Desde el triunfo electoral del Frente de Todos se ha acelerado el conflicto entre distintos segmentos de la sociedad argentina por la prevalencia de los derechos de unos sobre los otros. La pugna no se ha canalizado por la vía de las instituciones, cuyas composiciones han sido recientemente renovadas por el voto popular.

La colisión se da entre aquellos que sacralizan la propiedad privada por encima de cualquier proceso de integración social con quienes resueltamente defienden a los derechos sociales expresados en el acceso igualitario al salario y la jubilación, la vivienda, la educación, la salud y todo otro bien de carácter universal y esencial para la vida humana.

Este enfrentamiento entre los derechos individuales del artículo 14 de la Constitución Nacional y los derechos sociales del 14bis del mismo texto rector no es nuevo. No obstante, ha crecido en tensión, en parte porque la crisis global les indica que deben apropiarse del Estado para asegurar sus privilegios, como lo hicieron en los ‘30, los ‘70 y con la escalada inflacionaria de los ‘80. En esa dirección han adoptado un rechazo absoluto al resultado de las urnas, embistiendo al gobierno electo desde el inicio.

El otro dato novedoso es que la quinta administración peronista, a diferencia de sus antecesoras, se ha visto impotente hasta ahora para superar el conflicto alcanzando acuerdos y disciplinando actores.

En estos días, hemos visto como una multitud se movilizó en homenaje a los 75 años del 17 de octubre, conmemorando la génesis del movimiento que integró política y socialmente a los sectores desposeídos. En contraste, se visibilizó el conflicto en la provincia de Entre Ríos por la herencia de la familia Etchevehere, dónde el ex ministro de Agricultura del macrismo no tuvo límites para movilizar una patota violenta hacia el campo para desalojar por la fuerza a su hermana. Se profirieron todo tipo de insultos hacia Juan Grabois, que respalda a Dolores Etchevehere en el desarrollo de un proyecto agrario comunitario. A su vez, Patricia De Ferrari, legisladora cordobesa de Cambiemos, invocó a los “falcon verdes” para “administrar justicia” contra el dirigente social.

Estas imágenes contrapuestas se produjeron en medio de la tensión cambiaria, donde se vislumbra el intento de producir una licuación estructural de los ingresos populares elevando la cotización de la divisa a niveles inéditos. La oligarquía percibe la oportunidad de romper definitivamente el empate social con el peronismo y actúa en todos los frentes inescrupulosamente. Otro acicate para esta conducta es la pérdida de control de los procesos electorales, como lo ocurrido en octubre del 2019 en Argentina y en octubre 2020 en Bolivia. La movilización del 17 y el triunfo de la fuerza de Evo Morales sepultaron los amagues de “golpe blando”, acelerando en la semana posterior la suba del dólar en los mercados alternativos.

El gobierno de la coalición peronista ha ensayado esquemas conciliadores, hasta el momento sin resultados positivos. Esto se expresa en los lineamientos económicos seguidos hasta el presente, pudiendo identificarse dos programas.

El programa “que no fue” que consistió en un intento de ordenamiento macroeconómico externo y fiscal de regulación pública basado en tres ejes:

1. Intervención estatal directa en la comercialización de granos y acuerdos con otros actores afines relevantes en ese mercado, como la empresa estatal china Cofco y las cooperativas tradicionales. Este derrotero se abandonó con la fallida expropiación de la concursada empresa del sector Vicentin.
2. Administración del comercio exterior con control de las importaciones, tanto en la cantidad de bienes comprados como en los pagos efectuados al exterior por ese concepto. No obstante, se produjo la inconsistencia técnica que el abultado superávit de la balanza comercial (u$s 11.000mm en el lapso enero/agosto 2020) no incrementó las reservas internacionales del BCRA, siendo las importaciones uno de los principales factores de egreso de divisas, a pesar de la caída del nivel de actividad en este período a causa de la pandemia.
3. La implementación de una reforma tributaria progresiva sobre exteriorizaciones de riqueza patrimonial y altos ingresos, para reducir la brecha fiscal y fortalecer la autonomía estatal.

Los puntos previos apuntaban a producir un orden macroeconómico acelerado, acotando los desequilibrios en las cuentas externas y las cuentas públicas heredadas del macrismo, mejorando la capacidad de maniobra del sector público y potenciando la certidumbre que significó cerrar exitosamente el programa financiero de reestructuración de deuda pública.

Las razones para no llevar adelante este esquema se centraron en la voluntad política de aplacar los conflictos con los sectores dominantes y construir un escenario de paz política, que los hechos demostraron fallido.

El programa que “sí fue” se basó en acuerdos tácitos con actores agropecuarios y financieros, a partir de reconocer estímulos al mercado que favorezcan la estabilidad cambiaria. El diseño pro-mercado se centró en:

1. Negociación con el sector manufacturero del campo para lograr un aumento de exportaciones y liquidación de divisas a cambio de una baja transitoria de los derechos de exportación.
2. Medidas a favor de los operadores financieros para reducir la volatilidad del mercado cambiario alternativo “contado con liquidación”, consistentes en bajar los plazos de tenencia de bonos antes de operarlos -de 15 a 3 días hábiles-. La intención fue dotar de más liquidez al mercado y de oferta de bonos en dólares a los fondos de inversión extranjeros a cambio de sus activos en pesos para evitar la presión de la demanda en la cotización del contado con liquidación.

Estas disposiciones, hasta el presente, no han dado los resultados esperados: las reservas internacionales del BCRA continúan descendiendo -u$s 500 millones en lo que va de octubre- y la cotización del “dólar contado con liquidación” trepó un 6% neto en el curso de la semana.

Es complejo transitar acuerdos cuando los agentes económicos más poderosos quieren imponer otro rumbo resueltamente, desafiando la voluntad popular expresada en las urnas.

De continuar este sendero, sólo quedan dos opciones no excluyentes: China y el FMI.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/crisis-economica-y-disputa-de-poder-hacia-el-final-del-pendulo-2020102419025

La pujante Argentina industrial distribuía ingresos de manera tal que en 1974 éramos el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre, la pobreza era solo el 3,7% de la población y la desocupación era friccional. Esa Argentina fue dinamitada por el “Rodrigazo”, que no fue otra cosa que liberar el tipo de cambio depreciando nuestra moneda, paso necesario y obligatorio para dar lugar a la dictadura militar donde confluyeron el modelo agroexportador (incluso desobedeciendo a los Estados Unidos, porque se le vendió trigo y otros cereales a Rusia en pleno bloqueo de Jimmy Carter) y el de valorización financiera, que consiste en creer que subiendo la tasa de interés local (de una moneda depreciada) se controla el precio del dólar.

Las tasas de interés creciendo por muchos meses por encima de precio del dólar atraían capitales golondrina en la llamada bicicleta financiera o carry trade, razón por la que se retrasa el tipo de cambio y, por priorizar la valorización financiera del capital y la política de endeudamiento en desmedro de las exportaciones, se produce la ruptura con “el campo” y la renuncia a fines del año 1979 del Secretario de Agricultura y Ganadería, Mario Cadenas Madariaga, conspicuo dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que formó parte junto a José A. Martínez de Hoz del equipo que se reunía desde 1975 en la casona de la familia Blaquier de la calle Azcuénaga 1.673 en la Ciudad de Buenos Aires, para preparar el nuevo gobierno.

Salvo los 14 meses que estuvo al frente del Ministerio de Economía Bernardo Grinspun, predominó la política de endeudar y fugar hasta que implosionó a fines de 2001. Tras los aciagos días del 19 y 20 de diciembre y el “que se vayan todos”, de cómo las grandes empresas deudoras en divisas la transfirieron al pueblo argentino mediante la pesificación asimétrica, y del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asume la presidencia Néstor Kirchner, quien reinstaló el modelo de crecimiento en base al mercado interno.

La fórmula es sencilla: las tres cuartas partes de lo que producimos se destina al mercado interno, por ende, generando más empleo y mejores salarios el mercado interno se expande y crecemos en forma sustentable y democrática. Más se vende y más se produce, se propicia la sustitución de importaciones que se deben producir en el país, energía incluida. Es la misma propuesta del plan de gobierno del Presupuesto de la Administración Nacional 2021, pero para ello se requiere un gobierno que regule la actividad económica, que imponga las reglas de juego, que diga qué es lícito y qué no, qué está permitido y qué no, como hacen todas las naciones del mundo que crecen sistemáticamente.

La verdadera brecha

Cambiemos restituyó el modelo de valorización financiera y renta agroexportadora que genera un proceso de devaluación e inflación que se retroalimenta. Pandemia mediante y serios errores propios, debilitan el poder del Estado nacional, máxime que como pasó en 1975 y 1976 los agroexportadores y los que propician la valorización financiera del capital confluyen en depreciar nuestra moneda y con ella el mercado interno y la economía nacional.

Para ellos el problema no es la tasa de indigencia que para el primer semestre de 2020 el INDEC estima en 10,5% de las personas que habitan en la Argentina, ni la de pobreza, del 40,9%. Tampoco que el salario y la jubilación mínimxs, medidxs por el dólar blue sean menores a 100 dólares, que el salario promedio mensual sea de $ 69.040, que convertidos son menos de 400 dólares. Si se devalúa como quieren exportadores y financistas, nuestros trabajadores cobrarían menos que el salario promedio de Brasil y de China.  Nuestro PIB per cápita es de menos de 8.000 dólares, que es el de un país pobre como los más pobres de América Latina y de África.

El plan económico del gobierno debe priorizar el mercado interno y para eso es necesario controlar el dólar, ya que cada vez que sube empuja a la miseria y a la pobreza a nuestro pueblo y limita las posibilidades de crecer sostenidamente y distribuir equitativamente los ingresos, como se hizo desde 1945 a 1974 y en los años de los Kirchner.

Sin embargo, priorizar el mercado interno, el trabajo y la producción nacional puede llegar a amalgamarse con la propuesta  del Consejo Agroindustrial Argentino (AGD; Cargill, Glencore, Molino Agro, Cofco etc.) y que trata de acordar con China, siempre y cuando el beneficio sea mutuo, por la simple razón de que ellos exportan alimentos y su precio impacta en la canasta de las familias. Para que fueran compatibles debería acordarse que primero se destine la parte de la producción necesaria para satisfacer el mercado interno y a precios razonables con los salarios, y luego se calcule el saldo exportable, y no al revés. Además, el diferencial de cambio a través de retenciones lo debe fijar libremente el gobierno nacional y no, como pretenden ellos, fijar la tasa de retenciones y dejarla estable durante diez años [1].

Es una situación compleja pero se puede y se debe resolver. El impedimento es su valorización financiera y la influencia del tipo de cambio, ya que el Consejo Agroindustrial Argentino objetivamente se beneficia cuánto más de nuestra moneda obtiene por cada divisa que ingresa del exterior. Y tiene medios para presionar sobre el valor del dólar.

La situación descripta se potencia por el grado de libertad con que se maneja la actividad financiera y cambiaria en el país.

La política financiera y cambiaria

La comparación de datos del INDEC y del Banco Central permite entender los comportamientos especulativos de exportadores e importadores. El informe del INDEC de intercambio comercial de enero a agosto de 2020 indica que las importaciones fueron por 26.245 millones de dólares, pero el INDEC usa un criterio devengado que no muestra con precisión los flujos de caja de la economía. El balance cambiario del Banco Central, en cambio, registró que las importaciones efectivamente pagadas fueron por más de 31.300 millones de dólares.

Esto es, los importadores adelantaron pagos de su mercadería para dolarizarse al tipo de cambio oficial, dado que le compraron al BCRA y este le vendió en los primeros ocho meses del año, de $ 70 a $ 80 por dólar, para pagar importaciones que al 31 de agosto 2020 no habían ingresado a la Aduana Argentina.

Entonces el superávit comercial  de enero a agosto 2020 no es de 10.894 millones de dólares como informan la Aduana y el INDEC, sino de 5.800 millones.

Paralelamente el BCRA autorizó a pagar supuestas deuda externa al Banco HSBC; al Banco Galicia; al Grupo Elsztain (IRSA, Cresud, Banco Hipotecario, principales centros comerciales, etc.); a Petroquímica Comodoro Rivadavia; a la filial norteamericana generadora y distribuidora de energía AES Argentina, etc., por 6.200 millones de dólares de las reservas internacionales y al tipo de cambio oficial. Recién a partir del 15 de septiembre, mediante la Comunicación A 7106, el BCRA dispuso que se le vendan dólares por el 40% de la deuda que declaran y el 60% restante lo paguen con activos que tienen en el exterior y/o reprogramen los vencimientos[2], cuando esos deudores son los mismos que fugaron los 86.200 millones de dólares que se fueron del país en los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, según informe que hizo el propio Banco Central [3].

Es evidente que en plena restricción cambiaria y en medio de la negociación de la deuda, el BCRA malvendió reservas internacionales que explican por qué teniendo un superávit comercial al 31 de agosto de 2020 de 10.984 millones de dólares, las reservas internacionales brutas del BCRA no solo no crecieron sino que descendieron en 4.018 millones de dólares en el mismo lapso.

Paralelamente, los diez primeros bancos privados del país en lugar de prestar (que lo hacen mínimamente) se benefician colocando sus generosos excedentes en LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) y perciben por ello más de $ 60.000 millones por mes que les paga religiosamente la autoridad monetaria.  En la gestión actual del BCRA lo que más crecieron fueron las LELIQs: de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión  a 1.717.371 millones el 7 de octubre de 2020: un un 126,4% más, cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 30,35% y el total del crédito al sector privado en 19%.

El crédito total al sector privado (empresas y personas) es el 11,4% del PIB, tan bajo como lo dejó el último año del gobierno de Mauricio Macri, cuando en Brasil es del 45% y en Chile del 60% del PIB.

Por la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, los únicos que le pueden comprar dólares al BCRA son los bancos, quienes lo compran por sí o para sus clientes,  todo “consta en actas” y por eso el BCRA pudo elaborar el Informe de fuga de Capitales por 86.200 millones de dólares y tiene los nombres, DNI, domicilio, etc., de cada uno de los 6.693.605 personas y las 85.279 empresas adquirentes de divisas, donde los cien mayores compradores en la gestión de Macri lo hicieron por 24.679 millones de dólares.  Esos dólares fueron sacados mayoritariamente del circuito económico legal argentino.

Los circuitos ilegales están directamente conectados con el sistema financiero formal. Tanto la economía clandestina como la informal se retroalimentan con la economía formal. No son compartimentos estancos, ni separados por exclusas.

Los “financistas” son los dueños y CEOs de los principales bancos privados del país, conectan puntas entre inversores y tomadores de crédito. El cruce de dinero entre plazas financieras puede vincular Montevideo, Nueva York, Hong Kong o Londres mediante el llamado “dólar cable” (que consiste en girar dólares en efectivo a través de una cueva financiera), que fondea parte de la oferta del dólar blue y que incide fuertemente en la fuga de capitales de las divisas originadas en el atesoramiento.

En síntesis

Después de dilapidar más de 11.000 millones de dólares, el gobierno busca incrementar la oferta de divisas, por lo cual en octubre de 2020 dispuso una baja transitoria de tres puntos en las retenciones a la exportación de soja y una eliminación total de las retenciones a bienes finales industriales.

Paralelamente, trata de frenar la demanda a través de estímulos a las inversiones en pesos. En esa línea, se llevaron a cabo licitaciones de títulos en moneda local; una colocación de bonos «dólar linked», que están atados a la evolución del tipo de cambio oficial, y una colocación de letras ajustadas por inflación.

Incluso la autoridad monetaria desde el viernes 16 de octubre bajó la tasa de las Letras de Liquidez (LELIQs), que pasó de 38 a 36% anual y aumentó en 21 puntos porcentuales la tasa activa de pase por un día que queda en 30% de Tasa Nominal Anual. Para los depósitos del público menores a un millón de pesos los bancos pagarán un piso de 34% de tasa nominal anual, para el resto de los depósitos, el mínimo será de 32% nominal.

Por supuesto “que el mercado”, como les gusta llamarse, olió sangre y va por más y toda medida es insuficiente.

Las verdaderas y necesarias medidas

Si no se fiscaliza la operatoria de los diez bancos privados principales, de los distintos mercados del dólar (Contado Con Liqui, Dólar Bolsa, etc.) y no se cierran las “cuevas” cambiarias con el poder de policía que tiene el BCRA, es lo mismo que arar en el mar.

Pedro Biscay, que fuera Director del Banco Central, propone fortalecer el poder de fiscalización cambiaria y financiera, y recuerda que en los años 2014 y 2015 se conformó una mesa de coordinación institucional desde donde se llevaron adelante acciones orientadas a incidir sobre el mercado ilegal de divisas. Se alinearon detrás de ese objetivo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La Superintendencia junto a la UIF y el resto de los reguladores, intensificaron las ruedas de monitoreo, cruces de información, fiscalización en oficinas de negocios y formulación de denuncias penales a través de Procelac. Se logró información acerca del mercado paralelo que permitió identificar el entrelazamiento entre el sistema económico formal y diferentes circuitos de circulación de capitales procedentes de las economías informales o clandestinas.

Pero esto sólo es posible si las reglas las impone el Estado.

[1] Plan del CAA:  “Estrategia Agroindustrial Exportadora Inclusiva Sustentable y Federal 2020-2030”.

[2] Medida que incluso flexibilizó el jueves 8 de octubre a pedido del Banco Hipotecario del grupo Elsztain.

[3] Empresas y personas que están también en la lista conformada por Hernán Arbizu y por el Ingeniero en sistema Hervé Falciani, ambos del HSBC, o en los Panamá Papers.

Renta agroexportadora y capital financiero

La Pontificia Universidad Católica Argentina en su estudio sobre el empleo y la pobreza en todo el país [1], dice que en 2019:

• el 41,6% de la Población Económicamente Activa [2] tenía un empleo pleno,
• el 26,9% un empleo precario,
• el 20,6% eran subempleados inestables y
• el 10,9% restantes estaban desocupados.

Este cuadro se agrava con la pandemia de forma tal que para el primer semestre de 2020 el INDEC estima que la tasa de indigencia alcanzó a 10,5% de las personas que habitan en la Argentina, y son pobres el 40,9%.

El informe de la UCA reconoce que los planes sociales instrumentados por el gobierno (IFE-Ingreso Familiar de Emergencia; ATP- Asistencia al Trabajo y a la Producción; crédito a tasa cero a monotributistas; bono a los trabajadores del área de salud, etc.) lograron paliar la situación que de otro modo hubiese sido mucho peor.

Y termina con una valiosa apreciación: “Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren derrames hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno”.

Es válida la acotación cuando el gobierno apuesta a una alianza con el Consejo Agroindustrial Argentino (AGD; Cargill, Glencore, Molino Agro, Cofco, etc.) y trata de acordar con China. Podemos inferir que Cargill  y Glencore quieren vender a China sin que Trump se lo impida o limite desde los Estados Unidos o que dicho país presione con el mismo objetivo al gobierno de Bolsonaro en Brasil. Ese acuerdo hace que no se termine de resolver el tema Vicentin, cuando además, en abril de 2021 vence la concesión para la administración, dragado y señalización del corredor estratégico fluvial que comprende la Hidrovía Paraná-Paraguay. Por allí transita el 82 % de los granos, harinas y aceites de exportación del país y los principales puertos son administrados por conspicuos miembros del CAA (Consejo Agroindustrial Argentino).

Ese sector puede proveer las divisas pero no tiene un efecto multiplicador sobre la economía nacional como requieren los datos de pobreza y desempleo actuales. La salida para la recuperación del empleo depende de políticas de fomento que den prioridad a las pequeñas y medianas empresas, haciendo hincapié en la actividad regional. Estas políticas deben orientarse en primer lugar a la creación de puestos de trabajo y a posibilitar un proceso de acumulación y distribución. Las empresas que forman parte del Consejo Agroindustrial Argentino exportan alimentos y van a procurar siempre un tipo de cambio alto para maximizar sus ganancias. Pero al igualar los precios internos con los que obtienen en el exterior los encarecen, salvo que se acrecienten las retenciones (Derechos de Exportación) y ellos (el CAA). Por el contrario, proponen su estabilidad por 10 años.

Es más, el CAA presentó el 19 de julio de 2020 las bases de lo que denominó “Estrategia Agroindustrial Exportadora Inclusiva Sustentable y Federal 2020-2030”. Allí no solo propone reencausar el presupuesto nacional para apuntalar los programas que le son afines (INASE-Instituto Nacional de Semillas; SENASA — sanidad animal; Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior; etc.), sino que plantea un régimen especial de amortización acelerada (con lo que disminuirían contable e impositivamente sus ganancias), que incluya a los principales impuestos que impactan la operatoria agroindustrial y un régimen nacional de promoción de la inversión en bienes de capital del sector agroindustrial. Sabremos bien a qué se refiere porque debe tratarse por un proyecto de ley con su debida cuantificación.

Qué hacer

La importancia del sector agro-industrial está fuera de discusión, pero solo impulsando la manufactura de origen industrial, la construcción, y los servicios demandantes de mano de obra, se puede incorporar al mercado laboral a gran parte de la población. Para ello se necesitan recursos, que genera el sector primario y el Estado obtiene mediante las retenciones a sus exportaciones.

La principal causa de la desigualdad social en la Argentina es la suba del precio del dólar, que se traslada directamente al precio de los alimentos haciendo que muchas personas caigan bajo la línea de la pobreza. La interacción entre las obligaciones por el pago de la deuda externa, la fuga de capitales y la rentabilidad de los exportadores presiona a la devaluación de nuestra moneda

En el gobierno de Néstor Kirchner no solo se logró un importante acuerdo con quita de capital de la deuda, se controló la fuga de capitales y se fiscalizaron las exportaciones. Además, la obtención de ingresos fiscales por los Derechos de Exportación (retenciones) se apareaba con el subsidio energético, que permitió congelar las tarifas energéticas, de comunicaciones y de transporte. En los años de la convertibilidad las empresas prestadoras de esos servicios cobraban tarifas abusivas en pesos pero con un dólar 1 a 1. En pleno auge del modelo kirchnerista, 2007 por ejemplo, los subsidios a la energía y al transporte fueron de $ 14.600 millones (a un precio del dólar promedio de $ 3,10 de esa época significaban 4.700 millones de dólares) y ese fue el importe obtenido por las retenciones. Un uno a uno menos reconocido, pero fundamental en su nitidez.

La idea y disciplina de Kirchner era apuntalar a los hogares y a las industrias con el total del ingreso por retenciones, que marcaba el límite del subsidio y formaba parte de su visión estratégica de ampliar la demanda interna y combinarla con la internacional. Por eso propiciaba acuerdos comerciales con los países que nos compran y con los que tenemos economías complementarias (comprarles a quienes nos compran era la consigna).

Con respecto al problema del empleo desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso a las negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresarias en el Consejo del Salario y el cobro de derechos de exportación (retenciones), que generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones, el precio de los alimentos en el mercado interno.

La duplicación del monto indemnizatorio en caso de despido injustificado fue una medida para asegurar un piso mínimo de ingresos a los grupos que perdían posiciones en el mercado de trabajo formal. Se sumó a la ley de movilidad previsional, con un sistema de actualización de jubilaciones y pensiones; la inclusión en el sistema previsional de aproximadamente 2.400.000 personas que habían quedado sin ninguna cobertura y la creación del monotributo social, que permitió un facilitado acceso a la economía en blanco y las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos e informales.

Para luchar contra la informalidad se implementó el Plan de Regularización del Trabajo, orientado a combatir el empleo no registrado y verificar el cumplimiento de las condiciones de labor que garantizaran los derechos del trabajo y la protección social. Para alcanzar la mayor eficacia en normativa laboral se creó un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social, para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas en todo el territorio nacional. ​Por ejemplo, para 2007 se observaba que de cada 100 nuevos puestos de trabajo 83 eran formales, a diferencia de los años ’90 (durante el menemato), cuando tan solo 6 de cada 100 trabajadores eran registrados. En el ámbito de los programas de transferencia de ingresos, la nueva estrategia consistió en reconvertir el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la dirección de mejorar las condiciones de empleabilidad de los desempleados. Para el año 2007, 700.000 beneficiarios del Plan Jefes habían conseguido un empleo registrado.

El cuello de la botella

El problema tarde o temprano viene del lado de los Bancos. Diez bancos privados (Galicia, Santander-Río, BBVA, Macro, Patagonia, HSBC, ICBC, Citi, Supervielle, BNP-Paribas)  administran la mayor parte del sistema y si bien son el mecanismo bancario de la operación comercial, quieren tener el timón del control del valor del dólar y de la tasa de interés, por lo que van a influir de sobre manera en el sistema de crawling peg (devaluación a los saltos) y en tasas de interés que deben ser positivas por encima del valor del dólar y del nivel general de precios, hecho que hace insostenible el financiamiento genuino del la economía nacional. Otra vez los grandes bancos dicen a quiénes se les va  aprestar y a qué tasa, cuando se ha demostrado hasta el cansancio que ese sistema solo significa ganancia para los bancos confiscando el capital productivo argentino.

La taba está en el aire, el Consejo Agrario Argentino necesita fortalecerse y vender desde la Argentina y no confía en los supuestos suplentes de Alberto Fernández, ni en la Embassy, su negocio pasa por vender a China, Rusia e Irán y a Estados Unidos eso no le va a gustar.

Los Estados Unidos van a presionar a través del acuerdo con el FMI. No es casualidad que el canciller Felipe Solá haya agradecido al embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, “el compromiso de su país de apoyar a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hoy (se refiere al martes 6 de octubre) tuvimos un encuentro en el que analizamos cómo aumentar las inversiones y el comercio entre ambos países”, el mismo día en que la Argentina votó en las Naciones Unidas alineada con el Grupo Lima contra la República Bolivariana de Venezuela. La misma ONU que no dice nada ante el golpe de Estado en Bolivia, las masacres en Colombia o la represión salvaje al pueblo chileno que reclama una nueva constitución.

Lo cierto que la situación es de urgencia en el plano cambiario y de pago de deudas en divisas. Durante todo el año, el BCRA vendió más de 6.000 millones de dólares de las reservas internacionales a empresas privadas, por supuestas deudas externas y al tipo de cambio oficial. Recién a partir del 15 de septiembre de 2020, dispuso que se le venda el 40% de las divisas que declaran como deuda, mientras el 60% restante lo deben pagar con activos que tienen en el exterior y/o reprogramar los vencimientos. Esos deudores son los mismos que fugaron los 86.200 millones de dólares que se fueron del país en los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, según informe que hizo el mismo BCRA.

En síntesis

Los caminos se entrecruzan y si bien el objetivo explicitado es generar puestos de trabajo y aumentar la producción, las medidas no son consistentes. Es imposible devaluar nuestra moneda y pensar que no va a tener impacto sobre los precios y con ello, sobre el salario real. No se puede entrar a una nueva espiral de suba de la tasa de interés y que no redunde en frenar la actividad económica. El plan propuesto por el ministro Martín Guzmán en el Presupuesto 2021 decía todo lo contrario, los salarios de los empleados públicos crecían en un 35,5%, los precios en un 29% y el dólar por menos de ese porcentaje. El Estado debe intervenir férreamente para que así sea, Néstor Kirchner lo hizo, es cuestión de saber y querer repetir la receta.

[1] “Argentina sin un mejor horizonte: Más pobres y más desiguales” Agustín Salvia CONICET-UBA-UCA 6 de octubre 2020

[2] La población activa de un país está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabaja en un empleo remunerado o bien se halla en plena búsqueda de empleo.

Hacia dónde vamos

El plan del gobierno es el Presupuesto de la Administración Nacional para 2021. Como  por la pandemia no tuvo oportunidad de presentar el de 2020, fue readaptando el de 2019, priorizando el gasto en salud y en asistencia a la población más vulnerable. Ese plan se presenta al Congreso de la Nación en plena puja con los sectores exportadores (esencialmente granos, que retienen en silobolsas o que si exportaron todavía no ingresaron las divisas de su liquidación). Pero en el Proyecto se defiende y sostiene un incremento en la recaudación por retenciones (Derechos de Exportación) y que el precio del dólar en diciembre de 2021 va a ser de $ 102,4.

Una devaluación y/o disminuir las retenciones peticionado por los grandes productores y comercializadores implica un aumento aún mayor de la pobreza, porque el precio de los alimentos se iguala con el del exterior. Cuantos más pesos consiguen por cada dólar, más aumenta el precio de esos productos en el país.

Una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez —ex Kraft—, Molinos Cañuelas) y las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. Esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores explica porque trasladan rápidamente a los precios internos la devaluación de nuestra moneda.

Con la carne vacuna pasa lo mismo, ya en 2019 fue récord de ventas al exterior. Se exportó más de un millón de 3.5 millones de toneladas de carne vacuna que se produjeron [1], casi triplicando las ventas externas del año 2018. Entonces jugaron fuerte la gripe porcina y la demanda de la República Popular China, pero transcurridos nueve meses de 2020, la demanda externa es aún mucho mayor, por la pandemia de Covid-19. Con el fin de obtener divisas se asegura una mayor rentabilidad a los grandes productores y comercializadores de carne, encareciendo un bien que es la base alimentaria de la población. Según informa la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo de carne vacuna por habitante por año en la Argentina, al mes de  agosto, involucionó desde los 61 kilos de 2013 hasta los actuales 50,3 kilos.

Hay que sumar a esto que 200 empresas representan el 65% de las exportaciones argentinas, y que sus dueños y directivos están en la lista de quienes compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Macri. Además se beneficiaron con las Resoluciones de la Secretaría de Comercio que en 2016 y 2017 alargaron los plazos para el ingreso de dólares por exportaciones primero a cinco y luego a diez años. Se estima en más de 19.000 millones de dólares las exportaciones realizadas en ese período cuyas divisas no ingresaron al país.

El objetivo del plan y de las últimas medidas

La primera prioridad es que en vez de fugar, los capitales se inviertan en el país, razón por la cual el Presupuesto Nacional 2021 plantea un aumento de los salarios en términos reales (por encima de la inflación) y recomponer el nivel de ocupación. La multiplicación de mayores salarios por más puestos de trabajo crea un fuerte y dinámico mercado interno, proyecta una tasa de crecimiento del PIB y del consumo del 5,5%.

Para lograrlo aumenta la inversión en un 18,1% tras estimar que derrapa este año en un 25,6% y con ello el PIB, que estiman que cae en un 12,1% en el año 2020. El gobierno apuesta a la recuperación del nivel de actividad y con ello de la recaudación. De los seis grandes precios que tiene una economía, plantean que:

• los impuestos se incrementen en un 48,9%,
• los precios de los bienes y servicios (medidos por el Índice de Precio al Consumidor del INDEC) en un 29%,
• las tarifas igual que los precios (29%),
• el tipo de cambio crecería por debajo del 29% (de hecho el 1° de octubre 2020 estaba a $ 80. Esto quiere decir que a diciembre 2021 a $ 102,4, se acrecienta en un 28%,
• las tasas de interés levemente por encima de los precios y tarifas, y
• los salarios públicos (pero que sirven como referencia para el sector privado) en un 35,6%.

Para que la recaudación impositiva crezca en un 48,9% se necesita una reforma tributaria que grave más a las ganancias y al patrimonio que al consumo y a la actividad.

Básicamente el Presupuesto propone aumentar el gasto en los servicios sociales (salud, educación, trabajo, vivienda y urbanismo) y los servicios económicos (promoción de la actividad económica) y disminuir fuertemente el pago de los servicios de la deuda gracias a la negociación con los acreedores que solo percibirán intereses a una tasa del 3,07% anual y recién se amortizará capital a partir de julio de 2024. También disminuye el gasto en funcionamiento y en los servicios de defensa y seguridad, dentro de un marco de aumento del gasto en general, por debajo de la inflación.

Sin embargo, la fuerte y persistente demandas de dólares de la población y la menor oferta de divisas porque los exportadores o bien no liquidan sus ventas o si lo hicieron tardan en ingresar las divisas al país, en un marco de fuerte superávit comercial, obliga al gobierno adoptar un conjunto de disposiciones en dos tiempos.

El 15 de septiembre de 2020, medidas que deberían haberse tomado no bien comenzó el año 2020, o a lo sumo el 19 de marzo 2020 cuando se declaró la cuarentena por la pandemia del Covid-19, que consisten en limitar al 40% la compra de dólares al BCRA para abonar la supuesta deuda que tiene un residente argentino con el exterior y el 60% restante reestructurarla o cancelarla con los activos que ese residente posee en el exterior.  Por este mecanismo se perdieron, en lo que va del año 2020, Reservas Internacionales del BCRA por más de 6.000 millones de dólares. La segunda medida de esa fecha es que todos los que pueden comprar el llamado “dólar ahorro” o turista, además de pagar el impuesto PAIS del 30% que se estableció por ley 27.541 de Emergencia Económica sobre la compra de divisas para atesoramiento y la adquisición de bienes y servicios en moneda extranjera, deben pagar a cuenta del Impuesto a las Ganancias un 35% más,  por ende el dólar es de $ 132  al 30 de septiembre de 2020. En este caso, por ejemplo, en el mes de agosto 2020 compraron 200 dólares cuatro millones de personas. La situación distaba de solucionarse, persistía la demanda sostenida de divisas y la oferta seguía apareciendo en forma lenta y distorsionada. Se supone que la producción almacenada en acopio de soja y maíz varía entre 17,5 y 23 millones de toneladas, según la fuente. Este volumen que representaría un valor de exportación demorado de 6.800 a 7.200 millones de dólares. Entonces el 1° de octubre el gobierno adoptó un plan de contingencia:

1. Segmentación de retenciones para pequeños productores, programa de compensación y estímulo por $11.550 millones para productores de soja, con una lógica de equidad federal.
2. Baja de retenciones al complejo sojero de manera temporal. La alícuota de los Derechos de Exportación disminuirá desde el 33% hasta el 30% en octubre, para luego subir al 31,5% en noviembre, al 32% en diciembre y retornar al 33% en enero, pero permitiría que ingresen las divisas por las liquidaciones demoradas.
3. Plan de exportación de carnes y baja de retenciones a su exportación de 9 a 5%.
4. Plan para el vino para llegar a los 1.000 millones de dólares en exportaciones.
5. Instrumentación de bonos y plazos fijos atados al dólar, que se pagan en pesos pero se ajustan por el valor del dólar oficial, para liquidar las exportaciones agroindustriales.
6. Para el sector industrial  aumentan los reintegros (devolución de impuestos) a las exportaciones en función del valor agregado y se reducen en algunas posiciones.
7. El reintegro a la exportación de bienes finales industriales pasa a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%.
8. En el caso de las exportaciones de metales, se bajan las retenciones del 12 al 8%.
9. Disminuyen a cero los derechos de exportación de los bienes finales industriales, y al 3% para los insumos elaborados industriales.
10. En el caso de la industria automotriz, la baja de las retenciones al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices “incrementales” extra Mercosur.
11. Plan exportador en la economía del conocimiento para llegar a los 10.000 millones de dólares en exportaciones.
12. Envío al Congreso de un plan especial para impulsar la construcción con incentivos a la inversión en moneda extranjera en proyectos nuevos y de beneficios impositivos: exención durante tres años en Bienes Personales, sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Y se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.
13. Creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario. El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito. Será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.

Paralelamente a las medidas anunciadas, el BCRA definió que las tasas de interés serán mayores a la evolución de la inflación y del precio del dólar. Que instrumentará operaciones de mercado abierto (bolsa), a los efectos de auspiciar una mayor liquidez y que, en el marco de tipo de cambio administrado empleará el crawling peg (devaluación a los saltos) en tanto sea necesario corregir el precio de las divisas. Actuando en consecuencia, la autoridad monetaria subió a partir del viernes 2 de octubre de 2020 en cinco puntos la tasa de pases pasivos (que le pagan los bancos) a un día de plazo, ubicándola en 24% anual, para que esa mayor remuneración se traslade a los plazos fijos. Se quiera o no, también repercutirá en las tasas activas (que pagan los tomadores de crédito) y en todas las financiaciones en pesos.

En síntesis

El gobierno presenta el 15 de septiembre su plan en el Presupuesto 2021. Ante la demora en la liquidación de las exportaciones adopta medidas que reducen temporal o estructuralmente las retenciones y concede aumentos en los reintegros, se supone previo conocimiento de la situación y compromisos de los exportadores, para que el ingreso de divisas disipe la presión devaluatoria. Por otra parte busca mejorar el perfil de las exportaciones con mayor valor agregado que permita generar más trabajo y elaboración local

Pero en un marco de pobreza y desocupación crecientes, se posterga la reanimación del consumo y con ello el nivel de vida de la población, se encarecerán los precios de los alimentos, sobre todo de la carne, y el costo del dinero. Esta combinación deprimirá más el mercado interno, que es la antípoda del plan económico  presupuestado para el año que viene.

José de San Martín afirmaba: “Serás lo que debas ser, y sino serás nada”

[1] En la Argentina se ha producido en el año 2019 en torno a seis millones de toneladas en el conjunto de las cuatro carnes más importantes (bovina, porcina, aviar y ovina), de las cuales casi el 60% corresponde a la vacuna, un poco menos del 30 % al pollo, el 10% a cerdo y 2% a la carne ovina.

https://www.elcohetealaluna.com/el-plan-de-economia-y-sus-limitaciones/

Esta semana el Gobierno produjo dos hechos en procura de reunir una masa crítica de dólares que le permita desbaratar el ataque especulativo contra el peso ejecutado por agentes económicos que sustentaron políticamente al macrismo. Se alcanzó un acuerdo con un sector de las patronales agropecuarias para inducir a la exportación de un remanente de cosecha retenida y, a la vez, el Presidente Alberto Fernández dialogó con su par chino para profundizar el vinculo con la segunda economía del mundo y obtener respaldo financiero.

El conjunto de medidas destinadas al sector agrario para el último trimestre del año fija un esquema transitorio de derechos de exportación para el complejo sojero, que incluye reducciones de las alícuotas de granos de soja y derivados en forma escalonada para estimular la liquidación del remanente acopiado a corto plazo.

Para los granos de soja la baja es del 33% actual al 30% en octubre, 31,5% en noviembre y 32% en diciembre. También hay rebajas para la industria de manufacturas agropecuarias que incluyen al aceite de soja crudo, aceite de soja envasado, pellets de soja y biodiesel. Para la industria aceitera es 27% y 28% en octubre, convergiendo entre el 30 y 31% en enero; y para el biodiesel la baja es del 30% al 26%, convergiendo en 29% en enero de 2021. También se implementará un sistema de compensación para medianos y pequeños productores con un fondo de $1.550 millones.

Estas decisiones pueden ser abordadas desde dos perspectivas, la de corto plazo centrada en allegar divisas al Banco Central para enfrentar la tensión cambiaria, y la que implica el acuerdo más estructural con una facción del empresariado agropecuario en perspectiva del pronóstico de suba de los precios internacionales de los alimentos y una más definida inserción con China y Asia en general.

No es tema de hoy evaluar por qué las autoridades del BCRA enfrentan este cuadro de situación en un escenario que, como se describió en columnas pasadas, debiera contar con la calma del mercado de cambios que otorga el abultado superávit comercial y el cierre exitoso del programa financiero que disminuyó y alejó en el tiempo el peso de la deuda sobre las cuentas externas.

Sí es necesario estimar cuánto aumentaría el ingreso de divisas en el último trimestre a resultas del acuerdo. Uno de los especialistas en el sector, Julio De Vido (hijo) ponderó que, en caso de encontrarse almacenadas entre 15 y 17 millones de toneladas de soja -que casi es el máximo de capacidad de acopio- sólo un tercio sería susceptible de ser exportado en el corto plazo, dado que los dos tercios restantes se reparten entre el stock de reserva anual y lo acumulado por los dueños de la tierra en concepto de alquiler de sus campos, los cuales -por su carácter rentista y sin apremio productivo- especularían reteniendo la tenencia.

Consecuentemente, el ingreso de divisas más inmediato se puede estimar en torno a los u$s 2.500 millones. Otros especialistas consultados descreen de esas existencias, pues consideran que una porción relevante fue exportada como contrabando. De confirmarse este diagnóstico, emerge la necesidad de la intervención estatal directa en el comercio de granos reflotando el caso Vicentin y acelerar el control por parte de los estados provinciales sobre la Hidrovía.

Una mirada de largo plazo sobre el entendimiento permite agregar algo de optimismo, ya que el impulso al acuerdo entre una facción agropecuaria y el Gobierno se debe a la reciente conformación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que semanas atrás ha presentado a las máximas autoridades de la Nación un programa de mediano plazo de expansión de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario con el consecuente aumento del empleo en las zonas productoras, requiriendo además una actualización de la legislación para el sector. El Consejo Agroindustrial Argentino emerge como un nuevo agrupamiento patronal agrario que promete la industrialización de parte de la renta primaria a cambio de certidumbres sostenidas en las políticas públicas al margen de la volatilidad coyuntural de los precios internacionales de los productos primarios.

El periodista Alejandro Bercovich en un artículo en el periódico BAE informó que en la concreción del acuerdo: “El hombre clave fue Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el club que reúne a la media docena de compañías por las que pasa casi un tercio de las exportaciones argentinas.”, describiendo además que Idígoras es el titular del flamante CAA que lleva adelante las propuestas reseñadas.

En este marco se enhebra la conversación telefónica del Presidente Fernández con el mandatario chino Xi Jinping. También como ocurre con el acuerdo agropecuario, el hecho contiene una arista de inmediatez y otro más estructural.

La semana pasada señalamos que la intervención apresurada del Banco Central sobre el mercado minorista de cambios se debía en parte a las dificultades para convertir en dólares los yuanes acordados en el swap de monedas con la República Popular China. Límites geoestratégicos resultantes del conflicto entre las principales potencias globales y riesgos de caída de cotización de la divisa china en los mercados, habían actuado como freno a la operación. Si se destraba, el Gobierno puede contar un refuerzo inmediato de reservas líquidas para el último tramo del año cercano a los u$s 2.000 millones.

De concretarse la exportación del remanente potencial estimado de la cosecha y la monetización de parte del swap de monedas con China, el BCRA se encontraría con una masa crítica adicional de u$s5.000 millones, suficiente para quebrar la presión especulativa y alcanzar el ansiado puente de estabilidad hasta marzo que, como se expuso la columna pasada, alberga la esperanza de vacuna que aleje el virus y permita despegar a la economía.

La arista de más largo plazo es que China y el Asia en general tienen una centralidad decisiva en consumo de alimentos y derivados. Es en esta convergencia de mercado disponible y actor empresario capaz de satisfacerlo donde radica la virtuosidad potencial de las acciones desplegadas por el Gobierno estos días.

Ahora, en ambos casos, el recorrido de este sendero depende de la capacidad de regulación y autoridad que ejerza la coalición peronista gobernante en la conducción de la Nación en este turbulento contexto global.

La relación de complementariedad sostenida y autónoma con la economía china permitiría un círculo virtuoso de crecimiento recíproco similar al que se produjo con Brasil en la primera década y media de este siglo, hoy abandonado por el rumbo disímil que tomo nuestro país hermano. La ampliación de soberanía y bienestar económico que se inició a partir del NO al ALCA en el 2005, cimentado por Néstor y Lula, es una de las carencias más agudas que padece la Argentina.

El escenario internacional no es halagüeño y los conflictos son graves. Por eso la búsqueda de encuentros internacionales viables y autónomos es esencial.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/del-campo-a-china-la-batalla-por-la-estabilidad-cambiaria-20201031904

La caída de la economía real

Esta semana se conoció que la contracción interanual de la economía correspondiente al segundo trimestre alcanzó el récord del -19,1%, superando la caída en igual período del año 2002, que llegó al -13,5% tras la crisis del 2001. La tasa de desempleo abierto fue de 13,1%, guarismo que no se veía desde el 2004. El pronóstico de baja del PIB para este año contenido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 presentado oficialmente por el ministro Guzmán esta semana es del -12,1%.

Es también mayor al derrumbe interanual de la economía de Brasil amortiguado por el pragmático giro fiscal expansivo de Bolsonaro -descripto en una columna anterior- que fue del -11,4% (IBGE) y con una estimación de baja anual para el 2020 que rondaría el -7%. La economía de México, por su parte, presenta un descenso interanual en el segundo trimestre del -18,7% (INEGI) y el proyecto de Paquete Económico 2021 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé la reducción del PIB en el 2020 en -8%, aunque algunas consultoras privadas lo sitúan en el -10%. El promedio de contracción de la economía latinoamericana informado por las predicciones del Banco Mundial en agosto es del -7,2%.

Si bien falta ver la evolución del último trimestre del año, el comportamiento de las economías de mayor tamaño de la región y el pronóstico promedio de Latinoamérica reflejan que la “performance” económica argentina no es buena.

Desde esta columna mostramos optimismo con dos elementos que evaluábamos centrales en la política económica del Gobierno para enfrentar la pandemia global:

–La reestructuración de la deuda pública heredada, con la evidencia histórica que un programa financiero sustentable a mediano plazo crea certidumbres en los agentes económicos para impulsar decisiones de producción y consumo en forma más o menos rápida.

-El paquete de estímulos fiscales destinado a sostener ingresos de trabajadores informales (IFE), trabajadores formales (ATP) y el apoyo crediticio para asegurar la continuidad de empresas micro, pequeñas y medianas.

El programa financiero no tuvo aún el impacto favorable en los decisores económicos y el conjunto de incentivos fiscales fue insuficiente para atemperar los impactos de la crisis. Sin duda, el optimismo inicial debe dar paso a una revisión del curso de los acontecimientos y reevaluar la situación. Un indicador es lo que ocurre en el frente externo.

El frente externo

El Banco Central decidió restringir la compra de dólares para ahorro en el mercado minorista y tardíamente frenar el pago de deudas privadas con el exterior accediendo al mercado oficial de cambios. También afinó la regulación del mercado cambiario alternativo “contado con liquidación”. Estas decisiones opacaron, al superponerse en el tiempo, la buena noticia que significaba la presentación del proyecto de Presupuesto 2021 con una tasa de recuperación de la actividad para el año próximo de 5,5% y los beneficios en las expectativas que se crean cuando el documento muestra un sendero de orden macroeconómico consistente.

Al margen de la inoportunidad en materia de noticias económicas del anuncio, nuevamente aquí emergen dos elementos que constituyen solvencia externa y que no se traducen en calma cambiaria:

-El cierre del programa financiero de deuda pública que despejó vencimientos importantes a corto plazo y, consecuentemente, la salida de divisas por esa vía.

-El superávit sostenido de la balanza comercial del balance de pagos externo, que el proyecto de Presupuesto 2021 estima en u$s 17.260 millones para el 2020 y u$s 15.087 millones para el 2021.

A pesar de esos buenos pilares del sector externo, excedente de dólares comerciales y postergación de pagos financieros, la tensión cambiaria de estas semanas obligó al Banco Central a limitar la venta los u$s 200 en el mercado minorista de cambios.

Desde esta columna afirmamos con preocupación que el saldo favorable de divisas del comercio exterior no se reflejaba en un aumento de las reservas internacionales del Banco Central, preocupación que se agudizaba al tratarse del primer semestre del año, período de liquidación de dólares de las exportaciones agropecuarias. De hecho, los informes mensuales sobre el mercado de cambios emitidos por el Ente Rector marcaban en sus resúmenes ejecutivos la baja, respecto del año anterior, en el ingreso de divisas en el rubro “Oleaginosas y Cereales”.

El otro factor que debe ser revisado es la liquidez que otorga el denominado “swap de monedas” celebrado con China, que equivale a un máximo de u$s 18.600 millones pero que al momento de aplicar la cláusula que permite convertir los yuanes en dólares de libre disponibilidad se encontraron límites político-técnicos ante el impacto geopolítico que implica monetizar yuanes como divisa con poder cancelatorio universal en el continente y la posible baja de cotización en los mercados mundiales de la moneda china si el volumen ofertado era muy relevante. Un hecho que pone en debate la inserción internacional Argentina.

El 19 de septiembre en el diario especializado Ámbito Financiero, el vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen, dio a conocer que las reservas que puede utilizar el Banco Central para atender las necesidades de la producción y de la estabilidad financiera, alcanzan a los u$s 8.000 millones.

Nuevamente, al igual que en el cuadro que presenta la economía real, es necesario reelaborar las políticas seguidas en el frente externo, porque las condiciones necesarias para la solvencia no se evidenciaron como suficientes para estabilizarlo.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/dolar-crisis-economica-y-presupuesto-2021-malas-noticias-y-esperanza-202092619028