Desde esta columna hemos advertido sobre las dudas generadas por el rumbo de la política económica. También, planteamos a comienzos de este año la necesidad de un shock redistributivo para darle vigor a la recuperación de la actividad que comenzaba a esbozarse.

Sin embargo, el plan del Gobierno se caracterizó por:

• La exigencia de contar con un programa financiero riguroso en el marco de la pandemia global, que drenó divisas necesarias para el mercado interno.
• La preocupación permanente por reducir el déficit fiscal, aún por encima de las propias metas presupuestarias, a contramano del devenir mundial y de los requerimientos de la situación socioeconómica.
• La ausencia de una política antiinflacionaria de regulación de mercados que preserve la política de ingresos, de por sí moderada y sólo acelerada en la segunda mitad del año.

Uno de los temas de agenda relevantes de política económica del año pasado fue resolver la deuda con el sector privado en virtual cesación de pagos, legada por el macrismo. Nunca quedó muy claro cuál era la prioridad de ese objetivo, en un contexto de crisis de producción y consumo provocada por la propagación del virus en todo el mundo.

La expectativa radicaba en que ese orden financiero derivaría en un flujo positivo de divisas hacia el país, tal como había ocurrido en reestructuraciones anteriores.

La baja del riesgo país, que es el requisito para que ese ingreso de dólares financieros se realice, no ocurrió. Por el contrario, después de concluido el canje de deuda en septiembre 2020, el riesgo país evolucionó al alza, desde los 1100 puntos básicos en ese momento hasta estabilizarse en torno a los 1500 puntos básicos en la actualidad.

La operación implicó la pérdida de u$s 4.200 millones de reservas destinados a cancelar vencimientos que se iban a reprogramar. La urgencia por cerrar el canje obligó a ceder a las presiones de los fondos de inversión más poderosos llevando la oferta original de un valor presente de u$s 38 por cada u$s 100 a u$s 56 por cada u$s 100.

Describíamos desde esta columna también las dudas que el perfil de vencimientos a futuro generaba sobre la sustentabilidad del programa financiero, factor que incide negativamente en el nivel del riesgo país. A partir del 2025 los desembolsos promedian los u$s 8.500 millones anuales, en el límite de lo tolerable por las cuentas externas sin contar el peso del arreglo con el FMI.

En suma, la reestructuración de deuda con el sector privado como una de las prioridades de política económica no generó el flujo positivo de divisas esperado ni dotó a la Argentina de un programa financiero sustentable a mediano plazo.

La preocupación casi obsesiva por reducir el déficit fiscal se exterioriza en que el resultado primario negativo del Sector Público no Financiero –base caja- cerró en el primer semestre de este año en el 0,6% del PIB, cuando la proyección anual contenida en el Presupuesto sancionado para el 2021 es del 4,2%.

En el lapso enero/julio 2020 el resultado primario negativo acumulado del Sector Público no financiero -base caja- fue de $1,1 billones, en período enero/julio 2021 dicho resultado había descendido a $306.000 millones. Es decir que el déficit primario se redujo interanualmente un 71%.

Es real que el déficit de la primera mitad del 2020 alcanzó un techo por el derivado del cierre completo de la actividad en el marco del aislamiento social obligatorio en el segundo trimestre de ese año. Consecuentemente, no puede ser sostenido en ese nivel de excepción. Ahora bien, la pregunta radica en cuál es la baja razonable teniendo presente la necesidad de recuperar la economía. Si se respondiera que debiera ubicarse en la mitad del año 2020, un déficit en torno a los $ 600.000 millones, el acumulado a julio revela que estarían faltando $ 300.000 en la calle.

Esta simple ponderación advierte de dos cuestiones: la obsesión por alcanzar el cierre equilibrado de las cuentas más allá del deterioro socioeconómico provocado por el lustro de macrismo + pandemia y la ausencia de “muñeca” política en un año electoral.

El Presidente es un hombre de consensos y centró la política antiinflacionaria en las denominadas mesas de consensos, de modo que el sector privado ordenara la recuperación de la economía. Estas mesas fueron rápidamente abortadas por las cúpulas empresariales desatándose dos conflictos: la polémica interna en el gobierno por el aumento de las tarifas de energía y la intervención en el mercado de carnes.

Citamos también que el acceso masivo a energía y alimentos son decisivos en la preservación de una política de ingresos. No hay potencia en el mercado interno si el salario se destina a pagar boletas y llenar la heladera.

La canasta básica alimentaria medida por el INDEC aumentó un 86% desde el inicio del gobierno en diciembre de 2019. En un contexto de caída del nivel de actividad, estos aumentos sólo se explican por un comportamiento monopólico de los proveedores de alimentos.

La política de frenar la inflación con ajuste fiscal y monetario, además de vender dólares en los mercados cambiarios alternativos, no parece haber rendido frutos.

https://www.eldestapeweb.com/economia/mercados-financieros/elecciones-2021-el-problema-de-sobreactuar-para-los-mercados-202191318380

En una economía como la nuestra, con bajo nivel de actividad y alta tasa de desempleo, es vital impulsar la demanda agregada, cuyos componentes son: el Consumo de la población, el Gasto Público, la Inversión interna bruta fija (IBIF) y las Exportaciones.

En lo que va de 2021, en forma desigual y por sectores, se incrementó la IBIF. Claro ejemplo de ello fue el discurso de Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, principal productor de acero del país, en el pasado Día de la Industria y ante la demanda sostenida de las empresas que hacen máquinas para la agricultura, la línea blanca, las automotrices y la mayor construcción privada cuya estructura es de metal.

Las exportaciones son récord. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informan que en los primeros ocho meses del año ingresaron divisas por 23.229,2 millones de dólares, un 74,05% más que en igual lapso del año pasado, por la exportación de 74,32 millones de toneladas de productos agro-industriales. La estimación final es que se exportarán más de 110 millones de toneladas en el año y las proyecciones, tanto las nacionales como la que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, indican que seguirá siendo fuerte la demanda mundial de alimentos y que la Argentina incrementará sus exportaciones a una tasa del 5 o 6% anual en los próximos años.

Obviamente puede verse que el gobierno no incrementó los derechos de exportación del sector porque las grandes empresas se comprometieron y liquidaron y liquidan sus ventas por el mercado oficial de cambio, con lo que fijan un referente cambiario obligado por donde pasa la mayor parte de la operatoria comercial del país. Este hecho no pudo ser desacreditado por los capitales especulativos, que a su vez quedaron muy limitados por el control cambiario, mal llamado cepo.

El problema es que no crece globalmente (en algunos sectores sí, pero son los menos) el consumo y el gasto público, esencialmente en la obra pública, dos componentes esenciales porque en forma conjunta representan el 75% de la demanda agregada argentina.

Y allí hubo y hay una diferencia entre el plan económico diseñado y subyacente en el presupuesto de la Administración Nacional que proponía que los salarios crecieran más que los precios y que la obra pública se duplicara para ser del 2,2% del PIB con respecto a 2019 (fue del 1,1% del PIB). Ambos hechos no sucedieron. Por lo tanto no se estimuló ni se desarrolló suficientemente el mercado interno y sí fue preponderante la demanda externa. El país se integra hacia afuera pero no hacia adentro.

Y ello fue así porque el “mercado”, eufemismo que en la Argentina esconde la decisión de grandes empresas y grupos económicos que operan en el país, prevaleció sobre las disposiciones estatales. Las grandes empresas del sector agro-industrial, del acero, las automotrices, los grandes bancos, ente otras, pudieron llevar a cabo su labor porque lo planificaron en base a las ventajas comparativas (naturales y contractuales) que el Estado les garantiza.

La función del Estado [1] es regular la actividad económica, establecer las “reglas de juego”, qué es blanco y qué es negro, qué está permitido y qué no. Por la Constitución Nacional está facultado a utilizar distintas herramientas para impulsar el crecimiento económico sostenido con equidad en el esfuerzo (incorporando mayor mano de obra para producir con mayor valor agregado y, a su vez, que la remuneración de los trabajadores sea la mejor posible, siempre en el marco de que los empresarios se guían por la tasa de ganancia y su perdurabilidad en el tiempo), con los que el Estado en nombre de todos procura el bienestar general.

Dos caminos

La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Aporta la visión general y con esa vista estratégica fundamenta las decisiones de cada día bajo los objetivos proyectados. Es una herramienta imprescindible para actuar sobre la realidad. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Es la mano visible que explora posibilidades donde la mano invisible es incompetente o no existe.

“El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las demandas respaldadas con dinero, el hambre sin ingresos no vale. Es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico porque se subordina al poder concentrado, se cierra la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más ricos a los ricos a costa de los pobres, etc.”, decía el profesor Carlos Matus Romo.[2]

El gobierno ha planificado, ha llevado y lleva adelante un importante programa de salud, donde a riesgo de sus vidas y las de sus familias el personal lucha denodadamente contra el Covid-19. También fue importante la asistencia a la población y a la producción de los sectores más castigados. El Estado intervino y lo hizo en forma eficaz y eficiente.

Sin embargo, el gobierno se subordina a la planificación de las grandes empresas de la alimentación, de los bienes de uso difundidos [3] –esencialmente acero, aluminio, cemento, etc.– y del sector financiero.

Un claro ejemplo de lo que decimos: los grandes bancos del sistema tienen inmovilizados en el Banco Central –y la autoridad monetaria les reconoce un interés por ello– más de 4 billones de pesos (equivalentes a unos 40.000 millones de dólares), que no se emplean en financiar ni el trabajo ni la producción.

No bien iniciado el nuevo gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos organizó el Programa Potenciar Trabajo, que al mes de junio 2021 estaba conformado por 1.004.692 trabajadores, a los cuales se les paga por hacer tareas menores (limpieza, pintura, servicios varios como asistir en comedores barriales, etc.) la mitad del salario mínimo, vital y móvil, que para septiembre alcanza a 14.580 pesos por mes. La propuesta es que se le sumen a cada trabajador 55.420 pesos mensuales, totalizando 70.000, que es el valor aproximado de la Canasta Básica Total del INDEC para que una familia constituida por matrimonio y dos hijos no sea pobre. Eso significa un gasto de 56.000 millones de pesos mensuales, y de aquí a fin de año (cuatro meses) representa un total de 224.000 millones. Suministrándoles los materiales correspondientes pueden construir en ese tiempo 65.000 casas, y en un año 260.000 casas, con lo que se comenzaría a solucionar el grave déficit habitacional.

Esa suma es menos de la mitad de los intereses que se les reconocen por las Letras del Banco Central (LELIQs) y pases pasivos de los bancos en el Banco Central, que en los últimos cuatro meses del año sumarán 526.000 millones de pesos.

Por ende debería subirse el encaje o efectivo mínimo, que es la parte que deben retener los bancos de los depósitos que captan y que no son remunerados por el Banco Central, y con esa parte liberada, en lugar de reconocerle el interés, transferirse al Programa Potenciar Trabajo.

Las soluciones del mercado

El gobierno acepta la prédica imperante y pretende generar un mercado de capitales que siempre fue insignificante: nunca las empresas se compraron o vendieron por el mercado de capitales argentino; la prueba está, por ejemplo, en cómo se apropian de Vicentin SAIC y de Molinos Cañuelas SA.

Es más, lo denominan Programa Creadores de Mercado 2021, fue acordado con el FMI y pretende atraer al ahorro nacional que suele destinarse a la dolarización. Lo dice claramente el presidente del Banco Central, Miguel Pesce: “La Argentina tiene una fuerte capacidad de ahorro. Hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y estimamos que otros 100.000 millones de dólares en nuestro país”. Pero entre tanto, el ahorro acumulado que tiene el Banco Central en LELIQs y pases pasivos no deja de crecer, pese a que en mayo de este año, por resoluciones del Banco Central, trataron de transformar al menos una parte de esos 4 billones de pesos inmovilizados en bonos de la deuda pública. Para ello autorizaron a que los bancos destinen las Leliq que tienen “encajadas” en el Banco Central para presentarse en las licitaciones de deuda del Ministerio de Economía.

Paralelamente, el Banco Central permite vender dólares al tipo de cambio oficial (al viernes 11 de septiembre, a 103,75 pesos) a las grandes exportadoras cuyas ventas se incrementan año tras años (básicamente las empresas agro-industriales) para que realicen pagos al exterior, cancelar financiamientos y comprar bienes de capital, como efectivamente vienen haciendo. Igual procedimiento con las importaciones: es el caso de Cargill, por ejemplo, que compra soja de Paraguay y Brasil para transformarla en harina o aceite en el país.

No conformes con eso, los ministros Juan Zabaleta y Claudio Moroni proponen transformar los programas asistenciales al empleo en un subsidio a las empresas que contraten trabajadores. La prueba piloto es la demanda de peones golondrinas para las distintas cosechas, en que el empleador paga el salario mínimo vital y móvil pero la mitad de esa remuneración la abona el Estado.

Dada las características de nuestros empresarios, no es de extrañar que propongan salarios por debajo de la línea de pobreza y flexibilidad laboral, desconociendo los derechos adquiridos por la Constitución Nacional y por las vigentes leyes laborales. Sólo están dispuestos a traer capitales que fugaron sin pagar impuestos y que seguramente administran los grandes fondos de cobertura como BlackRock, PIMCO, Fidelity, Gramercy, Franklin Templeton y otros acreedores de la Argentina, si súper explotan la mano de obra local e imponen las condiciones en sus mercados cautivos.

El camino debe ser otro: partir de las necesidades de nuestra población y fortalecer la demanda interna, que es la base principal de la Demanda Agregada. Para ello debe el Estado intervenir planificadamente; distribuir el ingreso de las exportaciones fijando cupos y retenciones (derechos de exportación); perseguir la compra-venta ilegal de divisas; mantener el control cambiario e investigar la fuga de capitales; y hacer cumplir las leyes laborales, de la misma manera que el gobierno impuso el respeto a las minorías sociales y sexuales, la libertad de ideas, de expresión y demás derechos y garantías de nuestra Constitución.

Es el Estado el que debe proponer medidas y objetivos para el bien de todos. De otra manera se conformará una Argentina rica pero más injusta.

[1] Entendemos al Estado como organización civil de la Nación y su empleo como palanca de cambio para apuntalar el crecimiento económico, a la par de mejorar su distribución en la sociedad, lo que además de garantizar la reproducción mejora también el nivel de vida de la población.

[2] Planificación Estratégica Situacional, Carlos Matus Romo, Ed. Altadir.

[3] Son materias primas para la fabricación de gran parte de los bienes consumidos por la población, como electrodomésticos, autos, alimentos, bebidas, entre otros; productos que se ofrecen en comercios minoristas, supermercados, distribuidores mayoristas, corralones de materiales, etc. Por eso mismo se los denomina “insumos difundidos”.

Activar la mano visible

En los finales del segundo mandato de Cristina, la oposición, tergiversando la verdad histórica, planteó que la aceleración inflacionaria fue la responsable directa del acceso del nazismo al poder en Alemania. Intento que apuntaba a identificar los supuestos riesgos para la democracia argentina que se derivaban de un nivel de precios que fluctuaba en las grandes ciudades en torno al 20%. Los hechos demostrarían que en el gobierno de Macri la inflación se duplicó y que las amenazas reales para las instituciones provenían de la denominada “mesa judicial” instalada en Olivos.

Pero retomemos la falacia histórica argumentada en ese entonces, que debe ser rebatida otra vez a los fines de esta columna.

La hiperinflación alemana de 1922/1923 le otorgó carta fundacional al partido nazi. Durante la prosperidad posterior en la década del 20, el mismo languideció como un grupo de ultraderecha de reducido peso electoral, financiado por el empresariado como fuerza de choque contra el comunismo. Sería la crisis del 30, con la explosión del desempleo, la que lanzaría a los nazis a la calle a dirigir sus propuestas de nacionalismo racista y totalitarismo extremo, hacia la masa de trabajadores desocupados y angustiados por la disolución del sistema económico que los incluía.

Existen numerosas evidencias históricas de planes antiinflacionarios exitosos “de shock” o “gradualistas”, pero la reducción del desempleo en forma sostenida involucra reformas en la matriz productiva de una nación que abarca complejidades mucho mayores que el restablecimiento de cierto orden macroeconómico.

La Convertibilidad argentina (sistema de peso convertible a una paridad cambiaria fija $1=u$s1) tuvo éxito para salir de la Hiperinflación de 1989/1990, pero a partir de 1994 la tasa desempleo se situó en dos dígitos en forma creciente y permaneció en ese nivel hasta el año 2006, que retornó a la cifra de un dígito.

Ese ciclo extenso de doce años de desempleo elevado, inédito en la historia económica del país (un período similar ocurrió poscrisis del 30 pero concluyó seis años después, en 1936) provocó una profunda desarticulación de las relaciones socioeconómicas que se plasmó en el gran “crack” del fin de la “Convertibilidad” del 2001, que hundió al sistema político vigente que intentó fundarse en el Pacto de Olivos de 1993, celebrado por los líderes de los primeros veinte años de democracia.

El Presidente Menem alcanzó su reelección en 1995 cuando el desempleo abierto era del 18,5%, basado en su acierto para resolver la hiperinflación y enarbolando como consigna de campaña que “pulverizaría el desempleo como lo había hecho con la inflación”. Sosteniendo el modelo del “peso convertible” era imposible, y la persistencia de la falta de trabajo desembocó en la derrota electoral del peronismo en 1999 y en la crisis del 2001 señalada.

El diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo con precisión que Néstor había asumido la presidencia de la Nación en el 2003 cuando la tasa de desocupación era del 23,1% y en 2015, al dejar la presidencia Cristina, ese guarismo se situaba en el 5,8%. El éxito se había alcanzado construyendo y sosteniendo un modelo productivo de matriz diversificada con inclusión social, alejado de las propuestas de desregulación del mercado laboral y conculcación de los derechos de los trabajadores que plantean desde siempre y hasta ahora los voceros empresariales y su representación política.

A partir de la crisis del 2018, que trajo de nuevo al FMI a la Argentina, el desempleo abierto se aproximó a los dos dígitos, para alcanzar el 11% en el 2020 por el impacto del virus y comenzando el 2021 en torno a ese rango. Tres años seguidos de desocupación elevada, con singular incidencia en el segmento etario de 18 a 29 años, comienzan a erosionar nuevamente el tejido social trabajosamente reconstruido en la primera década y media de este siglo.

La falta de oportunidades de empleo, la consecuente tendencia a la baja del salario que no permite llevar una vida digna sino apenas proyectos de supervivencia, las jornadas laborales extensas y sin protección, son deletéreas para una organización social estable. El desencanto con el sistema económico es la antesala a su rechazo, que comienza a manifestarse de modos disímiles pero visibles.

La recuperación de la actividad en la segunda mitad del año es palpable y potente, la expectativa que se traduzca en la incorporación masiva de trabajadores al sistema productivo permanece vigente.

Hemos comentado en columnas anteriores que el gobierno de la coalición peronista enfrenta el rechazo de las cúpulas empresariales a un proceso fuerte de expansión de la actividad, a pesar de encontrarse con condiciones microeconómicas óptimas para ello. El costo y la disponibilidad de la energía y la mano de obra son factores claves para el emprendimiento productivo, que en la actualidad no presentan restricciones.

Un desempleo elevado sostenido en el tiempo es muy gravoso para la democracia, porque desencanta a los ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de mejorar su vida a través de la acción política participativa. Hecho que, en definitiva, es fundante de toda democracia de masas.

https://www.eldestapeweb.com/opinion/economia/desempleo-y-desencanto-mala-yunta-para-la-democracia-de-masas-202191119042

La propuesta referida a las “finanzas funcionales”, es decir, la utilización de las finanzas públicas y de la política monetaria para conseguir una situación de pleno empleo con estabilidad de precios, fue formulada y desarrollada por el economista Abba Lerner.

Lerner nació en Besaravia, Rusia, en 1903. Cuando era pequeño, sus padres emigraron a Inglaterra, donde luego trabajó como maquinista, sombrerero y profesor de hebreo. Con 26 años ingresó como estudiante en la London School of Economics, que era la escuela de Economía y Ciencia Política de Londres más importante de su época. En 1933 participó en la fundación y coeditó la prestigiosa revista Review of Economic Studies, de clara orientación keynesiana. En 1939 se trasladó a Estados Unidos, donde residió el resto de su vida. En ese país ejerció la docencia en un gran número de universidades, entre ellas, la de Columbia.

Su obra magna fue Economics of Control, publicada en 1944. Allí analizó, argumentó y justificó la utilización por parte de los gobiernos de las finanzas funcionales, que consisten en la administración de los déficits fiscales y de la cantidad de dinero circulante para que aumente el ingreso nacional y su distribución. Lerner lo demostró y corroboró con la pujante economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que impulsaba la industria bélica, pero no desatendía la demanda interna, y donde los salarios constituían alrededor de dos tercios de los ingresos generales. Para eso se necesitaba seguir creando puestos de trabajo y con salarios que le permitiesen al trabajador y su familia vivir, capacitarse, etc. El objetivo era que toda la población económicamente activa debía percibir un ingreso para que consuma en el mercado interno y, de esa manera, garantizar la demanda sostenida de la producción.

Lerner plantea que las decisiones acerca de déficits y cantidad de dinero circulante las debe tomar el Estado con el fin de garantizar el crecimiento económico y el mayor nivel de empleo posible. Que esa debe ser la prioridad y después se debe trazar cómo se financia el déficit fiscal incurrido por tal fin superior. Lo importante era que la economía creciera en forma consistente y sustentable, que genere empleo y que, a su vez, ese crecimiento permitiera cubrir el déficit, porque siempre la recaudación tributaria sobreactúa los ciclos económicos, desciende más si el PIB cae y se acrecienta en forma más que proporcional si el PIB crece.

Lerner dice: “Cada reducción significante del déficit fiscal (y de la deuda contraída para financiarlo) ha sido seguida por una depresión, y cada depresión ha sido precedida por una reducción significante del déficit y de la deuda”.

A nivel macroeconómico, los gastos del gobierno generan un ingreso en el sector privado, y los impuestos reducen ingresos disponibles. Cuando los gastos del gobierno exceden los ingresos por impuestos (déficit presupuestario), hay una adición neta al ingreso disponible a favor del sector privado.

El propósito de la propuesta, entonces, es tratar de mantener el balance de la economía, usando el presupuesto a fin de controlar esas fuerzas que llevan a un sobrecalentamiento o al enfriamiento excesivo de la actividad.

Para Lerner, las finanzas funcionales implican:

1. Que el gobierno mantendrá, en todo momento, un nivel de demanda razonable. Si hay poca demanda –y consecuente alto nivel de desempleo– el gobierno debe reducir los impuestos  o aumentar sus gastos. Si hay demasiada demanda, el gobierno debe prevenir la inflación, reduciendo sus gastos o aumentando impuestos.
2. El gobierno debe mantener una tasa de interés lo más baja posible, porque la tasa de interés es el precio del dinero y beneficia a sus poseedores, pero no a la economía en su conjunto. Por lo tanto, debe financiarse la inversión (incremento del capital físico) con la menor tasa de interés posible para que la tasa de retorno del capital sea mayor que la tasa de interés.
3. Si cualquiera de los dos principios anteriores genera déficit fiscal, se verá en el tiempo cómo reducirlo, pero lo más importante es que se genere trabajo.

¿Y en la Argentina?

Ante el impacto de la pandemia de Covid-19, los gobiernos soberanos del mundo inyectaron dinero hasta cerca del 30% de sus PBI. Estados Unidos, en varias oportunidades, envió cheques a todos sus habitantes directamente desde el Tesoro, sin pasar por los bancos.

¿Qué hicimos nosotros? En medio de la segunda ola no se pagó la cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que constituía una ayuda de 10.000 pesos por beneficiario para quien no tiene o no pudo trabajar, sumando un monto de unos 90.000 millones por vez. Y, en cambio, se le reconoce a los bancos por no prestar (LELIQs –Letras de Liquidez del BCRA– y Pases Pasivos) más de 1,2 billón de pesos de intereses en lo que va de 2021 (13 veces más que cada cuota del IFE).

Sistema financiero argentino

En millones de pesos o de dólares, según corresponda. Créditos al sector privado en pesos más dólares. Fuente: Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA.

Observamos claramente que las variables monetarias que más crecieron fueron las inmovilizaciones remuneradas (LELIQs y Pases Pasivos) –en promedio un 43%– y que las reservas internacionales, la base monetaria, la asistencia del BCRA al Tesoro de la Nación y hasta el total del crédito al sector privado que genera el total del sistema financiero local, lo hicieron en torno al 16%, menos que la inflación acumulada de 2021, que hasta esa fecha fue del 30%

Es más: la otra parte del financiamiento al Tesoro de la Nación por parte del BCRA se hizo a través de las utilidades de la autoridad monetaria (principalmente, por la revalorización en pesos de las tenencias de oro y divisas), que son recursos corrientes, no deuda de la Administración Central, y como tal, las considera el presupuesto. En 2020, el BCRA aportó al erario público 1.607 mil millones de pesos, un 5,9% del PIB (el déficit fiscal de ese año fue del 8,34% del PIB). En cambio, hasta agosto de 2021, el BCRA le giró al Tesoro de la Nación 710.000 millones de pesos ($190.000 millones de pesos en concepto de adelantos transitorios y 520.000 millones de pesos de utilidades). Lo hizo para cubrir los menores ingresos por la caída del nivel de actividad y los mayores gastos por la pandemia de Covid-19, pero es insuficiente para dar respuesta a la envergadura del problema económico y social en que nos encontramos.

Se exigen medidas de fuste, por ejemplo, el Plan Potenciar Trabajo que abarca a 1.004.692 trabajadores[i]. Si se le aumenta a cada uno de ellos a 55.000 pesos por mes (y, de esa manera, cubren la Canasta Básica Total) significa un costo total de 55.260 millones de pesos mensuales. Extrapolando en un año, serían 663.120 millones de pesos (la mitad de la suma que se le reconoce a los bancos por las LELIQs y Pases Pasivos). La gran diferencia es que con esa remuneración y los materiales correspondientes pueden construir, por ejemplo, 260.000 casas por año.

Para poner de pie a la Argentina real se debe:

1. Incrementar fuertemente los encajes o efectivos mínimos no remunerados. De esa manera se inmoviliza dinero y el BCRA no tiene que pagar por ello.
2. Utilizar el stock de LELIQs y gran parte de los Pases Pasivos (suman 4 billones de pesos) no para que estén inmovilizados y paguen interés a sus administradores –porque son depósitos de la población que los grandes bancos usan sin riesgo alguno–, sino para financiar un vasto plan de obra pública que genere empleo y reactive la economía nacional.
3. El BCRA debe apuntalar la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de autoconstrucción, que no requieren insumos importados y son un importante multiplicador de la producción local. Asimismo, debe realizar las imprescindibles inversiones de infraestructura (poner en funcionamiento los astilleros y las cooperativas de empresas metalúrgicas recuperadas para hacer barcos y barcazas, por ejemplo). Y finalmente, debe asistir a los beneficiarios del IFE y a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a los inscriptos en el Plan Potenciar Trabajo, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado.

Se requiere de un Estado presente y que asuma los riesgos que el capital financiero elude. Lo que es peor, como la economía no crece, la rentabilidad financiera se fuga, A su vez, como los intereses de los pasivos financieros del BCRA (LELIQs y Pases Pasivos) no pueden pagarse, se capitalizan, incrementándose la deuda del BCRA en forma exponencial, hasta que estalle. Eso ya ha sucedido tantas otras veces: en 1980, con el cierre de los bancos BIR, Los Andes, Oddone; etc.; en 1982, tras la derrota de Malvinas; en 1989, con la corrida cambiaria y bancaria de Raúl Alfonsín; en 1995 con el efecto tequila; en 2001 y 2002, con el fin de la convertibilidad y el gobierno de Fernando de la Rúa. Durante los 12 años del kirchnerismo no pasó porque se aplicaron los principios de las finanzas funcionales y se impulsó el mercado interno, el trabajo y la producción local. Y sí se reprodujo en abril de 2018 con la fenomenal corrida cambiaria que devaluó nuestra moneda de un dólar de 20 pesos a un dólar de 40 pesos a julio de ese año. No siguió a mayores por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 45.400 millones de dólares, cuyo pago renegocia este gobierno.

La prioridad para el Estado debe ser, mediante el gasto público y la política monetaria, impulsar fuertemente la actividad económica y generar trabajo a como dé lugar y, en segundo lugar, tratar de reducir los déficit que el BCRA propaga con los bancos. Es más, ese déficit cuasi fiscal o del BCRA debe convertirse en financiamiento a la producción y al trabajo.

[i] El Ministerio de Desarrollo Social aplicará un aumento del Plan Potenciar Trabajo, que ascenderá a 14.040 pesos desde agosto de 2021. El monto del Plan Potenciar Trabajo equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En junio de 2021 estaban registradas 1.004.692 personas.

Las finanzas funcionales

El gobierno de Cambiemos volvió a rediseñar el país a un modelo extractivista, agropecuario e industrial, dependiente del capital financiero. Para ello nos endeudó de sobremanera y en plazos perentorios, paralelamente, se oculta quienes se beneficiaron con ese endeudamiento, que, en su mayor parte, se trata de la minoría que se favoreció con idéntico procedimiento de deuda y fuga con la dictadura militar y su legitimación por el gobierno de Raúl Alfonsín y que, volvieron a repetir el procedimiento con la “pesificación” asimétrica del gobierno de Eduardo Duhalde.

La brutal transferencia de ingresos implica el privilegio de una minoría que es incapaz de enfrentar la competencia externa, dado que invierte en la Argentina lo mínimo e indispensable y fuga capitales, que en gran parte administran los mismos fondos que son acreedores del país.

De allí que sube el precio de los títulos de deuda argentina, públicos y privados, y las acciones de las empresas que cotizan en los mercados internacionales, ante la sola versión de que el gobierno de Alberto Fernández acuerda implícita o explícitamente con el FMI y, sobre todo, que ese acuerdo no investigará a quienes compraron los dólares en que se endeudó el gobierno de Macri.

Las cuentas son claras, durante el gobierno de Cambiemos la deuda externa de la Administración Nacional se incrementó en más de 100.000 millones de dólares para pasar a ser de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Unos 24.000 millones de esa moneda se usaron para pagar deuda vieja y 86.200 millones de dólares se fugaron.

El Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”  del BCRA dio lugar al Decreto 239/2021 en que la Procuración del Tesoro de la Nación se constituye en parte querellante en la causa N°3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la CABA y, coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional.

La querella no puede ser solo contra los funcionarios que hicieron posible el endeudamiento y su fuga en la gestión de Cambiemos, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica.  El Informe del Banco Central dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero 24.769 millones de dólares correspondieron a los 100 primeros compradores. Como primera medida, hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuestos a las ganancias por el monto de dólares que compraron, ¿de dónde extrajeron esa suma?, con lo cual se lograría, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.  Y seguir después con el resto de los que compraron dólares en el periodo.

De la deuda externa argentina, 66.137 millones de dólares estaban en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera en poder de los fondos de cobertura y otros bonistas, el 93,5% de los acreedores que poseen el 99% de esos títulos aceptaron, el 31 de agosto de 2020, canjearlos por nuevos, que son diez títulos de deuda, cinco en dólares y cinco en euros, con vencimientos que van desde 2030 hasta 2046, sobre los cuales se pagará el interés del 3,07% anual y recién comienza a amortizar capital a partir de julio de 2024.  Pero en ese caso lo que se hizo es renovar la deuda y ello no inhibe su investigación que debe hacerse para recuperar parte del capital (con las sanciones y multas correspondientes a los que no puedan demostrar de dónde sacaron los recursos, que no declararon, para comprar esos dólares) y amortizar la deuda desde julio de 2024. Es más, la sociedad de hecho entre los fondos de cobertura (BlackRock; PIMCO; Franklin Templeton, Fidelity, Gramercy, entre otros) con los grandes empresarios fugadores de capital, debe ser analizada por la justicia argentina detenidamente para saber si el proceder fue legal.

Pero con el FMI es distinto porque el FMI tiene como función proporcionar asistencia financiera a los países miembros para solucionar problemas de Balanza de Pagos y, en cambio, la deuda con el FMI que no fue autorizada por el Congreso de la Nación, viola el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI  que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y, no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí, tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.  (El artículo 6to. Inciso a) de ese Convenio dice que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Pero y no lo hizo).

Hay un claro incumplimiento del FMI y debe ser corresponsable de la fuga, por ende, debe exigirse que el FMI brinde todo su apoyo a las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.  De no hacerse así, en un plazo prudencial, por incumplimiento de una de sus partes (el FMI), la Argentina quedaría librada de esa obligación hasta que esa investigación finalice.

El problema no es lograr que se reduzca la tasa de interés que nos cobra el FMI del 4,05% a 2,05% anual y que, en el programa de facilidades extendidas a 10 –diez— años nos den cuatro o cinco años de gracia para pagar el capital. El problema reside en que pretendan que el pueblo argentino que no vio un dólar de la deuda pague ese compromiso desde el 2024 en adelante.

Argentina, Grecia, Portugal

Néstor Kirchner asumió la Presidencia el 25 de mayo de 2003, con la convicción de que la deuda fue engendrada a espaldas del pueblo argentino y que debía reducirse fuertemente y extenderse los plazos (los canjes realizados en 2005 y 2010 implicaron una quita promedio del 65% del capital adeudado y la prolongación de los plazos hasta 2028), solamente basado en un frente inorgánico que había expulsado al gobierno de De la Rúa y a los que le sucedieron.

La política de desendeudamiento argentino con esos dos canjes, logró que los servicios de la deuda externan rondaran el 1% del PIB anual, y al pagar todas las obligaciones con el FMI en enero 2006, pudo hacer un plan independiente sin ningún tipo de condicionante que permitió que la Argentina creciera a tasas chinas hasta 2011.

Eso fue con Kirchner, hoy el FMI considera que para afrontar la nueva deuda, la Argentina debe tener como prioridad la consolidación a corto plazo de la fiscalidad y la baja en el gasto, propuesta igual a los 22 acuerdos realizados desde el año 1956 cuando el país se adhirió a ese organismo.  O sea que, en lugar de que pague la deuda los que la fugaron, hacen un “manto de olvido” y que la pague el pueblo argentino.

Propuesta igual tuvieron que cumplir Grecia y Portugal.

La crisis de securitización de los bancos en 2008 repercutió negativamente en el nivel de actividad mundial En 2009, el capitalismo mundial exhibió una tasa negativa de crecimiento por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En la Unión Europea (UE) el derrumbe fue cercano al 5% del PIB y afectó principalmente a los países del sur de Europa a los que despectivamente llamaron PIGS (cerdos): Portugal, Italia, Grecia y España, por su acrónimo en inglés

Bajo el comando de la Troika compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI se buscó salvar el euro y rescatar de la quiebra a los bancos, principalmente a los alemanes y franceses. En contraste, el pueblo perdía sus casas por no poder pagar las hipotecas.

En Grecia, la aceptación de los términos impuestos por Alemania sobre todo, rector de la Unión Europea, para que sus banqueros y empresarios cobren en euros y el 100% de sus acreencias, provocó una fuerte reducción del gasto público, de los salarios, jubilaciones y pensiones y con ello del consumo y nivel de vida de la población, desdibujando el frente político conducido por Syriza y su gobierno.

El ajuste del gasto público y de los salarios en Portugal se hizo durante 5 –cinco- años completos (mediados de 2009 a mediados 2014). Entre las principales medidas del ajuste se destaca la baja de los salarios de los empleados públicos en un 25%, la congelación de los salarios docentes, el recorte de los salarios de todos los trabajadores privados el 13% durante varios años por la suspensión del pago de aguinaldos; la congelacion del salario mínimo; una reforma laboral que redujo las indemnizaciones, los pagos por horas extra, el tiempo de subsidio de desempleo, facilitó los despidos y limitó la negociación colectiva. La edad jubilatoria se elevó a 65 años para hombres y mujeres; el regresivo Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió de 21% a 23%; privatizaron lo que pudieron. El ajuste hundió todavía más a la economía y destruyó el empleo (la desocupación llegó a ser el 18% en el 2009). El número de trabajadores portugueses que ganaba el salario mínimo nacional, que en 2005 era del 5% de los asalariados, en 2014 llegaba al 12,9 %.

En nuestro país, tras firmar el segundo acuerdo con el FMI, el 29 de junio de 1959, el Ministro de Economía de Frondizi, Álvaro Alsogaray, sostenía: «Lamentablemente, nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: “Hay que pasar el invierno.”

Lo que no dijo fue que el invierno no fue para todos, hay, sigue habiendo, una minoría rentista que vive en una eterna primavera.

LA ECONOMIA EN SU LABERINTO

No hay aún documentos oficiales de los posibles trazos del acuerdo con el FMI para afrontar la deuda de u$s 45.000 millones que legó el macrismo en el lapso 2018/2019. El plazo para cerrar el convenio tiene una fecha límite en marzo de 2022, cuando opera el primer vencimiento fuerte en torno a los u$s 3.600 millones conforme al cronograma original pactado por el gobierno “amarillo”.

Algunas certezas se conocen. El crédito reprogramado ingresará dentro de la línea de Facilidades Ampliadas a plazo de 10 años, probablemente con una reducción del servicio de intereses respecto del préstamo vigente. Este tipo de reestructuración suele incluir condicionalidades que superan el mero cumplimiento de metas fiscales y monetarias, incorporando reformas de fondo de distintos aspectos del funcionamiento estatal de la actividad en torno al sistema previsional, la legislación laboral y el esquema tributario.

Los países que recibieron asistencia dentro del programa de Facilidades Ampliadas en fechas recientes por un monto superior a los u$s 25.000 millones son tres de las economías menos desarrolladas de la Unión Europea: Portugal (u$s 38.000 millones), Grecia (u$s 36.400 millones) e Irlanda (u$s 29.700 millones). En todos los casos y con resultados disímiles se aplicaron recetas de reformas estructurales.

Argentina afronta el desafío en el tope del ranking de magnitud del crédito con los ya mencionados u$s 45.000 millones contraídos por el expresidente Mauricio Macri y traspasados como presente “griego” (demasiado precisa la metáfora) al Gobierno del Frente de Todos.

La contracción de la economía en el lustro nefasto de macrismo + pandemia (2015-2020) se aproximó al -14% del PIB. Las proyecciones de crecimiento para el 2021 auguran una cifra del 7%, reduciendo la caída a la mitad. Completar el proceso de recuperación total dentro del actual esquema macroeconómico demandará al menos un bienio más. Recién al final del actual mandato del Gobierno del Frente de Todos, y sin mediar alteraciones graves, la economía habrá vuelto al tamaño que tenía en el 2015, momento en que asumió el Gobierno Juntos por el Cambio.

Las restricciones impuestas en las metas fiscales y monetarias por el acuerdo con el FMI pueden complicar los estímulos a la demanda interna: por ende, la reconstitución de los niveles de actividad previos al macrismo más pandemia se demorarán.

Pero la pregunta más relevante a formularse, contenida en el título, es si el acuerdo con el FMI cierra las cuentas del sector externo y hace descender el nivel de riesgo país favoreciendo el ingreso de capitales con permanencia en el mediano plazo.

El orden externo, derivado de una ampliación de la oferta privada de divisas, permite laxitud monetaria y fiscal. A la inversa, una fuerte rigidez monetaria y fiscal no garantiza la estabilidad de la balanza de pagos, salvo por un descenso de la actividad hasta rangos intolerables políticamente.

https://www.eldestapeweb.com/economia/fmi/acuerdo-con-fmi-aumentara-la-oferta-de-dolares–202182819012