La economía presenta tres grandes cuentas, la Balanza de Pagos, el Balance del BCRA, y el Presupuesto de la Administraciones públicas, es más, las tres contabilidades se compilan en la Argentina desde 1956 de acuerdo al Manual del FMI, por eso es relativamente sencillo a cualquiera de sus técnicos interpretar rápidamente la situación local.

En primer lugar, las relaciones de nuestro país con el exterior nos demuestran que no se tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.  De hecho desde 2003 hasta  los últimos datos oficiales a septiembre de 2020, se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) de 155.746 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria, sino para que una minoría fugue capitales al extranjero.

La Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la principal zona portuaria de exportación de esos productos en el mundo. Le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En el año 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente. Y lo es todavía más este año en que, por ejemplo, la tonelada de soja superó los 430 dólares  y la tonelada de su aceite los 800 dólares y va a ser mayor en  el 2021.

Son contadas con los dedos de las manos las empresas que comercializan y tienen los puertos porque son propios y/o lo tienen concesionados y realizan las ventas externas por declaración jurada,  no existe un control estricto de lo que exportan, si se pesa se lo hace deficientemente, entonces las exportaciones son incluso mayores a las declaradas. Triangulan sus operaciones, lo demuestra claramente el caso Vicentin,  su asociación con la multinacional Glencore en “Renova SA”  y posterior venta de su participación que implicó las primeras presentaciones judiciales; falsearon balances contables de la empresa con utilidades y sólido patrimonio y, en el año 2019 reflejan un pasivo mayor que su activo. A  su vez nos preguntamos: cómo es posible que sobre el Río Paraná naveguen más barcazas del Paraguay que de la Argentina, hecho que solo se explica para no pagar impuestos y derechos de exportación. Esa y no otra, fue la verdadera y principal razón porque esas grandes empresas comercializadoras de granos torcieron el brazo al Decreto de intervención de Vicentin y su posible transformación en una empresa mixta con la división YPF Agro.

Es más, Glencore posee el 50% de la explotación del yacimiento de oro y cobre de Bajo La Alumbrera[1] en Catamarca  y existen decenas de denuncias presentadas ante la justicia, inclusive por la Universidad de Tucumán (que es la que descubrió el yacimiento), que al hacerse las exportaciones por declaración jurada no se sabe exactamente qué exporta y en qué cantidad, pidiendo investigar sus ventas que las realiza del puerto de Rosario. Puerto cuyo Administrador General es Gustavo Nardelli, socio de Vicentin.

Sí se debería aumentar el valor agregado de los productos que vendemos, que generan poco trabajo. ¿Cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? Pero a las grandes empresas no les preocupa, lo que les interesa es depreciar nuestra moneda para que cada dólar que declaran e ingresan les de mayor poder adquisitivo en el mercado argentino.  Presionan sobre el peso nacional y con ello, medido en dólares, bajan los costos locales, incluido y principalmente el salario y, de esa manera, deprimen el consumo de alimentos y con ello tienen mayores saldos exportables.

El rol del BCRA

Pero no solo no hay control sobre la producción  y su exportación, sino que de lo que se declara, mayoritariamente se fuga.  En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares.  De los cuales 86.200 millones fueron comprados por más de siete millones de personas físicas y jurídicas,  pero los primeros 100 compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años, a razón promedio de 246,8 millones de dólares cada uno de ellos.  Nunca se comunicó quienes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, en los cuales muchos pagaron con su vida,  un porcentaje importante se infectaron con el covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y cobrando sueldos miserables, pero más miserable y  egoísta que los magros ingresos que se la paga, son los ricos de este país y los funcionarios que se desentienden de la fiscalización que les corresponde como tarea principal.

El marco legal financiero y cambiario es propicio, fue creado a propósitos para que no se controle.  La dictadura militar con la llamada Reforma Financiera de 1977 que le permite a las entidades financieras, sobre todo a los 10 –diez- bancos  privados más grandes, ser la palanca central del sistema económico y que desempeñen el papel de dirección técnico-política del sistema. Y la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, que la diseñó Domingo Felpe Cavallo, permite que la deuda externa contraída por el Tesoro de la Nación (El Estado Nacional, deuda que pagamos los ciudadanos de a pie) sea vendido por el BCRA a los bancos (como operador cambiario de última instancia)[2].

De esa manera, por ejemplo, el superávit comercial de enero hasta septiembre de 2020 que totalizó 11.562 millones de dólares, a lo que se le debe agregar 4.008 millones de dólares que disminuyeron las Reservas Internacionales en ese lapso, con lo que suman 15.570 millones de dólares, de los cuales se emplearon, unos 3.000 millones de la moneda norteamericana para pagar los servicios de la deuda externa hasta el 22 de abril de 2020 que nos declaramos en default.  Unos 1.300 millones de dólares en la venta del llamado dólar ahorro, al “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes.  Pero los 11.270 millones de dólares restantes se vendieron, más de 5.000 millones en pago de adelantos de importaciones, o sea productos que no habían ingresado a la aduana del país, por eso el INDEC no los contabiliza porque no estaban en la Argentina al  confeccionar la Balanza de Pagos (a un precio de $ 70 a $ 80 desde enero hasta septiembre 2020, asegurándole el cambio) y  otros 6.200 millones de dólares a supuesta deuda externa privada del Banco Galicia, del Banco HSBC, del grupo IRSA (Eduardo Elsztain, dueños del Banco Hipotecario, de campos y de shopping en todo el país), etc.  que es probable que figure esa deuda, pero seguro que tienen mayores activos en el exterior y que están entre los primeros 100 compradores de dólares en le gestión de Cambiemos.

Por cumplir con las normativas por ellos generadas, el BCRA se queda con muy pocas reservas de libre disponibilidad y de allí la corrida cambiaria, porque los grandes bancos y operadores del mercado financiero local saben que, en algún momento el BCRA no va a poder vender más divisas.  Y esa corrida se refleja en la suba generalizada de los precios (básicamente exportamos alimentos) y de allí la pobreza y los serios problemas para llegar a fin de mes de la mayor parte del pueblo argentino.  En la Argentina está demostrado hasta el cansancio que la devaluación tarde o temprano impacta en los precios. Históricamente las dos hiperinflaciones la de 1989 y las de 1990 son hijas de la híper devaluación de 17,62 australes del 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes el 1 de abril de 1991.  Los exportadores igualan los precios externos con los internos.  La botellita de aceite de girasol se vende en el mercado de Ámsterdam a 2 dólares.   A $ 85,25 el dólar menos las retenciones se vende en el mercado local s $ 165.  Si el dólar sube también sube en la misma proporción el precio del aceite en la Argentina

Las cuentas públicas

Hasta octubre 2020 el déficit fiscal acumulado de la Administración Nacional suma dos billones de pesos (al tipo de cambio de $ 85,25, unos 23.500 millones de dólares). Reconvertir el gasto público para hacer frente a la pandemia del covid-19 y la caída de la recaudación atada al nivel de actividad (que desciende en no menos del 10,5% del PIB este año), implican que un tercio del gasto no tenga financiamiento.  El gobierno haciendo malabarismos y tomando riesgos, colocando títulos de deuda ajustados al precio al consumidor (los Bonos CER – BONCER) y ajustados al valor del dólar (Bonos dólar Linked) u atrasando pagos o financiándose con el BCRA, trata de llegar a fin de año, incluso contemplando los $ 350.000 millones que se espera recaudar por la Ley de Aporte Solidario, el déficit fiscal final ronda en pesos, el equivalente a unos 20.000 millones de dólares.  La pregunta es ¿quién los paga?

El Presupuesto Nacional 2021 implícitamente plantea una reforma tributaria, de allí que la recaudación impositiva es la variable que más crece (44% anual contra 29% de los precios y el dólar oficial incluso por debajo del 29% al ser de $ 102,40 en diciembre 2021).  Pero esa reforma debe abarcar también los 20.000 millones que se arrastran de este año 2020.

La propuesta es directa, que la paguen los que  fugaron desde siempre, al menos en el gobierno de Cambiemos y en éste. Del gobierno de Macri sabemos que los primeros cien compradores (que nunca se dijo quienes eran) adquirieron en menos de cuatro años 24.679 millones de dólares.  Que la paguen también las personas físicas dueñas de la tierra que quedaron exentas en Bienes Personales y en el “Aporte Solidario” y, tampoco abonan (o lo hacen mínimamente) en sus provincias.  ¿Cuánto pagan los Blanco Villegas por las 25.000 hectáreas que tienen en Tandil? Y por supuesto las rentas agropecuarias, financieras, mineras, etc. Ricos y fácilmente detectables en este país hay de sobra.

En síntesis

En una situación extrema como la que estamos viviendo, donde hay casi nueve millones de personas que esperan el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque no tienen trabajo o hacen changas que no les alcanza para vivir, donde el crecimiento permanente del precio de los alimentos responde a la fuerte depreciación del tipo de cambio oficial (en un 43% en lo que va del año de $ 59,60 a $ 85,25 contra una inflación acumulada de 26,9%) e incluso azuzado por los distintos dólares paralelos,  donde restablecer la producción y el trabajo no va a ser fácil, se necesita gobernar, que es ejercer la dirección, la administración y el control de un Estado en cumplimiento de nuestra Constitución Nacional, que en su preámbulo dice: “Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”

[1] El otro 50% pertenece a las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente del capital.

[2] Debería haber ya una ley que anule esa facultad que tiene el BCRA y prohibir expresamente que venda dólares que es deuda del Tesoro de la Nación.

GOBERNAR

Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico, esto es no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.  De hecho desde el año 2003 hasta  los últimos datos oficiales a septiembre de 2020, demuestran que se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) en 155.746 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria, no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.

La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial, le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente.

La magnitud que tiene el nodo del Gran Rosario se demuestra que en el año 2019 se embarcó el 78% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de Argentina. El segundo lugar lo ocupa el nodo Bahía Blanca con el 11%. Durante el año pasado, a los puertos del Gran Rosario ingresaron 2.632 buques oceánicos, alcanzando la cifra más alta desde que se lleva registro en los últimos 20 años. Se embarcó 41,43 millones de toneladas de poroto y subproductos de soja, (87 % del total embarcado por Argentina), 29 millones de toneladas de maíz en grano (81 % del total) y 6,9 millones de toneladas de harina y grano de trigo (61% de los despachos de Argentina).

Son contadas con los dedos de las manos las empresas que comercializan y tienen los puertos porque son propios y/o lo tienen concesionados y realizan las ventas externas por declaración jurada,  no existe un control estricto de lo que exportan, si se pesa se lo hace deficientemente, entonces las exportaciones son incluso mayores a las declaradas. Triangulan sus operaciones, lo demuestra claramente el caso Vicentin,  su asociación con la multinacional Glencore en “Renova SA”, realizan contabilidad paralela ocultando las ventas y ganancias reales. Como es posible que sobre el Río Paraná existan más barcazas del Paraguay que de la Argentina, solo se explica para no pagar impuestos y derechos de exportación. Esa y no otra, fue la verdadera y principal razón porque esas grandes empresas comercializadoras de granos torcieron el brazo al Decreto de intervención de Vicentin y su posible transformación en una empresa mixta con la división YPF Agro.

Es más, Glencore posee el 50% de la explotación del yacimiento de oro y cobre de Bajo La Alumbrera[1] en Catamarca  y existen decenas de denuncias presentadas ante la justicia, inclusive por la Universidad de Tucumán (que es la que descubrió el yacimiento), que al hacerse las exportaciones por declaración jurada no se sabe exactamente que exporta y qué cantidad, pidiendo investigar sus ventas que las realiza del puerto de Rosario. Puerto cuyo Administrador General es Gustavo Nardelli, socio de Vicentin.

Si debería aumentar el valor agregado de los productos que vendemos, ¿cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja?. Pero a las grandes empresas no les interesa, lo que si les interesa es depreciar nuestra moneda para que por cada dólar que declaran e ingresan le den mayor poder adquisitivo en el mercado argentino.  Presionan sobre nuestra moneda y con ello medido en dólares bajan los costos nacionales incluido y principalmente el salario y, de esa manera, deprimen el consumo de alimentos y con ello tienen mayores saldos exportables.

EL ROL DEL BCRA

Pero no solo no hay control sobre la producción  y su exportación, sino que de lo que se declara, mayoritariamente se fuga.  En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares.  De los cuales 86.200 millones fueron comprados por más de siete millones de personas físicas y jurídicas,  pero los primeros 100 compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años, a razón promedio de 246,8 millones de dólares cada uno de ellos.  Nunca se comunicó quienes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, muchos pagaron con su vida,  un porcentaje importante se infectaron con el covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y  cobrando sueldos miserables, pero más miserable y  egoísta de los magros ingresos que se la paga, son los ricos de este país y los funcionaros que hacen la vista gorda y se desentienden de la fiscalización que les corresponde como tarea principal.

La acción del BCRA es condenable bajo todo punto de vista, por un lado tienen un marco legal heredado de la dictadura militar que es la Reforma Financiera de 1977 que le permite a las entidades financieras, sobre todo a los 10 –diez- bancos  privados más grandes, ser la palanca central del sistema económico y que los bancos deben desempeñar el papel de dirección técnico-política de las políticas fiscales y monetarias. Y de la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA que la hizo Domingo Felpe Cavallo para permitir que la deuda externa contraída por el Tesoro de la Nación (El Estado Nacional) el que se endeuda (deuda que pagamos los ciudadanos de a pie) y después le vende esos dólares a los bancos (como operador cambiario de última instancia)[2].

De esa manera, por ejemplo, el superávit comercial de enero hasta septiembre de 2020 que totalizó 11.562 millones de dólares, a lo que se le debe agregar 4.008 millones de dólares que disminuyeron las Reservas Internacionales en ese lapso, que suman 15.570 millones de dólares, de los cuales se emplearon, unos 3.000 millones de la moneda norteamericana para pagar los servicios de la deuda externa hasta el 22 de abril de 2020 que nos declaramos en default.  Unos 1.300 millones de dólares en la venta del llamado dólar ahorro, al “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes.  Pero los 11.270 millones de dólares restantes se vendieron irresponsablemente, más de 5.000 millones en pago de adelantos de importaciones, o sea productos que no habían ingresado a la aduana del país, por eso el INDEC no los contabiliza porque no están en la Argentina (a un precio de $ 70 a $ 80 desde enero hasta septiembre 2020, asegurándole el cambio) y  otros 6.200 millones de dólares a supuesta deuda externa privada del Banco Galicia, del Banco HSBC, del grupo IRSA (Eduardo Elsztain, dueños del Banco Hipotecario, de campos y de shopping en todo el país), etc.  que es probable que figure esa deuda, pero seguro que tienen mayores activos en el exterior y que están entre los primeros 100 compradores de dólares en le gestión de Cambiemos.

Puede ser legal, pero es inmoral, máxime que dejan con muy pocas reservas de libre disponibilidad al BCRA y de allí la corrida cambiaria, saben, los grandes bancos y operadores del mercado financiero local, que en algún momento el BCRA no va a poder  vender más divisas. Esa corrida se refleja en la suba generalizada de los precios (básicamente exportamos alimentos) y de allí la pobreza y los serios problemas para llegar a fin de mes de la mayor parte del pueblo argentino.

[1] El otro 50% pertenece a las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente del capital.

[2] Debería haber ya una ley que anule esa facultad que tiene le BCRA y prohibir expresamente que venda dólares que es deuda del Tesoro de la Nación.

https://www.eltucumano.com/noticia/opinion/268355/fuga-de-capitales-deuda-externa-y-sostenibilidad-de-la-economia?dnd=cat&src=tit&pos=5&dis=desk

El INDEC estima que este año 3,7 millones de argentinos perdieron sus empleos. Esto se debe a una caída del 16% de la actividad económica, que produjo un deterioro de los ingresos de casi de un 20%, con una inflación acumulada del 26,9% hasta octubre. La consecuencia fue una ampliación de la desigualdad, ya que los ingresos que más caen son los de los sectores más postergados. En síntesis,  la pobreza alcanza a más de 20 millones de personas, entre ellas, mayoritariamente niños y ancianos.

En medio de la pandemia del Covid-19 el Estado Nacional reconvirtió y aumentó fuertemente el gasto en salud pública y en asistencia a las provincias, a las empresas y a la población. Como resultado financiero de esa política, el déficit fiscal de la Administración Nacional acumulado hasta octubre del año 2020 supera los 2 billones de pesos (2 millones de millones de pesos que, al tipo de cambio oficial de $ 85 por dólar, son unos 23.500 millones de dólares). La tercera parte del gasto estatal nacional no se paga, arrastra deuda que devenga intereses que tampoco se pagan. Es más, de cobrarse el llamado aporte solidario que es el impuesto a la riqueza y que alcanza, según la AFIP, a 9.298 personas humanas, la recaudación podría alcanzar los $ 307.898 millones.  O sea que aunque se pague este año ese ingreso extraordinario, el déficit sería de un billón setecientos mil millones de pesos, unos 20.000 millones de dólares.

En ese marco se realizan las reuniones con el FMI por una deuda en Derechos Especiales de Giro, que ronda los 49.000 millones de dólares. Sólo se pagan los intereses (en torno a los 300 millones de dólares por trimestre) y el capital debería, según lo firmado por el gobierno de Cambiemos, empezar a pagarse en septiembre de 2021.  El Ministro Martín Guzmán volvió a afirmar el miércoles 11 de noviembre que la idea no es esa, sino comenzar a amortizar el capital de esa deuda dentro de cuatro años y seis meses, para el año 2025, e igual trato se le dispensaría a la deuda con el Club de París cuya acreencia asciende a unos 10.800 millones de dólares, que devenga intereses a una tasa del 4% anual.

Obviamente que para llegar a ese acuerdo, el FMI va a tratar de imponer condiciones que le aseguren cobrar la deuda en un plazo para ellos razonable, pero que con su lógica histórica implicaría ajustar el gasto público, limitando el rol imprescindible del Estado nacional en apuntalar al mercado interno mediante subsidios y disminución impositiva, devolución de impuestos, créditos blandos a través del Banco Nación Argentina y del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y de líneas de redescuentos por medio de los bancos oficiales de provincia a sus respectivas jurisdicciones (impulsando esas economías), generando puestos de trabajo y mejorando las remuneraciones, lo cual mejora la situación de los jubilados y pensionados. Al mismo tiempo se recrea la ecuación de ajuste de los haberes previsionales en base al crecimiento del RIPTE y de la recaudación tributaria de la ANSES, en partes iguales. El RIPTE es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, en relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. La recaudación tributaria de la ANSES incluye IVA, Débitos y Créditos, Cigarrillos, entre otros impuestos.

El gobierno apuesta al aumento del PIB porque la fórmula es pro cíclica, pero si el crecimiento económico no se produce, se deteriora aún más el magro ingreso de la mayoría de los jubilados y pensionados, que perciben ingresos mensuales por debajo de la canasta básica total de bienes y servicios que define la línea de pobreza.

Que casi 9 millones de personas reciban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque no tienen trabajo o el que tienen es precario, implica una presión a la baja de los salarios. El mismo miércoles 12 de noviembre de 2020, en la Ciudad de Rosario, pedían seis empleados y se presentaron más de 400 personas. E igual sucede con el ajuste por recaudación, si el nivel de actividad no aumenta la recaudación tampoco, ya que está atada básicamente al consumo y, en una economía que reduce su gasto público y la masa salarial, no hay estímulo a que el consumo crezca.

El gasto en seguridad social representa el 44% del presupuesto del año 2021 (9,02% del PIB esperado). Son casi siete millones de beneficiarios, que trabajaron toda su vida y que requieren de una remuneración digna y no ser variable de ajuste como siempre pretendió el FMI, amén de extender la edad para jubilarse y otras medidas similares en desmedro del trabajador en actividad y en pasividad. La ecuación de actualización de los haberes jubilatorios y pensiones aprobada por la Comisión Mixta  de Movilidad Previsional asegura la reducción del gasto público cuando el PIB no crece.

Gobernar o administrar

La única manera que tenemos de revertir la situación es con un Estado presente y fuerte y cobrando impuestos a los que pueden pagar.  Esto es, debe discutirse públicamente qué se hace con un déficit de un tercio del gasto público, quién lo paga y cómo. Debe plantearse una profunda y amplia reforma tributaria que haga posible cumplir las metas planteadas en el presupuesto nacional 2021 de un aumento del 44% en la proyección de recaudación de los gravámenes. En una situación de extrema gravedad y si no se trata de administrar sino de gobernar, deben pagarlo quienes tienen manifiesta capacidad adquisitiva y no el consumo y la actividad:

• los diez mayores bancos privados, que en medio de la crisis producida por la pandemia tienen fuertes utilidades;
• los productores, acopiadores y exportadores de granos, harinas y aceites que tienen fuertes ganancias y lo hacen solo por Declaraciones Juradas, máxime cuando el precio de los granos, esencialmente la soja y de los derivados (harinas y aceites) son los más altos de los últimos años;
• las mineras y demás extractivas;
• que se graven todas las rentas, incluidas las que tienen mercado cautivo como es el caso de los bienes de uso difundido (acero, aluminio, petroquímica, caleras y cementeras, etc.).

La base del crecimiento sostenido en la Argentina es cuando se apuntala y crece el mercado interno, porque a pesar de la herencia del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, el mercado interno es el 75% del destino de nuestra producción.

Las exportaciones de alimentos están aseguradas por la demanda mundial para varios años, como bien lo proyectan las estimaciones del Presupuesto 2021, donde  las exportaciones superan a las importaciones en torno a los 14.000 millones de dólares anuales hasta el año 2023.

Solo mejorando la distribución del ingreso y un uso racional del superávit comercial se logra fortalecer la demanda agregada que empuja a su vez a la mayor inversión bruta interna fija, como bien lo pondera al Presupuesto Nacional 2021.

Gobernar es, como dice el ingeniero Enrique Martínez, apuntalar a nuevos actores de la producción, a la vez que modificar buena parte del sistema de distribución y comercialización, para que el productor reciba una proporción aceptable del precio final y los consumidores cuenten con precios accesibles y estables. En estos casos, poner orden es sinónimo de transformar, al menos comenzar a hacerlo, si es que se quiere validar la legítima pretensión de gobernar para todos.

ESTADO DE LA SITUACIÓN

El ministro Guzmán, al presentar el proyecto de Presupuesto 2021 en Diputados dijo que éste es un plan económico de transición, un «sendero de sostenibilidad fiscal» en que el Estado usa la política fiscal como herramienta contracíclica» y ratificó las proyecciones de déficit fiscal de 4,5% para 2021 un nivel “adecuado en el contexto de las restricciones que enfrentamos para apuntar a una recuperación sostenible y fortalecer la inversión pública en áreas estratégicas; y compatible con transitar hacia un sendero de estabilidad» que conduzca al desarrollo con una política económica diferente ante el actual problema de confianza, y que la política de financiamiento para afrontarlo es con 40% de deuda pública y 60% con recursos del BCRA, que «no es el mix óptimo, pero es el factible” ya que depender menos del financiamiento monetario en estas condiciones no sería realista y precisó que el objetivo de endeudarse en pesos, «requiere del desarrollo del mercado de capitales local, y no depender del endeudamiento en dólares”, pero tampoco “depender de forma estructural del financiamiento del BCRA» y defendió el control de cambios para lidiar  con la especulación financiera derivada de una política monetaria que favoreció el ingreso de capitales especulativos.

El principal problema inmediato, de agudas tensiones cambiarias con la continua suba del dólar que tuvo lugar desde el endurecimiento del cepo y que llevó la brecha cambiaria desde el 70% al 100% podía empujar a los ahorristas a retirar sus depósitos en dólares de los bancos, aunque el sistema financiero está líquido. Para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, “la situación de los bancos comerciales es sólida: no hay riesgo sistémico o de corrida bancaria que fuerce a un corralito en el corto plazo”. Lo que complica el panorama, es que las reservas netas del BCRA están en baja continua, lo que llevó a estimar que se podría endurecer el cepo, aunque el cálculo de la mayoría es que una devaluación es inevitable, lo que parece estimulado por los consultores pese a que el gobierno lo niega, y aun así, tampoco pondría en peligro a los depósitos en dólares. Ante la necesidad de terminar con las tensiones cambiarias, la mayoría de las de los analistas propone ganar la confianza del mercado bajando las retenciones o acelerando el acuerdo con el FMI, pero también se pedía acelerar el canje, y ni bien se concretó con gran éxito, aparecieron otros reclamos, en una secuela que parece interminable.

En su edición del 24/9/20, Ámbito Financiero ofreció una serie de reportajes acerca de las alternativas que se presentaban en ese momento ante la insuficiencia de las medidas tomadas por el ministro Guzmán para frenar el dólar y achicar la brecha. Las siguientes tres respuestas que sintetizamos, resumen las posiciones más importantes.

Miguel Kiguel cree que lo que más afectó al CCL fue  la restricción para que las empresas paguen sus deudas en el exterior, en lo que coincide con el ministro Martín Guzmán, y tampoco le da demasiada importancia al blue por ser un mercado chico. Kiguel proponía revertir expectativas, ya que el riesgo-país volvió a subir, lo mismo que el interés de los bonos y el dólar “y el gobierno no tiene ninguna respuesta”, porque, hasta antes del cambio de política de Guzmán de mediados de octubre, afirmaba que solo había puesto impuestos, cepo o regulaciones y que no tenía un plan para bajar el dólar, aunque reconoce que tiene un precio sin sentido desde un punto de vista lógico, y que una devaluación dejando todo como está, tampoco iba a servir, por lo que enfocaba la necesidad de mostrar un Presupuesto con un déficit que se pueda financiar, que el BCRA indique cómo va a recomponer reservas y que si bien sería bueno que haya un mercado de capitales en pesos, “la gente ahorra en dólares” por lo que se precisaría “una moneda que no se devalúe”. Esta reflexión partía de una crítica acertada para terminar confluyendo indirectamente en asegurar que del dólar no se puede salir (porque el peso no es “una moneda que no se devalúe”) y que el ajuste sigue siendo la única salida, al centrar la cuestión en el déficit fiscal, como la gran mayoría de consultores y analistas, ignorando reiteradamente el resultado de todos los ajustes anteriores y la realidad de la economía mundial, en que toda economía nacional no puede sobrellevar la crisis sin aumento del gasto público, empezando por Estados Unidos, que cuenta con la moneda aparentemente menos capaz de devaluarse.

Roberto Feletti fue a lo que parece ser el centro del problema: “Hay un conjunto de agentes económicos, entiendo que son los más poderosos, que están presionando fuerte porque quieren la salida rápido y ampliar la brecha con el dólar oficial para poder reingresar al país tenencias en el exterior en condiciones más óptimas” y sostienen “una presión devaluacionista por la vía de ampliar la brecha”, por lo que entiende que hay un el móvil político que “persigue en el corto plazo aristas de desestabilización económica del gobierno y, más a mediano plazo, una devaluación; pero no da la impresión que eso pueda ocurrir” y sitúa el “componente político” en “la perspectiva electoral para el año que viene”, y dá implícitamente dos condiciones necesarias para superar la crisis: una “una economía en crecimiento” para la que existe un programa financiero y el contenido del Presupuesto 2021, que incluye el superávit comercial, a lo que agrega una baja del impacto de la pandemia a través de la vacuna.

Jorge Herrera especificó el posible origen de las dudas y su incidencia futura. En casi nueve meses, lo que el BCRA le inyecta al Tesoro para financiar el déficit fiscal, le vuelve al colocar Pases y Leliq, cuyo crecimiento desde comienzos de año (hasta la cuarta semana de septiembre, cuando escribió el artículo) fue de un 116% y reconoció que, si no hubiera sido así, el blue estaría todavía mucho más alto, pero que esa deuda se remuneraba con intereses de casi 470.000 M y un stock de Pases y Leliq que para fin de año superará 11% del PBI, un nivel similar al de las Lebac, lo que también terminaría resultando insostenible, pese a que el Tesoro se estaba comportando de la mejor manera reduciendo la asistencia financiera del BCRA. Lo insostenible era que en el Presupuesto 2021 gran parte del déficit proyectado se seguiría financiando con emisión y reaparecería la opción entre inflación o seguir aumentando el stock de Leliq en un 2021 sin financiamiento, lo que continuaría limitando la recuperación de la economía.

Si tratamos de resumir el sentido de la política del Presidente AF y diferenciarla de la gestión Cambiemos hay que señalar el control de capitales y la imposición de un cepo al dólar como componentes no accidentales ante la emergencia sino con un carácter estratégico y con más profundidad, pero concentrando el principal esfuerzo en poner en marcha la economía productiva (la el agro como la de la industria y la energética con el petróleo, el gas de Vaca Muerta y la minería) en vez de centrarla en la financiera con eje en el endeudamiento y la suba de la tasa de interés, pero no se pudo reducir la presión sobre el dólar y la brecha cambiaria se fue acentuando, con el consiguiente impacto sobre las reservas ya disminuidas del BCRA. Primero se acentuaron el cepo y los controles, desde agosto tomó más fuerza el financiamiento en pesos, en septiembre se consiguió intensificar el freno a la emisión monetaria con menor asistencia al Tesoro, mayor recaudación tributaria y más emisión de deuda en pesos, y a mediados de ese mismo mes se profundizaron el cepo y los controles. Sin embargo, el resultado seguía siendo insuficiente como sostén financiero de una política de firme crecimiento productivo.

Desde mediados de octubre, Guzmán impuso su criterio con una política más atractiva para el mercado y un cambio de dirección en las regulaciones para la operación de los dólares financieros, flexibilizando restricciones al CCL facilitando sus operaciones y aumentando el plazo mínimo de tenencia de los títulos para operar el CCL (parking) habilitando una mayor oferta. En el próximo paso en ese sentido, tratará de que el programa que se alcance con el FMI pueda concretar un plan de recorte gradual del déficit fiscal y del financiamiento con emisión monetaria y eventualmente un reforzamiento del financiamiento. Ya el proyecto de Presupuesto 2021 reflejaba el esfuerzo encaminado a reducir el déficit fiscal en medio del aumento del gasto, ya que si bien el déficit primario es de 4,5% del PBI y se cubre en un 60% con emisión, es 3 puntos menor al previsto para 2020 y después de las explicaciones brindadas por Guzmán, que acompañaron a las nuevas medidas de mediados de octubre, el CCL y el MEP comenzaron a revertir su escalada y el FMI apoyó las medidas.

El diagnóstico de Guzmán que fundamentaba la mayor flexibilidad financiera es que la principal presión cambiaria proviene de fondos extranjeros que quedaron atrapados en activos en pesos por el cepo y que buscaban dolarizarse y fugarse a través del CCL, por lo que a mitad de octubre puso en marcha tres medidas para dar liquidez al mercado de cambios y comprimir la brecha: 1) eliminar el parking para la compra de títulos y alargar el plazo de permanencia para vender, esperando que haya más oferta de dólares y el BCRA tenga que vender menos para satisfacer la demanda; 2) la licitación de un bono por 750 M dóls para los acreedores atrapados en el cepo cambiario, y 3) la rehabilitación de fondos extranjeros para que puedan volver a operar con títulos nominados en moneda extranjera, ya que las regulaciones del 15/9 tendieron a reducir la liquidez del mercado, por lo que el BCRA pasó a derogar la limitación para fomentar la operatoria de emisiones locales en los mercados regulados locales, se redujo el parking y se favorecerá “el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales» con la subasta de bonos en dólares que venía siendo continuamente postergada por la inestabilidad de los bonos, en vez de dotar de mayor previsibilidad y volumen al mercado financiero.

A fin de octubre, un balance de esta nueva política daba como resultado que el BCRA  logró contraer la emisión monetaria mediante tres canales: el cambiario (con las ventas diarias de dólares), el monetario (financiamiento al Tesoro con colocaciones de deuda) y el bancario (la suba en la tasa de interés de las Letras y los Pases). 1) Por el canal cambiario, con la venta de dólares del BCRA al sector privado y al gobierno, éste recibe pesos y contrae la emisión, aunque no se calmó el drenaje de reservas ni se redujo la brecha cambiaria, pero se logró contraer la emisión al financiar una mayor parte del déficit fiscal con el mercado de deuda en pesos y con una mayor absorción con el cambio de la composición entre pases y Leliq; 2) Por el canal monetario, en octubre el Tesoro aumentó mucho la devolución de adelantos transitorios, y 3) Por el canal bancario, el BCRA modificó la composición de los pasivos remunerados, al subir la tasa de los Pases a un día, de 19% a 30% y bajar en dos puntos la tasa de las Leliq, de 38% a 36%, consiguiendo de esa manera una mayor absorción. (BAE 28/10/20, Mariano Cúparo Ortiz, p.2).

El dólar libre, que a fin de 2019 estaba en 77,25 pesos y llegó a un máximo de 138 el 15/5/20, después se aquietó hasta que a mediados de septiembre, cuando se intensificó el cepo, y estaba en 145 pesos, empezó a subir aceleradamente hasta llegar a 195 el 23/10, y cuando el ministro Guzmán aplicó la flexibilización, bajó con mucha rapidez hasta 157 el 6/11, al cierre de este análisis, y si bien la brecha perforó el 100%, está todavía en 90%, logrado a un costo muy elevado, porque para eso tuvo que vender más de 960 M de dóls en reservas para bajar el CCL y el MEP, aunque el blue se redujo bastante menos, Sin haber llegado a una magnitud de brecha aceptable para el gobierno, se le está reduciendo el margen de acción por ese lado y empieza a apostar por un acuerdo rápido con el FMI que incluya un desembolso adicional de dólares.

Así va quedando arrinconado el problema a la reducción del déficit fiscal, único objetivo que suele tener el mercado, que siempre prefieren bajar el gasto antes que aumentar la recaudación, en una óptica más inclinada a la ganancia empresaria, suponiendo que es el camino más directo a la inversión, sin tener en cuenta que la inversión financiera, predominante en la crisis, no siempre favorece a la producción. Por eso el mercado y la mayoría de los analistas no dejan de lado la insistencia de actuar directamente sobre el déficit fiscal reduciendo el gasto, pero con la última serie de medidas de Guzmán, la brecha bajó aunque con alto costo y la apuesta del ministro sigue siendo esforzarse en reducirla aún más.

Una alternativa para disponer de más dólares es lo que se podría llegar a disponer con el swap con China o contraer más deuda con el FMI. El FMI podría analizar si avanza con la Argentina en un Acuerdo de Facilidades Extendidas que active el repago de la deuda a partir del año 2024 y durante 10 años y que sume recursos adicionales para alimentar las reservas, pero todos los acuerdos de ese tipo no han dado resultado porque se apoyan en el ajuste, que es exactamente lo contrario de lo que la gestión del presidente AF se propuso, y no por una cuestión ideológica sino porque es muy difícil encontrar un ajuste que funciones, y menos en la Argentina, con su larga serie de políticas de este tipo fracasadas. Y así como la Fed no tiene más alternativa que emitir porque la llave para impedir la recesión está en el gasto público, como se puede apreciar en la síntesis internacional de este informe, y ha llevado a los teóricos monetarios fuera de la Argentina a afirmar que la emisión no provoca inflación y obligó al FMI a ser mucho más considerado con la Argentina después del grave traspié en que incurrió con el endeudamiento de Cambiemos, es posible que se pueda flexibilizar un acuerdo de este tipo.

Por consiguiente, lo decisivo sigue siendo generar las condiciones para que la política productiva pueda acelerarse e intensificarse, para lo que es imprescindible reducir aún más las presiones financieras, porque no hay otra alternativa a que la solución venga por la producción. Hasta ahora, las propuestas del agro o de la industria terminaban siendo contradictorias, porque la mayor exportación requería una restricción interna o porque las propuestas industrialistas se apoyaban excesivamente en el mercado interno y no tenían competitividad. El proyecto productivo no puede menos que combinar agro e industria y asegurar una gran masa de exportación del agro porque es la única manera de respaldar el inicio de una política industrial que se apoye en el mercado interno pero que busque desde el primer momento alcanzar la exportación. Por eso tiene gran importancia la propuesta del Consejo Agropecuario de promover exportaciones por 100.000 M dólares a diez años. Y también la posibilidad de desarrollar nuevas áreas para sostener la producción, entre ellas el petróleo y la minería, pero también un papel más dinámico para las pymes en la exportación, más el concurso de la promisoria economía del conocimiento.

El reforzamiento factible de la producción es la única manera de evitar que se vuelva a la falsa opción de ajuste o producción, porque con el ajuste no hay crecimiento y porque la producción no puede estar centrada exclusivamente en el mercado interno y no aprovechar al máximo las ventajas de los sectores competitivos exportadores. Hasta ahora, el ajuste no facilitó el desarrollo industrial porque invariablemente castigó al mercado interno y se apoyó exclusivamente en la deuda y porque la inversión que conlleva es casi exclusivamente la financiera, una deuda continuamente reciclada a tasas de interés cada vez mayores que llevan tanto a los sectores competitivos como a los que viven del mercado interno a la compra de dólares y la fuga de capitales, y termina arrastrando también al ahorro y configurando una economía bimonetaria porque la fuga de capitales y el ahorro en moneda extranjera se convierten en complemento del endeudamiento y viceversa, una situación solo capaz de superarse de manera estructural.

Lo que queda por delante es desarrollar al máximo un esquema productivo insertado en la realidad del sistema mundial, sin olvidar que su mayor característica presente es una crisis difícil de doblegar y no solo atribuible a la pandemia, porque el estancamiento y la recurrencia al gasto público y a la deuda para neutralizarlo vienen de la crisis financiera de 2008, están presentes en todas las economías.