situación que no se verificó, como es público y notorio—. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia”.

La ejecución base caja del Presupuesto del Sector Público Nacional ha sido exageradamente prudente, solo se han realizado mayores gastos por la compra de las vacunas y el denominado gasto social (planes asistenciales a la población) que ha sobrecumplido en su ejecución porque la estimación original de la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional, no tomo en cuenta la segunda ola de Covid-19.

El ajuste externo

La Argentina no tiene un problema de restricción externa comercial, la restricción es financiera por la fuga de capitales y la deuda generada. Es inaudito que un país que tiene en lo que va del siglo XXI un superávit comercial acumulado de 166.281 millones de dólares, tenga una deuda externa pública de 335.356 millones al primer trimestre 2021 (último dato oficial publicado).

 

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.

Se pone como excusa para no impulsar el consumo de la población que por cada punto que crece el PIB las importaciones aumentan el triple. Pero nada dicen que el PIB estimado por el Ministerio de Hacienda es de 416.111 millones de dólares y las importaciones del año 2020 fueron de 42.356 millones y, este año 2021 se estima que alcanzarán los 46.000 millones. Por ende si el PIB se incrementa en un punto significan 4.161 millones y las importaciones en tres puntos alcanzan los 1.380 millones de dólares. El superávit comercial esperado para este año es de 13.000 millones de dólares, el PIB podría crecer 10 puntos (40.000 millones de dólares) y recién allí las importaciones serían igual a las exportaciones.

En síntesis

El gobierno de Alberto Fernández realizó y realiza un ajuste fiscal y comercial que se refleja en la devaluación de nuestra moneda que pasó de $ 62,25 el 10 de diciembre de 2019 a $ 104,50 el 24 de septiembre de 2021. Devaluación que impacta en el aumento generalizado de los precios, esencialmente de los alimentos (y entre ellos la carne vacuna que subió en promedio en las carnicerías 40 puntos más que la inflación y el dólar) castigando severamente a la población, en pos de garantizar el pago de los servicios de una deuda que se tomó a espaldas de nuestro pueblo y que benefició y beneficia a una minoría que fugó capitales y que se debe investigar.

 

HABLANDO DE AJUSTE

 

 

De las crisis se sale con audacia

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La crisis del 2008/2009 aglomeró en el lapso de un año las siguientes calamidades:

  1. El impacto del “crack” financiero internacional provocado por la insolvencia de los créditos hipotecarios en los Estados Unidos y la deuda pública de las economías más débiles de Europa. La recesión iniciada en el 2009 provocó una caída del PIB del -6%.
  2. El rechazo en el Congreso de la Nación en el año 2008 de la ley de derechos de exportación móviles, cuyo objetivo era regular la renta extraordinaria derivada de los precios internacionales de los productos primarios que se produjo en el lapso 2008-2013. Durante el citado lustro, el Estado resignó u$s 7.500 millones en concepto de derechos de exportación.
  3. La derrota en las elecciones legislativas del año 2009, con singular efecto en la Provincia de Buenos Aires. Durante el bienio 2009-2011 el oficialismo gobernó con minoría parlamentaria, sufriendo la carencia extrema de contar con una ley de Presupuesto que dotara de certeza al programa de gobierno en el año 2011.

Amado Boudou, designado ministro de economía en julio del 2009, tenía en su haber el impulso a la recuperación para el Estado de los fondos de pensión privados que habilitó la solvencia fiscal para implementar la Asignación Universal por Hijo a fines del 2009 y dotar al ministerio de planificación de ingentes recursos para elevar la tasa de inversión pública a niveles récord del 3,8% del PIB en el 2011 (téngase presente que el Presupuesto 2021 contiene una tasa de inversión pública del 2,2% del PIB, subejecutada hasta el momento).

Con el orden fiscal derivado de la estatización de las AFJP, a fines del 2009 la tarea fue el equilibrio de las cuentas externas. La agenda consensuada con el FMI habilitó el segundo canje de deuda en el 2010, la constitución del Fondo de Desendeudamiento con las reservas internacionales excedentes, la utilización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) -emitidos por el organismo en ocasión de la referida crisis financiera global del 2008- para la reactivación interna y el apoyo de los tres bancos multilaterales de fomento (BID, Banco Mundial y CAF) reembolsando inversión ya realizada. Estas medidas dieron vuelta el saldo negativo la Cuenta Capital del Balance de Pagos en el año 2010, ingresando u$s 7.100 millones.

La economía creció un 10% en el 2010 Y un 6% en el 2011. Amado acompañó a Cristina en la fórmula presidencial. El liderazgo de las dos veces Presidenta, arrastrando la peor tragedia de su vida, le permitió alcanzar el 54% de los votos en los comicios del 2011.

A esta altura de la columna el lector dirá “era otro contexto”. Sin duda que sí. Pero la reseña apunta a la audacia en la toma de decisiones para superar un escenario en extremo adverso.

En el presente se han adoptado decisiones en procura del orden externo y de las cuentas públicas. No obstante, no han dado el resultado esperado en términos de amortiguación económica del golpe propinado por la pandemia global durante el 2020, ni tampoco en el 2021 se ha producido una vigorosa reactivación inclusiva del conjunto del pueblo.

En columnas pasadas citábamos las debilidades de las decisiones de política económica definidas como prioritarias.

La reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera con residentes en el exterior por u$s 66.000 millones reunió una aceptación del 99% de los tenedores de bonos. Lo extraño es que el riesgo país, que llegó a un mínimo cercano a los 1.100 puntos básicos al momento del canje en septiembre 2020, fluctúa en el presente en torno a los 1.550 puntos básicos. El reordenamiento de los pasivos externos implica un sendero de previsibilidad de las cuentas con del balance de pagos que se refleja en el descenso del riesgo país y en el reflujo de dólares al circuito de producción y consumo. Un riesgo país que fija una tasa mínima de retorno del 16% anual para una colocación en moneda extranjera torna inviable una afluencia de capitales que revierta el saldo negativo de la Cuenta Capital del Balance de Pagos.

La segunda explicación pendiente, asociada a la falta de resultados de la reestructuración de deuda pública con el sector privado, es que el Banco Central no acumula reservas internacionales en la magnitud del superávit comercial que arroja una economía contraída y con precios internacionales favorables de los productos primarios exportados. El excedente comercial del 2020 fue de u$s 12.500 millones y las reservas brutas disminuyeron en -u$s 5.400 millones. Al mes de agosto del 2021, la situación mejoró respecto del año anterior acortando sensiblemente la diferencia: el saldo favorable de la balanza comercial ascendió a u$s 10.600 millones y las reservas brutas aumentaron en u$s 6.800 millones.

La reestructuración de deuda pública con el sector privado y el abultado superávit comercial no son suficientes para asegurar la estabilidad cambiaria, concretada en el atesoramiento abultado de divisas en el Banco Central. Dólares de origen financiero tampoco ingresan como consecuencia del riesgo país elevado.

La política económica recurre entonces al equilibrio fiscal para estabilizar las variables. El déficit fiscal interanual acumulado entre julio 2020/julio 2021 se contrajo un 71%, disminuyendo de $1,1 billones a $305.000 millones. La monetización de la economía se redujo del 24% del PIB en el 2020 al 22% del PIB en el primer semestre 2021.

La política monetaria y fiscal contractiva no sustituye el equilibrio externo ni contiene la inflación, que ha alcanzado el 32% acumulado a agosto cuando la proyección anual contenida en el Presupuesto 2021 es del 29%.

Pero una política monetaria y fiscal conservadora sí frena la actividad después de una caída muy relevante como la ocurrida en el 2020 del -9,9%.

También en columnas pasadas advertimos sobre el comportamiento de los agentes económicos más poderosos, refractarios a expandir la economía y aceptar la puja distributiva que deriva de una baja pronunciada del desempleo que posiciona a los sindicatos para reclamar la recuperación del salario.

En el actual contexto el comportamiento de las cúpulas empresarias es presionar con precios en mercados altamente oligopolizados y no regulados por el Estado, para luego dolarizar el excedente apropiado en el mercado cambiario alternativo “dólar contado con liquidación”, al que el Banco Central alimenta con reservas internacionales para comprimir la suba de la cotización.

En este esquema, la recuperación rápida de la economía y el pleno empleo es prácticamente imposible. Si los límites a las políticas activas de impulso a la demanda van a estar dados por el remanente de dólares que el Ente Rector monetario y cambiario pueda reunir trabajosamente después de contener una demanda de divisas para salida de capitales, la Argentina de producción y consumo potente es inviable.

Hay que romper el “corset” impuesto por el poder económico y asegurar energía, alimentos, indumentaria y vivienda para todos y todas. Son bienes de producción nacional, y la construcción de circuitos menos trasnacionalizados que los actuales se torna imperiosa.

 

https://www.eldestapeweb.com/opinion/economia/de-las-crisis-se-sale-con-audacia-202192519110

 

Por qué hay que abandonar el enfoque monetarista

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El Presidente Alberto Fernández decidió este viernes un profundo cambio de gabinete, dando cuenta del resultado electoral adverso sufrido por el Frente de Todos en las elecciones legislativas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Se incorporaron al elenco presidencial personalidades de gran recorrido de gestión en los gobiernos peronistas y consecuente volumen político, imprescindible para afrontar los desafíos planteados por la complejidad del resultado electoral y la Argentina emergente del impacto del virus. Mi mayor deseo de éxito a los compañeros designados.

El equipo económico no sufrió modificaciones, produciéndose en los hechos una ratificación del rumbo seguido en el área. El Presidente rechazó de plano los planteos respecto a una excesiva prudencia fiscal y monetaria para impulsar la recuperación de la actividad que se viene verificando desde el segundo semestre.

Estos reclamos se venían expresando desde distintos grupos de trabajo político-técnicos del Frente de Todos, como el que me corresponde coordinar en el Senado bonaerense y que fueron vertidos en esta columna.

Sin embargo, la potencia de la formulación alcanzó el máximo nivel político cuando Cristina, a través de una carta abierta, recogió la subejecución presupuestaria del volumen de gasto primario contenido en la Ley de Presupuesto sancionada para el año 2021. El texto describió con nitidez la contracción de recursos que debieran haber estado en el circuito de producción y consumo nacional.

El Presidente desestimó elípticamente la objeción a la política monetaria y fiscal restrictiva exhibiendo un informe de la consultora PxQ dirigida por el ex viceministro de economía Emmanuel Álvarez Agis. Dicho informe contiene las siguientes líneas de pensamiento:

  1. El nivel de reservas internacionales es determinante de la capacidad para ejecutar una expansión monetaria que financie un déficit de las cuentas públicas. Situando el nivel de reservas líquidas y de libre disponibilidad en u$s 8.356 millones.
  2. El informe no precisa período de corte de la comparación interanual.  Asumiremos que primer semestre 2020/primer semestre 2021. En ese lapso comparado, establece que el gasto primario corriente neto de las partidas destinadas a atender el impacto del virus creció en términos reales un +12% interanual, contradiciendo los análisis basados en la contracción.
  3. Establece que la recuperación de la economía en el corriente año torna innecesario el mantenimiento de potentes estímulos fiscales a la demanda. El textual del informe afirma “Como se observa más abajo, el nivel de actividad de 2021 se encuentra en todos los meses por encima del promedio del nivel de actividad del 2020, año de la pandemia. Por tanto, tendría sentido que el gasto público de un año “sin pandemia” fuera menor que en el año de pandemia, máxime si el país sufriera de un faltante de divisas.”

El Presidente ha ratificado el rumbo económico a pesar el resultado electoral y ha utilizado argumentativamente el informe reseñado. Esto obliga a evaluar algunas cuestiones.

La primera es el enfoque monetarista de la restricción a la expansión monetaria y fiscal, a la evolución del sector externo, contenido en el informe. Si el tamaño de la economía argentina en su capacidad de producir y distribuir bienes y servicios se acota a menos de u$s 10.000 millones atesorados en el Banco Central, estamos ante una visión muy limitada de las herramientas con las que se cuenta para superar esta crisis.

En parte, porque en un contexto como el presente la demanda de bienes se concentra en consumos básicos de alimentos y energía, extendiéndose a indumentaria y vivienda. Ningún sector que no pueda ser abastecido sin grandes insumos importados que exigen divisas para sostener la producción. El requerimiento masivo de bienes más sofisticados ligados al complejo electrónico que ocurre en períodos de alta distribución del ingreso no se encuentra presente a la salida de la pandemia.

El problema es la oferta monopólica de esos bienes básicos que el gobierno se niega a regular, que valúa sus ganancias obtenidas del aumento de la demanda en dólares y presiona en los mercados cambiarios alternativos.

Los argentinos y las argentinas no pueden consumir masivamente alimentos, energía, ropa y ladrillos, no porque deban ser importados y no están los dólares, dado que todos esos bienes son de producción nacional. No pueden consumir porque los monopolios oferentes dolarizan sus ganancias. Eso es lo que genera la falta de divisas y el estrecho límite que pone el informe de la consultora PxQ para estimular la demanda.

Será tema de otra de otra columna analizar en profundidad las razones por las que con un superávit de balanza comercial de u$s 12.528 millones en el 2020, las reservas internacionales brutas cayeron en el año u$s 5.452 millones. O por qué durante el 2021 el BCRA destina u$s 1.000 millones mensuales en financiar la salida de capitales a través del mercado cambiario “contado con liquidación”, previa desregulación de su funcionamiento por parte del Ministerio de Economía.

Así como regular los mercados monopólicos de bienes básicos es clave para superar la crisis, ensanchar los límites que pone el sector externo, atesorando más reservas en el BCRA, también requiere decisión política.

Si aceptamos esos límites difícilmente numerosos argentinos y argentinas puedan superar la pobreza legada por el macrismo + pandemia en el nefasto lustro 2015-2020

El hecho concreto es que sostener la economía en equilibrio fiscal cuando el año 2021 se inició con 10,1% de desempleo, después de una caída del PIB de -9,9% en el 2020 y un arrastre de casi el -14% en el referido lustro nefasto, es un error que se ha cuantificado en las urnas.

Es tiempo de romper límites. En definitiva, esa siempre fue la esencia y la razón de ser del peronismo.

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/por-que-hay-que-abandonar-el-enfoque-monetarista–202191819055

 

PRESUPUESTO 2022: MENOS DE LO MISMO

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El Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022 dice que en el corriente año 2021 el PIB va a crecer un 8%. Y plantea que solo es posible la estabilización mediante una recuperación de la actividad económica, donde el Estado continúe jugando un rol central en pos de sostener y apuntalar la recuperación económica y que llegue a todos los sectores. Pero esto no es cierto, el mismo INDEC reconoce que existe en nuestro país un 42 % de pobres y, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación reconoce que de los casi 12.000.000 de trabajadores registrados, 2.500.000 personas perciben una remuneración neta menor al valor de la Canasta Básica Total[1].  Esto es, trabajan y son pobres. ¿Cuál es la estabilidad?

El Mensaje del Presupuesto Nacional 2022 se compromete a garantizar la protección de los segmentos sociales que más están padeciendo la situación económica corriente del país, en un marco de política fiscal expansiva, y a establecer condiciones para el desarrollo de sectores productivos con potencial para generar un crecimiento de los niveles de generación de divisas, lo que resulta necesario para que nuestro país pueda sostener el crecimiento de los niveles de gasto reales sin tropezar con situaciones de crisis de balanza de pagos. Esto también es falso. La Argentina desde 1943 crece solamente si crece su mercado interno, porque pese al gobierno de Cambiemos y a la pandemia, más del 70% de lo que producimos se destina al mercado interno.

La Argentina en lo que va de este siglo XXI, desde el 1° de enero de 2000 al 31 de agosto de 2021 tiene un superávit comercial acumulado de 190.000 millones de dólares, partida que mayoritariamente se utilizó para pagar deuda y para fugar capitales. La crisis de la Balanza de Pagos la generan la deuda y la fuga, no la economía real que es fuertemente superavitaria.

El año pasado las exportaciones superaron a las importaciones en 12.528 millones de dólares y para este año 2021 el mismo Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto estima que el superávit será de 12.878 millones de dólares.  Mayoritariamente exportamos productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (harina, pellets, aceites, biocombustibles) que generan poco trabajo y cuyos precios se internacionalizan, obligando al pueblo argentino a pagar  el precio de exportación para consumir esos bienes.

El mejor ejemplo es el de la carne vacuna, cuyo precio es uno de los que más subió en la gestión del actual gobierno,  más de un 120% en promedio, cuando la inflación acumulada es del 70% y, la devaluación del tipo de cambio fue del 66,3%.

¿Cómo se detuvo su precio? Con tres medidas combinadas a la vez:

  1. Se ajustó a una tasa menor el tipo de cambio;
  2. Se impuso un cupo de exportación;
  3. La Dirección General de Aduanas después de 18 meses de no hacer nada, decidió investigar y observó que 19 grandes frigoríficos exportadores vendían a Uruguay a un precio muy bajo carne y es más, dentro de esas ventas era muy alto el porcentaje de carne no apta para consumo humano. Pero se demostró que era toda carne de exportación para personas y no para animales (tiene una retención del 4% en lugar del 9%) y que a su vez desde Uruguay esos envíos se reexportaban a un precio mayor (eludiendo el pago correspondiente de la retención) a China y a los demás países importadores.

En lugar de palabras grandilocuentes, debería decirse que se priva al país de consumir bienes para priorizar las exportaciones a como dé lugar, como por ejemplo la venta de ganado en pie[2], resultado de ello, antes de tomar por fin las medidas necesarias para frenar la suba del precio de la carne, al faenarse 3,4 millones de toneladas de carne vacuna por año, se le permitió a los grandes frigoríficos exportar un millón de toneladas, por ende, las 2,4 millones restantes, divididas por los 46.000.000 de habitantes, dan un consumo per cápita de 50 kilogramos anuales, que es el registro más bajo de los últimos 100 años.

Sostenibilidad fiscal

En el Mensaje del Presupuesto plantean que el Acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Cambiemos en 2018, obligaría a pagar entre amortización de capital e intereses el 4 % del PIB (unos 20.000 millones de dólares), que representa casi la quinta parte del gasto total estimado para el año 2022. Pagar dicha deuda, obligaría a postergar prioridades de política pública esenciales, realizando un ajuste del gasto inconcebible en una sociedad democrática.

Por ende, explica el Mensaje, se ejecutó y se ejecuta la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y la normalización del mercado de deuda en moneda local, que hace que el pago de los intereses de la deuda pública disminuya dentro del gasto público total, hecho que permite priorizar otros gastos y contribuir al financiamiento destinado a la atención de la pandemia COVID-19. Los intereses netos pasaron de representar un 3,4% del PIB en 2019 ($724.285 millones) a 2% del PIB en 2020 ($542.873 millones). Para 2021, el Presupuesto del Sector Público Nacional de ese año estimó que se redujeran aún más, a un 1,5% del PIB ($544.718 millones) y para 2022, se prevé una erogación de $ 952.432,6 millones que representa el 1,58% del PIB (PIB estimado en $ 60.177.212 millones).

Para 2022, el déficit primario presupuestado de la Administración Nacional alcanza un nivel equivalente al 3,628% del PBI. Luego de los ingresos en concepto de Rentas de la Propiedad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS-ANSES), se establecen las necesidades de financiamiento en aproximadamente $2.038.942,2 millones, equivalentes al 3,4 % del PBI.

Estas necesidades serán cubiertas mediante la emisión de deuda pública en pesos en el mercado local, adelantos transitorios por parte del BCRA en el marco de los límites establecidos por la normativa vigente[3], y financiamiento aportado por organismos internacionales.

Para ello, las letras de corto plazo en pesos se refinanciarán en el mercado a través de la emisión de instrumentos de similar plazo de acuerdo al perfil de sus tenedores, mientras que en el caso de los bonos en pesos de mayor plazo se emitirán nuevos instrumentos que buscarán extender el perfil de vencimientos más allá del año 2022.  A su vez se apuntala su liquidez en las bolsas de comercio del país de los títulos del Tesoro por medio del Programa de Creadores de Mercado permitiendo su compra por inversores minoristas en las colocaciones primarias de deuda del Tesoro Nacional.

Respecto a los vencimientos en moneda extranjera, se proyecta el pago de servicios de intereses por un monto de aproximadamente 1.386 millones de dólares, correspondientes a los títulos emitidos en los canjes de deuda con legislación extranjera y legislación local efectuados durante el año 2020.

En relación a los pagos de capital correspondientes al acuerdo Stand-By vigente con el Fondo Monetario Internacional,  el Mensaje  sostiene que se espera alcanzar un nuevo acuerdo con condiciones financieras razonables durante el ejercicio 2022 que permita extender los vencimientos más allá del año 2024.

 

Presupuesto Ejecutado 2019-2020 Cuenta de Inversión Ejecutado a Julio 2021 en Base Caja. En millones de pesos corrientes

 

En síntesis

El Proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional infiere que el PIB va a crecer un 4% que, sumado al 8% del corriente año 2021, permitiría superar el descenso del 2% de 2019 y del 9,9% de 2020. Pero lo hace con una economía peor distribuida, con bolsones de pobreza y con una gran heterogeneidad en los sectores que crecen y los que son desfavorecidos por una política económica orientada al sector externo en desmedro del consumo nacional, sin contemplar que el verdadero acrecentamiento de los bienes y servicios se realiza si se potencia el mercado interno, la combinación de más personas ocupadas y con mejores remuneraciones son la garantía de un crecimiento sostenible.

Máxime cuando el Ministerio de Agricultura de los EEUU estima que va a seguir creciendo a una tasa del 5 y 6% anual la demanda de productos agrarios y agro industriales en el mundo, que requeriría modificar la política de derechos de exportación (retenciones) para desacoplar los precios internos y externos y generar más recursos al fisco. Sin embargo, el proyecto de ley sustituye el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley 27.541 y prorroga hasta 2024 el límite para modificar las alícuotas que son del 33% para la soja (de los cuales 30% va al Tesoro y 3% a un fondo de estímulo a los productores), del 12% para los demás granos y del 9% para la carne.

Finalmente estima una inflación del 33% para 2022 (y reconoce que este año 2021 va a ser del 45,1% y no del 29% estimado en el presupuesto anterior)  y el precio del dólar oficial de $ 131,1 en diciembre de 2022.

Así, el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022 no se aparta un ápice de lo realizado por este gobierno. La situación de bajos salarios, precariedad laboral, pobreza y marginalidad, exigen una mayor intervención estatal y detraer recursos que inmoviliza el BCRA como son las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) y los pases pasivos, que en conjunto superan los 4,15 billones de pesos, para financiar proyectos y obras que generan trabajo y dinamicen la actividad económica.

[1] Canasta Básica Total que en este mes de septiembre de 2021 es de unos $ 70.000.- para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos (sin contemplar el pago del alquiler).
[2] La carne de bovino en pie se refiere al animal vivo para su venta, ya sea para engorda o para ser sacrificado.
[3] No puede superar el 12% de la Base Monetaria y el 20% de la recaudación tributaria anual al momento de solicitar el Adelanto de Fondos al Tesoro.

 

PRESUPUESTO 2022: MENOS DE LO MISMO