El objetivo final de la política económica es lograr el pleno empleo y la mayor equidad en la distribución del ingreso que sea posible. Nuestra Constitución Nacional lo determina cuando desde el Preámbulo sostiene: “Promover el Bienestar General”

Entonces, la política económica en el sentido amplio de la palabra, es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para orientar, influir y/o conducir la economía de los países, y como toda estrategia debe responder a un plan global, esto es grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos, cuyo fin último es la plena ocupación y con una remuneración que supere la línea de pobreza

No existe Estado sin fijar metas, que son en sí misma la esencia del diseño del proceso de planificación de un gobierno, ya que al orientar su gestión le permiten alcanzar sus objetivos. Son parte también de la compleja inter relación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines.

La planificación no es otra cosa que el intento del hombre por gobernar su futuro, por imponer la razón humana sobre las circunstancias. Ningún mecanismo automático y determinado resuelve el destino y, por nuestra Constitución Nacional y porque debe ser así, le conferimos esa responsabilidad al Estado nacional.

John M. Keynes (1883-1946) lo afirmaba claramente: “Por tanto, en condiciones de laissez faire (mercado libre), quizá sea imposible evitar las fluctuaciones amplias en la ocupación sin un cambio trascendental en la psicología de los mercados de inversión, cambio que no hay razón para esperar que ocurra. En conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de la inversión no puede dejarse con garantías de seguridad en manos de los particulares”.

Del punto de vista económico la principal función del Estado es regular la actividad, establecer las “reglas de juego”, que es lícito y que es ilícito, que es “blanco” y que es “negro” y orientar al pleno empleo y al crecimiento con la mejor distribución de ingreso posible.

Por eso John M. Keynes va a decir que  una cosa es el beneficio de los empresarios y otra muy distinta el de la sociedad y que la causa del desempleo se encuentra fuera del mercado laboral. De hecho, este último, es un mercado cuyo comportamiento es pasivo, en el sentido de que el equilibrio en el mercado laboral se deriva de fuerzas externas a él. La curva de productividad marginal debe considerarse como tal, no como una curva de la demanda de trabajo por parte de los empresarios en relación con los salarios.

A su vez, sobre la base del nivel de empleo se establece el nivel de precios y, por lo tanto, dados los salarios monetarios (que se deciden mediante negociación colectiva), los salarios reales

En la Argentina afectada por las políticas recesivas y el covid-19, según el INDEC, al II trimestre 2020 se perdieron 3.757.000 puestos laborales, de los cuales 289.000 correspondieron a asalariados registrados, 1.695.000 a asalariados informales y 1.774.000 a trabajadores por cuenta propia. El personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos, la construcción casi 400.000 y hoteles y restaurantes 304.000 empleos.

Por las suspensiones y reducción de las jornadas de trabajo, el INDEC  sostiene que «la caída en horas trabajadas (-34,6%) fue superior a la registrada en los puestos de trabajo, por lo que las horas por puesto de trabajo mostraron una retracción de 21,4% frente al segundo trimestre de 2019».

Las horas efectivamente trabajadas anualizadas, durante el segundo trimestre, alcanzaron las 20.303 millones, con una caída del 34,6% y de ese total 15.588 corresponden a asalariados, con una reducción del 33,6%, y 4.715 a no asalariados o trabajadores independientes, con una baja del 37,8%.

Y no se recuperó en la segunda parte del año y si lo hizo en algunos sectores, empeoró en otros, en el marco en que el PIB (Producto Bruto Interno) desciende en el año 2020 con respecto al año 2019 (que venía en recesión) en torno a un 10%, siendo la mayor caída del PIB que se tenga registro.

Por lo tanto, se producen serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de acumulación del capital, que es la causa central de desempleo en los países atrasados debido a la falta de capital para trabajar. En estos casos, la receta de bajar salarios no es solución del problema porque como en la amplia mayoría de los países no industriales, por la consolidación de las cadenas globales no se puede competir vía precios, porque el camino es invertir en máquinas y equipos de última tecnología para generar puestos de trabajo y aumentar la producción y la productividad del trabajo.

En la Argentina de comienzos del año 2021, el salario promedio de bolsillo (neto) de los trabajadores industriales, es menor a 700 dólares por mes, a razón de 3,5 dólares la hora, no solamente es uno de los más bajos de nuestra historia, sino que incluso, como pedía Paolo Rocca ceo del grupo Techint, es menor a igual trabajo que en Brasil y sin embargo y obviamente, no podemos competir con Brasil en la mayoría de la producción manufacturera. Y menos que menos con los países industriales cuyo salario promedio supera los 2.000 dólares por mes.

Las cadenas globales de valor son administradas por las empresas transnacionales[1] y representan en torno al 80% del intercambio mundial. Menos del 30% de las exportaciones de la Argentina ingresan en esas cadenas como mero proveedor de alimentos o de metales, donde el 60,9 % de las exportaciones argentinas se dividen tan solo en 5 –cinco- productos primarios con bajo valor agregado.

Esa situación implica que no se transforma todo el superávit comercial y la inmensa masa de ganancia de un sector privilegiado (constituido por los que controlan mercado cautivo apropiándose de una renta extraordinaria), en inversión, generando dos factores adversos: falta de puestos de trabajo (y con ello presión a la baja de los salarios) y fuga de capital.

RENTA AGRO COMERCIAL

En la Argentina no se da a conocer el costo de producción de la soja, de su harina, de su aceite y así con todos los demás granos[2], si sabemos su precio internacional que se fija en referencia en el mercado de Chicago (EEUU).  Tampoco se sabe a ciencia cierta cuanto, que cantidad de toneladas se exporta, por las serias falencias de control en, por ejemplo, los 68 puertos locales (incluidos el de Buenos Aires y Dock Sud) que dan sobre el Paraná hasta el Río de la Plata, de los cuales 55 son privados y si, sabemos por el caso Vicentin SAIC, que por la hidrovía del Paraná transitan más barcazas con bandera del Paraguay que Argentinas y que, en realidad, muchas de ellas, salen de los puertos nacionales vacías, se hacen poner el sello de la Aduana en el hermano país y luego cargan en terminales Argentinas para no pagar las debidas retenciones.

La renta extraordinaria es la apropiación gratuita (y la más de las veces ilícita) de los recursos naturales (agua, tierra, aire, etc.). Que es por ejemplo la soja sino tierra y agua del país. ¿Cuánta mano de obra demanda la producción de una tonelada de soja? Es renta que se apropian, que no se contabiliza y por ende no se paga. Y no es compensada por la baja recaudación del impuesto a la propiedad rural o, como derecho de exportación que amenguan vía triangulaciones como el caso de Vicentin lo demuestra  (y obviamente no es el único), con su filiales en Paraguay y Uruguay.

En los primeros once meses del año 2020 el 91% de las operaciones declaradas de exportación de productos agro industriales se realizaron por diez empresas, seis extranjeras, de las cuales cinco de ellas se hacen llamar por su primera letra ABCD:  ADM; Bunge Ceval; Cargill; COFCO; Louis Dreyfus, más Glencore como Renova SA y/o como Oleaginosa Moreno SA.[3]  Y las otras cuatro nacionales: Aceitera General Deheza; ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas); Molinos Agro de Pérez Companc; y Díaz y Forti que utilizan las instalaciones de Vicentin SAIC.

Todas ellas forman parte de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) – CEC (Centro Exportador de Cereales) que habiendo obtenido una cosecha record y con los precios más altos de los últimos años, por ejemplo, en el mercado de Chicago (EEUU) la tonelada de soja cerró el año 2020 a  476 dólares  (un 39,3% mayor que en el año 2019) y los 900 litros de aceite de soja a 960 dólares, sin embargo el total de la liquidación de exportaciones en los once meses del año fue de 18.583.581.963 dólares, que fue un 15,67% menos que lo ingresado en el año 2019 en igual lapso.

Recién a partir del 1 de diciembre de 2020 mediante la Resolución 132/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se exige a los operadores de granos que para mantener la inscripción en el registro de los exportadores deben cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas.

Por supuesto para perfeccionar ese mecanismo rentístico y de fuga, de doble contabilidad, de evasión y elusión de impuestos, deben contar con el sector financiero, que hace coincidir sus declaraciones juradas con las Letras de Cambio o Carta de Créditos de los bancos,  tareas a la que se suma la renta financiera garantizada y asegurada por la fuerte cartelización del sector.

RENTA FINANCIERA

Por otra parte, la renta financiera se explica porque son diez bancos privados los principales agentes de comercialización externa. Obviamente el banco chino ICBC; pero también tienen destacada labor el Banco Galicia y el Banco Macro, entre los nacionales (muy desdibujado el Banco Supervielle) y entre los extranjeros el Banco Santander-Río; el Banco BBVA; el Banco HSBC; el Citi; el Banco Patagonia (que el 80% pertenece al banco Do Brasil)  y, el BNP Paribas, además de ser principales colocadores de fondos en las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA), gracias a que están autorizados por la autoridad monetaria a captar depósitos del público y se lo  prestan al mismo BCRA.  Todo ello les ha permitido ganar mucha plata mientras el país sufre la caída del producto bruto interno más grandes desde que se tiene registro.

Las autoridades de BCRA de este gobierno de Alberto Fernández aplicaron sin restricción de ningún tipo y en medio de la pandemia del Covid -19,  la  legislación vigente  cuyo fin es valorizar financieramente el capital, conformada por la ley 21.382 de Inversiones extranjeras (que prácticamente le confiere los mismos derechos  que los inversionistas nacionales); la ley 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos; la ley 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras[4]; la ley 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria (de esa manera le remuneraba el BCRA los depósitos en cuenta corriente a los bancos), y las leyes 21.364, 21.547 y 21.571 que modificaban la Carta Orgánica del BCRA, pero como no era suficiente, en el año 1992 Domingo Cavallo, mediante la ley 24.144, profundizó la  apertura confiriéndole al BCRA el poder de comprar dólares al Tesoro de la Nación (divisas que el Estado nacional consigue esencialmente por endeudamiento) y, a su vez,  que sean los bancos los únicos que le pueden comprar esos dólares al BCRA.

A la permisiva legislación debe incluirse el Decreto 893/2017 que anuló el Decreto 2581/1964 que declaraba la Emergencia Cambiaria (que acompañamos a esta nota) cuyo primer artículo exige que el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor F.O.B. o C. y F., según el caso, deberá ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambio dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente, marco que les permitió a los exportadores y por lo menos hasta diciembre de 2020 y tras un año de gestión, retener la liquidación de las mismas y que, por ejemplo, siendo el superávit comercial acumulado hasta octubre 2020 de 12.171 millones de dólares, las reservas internacionales del BCRA habían descendido en unos 4.000 millones de dólares, porque se le permitió a las empresas pagar supuestas deudas externa e importar en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA al precio oficial; más el hecho que los exportadores y los bancos no  ingresan el total de  las divisas de las operaciones, demostrado que hasta octubre 2020 en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían  ingresado 5.049 millones menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC en la Balanza de Pagos[5].

Ante esa situación hubo entre los tenedores de depósito en divisas en los bancos quienes la retiraron, por lo que su encaje o efectivo mínimo también se redujo, de manera tal que al 31 de octubre de 2020 las reservas internacionales del BCRA en lugar de acrecentarse por el superávit comercial, fruto del las autorizaciones de ventas de divisas del BCRA, rémora en el ingreso de operaciones de exportación permitido por la legislación y, los menores encajes,  las reservas descendieron en 4.008 millones de dólares.

EL ESTADO NACIONAL

El Estado nacional incurrió en fuertes gastos para enfrentar al virus covid-19 y asistir como pudo a la población, de manera tal que cierra el año 2020 con un déficit fiscal de unos dos billones de pesos, sin posibilidad de mayores ingresos por la estructura tributaria ligada esencialmente al nivel de actividad, que se encuentra en una severa recesión por la propia pandemia, por lo que ingresa en un círculo vicioso: Financia su déficit fiscal principalmente con emisión[6], luego saca esos pesos del mercado con endeudamiento (Las Leliq del BCRA, que financian el déficit fiscal pagando una tasa del 38% anual)[7] y devalúa en un 49,75% (el tipo de cambio comercial vendedor pasó de $ 59,60 el primer día hábil de enero  a $ 89,25 el miércoles 30 de diciembre de 2020) para licuar dicha deuda.

Obviamente, la suba del dólar arrastra el precio interno en los alimentos (que es básicamente el bien que exportamos) y dada la concentración de productores y comercializadores, tanto en el frente externo como en el mercado argentino donde una veintena de empresas  (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-exKraft, Molinos Cañuelas, Morixe, Frigorífico Rioplatense SA ) representan el 80% de esas ventas y, a su vez, las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) quienes representan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen.  En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos y explica el porqué cuando sube el valor del dólar, tarde o temprano, se traslada a los mismos.

QUE SE DEBE HACER

Es obvio que nos encontramos con una asociación de grandes aglomerados agro industriales y de grandes bancos, camino que fue preparado por la reforma financiera de 1977, profundizado por el menemismo y el macrismo y que este gobierno no solo no limitó, sino que propició, mientras la mayor parte del país descendía violentamente en su nivel de ingreso y de vida.

En primer lugar se debe entender que cuanta más proporción  de renta se genera en el valor de los productos es menor la generación de empleo,  y es más regresiva la distribución del ingreso.

Por lo que el Estado no debe quedarse de brazos cruzados o peor aún,  ser garante que se cumpla una legislación retrograda y en beneficio de una minoría rentística. El Estado en cumplimiento de la Constitución Nacional que está por encima de todas las leyes y de los tratados internacionales, debe regular la actividad comercial y financiera, cobrar impuestos[8] sobre la renta, amén de sacarle la prerrogativa que tienen los bancos de administrar el ahorro público.

El dinero y su ahorro provienen del circuito productivo argentino y no puede ser apropiado por los bancos y que sean ellos los que determinen en que se emplea, que la más de las veces es para obtención de renta de muy corto plazo en lugar de apuntalar planes de inversión, por eso las Leliq (que son letras de liquidez que coloca el BCRA en los bancos) es a siete días, los depósitos en su mayor parte se renueva cada 30 días y la renovación de las líneas de crédito es cada seis meses.

Continuar con el concepto de banca universal de la ley 21.526 va en desmedro de constituir la necesaria banca de inversión que fondee planes de mediano y largo plazo.  El sistema financiero debe tener un piso de crédito para pymes y se debe desalentar la compra y venta de dólares y de activos financieros como forma de aumentar ingresos.  Y con las Leliq se deben emplear para constituir un activo consolidado de un año y prestar desde allí a la producción y a obras de infraestructura tanto pública como privada.

Se debería haber declarado la Emergencia Financiera para regular ese mercado de especulación y fuga, por ejemplo, constituir un bono de un año de plazo con las Leliq y el BCRA obligar a las entidades con ese monto, que den crédito a la producción en general y a las Pymes especialmente

Declarar la Emergencia Cambiaria anulando el Decreto 893/2017 de Macri y obligando a los exportadores a liquidar en tiempo y forma las operaciones.

Poner en funcionamiento el Consejo Federal de Hidrovía creado por Resolución 307/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, integrado por representantes de los Ministerios del Interior, Desarrollo Productivo, y de las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe para que cumpla un rol fiscalizador de lo que se traslada por el Río Paraná (tipo de mercancía y su correcto pesaje y origen de embarque), máxime que debe licitarse su dragado y mantenimiento que vence el 30 de abril de 2021 y que, por ella, se  realiza el 90% de nuestras exportaciones

Presentar un plan general que priorice el abastecimiento interno de alimentos y permita suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), como es el caso del maíz, cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña 2020/21 del cereal.

Finalmente, el mismo BCRA en mayo de 2020 presentó un trabajo donde demuestra que en los cuatro años de gestión de Cambiemos se fugaron 86.200 millones de dólares y que los cien primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares, a razón promedio de 246,8 millones de dólares cada uno de ellos.  Nunca se comunicó quienes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, muchos pagaron con su vida, un porcentaje importante se infectaron con el Covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y  cobrando sueldos miserables, pero más miserable y  egoísta de los magros ingresos que se la paga, son los ricos de este país y los funcionaros que hacen la vista gorda y se desentienden de la fiscalización que les corresponde como tarea principal.

Todo ello en un marco en que se aumenten los salarios y el empleo a través de la obra pública nacional, provincial, municipal y de estímulos a las empresas de creación de puestos de trabajo (esencialmente a las PyMes que son las que proporcionalmente más trabajo generan),  que se aumenten las remuneraciones, ningún trabajador en actividad o pasividad debe percibir un ingreso mensual menor a la canasta básica total del INDEC

Mayor salario y mayor empleo fortalece al mercado interno donde se destina más del 70% de lo que el país produce, máxime cuando la presión de los exportadores, de los  fugadores de capital y del FMI es a una devaluación permanente de nuestra moneda, garantía de valorizar las divisas, pero a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo.  Ya la devaluación la hizo el macrismo cuando en tres meses (del 25 de abril al 24 de julio de 2018) depreció el peso en un 100% y que este gobierno en forma mesurada pero constante, continuó.

Solo recomponiendo los salarios (incluidas jubilaciones y pensiones) y el empleo la Argentina vuelve a crecer, lo demostró Néstor Carlos Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los noventa, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.  

Cualquier otra alternativa es ser funcional al poder económico consolidado y significa riqueza para unos pocos y marginalidad y pobreza para nuestro pueblo.

[1] Incluidas las de capital China, como COFCO y  Shandong Gold, esta última se asocia a la Barrick Gold en la Mina Veladero de San Juan.

[2] También del petróleo, del gas, del oro, del cobre, basta  recordar que cuando el, en ese entonces Ministro de Energía de la Nación, Juan José  Aranguren, que trabajó durante 30 años en Shell, dijo en el Congreso de la Nación que desconocía el precio del costo de extracción del petróleo. Igual con la distribución de la energía, de las comunicaciones, etc. etc.

[3] Los miembros fundadores (ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company y Glencore Agriculture) con el fin de modernizar las operaciones comerciales globales conforman el proyecto Covantis, que cuenta con un sitio web, www.covantis.io, para conectar la agroindustria a través de una plataforma digital.

[4] La ley 21.526 le concedió a  los bancos comerciales realizar “todo aquello que esta ley no prohíbe”, dándole ventajas exclusivas, siendo los únicos habilitados para captar depósitos en cuenta corriente.

[5] Las exportaciones  acumuladas de enero a octubre de 2020 según el INDEC en base a los registros de la Dirección General de Aduanas  fueron por  46.556 millones de dólares y, por el MULC ingresaron solamente 41.507 millones de dólares

[6] También coloca títulos de deuda en pesos pero ajustados por la inflación (BONCER) o por el valor del dólar (Dólar linked).

[7] La autorización de ser bancos le permite en diciembre 2020, pagar tasas por los depósitos a 30 días  en torno al 33% anual y cobrarle al BCRA por las  Leliq a 7 días una tasa nominal del 38%, ganado unos 70.000 millones de pesos mensuales sin correr ningún riesgo, prestándole al BCRA.

[8] Impuesto Directos como es la Ley 27.605 de Aporte Solidario pero no por única vez, sino todos los años y, cobrar impuesto inmobiliario rural que representa menos del 0,4% del PIB, cuando el IVA es el 10,5% del PIB.  E indirectos como son los derechos de exportación (retenciones).

Antonio Gramsci —que pasó diez años en la cárcel, la dejó el 21 de abril de 1937 y murió en el hospital seis días más tarde, de hemorragia cerebral, a los 46 años— sostenía que el poder ha sido y sigue siendo la fuerza principal que estructura el orden social.

Toda relación de poder necesita el consentimiento del dominado, que en alguna medida consciente acepta los valores y las posiciones del dominante (hegemonía).

De hecho, el proceso productivo se ejerce en los ámbitos de la sociedad bajo la tutela del Estado. La sociedad otorga a la propiedad privada y sus poseedores autoridad sobre la población y su vida cotidiana, “un poder que el Estado hace respetar y que muchos Estados tiránicos antiguos habrían envidiado”.

Pero para esto se debe definir dónde se sitúa el poder, en qué sector de la sociedad se concentran las decisiones fundamentales y ese es el centro de la discusión en este país que queda el sur de América. Fue planteado por la Vicepresidenta de la República en su discurso en la ciudad de La Plata el 17 de diciembre de 2020. O se crece para adentro y nos beneficiamos todos, o nos subordinamos a las demandas del exterior y con ello se excluye a dos tercios de la población.

En la Argentina actual es claro que hay un sector predominante que es el agro industrial exportador y los principales bancos privados, que han tejido una alianza entre ellos y les permite ganar fortunas, mientras la mayor parte del país sufre el descenso del nivel de actividad y de su vida.

Esa sociedad de banqueros y agroexportadores queda encubierta por una parafernalia de instrumentos como los medios de comunicación, la educación, la religión, que penetran en los valores de la sociedad toda, de las familias y de las personas, no permitiendo que cada uno desarrolle el innato sentido de pensar por sí mismo y en procura de mejorar su vida y la de los suyos. Juan Perón decía: “Nadie se puede realizar en una sociedad que no se realiza” y se refería al pueblo argentino, no a los que se integran al mundo desatendiéndose de la mayoría de la población, sirviéndose de la valorización de su capital.

Un camino trazado

En nuestro país desde la dictadura militar se armó toda la legislación con el fin de valorizar financieramente el capital, conformada por estas leyes:

• 21.382 de inversiones extranjeras (que prácticamente le confiere al extranjero los mismos derechos que a los inversores nacionales);
• 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos;
• 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras [1];
• 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria (de esa manera el BCRA remuneraba los depósitos en cuenta corriente a los bancos);
• 21.364, 21.547 y 21.571, que modificaban la Carta Orgánica del BCRA, pero como no era suficiente, en el año 1992 Domingo Cavallo mediante la ley 24.144, profundizó la  apertura confiriéndole al BCRA el poder de comprar dólares al Tesoro de la Nación (divisas que el Estado nacional consigue esencialmente por endeudamiento) y, a su vez, que sean los bancos los únicos que le pueden comprar esos dólares al BCRA.

Públicamente se sostenía (y los bancos lo siguen sosteniendo, ahora solapadamente) que había que liberar el sistema para que por sí solo se expanda y asigne el ahorro de la población a los sectores más rentables, atribuyéndoles a los bancos esa capacidad que solo puede tener un Estado. El resultado no pudo haber sido peor, con un PIB (Producto Bruto Interno, la cantidad de bienes y servicios finales que produce el país) en 2020 similar en dólares constantes al de 1974 (y con veinte millones más de habitantes). En aquella época existían más de 800 entidades financieras distribuidas en todo el país, mayoritariamente cajas de crédito y sociedades cooperativas, el total del préstamos al sector privado sobre el PIB fue del 43,55% y, la Argentina era la nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia); la tasa de desocupación abierta era del 4% y la pobreza era del 6%. Uno de los pilares de esa redistribución progresiva del ingreso era que el crédito se volcaba esencialmente a la producción y al consumo popular.

En el año 2020 quedaron en pie 65 entidades financieras (solo 13 son públicas de la Nación o de las provincias, incluido el Banco Municipal de Rosario) y el crédito total al sector privado es solo el 11,15% del PIB (y principalmente destinado al consumo o asimilables al consumo, tarjeta de crédito y préstamos personales, no a la inversión en máquinas y equipos) y, el resultado no puede ser otro que la pobreza supere al 40% de la población alcanzando a más de veinte millones de personas, con el agravante de que el 60% de los niños de la Argentina son pobres.

Mientras el PIB argentino desciende  un 10,5%en el año 2020, los once primeros bancos privados [2] tuvieron tasas positivas de ganancia, que básicamente consiguen tomando depósitos del público y prestándoselo en LELIQs (letras de Liquidez) al BCRA. Los intereses que perciben los bancos por ello están en torno a los 70.000 millones de pesos por mes. Aunque se espera que, por la fuerte emisión monetaria de diciembre de 2020,  el BCRA tendrá que salir a absorber más pesos no bien comience el año 2021, por ende, el stock de pasivos remunerados (prestamos de los bancos al BCRA) crecerá y también sus intereses. Todo bajo la lógica pura de subir los intereses para que no suba el precio del dólar, como si no hubiera otras variantes fundamentales y más importantes que esa lógica financiera que solo genera ganancia a los sectores beneficiados y pobreza y exclusión a la mayoría de la sociedad.

El dinero y su ahorro provienen del circuito productivo argentino y no puede ser apropiado por los bancos privados y que sean ellos los que determinen en qué se emplea, que la más de las veces es para obtención de renta de muy corto plazo en lugar de apuntalar planes de inversión, por eso las LELIQs (que son letras de liquidez que coloca el BCRA en los bancos) son a siete días, los depósitos en su mayor parte se renuevan cada 30 días y la renovación de las líneas de crédito es cada seis meses.

Continuar con el concepto de banca universal de la ley 21.526 va en desmedro de constituir la necesaria banca de inversión que fondee planes de mediano y largo plazo. El sistema financiero debe tener un piso de crédito para pymes y se debe desalentar la compra y venta de dólares y de activos financieros como forma de aumentar ingresos. Y las LELIQs se deben emplear para constituir un activo consolidado de un año y prestar desde allí a la producción y a obras de infraestructura tanto pública como privada.

Por otra parte, las relaciones de nuestro país con el exterior nos demuestran que no hay un problema de restricción externa clásico, esto es, no necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho desde el año 2003 hasta los últimos datos oficiales a octubre de 2020 se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.355 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que la legislación financiera y cambiaria heredada de la dictadura de Videla, del menemismo y del macrismo [3], permitió que las empresas pagaran supuestas deudas externas e importaran en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA al precio oficial [4]; más el hecho de que los exportadores y los bancos tardan en ingresar las divisas de las operaciones, demostrando que hasta octubre de 2020 en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían ingresado 5.049 millones de dólares menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC en la Balanza de Pagos. El INDEC contabiliza exportaciones por 46.556 millones de dólares pero el MULC percibe solamente 41.507 millones.

Existe doble contabilidad y triangulaciones en el comercio exterior,  los exportadores subfacturan sus ventas y los importadores sobrefacturan sus compras (precio de transferencia pagan más por los insumos que traen de sus casa matrices y siempre hacen depender su producción de esos insumos) y los que lo instrumentan son los bancos, mediante las cartas de crédito o las letras de cambio

El mismo BCRA en mayo de 2020 presentó un trabajo donde demuestra que en los cuatro años de gestión de Cambiemos se fugaron 86.200 millones de dólares y que los cien primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares. Nunca se comunicó quiénes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó la pandemia sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, muchos de los cuales pagaron con su vida. Un porcentaje importante se infectó con el Covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y cobrando sueldos miserables.

Por eso en una parte de su discurso en el Estadio Diego A. Maradona de La Plata, el 17 de diciembre de 2020, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo: “No estoy diciendo nada que no se pueda hacer, doce años y medio lo hicimos en la República Argentina, y por eso, además de por la unidad, volvimos. No nos olvidemos de esto, porque si uno no sabe cómo llegó es probable que no sepa tampoco cómo ir”.

Y esa es la verdad, se llega al gobierno para la “felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación” y no para que se beneficie una minoría rentística que no genera trabajo y pretende ajustar costos vía reducción de salarios.  El camino debe ser exactamente el inverso: propiciar el crédito, los subsidios y todo mecanismo de apalancamiento para fortalecer el mercado interno, base del crecimiento sostenido como lo demostró el kirchnerismo y todos los gobiernos nacionales y populares que así lo hicieron.

Solo dos caminos: o se subordina al complejo agro-industrial y grandes bancos, o se defiende el mercado interno y con ello el empleo y la producción argentina.

[1] La ley 21.526 le concedió a  los bancos comerciales realizar “todo aquello que esta ley no prohíbe”, dándole ventajas exclusivas, siendo los únicos habilitados para captar depósitos en cuenta corriente, que no paga interés.

[2] Bancos Galicia, Macro, Credicoop, Santander-Río, BBVA, HSBC, ICBC, Citi, Patagonia, BNP Paribas y Supervielle.

[3] Macri anuló la Emergencia Cambiaria, que obligaba a exteriorizar la compra de divisas al BCRA mediante acuerdo firmado por la máxima autoridad de Comercio Exterior del país, de Aduana y del BCRA (Decreto 2581/1964)  y la redujo solo al BCRA.

[4] Que se hubiera evitado derogando el Decreto 893/2017 que a su vez había anulado la Emergencia Cambiaria del Decreto 2581/1964 vigente durante 53 años.

LA LÓGICA DEL PODER Y EL ESTADO

Hugo Garnero: Mario, hemos hablado repetidamente en nuestras reuniones en la Capitana sobre la no resolución de la crisis del 2008/2009, ¿cómo relacionás esto con la “moneda”, los flujos de capitales y los tipos de cambio?

Mario  Burkun: En los años últimos, en especial después de la crisis financiera internacional del 2008/2009, el sistema monetario quedo pendiente de la sensibilidad de los movimientos de los tipos de cambio internacionales.

La llamada “guerra de los tipos de cambio” fue causa y consecuencia de la orientación del flujo de liquidez de los capitales líquidos y de incentivo de inversiones especulativas de corto plazo.

Una incertidumbre creciente con la vitalidad del sistema bancario y la sustentabilidad de los rescates y ayudas provenientes de respaldos de emisiones monetarias y de ventajas crediticias y tributarias como las de EE.UU y la Unión Europea, dieron señales de que se estaba saliendo de la crisis y volviendo a una nueva fase de crecimiento del capitalismo en la globalización.

HG: no salir de la crisis implica que siguen los coletazos, pero el capitalismo se ha ido acomodando. Hay modificaciones profundas…

MB: Sin embargo los periodos de expansión se acortaron y se modificaron los procesos de fabricación, se expandió la robotización flexible y hay un menor uso de trabajo vivo. Una mejora en la selección de información sobre los gustos y deseos del consumidor. Una inteligencia artificial de selección de técnicas y de medios de comunicación. Cambios de gestión y de management empresarial. Un debate sobre la gestión del Estado y la relación de lo político en las definiciones locales y globales.

HG: también hay cambios en el intercambio mundial…

MB: En el interregno ha habido un crecimiento del comercio y de la producción de la Cuenca del Pacífico frente al papel del Atlántico, muy particularmente entre EE.UU. y China.

Todo esto parece un presente y un pasado. Como un devenir que ya es historia, mientras que el futuro es incertidumbre, es pragmatismo, inmediatez y cambio.

Lo que no es transparente es la forma del debate, de la contradicción y del comportamiento de los contendientes.

HG: Cambia la política en EEUU por lo que vemos, ¿cómo ves el cambio en el capitalismo?

MB: Visto el resultado de la elección en los EE.UU, finalizó la era Trump, sin comenzar una era Biden.

Queda evidente que hace falta un cambio en la acumulación del capital, pero de qué dimensión y profundidad será, o simplemente será un maquillaje, una mutación, un retoque con pocas consecuencias.

El 2021 manifiesta como primer síntoma de la crisis social, el efecto de la pandemia en los EE.UU por la urgencia de frenar la expansión de los contagios, disminuir el desempleo y la pobreza y aumentar el consumo.

Para ello Biden/Harris ya comenzaron la vacunación de masas, un refuerzo de la emisión de ayudas sociales y microcréditos, reproduciendo programas de los demócratas del periodo de Obama/Biden.

Incremento de la emisión monetaria y la deuda del Estado.

HG: estamos viendo un gran deterioro de la divisa estadounidense…

MB: Sí, al mismo tiempo la devaluación de la moneda estadounidense fortalece otras divisas e impacta sobre algunos movimientos de liquidez, de inversiones y de búsqueda de reservas de valor de los inversores individuales y de fondos corporativos estatales y privados.

El proceso de generar una inyección de liquidez se enfatiza con un papel del Estado de mayor intervención en la crisis nacional, pero augura un comportamiento de accionar internacional más multilateral e inclusivo en la resolución de conflictos.

HG: qué impactos sobre América Latina…

MB: En ese aspecto se presumen cambios en la estrategia en América Latina con propuestas más inclusivas respecto a Venezuela, Cuba y Centroamérica y el Caribe, buscando liberar el giro de remesas y crear zonas de libre comercio y de mayor liberación de trabas para-arancelarias y fiscales.

También privilegiar ciertos préstamos de organismos financieros internacionales de fomento para el desarrollo y la pobreza vía Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial, así como un papel menos estricto de la burocracia del Fondo Monetario Internacional.

HG: y con China, qué…

MB: Sin embargo, el mayor efecto es el que se produce en el vínculo con China.

La diplomacia monetaria es siempre la que China desarrolló al adquirir bonos del Tesoro de EE.UU de mediano y largo plazo (5 y 10 años). Estos bonos forman parte de reservas del Tesoro Chino de libre disponibilidad que siempre pueden ser vendidas en el mercado internacional y provocar un problema en el flujo monetario.

Al igual la desvalorizacion del dólar facilita el comercio internacional pero obliga a un incremento del precio del producto fabricado en China, al mismo momento que encarece importaciones en momentos de expansión de consumo a la salida de la pandemia para el mercado interno.

Esto orienta el crecimiento hacia adentro del proceso productivo y una relocalización comercial en el periodo de mayor apertura de mercados para China.

HG: cómo observas a Europa …

MB: La otra cara de la caída del dólar estadounidense es la suba del Euro en momentos de una tasa de interés baja en Europa. Este movimiento no facilita la salida de las mercancías y encarece los productos para seguir la expansión en procesos de libre comercio con África y con el Mercosur ampliado.

La suba más abrupta es con el Franco Suizo y la Libra Esterlina, al igual que del oro, generando la vuelta a los procesos en que se impulsaban las canastas monetarias como reservas para estabilizar el movimiento de los tipos de cambio.

El otro efecto actual en esta etapa de la globalización es el que se produce en el hecho de que la no reducción de la incertidumbre de la duración de esta transición en la cúpula del poder político en EEUU impulsa a los capitales líquidos a invertir a riesgo en las cripto monedas como el bitcoin y en refugios off shore como los paraísos fiscales para oscurecer la propiedad del capital.

HG: Hay un gran revuelo con el uso de las criptos y los Bancos Centrales han tomado nota…

MB: Todo esto permite un cambio en la comercialización sin moneda efectiva y la búsqueda de un nuevo numerario y de otras formas monetarias para la salida de la pandemia.

En Argentina estamos en un momento de definición respecto a este movimiento veloz del dólar de EEUU y su impacto en las formas de comportamiento en las bolsas de valores, en los precios de las mercancías de nuestra oferta productiva y en la valorización de nuestro capital, que oriente la inversión y la forma de acumulación e integración internacional.

HG: gracias Mario.

En medio de las luchas civiles que desangraron al país a partir del golpe unitario del 1º de diciembre de 1828 y tras el triunfo de las fuerzas de Juan Manuel de Rosas y Estanislao López sobre las conducidas por Juan Galo Lavalle, los pueblos del interior pidieron ser convocados a un Pacto Federal. Las preparatorias del acuerdo entre provincias se llevaron a cabo en 1830 en la ciudad de Santa Fe. En representación de Corrientes se apersonó Pedro Ferré, que había trabajado en los astilleros de su padre, Juan Ferré, quien lo inició en el arte de la carpintería naval. Allí enfrentó la tesis librecambista del representante de Buenos Aires, José María Roxas y Patrón, que era el Secretario de Hacienda de Juan Manuel de Rosas. Pedro Ferré defendió una po­lítica proteccionista que asegurase la preservación y el desarrollo de las industrias y artesanías provinciales frente a la ruinosa competencia de las manufacturas extranjeras.

En ese encuentro preparatorio, Pedro Ferré presentó un Memorándum [1] defendiendo la protección de la incipiente industria local, que leyó: “Sí, sin duda un corto número de hombres de fortuna padecerán, porque se privarán de tomar en su mesa vinos y licores exquisitos… Las clases menos acomo­dadas no hallarán mucha diferencia entre los vinos y licores que actualmente beben, sino en el precio, y disminuirán el consumo, lo que no creo ser muy perju­dicial. No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingleses, no llevarán bolas y lazos hechos en Inglaterra, no vestiremos ropa hecha en extranjería y demás renglones que podemos proporcionar; pero en cambio, empezará a ser menos desgraciada la condición de pueblos enteros de argentinos, y no nos perseguirá la idea de la espan­tosa miseria a que hoy son condenados”.

Con irrefutables argumentos habla de la necesidad que tiene el país, para asegurar su progreso, de no depender exclusivamente de la ganadería. “Se dice y con razón: la riqueza casi exclusiva de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes es la ganadería. Muy bien, pero en estas tareas se ocupará cierto número de persona, y quedarán miles y miles sin ninguno (a no ser que todos nos reduzcamos por necesidad a ser peones de estancias y dejar nuestras casas por buscar aque­lla). Los ganados se multiplican. Cada dos años se re­ponen. Eso es bueno, pero entretanto que se multiplican hasta proporcionar trabajo a todos los que no lo tienen, pasarán siglos. También los hombres se aumentan, y llévese esta progresión hasta donde se quiera, nunca podrá ser la ocupación exclusiva de la República la ganadería, porque no toda ella es a propósito para el pastoreo, y no podemos ni debemos desentendernos de los intereses de una parte de ella”.

Salvando los años y la distancia y reemplacemos ganadería por producción agraria y a lo sumo agroindustrial; reemplacemos pampa húmeda por hidrovía del Paraná; el trust de los Anchorena por la santa alianza entre los diez grandes bancos privados y diez acopiadores y comercializadores de granos y derivados; y el resultado es el mismo, una minoría que se integra al mundo a costa de la desintegración nacional, de la exclusión y miseria de dos tercios de la población, un país rico pero terriblemente desigual, con millonarios que aparecen en la revista Forbes y con el 60,2% de los niños en la pobreza, con la mayoría de los jubilados y pensionados que perciben la remuneración mínima o cerca de ella, pero ninguno de ellos superan en diciembre 2020 los $23.000 por mes.

Gobernar es crear trabajo

En la entrevista que le hacen Pino Solanas y Octavio Getino en 1971 —durante el exilio en Madrid—, Juan Perón dice: “Si desde el Estado se genera un plan de obra pública de envergadura, disminuye drásticamente la desocupación. Si baja el desempleo, suben los salarios. Si aumentan los haberes, se multiplica el poder adquisitivo. Si sube el poder de compra, aumenta el consumo. Si la demanda interna crece, el comercio se tonifica. Si se fortalece el comercio, la industria se trasforma para abastecerlo. Si hay desarrollo industrial, aumenta la demanda de materias primas. Si se venden más productos agrarios, aumenta la producción primaria. Si desde la acción del Estado, el ciclo de la agricultura, la industria, la distribución y el consumo se mantienen nivelados y armónicamente promovidos, hay progreso. Sólo hay progreso cuando se crea trabajo”.

En un marco feroz de degradación de la economía mundial provocado por una crisis estructural de sobreproducción, la industria es el único sector que tiene la capacidad de generar puestos de trabajo, al menos cuantitativamente importante, como para abarcar una población económicamente activa del tamaño de la argentina. Contamos con una “masa crítica” industrial no despreciable, una importante capacidad en construcción (tanto pública como privada), y fundamentalmente, con un mercado interno que debe ser apuntalado y consolidado para que se convierta en la demanda final de la mayor parte de la producción.

Para crecer sostenidamente debemos fortalecer el mercado internos con mejores salarios y más empleo. También se debe pensar en algunos sectores en modelos de industrialización de los recursos naturales con una participación fuerte del Estado, como puede ser el caso Vicentin, que obviamente serviría para poner un pie, una cabeza de playa, en tan estratégico y sensible rubro como es el de los granos y derivados.

Dada la fuerte extranjerización de nuestra economía, se viabilizan procesos de “sustitución inversa” (se importan bienes que se pueden producir en el país) y se fugan capitales a través de los llamados “precios de transferencia”, que no son otra cosa que pagar un mayor valor del real por insumos y asesoramiento técnico del exterior.

Se deben potenciar los recursos naturales y al mismo tiempo diversificar la matriz industrial, proceso que pone al debate en un nuevo punto de partida, en el que se impulsen actividades manufactureras donde existen capacidades acumuladas significativas y trayectorias de aprendizaje considerables como para adaptarse al nuevo mapa global sin entrar en directa competencia con el este asiático y menos por reducción de los salarios locales.

Ramas como la automotriz, la autopartista, la química, la farmacéutica, la producción de bienes de capital, el software, pueden formar parte de esta estrategia ofensiva. En paralelo, hay que adoptar una estrategia defensiva en sectores muy sensibles a la competencia extranjera (textil-indumentaria, muebles o parte de la metalmecánica), muy generadores de empleo pero con enormes dificultades para competir, en un marco en que la clave de la integración internacional por tener ventajas comparativas dinámicas es la agro-industria.

En teoría económica se plantea en la Ley de Thirlwall [2], que estudiando los países con baja dotación de capital, observa la elasticidad Ingreso-Importaciones, cuánto crecen las segundas cuando crece el producto. En la Argentina para el período 1980-2015 da en torno de tres veces, esto es, por cada punto que crece el producto bruto interno, las importaciones se acrecientan 3 –tres— puntos.  Ejemplo, en el año 2010 el PIB creció un 9,2% anual, y las importaciones lo hicieron en un 34%[3]

Por ende se debe sustituir importaciones en general y a como dé lugar, obviamente y principalmente, disminuir la elasticidad-producto de las importaciones supone sustituir importaciones en sectores estratégicos para así construir encadenamientos productivos más complejos y desarrollar redes de proveedores nacionales más densas. También se debe aumentar la elasticidad producto de las exportaciones y ello supone cambiar su composición hacia bienes con mayor valor agregado y de mayor demanda en los patrones de consumo mundiales.

Lo que nos quieren hacer creer

La Argentina no presenta un problema comercial o de falta de divisas, el superávit comercial acumulado hasta octubre 2020 fue de 12.171 millones de dólares. El problema real es que la legislación financiera y cambiaria heredada de la dictadura de Videla, del menemismo y del macrismo, permitió a las empresas pagar supuestas deudas externas e importar en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA al precio oficial [4]; más el hecho de que los exportadores y los bancos tardan en ingresar las divisas de las operaciones, demostrado que hasta octubre 2020 en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían ingresado 5.049 millones de dólares menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC en la Balanza de Pagos. El INDEC contabiliza exportaciones por 46.556 millones de dólares y el MULC percibe solamente 41.507 millones en esa divisa.

En ese marco, el CAA (Consejo Agro-industrial Argentino) promete a cambio de que no le incrementen los impuestos ni le suban las retenciones por diez años, llevar las exportaciones del sector de unos 45.000 millones a 100.000 millones anuales en esa década. El  CAA está constituido por 57 entidades en todo el país, pero su representación la asumen el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa; el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras; y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

Gustavo Idigoras es un ex gerente de Monsanto Argentina donde trabajó toda la vida hasta asumir la Dirección Ejecutiva de CIARA-CEC, centro que en todo el año 2020 estuvo reteniendo la liquidación de sus operaciones presionando para la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar, cuando hubo cosecha récord y los precios internacionales de esos productos son los mayores de los últimos años, con, por ejemplo, la tonelada de la soja arriba de los 440 dólares y su aceite por encima de los 920 dólares los 900 litros en noviembre 2020. Sin embargo a noviembre 2020 habían ingresado 16% menos divisas que en igual periodo del año pasado.

La propuesta concreta del CAA es la primarización de la economía argentina, sino preguntémonos cuánta mano de obra demanda una tonelada de soja, o de aceite. Pero no solo genera poco trabajo, sino que al priorizar las ventas externa, revierte el sistema y en lugar de que se destinen los saldos exportables, se vende afuera a costa de la caída del salario y del empleo de los trabajadores que reduce el mercado interno. Y el camino es vía la presión a la devaluación de nuestra moneda, que no puede disociarse del mercado interno porque la CAA exige la estabilidad de las retenciones por diez años. Es más, la supuesta puja sería que, para que no suba el precio del dólar, se deberían aumentar las tasas de interés. Con ello se entraría en una combinación perversa contra la economía nacional, generando la transferencia de los que trabajan y producen para el mercado interno (que es donde se destina más del 70% de lo que se produce en el país) a favor de los exportadores y de los bancos.

Es cierto que la Argentina con una gran producción alimentaria, el desarrollo industrial, minero y tecnológico posible con la mayor expansión nuclear y satelital, pese al retraso impuesto en la industria, a la vez que las posibilidades energéticas: gas, petróleo y litio para las baterías eléctricas y los autos eléctricos como posibilidad inmediata y mediata, tiene un fuerte sustento, pero para crecer sostenidamente debe orientarse esencialmente al mercado interno.

Por eso el camino es el inverso, no hay necesidad de devaluar nuestra moneda porque ya lo hizo la gestión de Cambiemos, cuando entre abril y julio de 2018 el dólar pasó de $ 20,20 a $ 39,50, por un lado y, por otra parte y fundamentalmente, el rinde de nuestra pampa húmeda hace que el costo sea mucho menor que el internacional y les deja a los productores, acopiadores y comercializadores una renta extraordinaria. Y cada vez que se devalúa se encarecen los alimentos porque es lo que básicamente exportamos, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones. Y sí se deben aumentar las remuneraciones por paritarias y hacer obra pública para generar empleo y que se financie con impuestos a las grandes corporaciones de este país. Que es, por otra parte, lo planteado en la Ley de Presupuesto Nacional 2021, donde se sostiene que los salarios públicos crecen un 34,5% (y es referente de la remuneración en el sector privado y el resto de las  administraciones públicas), los precios un 29% y el tipo de cambio un 25% (se estimaba en $ 102,40 en diciembre de 2021) impulsando el mercado interno.

[1] Memorias del Brigadier General Pedro Ferré (Octubre de 1821 a diciembre de 1842)  Editorial Coni Hnos. (1921)

[2] Anthony Thirlwall “La naturaleza del crecimiento económico: Un marco alternativo para comprender el desempeño de las naciones”  Ed. Fondo de Cultura Económica

[3] En realidad la relación es mayor cuando se sale de un proceso de menor a otro de mayor crecimiento del PIB, como lo reflejan claramente los años 2009 y 2010 para nuestro país.

[4] Que se hubiera evitado derogando el Decreto 893/2017 que a su vez había anulado la Emergencia Cambiaria del Decreto 2581/1964 vigente durante 53 años.

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