Al reseñar las esperanzas de recuperación socioeconómica para el 2021, formulamos desde esta columna la existencia de cuatro acechanzas que conspiran contra dicha recuperación. La primera de ellas es la batalla que se libra en el verano por implementar el plan de vacunación masiva, piedra angular de la libre circulación de bienes y personas que permita consolidar la curva de expansión de actividad esbozada en el tramo final del año pasado. La segunda acechanza es que la inestabilidad del sector externo amenace con volatilidad cambiaria a la recuperación. La tercera acechanza es la presión inflacionaria de los monopolios formadores de precios que lesionen los ingresos populares, complicando la demanda. Y la cuarta acechanza es un acuerdo con el FMI que derive en un Plan de Austeridad clásico.

Abordaremos la tercera acechanza que implica el jaque inflacionario en el mercado interno. La inflación minorista del 2020 acumuló 36,1% situándose 18,8 puntos por debajo del año 2019, que fue de 53,8%. Esta medición puede ser alentadora si se soslaya que la caída prevista en el nivel de actividad del año en que explotó el virus se aproxima al -10%. Consecuentemente, una recuperación sostenida puede derivar en mayor suba precios.

Cuando el promedio general del índice se desagrega, se advierte que la escalada de precios en alimentos y bebidas alcanzó el 38,4% a lo largo del año, con fuerte incidencia en ese rubro del comportamiento de la carne vacuna, que llegó a un promedio de 56,9%, con subas que oscilaron el 65% en algunos cortes.

El ministro Guzmán abordó este tema con precisión al exponer ante empresarios en Entre Ríos, cuando señaló al referirse al mercado de carne vacuna que «vamos a ver en los datos de INDEC que el principal aumento está allí. Lo que el Estado busca aquí es gestionar para que el sector pueda, a nivel internacional, vender a precio internacional, pero que haya abastecimiento asegurado en el mercado interno a precios que no reflejen la inflación internacional, de modo que el efecto del shock sea progresivo, que toda la sociedad se beneficie de ese shock». Para rematar que «lo estamos haciendo sobre la base del diálogo, no sobre la confrontación. Pero tengamos claro que esto es una tarea colectiva. El entendimiento tiene que beneficiar a todos. Que no haya un sector que gana y el resto pierde».

La combinación tasa de interés internacional muy baja, derivada de la expansión de la liquidez en los EE.UU., con los fuertes estímulos al consumo en China, conforma un escenario de suba de los precios de los alimentos similar al que rigió en el lapso 2008-2013 como respuesta al crack financiero global.

Este contexto favorable para la estabilidad del sector externo argentino debe combinarse con la recuperación del mercado interno, desvinculando los precios locales de los consumos alimentarios respecto de sus valores internacionales. Tal como lo marca el ministro de Economía y como se ha reclamado desde varios grupos de economistas afines a la coalición peronista entre los que se incluye este columnista.

Recientemente asistimos a la “guerra del maíz”, librada para asegurar el abastecimiento de alimento balanceado para la producción de pollos, cerdos y lechería, limitando las ventas al exterior del maíz, cuyo precio en el mercado internacional trepó un 35% en escasos meses hasta los u$190 la tonelada.

El conflicto se saldó en el marco de una negociación entre el Gobierno y el flamante Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), asumiendo un acuerdo a futuro para garantizar el abastecimiento del insumo para las producciones agroindustriales nacionales y trabajar con la idea de “saldos exportables” de la cosecha remanentes después de la remisión del grano a los demandantes locales.

Es la segunda vez que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) emerge intentando un consenso con el Gobierno para administrar los impactos internos del escenario mundial descripto, que desemboca en la suba generalizada de los precios internacionales de los alimentos.

Estos intentos de convergencia, que tienden a evitar medidas regulatorias directas como la suba de los derechos de exportación o la intervención estatal directa en el proceso de comercialización, todavía no han evidenciado resultados concretos palpables, pero reflejan el sendero que, por ahora, el Gobierno ha decidido recorrer.

Es real que el paro agropecuario decidido por la acérrima opositora Mesa de Enlace se ha diluido y el CAA dialoguista ha prevalecido, bosquejando la idea de estructurar a largo plazo un modelo agroindustrial exportador con nuevos agentes económicos en el sector agropecuario que se inserte resueltamente en el mercado chino y otros países emergentes de Asia como los situados en Indochina e Indonesia.

Avanza en definitiva una idea planteada hacia fines de la década del treinta por Federico Pinedo (abuelo) de industrializar parte de la renta agropecuaria y definir una inserción internacional diferente a la existente hasta ese momento dentro del Imperio Británico en decadencia. El 17 octubre de 1945 liquidó ese proyecto y se avanzó en un proceso de industrialización masivo e inclusivo, financiado por la renta agropecuaria abultada en el contexto de posguerra.

Este “revival” obliga a las mismas preguntas de entonces: ¿cuál es la participación del pueblo argentino en las riquezas extraordinarias derivadas de los recursos naturales del país que todos y todas con nuestro esfuerzo contribuimos a defender?

El acceso masivo a la energía y los alimentos es clave para sostener a los ingresos populares y expandir el mercado interno. La coexistencia de un modelo agroindustrial exportador con un consumo interno robusto es viable si los acuerdos alcanzados explicitan claramente los conceptos de “saldos exportables” e “industrialización de la renta primaria agropecuaria”, promoviendo un proceso de consumo, inversión y exportaciones armónico.

Argentina ingresa en este proceso de debate de proyectos en un mundo en crisis y cambio, gobernada por una coalición peronista heterogénea. Una salida estable depende de una comprensión acabada de estos escenarios por parte de nuestros dirigentes.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/conflictos-acuerdos-regulaciones-y-nuevos-actores-con-viejos-proyectos-2021115214723

Los sucesos últimos en el Congreso de EE.UU demuestran que un sector de partidarios del presidente Donald Trump, perdedor en las elecciones, intentó interrumpir el acto de certificación de los representantes designados y de esa forma deslegitimar el acto democrático y poner en duda la elección y buscar una negociación para otra elección o para condicionar las medidas de los cíen primeros días del nuevo presidente.

Para eso Trump usó una “patota” en términos latinos o “mob” o “hooligans” en términos de EE.UU o Europa.

Esta forma de expresión política era anunciada por los miembros más fanatizados de la derecha del partido republicano, sin embargo asombró al mundo y es un llamado de atención en relación a la continuidad de las normas y códigos del sistema capitalista en la crisis de madurez que vive.

Ciertos rasgos de lineamientos de políticas se van a provocar en lo inmediato.

En los aspectos sociales: UN COMPROMISO con vacunar a la mayor cantidad de personas en el centro del sistema:

*Un subsidio a sostener con ayuda social a los sectores carenciados, sumidos en la pobreza, y sin ocupación en EE.UU, Europa y países emergentes.

*Medidas como las ayudas de 2000 u$s de propuesta electoral de Biden en remplazo de los 600 u$s de Trump.

*Tasas de interés cercanas a 0 % para créditos a pequeñas y medianas empresas.

*Búsqueda de reducir la desocupación en los jóvenes y los gastos para financiamiento de la educación privada facilitando becas y créditos para estudios superiores.

La llamada expansión monetaria, sin contraparte real (quantitative easing), que tiene efectos diversos si se ejerce en la idiosincrasia del consumo de EEUU,  puede impactar en consumo inmediato y gastos familiares pero con inflación limitada y rápida absorción en el déficit.  Un comportamiento similar en sociedades intermedias como Brasil o Argentina  exige una reacción mayor en la licuación en precios o reacción inflacionaria.

Sin embargo, retornando a la brecha que produce esta actitud disruptiva de Trump, obliga a las fuerzas democráticas a considerar cómo producir una resiliencia en las formas de expresión política.

La muta tribal sale a tratar de destruir al rival para la caza y para la reproducción. La vandalizacion es su tarea y busca insertarse en la masa con consignas y órdenes que se generalizan y se reiteran sin discusión. Hoy, a través de formas de viralización y comunicación virtual.

La masa se somete y acepta esta penetración política, ya que en la crisis va perdiendo voluntad de asumir respuestas conscientes y racionales, y se deja empujar por un conjunto extremista y circunstancial, cuyo compromiso se expresa en un momento de ocultamiento sobre la diferencia social entre el bien y el mal.

No es válido el paralelismo con la marcha sobre Roma del fascismo italiano o la “Noche de los cristales” del comienzo nazi en la República de Weimar.

Estos fueron sucesos que  provocaron la cristalización de frustraciones sociales más objetivas, de las que se dieron en la campaña política y los antecedentes del periodo 2020.

Esto es una agresión en el siglo XXI y en el centro del sistema con un líder que puede desatar una guerra nuclear y sumar a formas de extrema derecha en todo el mundo.

Tenemos que analizar mecanismos internacionales de remisión de los daños que causa esta actitud política, en nuestro propio sistema democrático.

Así como el tema de derechos humanos tuvo un tratamiento particular después de las masacres de los 60 del siglo XX. Ahora se necesita cauterizar esta brecha en la forma de expresión de la política en la democracia posterior a Trump y a los supremacistas blancos de EE.UU y Europa.

Resulta necesario un retorno a la consciencia social con racionalidad para afrontar respuestas sanas en relación a la pandemia, al cambio productivo y al acceso a nuevos procesos de industrialización, al reconocimiento del cambio climático y de tecnologías limpias en el futuro inmediato.

Para que esto se pueda desarrollar, un paso en paz en el gobierno de los EE.UU es una necesidad, los matices que se pueden producir en esta crisis política de la madurez del capitalismo, son más trascendentes que los que se perciben desde una mirada de la periferia.

En la economía es evidente una recuperación del capital en la bolsa de Wall Street y en la especulación en acciones industriales y de servicios, donde todo este año se produjo la erosión de la depresión del coronavirus y la brecha política. Al igual que el deterioro del dólar  frente a los otros valores que dan mayor certidumbre de ser reserva de valor.

Las acciones en servicios y dinero electrónico, se disparan al alza, al mismo tiempo que ciertas commodities y recursos que acompañan el riesgo del mercado en su falta de tiempo histórico para salir de la crisis mundial.

En los países emergentes los productos primarios se ven favorecidos en una especulación de corto plazo, la demanda de China, la India, y otros países asiáticos, de Lejano y Medio Oriente, facilitan precios con amplio margen de ganancia, si tiene buena gestión el comercio internacional.

La crisis financiera va a impulsar una canasta de monedas de respaldo más diversa. El Oro, el Euro, el Yen, el Franco Suizo y la Libra Esterlina, vuelven a competir con el U$S. Pero aparece la moneda virtual, el Bitcoin, como refugio especulativo, orientando masas de alto riesgo para ocultar los movimientos de liquidez.

Los productos minerales raros, como el litio, el molibdeno, el cobre, o los alimentos escasos, trigo, maíz, soja y derivados, carnes, también entran en un rush especulativo de alto impacto en tiempos de inestabilidad política en el proceso político de EEUU y de la derecha en el mundo.

En este contexto una cohesión política en Argentina con conducción de un Mercosur ampliado puede facilitar “obras” y políticas de orientación de América Latina si se sabe participar en la idiosincrasia política de EEUU, de Europa. Pero también del Caribe y México, y de los Brics y el nuevo acuerdo del Asia-Pacífico y Oceanía.

El cambio en el gobierno de EEUU genera una posibilidad para una mejora en la inversión productiva, se podría pensar en un capital más industrial y con más interés en evitar la pobreza extrema y las masas de desocupados.

No implica modificar los límites de la sociedad americana, resabios de su historia, como la discriminación con la población afro-americana o la de origen latino. La mejora de esas relaciones puede tener impacto en América Latina y el Caribe:

*Buscando contener la presión migratoria al sur de México.

*Permitiendo las remesas entre países y los intercambios migratorios para trabajos de baja calificación o manuales.

*Mayor turismo y la integración de los paraísos fiscales al sistema “off shore” de liquidez bancaria bajo cierto control y regulación de la Reserva Federal de EEUU.

El otro elemento de política económica de interés, es el retorno a la validación accionaria en la bolsa, lo que retoma en estos próximos días como señal para los inversores y como respaldo de corto plazo a los bonos del Tesoro a 5 y 10 años que vuelven a servir como reserva de valor, similar a la propiedad de un activo real.

En nuestro ámbito de acción económica, es válido seguir operando la negociación de la deuda con el FMI en los términos de una búsqueda de plazos convenientes de pagos en u$s y manteniendo la ficción interna de múltiples tipos de cambio, y un bi-monetarismo que absorbe los pesos lentamente , buscando la obtención de excedentes genuinos. Excedentes provenientes del comercio internacional y del incremento de inversión directa en minerales raros y bienes alimenticios para el crecimiento en la salida de la pandemia, acompañando el crecimiento de los países asiáticos, en primer lugar China y de Brasil.

Por el momento la no definición sobre los tratados internacionales como Mercosur- UE o bilateral con el Banco de Comercio e Inversión de China, para el uso del reminbi /yuan como moneda internacional están sin resolver y desplazadas las prioridades por la vacunación y la respuesta al coronavirus.

Las opciones de desarrollo económico exigen definiciones que se postergan en función de consolidar una postura internacional de mayo solidez conceptual, entre periferia y país intermedio y evolución política en EEUU y la creencia en el derrumbe o catástrofe del capitalismo.

La falta de opciones y propuestas creativas respecto a nuestra moneda oscurece el análisis de la crisis productiva interna, de la gestión de la inflación y de los requerimientos de los organismos multilaterales de crédito.

La resolución del conflicto en la elección de EEUU puede darnos señales más orientadoras para nuestra política internacional y para nuestras definiciones de política local y regional.

La sociedad requiere del intercambio y no hay intercambio sin mercado. Pero el mercado no puede definir unilateralmente a la sociedad, porque el protagonista del mercado es el capital, una propiedad restringida a una parte mínima de la sociedad. En cambio, la sociedad es el conjunto social indiferenciado que requiere la acción ordenadora del Estado.

El mercado es necesario para el desarrollo del capital, pero el Estado debe regularlo, para ordenar los intereses contrapuestos entre el mercado y la sociedad y alcanzar un equilibrio que posibilite su desarrollo. De modo que la regulación del Estado tiene que equilibrar la ganancia con el crecimiento, porque es el crecimiento lo que sostiene el desarrollo social y la ganancia.

Una organización económica empieza en la producción y culmina con una moneda. Así, un mercado nacional supone una producción nacional  y una moneda nacional. Cuando un país se vuelve bimonetario, como la Argentina, y se fragmenta el uso de su moneda, ésta deja de serlo y una parte de sus funciones pasa a ser ejercida por una moneda extranjera. Y como a toda moneda que no surja de la producción propia hay que comprarla, la compra de moneda extranjera no solo queda restringida a la minoría que puede comprarla, sino que empobrece cada vez más al resto de la sociedad que no puede adquirirla. De ahí que la ganancia no puede estar asociada cada vez en mayor medida con la compra de moneda extranjera o con la realización de los precios internos en los valores de esa moneda.

Por eso, la regulación del Estado cuando hay bimonetarismo debe orientarse a desbaratarlo lo más rápido posible, porque de lo contrario, si persiste la tendencia al bimonetarismo, como sucedió con la mayoría de los planes económicos que se sucedieron en el país a partir de la segunda mitad de los años setenta, el resultado no puede ser otro que el retroceso productivo, la devaluación persistente y el empobrecimiento generalizado. La clave de este fracaso es que, de una u otra manera, esos planes intentaron alcanzar la convertibilidad con la moneda extranjera o –menos explícitamente- el extremo de la dolarización, a través de ajustes centrados en medidas monetarias y endeudamiento, y no mediante la insistencia en el desarrollo productivo y su combinación dosificada con los ajustes, que es –en última instancia- el difícil objetivo del ministro Guzmán.

Su política económica hay que entenderla en esa perspectiva. La actividad económica requiere la obtención de ganancia, Los empresarios y sus consultores van a pujar por acrecentarla, pero si la ganancia requiere la dolarización, la regulación que lleve a cabo la política económica tendrá que desarmarla de a poco en continuas batallas en que se irá de un extremo a otro en forma permanente, aunque achicando esas diferencias.

Por un lado, el mercado y sus consultoras y analistas siguen insistiendo en que las iniciativas oficiales solo se traducirán en un cambio drástico de perspectivas si se consolidan las subas en las tasas de interés, se amplía la oferta de divisas con un plan consistente fiscal y monetario que ignora de manera persistente las exigencias para mejorar la producción. Para ellos hay que persistir en el continuo reacomodamiento de la cotización del dólar, que no obstaculice la intensa especulación cambiaria, lo que implica una aceleración de las devaluaciones, que desde su mismo punto de vista es inexplicable porque la suba del dólar se transfiere a los precios, pese a que completan sus exigencias con que aparentemente buscan menos inflación. Para el mercado, los problemas estructurales de la economía y la estabilidad macroeconómica se resuelven solo por su intermedio, con la continuidad de las políticas públicas en el tiempo, o sea, continuando con los programas de ajuste que son los que han venido agravando el problema en la mayor parte de los últimos 35 años e insisten en que, de no ser así, se profundizarán tanto la depreciación como la volatilidad cambiarias, que ha sido el resultado de esas políticas.

Para la conducción económica, sólo a través de resolver los problemas estructurales (producción, productividad, costo de producción, competencia e inversión productiva) se puede enfrentar el déficit fiscal y la emisión, y con ese propósito la intervención oficial debe regular el mercado. De lo contrario, la persistencia en la compra de dólares y la inestabilidad cambiaria profundizarán los desequilibrios previamente existentes, como lo probó la gestión Cambiemos y la reconocida equivocación del FMI al redoblar el impacto de la deuda.

Es así que el eje del acuerdo no es conciliar el intento actual con las políticas del pasado sino en ver la manera de superar las contradicciones productivas, en primer lugar la planteada entre la producción primaria y la industrial y en consolidar la moneda nacional fortaleciendo un mercado financiero local para acrecentar el crédito a la producción antes que solventar la ganancia en la compra de divisas y la especulación cambiaria. El optimismo del presente no está en las declaraciones de Guzmán, sino en que aparecen sectores del agro que quieren coexistir con una política industrial, que hay grandes industriales que entienden que el futuro abre la posibilidad de un fuerte desarrollo de la industria y que la regulación del ministro no se sostiene solo en cumplir con sus objetivos sino que los va adaptando a la negociación en la que aparecen tanto la debilidad de la plataforma desde que lo intenta hasta los aspectos más inconsistentes de las propuestas de sus adversarios y el paulatino pero evidente cambio de escenario.

La interrupción de la sesión legislativa que consagraría institucionalmente a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos fue violentamente interrumpida por el asalto al Capitolio perpetrado por una fuerza de choque de ultraderechistas que cuestionaban la legalidad de la elección en la que triunfó el candidato demócrata, en línea con el discurso sostenido por el derrotado Donald Trump. 

El saldo del “putsch” fue sangriento, con cuatro muertos y una veintena de heridos, y sus resultados fueron estériles, porque apenas pudieron demorar unas horas la confirmación parlamentaria de lo acaecido en las urnas. Biden asumirá como presidente en los próximos días.

Sin embargo, el mundo se inundó de imágenes apocalípticas y hasta bizarras de individuos exhibiendo su profundo desprecio por las instituciones de la Nación representadas en el Capitolio, emblema de la República construida por los Estados Unidos.

Grupos de choque reducidos pero resueltos hasta el extremo de arriesgar su vida para producir un hecho simbólico -antes que concreto- en términos de resultados. Grupos portadores de una ideología reaccionaria en cuanto al respeto a los derechos individuales y la diversidad que emana de su ejercicio, pero también integristas de la Nación en tanto se ordene sobre un nuevo sistema de jerarquías sociales e inclusive raciales, distinto al surgido del mundo global y el libre mercado que han frenado y concentrado la economía en la última década.

Inmediatamente, ríos de tinta y saliva corrieron tratando de dilucidar si se trataba de una “minoría intensa” alocada por el giro extremo del discurso de Trump y otros dirigentes, o, por el contrario, era la “punta del iceberg” de una legión de perdedores en una sociedad opulenta, que se restringe cada vez más a una élite de consumidores globales.

Élite comandada por los políticos y burócratas de Washington, los “chief financial officer” de Wall Street, los “lawyers” de Boston y los desarrolladores científicos y académicos, en su mayoría “liberals”, de la Costa Oeste.

No vamos a dilucidar ese interrogante, tal vez porque sus términos se articulan entre sí como causa-efecto y no como opuestos.

Durante los años dorados de la globalización, 1989-2008, el PIB estadounidense creció a un promedio anual en torno al 5% (BEA), para descender a la mitad en la década siguiente, el 2,5% promedio anual en el lapso 2008-2018 (BEA). La catástrofe en la actividad provocada por la pandemia pronostica otra década sin horizonte, sobre todo porque las políticas de recuperación son similares a las aplicadas en la crisis anterior.

Trump construyó su liderazgo político atacando los intentos de reconstrucción del modelo global ensayados después del “crack” del 2008. Para ello se dedicó a atacar todos los acuerdos e instituciones del mundo pos-guerra fría. Veamos:

Reformuló el Tratado de Integración de América del Norte (NAFTA) vigente desde 1994 y uno de los pilares de la época, reemplazándolo por el T-MEC, en una clave más proteccionista

Apoyó al Reino Unido en su salida de la Unión Europea golpeando resueltamente al Tratado de Maastricht, otro de los basamentos globales sentado en 1993.

Desencadenó una guerra comercial contra China, alterando el funcionamiento del comercio internacional que rigió desde el inicio del siglo, por el cual los Estados Unidos constituían el principal mercado de la potencia asiática a cambio de que ésta financiara indefinidamente y sin condicionantes su consumo. Esquema de aristas expansivas hacia el resto del planeta. La bonanza suramericana de la primer década y media del siglo XXI se insertó, en parte, en ese diseño.

Cuestionó severamente el multilateralismo comercial implementado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Nacionalismo económico, políticas agresivas contra China y Alemania -segunda y tercera economías del mundo- y a la vez retroceso militar hacia posiciones continentales aceptando el despliegue de Rusia en Europa Oriental y Medio Oriente, dan cuenta de que Trump concibe a los Estados Unidos como una potencia en crisis que necesita reformularse desde su interior.

Los síntomas de esa crisis estallaron de lleno en 2020, cuando la pandemia hizo colapsar el sistema sanitario, sinceró la precariedad del sistema laboral con un desempleo masivo y emergieron brutales conflictos raciales en todo el país.

Hechos que liquidaron su posibilidad de reelección, pero cohesionaron un movimiento amplio que adhirió a los postulados desplegados en su presidencia contra el mundo global pos-2008, al que identifican como causante de la decadencia estadounidense. “Make America Great Again” es la síntesis confusa que llevó a los grupos de choque ultraderechista a asaltar el Capitolio.

La resolución de la crisis socioeconómica provocada por la propagación del virus promete reproducir lo ocurrido durante el “crack” financiero del 2008, pero amplificado.

Hace algo más de una década atrás, frente a la explosión de la burbuja de los créditos hipotecarios, la política monetaria fue dominante para enfrentar el hundimiento de la economía. La Reserva Federal se dedicó a emitir dólares para comprar los activos financieros depreciados en poder de los financistas y habilitar un escenario de liquidez y tasas de interés reales negativas respecto de la inflación, que lentamente licuaron las deudas y sostuvieron el valor de las empresas norteamericanas en el mundo.

Los programas Quantitative Easy (facilidades cuantitativas) 1, 2 y 3 destinaron u$s 3,5 billones a salvar la cotización de las acciones y títulos-valores, pero no reactivaron la demanda efectiva en forma directa sino por “derrame de oferta”, es decir: si les va bien a las empresas ese beneficio paulatinamente se “derrama” en el resto de la sociedad.

Se habilitó una nueva burbuja especulativa a partir de la liquidez abundante y barata, donde los activos financieros aumentaron de precio, pero la producción y el consumo lo hicieron en forma menos que proporcional, alimentando el malestar generalizado que desembocó en la presidencia de Donald Trump.

En la crisis desatada por el COVID-19, nuevamente la Reserva Federal actuó para preservar el valor de las empresas estadounidenses, en particular las tecnológicas de menor agregado de valor en la oferta de bienes. Se implementó el Quantitative Easy 4 y la Base Monetaria aumentó a lo largo de 2020 u$s 1,7 billones, volcándose en un año la mitad de lo vertido a lo largo de cinco años durante los programas anteriores.

Los índices bursátiles treparon en un promedio del 20%, mientras 39 millones de ciudadanos solicitaban el seguro de desempleo y la actividad proyecta una caída de -1,9%. Wall Street y la economía real transitan por senderos distintos.

El capitalismo anda de burbuja financiera en burbuja financiera sostenido por la emisión de dólares como única fuente de acumulación de capital. Pareciera que la resolución de la crisis pandémica será igual. Después de todo, Joe Biden fue el vicepresidente de Obama.

Lo curioso es que el planteo antiglobalización no propugna el socialismo, sino que abomina de cualquier planteo igualitario, para restaurar un capitalismo producción y consumo con un orden jerárquico de explotadores y explotados. Es un final abierto.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-mundial/el-capitalismo-de-burbuja-y-sus-consecuencias-politicas-2021182186

En la Argentina afectada por las políticas recesivas y el covid-19, en el segundo trimestre de 2020 se perdieron 3.757.000 puestos laborales, de los cuales 289.000 correspondieron a asalariados registrados, 1.695.000 a asalariados informales y 1.774.000 a trabajadores por cuenta propia. El personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos, la construcción casi 400.000 y hoteles y restaurantes 304.000 empleos.

Este desplome no se recuperó mayormente en la segunda parte del año. Sí lo hizo en algunos sectores, pero empeoró en otros, dado que el Producto Bruto Interno descendió en 2020 con respecto a 2019 en torno a un 10%, siendo la mayor caída del PIB que se tenga registro. Para peor, 2019 fue un año recesivo.

Con una población de algo más de 45 millones de habitantes, la tasa de actividad se estima en un 47%, esto quiere decir que más de 22 millones de personas están en condiciones de trabajar. Sin embargo, siempre al segundo trimestre de 2020, solo se registran 11.762.000 ocupadas, de las cuales 9.475.600 personas son asalariadas, incluyendo al sector privado (en junio de 2020, se contabilizan 5.781.000 personas asalariadas en el sector privado), sector público y el trabajo en casas particulares y, 2.287.000 tienen trabajos independientes (monotributistas y autónomos), por eso el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)  alcanzo a unos 8.970.000 beneficiados.

Por lo tanto, se producen serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de acumulación del capital, que es la causa central de desempleo en los países atrasados. En estos casos, la receta de bajar salarios no es la solución porque como en la amplia mayoría de los países no industrial. E,  el camino es invertir en máquinas y equipos de última tecnología para generar puestos de trabajo y aumentar la producción y la productividad del trabajo.

En la Argentina de comienzos de 2021, el salario promedio de bolsillo (neto) de los trabajadores industriales, es menor a 700 dólares por mes, a razón de 3,5 dólares la hora. No solamente es uno de los más bajos de nuestra historia, sino que incluso, como pedía Paolo Rocca en 2015, es menor al que se paga por igual trabajo en Brasil y, sin embargo y obviamente, no podemos competir con Brasil en la mayoría de la producción manufacturera.  Y por supuesto menos que menos con los países desarrollados cuyo salario promedio ronda los 2.200 dólares mensuales, pero son mucho más productivos por las maquinas, equipos y tecnología que poseen, a lo que se le suma una infraestructura en rutas, trenes, puentes, represas, etc. etc. moderna y de gran magnitud.

Las cadenas globales de valor son administradas por las empresas transnacionales[1] y representan en torno al 80% del intercambio mundial. Menos del 30% de las exportaciones de la Argentina ingresan en esas cadenas como mero proveedor de alimentos o de metales, donde el 60,9 % de las exportaciones argentinas se dividen tan solo en cinco productos primarios con bajo valor agregado.

Esa situación implica que todo el superávit comercial y la inmensa masa de ganancia de un sector privilegiado (constituido por los que controlan mercado cautivo apropiándose de una renta extraordinaria), no se transforma en inversión, generando dos factores adversos: falta de puestos de trabajo (y con ello presión a la baja de los salarios) y fuga de capital (invierten económica y financieramente en el exterior).

El rol del Estado

El objetivo final de la política económica es lograr el pleno empleo y la mayor equidad  en la distribución del ingreso. Nuestra Constitución Nacional lo determina claramente cuando desde el Preámbulo sostiene: “Promover el Bienestar General”, y también en su Ley 24.013 de Empleo. Entonces, la política económica en el sentido amplio de la palabra, es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para orientar, influir y/o conducir la economía de los países, y como toda estrategia debe responder a un plan global, esto es grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos, cuyo fin último es la plena ocupación y con una remuneración que supere la línea de pobreza.

El economista Sergio Arelovich, asesor de La Federación de Trabajadores Aceiteros de la República Argentina, afirma que el Estado debe intervenir para garantizar ingresos dignos a los trabajadores en cumplimiento de la Constitución Nacional y de la ley 24.013 de Empleo, cuyo artículo 135 crea el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El inciso c de dicho artículo, le confiere al Estado la facultad de aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil, para afirmar textualmente “Si de deudas de la democracia se trata, resta decir que tanto el Estado como cierto sindicalismo se han mostrado poco exigentes al momento de hacer cumplir la normativa que garantiza a los trabajadores el grado de dignidad que se les debe reconocer por su condición de creadores de riqueza”[2].

Según el INDEC, la Canasta Básica Total de noviembre de 2020 (siempre es el último dato publicado) para una familia constituida por matrimonio y dos hijos requiere de un haber mensual de $ 51.776.  Y el salario mínimo vital y móvil impuesto por la Resolución 4/2020 del Ministerio de Trabajo,  Empleo y Seguridad Social de la Nación del 16/10/2020 y sin fundamentar porqué, se fijó para octubre y noviembre de 2020 en $ 18.900 y a partir del 1° de diciembre 2020 de $ 20.587,50 por mes. Es obvio que una gran cantidad de trabajadores  formales y no formales perciben remuneraciones por debajo de la Canasta Básica Total,  trabajan y son pobres.

Desde el punto de vista económico la principal función del Estado es regular la actividad, establecer las reglas de juego, qué es lícito y qué es ilícito, qué es blanco y que es negro y apuntar al pleno empleo y al crecimiento con la mejor distribución del ingreso posible. Por eso John M. Keynes distingue entre el beneficio de los empresarios y  el de la sociedad y afirma que la causa del desempleo se encuentra fuera del mercado laboral. De hecho, este último, es un mercado cuyo comportamiento es pasivo, en el sentido de que el equilibrio en el mercado laboral se deriva de fuerzas externas a él. La curva de productividad marginal debe considerarse como tal, no como una curva de la demanda de trabajo por parte de los empresarios en relación con los salarios.

Dentro de esa función de regular la actividad económica, el Estado debe, antes que nada, preservar el valor de la moneda, que es la antítesis de la devaluación.  El tipo de cambio ya lo modificó violentamente el gobierno de Cambiemos que en tan solo tres meses del 25 de abril al 24 de julio de 2020 devaluó un 100%.  Pero parece que no fue suficiente, porque este gobierno fijó un dólar oficial comercial tipo vendedor por el Banco de la Nación Argentina de $ 59,91 el 2 de enero y el 30 de diciembre de 2020 su precio fue de $ 89,67, conformando un ajuste cambiario del 49,67%, que repercute directamente en el precio de los alimentos y por ende en el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones y,  en forma excesiva cuando proporcionalmente el gasto en alimentos es mayor sobre el ingreso.

En todo caso debería adoptar decisiones como hizo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que procedió a suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el producto maíz, cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1° de marzo de 2021, con el fin de preservar su destino al mercado interno.

El Estado nacional y los provinciales deben regular la actividad comercial y financiera y cobrar impuestos directos como los que creó la Ley 27.605 de Aporte Solidario, pero no por única vez, sino todos los años y, las provincias cobrar impuesto inmobiliario rural que representa menos del 0,4% del PIB. Es una vergüenza que la tierra más fértil del mundo aporte menos del 0,4% del PIB.  E indirectos como son los derechos de exportación (retenciones), somos una sola Nación y no puede haber trato preferencial para nadie (artículo 16 de la Constitución Nacional).

Todo ello en un marco en que se aumenten los salarios y el empleo a través de la obra pública nacional, provincial, municipal y de estímulos a las empresas de creación de puestos de trabajo (esencialmente a las PyMes que son las que proporcionalmente más trabajo generan),  que se aumenten las remuneraciones, de modo que ningún trabajador en actividad o pasividad perciba un ingreso mensual menor a la canasta básica total del INDEC, es decir por debajo de la línea de pobreza.

Mayor salario y mayor empleo fortalecen al mercado interno, al que se destina más del 70% de lo que el país produce, máxime cuando la presión de los exportadores, de los  fugadores de capital y del FMI es a una devaluación permanente de nuestra moneda, garantía de valorizar las divisas, pero a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo.

Solo recomponiendo los salarios (incluidas jubilaciones y pensiones) y el empleo la Argentina volverá a crecer, y es responsabilidad de los Estadoe, en primer lugar la Administración Nacional y luego las provincias y municipios.  Lo demostró Néstor Carlos Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los ’90, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.  

Cualquier otra alternativa es funcional al poder económico consolidado y significa seguir beneficiando a una minoría parasita y rentística, como, salvo raras excepciones, se vienen beneficiando desde la dictadura militar hasta el presente, a costa de la exclusión y la marginalidad de nuestro pueblo.

[1] Incluidas las de capital China, como COFCO y  Shandong Gold, esta última se asocia a la Barrick Gold en la Mina Veladero de San Juan.

[2] Revista Conclusión del 4 de enero de 2021.

DESEMPLEO Y BAJOS SALARIOS