El INDEC estima que este año 3,7 millones de argentinos perdieron sus empleos. Esto se debe a una caída del 16% de la actividad económica, que produjo un deterioro de los ingresos de casi de un 20%, con una inflación acumulada del 26,9% hasta octubre. La consecuencia fue una ampliación de la desigualdad, ya que los ingresos que más caen son los de los sectores más postergados. En síntesis,  la pobreza alcanza a más de 20 millones de personas, entre ellas, mayoritariamente niños y ancianos.

En medio de la pandemia del Covid-19 el Estado Nacional reconvirtió y aumentó fuertemente el gasto en salud pública y en asistencia a las provincias, a las empresas y a la población. Como resultado financiero de esa política, el déficit fiscal de la Administración Nacional acumulado hasta octubre del año 2020 supera los 2 billones de pesos (2 millones de millones de pesos que, al tipo de cambio oficial de $ 85 por dólar, son unos 23.500 millones de dólares). La tercera parte del gasto estatal nacional no se paga, arrastra deuda que devenga intereses que tampoco se pagan. Es más, de cobrarse el llamado aporte solidario que es el impuesto a la riqueza y que alcanza, según la AFIP, a 9.298 personas humanas, la recaudación podría alcanzar los $ 307.898 millones.  O sea que aunque se pague este año ese ingreso extraordinario, el déficit sería de un billón setecientos mil millones de pesos, unos 20.000 millones de dólares.

En ese marco se realizan las reuniones con el FMI por una deuda en Derechos Especiales de Giro, que ronda los 49.000 millones de dólares. Sólo se pagan los intereses (en torno a los 300 millones de dólares por trimestre) y el capital debería, según lo firmado por el gobierno de Cambiemos, empezar a pagarse en septiembre de 2021.  El Ministro Martín Guzmán volvió a afirmar el miércoles 11 de noviembre que la idea no es esa, sino comenzar a amortizar el capital de esa deuda dentro de cuatro años y seis meses, para el año 2025, e igual trato se le dispensaría a la deuda con el Club de París cuya acreencia asciende a unos 10.800 millones de dólares, que devenga intereses a una tasa del 4% anual.

Obviamente que para llegar a ese acuerdo, el FMI va a tratar de imponer condiciones que le aseguren cobrar la deuda en un plazo para ellos razonable, pero que con su lógica histórica implicaría ajustar el gasto público, limitando el rol imprescindible del Estado nacional en apuntalar al mercado interno mediante subsidios y disminución impositiva, devolución de impuestos, créditos blandos a través del Banco Nación Argentina y del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y de líneas de redescuentos por medio de los bancos oficiales de provincia a sus respectivas jurisdicciones (impulsando esas economías), generando puestos de trabajo y mejorando las remuneraciones, lo cual mejora la situación de los jubilados y pensionados. Al mismo tiempo se recrea la ecuación de ajuste de los haberes previsionales en base al crecimiento del RIPTE y de la recaudación tributaria de la ANSES, en partes iguales. El RIPTE es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, en relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. La recaudación tributaria de la ANSES incluye IVA, Débitos y Créditos, Cigarrillos, entre otros impuestos.

El gobierno apuesta al aumento del PIB porque la fórmula es pro cíclica, pero si el crecimiento económico no se produce, se deteriora aún más el magro ingreso de la mayoría de los jubilados y pensionados, que perciben ingresos mensuales por debajo de la canasta básica total de bienes y servicios que define la línea de pobreza.

Que casi 9 millones de personas reciban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque no tienen trabajo o el que tienen es precario, implica una presión a la baja de los salarios. El mismo miércoles 12 de noviembre de 2020, en la Ciudad de Rosario, pedían seis empleados y se presentaron más de 400 personas. E igual sucede con el ajuste por recaudación, si el nivel de actividad no aumenta la recaudación tampoco, ya que está atada básicamente al consumo y, en una economía que reduce su gasto público y la masa salarial, no hay estímulo a que el consumo crezca.

El gasto en seguridad social representa el 44% del presupuesto del año 2021 (9,02% del PIB esperado). Son casi siete millones de beneficiarios, que trabajaron toda su vida y que requieren de una remuneración digna y no ser variable de ajuste como siempre pretendió el FMI, amén de extender la edad para jubilarse y otras medidas similares en desmedro del trabajador en actividad y en pasividad. La ecuación de actualización de los haberes jubilatorios y pensiones aprobada por la Comisión Mixta  de Movilidad Previsional asegura la reducción del gasto público cuando el PIB no crece.

Gobernar o administrar

La única manera que tenemos de revertir la situación es con un Estado presente y fuerte y cobrando impuestos a los que pueden pagar.  Esto es, debe discutirse públicamente qué se hace con un déficit de un tercio del gasto público, quién lo paga y cómo. Debe plantearse una profunda y amplia reforma tributaria que haga posible cumplir las metas planteadas en el presupuesto nacional 2021 de un aumento del 44% en la proyección de recaudación de los gravámenes. En una situación de extrema gravedad y si no se trata de administrar sino de gobernar, deben pagarlo quienes tienen manifiesta capacidad adquisitiva y no el consumo y la actividad:

• los diez mayores bancos privados, que en medio de la crisis producida por la pandemia tienen fuertes utilidades;
• los productores, acopiadores y exportadores de granos, harinas y aceites que tienen fuertes ganancias y lo hacen solo por Declaraciones Juradas, máxime cuando el precio de los granos, esencialmente la soja y de los derivados (harinas y aceites) son los más altos de los últimos años;
• las mineras y demás extractivas;
• que se graven todas las rentas, incluidas las que tienen mercado cautivo como es el caso de los bienes de uso difundido (acero, aluminio, petroquímica, caleras y cementeras, etc.).

La base del crecimiento sostenido en la Argentina es cuando se apuntala y crece el mercado interno, porque a pesar de la herencia del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, el mercado interno es el 75% del destino de nuestra producción.

Las exportaciones de alimentos están aseguradas por la demanda mundial para varios años, como bien lo proyectan las estimaciones del Presupuesto 2021, donde  las exportaciones superan a las importaciones en torno a los 14.000 millones de dólares anuales hasta el año 2023.

Solo mejorando la distribución del ingreso y un uso racional del superávit comercial se logra fortalecer la demanda agregada que empuja a su vez a la mayor inversión bruta interna fija, como bien lo pondera al Presupuesto Nacional 2021.

Gobernar es, como dice el ingeniero Enrique Martínez, apuntalar a nuevos actores de la producción, a la vez que modificar buena parte del sistema de distribución y comercialización, para que el productor reciba una proporción aceptable del precio final y los consumidores cuenten con precios accesibles y estables. En estos casos, poner orden es sinónimo de transformar, al menos comenzar a hacerlo, si es que se quiere validar la legítima pretensión de gobernar para todos.

ESTADO DE LA SITUACIÓN

El ministro Guzmán, al presentar el proyecto de Presupuesto 2021 en Diputados dijo que éste es un plan económico de transición, un «sendero de sostenibilidad fiscal» en que el Estado usa la política fiscal como herramienta contracíclica» y ratificó las proyecciones de déficit fiscal de 4,5% para 2021 un nivel “adecuado en el contexto de las restricciones que enfrentamos para apuntar a una recuperación sostenible y fortalecer la inversión pública en áreas estratégicas; y compatible con transitar hacia un sendero de estabilidad» que conduzca al desarrollo con una política económica diferente ante el actual problema de confianza, y que la política de financiamiento para afrontarlo es con 40% de deuda pública y 60% con recursos del BCRA, que «no es el mix óptimo, pero es el factible” ya que depender menos del financiamiento monetario en estas condiciones no sería realista y precisó que el objetivo de endeudarse en pesos, «requiere del desarrollo del mercado de capitales local, y no depender del endeudamiento en dólares”, pero tampoco “depender de forma estructural del financiamiento del BCRA» y defendió el control de cambios para lidiar  con la especulación financiera derivada de una política monetaria que favoreció el ingreso de capitales especulativos.

El principal problema inmediato, de agudas tensiones cambiarias con la continua suba del dólar que tuvo lugar desde el endurecimiento del cepo y que llevó la brecha cambiaria desde el 70% al 100% podía empujar a los ahorristas a retirar sus depósitos en dólares de los bancos, aunque el sistema financiero está líquido. Para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, “la situación de los bancos comerciales es sólida: no hay riesgo sistémico o de corrida bancaria que fuerce a un corralito en el corto plazo”. Lo que complica el panorama, es que las reservas netas del BCRA están en baja continua, lo que llevó a estimar que se podría endurecer el cepo, aunque el cálculo de la mayoría es que una devaluación es inevitable, lo que parece estimulado por los consultores pese a que el gobierno lo niega, y aun así, tampoco pondría en peligro a los depósitos en dólares. Ante la necesidad de terminar con las tensiones cambiarias, la mayoría de las de los analistas propone ganar la confianza del mercado bajando las retenciones o acelerando el acuerdo con el FMI, pero también se pedía acelerar el canje, y ni bien se concretó con gran éxito, aparecieron otros reclamos, en una secuela que parece interminable.

En su edición del 24/9/20, Ámbito Financiero ofreció una serie de reportajes acerca de las alternativas que se presentaban en ese momento ante la insuficiencia de las medidas tomadas por el ministro Guzmán para frenar el dólar y achicar la brecha. Las siguientes tres respuestas que sintetizamos, resumen las posiciones más importantes.

Miguel Kiguel cree que lo que más afectó al CCL fue  la restricción para que las empresas paguen sus deudas en el exterior, en lo que coincide con el ministro Martín Guzmán, y tampoco le da demasiada importancia al blue por ser un mercado chico. Kiguel proponía revertir expectativas, ya que el riesgo-país volvió a subir, lo mismo que el interés de los bonos y el dólar “y el gobierno no tiene ninguna respuesta”, porque, hasta antes del cambio de política de Guzmán de mediados de octubre, afirmaba que solo había puesto impuestos, cepo o regulaciones y que no tenía un plan para bajar el dólar, aunque reconoce que tiene un precio sin sentido desde un punto de vista lógico, y que una devaluación dejando todo como está, tampoco iba a servir, por lo que enfocaba la necesidad de mostrar un Presupuesto con un déficit que se pueda financiar, que el BCRA indique cómo va a recomponer reservas y que si bien sería bueno que haya un mercado de capitales en pesos, “la gente ahorra en dólares” por lo que se precisaría “una moneda que no se devalúe”. Esta reflexión partía de una crítica acertada para terminar confluyendo indirectamente en asegurar que del dólar no se puede salir (porque el peso no es “una moneda que no se devalúe”) y que el ajuste sigue siendo la única salida, al centrar la cuestión en el déficit fiscal, como la gran mayoría de consultores y analistas, ignorando reiteradamente el resultado de todos los ajustes anteriores y la realidad de la economía mundial, en que toda economía nacional no puede sobrellevar la crisis sin aumento del gasto público, empezando por Estados Unidos, que cuenta con la moneda aparentemente menos capaz de devaluarse.

Roberto Feletti fue a lo que parece ser el centro del problema: “Hay un conjunto de agentes económicos, entiendo que son los más poderosos, que están presionando fuerte porque quieren la salida rápido y ampliar la brecha con el dólar oficial para poder reingresar al país tenencias en el exterior en condiciones más óptimas” y sostienen “una presión devaluacionista por la vía de ampliar la brecha”, por lo que entiende que hay un el móvil político que “persigue en el corto plazo aristas de desestabilización económica del gobierno y, más a mediano plazo, una devaluación; pero no da la impresión que eso pueda ocurrir” y sitúa el “componente político” en “la perspectiva electoral para el año que viene”, y dá implícitamente dos condiciones necesarias para superar la crisis: una “una economía en crecimiento” para la que existe un programa financiero y el contenido del Presupuesto 2021, que incluye el superávit comercial, a lo que agrega una baja del impacto de la pandemia a través de la vacuna.

Jorge Herrera especificó el posible origen de las dudas y su incidencia futura. En casi nueve meses, lo que el BCRA le inyecta al Tesoro para financiar el déficit fiscal, le vuelve al colocar Pases y Leliq, cuyo crecimiento desde comienzos de año (hasta la cuarta semana de septiembre, cuando escribió el artículo) fue de un 116% y reconoció que, si no hubiera sido así, el blue estaría todavía mucho más alto, pero que esa deuda se remuneraba con intereses de casi 470.000 M y un stock de Pases y Leliq que para fin de año superará 11% del PBI, un nivel similar al de las Lebac, lo que también terminaría resultando insostenible, pese a que el Tesoro se estaba comportando de la mejor manera reduciendo la asistencia financiera del BCRA. Lo insostenible era que en el Presupuesto 2021 gran parte del déficit proyectado se seguiría financiando con emisión y reaparecería la opción entre inflación o seguir aumentando el stock de Leliq en un 2021 sin financiamiento, lo que continuaría limitando la recuperación de la economía.

Si tratamos de resumir el sentido de la política del Presidente AF y diferenciarla de la gestión Cambiemos hay que señalar el control de capitales y la imposición de un cepo al dólar como componentes no accidentales ante la emergencia sino con un carácter estratégico y con más profundidad, pero concentrando el principal esfuerzo en poner en marcha la economía productiva (la el agro como la de la industria y la energética con el petróleo, el gas de Vaca Muerta y la minería) en vez de centrarla en la financiera con eje en el endeudamiento y la suba de la tasa de interés, pero no se pudo reducir la presión sobre el dólar y la brecha cambiaria se fue acentuando, con el consiguiente impacto sobre las reservas ya disminuidas del BCRA. Primero se acentuaron el cepo y los controles, desde agosto tomó más fuerza el financiamiento en pesos, en septiembre se consiguió intensificar el freno a la emisión monetaria con menor asistencia al Tesoro, mayor recaudación tributaria y más emisión de deuda en pesos, y a mediados de ese mismo mes se profundizaron el cepo y los controles. Sin embargo, el resultado seguía siendo insuficiente como sostén financiero de una política de firme crecimiento productivo.

Desde mediados de octubre, Guzmán impuso su criterio con una política más atractiva para el mercado y un cambio de dirección en las regulaciones para la operación de los dólares financieros, flexibilizando restricciones al CCL facilitando sus operaciones y aumentando el plazo mínimo de tenencia de los títulos para operar el CCL (parking) habilitando una mayor oferta. En el próximo paso en ese sentido, tratará de que el programa que se alcance con el FMI pueda concretar un plan de recorte gradual del déficit fiscal y del financiamiento con emisión monetaria y eventualmente un reforzamiento del financiamiento. Ya el proyecto de Presupuesto 2021 reflejaba el esfuerzo encaminado a reducir el déficit fiscal en medio del aumento del gasto, ya que si bien el déficit primario es de 4,5% del PBI y se cubre en un 60% con emisión, es 3 puntos menor al previsto para 2020 y después de las explicaciones brindadas por Guzmán, que acompañaron a las nuevas medidas de mediados de octubre, el CCL y el MEP comenzaron a revertir su escalada y el FMI apoyó las medidas.

El diagnóstico de Guzmán que fundamentaba la mayor flexibilidad financiera es que la principal presión cambiaria proviene de fondos extranjeros que quedaron atrapados en activos en pesos por el cepo y que buscaban dolarizarse y fugarse a través del CCL, por lo que a mitad de octubre puso en marcha tres medidas para dar liquidez al mercado de cambios y comprimir la brecha: 1) eliminar el parking para la compra de títulos y alargar el plazo de permanencia para vender, esperando que haya más oferta de dólares y el BCRA tenga que vender menos para satisfacer la demanda; 2) la licitación de un bono por 750 M dóls para los acreedores atrapados en el cepo cambiario, y 3) la rehabilitación de fondos extranjeros para que puedan volver a operar con títulos nominados en moneda extranjera, ya que las regulaciones del 15/9 tendieron a reducir la liquidez del mercado, por lo que el BCRA pasó a derogar la limitación para fomentar la operatoria de emisiones locales en los mercados regulados locales, se redujo el parking y se favorecerá “el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales» con la subasta de bonos en dólares que venía siendo continuamente postergada por la inestabilidad de los bonos, en vez de dotar de mayor previsibilidad y volumen al mercado financiero.

A fin de octubre, un balance de esta nueva política daba como resultado que el BCRA  logró contraer la emisión monetaria mediante tres canales: el cambiario (con las ventas diarias de dólares), el monetario (financiamiento al Tesoro con colocaciones de deuda) y el bancario (la suba en la tasa de interés de las Letras y los Pases). 1) Por el canal cambiario, con la venta de dólares del BCRA al sector privado y al gobierno, éste recibe pesos y contrae la emisión, aunque no se calmó el drenaje de reservas ni se redujo la brecha cambiaria, pero se logró contraer la emisión al financiar una mayor parte del déficit fiscal con el mercado de deuda en pesos y con una mayor absorción con el cambio de la composición entre pases y Leliq; 2) Por el canal monetario, en octubre el Tesoro aumentó mucho la devolución de adelantos transitorios, y 3) Por el canal bancario, el BCRA modificó la composición de los pasivos remunerados, al subir la tasa de los Pases a un día, de 19% a 30% y bajar en dos puntos la tasa de las Leliq, de 38% a 36%, consiguiendo de esa manera una mayor absorción. (BAE 28/10/20, Mariano Cúparo Ortiz, p.2).

El dólar libre, que a fin de 2019 estaba en 77,25 pesos y llegó a un máximo de 138 el 15/5/20, después se aquietó hasta que a mediados de septiembre, cuando se intensificó el cepo, y estaba en 145 pesos, empezó a subir aceleradamente hasta llegar a 195 el 23/10, y cuando el ministro Guzmán aplicó la flexibilización, bajó con mucha rapidez hasta 157 el 6/11, al cierre de este análisis, y si bien la brecha perforó el 100%, está todavía en 90%, logrado a un costo muy elevado, porque para eso tuvo que vender más de 960 M de dóls en reservas para bajar el CCL y el MEP, aunque el blue se redujo bastante menos, Sin haber llegado a una magnitud de brecha aceptable para el gobierno, se le está reduciendo el margen de acción por ese lado y empieza a apostar por un acuerdo rápido con el FMI que incluya un desembolso adicional de dólares.

Así va quedando arrinconado el problema a la reducción del déficit fiscal, único objetivo que suele tener el mercado, que siempre prefieren bajar el gasto antes que aumentar la recaudación, en una óptica más inclinada a la ganancia empresaria, suponiendo que es el camino más directo a la inversión, sin tener en cuenta que la inversión financiera, predominante en la crisis, no siempre favorece a la producción. Por eso el mercado y la mayoría de los analistas no dejan de lado la insistencia de actuar directamente sobre el déficit fiscal reduciendo el gasto, pero con la última serie de medidas de Guzmán, la brecha bajó aunque con alto costo y la apuesta del ministro sigue siendo esforzarse en reducirla aún más.

Una alternativa para disponer de más dólares es lo que se podría llegar a disponer con el swap con China o contraer más deuda con el FMI. El FMI podría analizar si avanza con la Argentina en un Acuerdo de Facilidades Extendidas que active el repago de la deuda a partir del año 2024 y durante 10 años y que sume recursos adicionales para alimentar las reservas, pero todos los acuerdos de ese tipo no han dado resultado porque se apoyan en el ajuste, que es exactamente lo contrario de lo que la gestión del presidente AF se propuso, y no por una cuestión ideológica sino porque es muy difícil encontrar un ajuste que funciones, y menos en la Argentina, con su larga serie de políticas de este tipo fracasadas. Y así como la Fed no tiene más alternativa que emitir porque la llave para impedir la recesión está en el gasto público, como se puede apreciar en la síntesis internacional de este informe, y ha llevado a los teóricos monetarios fuera de la Argentina a afirmar que la emisión no provoca inflación y obligó al FMI a ser mucho más considerado con la Argentina después del grave traspié en que incurrió con el endeudamiento de Cambiemos, es posible que se pueda flexibilizar un acuerdo de este tipo.

Por consiguiente, lo decisivo sigue siendo generar las condiciones para que la política productiva pueda acelerarse e intensificarse, para lo que es imprescindible reducir aún más las presiones financieras, porque no hay otra alternativa a que la solución venga por la producción. Hasta ahora, las propuestas del agro o de la industria terminaban siendo contradictorias, porque la mayor exportación requería una restricción interna o porque las propuestas industrialistas se apoyaban excesivamente en el mercado interno y no tenían competitividad. El proyecto productivo no puede menos que combinar agro e industria y asegurar una gran masa de exportación del agro porque es la única manera de respaldar el inicio de una política industrial que se apoye en el mercado interno pero que busque desde el primer momento alcanzar la exportación. Por eso tiene gran importancia la propuesta del Consejo Agropecuario de promover exportaciones por 100.000 M dólares a diez años. Y también la posibilidad de desarrollar nuevas áreas para sostener la producción, entre ellas el petróleo y la minería, pero también un papel más dinámico para las pymes en la exportación, más el concurso de la promisoria economía del conocimiento.

El reforzamiento factible de la producción es la única manera de evitar que se vuelva a la falsa opción de ajuste o producción, porque con el ajuste no hay crecimiento y porque la producción no puede estar centrada exclusivamente en el mercado interno y no aprovechar al máximo las ventajas de los sectores competitivos exportadores. Hasta ahora, el ajuste no facilitó el desarrollo industrial porque invariablemente castigó al mercado interno y se apoyó exclusivamente en la deuda y porque la inversión que conlleva es casi exclusivamente la financiera, una deuda continuamente reciclada a tasas de interés cada vez mayores que llevan tanto a los sectores competitivos como a los que viven del mercado interno a la compra de dólares y la fuga de capitales, y termina arrastrando también al ahorro y configurando una economía bimonetaria porque la fuga de capitales y el ahorro en moneda extranjera se convierten en complemento del endeudamiento y viceversa, una situación solo capaz de superarse de manera estructural.

Lo que queda por delante es desarrollar al máximo un esquema productivo insertado en la realidad del sistema mundial, sin olvidar que su mayor característica presente es una crisis difícil de doblegar y no solo atribuible a la pandemia, porque el estancamiento y la recurrencia al gasto público y a la deuda para neutralizarlo vienen de la crisis financiera de 2008, están presentes en todas las economías.      

La crítica que hacen los grandes medios de comunicación y el poder económico real del país al gobierno nacional es que no tiene un plan. La planificación debe preceder y presidir las acciones de un gobierno. Significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si las acciones realizadas hoy son eficaces o ineficaces.

El equipo de Economía y su Ministro tenían un plan, cuya base y punto de partida consistía en lograr que los acreedores de la deuda externa dejada por el gobierno anterior acepten canjear sus títulos por otros, con un período de gracia importante en la amortización del capital y una fuerte reducción en la tasa de interés. Ese objetivo fue alcanzado plenamente, se canjearon los títulos de deuda por otros que comienzan a amortizar el capital muy parcialmente en el segundo semestre de 2014 y la tasa de interés promedio es del 3,05% anual.

El plan continuaba con emplear los recursos del Estado para hacer obra pública, esencialmente vivienda, e impulsar la demanda agregada mediante sistemáticos incrementos en los salarios y del empleo. Pero la pandemia y la larga cuarentena obligada por el Covid-19 trastocó todo. Se tuvo que hacer frente a una fuerte reconversión del gasto público para proveer de instrumentos, medios y equipos a los hospitales y programas de salud, mientras que paralelamente se asistía a la población y a la producción con planes sociales como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción).

El plan original del Ministerio de Economía consistía en que al pagar solamente los intereses de la deuda se contaba con suficientes recursos fiscales. Pero por hacer frente al Covid-19, hasta septiembre 2020, un tercio del gasto público es déficit fiscal, que además obligó a financiarlo con emisión monetaria y con colocación de nuevos títulos de deuda en el mercado local, ante la brutal caída del nivel de actividad y, con ella, de la recaudación tributaria. Dado que, en la Argentina post Macri, los impuestos ligados al consumo representan más del 70% de todos los gravámenes tanto nacionales como provinciales, el gobierno nacional debió asistir a las provincias y municipios del país.

El punto fuerte de la Argentina es su mercado interno, nuestro país crece si crece  el consumo de la población, que debe ser apuntalado por una política de sustitución de importaciones a como dé lugar, tanto de máquinas y equipos como insumos que no producimos en cantidad suficiente y en la provisión de petróleo y gas.

Paralelamente, al producir alimentos y dados los buenos precios internacionales (por ejemplo, la tonelada de soja se vende a fines de octubre 2020 en el mercado de Chicago arriba de los 400 dólares y la tonelada de aceite de soja cerca de los 800 dólares), hace que el IERAL (Instituto de Estudio de la Fundación Mediterránea) estime que la cosecha 2020/21 tendría un valor de mercado de entre 33,0 mil millones y 39,9 mil millones de dólares. Esto asegura el superávit comercial proyectado por el Ministerio de Economía para el año entrante de exportaciones de bienes y servicios por 74.432 millones de dólares, con un crecimiento de 11,9% respecto del año 2020. En tanto, las importaciones de bienes y servicios se estiman en 59.346 millones de dólares, que implicaría un crecimiento de 20,4% interanual. Este escenario asume, de manera implícita, una recuperación del comercio exterior ante la reactivación económica mundial y doméstica tras la pandemia, que a su vez ayudaría a mantener crecientes los precios de los principales productos de exportación. El saldo comercial que se espera es de 15.086 millones de dólares, fundamentalmente explicado por la balanza de bienes, mientras que los servicios permanecerían levemente deficitarios.

Quiere decir que con la política cambiaria oficial de ajustar el valor del dólar al incremento de los costos internos es suficiente para garantizar un fuerte superávit comercial, de hecho el dólar oficial del viernes 30 de octubre de $ 83,90 se acrecentó en un 40% con respecto al precio del dólar oficial del último día hábil de diciembre de 2019 que fue de $ 59,90.

También quiere decir que el país sufrió y sufre la presión devaluacionista de los que fugaron capitales y solo traerían una parte a un mayor precio, para comprar por la mitad lo que vale el doble. Marco que también le es propicio a los exportadores, dado que de devaluar nuestra moneda, ellos recibirían más pesos por cada divisa que obtengan de sus ventas externas.

El mérito del Presupuesto Nacional 2021 es que demuestra que no se necesita devaluar nuestra moneda para lograr el marco externo favorable para que la Argentina vuelva a crecer. De allí la firmeza de estimar el valor del dólar en $ 102,40 para diciembre del año que viene, al ser la política cambiaria consistente con el objetivo de acrecentar las exportaciones y del superávit comercial esperado y al no tener que afrontar el pago del capital de la deuda. De hecho, los intereses en términos nominales para 2021 son menores que lo que se pagó en 2020 (disminuye la partida para el pago de deuda, que pasa a ser solo el 1,76% del PIB, contra 2,46% que es este año y 4,33% del PIB en 2019).

También en el Presupuesto 2021 se estima que la economía crecería en un 5,5% (y este año 2020 cae en un 12,1% que es una de las depresiones más grandes de las que se tenga registro) y que la inversión interna bruta fija crecería un 18,1% (y este año desciende en un 25,6%) y, el consumo crece como crece el PIB, todos datos y proyecciones que son más que factibles. Un país que logra un superávit comercial en torno a los 15.000 millones de dólares anuales, cuando en la gestión de Macri se fugaron 86.200 millones de dólares en cuatro años, no tiene problemas de ahorro para financiar la inversión que necesita.

El Presupuesto 2021 representa la hoja de ruta para las políticas públicas necesarias para sentar bases para un crecimiento sostenible a partir del desendeudamiento del Estado nacional, la definición de un sendero de disminución de déficit fiscal en el mediano plazo, el fortalecimiento del mercado interno y la realización de imprescindibles obras de infraestructura, esencialmente el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. También son importantes los recursos que se destinan para la renovación y mejoramiento del ferrocarril en las líneas Roca, Belgrano Cargas, San Martín y Belgrano Sur; el Plan nacional de agua potable con el fin de contar con el 100% de cobertura en todo el país para el año 2030. Igual con el plan de obras viales en las principales rutas nacionales y obras energéticas, entre ellas el Gasoducto del NEA, que permitirá abastecer de gas a más de tres millones de personas en el nordeste argentino y, se continuará con el plan nuclear del Reactor RA-10 y la Central Nuclear de Energía CAREM, entre otras fuertes inversiones públicas.

El gasto social seguirá representando más del 60% del presupuesto nacional y se volverá a cumplir con las provincias y sus municipios, que se destine a la educación el 6% del PIB.

Se confía en que el aumento del nivel de actividad permitirá incrementar en forma más que proporcional los ingresos tributarios. Paralelamente, al tener que realizar menores gastos corrientes con respecto a este año 2020 por la pandemia del Covid-19, y el menor pago de los servicios de la deuda por los acuerdos arribados con los acreedores privados, sobre los cuales se pagarán solamente intereses, permitirá que en términos nominales el incremento del gasto sea menor que la inflación esperada y a su vez se incrementa en términos reales la recaudación. La combinación de ambas variables permite reducir fuertemente el déficit fiscal del año 2020 (en torno al 12% del PIB) para ser de un 4,5% del PIB, que es un porcentaje administrable y genera mejores condiciones para los presupuestos venideros.

El rol del Estado

El rol económico del Estado es hacer políticas públicas (el presupuesto es su guía de acción) pero también regular la economía, esto es, establecer las reglas de juego, decidir qué es lícito y qué es ilícito en la actividad económica en general y en la cambiaria y financiera en particular penando y castigando el delito,  máxime cuando el precio del dólar es una variable clara y fundamental en nuestro país y en las políticas públicas.

La difícil situación en que nos encontramos, con los niveles de pobreza, desocupación y padecimiento de todo tipo, mientras que hay una parte de la población que especula con el valor de nuestra moneda, debe ser solucionada de manera enérgica.

Para ello sostenemos que se debe declarar la Emergencia Cambiaria. El 10 de abril de 1964, mediante el Decreto 2581/64 se dispuso la obligatoriedad de ingresar al país y de negociar, en el mercado único de cambio, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales. Mal o bien, con períodos en que se suspendía su aplicación, este sistema rigió durante 53 años, hasta que el Decreto 893/2017 en su artículo 1, deroga el Decreto 2581/64.

Paralelamente, la ley 27.541 denominada de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, no contempla el problema cambiario, por lo tanto se necesita ampliar la ley y declarar la emergencia cambiaria, para:

1. Anular las Resoluciones de la Secretaria de Comercio Nº 262/2016 que le permite al exportador no ingresar las divisas al mercado de cambio local en un plazo de hasta cinco años y 47/2017 que extiende ese plazo a diez años; y derogar el Decreto Nº 893 por el cual establece que “desaparece cualquier obligatoriedad de ingreso de divisas” por exportaciones. Esto fue salvado por la Comunicación A 6770 del Banco Central emitida el 1° de septiembre de 2019, pero mientras rigieron se acumularon dólares que no ingresaron al país. No vamos a entrar en la controversia de si es un derecho adquirido, sí podemos agregar que en ese caso se debería plantear a qué tipo de cambio se liquida la operación de exportación: al tipo de cambio oficial en que realizaron la venta al exterior en los años 2016, 2017, 2018, hasta el 2 de septiembre de 2019, o a uno vigente. Gran parte de los exportadores tienen la administración de puertos en la llamada Hidrovía del Paraná, cuya concesión vence el 30 de abril de 2021 y un principio de acuerdo de partes es que ellos adelantan el plazo de la liquidación e ingresos de divisas de las exportaciones ya realizadas y el Estado argentino sabrá como ponderar ese gesto de alianza económica y social.
2. Revisar, corregir y derogar según corresponda, toda la parafernalia de normas, decretos y resoluciones del gobierno anterior.
3. Evitar a toda costa que el precio del dólar informal, blue, negro o como se lo quiera llamar incida sobre los precios. Para ello el Estado debe intervenir y castigar ese delito, utilizando el poder de policía financiera que tiene la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central de la República (BCRA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que deben controlar y aplicar el poder de policía coordinado con uso de la fuerza pública en las inspecciones, que incluya el secuestro de los fondos que no tengan explicación contable o de origen y hasta la detención de los delincuentes.

En síntesis, si se hubiera detenido al primer peón que quemó un pastizal, este hubiera dicho quién lo envió y no hubiéramos tenido los incendios de nuestros campos y bosques como pasó. Se trata de intervenir ya y como sea. Eva Perón decía: donde hay una necesidad surge un derecho.

[1] Decreto N° 1053/18, han solicitado su adhesión las siguientes prestadoras del servicio de distribución de gas: 1) Naturgy BAN S.A.; 2) Metrogas S.A; 3) Camuzzi Gas Pampeana S.A.; 4) Camuzzi Gas del Sur S.A.; 5) Litoral Gas S.A.; 6) Gas Nea S.A.; 7) Gasnor S.A.; 8) Redengas S.A.; 9) Distribuidora de Gas del Centro S.A.; y 10) Distribuidora de Gas CuyanaS.A.

PLAN DE GOBIERNO Y PRESUPUESTO