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sábado, junio 27, 2026
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Argentina en el nuevo escenario mundial. Conversaciones con Carlos Abalo

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CONVERSACIONES DE HUGO GARNERO CON CARLOS ABALO

Hugo Garnero: Está claro que Trump perdió. Pero ¿también perdió su intento de proteccionismo?

Carlos Ábalo: Trump perdió y  su intento de proteccionismo en la economía mundial le resultó imposible a Estados Unidos. Como lo fue en su momento para la URSS porque todo hay que pensarlo en su desenvolvimiento dentro del sistema mundial.

HG: ¿Y China?

CA: La contraparte es la globalización china, que consiguió formalizar la región del sudeste asiático con Japón, pese a que no está Estados Unidos, pero no está claro todavía como es la integración de la India allí y hasta ahora es poca la  información que tenemos a mano.

HG: Entonces Estados Unidos ¿qué puede hacer?

CA: La alternativa de Estados Unidos es consolidar a América Latina como su región, lo que ya consiguió con Canadá y México, aunque este último país mantiene su tradicional independencia respecto a las políticas de EE.UU., como se ve en Venezuela. Lo próximo para EE.UU. es meter en esta bolsa a Brasil.

HG: Y ¿Argentina qué?

CA: La Argentina queda afuera de esto y por eso mismo aparece el camino de reforzar su integración con China, porque va a ser su gran proveedor agroalimentario, algo así como reeditando el papel que cumplió en su origen, como proveedor de Gran Bretaña. Lo nuevo ahora es que ese papel solo se puede cumplir con una gran infraestructura para todo el territorio nacional y no solo para la pampa húmeda y que por eso mismo significa que es imposible hacerlo sin una gran industria, empezando por la siderurgia, la metalmecánica y las pymes, con gran desarrollo de la digitalización, que va a despertar otras actividades y tecnologías y potenciar la energía y la minería.

HG: ¿Solos en América Latina?

CA: No. El que inició ese camino fue Uruguay, al entrar en la Nueva Ruta de la Seda, y ese fue el eje de la visita de Alberto Fernández a Lacalle Pou. En eso, pese al origen político distinto de los dos presidentes, los dos países van a estar juntos, porque Uruguay solo como productor agropecuario, era muy difícil que lo pudiera concretar y, a la vez, como Uruguay pudo hacerlo antes que lo pueda impedir Bolsonaro, se convirtió en el eslabón del que se agarra la Argentina para desplegar en un futuro próximo su ingreso a la Ruta de la Seda, que para China ya es una cuestión de hecho.

HG: ¿Y los otros países de la Región?

CA: En esta relación es clave lo que suceda en Chile, indispensable para completar el eje con China a través del Pacífico y los corredores andinos, lo que en gran medida depende de cómo se conforme el Chile político que salga del período de convulsión social que va a reorganizar todo. Son nueve los países latinoamericanos que están en la Ruta de la Seda, pero ninguno de los tres más grandes. A Chile lo incluyó Sebastián Piñera pese al conservadorismo, porque China es el país con el que tiene mayor intercambio, que fue de 42.791 millones de dólares como suma de exportaciones e importaciones en 2018, la misma razón por la que Macri no frenó la relación comercial, pero –a diferencia de Chile- se cuidó de ingresar en la Ruta de la Seda

HG: ¿Cómo se desarrolla ese camino para nosotros?

CA: Para la Argentina, esto también será posible, sobre todo si se concreta el acuerdo con eje en el agro y la industria, que descarte para siempre la política anti industrial que caracterizó al anti peronismo y se estructure una nueva política económica en función del mutuo apoyo agro industria para lograr el gran aumento en la producción agropecuaria, extenderla fuera de la pampa húmeda, tener un gran desarrollo minero y energético y centrar la otra parte del esfuerzo en la industrialización, que es la gran oportunidad  histórica que se abre.

La otra cuestión, decisiva, es si en el sur del continente, la Argentina –gran productor agropecuario y agroindustrial- se vincula a la Ruta de la Seda sin Brasil o con Brasil, en cuyo caso es el Mercosur el que renace en la integración  y lo potencia como región, ya que en la época de la integración mundial la integración fuera de las superpotencias se da a través de las regiones y, en ese caso, la posibilidad de una revolución industrial en el Mercosur sería incomparablemente mayor, pero esto requeriría un análisis aparte, más específico.

HG: No parece sencillo…

CA: En gran medida depende de cómo sigue la crisis mundial y cómo evoluciona el balance entre China y EE.UU., que es la mayor incógnita y también la más decisiva. Ahora está claro que es imposible cambiar una economía nacional fuera del capitalismo cuando éste se ha convertido en un sistema mundial, y también que no se puede cambiar al capitalismo desde afuera, y esto es lo que explica el peculiar capitalismo de China, planificado por el PC. Esto también, unido al crecimiento de la deuda, fruto de la crisis, es lo que explica al peronismo acordando con el FMI y que Alberto lleve a cabo una política económica que no es igual a la que llevó a cabo Cristina y por qué Cristina recurrió a Alberto para vencer electoralmente a Macri uniendo al peronismo.

En primer lugar veamos cómo puede seguir la situación mundial. Aquí se abren dos posibilidades: la evolución de una economía mundial completamente integrada, como estaba siendo en los últimos años. Esa perspectiva, en no más de 10 a 15 años,  pareciera que desemboca en el predominio chino, salvo que -mediante una furiosa competencia de empresas y tecnologías- la burguesía china consiguiera independizarse del PC, aunque igual daría lugar a un capitalismo con eje en el Estado, en cuyo caso la preeminencia de uno u otro país va a estar más discutido, para lo que va a ser decisivo lo que ocurra en la India, que puede ser una segunda China, pero con una política nacionalista más próxima a buscar acuerdos con EE-UU. y condición, a la vez, para que EE.UU. no pase a segundo plano, aunque es más difícil que lo anterior.

HG: Es un cambio de la geopolítica demasiado fuerte…

CA: En esta guerra fría generalizada y mayúscula que se desenvolverá a través de las empresas y de la economía, una definición próxima es el grado de integración. Por lo que parece, tanto EE.UU. como sobre todo China se largan a una globalización con tecnología fracturada, diversa, como consecuencia del proteccionismo con que Trump trató de defender a EE.UU. de China, y esto será esencial para determinar el triunfo de una o de otra.

Si cada una desarrolla su propia tecnología en una economía mundial única, la ventaja de China es la conducción política del PC sobre el capitalismo en una sociedad más equitativa, que a la vez le permite mantener un crecimiento más rápido, ahora fundamental para definir esa cuestión. La elección de Xi Jinping de la tecnología propia es para no estar sujeto a los bloqueos estadounidenses, como la restricción al acceso de Huawei a EE.UU. o a las importaciones de chips por parte de China. La secuencia de diseño y fabricación de los chips es una cadena universal compleja y diversificada y es un gran desafío resolverla en un solo país, pero mientras EE.UU. pueda impedir esas ventas a China (Taiwán es uno de los grandes productores más diversificados) no tiene más remedio que encararlo.

Del otro lado, EE.UU. tiene a su favor la ventaja en la punta tecnológica, y su capitalismo auto dirigido por los capitalistas más lento que el chino se podría llegar a compensar con: a) un plan Marshall similar al que levantó a Europa en la posguerra, que se enfoque en la India y la desarrolle con sus pautas privadas de capitalismo, 2) que ese desarrollo sustraiga de la influencia china al resto del sudeste asiático y que termine aislándola y a la vez promoviendo su capitalismo con independencia del PC. Lo decisivo de la punta tecnológica y el fraccionamiento chino es que si se llega a una nueva fase ascendente, el protagonismo corresponderá a la industria 4.0 o a la revolución tecnológica de digitalización industrial. China lo combinará con lo que llama la doble circulación, que elevará el consumo interno para compensar el menor crecimiento externo que pudiera tener sin afectar a la suma de la oferta y su productividad con el mayor énfasis tecnológico, cada vez más decisivo en la competencia.

En ese panorama quedan cuatro incógnitas: a) Israel, posible polo tecnológico de un capitalismo privado que someta a todo el Medio Oriente, empezando por los palestinos y siguiendo con Irán; b) Rusia, en principio destinada a asociarse con China, pero que pareciera concretarlo a medida que logre reconquistar el antiguo espacio soviético de Georgia y Ucrania para no quedar demasiado subordinada a China; c) cómo se terminan de integrar los árabes, ya que el acercamiento a Israel es para financiar su expansión tecnológica en el Medio Oriente, y d) dónde se ubica África, hasta ahora encaminada a China a través de la Ruta de la Seda.

HG: ¿Eso es todo o hay más?…

CA: Esto incluye dos temas más:

1) Si por un tiempo ninguna de las dos mayores economías va a ser la decisiva y va a crecer la acumulación de capital más que la economía, las divisas se van a volver más inseguras y van a aparecer otros tipos de monedas, más compatibles con la economía digital, y

2) La larga crisis actual es porque al no estar definida cuál es la economía mayor, no hay seguridad y se demoran las inversiones concretas, y por eso la acumulación difiere de la inversión e implica mayor inversión en forma financiera o de acciones.

El oro va aumentar de precio por resguardo concreto o porque la mayor asistencia financiera de los Estados mediante emisión va a dinamizar de alguna manera la economía y, a la vez, si hay períodos de una cierta dinamización de la economía en medio de la crisis, en esos períodos también se va a incentivar la inversión en las economías emergentes y a aumentar la deuda.

Al mismo tiempo, la sobrevaluación de las acciones por encima del valor del PBI está indicando la posibilidad de contar ahora con activos que aseguren una mayor rentabilidad futura cuando finalmente se lance toda la inversión posible en la nueva industria y aumente considerablemente la productividad. Estas variaciones la vemos hoy en la trayectoria bursátil con burbujas y pinchaduras de burbujas y en crisis que no terminan y que requieren auxilio del Estado. Pero el auxilio del Estado es propio del capitalismo tradicional en crisis porque no puede pasar sin ese auxilio al nuevo rumbo tecnológico: por eso precisamente el nuevo capitalismo es un capitalismo estatal o con más peso del Estado.

HG: Volvamos al panorama que planteaste la semana pasada para Argentina…

CA: Esas reflexiones mostraban una tendencia, un principio para saber que terreno estamos pisando para después convertirlas en política. Lo nuevo de este momento es que el agro de la Mesa de Enlace era un agro divorciado de la industria, en el que el agro estaba en el centro con una política anti industrial que dejó a la Argentina atrás de Brasil y de México en PBI, aunque el peronismo consiguiera dar vuelta esa tendencia mientras estaba en el gobierno. En cambio, el agro del CAA es un agro industrial que puede volver a exportar en gran magnitud, como en la época dorada de antes de los años ´30, y que para hacerlo en esa magnitud necesita de una industria, no como cuando se conformaba como un agro nacional dentro de una división internacional del trabajo en que la industria correspondía a otros países.

HG: Hay muchos compañeros que dudan de esos acuerdos…

CA: Esto no invalida que la propuesta del CAA va a seguir tratando de perjudicar al salario y el mercado interno, pero en las nuevas condiciones tiene de favorable que aún quien estuviera tan cerca de Macri como Paolo Rocca, reconoce que se abre la perspectiva de la industrialización para América Latina: no es poco, ni quiere decir que tanto la propuesta del CAA como la de Techint sean las que hay que apoyar.

HG: hay procesos de transición en todos los modelos económicos…

CA: Creo que esto solo se puede entender si nos damos cuenta que no se pasa automáticamente de un modelo a otro modelo, sino a través de una transición.

Yo lo tuve que terminar de entender porque también cuando era muy joven creía que del capitalismo se podía pasar al socialismo, aunque valoraba las situaciones intermedias, en que un capitalismo distribuía el ingreso, y por eso lo concilié con mi apoyo al peronismo, que después se transformó en identificación a medida que fui comprendiendo que el paso de una sociedad a otra puede tener muchas transiciones.

Ahora me parece entender que esa transición es la que explica el capitalismo en China, no es que el PCCh se volvió capitalista, como el de Vietnam, como dicen los trotskistas, sino que la transición tiene lugar dentro de un sistema mundial, el tránsito no es sólo el de China sino el de toda la economía mundial, sobre todo cuando quien encabeza el tránsito lo hace para salir del sistema anterior y esto es lo difícil de comprender.

Lo es también para nosotros: las propuestas de cambio son dentro de la transición: no vamos a terminar de liquidar también al CAA o a Techint, sino a ubicarlos de otra manera en una economía que evoluciona en función de ese tránsito, pero hay que empezar por tener una idea de la posible trayectoria para entenderla y después para tener una política, pero tampoco para el paso de un modelo a otro, sino para una política que marche al ritmo de esa transición. Por eso Cristina no es Alberto, Cristina es la apuesta por otro modelo y Alberto es la transición y por eso también su política es más capitalista de lo que imaginamos y eso también hay que entenderlo.

HG: ¿Hay que repensar al peronismo?

CA: Es una cuestión también teórica y decisiva para entender lo que estamos viviendo: el peronismo no fue solo una política de distribución del ingreso sino la forma que tuvo el único intento de revolución industrial que hubo en la Argentina, que al haber sido resistida por la propia burguesía argentina, que quería seguir siendo una oligarquía agraria, no pudo desenvolverse como tal y dio origen a la industria sustitutiva, propia de un capitalismo sin burguesía industrial, que marcó una vía de salida del subdesarrollo para los países subdesarrollados. Como en la Argentina la transformación en burguesía industrial o la transformación de ésta en burguesía dominante siguió siendo resistida por la oligarquía agraria en el poder con aliados en las finanzas, quedó atrás de esos dos países latinoamericanos e inauguró una decadencia continuada, inexplicable de otra manera, que ni siquiera el peronismo pudo terminar de recomponer, y una parte del peronismo se sumó indirectamente a la concepción anti industrial a través del monetarismo para hacer frente a la política antiinflacionaria con la que se buscó enfrentar la hiperinflación de final de los años ochenta.

Por eso, entre nosotros, la ideología monetarista encubrió el anti industrialismo elevando a la máxima categoría al déficit fiscal y a la emisión monetaria como explicaciones decisivas de la evolución económica, relegando la del contenido material de la producción y de la centralidad que adquiere la industria en el desarrollo capitalista, y se vuelve más necesario ahora, porque la revolución digital tiene por centro a la industria: sin una industria fuerte, no hay desarrollo posible de la revolución industrial.

HG: Entonces…

CA: Bueno, hay algunas otras consecuencias de estas reflexiones, pero siguen siendo reflexiones conceptuales originadas en tratar de entender el sistema mundial, que en nuestra época es esencial para entender la evolución nacional y por eso también hay que entender estos conceptos dentro de esos límites y buscar la forma en que se desenvuelvan al país a través de una política.

 

UN AÑO DE GESTIÓN EN ECONOMÍA

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Se ha cumplido un año de gobierno de Alberto Fernández que en el área de la producción, el trabajo, el comercio y el consumo trató, en un principio, de ordenar las variables ante el retroceso del PIB que dejaba el gobierno de Cambiemos, más una persistente fuga de capitales y su impacto sobre el tipo de cambio. La deuda externa había crecido más de 100.000 millones de dólares, de los cuales un 45% aproximadamente era con el FMI y la mayor parte de ella con perentorios vencimientos, un déficit fiscal de la Administración Nacional del 4,28% del PIB, un nivel de cierre de 24.505 empresas [1] y una tasa de inflación medida por el IPC del INDEC del 53,8% en el año 2019.  Como el dólar pasó de abril a junio de 2018 de $ 20,20 a $ 39,50, se obtuvo un superávit comercial de U$S 15.990 millones en el año 2019.

Obviamente ese diagnostico enfrentaba una situación social que el INDEC registraba en una tasa del 35,5% de pobreza y del 8% de indigencia, castigando más a los niños (se infería que el 48% de los niños del país eran pobres) y en los adultos mayores.

La ley de emergencia

No bien asumió el nuevo gobierno y en un marco de austeridad fiscal comienza a ejecutar el plan “Tarjeta Alimentar”, buscando resolver el hambre. El 23 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley 27.541 denominada de solidaridad social y reactivación productiva, que suspendió el pago a los jubilados ajustado por inflación [2] y  determinó un ajuste por Decreto hasta que se formulará la nueva ecuación de ajuste.

También dicha ley establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios en el exterior, fijó un nuevo esquema de retenciones, e incluyó un plan de regularización de deudas para las pymes, y autorizó al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad.

La pandemia

El 19 de marzo 2020 ante la agresiva presencia del Covid-19 se decretó la cuarentena que obligó a un párate casi generalizado de la actividad económica y reconvirtió el gasto público para dar respuesta a los distintos programas de salud, equipamiento de hospitales y asisencia a las provincias, a los municipios, a la población desocupada (IFE) y hasta las empresas pagando parte de los salarios por ATP [3], reducciones y plazos en el pago de las cargas sociales, créditos, etc. que permitieron enfrentar las aristas más duras de la crisis de empleo y de la pobreza. Los índices empeoraron, por supuesto, en una carga que sobre todo cayó sobre los hombros de los trabajadores de la economía popular, aquellos con mayores niveles de precarización y cuentapropistas.

El INDEC estimó que al segundo trimestre del año 2020, 3.700.000 trabajadores perdieron sus empleos y cerraron 22.000 establecimientos. También que uno de cada cinco de quienes conservaron sus puestos, en muchos casos estaban suspendidos por sus empleadores y percibiendo por ello un haber menor. Hubo 5 millones de personas que cayeron en la pobreza. Muchos de los nuevos desocupados, pero también quienes conservando el empleo no llegaban a cubrir la canasta básica total, como resultado de una caída del 19,1% de la actividad económica.

El plan de salud no colapsó y asistió a la población. Pero el costo fiscal fue enorme, sumado a los muy menores ingresos tributarios por el descenso del nivel de actividad, de manera tal que se estima terminar el año con un déficit de las cuentas de la Administración Nacional en torno a los dos billones de pesos (equivalente en dólares a unos 23.000 millones) por más que se logre imputar a los gastos del año 2020 el ingreso de la Ley de Aporte Solidario (estimado en unos $ 400.000 millones), el déficit fiscal final rondará más de un billón y medio de pesos.

La reestructuración de la deuda

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revierte la lógica de desendeudamiento en moneda nacional y se endeuda en divisas al Estado que paga en pesos, de manera tal que al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeudaban 323.177 millones de dólares que significaban el 91,7% del PIB (que se estimaba en 352.300 millones de dólares).

De esa suma adeudada, 155.416 millones de dólares eran en divisas. Si se descuenta el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG, pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana (en diciembre de 2019), implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense. Creció sideralmente la deuda, dentro de ella lo que más se incrementó fue la deuda con grandes bancos y fondos de inversión internacionales que se estima en torno a los 66.000 millones de dólares. Asimismo, aumenta la proporción de la deuda tomada con organismos multilaterales y bilaterales de crédito, desde un 6,4% en 2015 hasta un 20,0% del PIB en 2019, siendo el principal acreedor el FMI, del que el gobierno de Kirchner había logrado cancelar todas sus acreencias con el país en febrero de 2006 y al que, al 10 de diciembre de 2015, no se le debía un dólar.

Los grandes bancos y fondos de inversión son principalmente BlackRock, Goldman Sachs (el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Trump, Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como vicepresidente de Luis “Toto” Caputo  en el BCRA), PIMCO, Gramercy, Fidelity, etc.  En ese marco, el gobierno negoció y consiguió cuatro años de gracia sin pagar el capital de la deuda, una quita del 50% en los intereses que devenguen y una tasa del 6% anual (500 puntos de riesgo-país).  Igual trato se le dio a los bonos de deuda de jurisdicción nacional.

Termina el año 2020 y se está negociando con el FMI. La propuesta argentina es amortizar el capital de esa deuda dentro de cuatro años para 2025, e igual trato se le dispensaría a la deuda con el Club de París [4] cuya acreencia asciende a unos 10.800 millones de dólares, que devenga intereses a una tasa del 4% anual.

La apuesta es tan fuerte como la que le presentó a los fondos privados y terminaron aceptando cuando vieron que la Argentina no tenía capacidad de pago y que la propuesta del equipo económico nacional no estaba alejada de la triste realidad, agravada por la pandemia del Covid-19.

La economía nacional  

Para hacer frente al Covid-19 el Estado con menores recursos por el descenso del nivel de actividad y ante mayores gastos, se vio obligado a financiarse básicamente mediante la emisión monetaria, de manera tal que en un año la base monetaria [5] creció en un 30%, para ser de dos billones y medio de pesos, de los cuales menos de 500.000 millones fueron al Tesoro de la Nación, mientras que las LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) crecieron en un billón de pesos, el doble, porque devengan un interés anual del 37%, que se paga cada siete días y cada mes insume más de $ 63.000 millones de pesos.

Todo esto convierte al financiamiento estatal en un despropósito en el que se benefician básicamente diez grandes bancos privados: Galicia, Macro, Credicoop, Supervielle entre los nacionales y entre los extranjeros Santander-Río, BBVA, HSBC, Citi, Patagonia (el 80% pertenece al Banco Do Brasil)  y BNP Paribas. Todo ello les ha permitido ganar mucha plata, sin riesgo alguno y solo por tener la autorización del BCRA para funcionar como bancos (técnicamente se denomina “renta financiera”), captan depósitos del público y se lo prestan al BCRA,  mientras el país sufre la caída del producto bruto interno más grande desde que se tiene registro.

 

El poder de los bancos nace de la captación de depósitos del público y de la potestad de asignarlos a quien quieren, por un lado y, de comprarle al Banco Central los dólares que se originan básicamente por el comercio exterior y por deuda (sobre todo en los gobiernos liberales) [6].

Es más las operaciones de comercio exterior los tienen como principales instrumentistas financieros, sumándose a los nombrados, el ICBC (Banco Industrial y Comercial de China) que es el primer banco por volumen de activos del mundo mediante el cual operan las empresas de ese país, como COFCO, que es una de las principales acopiadoras y comercializadoras de granos del mundo que absorbió a Nidera y a Noble entre otras firmas.

Los grandes exportadores de granos del país estuvieron todo el año reteniendo la liquidación de sus operaciones presionando para la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar. Recién a partir del 1° de diciembre de 2020 mediante la Resolución 132/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se exige a los operadores de granos que para mantener la inscripción en el registro de los exportadores tendrán que cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas

El nudo gordiano de la Argentina actual es la “santa alianza” entre los grandes bancos y los grandes operadores del comercio exterior, entre estos últimos los diez grandes exportadores de granos (sumado COFCO), que concentran el 91 por ciento de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales del país. Seis son extranjeras, de las cuales cinco de ellas se hacen llamar por su primera letra ABCD: ADM; Bunge Ceval; Cargill; COFCO; Louis Dreyfus, más Glencore como Renova SA y/o como Oleaginosa Moreno SA. [7]  Y las otras cuatro nacionales: Aceitera General Deheza; ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas); Molinos Agro de Pérez Companc y el Grupo Olio (Díaz& Forti) que opera en las instalaciones de Vicentin SAIC.

El concurso de acreedores de Vicentin SAIC significó la virtual estafa a miles de productores de granos de todo el país, en que la deuda real con los productores/proveedores seguramente multiplica varias veces a la efectivamente registrada en la convocatoria. No debe olvidarse de la existencia de los “valijeros” y de la entrega de granos de palabra, sin la existencia de ninguna documentación para no pagar impuestos. Caso concreto la denuncia de los socios de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y un centenar de cooperativas agropecuarias en que el valor de los granos entregados es mucho mayor que el que aparece en el concurso de acreedores, o de la firma Grassi SA por lo mismo y, hasta de la acopiadora “La Clementina SA”, que le había entregado granos el 4 de diciembre de 2019 en que se declaró en “stress” financiero. Vicentin SAIC recibió la mercadería sabiendo que no la iba a pagar. El problema es que la estructura de Vicentin va a ser despedazada por las grandes empresas del sector y, de esa manera, no solo se concentra más el mercado granario y de sus derivados agroindustriales, sino que se pierde una excelente oportunidad para contar con una empresa testigo en el sector, que permita conocer los costos reales, perfeccionar los mecanismo de control de contabilidad y pago de impuestos y derechos, que fue la idea original en el Decreto de intervención y proyecto de ley de expropiación en la empresa, que al anunciarlo el Presidente de la Nación dijo: “El objetivo es que siga funcionando y que sus siete mil trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos y que los dos mil seiscientos productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura”.

Balance anual

Ante el descenso del Producto Bruto Interno y niveles de pobreza y exclusión social en el país como no existe registro [8], el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estima la pobreza en un 44,2% de la población y la indigencia en un 10,1%, afectando a más de 20.000.000 de personas; donde la jubilación mínima se la llevó a $ 19.035 mensuales para diciembre 2020 y es operativa, más de cinco millones de jubilados y pensionados cobran en torno a ese monto; y casi nueve millones de personas esperan recibir el IFE, del otro lado nos encontramos con la renta primaria y financiera que perciben como si fuera un derecho natural y de ese tema no se habla.

En ese marco, el gobierno piensa desarrollar un mercado de capitales local, que considera fundamental tanto para ampliar el fondeo del Tesoro a través del endeudamiento y reducir la asistencia del BCRA como para impulsar el financiamiento productivo a las empresas en la salida de la pandemia. Es más, el gobierno confía en que el acuerdo con el FMI destrabará una ampliación del crédito de bancos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, para proyectos de infraestructura que permitirá cubrir parte del incremento en el gasto en obra pública presupuestado para el año 2021.

Todo eso puede realizarse pero mientras se dependa de los exportadores y de los bancos va a seguir la puja devaluatoria y la suba de las tasas de interés perjudicando severamente y aún más a los pequeños y medianos establecimientos, a las economías regionales y, fundamentalmente, a los trabajadores que no solo no podrán conseguir trabajo, sino que si lo hacen será con salarios por debajo de la línea de pobreza.

El camino a seguir lo trazó Néstor Kirchner. La Argentina de hoy, pese al gobierno de Cambiemos y la pandemia, destina más del 70% de lo que produce al mercado interno. Por lo tanto para que el país crezca sostenidamente es necesario aumentar los puestos de trabajo y las remuneraciones para que la masa salarial crezca (más trabajadores y con mayor poder adquisitivo) y con ello la demanda agregada.

Financió la política de igual a igual con los dueños de este país, creo puestos de trabajo, hizo crecer el producto y distribuyó en la población, pagó jubilaciones y pensiones a todos aquellos que el menemismo había dejado sin trabajo y sin aportes, estableció relaciones fraternales con los países de la región, se opuso al ALCA, impulsó el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Trabajó de sol a sol por sus convicciones, en el año 2010 había sufrido dos operaciones por obstrucción en las arterias, le recomendaban reposo absoluto y se levantaba igual, hasta que la muerte lo sorprendió (y nos sorprendió) el 27 de octubre.

No es fácil hacer política en este país con el grado de concentración económica y el bajo nivel ideológico de gran parte de la población. Kirchner hizo concesiones como eximio jugador de ajedrez que debe ceder piezas para lograr el gran objetivo, ganar la partida, a la cual él sumaba defender la reina a costa del rey.

Así lo entendió el equipo del Ministro Martín Guzmán en el Proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2021, donde sostiene que los salarios públicos crecen un 34,5% (y es referente de la remuneración en el sector privado y el resto de las administraciones públicas), los precios un 29% y el tipo de cambio un 25% (se estimaba en $ 102,40 en diciembre de 2021), impulsando el mercado interno.

 

[1] La AFIP (la Administración Federal de Ingresos Públicos) informó que durante el gobierno de Cambiemos  (diciembre 2015- diciembre 2019) cerraron 24.505 empresas, que representó una contracción de 4,3%, en un contexto en el que el sector más afectado fue el de las pequeñas y medianas empresas. 
[2] La fórmula que aplicó el Gobierno de Cambiemos redujo los haberes pese a estar compuesta en un 70% por la variación del IPC (y 30% por RIPTE) porque se aplicó un trimestre más tarde y los haberes se actualizaban en función de una inflación pasada que se aceleraba, por lo cual, corrían atrás de una inflación cada vez más alta y los jubilados y las jubiladas perdían sistemáticamente capacidad de compra. La jubilación mínima de septiembre 2019 fue fijada en $ 12.937,22  mensuales y de los siete millones de jubilados y pensionados de la ANSeS, más de cinco millones perciben el haber mínimo o cerca del mínimo.
[3] Si asistió por IFE en tres veces de $ 10.000.- por mes  a unas 8.676.000 personas.  Un país con unos 45 millones de habitantes, con una tasa de actividad del 47% significa que cuenta con una población económicamente activa de unos 22 millones de habitantes.  Las ATP se le llegó a otorgar a 289.000 empresas.
[4] El Club de París es un conjunto de países acreedores creado en el año 1956 para que los Estados más solventes financien problemas de las naciones endeudadas. Actualmente los países miembros son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Holanda, Inglaterra, Rusia, Suecia y Suiza.
[5] Base Monetaria: Es la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central,  que se incrementa en un 30% pero el tipo de cambio lo hizo en un 46,26% de $ 59,6 el 10 de diciembre de 2019 a  $ 87,17 un año más tarde. También la Administración Nacional se financia colocando títulos de deudas en pesos pero ajustados por la inflación (BONCER) y por dólar linked (se compran y  pagan en pesos pero se ajustan por la devaluación del dólar oficial)
[6] Poder que le confirió la reforma financiera de 1977 y que profundizó la modificación de la ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA de 1992.
[7] Los miembros fundadores (ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company y Glencore Agriculture) con el fin de modernizar las operaciones comerciales globales conforman el proyecto Covantis, que cuenta con un sitio web, www.covantis.io, para conectar la agroindustria a través de una plataforma digital.
[8] El INDEC se creó en 1968 y antes solo había registros parciales, el primero fue dirigido por Alejandro Bunge  en 1924  pero no pudo contabilizar la crisis de 1930 porque era el Director de Estadísticas de Yrigoyen cuando lo derrocaron el 6 de septiembre.

 

 

 

UN AÑO DE GESTIÓN EN ECONOMÍA

El “viento de cola” y el conflicto entre exportadores y tenedores de bonos

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El “viento de cola”

El 2021, todavía azotado por los vientos del virus, anuncia un escenario internacional favorable para el flujo de divisas hacia las naciones emergentes, configurando lo que algunos analistas mal intencionados denominan “viento de cola”.

Las dos economías más relevantes del mundo han adoptado medidas frente a la pandemia que contribuyen a construir el contexto descripto.

China ha volcado ingentes recursos para sostener la actividad interna, acción que le permite cerrar el 2020 con un crecimiento pronosticado en el 1%, siendo del escaso puñado de países que no soportó un derrumbe en el marco de la pandemia.

El fuerte impulso a la demanda en la segunda economía planetaria se traduce en una paulatina suba del precio de los alimentos que impacta favorablemente en los países productores. El precio de la tonelada de soja en el mercado de Chicago evolucionó desde u$s 334,4 a fines del 2019 hasta alcanzar u$s 426,2 al cierre de noviembre 2020. Un incremento del 27,4% a lo largo del año.

La Reserva Federal de los EEUU ha emitido alrededor de u$s 3 billones para sostener el valor de las acciones de las empresas estadounidenses, en particular las tecnológicas. Esta potente expansión monetaria determina liquidez abundante y un descenso sostenido de las tasas de interés para remunerar los Fondos Federales, desde un tope máximo de intervención del 2% anual en septiembre de 2019 al 0,25% en marzo 2020.

El titular de la FED Jerome Powell afirmó que esta tendencia permanecería hasta fines del 2022.

Sin duda, un rumbo internacional de aumento del flujo positivo de divisas por mejora en los precios de las materias primas alimenticias (“dólares comerciales”) y recursos de capital líquidos no atraídos por el “vuelo a la calidad” que implica una tasa de interés elevada en los países centrales (“dólares financieros”), genera mejores perspectivas para la Argentina.

Síntomas del conflicto. Indicadores negativos en el sector externo

Sin embargo, los indicadores de sustentabilidad del sector externo no recogen aún estos pronósticos positivos. Veamos:

  1. La reestructuración de deuda pública que consolidó un programa financiero viable tanto en plazos como en servicio de intereses, no se ha reflejado aún en el precio en los mercados de los nuevos bonos surgidos del canje.
  2. Hay agentes económicos que continúan apostando, aún a riesgo de fuertes pérdidas, a la devaluación del peso. Esto se evidencia en la cotización del dólar contenida en los contratos de compra futuro durante el año 2021.
  3. No se ha logrado revertir la pérdida de reservas internacionales atesoradas en el BCRA, a pesar del abultado superávit comercial, la exitosa reprogramación de deuda pública y el control de cambios sobre la cuenta financiera del balance de pagos.

Los bonos soberanos a lo largo del 2020 presentaron un pico de riesgo país de 4.000 puntos básicos en abril, para descender a 1.100 en septiembre al momento del canje. Pero luego retomaron su derrotero ascendente para situarse en torno a los 1.400 a fin de año.

A modo de ejemplo, el título emitido en el canje con mayor liquidez y volumen de intermediación, el bono en u$s Global 2035, rinde una tasa interna de retorno superior al 15% a consecuencia de su baja en la cotización.

Ese rendimiento extraordinario veta cualquier colocación en el mercado internacional a mediano plazo y a la vez desalienta el ingreso de fondos al mercado local, porque el margen de ganancia para recuperar el capital invertido es muy elevado (+15%) respecto de la opción de los bonos.

Los contratos de compra de dólar a futuro registrados en el RoFex fijan cotizaciones de $100 para marzo y $127 para agosto del año próximo, constituyendo una apuesta fuerte contra las proyecciones macroeconómicas contenidas en la ley de Presupuesto de la Administración Nacional recientemente promulgada.

Si bien los agentes económicos pro-devaluación vienen perdiendo la pulseada contra el Banco Central, no deja de preocupar una tenaz confrontación contra las autoridades económicas pretendiendo fijar precio del dólar oficial con una pauta de depreciación del peso superior al 50% al promediar el 2021, generando expectativas en ese sentido.

El Banco Central ha sufrido una reducción en su nivel de reservas internacionales a lo largo del año en una cifra que ronda los u$s 5.000 millones.

Esto ocurre a pesar de existir condiciones benéficas para la acumulación de divisas, definidas por el excedente de la balanza comercial, el cierre del programa financiero y el control de cambios heredado del macrismo. Temas que fueron largamente comentados en esta columna.

Durante la crisis financiera 2008/2009 también existía una suba del precio internacional de los alimentos y una fuerte baja de la tasa de interés global. Por razones parecidas a las actuales, consistentes en superar la crisis en curso, China había impulsado la recuperación de la demanda efectiva y EEUU había expandido la base monetaria para evitar la quiebra generalizada de su sistema bancario. Sin embargo, el comportamiento de la economía argentina fue distinto frente a esos estímulos internacionales.

El entonces ministro de economía Amado Boudou, a fines del 2009, apresuró un programa financiero que protegiera al sector externo frente a la crisis, centrado en tres patas: el cierre de acuerdos con los organismos multilaterales que proveyeron de u$s 5.500 millones de libre disponibilidad; la constitución del Fondo de Desendeudamiento con las reservas excedentes del Banco Central, por u$s 6.500 millones, que alejó la percepción de default; y la realización de la segunda oferta de canje de deuda que permitió completar la reestructuración de la deuda en default heredada del 76,1% al 92,4%.

El año 2010 fue receptor de los beneficios de este esquema. El riesgo país disminuyó 43,5%, desde un pico de 878 puntos básicos previo al segundo canje, hasta los 496 puntos al cierre del año. La cuenta capital registró un récord inédito de ingreso de divisas por u$s 7.100 millones y las reservas internacionales aumentaron en el año u$s 4.200 millones. El PIB creció 10% en el 2010 y 6% en el 2011.

Los bandos en pugna

El desarrollo previo apunta a arrojar luz sobre el momento y las tensiones que surcan la economía argentina, siendo necesario abordar las razones que hasta ahora no la están posicionando para aprovechar de lleno la mayor oferta de dólares comerciales y financieros que se vislumbra dada la evolución de las principales variables globales.

La oferta de dólares proviene esencialmente de las ventas al exterior y deben solventar las necesidades de importación de la actividad productiva, pero también los servicios de los títulos de deuda pública nominados en moneda extranjera.

Si bien la incidencia de los pagos de deuda se ha postergado hasta mediados de la década, los tenedores de bonos anticipan una tensión por la oferta de divisas en el marco de la expansión de la economía y la evolución de la cuenta corriente del balance de pagos.

Consecuentemente, los fondos de inversión reducen las tenencias de títulos argentinos reestructurados en sus portafolios, ventas que hacen descender el precio de mercado de dichos valores y elevan el riesgo país.

Los bonistas demandan estabilidad cambiaria para aumentar la capacidad de pago del sector público endeudado. La recaudación de tributos, mayoritariamente en pesos, optimiza la capacidad de pago estatal con un tipo de cambio estable y con escasa volatilidad. Si sus analistas no proyectan ese escenario tienden a desprenderse de los bonos en cartera.

Esta demanda es la que explica la exigencia para que la Argentina cierre rápido un acuerdo con el FMI y la recurrente mención de la necesidad de un “Plan Económico”.

Los exportadores, por su parte, impulsan la devaluación del peso para aumentar sus ganancias por el producido de sus ventas externas. Un tipo de cambio alto que licúe el “costo argentino” optimiza la renta exportadora. Esto explica las presiones constantes en favor de la devaluación, inclusive pretendiendo fijar un valor de dólar-futuro elevado que aliente las expectativas de depreciación del peso.

Una devaluación aumenta la rentabilidad de las exportaciones y a la vez deteriora la capacidad de pago en dólares del Sector Público. En torno al valor del tipo de cambio se sitúa el conflicto entre ambas fracciones del capital en pugna en la Argentina: los exportadores oferentes de dólares y los tenedores de bonos nominados en moneda extranjera acreedores del Estado.

El Gobierno debe arbitrar en este conflicto para impedir la profundización del ajuste sobre el pueblo. Sea que éste se perpetre por la vía de una fuerte devaluación o por un duro programa de austeridad del FMI.

El mecanismo para hacerlo es atesorar reservas internacionales en el Banco Central provenientes del excedente de la balanza comercial. El Presupuesto 2021 prevé un superávit comercial para el trienio 2021/2023 próximo a los u$s 39.000 millones. Su acumulación en el Banco Central es el principal factor de estabilización frente a la puja creciente que revelan los indicadores comentados.

Sobre este tema crucial en la actual coyuntura, en un intercambio de ideas reciente, la exministra de economía Felisa Miceli aportó un borrador de notable calidad técnica, conteniendo un conjunto de medidas sobre administración del comercio exterior y regulación del movimiento de capitales que necesariamente deben ser tenidos en cuenta si se desea preservar el excedente comercial del próximo trienio y asegurar un sendero de crecimiento con equilibrio de las variables.

 

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/deuda/el-viento-de-cola-y-el-conflicto-de-exportadores-y-bonistas-2020121212029

 

BIDEN Y LA ARGENTINA

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Tomando como puntos de referencia los pronunciamientos del Presidente electo Joseph Biden en una campaña electoral dominada por la agenda interna, revisando su programa de gobierno y sus referencias a América Latina en diferentes reportajes y notas, es difícil discernir el lugar y el alcance de la política exterior de la administración demócrata hacia la Argentina. Las menciones concretas a países específicos de la región en temas precisos fueron escasas, como es habitual en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, ello no debe interpretarse como el desconocimiento de Joe Biden de la región. Durante los ocho años que estuvo junto a Barack Obama, Biden visitó 16 veces América Latina superando con ese número a cualquier otro Presidente o Vicepresidente estadounidense. No vino a la Argentina, pero el 7 de noviembre, a las 13.07 hora del este de Estados Unidos, Alberto Fernández fue el primer gobernante de la región en  llamar al nuevo mandatario para felicitarlo por su victoria electoral.

Biden Senador

Una guía interesante sobre el perfil del entrante Presidente demócrata y la región lo constituye su pasado como Senador. Se opuso al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile (2003) y al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (2005). Votó favorablemente por una reforma migratoria integral (2007); por la construcción de un vallado en la frontera con México (2006); por la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (2002) que benefició a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia hasta que expiró en 2013; por el reforzamiento del embargo a Cuba (1996) y por la expansión de la asistencia anti-narcóticos a nivel internacional (1996). En algunos temas modificó su postura cuando estuvo en el Ejecutivo, y en otros, se proclamó promotor activo y entusiasta; como en el caso del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central.

En cuanto a la Argentina, el legislador Biden se manifestó muy enfáticamente en dos temas. Lideró en el Senado dos Resoluciones (378 del 27 de abril de 1982 y 382 del 29 de abril de ese año) reclamando que el ejecutivo (Ronald Reagan) no fuera neutral en el conflicto de Malvinas y que respaldara plenamente a Gran Bretaña. Años después, acompañó, como co-auspiciante, dos resoluciones (la 20 del 29 de abril de 1997 y la 126 del 7 de septiembre de 2004) respecto al atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires de 1992 y al atentado a la AMIA de 1994. En ambos casos expresó una seria preocupación por los actos terroristas y su irresolución judicial. Es importante no desconocer esos antecedentes; en particular el de Malvinas. Aunque también es relevante recordar las raíces irlandesas de Biden, su abierta crítica al BREXIT y su firme respaldo al Acuerdo de Paz del Viernes Santo (Good Friday Agreement) británico-irlandés de 1998 que puso fin a la violencia política en Irlanda del Norte.

Con este telón de fondo, es importante notar que las agendas de los países de Latinoamérica con Washington no han sido, ni son, semejantes. La de México es variada y compleja por los distintos temas que entrelazan a los dos países; el comercio, las drogas y la migración, entre otros, inciden y moldean ese vínculo. La agenda de Estados Unidos con Brasil es importante, por el peso de ese país en América del Sur, y como poder emergente, aunque hoy esté replegado. La agenda de Estados Unidos con Venezuela ha devenido conflictiva debido al significado geopolítico del caso venezolano y su impacto continental y extra-regional. La agenda de Estados Unidos con la Argentina es limitada y no incide de modo relevante en la política interna estadounidense ni representa un desafío a su seguridad nacional.

Argentina, el FMI y el papel de Estados Unidos

¿Qué asuntos en la actualidad vinculan a los dos países? En lo inmediato, la relación del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Algunos elementos pueden influir en un papel constructivo de Estados Unidos en esta cuestión. Antes del estallido del Covid-19, América Latina atravesaba una situación de creciente inestabilidad. La pandemia la exacerbó reflejando, en conjunto, los estragos que dejan décadas de desigualdad social, desindustrialización económica y deterioro institucional. Siendo una región con el 8,2% de la población mundial, América Latina tiene más del 30% de los muertos del mundo por el virus.

No parecería que, en medio de tantos casos de alta volatilidad política, Estados Unidos vaya a salvaguardar sus intereses nacionales y tratar de mejorar su posición relativa, en especial respecto a la proyección de poderío e influencia de China en el área, propiciando el fracaso de la negociación entre la Argentina y el FMI. Además, Joe Biden es, después de John Kennedy, el segundo Presidente católico que ha tenido Estados Unidos. Admira al Papa Francisco y lo considera “el timón moral del mundo”. Cabe recordar que el Papa, en sus diálogos con distintos Jefes de Estado, solicitó el apoyo a la negociación entre el gobierno argentino y los acreedores privados y no sería inimaginable un contacto discreto en el mismo sentido entre Francisco y Biden y ante un eventual acuerdo con el Fondo. Finalmente, si la posición que la Argentina lleva a la mesa con el FMI es sólida y sustentable no habría motivo alguno para que Washington la condicione o la rechace, máxime cuando existió una co-(ir)responsabilidad en el manejo del asunto de la deuda en 2018-2019 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo.

Washington, Caracas y Buenos Aires

Un tema delicado para Estados Unidos y la Argentina es Venezuela. Es relevante recordar que las sanciones a Caracas comenzaron con la administración del Presidente Barack Obama, quien emitió una Orden Ejecutiva, en marzo de 2015, declarando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. En la administración de Donald Trump se implementaron órdenes ejecutivas adicionales para ampliar y profundizar las sanciones. Durante la campaña presidencial, Biden cuestionó la política de Trump hacia Caracas por ineficaz. No logró el regime change y resultó, según el nuevo mandatario, un ejemplo de “fracaso lamentable”. Al llegar a la Casa Blanca es muy improbable que elimine las sanciones: seguramente no deseará iniciar su gestión haciéndose acreedor de acusaciones de “castro-chavista”; término que usaron los republicanos en su contra en la reciente campaña. Sin embargo, tampoco podrá proponer el eufemismo que algunos asesores le sugieren: “sanciones inteligentes” En breve, si Washington opta por dejar atrás la amenaza del uso directo de la fuerza y contempla una solución pacífica y democrática, deberá entonces introducir matices a su estrategia frente al gobierno de Nicolás Maduro. En ese caso, la Argentina, que no respaldó ningún tipo (unilateral o colectiva) de intervención armada, pero que se manifestó con voto —y no con retórica— contra la situación de derechos humanos en el país, podría eventualmente aportar a una alternativa política para Venezuela. Con cautela y sin estridencia podría sugerir una suerte de Contadora “ampliada” para el caso venezolano. Es decir; una iniciativa de distensión diplomática y salida institucional, como fue el caso de la Contadora para América Central en los ’80 pero con una variedad de miembros participantes más allá de Latinoamérica.

La energía en las relaciones argentino-estadounidenses

Hay además un tema ligado a la energía que puede entrelazar la Argentina y Estados Unidos. Por una parte, si la administración Biden efectivamente se compromete a estimular fuentes alternativas y, a su vez, impulsar la renovación en la industria automotriz, el litio y la producción de baterías serían clave. Por el otra parte, si el nuevo gobierno suspende las perforaciones de petróleo en terrenos federales, no sería descartable la disponibilidad de inversiones para Vaca Muerta. En ambos casos, litio y petróleo, la Argentina quizás pueda beneficiarse. En materia de litio el país produce muy poco de los depósitos que se sabe se poseen y algunos proyectos de inversión se han frenado debido al Coronavirus. Asimismo, en la actual coyuntura hay que recordar que ExxonMobil decidió cancelar inversiones en gas natural en Canadá y la Argentina, justo cuando para mejorar los vínculos con Brasil el país acaba de anunciar el “Proyecto Gasoducto Uruguayana-Porto Alegre”.

La importancia de los derechos humanos

El Presidente electo de Estados Unidos anunció que priorizará los derechos humanos tan severamente afectados en su propio país y la región. En el ámbito continental cabe destacar el estado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconocida por su trabajo serio, independiente y riguroso. Desde la inauguración de la presidencia de Donald Trump, los derechos humanos se ubicaron en un lugar de mucha menor prioridad, tanto en el campo de la política exterior estadounidense como en el plano de la política interna. Estados Unidos rehusó asistir a las audiencias de la CIDH sobre inmigración a principios de 2017, se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018, fue reduciendo, año tras año, las partidas presupuestarias para la promoción de la democracia y los derechos humanos y, en 2020, impuso sanciones contra el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por “intentos ilegítimos de someter a estadounidenses a su jurisdicción”.

Con ese marco de referencia, en enero de este año, la CIDH decidió, por unanimidad, renovar el mandato de su Secretario General, Paulo Abrao. En agosto, Luis Almagro se abstuvo de nombrarlo. El Secretario General de la OEA —con el pleno respaldo de la Casa Blanca, el empuje de los sectores más recalcitrantes del partido republicano en el Congreso y el acompañamiento de Colombia y Brasil, en particular—, no hizo más que consolidar, en el seno del órgano más prestigioso de la organización, las fisuras entre países de América. Justo en un momento en el que regional e internacionalmente hay un reflujo inquietante en cuanto al debilitamiento del derecho humanitario y el deterioro de la democracia. Si Biden apunta a re-ubicar en un lugar más prominente el tema de los derechos humanos, países como la Argentina con una política consistente en la materia podría ser una contraparte reputada y creíble para ese propósito.

¿Un nuevo multilateralismo?

Otro tema que Joe Biden prometió relanzar fue el multilateralismo. Es notorio el prolongado deterioro y cuestionamiento del multilateralismo; en particular, de los foros e instituciones impulsadas por Occidente, como Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización Mundial de Comercio, el G-7 y el G-20. También es evidente el agresivo ataque a los ámbitos y compromisos multilaterales por parte de la administración Trump. Un estilo arrogante y pendenciero se impuso desde Washington disimulando el gradual declive estadounidense y afectando la reputación de la Casa Blanca. El nuevo mandatario demócrata indicó su interés por re-encausar la política multilateral de Washington. En ese contexto, cabe recordar que la Argentina fue invitada en 2020 por Emmanuel Macron y Angela Merkel a ser parte de la denominada “Alianza por el Multilateralismo” en buena medida por la proverbial defensa y promoción de las organizaciones, los regímenes y los tratados multilaterales que caracteriza la diplomacia del país. Posiblemente en torno a lo multilateral haya otra cuestión que acerque a Washington y Buenos Aires. En todo caso, será esencial que Estados Unidos no opte, como lo han hecho gobiernos anteriores a Trump, por una especie de “multilateralismo a la carta” con el que solo se compromete si le conviene.

La relevancia de la Antártida

Otro tema trascendental es el de la Antártida. El pasado 9 de junio Trump anunció un memorándum para salvaguardar los intereses nacionales de Estados Unidos en el Ártico y la Antártida. Como se sabe, en el Polo norte se han incrementado las fricciones entre Rusia y Estados Unidos más sus aliados occidentales y esa competencia ha ido dando lugar a la potencialidad de conflicto. La geopolítica de la rivalidad tiende a manifestarse en los movimientos de Moscú y Washington. En oposición al Ártico, el Polo sur ha sido un espacio donde, hasta el momento, ha predominado la cooperación; condición básica para la estabilidad y la gobernanza antártica. Sería fundamental que la Antártida no se convirtiera en un área de controversia y disputa; en especial, entre Estados Unidos, Rusia y China. Por ello, resulta esencial que el creciente despliegue estadounidense en el área no se inscriba en la lógica de la geopolítica de la rivalidad. Es de esperar que Biden no estimule allí un foco adicional de controversia con Moscú y Beijing. Eso afectaría severamente intereses vitales de la Argentina. Es clave asegurar entonces que los principales actores externos y regionales vinculados a la Antártida refuercen los compromisos estipulados en el Tratado vigente. Es bueno recordar que desde el 16 de junio de 2003 la sede de la Secretaría del Tratado Antártico es la Argentina.

El asunto principal

Ahora bien, el tema más intrincado y exigente es el lugar de China en la relación entre Estados Unidos y la Argentina. Sucintamente, Beijing es la contraparte de Washington en cuanto al dilatado proceso de transición de poder, influencia y prestigio en el mundo. Otra vez, como en el siglo XX, la Argentina —su dirigencia y sociedad— es testigo de otra dinámica de transición entre grandes poderes: en el período entre las dos Guerras Mundiales fue entre Gran Bretaña y Estados Unidos, hoy es entre Estados Unidos y China. En aquel contexto, Buenos Aires optó por plegarse al poder declinante. En el presente, el mayor desafío es y será mantener relaciones simultáneamente positivas con ambas potencias para lograr el mayor beneficio posible para los intereses nacionales. No hay que olvidar que el dilema básico para las naciones del Sur global y de Latinoamérica, en particular, es evitar y reducir la dependencia de ambos pues las superpotencias, al menos en la experiencia occidental, tienden a procurar súbditos más que semejantes.

A mediano plazo, en la rivalidad entre Washington y Beijing, es evidente la tendencia al descenso relativo de Estados Unidos y el consecuente ascenso gradual de China. La participación estadounidense en la economía mundial se redujo a la mitad de 1950 a la fecha. Según el Libro Blanco de la Política Exterior de Australia de 2017, el PBI de Estados Unidos en 2016 fue de U$S 18,1 billones de dólares y el de China de U$S 21,4 billones de dólares; para 2030 el pronóstico respectivo es de U$S 24 billones de dólares y de U$S 42,4 billones. A su turno, en 2017 el Partido Comunista de China se puso como meta que el país sea el líder mundial en Inteligencia Artificial en 2030 y en esa dirección viene realizando inversiones sostenidas.

Adicionalmente, una gran potencia consolida su hegemonía mediante la instauración de regímenes internacionales, el fortalecimiento de las instituciones multilaterales y la gobernanza de los asuntos globales. Nada de eso ha hecho la administración Trump, que horadó regímenes (por ejemplo, el de no proliferación), erosionó instituciones (por ejemplo, la OMC) y afectó el manejo colectivo de temas críticos (por ejemplo, el cambio climático). China, por su parte, ha venido propiciando y consolidado una combinación de multilateralismo alternativo y bilateralismo activo. Como toda potencia en ascenso, Beijing aspira a moldear un ambiente propicio para su auge, reducir las posibilidades de enfrentar coaliciones que la debiliten y mejorar su posición relativa en el tablero internacional.

En ese cruce pugnaz entre un poder gradualmente ascendente y otro en declive relativo, las tensiones bilaterales se tienden a incrementar y no ceden, sino que adquieren nuevas dimensiones y manifestaciones. Nada indica que la administración Biden apunte a revertir esa dinámica. Por el contrario, la necesidad de apoyo republicano en cuestiones internas y la proverbial creencia de que Washington está destinada a liderar el mundo no contribuyen a atenuar la rivalidad, sino a exacerbarla. En ese marco, temas como el 5G, los eventuales lazos militares de la Argentina con China, el grado de presencia de Beijing en ciertos ámbitos domésticos sensibles (recursos estratégicos, infraestructura, alta tecnología, seguridad, entre otros) serán objeto de atención y tensión en las relaciones argentino-estadounidenses. El reto será saber cómo manejar los respectivos vínculos bilaterales para no perjudicar los intereses nacionales. Ello exigirá, quizás, una diplomacia temática —asunto por asunto— más que dogmática — movida por creencias rígidas, ingenuas y acríticas.

En todo caso se abre un compás de espera para generar un espacio en el que se reduzca la discordia recurrente y se amplíe la convergencia mutuamente conveniente en las relaciones entre los gobiernos de Fernández y Biden. La paciencia, la modestia y el temple son buenas consejeras en estas circunstancias internas, regionales y mundiales.

 

 

BIDEN Y LA ARGENTINA

 

Coparticipación: la cuestión Capital, pero también provincial

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El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, ha asumido un rol de víctima sufriente por el recorte de recursos nacionales en favor de la Provincia de Buenos Aires, aduciendo que el mismo se debe a simples razones de hostilidad política.

La piedra del escándalo la constituye la recuperación por parte de la Nación del 1,18% de recursos coparticipados correspondientes a la distribución primaria cedidos en su oportunidad por el gobierno de Macri. La Nación, posteriormente, decide el traspaso de esos fondos a la Provincia de Buenos Aires para reparar parcialmente el déficit estructural que adolece el principal distrito del país.

La Ciudad de Buenos Aires proyecta para el 2021 un gasto público por habitante de $218.000 anuales, en tanto que en la Provincia de Buenos Aires la proyección para el año que viene arroja un desembolso de fondos estatales por habitante de $107.000.

Los números precedentes revelan que el anti-estatismo militante del Gobierno de la Ciudad y también de la masividad de los porteños que lo respaldan no constituye un impedimento para que dupliquen en gasto público “per cápita” a los bonaerenses.

El desequilibrio se profundiza singularmente cuando se evalúa el aspecto netamente municipal urbano de la inversión de recursos públicos. La Matanza es el principal distrito municipal del país, en el que viven 2 millones de personas y linda en su borde norte con la Capital. Este municipio apenas puede presupuestar una erogación de recursos públicos por habitante para el 2021 en torno a los $13.000 anuales. 

La gravedad de esta última asimetría de recursos en un ejido urbano continuo pero separado por administraciones jurisdiccionales distintas explica las diferencias en el desarrollo del espacio público entre la CABA y La Matanza.

Los esfuerzos de este último distrito para sostener la urbanidad adquieren a veces características épicas frente a la abundancia de intervenciones estatales que se advierten en el norte de la ciudad Capital, aunque la distancia no supere los 30km.

¿Qué reclama entonces Larreta? Que se respete el Pacto de Olivos, que alumbró el acuerdo político Fiscal-Federal consagrado en la Constitución de 1994. En definitiva, una distribución de recursos coparticipables que consolide la debilidad estructural de la Provincia de Buenos Aires y fortalezca la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

No por casualidad, dos veces en la historia sendos Jefes de Gobierno de la Ciudad, encabezando coaliciones anti-peronistas, derrotaron a Gobernadores peronistas de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien De la Rúa y Macri se disputan el podio del peor gobierno de la democracia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una pieza clave en el dispositivo de poder oligárquico, y Larreta imaginará que ha llegado su turno de tomar el cetro vacante.

Aunque la Ciudad fue históricamente relevante en la construcción del proyecto oligárquico, la perennidad de la democracia a partir de 1983 convenció a las élites de que necesitaban un distrito estrella desde donde deslumbrar al país y promover candidatos nacionales. La autonomía surgida del Pacto Alfonsín-Menem debe ser leída en ese sentido.

El expresidente Alfonsín pensaba de buena fe que el distrito porteño sería gobernado por una coalición de centroizquierda que se opondría al peronismo conservador del resto del país. De hecho, eso era lo que ocurría en la región en los 90’. Caído el Muro de Berlín y derruidos los relatos ideológicos vigentes en el siglo XX, la izquierda latinoamericana abordó la oferta eficiente de bienes públicos (salud, educación, transporte, espacio urbano) como medio de construcción política. La ciudad de Buenos Aires no fue la excepción y Aníbal Ibarra liderando una coalición popular y progresista derrotó a dos emblemas de la derecha: a Cavallo en el 2000 y a Macri en el 2003.

El siglo XXI trajo cambios internacionales de fuerte impacto en Suramérica y la oligarquía en retirada decidió optimizar los acuerdos de Olivos y parapetarse en la Ciudad de Buenos Aires, derrocó a Ibarra y se apresuró a entronizar Macri en el 2007. El resto es historia conocida.

Larreta se ha dedicado a consolidar la Capital como centro financiero y de servicios, potenciando la enorme renta inmobiliaria del distrito con el remate de tierras públicas en la costa del río. Desde esa vidriera tiende la mano al sector primario agropecuario, minero y energético, renovando la alianza tradicional que sustenta al anti-peronismo. Esa mano tendida sortea al incómodo conurbano peronista.

El gran Buenos Aires ha sido esquilmado en recursos fiscales como se describió, pero también agredido en su base productiva constituida por el modelo industrial.

Quien ha comprendido desde el comienzo este perverso juego oligárquico, ha sido el gobernador Axel Kicillof, accionando para romper “la inviabilidad de la Provincia de Buenos Aires” decretada por las élites. El reclamo y la recuperación de los recursos de origen nacional que corresponden, el aumento -fuertemente resistido- de los recursos de origen provincial y la proyección de un relevante programa de obra pública para el año próximo son jalones de un cambio estructural pero imprescindible de la relación de la Provincia con la Nación y también con la Ciudad.

Estamos en el inicio de la pulseada y el escenario recurrente de gobernadores bonaerenses débiles y jefes de gobierno “brillantes” tiene que concluir definitivamente.

La ciudad de Buenos Aires debe ser un centro financiero y de servicios, pero para un Área Metropolitana industrial, y el interior de la Provincia de Buenos Aires debe manufacturar los recursos primarios para anclar habitantes en su territorio. Ni la renta agropecuaria primaria bonaerense, ni la renta inmobiliaria porteña pueden seguir expulsando población a un Área Metropolitana sin industrias y sin recursos fiscales.

Es hora de que la dirigencia política del conurbano se ponga al frente de su pueblo empobrecido y acompañen al gobernador para producir la transformación que supere este modelo agotado, pendular e inviable.

 

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/coparticipacion/la-cuestion-capital-pero-tambien-provincial-20201250536

CUANDO EL QUE NO FUNCIONA ES EL ESTADO

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En nuestro país el Estado fue un factor clave en la conformación de las grandes unidades de producción (las estancias) y en la generación de tecnologías para el sector, pero nunca avanzó en la promoción de un emprendimiento de este tipo, pese a contar con altas capacidades y con organismos con la potencialidad adecuada para aportar la investigación necesaria. Sin embargo la sociedad toda financió en esta dinámica la apropiación privada de la tierra y del conocimiento producido públicamente.

Ya lo afirmaba Domingo Faustino Sarmiento: “Quieren que el gobierno, quieren que nosotros que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra, a los Luro, a los Duggan y los Leloir y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas”[1]Y ese estigma sigue vigente como una condena para nosotros y, para ellos, en cambio, como si fuera una merced, un privilegio, un derecho natural, una gracia divina que les da el cielo.

El auge del ciclo agrícola se acompaña en forma creciente por múltiples problemas sociales, ambientales y económicos, e impacta en distorsiones en la estructura social agraria. La desaparición de agricultores familiares y pequeños productores y la consolidación de la polarización social en el medio rural –producto del encarecimiento del paquete tecnológico básico– son algunas de sus consecuencias más visibles, que continúan incrementándose sin límite en el tiempo. Es más, los nuevos ricos rurales son los dueños de las máquinas y equipos que alquilan a terceros  o alquilan campos por contar con ese equipamiento.

El uso de las semillas transgénicas, la trayectoria histórica delineada sugiere una problemática cuya resolución está aún pendiente. La apuesta a la producción pública de conocimiento científico y a la generación de desarrollos tecnológicos propios mantiene un mismo conflicto y desafío: la batalla por su apropiación social.

Ineludiblemente ligado a esta cuestión, el control de los recursos naturales, de su forma de explotación y, sobre todo, de las ganancias derivadas de ellos, permanece como un eslabón clave y pendiente en la Argentina actual, a la que han sabido acompañar con una maraña de mecanismos compensatorios que les permiten extraer todo tipo de rentas que les subsidian y ayudan a perpetuar sus privilegios.

Nadie sabe el costo de producción de la soja, de su harina, de su aceite y así con todos los demás granos, sí sabemos su precio internacional que se fija en referencia en el mercado de Chicago (Estados Unidos). Tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto, qué cantidad de toneladas se exporta, por las serias falencias de control en, por ejemplo, los 68 puertos locales (incluidos el de Buenos Aires y Dock Sud) que dan sobre el Paraná hasta el Río de la Plata, de los cuales 55 son privados y si, sabemos por el caso Vicentin SAIC, que por la hidrovía del Paraná transitan más barcazas con bandera del Paraguay que argentinas y que, en realidad, muchas de ellas, salen de los puertos nacionales vacías, se hacen poner el sello de la Aduana en el hermano país y luego cargan en terminales argentinas para no pagar las debidas retenciones. Otro tanto ocurre con el petróleo, el gas, el oro, el cobre. Basta  recordar cuando el en ese entonces Ministro de Energía de la Nación Juan José  Aranguren, que trabajó durante 30 años en Shell, dijo en el Congreso de la Nación que desconocía el precio del costo de extracción del petróleo. Igual con la distribución de la energía, de las comunicaciones, etc., etc.

Vicentin Paraguay, con sede en Asunción, hasta el año pasado reportaba de 6 a 7 empleados sin que exista allí una planta productiva. Sin embargo, es el segundo exportador de granos de ese país y, aparece comprando la parte de Vicentin SAC Argentina en la firma Renova SA que, asociada con la trasnacional Glencore, es la mayor fábrica de aceite de soja del mundo.

En realidad toda la historia de Vicentin SAIC es un nítido reflejo de lo que afirmamos, creció recibiendo tierras fiscales del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, puertos del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, participó de las privatizaciones en el gobierno nefasto de Carlos Saúl Menem y, finalmente, se benefició de la “pesificación asimétrica” transfiriendo deuda en dólares al Estado argentino, con el gobierno de Eduardo Alberto Duhalde en el año 2002.

Lo relatado es la apropiación gratuita (y la más de las veces ilícita) de las rentas de los recursos naturales (agua, tierra, aire, etc.). ¿Qué es la soja, sino tierra y agua del país, cuánta mano de obra demanda la producción de una tonelada de soja? Es renta que se apropian, que no se contabiliza y por ende no se paga. Y no es compensada por la baja recaudación del impuesto a la propiedad rural o, como derecho de exportación que amenguan vía triangulaciones y, el caso de Vicentin lo demuestra  (y obviamente no es el único), con su filiales en Paraguay y Uruguay.

Por supuesto para perfeccionar ese mecanismo rentístico y de fuga, de doble contabilidad, de evasión y elusión de impuestos, deben contar con el sector financiero, que hace coincidir sus declaraciones juradas con las Letras de Cambio o Carta de Créditos de los bancos, por lo que se suma la renta financiera garantizada y asegurada por la fuerte cartelización del sector.

En los primeros once meses de 2020 el 91% de las operaciones declaradas de exportación de productos agro industriales se realizaron por nueve empresas, seis extranjeras, de las cuales cinco de ellas se hacen llamar por su primera letra ABCD: ADM; Bunge Ceval; Cargill; COFCO; Louis Dreyfus, más Glencore como Renova SA y/o como Oleaginosa Moreno SA. [3]  Y las otras tres nacionales: Aceitera General Deheza; ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas); y Molinos Agro de Pérez Companc

Todas ellas forman parte de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) . Pese a haber obtenido una cosecha récord y con los precios más altos de los últimos años (en el mercado de Chicago la tonelada de soja cerró el mes de noviembre a 440 dólares y los 900 litros de aceite de soja a 920 dólares,) el total de la liquidación de exportaciones en los once meses del año fue de 18.583.581.963 dólares, que fue un 15,67% menos que lo ingresado en el año 2019 en igual lapso.

Debe reconocerse que si bien no cumplieron con lo acordado de liquidar las exportaciones en tiempo y forma, en parte sí lo hicieron y esa es la causa principal por la que entró a descender el precio de los dólares paralelos. Y eso demuestra el poder omnímodo que tienen, están sentados en un sector estratégico de la economía argentina y el Estado depende de que liquiden sus ventas.

Funcionarios que no funcionan

Recién a partir del 1° de diciembre de 2020 mediante la Resolución 132/2020 del BCRA, se exige a los operadores de granos que para mantener la inscripción en el registro de exportadores tendrán que cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas.

Por otra parte, la renta financiera se explica porque son diez bancos privados los principales agentes de comercialización externa: el banco chino ICBC; pero también tienen destacada labor el Banco Galicia y el Banco Macro, entre los nacionales (muy desdibujado el Banco Supervielle) y entre los extranjeros el Banco Santander-Río; el Banco BBVA; el Banco HSBC; el Citi; el Banco Patagonia (que en un 80% pertenece al banco Do Brasil)  y, el BNP Paribas. Como además son principales colocadores de fondos en las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA), todo ello les ha permitido ganar mucha plata mientras el país sufre la caída del Producto Bruto Interno más grande desde que se tiene registro.

El Estado nacional incurrió en fuertes gastos para enfrentar al virus Covid-19 y asistir como pudo a la población, de manera tal que cierra 2020 con un déficit fiscal de unos dos billones de pesos, sin posibilidad de mayores ingresos por la estructura tributaria ligada esencialmente al nivel de actividad, que se encuentra en una severa recesión por la propia pandemia. Así, ingresa en un círculo vicioso: financia su déficit fiscal principalmente con emisión [4], luego saca esos pesos del mercado con endeudamiento (Las LELIQs del BCRA, que financian el déficit fiscal, por lo que paga una tasa del 37% anual) y devalúa en un 45,8% (el tipo de cambio vendedor pasó de $ 59,60 el primer día hábil de enero a $ 86,50 el lunes 30 de noviembre 2020) para licuar dicha deuda.

El verdadero problema es que hay que cambiar el modelo rentístico, donde solo se premian las estrategias especulativas y evasoras ante el fisco, por uno productivo. La pregunta es: ¿cómo puede cambiarse un sistema que insiste tan efectivamente en reproducirse y mantenerse por sí mismo?  O si se quiere, ¿por qué razón esa minoría que gana fortunas de la renta que el grueso de la población no percibe (ni la ve e ignora que existe) van a cambiar por “motu proprio”?

Es más, se rinde honores y hasta se entierra con la bandera argentina a uno de los grandes operadores de esa apropiación de renta. Trabajé hace muchos años en Macro Compañía Financiera SA, que era dirigida por tres economistas ligados directamente, uno al partido militar (incluso fue el ministro de Economía cuando se lo nombró a Felipe Cavallo Presidente del BCRA en 1982), otro al Partido Justicialista y, otro al radicalismo.  Este último fue el Secretario de Hacienda y Jefe de la negociación de la deuda externa en la gestión de Juan V. Sourrouille y aceptó legitimar cambiando títulos de deuda firmados por nadie (los funcionarios de la dictadura militar) y de esa manera transfirió deuda de los Macri, de los Bulgheroni, de los Rocca, de los Pérez Companc, de los Blaquier, etc. al Estado argentino, es decir a los ciudadanos de a pie que pagamos la deuda. Como escribió un siglo antes Sarmiento: “Quieren que el gobierno, quieren que nosotros que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna…”.

En la Argentina los empresarios no se molestan en innovar, en diseñar nuevas máquinas y productos, en generar mayor producción y mayor empleo, tienen mercados cautivos de los que extraen grandes beneficios. (La renta como diferencia entre el costo y el precio final.) Pensemos en el mercado que se quiera, siempre es una minoría que termina acordando entre ellos y fijan las reglas de juego. Si el Estado observa sin hacer nada o muy poco, es el que no funciona. Hay casi nueve millones de personas que esperan recibir el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque no les alcanza para llevar un plato de comida a la mesa, en un país que elabora alimentos para 300 millones de personas. Se pagan altas tasas de interés y se devalúa nuestra moneda, ello seguro que impacta sobre los precios y deteriora el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones.

El camino debe ser exactamente al revés, castigar severamente las actividades monopólicas y cuasi monopólicas, detraer con impuestos parte de esa renta y con ello pagar el déficit fiscal de 2 billones de pesos este año y luego tomar medidas que impulsen la producción y el trabajo.

El Estado debe tener empresas testigo y exigir la participación de los bancos oficiales nacionales y de provincia en el comercio exterior. Todo en el marco de la Emergencia Cambiaria, restituyendo el Decreto 2.581 de abril de 1964 y anulando el Decreto 893/2017 que derogó dicha emergencia.

 

 

[1] Periódico “El Censor” del 9 de enero de 1886
[2] También del petróleo, del gas, del oro, del cobre, basta  recordar que cuando el, en ese entonces Ministro de Energía de la Nación, Juan José  Aranguren, que trabajó durante 30 años en Shell, dijo en el Congreso de la Nación que desconocía el precio del costo de extracción del petróleo. Igual con la distribución de la energía, de las comunicaciones, etc. etc.
[3] Los miembros fundadores (ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company y Glencore Agriculture) con el fin de modernizar las operaciones comerciales globales conforman el proyecto Covantis, que cuenta con un sitio web, www.covantis.io, para conectar la agroindustria a través de una plataforma digital.
[4] También coloca títulos de deuda en pesos pero ajustados por la inflación (BONCER) o por el valor del dólar (Dólar linked).

 

CUANDO EL QUE NO FUNCIONA ES EL ESTADO

UN MERCADO MUNDIAL PARA LOS AGROALIMENTOS POSIBILITAN LA INDUSTRIA Y LA MONEDA NACIONAL

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Se presenta la posibilidad de un mercado mundial de alimentos de enorme magnitud, no solo por China, pero principalmente por ella, seguida por un rápido incremento de la demanda de la India, a lo que hay que sumar la de todo el sudeste asiático.

Esta fue la gran limitación para la Argentina: no tuvimos un mercado mundial en continua ampliación justamente desde la posguerra y la aparición del peronismo. Fue así porque la posguerra redujo el mercado británico para nosotros, el único que entonces era de magnitud para los alimentos, cuando ni siquiera nuestra oferta era (y sigue siendo) de alimentos terminados sino de materias primas. En ese momento el grueso del mercado de alimentos, que estaba en Europa, quedó para la oferta integral francesa y de Estados Unidos.

Francia se sostuvo por la fuerza de su agro y de su industria agroalimentaria que, combinada con el renacimiento de toda la industria tecnológica alemana, en la posguerra reconstruyeron el desarrollo europeo. Por el otro lado, la super capacidad productiva de materias primas alimentarias y de alimentos de Estados Unidos, con la combinación de su industria de todo tipo fue la base de un mercado mundial que bloqueó la expansión del resto y que desde la inmediata posguerra pudo desarrollar su economía de gran capacidad productiva con el continuo crecimiento de la tecnología agraria.

Del bloqueo del mercado mundial alimentario a la economía bimonetaria y la dolarización inflacionaria

Sin un mercado mundial para los alimentos, no había para la Argentina una gran economía nacional capaz de expandirse, y sin mercado mundial para los alimentos, tampoco había posibilidad de desarrollo industrial en la Argentina, porque para el agro era una cuestión de poder político primero y de poder político combinado con negocios financieros después, que dieron origen al chaleco de fuerza bimonetario de la economía dolarizada con permanente inflación.

Fue una situación distinta a la de México o Brasil. En ninguno de estos países había una oligarquía agraria exclusiva. En México, fue borrada por la revolución campesina y la minería necesitó de la industria para desarrollarse, así que no hubo límite a la industria sustitutiva más que su atraso histórico. Por eso pareciera que la Argentina fue el único país latinoamericano cuya burguesía, entonces predominantemente agraria, pudo haberse transformado en una burguesía desarrollada, pero no lo hizo aunque fuera posible para no perder la facilidad con que accedió a la división internacional del trabajo, que se convirtió así en su bandera.

Y esa transformación parecía posible, como lo fue para Canadá por su vecindad a Estados Unidos, pero también para Australia, que entonces no dejaba de ser una colonia. En Brasil la industria estaba mucho más avanzada que en México aunque no tanto como en la Argentina, pero allí no hubo resistencia agraria porque su economía agraria no era una única y poderosa sino una economía principal cafetalera de magnitud mucho más reducida que la cerealera y de la carne argentinas y acompañada por otras todavía relativamente menos importantes, como la azucarera o la maderera, que facilitaron la industrialización, y tampoco había un marco político en que el peronismo se proponía industrializar con el salario en alza y derechos laborales.

Esa situación generó en la Argentina un divorcio entre la producción agropecuaria y la industria porque no tenían un mercado común para las dos. Para la producción agropecuaria, el mercado era el mundo, y como en la posguerra la Argentina no lo pudo reponer, la manera de reforzar el ingreso agrario era devaluar la moneda, mientras que para la industria la devaluación significaba achicar todavía más el mercado interno y hacía más difícil tener una estructura industrial lo suficientemente estable como para conquistar un espacio exportador continuado para las manufacturas.

De esa situación especial salió tanto la confrontación entre la Argentina agraria y la industrial como la oposición de la base económica que dio lugar a la oposición social y política entre el peronismo y el antiperonismo.

La caída del peronismo en la primera mitad de los años setenta y la de la Unión Soviética quince años después bloqueó la posibilidad de alcanzar un mercado que diera vuelta la situación nacional mediante la estrategia que había concebido Gelbard. Esta fue vender alimentos a la URSS para prestar esos ingresos en forma de crédito a Cuba para que sustituyera la maquinaria importada de Estados Unidos con productos argentinos, aunque, con todo, esa fórmula tenía una base muy angosta, porque dependía de un difícil equilibrio político.

El mercado mundial alimentario con China, el nuevo papel del agro y la perspectiva  industrial

La aparición de China en los noventa inauguró en gran escala la extensión de la industria a casi todo el mundo con la aparición de los mercados emergentes receptores de inversiones extranjeras con salarios más bajos, que ya en los años noventa empezó a perfilarse como una nueva posibilidad de crecimiento.

Sin embargo, esa posibilidad quedó trunca por la crisis financiera de 2008, debido a:

 1) la nueva revolución industrial requirió un desarrollo previo de los servicios en que desplegar la digitalización que primero debilitó la industria en los países avanzados;

2) ese desplazamiento de la inversión directamente productiva generó un exceso de inversión financiera que hizo más difícil el desarrollo industrial y deterioró el nivel de ingresos, lo concentró y lo volvió más fácil de valorizar y desvalorizar a través de las continuas subas y bajas bursátiles;

3) en consecuencia, la crisis se hizo habitual y el capitalismo más inestable;

4) eso facilitó el desarrollo comparativo de China, porque persiste una dirección central planificada, pero

5) sólo fue posible con el desarrollo interno del capitalismo en China, aunque se trata de un capitalismo controlado por el PC.

Todo esto presenta un completo cambio de perspectivas.

En primer lugar, el deterioro comparativo de Estados Unidos, que Trump quiso revertir en su mandato a través de un proteccionismo que, desarrollado en una economía mundial integrada, se convirtió en un retroceso para Estados Unidos, cuya mayor consecuencia fue una caída en gran escala de la inversión extranjera en ese país y la insistencia de las empresas tecnológicas en resguardar el mercado chino. Por consiguiente, se abre un escenario inimaginado hasta ahora.

En segundo lugarel desarrollo de China, la India y el sudeste asiático, implica un enorme mercado alimentario, tanto para las materias primas agrarias como para los alimentos elaborados, pero un agro y una industria alimentaria de semejante magnitud supone una industria manufacturera de todo tipo, en un momento en que ya no importa tanto el pasado industrial porque el centro de la industria está en transformación.

Si hay un país con una gran perspectiva en ese horizonte es la Argentina, y representa la gran oportunidad de terminar con la confrontación agro industria que caracterizó toda su historia.

El desafío de un acuerdo para un nuevo período y el peronismo como única posibilidad para construirlo

En ese sentido hay que aprovechar la propuesta del CAA al gobierno de exportar 100.000 M dóls del agro para 2030, que incluso podría ser mayor si hay un centro político capaz de dirigirlo. Esta propuesta posibilita terminar con las continuas limitaciones de la Mesa de Enlace, pero los problemas que aparecen no son pocos. La industria agroalimentaria y la exportación van a querer retener el cetro a través de un mayor ingreso en detrimento del salario y de los productores agrarios, pero la industria, la minería y una gran parte de la inversión extranjera solo van a tener un terreno propicio si el centro político negocia un tipo de acuerdo nacional del que obtenga un fuerte respaldo y que hasta ahora no tuvo antecedentes: éste es el gran desafío.

No es la única gran incógnita que se va a presentar. La otra es cómo se planta la Argentina en ese escenario internacional. Si tuviera que hacerlo sola, quedaría muy pegada a China, que es lo que trata de relativizar Alberto Fernández, porque conquistar la tranquilidad cambiaria será una lucha que todavía tiene muchas batallas por delante y la próxima es el FMI y un préstamo adicional para que se pueda reducir el déficit fiscal.

Por eso ahora no puede quedar demasiado pegada a China, pero esa es su configuración futura, lo que supone una tensión mayor con Estados Unidos. Sería mucho mejor desde todo punto de vista que la vinculación a China la pueda hacer junto con Brasil, a través del Mercosur, porque de esa manera será más firme su proyección futura. La razón es que en este mundo global para alcanzar el desarrollo nacional es necesaria la articulación regional, como fue la Unión Europea para Europa en la posguerra. Estados Unidos no pudo armar otra UE en Asia con Japón, porque estaba China, y la segunda gran región mundial quedó así, existente de hecho, pero no de manera formal, con eje en China, y es el sudeste asiático.

El espacio regional siguiente estaba destinado a ser el Mercosur, en los tiempos de Néstor Kirchner, Lula y Chávez, pero fue desbaratado por la crisis financiera de 2008 y después por Estados Unidos, Macri y Bolsonaro. Si se reconstruyera, ese espacio haría posible un desarrollo más fácil para la Argentina y su posterior industrialización en el ámbito del Mercosur. Si no fuera así, no va a haber otro espacio que lo sustituya y la mayor parte de América se convertiría en el patio trasero de Estados Unidos, que es la región que este país guarda para sí y que empezó con Canadá y México y se propone seguir con Brasil, y es una de las grandes incógnitas decisivas para la Argentina.

Con todo, la Argentina tiene condiciones para conseguirlo por su cuenta: la gran producción alimentaria, el desarrollo industrial, minero y tecnológico posible con la mayor expansión nuclear y satelital pese al retraso impuesto en la industria, a la vez que las posibilidades energéticas: gas, petróleo y litio para las baterías eléctricas y los autos eléctricos como posibilidad inmediata.

Lo primero, el desarrollo alimentario se convierte en ese horizonte en un gran potencial porque es el único que puede llegar a ser comparable al de Estados Unidos con una demanda interna mucho menor que facilita su excedente y en esa perspectiva el conjunto industrial se vuelve esencial.

Hay una enseñanza básica incorporada de la historia nacional contemporánea: el peronismo es la única fuerza política del país que entendió la trascendencia de la economía industrial. Y hay otra enseñanza que incorporar: aprender a conciliar la productividad y la competitividad con la base social del trabajo en el peronismo, una conformación más próxima a la de los países industriales que a lo que fue el peronismo hasta los años setenta y cuyo apoyo en la clase media se empezó a conquistar en esos años y con el kirchnerismo, pero que vuelve a estar en discusión desde la crisis de 2008 y el empeoramiento del nivel de vida y ahora porque este tránsito intermedio supone un ajuste, que es lo que surge de la confrontación latente entre el kirchnerismo y el FMI para lo que Cristina se corrió a un costado y que requiere en la actualidad una política algo diferente a la que ella llevó a cabo.

Lo que estamos viviendo ahora es un tránsito trascendental con una política más moderada, porque las posiciones más avanzadas son más difíciles de sostener, los grandes medios están sometidos más que nunca a las noticias falsas, la perspectiva empresaria y la derecha política y la profundidad de la crisis internacional limita las mejoras sociales, pero a la vez es imprescindible la unidad del peronismo: esa fue la gran jugada política de Cristina que le permitió sacar del medio a Macri, pero no con el contenido de los períodos presidenciales kirchneristas.

La mayor fuerza de la derecha requiere acuerdos con el centro porque hay un endeudamiento más gravoso, no se puede prescindir del FMI ni de cierto margen de ajuste para cumplir con los pagos, Brasil está por ahora del otro lado aunque sin duda se va a presentar una instancia posterior en la que se va a discutir esa posibilidad y México ya quedó incorporado al espacio económico estadounidense.

Son condiciones totalmente diferentes de las de diez años atrás, en las que tiene que consolidarse como una fuerza política capaz de encarar este nuevo período, que debe ser transitado sin una ruptura con Estados Unidos, como fue la protagonizada por Kirchner y Lula y que quedó relegada por la crisis internacional de 2008.  Su superación requiere tanto de China, como indirectamente de Estados Unidos, en este caso para que el FMI de vuelta lo que había convenido con Macri, que era el financiamiento para terminar para siempre con el peronismo en el gobierno y que se convirtió en un financiamiento para sostener un ajuste más blando, como única manera de salir de la gran falta de perspectiva que frente a la crisis tuvo el FMI de Christine Lagarde.

Se trata, en comparación, de un intermedio más neutral que el que pudo terminar con el peso gravoso de la deuda y que Macri, ayudado entonces por el FMI, pudo recomponer.

La otra cosa que hay que aprender es que se trata de una larga batalla, más larga de lo que parecía cuando Néstor era presidente, pero que –a su turno- la reversión del ajuste es inevitable y es lo que debe darle fuerza al peronismo.

El hijo del pueblo

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Esta semana partió Diego Armando Maradona, el mejor del mejor deporte. El mejor por su virtud técnica universal y galáctica combinada con su humanidad y compromiso de clase con la que intentaba mezclarse con sencillez con el resto de los mortales.

Diego entendía como nadie que el futbol es masivo y pasional precisamente por su carácter igualitario al que pueden jugar y amar todos y todas, sin importar la contextura física o el origen social. Por eso era el mejor del mejor del deporte, porque lo bueno sólo puede ser popular. Nada hay de bueno en las pautas culturales que segregan y que suelen ser abrazadas por las élites.

Diego ayudaba a comprender a la Argentina en todas sus expresiones, alegre, desbordante de sentimientos sinceros, a veces contradictoria, inclusiva, pero por sobre todo talentosa y brillante, tanto que chocaba con los poderosos en todos lo órdenes. La Argentina es maradoniana, como describieron algunos, o tal vez Maradona expresó la esencia de nuestro país.

La élite oligárquica siempre humilló al pueblo con caracterizaciones peyorativas que ocultaran sus capacidades y talentos, para garantizar su sumisión y diluir el fracaso recurrente del proyecto de Nación dominante.

El ejemplo más reciente lo encontramos en la carta de presentación del país que hizo Macri ante los líderes del G20 en la reunión en Buenos Aires en el 2018: exhibió un video de los imponentes y diversos paisajes de nuestro territorio. Nada destacable para mostrar de los argentinos y argentinas porque somos una molestia para clase social expresada en el gobierno anterior, que le impide disfrutar a pleno de una Nación que imaginan propia.

Para furia de esa clase ricachona, rentista y bruta, los argentinos con mayor proyección universal no son sus estatuas de bronce que adornan sus parques cuidados o sus nombres de calle de barrios acomodados, son el Che y Evita, figuras que brillaron poniendo su inteligencia y liderazgo al servicio de la rebeldía contra el orden social establecido. La Argentina se proyecta al mundo en sus revolucionarios y no en sus “ilustres” de los manuales escolares mitristas.

Diego convertido en el mejor jugador del futbol del mundo a partir de triunfos en los que desplegó su calidad técnica y su visión de conductor estratégico de un equipo, es otro de los argentinos universales que acompañó a la rebeldía por conciencia de clase y convicción de pensamiento.

Cuestionó el orden futbolero injusto de la FIFA y recibió la respuesta del poder en el penal inventado por el árbitro Codesal en la final del Mundial 1990 contra Alemania, o cuando fue retirado de un brazo por una enfermera para realizarle un extraño control sanitario, al concluir el partido contra Nigeria en el Mundial 1994, hecho inédito e irrepetible en los campeonatos mundiales.

Sus apoyos explícitos a la Revolución Cubana y a la Revolución Bolivariana, su amistad con Fidel Castro, su compromiso con Néstor y Cristina y su acompañamiento a las expresiones populares de cualquier índole, le valieron ataques y descalificaciones permanentes de los voceros del poder constituido.

Sin embargo, Diego nunca dejo de actuar como creía, advirtiendo a los oligarcas que existe una Argentina que ellos ocultan pero que cada tanto irrumpe y se proyecta al mundo con un brillo autónomo y rebelde. Distante de su mediocre “sentido común”.

El pueblo universal llora su partida porque fue el mejor del mejor juego, pero también porque nunca dejo de ser un hijo de ese pueblo.

Eso es inescindible, por más que nuevamente los poderosos traten de apropiarse en sus vocerías indicando “lo que está bien y lo que está mal” de Diego, conforme a sus miopes visiones.

Vaya como ejemplo la ridícula carta del Presidente de Francia pretendiendo dar lecciones de corrección política.

 

 

https://www.eldestapeweb.com/politica/murio-diego-maradona/el-hijo-del-pueblo-2020112819011

MERCADO INTERNO, FMI Y CÍRCULO ROJO

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No hay país desarrollado que no se base en una burguesía nacional que se apuntale en su mercado interno. En el caso argentino, esto ocurrió mal o bien, desde la revolución de 1943 hasta el golpe militar de 1976 en que, con la dictadura cívico-militar,  se genera un modelo de valorización financiera del capital, dependiente del financiamiento externo que utiliza mayoritariamente para  fugar capitales e incluso, en esa fuga, se va también la casi totalidad del superávit comercial.

El Profesor Mario Rapoport en su libro Parece cuento que la Argentina aún exista le dedica un apartado, al “Carrusel de la política y de la economía”, que vive la Argentina, con políticos que salen por una puerta y entran por otra, y a la fuga de capitales y de investigadores y profesionales. Dice textualmente: “En verdad, con la fuga de capitales y de cerebros estamos contribuyendo al crecimiento del PIB mundial pero no al nuestro, mientras importamos capitales especulativos para los que se ganan la vida en la ruleta financiera y vacían el país de sus riquezas, esa es en el fondo nuestra restricción externa. Por supuesto, la Argentina no puede ser un país puramente agropecuario, limitado a la cuarta parte de sus habitantes, aunque sirva para alimentar a algunos cientos de millones de ciudadanos del mundo. El empleo y la mejora en las condiciones de vida de la gran mayoría de la población vendrán de la industrialización y de una diferente estructura del agro, que no solo debería satisfacer nuestro mercado interno sino también ayudarnos a competir mejor en el exterior, para lo cual es necesaria la participación del Estado y el liderazgo de empresas nacionales”.

En la Argentina de hoy, pese al gobierno de Cambiemos y la pandemia, más del 70% de lo que se produce se destina al mercado interno.  Por lo tanto para que el país crezca sostenidamente es necesario aumentar los puestos de trabajo y las remuneraciones para que la masa salarial crezca (más trabajadores y con mayor poder adquisitivo) y con ello la demanda agregada.

Teorema de la economía argentina

El teorema para la economía nacional es: “La Argentina crece si crece su mercado interno, pero como no producimos la cantidad de insumos, máquinas, herramientas y energía necesaria para sostener ese crecimiento, se torna indispensable tratar de producirlos en el país y, aquellos que no se pueden sustituir, pagarlos con nuestras exportaciones, que al ser mayoritariamente alimentos, compiten en su abastecimiento con el mercado interno”.

El profesor inglés Anthony Thirlwall establece que en el largo plazo la expansión de una economía se halla restringida por el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos.  Y nuestra cuenta corriente torna a ser deficitaria fundamentalmente por el pago de los intereses de la deuda y el giro de utilidades de las empresas extranjeras que operan en el país a sus casas matrices, dado que si tomamos un amplio período de nuestra historia, desde el año 2003 hasta octubre de 2020, las exportaciones superaron a las importaciones de mercancías en 156.355 millones de dólares.

El problema se agrava no solo por la deuda y la extranjerización de nuestra economía, donde según la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC, 335 de las primeras 500 empresas por facturación  son extranjeras, sino que además y salvo la excepción del gobierno de Néstor Kirchner, las demás administraciones permitieron usar las reservas internacionales generadas por el comercio exterior a las empresas para pagar supuestas deudas externas y /o adelantar el pago de importaciones que ni siquiera habían llegado al territorio nacional, en un marco en que el BCRA por la Ley 24.144 de su Carta Orgánica incluso, utiliza las divisas que el Tesoro de la Nación obtiene por deuda externa y se las vende a los bancos para que éstos a su vez hagan frente a los compromisos que aducen tener.

Es obvio que un país con los serios problemas de endeudamiento debe partir de declarar la Emergencia Cambiaria, que no solo obligue a ingresar las divisas al país por exportaciones en un plazo perentorio, sino que prohíba al BCRA vender las divisas que le vende el Tesoro de la Nación por un lado y, restringir al ingreso de divisas las cancelaciones que le solicite el sector privado.

Solo bajo la Emergencia Cambiaria con la referencia valiosa y adaptable a nuestros tiempos del Decreto 2581/1964, mediante el cual el Presidente del BCRA de ese entonces, Félix Elizalde,  se reunió con los importadores y al revés que ahora, estaban abarrotadas las aduanas del país de máquinas y equipos importados durante el gobierno de Arturo Frondizi y el interinato de José María Guido y les dijo,  las pocas reservas internacionales que tenemos se van a emplear para pagarle al Banco Mundial y al BID por obras de infraestructura comprometidas por la Nación y que de no hacerlo debemos pagar el “lucro cesante”.  Por lo tanto ustedes arreglen con los que le vendieron del exterior, que les refinancien la deuda.

No solo los importadores sacaron las mercancías de la Aduana Argentina con sus propios medios, sino que las emplearon aumentando la producción y el trabajo y el Producto Bruto Interno creció en un 10,3%  ese año y, al año siguiente, fue del 9,1%, una extraordinaria cantidad de bienes y servicios adicionales puestos a disposición de la sociedad.  La actividad de las industrias manufactureras, que representaban entonces la tercera parte del PBI (la producción agropecuaria era un sexto), registró un aumento del 18,9% en el primer año y del 13,8% en el segundo, y su participación en el PIB en 1964 fue del  32,5% y alcanzaría en 1965 un récord del 33,9% jamás antes ni después igualado.

Solo bajo el marco de la Emergencia Cambiaria se puede priorizar la defensa del mercado interno, la producción y el trabajo nacionales, que permita llevar adelante la propuesta del Profesor Rapoport, en donde el rol del Estado es irremplazable en la conducción de la integración económica que tenga como objetivo la promoción del crecimiento económico con una justa distribución del ingreso, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad.  El Estado democrático debe ser un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver de por sí y máxime con el grado de concentración y extranjerización de nuestro país.

Un Estado regulador no significa inhibir la actividad privada, al contrario, significa establecer reglas claras para compatibilizar derechos con obligaciones y asegurar que tanto el capital nacional como el internacional promuevan el desarrollo nacional justo y sustentable y no que se beneficien pura y exclusivamente  los exportadores y los que tienen fugados capitales en el exterior que, en la mayoría de los casos, cumplen las dos condiciones (son grandes exportadores y grandes fugadores de capital).

El estratégico papel del Estado en la dinámica económica y social reclama una reforma fiscal integral con una lógica productora y redistributiva, a la vez capaz de recaudar los recursos suficientes mediante una estructura tributaria que disminuya los gravámenes al consumo y a la actividad económica y aumente de verdad sobre el patrimonio y las utilidades de las grandes empresas (retenciones mediante), para evitar déficit fiscales que, por su magnitud, se conviertan en un problema para el desarrollo.

El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica que lleve al bienestar social, y de políticas sociales que lo refuercen. No debe escatimar esfuerzos en la promoción de empleos bien pagados, pues éstos son la forma digna y justa de alcanzar el bienestar general que nos exige la Constitución Nacional.

En un mundo en pandemia y pos pandemia la exportación de alimentos está asegurada, pero el sector exportador de un país no sólo tiene una medida cuantitativa, por el volumen de exportación, sino cualitativa, que implica promover la integración de cadenas productivas nacionales para que sea un verdadero motor del crecimiento general y con ello de empleos directos e indirectos de alta calidad. La importancia del mercado interno radica en convertir a la mayoría de la población en consumidores estratégicos. La elevación de sus niveles de vida se vuelve entonces una necesidad económica para ampliar el mercado interno además de ser una exigencia de justicia.

La regulación (establecer las reglas de juego) de la actividad económica en general debe ser guiada por la orientación que debe dar un Estado. Formando parte de esa orientación  debe emplearse el poder de compra gubernamental y las obras públicas que tienen una gran incidencia en sectores específicos en la producción y en el trabajo.

El FMI y el círculo rojo

El préstamo que le dio el FMI a la Argentina en 2018-2019 no solo fue para apoyar al Gobierno de Cambiemos, sino con la finalidad de condicionar al país por muchos años.  El crédito es equivalente a unos 49.000 millones de dólares, con pago de intereses trimestrales (unos 300 millones) y con amortización de capital en forma trimestral en tres años, comenzando la primera cuota de capital en septiembre de 2021 de 3.735 millones de dólares, otra cuota igual en diciembre de 2021 y a partir del año 2022 se va sumando el pago del capital de la otra parte del crédito.

La propuesta del FMI para remplazar el acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos es acordar un plan de pagos 2021-2031 que implique reformas tributarias (que podrán alcanzar a aumentar la alícuota del impuesto a las Ganancias para el renglón más alto del 35 al 41%, pero también la generalización del IVA a la leche, al agua, al pan y, el aumento de la tasa a un 13% del IVA alimentos que ahora es el 10,5%); la reforma previsional (asegurando una cláusula de ajuste de haberes que no impacte sobre las cuentas públicas y extendiendo la edad y los aportes); exigencia de metas de déficit fiscal primario que en el tiempo impliquen un menor gasto público; etc. y asegurar ese acuerdo por una ley nacional

Y es, no podría ser de otro modo, coincidente con el plan propuesto por el Consejo Agroindustrial Argentino, por un lado y, por AEA (Asociación Empresaria Argentina) que presionan y quieren un tipo de cambio alto para que sea una defensa natural de sus productos ante las importaciones de la República Popular China, por ejemplo, en el laminado de acero de Techint y que, les permita reducir los costos (incluido y principalmente los salarios) medidos en dólares.  De hecho lo han conseguido: hoy el salario promedio industrial mensual no alcanza los 700 dólares y es menor que el de Brasil, como exigía en el año 2015 Paolo Rocca. La CGT conducida por Héctor Daer y Carlos Acuña firma cuanto requerimiento le hacen al gobierno la UIA y AEA. Son dirigentes sindicales atornillados hace décadas a sus sillones,  subordinados los apropiadores de las riquezas sociales, para apaciguar el reclamo de los trabajadores, de modo que no cambie la estructura económica en la que ellos también son empresarios

En el caso de los exportadores de granos y derivados saben que tienen una demanda generalizada en el mercado externo, por lo tanto al deprimir los salarios tienen doble beneficio, más tasa de ganancia y mayor saldo exportable, de allí que a pesar de que los precios internacionales de esos productos son los mayores de los últimos diez años, con la tonelada de la soja arriba de los 440 dólares y su aceite por encima de los 920 dólares los 900 litros, realizan las exportaciones y su liquidación en cuentagotas. Según informa CIARA-CEC, en los diez meses del 2020 la liquidación de exportaciones fue un 14,61% menor que en igual lapso que en el año 2019 cuando se venía de una sequía y el precio era mucho más bajo (exportaciones por solo 16.849,2 millones de dólares contra 19.310,4 millones de dólares del año pasado). Incumpliendo con la promesa del CAA que iban acelerar sus ventas.

Saben que el gobierno malvendió reservas internacionales y quieren que acuerde con el FMI en ese marco de debilidad extrema

En síntesis

Los medios de comunicación más grandes decían que este gobierno  no tenía un plan económico, el equipo dirigido por el Ministro Martín Guzmán lo presenta al enviar el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2021, donde sostiene que los salarios públicos crecen un 34,5%, los precios un 29% y el tipo de cambio un 25% (a $ 102,40 en diciembre de 2021) impulsando el mercado interno, es por eso que en la reunión con la AEA le dice: “Ustedes tienen que reconocer que ganamos las elecciones y gobernamos nosotros”.  Pero al FMI y al Círculo Rojo no les interesa.

 

MERCADO INTERNO, FMI Y CÍRCULO ROJO

Informe económico mensual

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En este documento retomamos la inflación o los Índices de Precios del mes de OCTUBRE y agregados, como los numerosos compradores de dólares. Podemos decir que con la pandemia en pleno desarrollo, la inflación no pasa desapercibida.

Cuando pongamos punto final a este informe, nos abocaremos a indicadores que den señales sobre cómo está operando la economía. Hemos encontrado números interesantes. Y podremos cuantificar lo dicho por Inodoro Pereyra, cuando le vienen a reclamar un aporte para la deuda externa: “¡Lo que son las cosas! Hay peso viejo, peso nuevo, peso argentino… ¡Y yo no tengo ninguno de los tres!”

Los datos recientes al momento de redactar el documento fue el anuncio del ministro Guzmán sobre financiamiento del Tesoro y los movimientos en el mercado cambiario. Después de los avatares de la deuda, ahora ordenada, el esfuerzo oficial es para regularizar el financiamiento del Tesoro con nuevas licitaciones y canjes de bonos. El Presupuesto 2021, finalmente ratificado por la Cámara de Diputados, contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno de la Argentina del 5,5 por ciento, pronostica una inflación del 29 por ciento, un gasto global de ocho billones de pesos y un déficit del 4,5 por ciento y el dólar en torno a los $ 102,4 para fin del año (2021).

Entre las noticias importantes contamos con el comunicado del equipo de personal del FMI, sin fecha precisa para cerrar el acuerdo: se comenzaron a delinear los contornos de un programa respaldado por el FMI que podría respaldar los planes del Gobierno para abordar los profundos desafíos económicos y sociales del país, que se han visto agravados por la pandemia de COVID-19”. Aclara el comunicado“El equipo acogió con satisfacción la intención de las autoridades de solicitar un mecanismo de servicio de financiación ampliado (EFF) y de respaldarlo con un amplio consenso político y social”. También el comunicado precisa: “Se compartió la opinión de que abordar los desafíos a corto y mediano plazo de Argentina requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente equilibrado que fomente la estabilidad, restablezca la confianza, proteja a los más vulnerables de Argentina y establezca las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”. Se deberá seguir con atención cuáles son las políticas equilibradas, pero de acuerdo al comunicado es lo que están delineando. Ya nombrada la nueva secretaria del Tesoro de USA Janet Yellen y seguramente con nuevo representante de USA en el FMI las discusiones serán amplias, dos cuestiones flotan: ¿se entregaran nuevos fondos y los intereses se seguirán pagando normalmente o se cargan en las nuevas cuotas postergadas si finalmente es ampliado?

Viene bien tener en cuenta para lo anterior la reciente afirmación de La UNCTAD: “Las consecuencias económicas del COVID-19 sobrevivirán durante mucho tiempo a la crisis de salud”.

Siguiendo con la cuestión comentada en el documento anterior, en “Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu” sobre el Presupuesto, dice Montesquieu: “Toda la obra de la administración financiera, por muy vasta y complicada que sea en sus detalles, se reduce, en último análisis, a dos operaciones harto sencillas: recibir y gastar. En torno de estos dos órdenes de hechos financieros gravita la multitud de leyes y reglamentos especiales, que también tienen por objeto una finalidad muy simple: hacer de manera que el contribuyente no pague más que el impuesto necesario y regularmente establecido, hacer de manera que el gobierno no pueda utilizar los fondos públicos sino en erogaciones aprobadas por la nación”. Luego Montesquieu se refiere a la posibilidad de modificar las previsiones del Presupuesto: “La erogación no puede ya realizase sin la intervención del Poder Legislativo”.

La respuesta de Maquiavelo es la siguiente: “Pero entonces ya ni siquiera es posible gobernar”. Continuaremos en otra oportunidad con partes de estos encendidos diálogos.

Octubre fue un mes particular donde se produjo una variación menor del dólar (oficial) respecto de la inflación. Se redujo la tasa de interés real a un nivel negativo y otro tanto ocurrió con el Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM).

Como siempre, el énfasis es la inflación con algunas conjeturas. Los gráficos tratamos de hacerlos más claros poniendo el acento en las variaciones de cada mes, en 12 meses y por año en períodos más prolongados y más cortos para agregar detalles.

El promedio de varios organismos que producen el IPC (inflación Argentina) alcanza el 3,5 %, tal como se puede apreciar en el cuadro y en el primer gráfico. Seguimos la inflación de octubre 2020, en algunos países aunque las comparaciones siempre son odiosas, España, 0,52 %; Italia, 0,20 %; Francia, 0.05 %; Estados Unidos, 0.04 %; Chile, 0,68 %; Brasil, 0,86 %, y Perú, 0,02 %. Nos estamos quedando sin argumentos en las comparaciones. Siempre flota una pregunta: por qué tenemos  “inflación”, “alta inflación”, “hiperinflación” desde hace décadas y monedas de “signos cambiantes” y “deshilachada”. Las respuestas son variadas: por cuestiones ortodoxas, por cuestiones heterodoxas, por las conspiraciones, por cuestiones geográficas, por cuestiones culturales, por cuestiones institucionales y por los costos a pagar. También se debe incluir el “no sé”.

No nos sorprenden los millones de personas que compran dólares. En el 2020 siguieron siendo muchedumbres, pero duramente acotadas en el monto de compra. Pero comprar un dólar implica estar expuesto al clima, largas colas virtuales, sacrificios, condena al fuego eterno.

El presidente ha dicho sobre la pandemia: “Sigamos atentos la situación, que nadie tome con displicencia este tema”. Y tiene razón. Y ahora estamos esperando la vacuna.

 

2020 OCT procesado en NOV IPC Inflación