Veníamos planteando en columnas pasadas el sendero estrecho por el que transita el gobierno para asegurar la recuperación potente de la actividad, acompañada de una disminución de los desequilibrios macroeconómicos externo y fiscal. Crecimiento y estabilización simultáneos son claves para cumplir el objetivo de inclusión social de porciones relevantes del pueblo, expulsado del bienestar por el macrismo y el virus.

Establecimos la prevalencia de la solvencia del sector externo sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Un flujo positivo de divisas paulatinamente atesorado en las reservas internacionales del Banco Central amortigua en el tiempo las exigencias de corregir el resultado negativo fiscal.

En los sucesivos análisis sobre el sector externo calificamos de extraña la debilidad que presentaba a lo largo del año 2020, cuando el Banco Central había perdido u$s 5.400 millones de reservas, a pesar del holgado excedente de la balanza comercial de u$s 12.500 millones, habiéndose cerrado el programa financiero con la reestructuración de la deuda pública con el sector privado que permitió postergar vencimientos de capital hacia el 2025 y reducir la carga de intereses a la mitad. Esta reseña explica que el Riesgo País no haya descendido significativamente, flotando en torno a los 1.450 puntos básicos, a pesar del canje de bonos: si el BCRA no acumula dólares en su tesoro a pesar de la buena coyuntura comercial y financiera, el riesgo de pago de los compromisos asumidos aumenta.

Las autoridades económicas inician el año con el sector externo evolucionando sin modificaciones respecto del 2020, pero con la necesidad de acometer la negociación con el FMI para resolver el mayor lastre dejado por Cambiemos, el crédito “stand by” contraído con el organismo multilateral por u$s 44.000 millones, cuyos vencimientos se aglomeran a partir del 2022.

El ministro Martín Guzmán ha girado la mirada hacia la política fiscal y monetaria con el doble propósito de estabilizar variables, sobre todo los precios de los alimentos, y crear condiciones favorables para encarar la negociación con el FMI.

El esfuerzo enorme que realizó el Gobierno durante el 2020 para amortiguar el impacto de la pandemia sobre la actividad y el empleo llevó hasta el límite las posibilidades de utilizar la política fiscal y monetaria como dinamizadores de la economía.

Los cuadros siguientes reflejan la magnitud del desequilibrio del sector público y el alto nivel de monetización con que finalizó el año 2020:

CUADROS DE SITUACIÓN FISCAL Y MONETARIA 2020

       Resultados fiscales en billones de $ y % PIB

             PIB (III trimestre) billones de $ corrientes = 27,1

Resultados fiscales                                  Billones de $                        %PIB

Resultado corriente                                  -2,1                                      -7,7%

Resultado primario                                   -1,7                                      -6,3%

Resultado financiero total                          -2,3                                      -8,5%

Fuente: elaboración propia sobre datos de Ministerio de Economía e INDEC

               Agregados monetarios totales como porcentaje de PIB

Base monetaria                                                                                   Porcentaje del PBI

M1 = Billetes y monedas en poder del público + Cuenta corriente en pesos           17%

M2 = M1 + Caja de ahorro en pesos                                                                    28%

M3 = Billetes y monedas en poder del público +                                                    11,9%

Fuente: elaboración propia sobre datos de BCRA e INDEC

Los números evidencian que no es factible ampliar el déficit público y menos aún sostener esa brecha con emisión monetaria. Un desbalance total de las cuentas del Estado de -8,5% del PIB es difícil de sostener en forma prolongada, máxime cuando el total de pesos nominados (circulando + depósitos) alcanza al 28% del PIB, ubicándose en los rangos máximos de monetización tolerada por una economía bimonetaria como la argentina, que es del 30% del PIB.

El otro factor que obra como una restricción a una política monetaria y fiscal expansiva es la paridad teórica del tipo de cambio. Cuando la cotización del dólar nominal se encuentra muy por debajo del valor de la paridad teórica, las expectativas de devaluación aumentan.

La paridad teórica se calcula dividiendo el total de pasivos monetarios líquidos o dinero de mayor disponibilidad inmediata, con potencia para presionar el mercado cambiario, por el nivel de reservas internacionales brutas. De este modo se obtiene un tipo de cambio de referencia que se compara con la cotización del mercado oficial.

El cuadro que continúa refleja el cálculo de la paridad teórica al final del 2020

PASIVOS MONETARIOS LÍQUIDOS Y TIPO DE CAMBIO DE PARIDAD

                   Pasivos monetarios líquidos

    Cifras en millones de $ correspondientes al cierre 2020

Diciembre                 % PIB (*)2

Base monetaria                                                            $ 2.425.025                8,9%

Instrumentos de absorción (*)1                                      $ 2.693.881               9,9%

Total                                                                            $ 5.118.906                18,9%

La navaja de Ockham es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, Guillermo de Ockham (Inglaterra, 1280-1349), según el cual “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Esto implica que, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja.

Y podemos aplicarlo en nuestro país cuando vemos que el común denominador de las medidas que limitan el poder del Estado, de planes de ajuste del gasto público, de reducción del consumo interno, de leyes permisivas como las engendradas en la reforma financiera de 1977, incluida la ley de inversiones extranjeras; de las leyes de reforma administrativa del Estado y de emergencia económica de 1989, que esbozaron un amplio plan de desregulaciones y privatizaciones; de los decretos de desregulación económica de 1991, que en el caso de los puertos engendraron la Ley Nacional de Puertos 24.093 en 1992, y de la disolución mediante decreto 817/92 de esta Empresa del Estado, mientras paralelamente el gobierno de Menem generaba el marco legal para la construcción y operación de puertos privados vinculados a empresas internacionales del comercio de granos y subproductos sobre el Río Paraná; etc. todas ellas fueron condicionalidades impuestas por el FMI. Por ende y por carácter transitivo, aplicando el principio de Ockham, el Decreto 949 del 26 de noviembre de 2020 es otra condicionalidad del FMI para que sigan las mismas empresas con las licitaciones en los puertos y en el dragado del río.

Para que deje de ser una interpretación y sea una observación cierta me voy a basar primero en la evidencia que conozco por parte de los protagonistas: la del gobierno democrático tras la sangrienta dictadura cívico-militar; en segundo lugar, en la confesión de uno de los jefes de economía del FMI; y en tercer término, en lo declarado por el director actual del FMI en el Cono Sur de América.

El ministro de Economía del gobierno asumido el 10 de diciembre de 1983 fue el doctor Bernardo Grinspun. La Argentina se encontraba seriamente endeudada y la exigencia del FMI y del steering committee presido por el Citi Bank era que se aceptara toda la deuda, incluso la de los seguros de cambio que hicieron Lorenzo Sigaut y Domingo Cavallo[1], y para ello era imprescindible cambiar los títulos firmados por nadie, porque José Alfredo Martínez de Hoz, Adolfo Diz, Juan y Roberto Aleman, Narciso Ocampo, Sigaut, Cavallo, Dagnino Pastore, Jorge Wehbe y González del Solar fueron puestos en funciones por tres dictadores. El ministro se negó terminantemente y, ante la amenaza de que se atenga a las consecuencias del representante del FMI Joaquín Ferrán y en su propio despacho, hizo que le pidiera –y no en buenos términos– que se retire. Eso fue el 18 de febrero de 1985. Al día siguiente, el Presidente de la República lo invitó a almorzar en la sede de Olivos, tras la cual Grinspun debió renunciar.

En marzo de 1985 el entonces Secretario de Hacienda, doctor Norberto Bertaina, uno de los pocos sobrevivientes de la gestión Grinspun, que quedó en funciones por pedido expreso de Don Bernardo, debió subir al quinto piso del Ministerio de Economía, donde el nuevo ministro Juan Vital Sourrouille le pidió que llevara los números del presupuesto al FMI. Bertaina le dijo que no era posible porque no había sido remitido al Congreso de la Nación, única autoridad para ver el presupuesto. Esa digna y constitucional actitud le costó la renuncia. Lo sucedió Mario Brodersohn, a quien además le atribuyeron el rol de jefe de negociación de la deuda externa Argentina.

En 1985 el Estado seguía técnicamente en default, ya que sólo pagaba los servicios de la deuda en forma parcial, dado que los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses que la misma devengaba. El flujo de capital se había interrumpido con la guerra de las Malvinas en 1982, con lo que la deuda seguía creciendo por la acumulación de intereses impagos. Sólo se podían refinanciar los vencimientos y el pago parcial de intereses con la autorización del FMI. Esa es la razón por la que se instrumentó el llamado Plan Austral, un plan de ajuste que buscaba reducir el consumo y el nivel de actividad interno para disminuir las importaciones y apuntalar las exportaciones.[2] El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (pesos por australes).

El 1º de julio de 1985 mediante los comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar –que la gestión Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos– por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”, dato reconocido en el libro El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer[3], donde dicen textualmente: “La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83% en 1985”.

La segunda prueba son las declaraciones de Michael Mussa, jefe de los economistas del FMI en los años noventa, quien firmó seis acuerdos de financiación con Argentina entre julio de 1991 y enero de 2001 por un importe total de más de 29.000 millones de dólares. Mussa sostuvo que el directorio del FMI no quiso ver la degradación política y económica del país presionado por los Estados Unidos, que es el principal contribuyente y responsable por los recursos del FMI, porque los Estados Unidos querían sostener a Menem y después a De la Rúa, pese a que era evidente que no había forma de que la economía se recuperara con las exigencias del mismo Fondo.

La tercera prueba son las afirmaciones del director y representante del Cono Sur del FMI, el abogado argentino Sergio Chodos: “Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del Fondo. El Fondo no es un marciano, no es otra entidad. Es un sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto. Es una herramienta a la vez que sujeto. Entonces, tiene su línea teórica, tiene su visión, tiene sus parámetros. Pero también es una herramienta. El Fondo también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los países que tienen más preponderancia en el directorio. Es en ese marco que vamos a negociar cuidando a la Argentina”.[4]

La Argentina se adhirió al FMI en 1956, tras el derrocamiento del gobierno de Perón, y el FMI fue el mentor de un fuerte plan de ajuste y desindustrialización que dio origen al llamado Plan Prebisch, que significó el descenso de los salarios por medio de la liberación del precio de los alimentos y la devaluación de nuestra moneda. El “retorno al coloniaje”, en palabras de Don Arturo Jaureche.

Condicionó permanentemente a los gobiernos posteriores, con dos excepciones: la del gobierno del doctor Arturo Illia, en que la Argentina creció y no sólo no le pidió un dólar al FMI sino que además renegoció y pagó los vencimientos heredados de las administraciones anteriores, y el del doctor Néstor Kirchner, que incluso le pagó el total de lo adeudado en enero de 2006, liberándonos de su yugo después de 50 años.

Obviamente, el gobierno de Macri nos volvió a subordinar al FMI, endeudándonos en DEG (Derechos Especiales de Giro), que es una canasta de monedas equivalente a unos 45.000 millones de dólares, suma que se fugó, es decir sirvió para que los que podían comprar dólares (en esa época sin límite alguno) lo sacaran del país, generándole activos externos a ellos y deuda externa a la Nación Argentina.

El ministro Martín Guzmán se lo dice muy claramente a Clarín, cuyos dueños son los principales fugadores de capital de nuestro país: “Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada. Ahora hay que resolver este problema con responsabilidad y siempre teniendo el criterio de que primero que todo está la gente”.

Las permisivas leyes de la reforma financiera de 1977 y la 24.144 de Menem-Cavallo de reforma de la Carta Orgánica del BCRA hacen que la deuda que toma el Tesoro de la Nación, como paga mayoritariamente sus gastos en pesos (bienes y servicios, contratos, licitaciones, salarios, jubilaciones y pensiones) y solamente la deuda externa en divisas, termina vendiéndole al BCRA mayoritariamente esos dólares por pesos, y el BCRA, en lugar de tener prohibido transferir los dólares generados por la deuda del Estado, le vende esos dólares a los bancos.

Los compradores de dólares están registrados en los bancos, que son los únicos que le pueden comprar al BCRA. El Cohete a la Luna publico los 100 primeros deudores, donde varios de ellos, empezando por Telefónica Argentina (que compró 1.248,2 millones de dólares en menos de cuatro años) tienen participación en el fondo de inversión BlackRock. Por ende lo que se debe hacer es investigar cómo pudieron comprar, por ejemplo los cien primeros, 24.769 millones de dólares; de dónde sacaron los recursos para hacerlo, cómo pagan sus impuestos, qué declaraciones tributarias hacen, etc.

Deuda y pérdida de soberanía

Inglaterra utilizó el mismo mecanismo: colaboró con armas, municiones y recursos para comprar voluntades a fin de imponer los gobiernos de Mitre y de Roca y, con ello, apuntaló el modelo agropecuario exportador, donde la unidad económica eran las grandes estancias. Inglaterra trataba directamente con los grandes estancieros, quienes tomaron deudas para armar la infraestructura (caminos, rutas, ferrocarriles, puertos) y configurar un modelo exportador de carne y trigo, deuda que se sumó a las obligaciones contraída para matar gauchos de Peñaloza o de Varela y financiar la Guerra al Paraguay.

Han pasado 140 años y el modelo que tratan de imponer es el mismo. Dueños de la pampa húmeda y de otros campos fertilizados a riego, con la concesión de 14 de los 18 puertos que están sobre las riberas del Paraná, pretenden que la Argentina produzca y exporte básicamente granos y carnes, a sabiendas de que generan poco trabajo, que su valor agregado es mínimo y encima corporizado por ocho grandes exportadores de granos, harinas y aceites como son las trasnacionales ADM, Bunge Ceval, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore, a los que se suma la empresa china COFCO y las teóricamente nacionales Aceitera General Deheza y la ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas). Y en carnes el Consorcio ABC que lidera Frigorífico Rioplatense de los Constantini, que realiza el 80% de las exportaciones del sector.

Detrás de esa configuración de país endeudado y exportador de productos agropecuarios están los Estados Unidos y el FMI, así como Inglaterra estaba detrás de la generación de 1880.

Plantear que como se tiene una deuda con el FMI –sin tener en cuenta que esa deuda fue para apuntalar al gobierno de Macri y favorecer la dolarización de la fuga de capitales– se debe acordar sí o sí, implica repetir el accionar que realizó Raúl Alfonsín.

En una situación totalmente desigual, donde el acreedor impone las condiciones y el deudor debe cumplirlas, sabiendo que eso implica aumento de la desocupación, cierre de establecimientos, pauperización de jubilados y pensionados y del resto de la población vulnerable (cuando tenemos oficialmente 2.220.000 personas desocupadas a lo que se le suman todos los años unas 300.000 más por crecimiento vegetativo de la población), favorece la extranjerización y concentración económica, beneficiando a quienes fugaron los capitales adeudados.

Por razones de justicia y de equidad no podemos aceptar el chantaje del FMI y, en caso de pretender cumplir con esas obligaciones, primero se debe comunicar oficialmente quiénes se beneficiaron de la compra de esos dólares y luego, de igual forma que esos dólares se fugaron, que retornen al país y que bajo esas condiciones y plazos se le pague al FMI.

[1] Que beneficiaba y significaba reconocer como deuda del Estado las obligaciones y empréstitos tomados por Macri, Fortabat, Pérez Companc, Pagani, Rocca, Bulgheroni, Ledesma, Bagó, Roemmers, etc.

[2] Como todo plan de ajuste, dado que básicamente exportamos alimentos y materias primas que son los bienes que consumimos, por un lado, y por la dependencia de toda nuestra producción de importaciones de mercancías y técnicas.

[3] Presidente y director del BCRA en la gestión de Juan Sourouille.

[4] Entrevista al Dr. Sergio Chodos de El diario AR del 16 de febrero de 2021.

La navaja de Ockham

Habiendo ocurrido en estos días la partida del expresidente Carlos Menem, me invade un recuerdo de principios de la década del 90. Siendo militante peronista y un cuadro técnico en formación, cuestionaba las reformas de mercado que se estaban implementado y la respuesta invariable que recibía de los dirigentes era. “¿Te quedaste en 1945? El mundo cambió y hay que abordar las transformaciones”.

La respuesta no convencía y me negué a convalidar a ese peronismo en clave neoliberal. Comencé a transitar los espacios de centroizquierda en busca de alternativas. Me sumé al trascendente instituto de investigaciones económicas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comandado por Claudio Lozano y, FrePaSo mediante, integré el Gobierno de Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires hasta su derrocamiento.

La llegada de Néstor y Cristina me devolvió a ese peronismo que tanto quise desde chico, cuando mis padres pincelaban en las cenas familiares el bienestar nunca antes conocido que había irrumpido en 1945.

En esos doce años inolvidables, Néstor y Cristina pugnaron por construir una democracia de masas, procurando alcanzar dos objetivos: elevar el piso de ciudadanía ampliando derechos e ingresos para el pueblo y, a la vez, levantar las restricciones que los agentes económicos más poderosos imponían al pleno ejercicio de esa ciudadanía potenciada.

En un tiempo como el presente de tanta aversión al conflicto, las batallas de esa época en pos del reparto de la renta agropecuaria, contra los abusos del capital financiero, por la democratización y transparencia de un poder del Estado como el Judicial o para desmonopolizar los medios de comunicación, se tiñen de gloria y épica, más allá de sus resultados inmediatos.

Cristina en su discurso medular en el Estadio Único de La Plata afirmó: “No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Con doce años y medio en la República Argentina lo hicimos. Y por eso, además de por la unidad, volvimos”. Y esta aseveración nos devuelve al título de la columna: ¿Por qué no se puede volver al 2015? O con mayor precisión: ¿Qué cambió en el mundo y en la Argentina para tildar a esa experiencia de históricamente obsoleta?

Comenzando por el escenario internacional, los límites más severos en términos de margen de maniobra del Gobierno nacional se sitúan en nuestra Suramérica.

La firme entente Buenos Aires-Brasilia que caracterizó a la primera década y media de nuestro siglo, que irradió un proceso de integración continental cuya máxima expresión fue la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), hoy está disuelta y restringe la capacidad de acción política y económica de Argentina tanto en la región como en el mundo.

La ausencia de Brasil como socio comercial y político es una falencia severa para el desenvolvimiento de Argentina. El intercambio bilateral descendió de u$s43.200 millones en el 2011 a u$s20.500 millones en el 2019, marcando con cifras el divorcio entre ambas naciones, situación que se agrava en el plano político con la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia del país hermano después del derrocamiento de Dilma y el encarcelamiento de Lula.

Ahora bien, a escala global el recorrido es inverso: la multipolaridad se reafirmó. La potencia económica de China y el poder militar de Rusia han equilibrado la hegemonía occidental de un modo que no estaba presente desde el fin de la Guerra Fría. América del Norte y la Unión Europea han sufrido reformulaciones de sus tratados de integración económica a consecuencia de sus crisis internas no resueltas desde el “crack financiero” del 2008. La modificación del NAFTA por el más proteccionista T-MEC y el cimbronazo para la UE que significó el BrExit británico son ejemplos nítidos del cuadro complejo que los surca.

Desde hace una década, la presencia de China en Argentina ha venido creciendo no sólo por el comercio bilateral, sino por el swap de monedas que sustenta casi el 40% de nuestras reservas internacionales en el Banco Central y el proyecto de construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz que constituye la inversión más grande que tiene el país en cartera. La comercializadora estatal china COFCO tiene el 10% del mercado granario externo argentino.

Están conformadas las condiciones para articular una relación bilateral Estado-Estado para organizar los tres elementos que ya se encuentran presentes en el vínculo chino-argentino: comercio, finanzas e inversiones. Rusia, por su parte, ha enviado una señal clara de construir una relación estrecha con nuestro país al enviar las partidas de vacunas imprescindibles para iniciar el plan de vacunación anti-Covid.

Argentina tiene características estructurales para consolidar lazos provechosos con el bloque más dinámico que ha emergido en el mundo poscrisis de 2008, equilibrando la ausencia de Brasil como soporte de mayor autonomía en el plano global.

La pandemia ha provocado que las principales economías del mundo hayan avanzado en políticas monetarias y fiscales muy expansivas. Eso se tradujo en una enorme liquidez mundial que colabora en los procesos de reestructuración de deudas y en la suba de los precios internacionales de los alimentos, producto exportable argentino por excelencia.

La situación interna ha sido drásticamente modificada por el macrismo y la pandemia obligó a frenar todos los planes de reversión de esa nefasta herencia. No obstante, hay que rescatar dos aspectos positivos que crean condiciones para avanzar hacia una recuperación sólida: se ha logrado reestructurar la casi totalidad de la deuda pública con el sector privado, bajando sensiblemente la carga de intereses y alejando los vencimientos al 2025 y, en simultáneo, los precios de los productos primarios que exporta la Argentina verifican fuertes y sostenidos aumentos desde el 2020 (soja=45,3%, maíz=34% y trigo=30,6%).

Sin presión de divisas en el plano financiero por la renegociación de la deuda pública y con los precios internacionales de los productos primarios, la situación del sector externo, indispensable para estabilizar la economía doméstica, promete ser holgada por los próximos años. Hasta ahora, los efectos han sido negativos porque el Banco Central ha perdido u$s-5.400 millones de reservas y los precios internos de los alimentos se han visto impulsados a la suba por el cuadro internacional descripto. Eso debe modificarse con decisiones de política económica.

La apretada reseña intenta situar las principales fortalezas y debilidades del contexto global y nacional del presente en perspectiva del vigente hace un lustro atrás. Las situaciones no se recrean simétricamente. Hay ventajas objetivas que ofrece el actual escenario que, de explotarse, pueden permitir el retorno a un modelo de elevación del nivel de vida e inclusión de los argentinos y argentinas, similar al dejado atrás. En definitiva, de eso se trata.

Me inquieta formular algún cuestionamiento y recibir como respuesta: “¿Te quedaste en el 2015? El mundo y la Argentina cambiaron, hay que abordar las transformaciones”.

https://www.eldestapeweb.com/economia/panorama-economico/el-mundo-y-argentina-cambiaron-por-que-no-se-puede-volver-a-2015–202122019041

En su programa El ruido de las nueces, el periodista Francisco Bessone me recordaba que en mayo 2002 y por pedido expreso del FMI, se derogó la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “subversión económica”, que preveía sanciones privativas de libertad y multa respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.

En la misma sesión donde se procedió a derogar la ley se efectuaron reformas al artículo 174 del Código Penal, introduciendo como inciso 6) una versión acotada, que elimina la previsión de peligro y las formas agravadas del derogado artículo 6 de la ley 20.840, a la vez que incorpora como artículo 174 bis. la modalidad culposa (que se encontraba en el artículo 7 de la ley derogada). Finalmente y respondiendo a nuevas presiones, tal como ha registrado la crónica periodística, el día 20 de junio de 2.002, la sociedad argentina tomó conocimiento de que el día anterior el Presidente Eduardo Duhalde había vetado la incorporación del referido artículo 174 bis al Código Penal, con lo cual el sistema de tutela rediseñado por el Congreso Nacional en el año 1984 quedó vacío de contenido.

Francisco Bessone me recordó que la votación fue muy reñida, que el senador Eduardo Menem dijo en el debate que por negarse a votar la derogación de la ley, el dólar no paraba de subir, y que la senadora de Río Negro Amanda Isidori, a demanda de su gobernador, Pablo Verani, pidió permiso para retirarse del recinto y de esa manera la votación en el Senado fue empatada en 34 votos por la derogación y 34 votos para que la ley continuara vigente. Desempató el presidente provisional de la Cámara, Juan Carlos Maqueda, hoy Juez Supremo de la Nación, por la derogación, con lo cual los delincuentes de guantes blancos no pueden ir presos y un ladrón de gallina sí.

Me hizo acordar un cuento de Osvaldo Soriano que se llama Gallardo Pérez referí, que cuando él era joven jugando al fútbol con su equipo en “Barda del Medio” hizo un gol que le dio el triunfo y la tribuna local se le vino encima, les pegaron y le pegaron al valiente referí que convalidó el gol, quién le dice a Soriano: «Por supuesto que cobre el gol, soy un tipo derecho», y señalándose los dos dientes que le faltaban: “¿Ve? —me dijo—. Esto fue un gol de Sívori de orsay. Ahora fíjese dónde está él y dónde estoy yo. A Dios no le gusta el fútbol, pibe. Por eso este país anda así, como la miércoles”.

Lo cierto es que por la ley 20.840 estaban presos los hermanos Carlos y José Rohm que fundaron el Banco General de Negocios y habían estafado a ahorristas y fugado capitales, y por supuesto eran muchos más los que estaban en situación similar y no solamente banqueros, sino empresarios de todo tipo, que habían fugado dólares y que se beneficiaron con la “pesificación” de su deuda en divisas por el gobierno de Duhalde.

Duhalde asume tras el escape en el helicóptero de De la Rúa y Presidentes que duraron día y hasta horas, nombra como ministro de economía a Jorge Remes Lenicov, pero como el mismo Remes Lenicov reconociera después, lo condicionaron a devaluar nuestra moneda y a la vez, los deudores que eran grandes empresas locales fueron beneficiadas con la pesificación asimétrica por la conversión 1 a 1 de dólares a pesos de todas las deudas empresarias con el sistema bancario, fruto de una presión conjunta de empresarios y banqueros sobre el Presidente Duhalde. Remes Lenicov, que fue ministro hasta el 23 de abril de 2002, sostiene que las devaluaciones siempre licuaron depósitos y deudas, pero por la promesa de Duhalde de devolver el valor en dólares de los depósitos se estableció para los mismos 1 igual 1,40 más actualización y tasa de interés. Pero en lo que respecta a los créditos, Remes Lenicov dice que hubo presiones de los empresarios y también de los bancos, que en forma conjunta se reunieron con Duhalde, con él y su equipo. Los empresarios –prosigue Remes Lenicov– decían que si aumentaba 40 por ciento su deuda, no la podrían pagar y los bancos entonces nada cobrarían: por eso que conjuntamente ambas partes acordaron plantear la pesificación asimétrica y la deuda se convirtió de un dólar a un peso, cuando en abril de 2002, el tipo de cambio paralelo (Plaza de Montevideo-Uruguay) se cambiaba cada dólar a 4 pesos.

Según testigos de aquellas jornadas, las gestiones fueron llevadas por ejecutivos como Carlos Giovanelli (Citibank), Enrique Cristofani (Río Santander), Emilio Cárdenas (HSBC) y Manuel Sacerdote (Boston), e industriales como Héctor Massuh y José Ignacio de Mendiguren (quien había sido nombrado Ministro de la Producción por Duhalde) en representación de la Unión Industrial Argentina. Como Remes Lenicov fue testigo y destinatario de la presión, reconoce que “esa asimetría tiene un costo, bancado por el Estado, del orden del 5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)”, sin aclarar cuál PIB toma como referencia, dado que el Producto medido en dólares descendió bruscamente durante ese año. “¿Qué crisis financiera no tuvo costos para el Estado?”, se pregunta Remes Lenicov, dando diversas comparaciones e indicando que en la Argentina de 1982 tras la guerra de Malvinas, por la devaluación y las medidas tomadas por Domingo Cavallo y José María Dagnino Pastore, la licuación de deuda de las empresas costó más del 20 por ciento del Producto.

Es obvio qué es lo que sucedió, la pesificación generalizada de las deudas bancarias de las empresas como fruto de la presión conjunta de empresarios y financistas sobre el gobierno, por lo cual Remes señala que “ante una situación así hay que asumir un costo pensando en salir lo más rápido posible (no hay salida sin bancos y sin empresas) y que el crecimiento lo digiera”. Y añade: “Pero también veamos lo que desgraciadamente ocurre con los endeudados en dólares en el exterior; si no hubiera habido pesificación, todos estarían en la misma situación y entonces la quiebra sería no ya financiera, sino patrimonial y hubiera sido extraordinaria”.

Lo cierto es que produjo una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados a favor de los empresarios endeudados, principalmente el Grupo Clarín, Techint, Ledesma, Pérez Companc, Eurnekian, Bulgheroni, Macri,  Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima, Coto, todos endeudados en dólares que pagaron esa deuda en pesos convirtiéndolo a la paridad 1 = 1, cuando el dólar oficial en abril de 2002 era de 3 pesos y el paralelo de 4 pesos, licuando la deuda a los empresarios a un tercio o menos y, el Estado se hizo cargo de la diferencia acrecentado la deuda pública.

El problema hoy

De esa crisis y cómo se salió de ella no se habla y a  los grandes medios (beneficiados directos de la pesificación de su deuda) ni se les ocurre rememorar el tema. Lo mismo quieren hacer con la fuga de capitales de la gestión de Cambiemos, que comprendió todo el superávit comercial y además endeudó al país por más de 100.000 millones de dólares, de los cuales 86.200 fueron comprados por más de siete millones de personas físicas y jurídicas, pero los primeros 100 compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años.

La nota Los conocidos de siempre del 17 de mayo de 2020, del director de El Cohete a la Luna, expresa textualmente: “El Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza están entre los mayores responsables de la fuga de capitales durante el gobierno del ex Presidente Maurizio Macrì, sostienen personas que vieron no sólo el informe dado a conocer por el Banco Central el jueves, que estima esa fuga en 86.000 millones de dólares, con una notable concentración en unos pocos actores económicos, sino también los nombres”.

La semana siguiente Horacio Verbitsky publicó otra nota denominada Los 100 de Macrì, donde presenta un cuadro con el nombre de las 100 empresas y cuánto fue la “formación de activos en el exterior” de cada una de ellas. En esa lista se destacan además las firmas Telefónica, YPF SA, Mercado Libre, Tenaris, Siderar, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados, Adecoagro, en las que BlackRock posee parte del paquete accionario.

También, como lo reconoce su CEO Larry Fink, BlackRock tiene participación en el Grupo Santander (en la Argentina dueña del banco Santander-Río) y en Glencore (dueña de Oleaginosa Moreno SA y con fuerte participación en Renova SA y en la explotación  de la minera Bajo la Alumbrera, en el país), que forman parte de los activos que administra por más de 6,5 billones de dólares, que si el fondo de cobertura fuera un país sería el tercer PIB del mundo, después de los Estados Unidos y China.

El poder de BlackRock como acreedor y a la vez socio de YPF S. A. quedó demostrado estos días con la negación de la deuda de esa empresa mixta. Y podemos deducir por carácter transitivo el porqué de los silencios y de algunas medidas como el Decreto 949/2020 de llamado a licitación de la Hidrovía del Paraná.

Esa es la historia y el estado de situación en que nos encontramos, porque no se investiga cómo hicieron: que utilidades obtuvieron esas 100 empresas para justificar detraer 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años, y cómo contribuyen a la sociedad y al erario público, al cual no le temen. En mayo de 2002, en plena crisis y por pedido del FMI entre otros, se los liberó de ir presos por delinquir.

Qué hacer

Fue el mismo FMI que irresponsablemente le prestó en Derechos Especiales de Giro unos 45.000 millones de dólares al gobierno de Macri, suma que financió en dólares constantes y sonantes parte de la monumental fuga de capitales de esa gestión.

Primero tenemos que tener un plan que impulse el mercado interno mediante un shock distributivo con aumento de salarios, jubilaciones y pensiones para estimular el consumo. Y se debe limitar severamente la venta de dólares mediante la derogación del Decreto 893/2017 que derogó la Emergencia Cambiaria de Illia; de esa forma la Argentina crecería en forma sostenida como lo demostró Néstor Kirchner. De no realizarse esa tarea, incurriremos en los niveles de pobreza, desocupación y marginalidad que implican la brutal transferencia de recursos a favor de los sectores más favorecidos en desmedro de la población, en un marco similar al año 2002, en que el PIB descendió un 10,9% y en que la tasa de desempleo abierto en mayo de ese año fue del 21,5%, la mayor de que se tenga registro.

El descontento de la población se manifestaba en las calles. En la estación Avellaneda del ferrocarril Roca la policía asesinó a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ese fue el fin del gobierno de Eduardo Duhalde. Debió convocar a elecciones en las que resultó Presidente Néstor Kirchner y el país retomó un camino que no debía haber abandonado, para la “felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

GALLARDO PÉREZ, REFERÍ

El cuadro que abre esta columna es un intento de graficar el comportamiento de los principales precios de la economía (indicadores nominales) y su correlación con la economía real en términos de actividad, empleo y su reflejo en el sector externo (indicadores reales) durante el 2020. Año que sufrió el impacto de la propagación del virus sobre la Argentina lacerada por el macrismo.

Veamos el cuadro entonces:

En el presente artículo nos proponemos analizar el proceso que vive nuestro país, de deterioro de los ingresos en dólares, a fin de que el mismo sea entendido como parte de una tendencia global en los países subdesarrollados, lo cual requiere de una respuesta estratégica, para nada sencilla.

Para ello acudiremos a diversos trabajos anteriores en que hemos intentado mostrar las características centrales de la división internacional del trabajo que opera actual, dentro de un largo ciclo iniciado luego de la crisis de los 70 que ha ido modificándose. Hemos hecho hincapié con Lipietz (1987) en que la forma mediante la cual el capitalismo resolvió dicha crisis ha sido la descentralización productiva. En esa lógica las firmas de los países centrales, con las norteamericanas a la cabeza, se deshicieron de los eslabones industriales basados en tecnologías maduras y/o intensivas en recursos naturales o humanos de baja calificación, y siguieron desarrollando los procesos de creación de nuevas tecnologías y la producción más compleja de los bienes nacidos en esos procesos. Esta estrategia ha dado origen a los ciclos financieros globales posteriores. Trump intentó un discurso opuesto de reindustrialización incluso de eslabones simples, con escaso éxito (Narodowski, 2020; Merino y Narodowski, 2020a).

En ese momento, especialmente en los 80s y primeros años 90s, los países subdesarrollados (que también llamaremos emergentes) y las regiones atrasadas de los de los países centrales tuvieron la ilusión de sostener los niveles de industrialización alcanzados, e incluso complejizar su perfil productivo. Se basaban en la experiencia de Japón primero y luego especialmente de Corea que con políticas estratégicas se habían ubicado primero como lugares de la descentralización productiva de actividades simples y orientados al mercado externo, para pasar a ser luego lugares de las tecnologías complejas con aumentos interesantes en sus ingresos medios: o intentaban imitar a las regiones de Europa que parecían haberse montado en esa transición para lograr progresos importantes. Es el auge del evolucionismo, el nuevo rol de las PyMes, el desarrollo local. Pero ya en la última parte de los 90 se empezaban a ver signos de que esa ilusión podría ser vana (Narodowski, 2008).

Es que en paralelo el viejo rol de Corea y de la primera cohorte de tigres asiáticos empezó a ser ocupado por China y en menor medida por México; en el área europea: Turquía, República Checa, etc. Empezaba a ser patente que no iba a ser sencillo sostener la especialización industrial lograda, ni siquiera constituirse en un lugar de dicha descentralización sino era a costa de un ingreso medio e industrial bajo, un mercado laboral desregulado y una presión fiscal -por ende una capacidad de intervención estatal- menor. También se comenzaba a sospechar que industrialización podía ser sinónimo de ensamblaje (Ver el caso de Turquía en Narodowski y Remes Lenicov, 2014).  Sólo China parecía ir logrando el aumento de los salarios industriales, pero comenzaba a discutirse –y el debate sigue- si iba a poder dar el salto hacia una economía más compleja que pudiese sostener ingresos más altos para la mayor parte de sus habitantes (Echenique y Narodowski, 2020; Merino, 2020).

Además en paralelo nacía una segunda cohorte de tigres dispuestos a competir por una nueva ola de inversión extranjera directa con el mismo esquema de salarios y siempre orientado a la exportación (Malasia, Tailandia, Indonesia). Y detrás llegan Vietnam, Camboya, Laos, incluso Corea del Norte. Más atrás aun, los países de África del norte y luego la subsahariana, por ejemplo Etiopía. Por el nivel de interacción de China con cada uno de estos países, podríamos sostener la hipótesis de que el gigante asiático se constituye en una suerte de coordinación global de estas producciones (Echenique y Narodowski, 2020).

Queda constituido un sistema “de proveedores de eslabones simples y ensamblaje” altamente competitivo, con mayores exigencias de apertura, desregulación y salarios cercanos al punto de partida de China en los 80s. A eso se suma que para mantener la estabilidad macroeconómica se debe achicar cada vez más el Estado, lo cual dificulta a su vez sostener la paz interna. Y en todos ellos, pero especialmente en los más avanzados como Malasia y Tailandia, se empieza a discutir cómo dar el mencionado salto hacia la producción endógena de tecnología, único modo de no ir de nuevo al ajuste.

Mientras, países europeos que nunca alcanzaron gran complejidad o sólo lo lograron en ciertos nichos sectoriales/regionales, cómo Portugal, España, Italia, intentan un mix de políticas macro y micro para sostenerse en un nivel de vida superior. En esa categoría podríamos ubicar el intento de la Argentina 2003-2012 y la actual. Una de las enseñanzas de estos países es que no hay espacio para super-rentas improductivas: financieras, de intermediación etc., como las que proliferan en las sociedades de los países que hemos llamado emergentes, debido a la mayor presencia del Estado -como representación de los diversos intereses-  en la regulación y control de los mercados y el consecuente menor peso de agentes económicos concentrados. Esta cuestión nos ha inspirado en diversas propuestas que retomamos al final de este artículo (Narodowski, 2013).

Veamos si nuestras hipótesis se verifican. Deberíamos analizar las diversas variables que hacen a la estructura productiva de cada país pero eso excede las posibilidades de este texto, de todos modos parece alcanzar con los niveles de ingresos en dólares de la población, los mismos reflejan en buena medida –junto con la oferta estatal de servicios- el acceso al bienestar.  Lo hemos hecho para países escogidos aleatoriamente intentando reflejar modelos de desarrollo y situaciones relativas.

Estados Unidos, Canadá; Alemania, Japón y Corea, Italia, España, Portugal, como países desarrollados, los tres últimos de menor nivel de competitividad; República de China e India con sus elevadas escalas;  el resto son países de Asia meridional, África y América Latina considerados emergentes, con una fuerte especialización en la explotación de los recursos naturales y en una industria de bajo salario; aunque como veremos, con grandes diferencias. Malasia, Tailandia y Chile han sido sumados especialmente por ser considerados por la bibliografía como modelos a seguir. Nótese que en el listado de emergentes se incluye a Camboya, con un mayor vínculo histórico con China y a tres que muestran un pasado fuertemente vinculado a occidente y que están protagonizando un fuerte acercamiento con el gigante asiático. Respecto a los vínculos comerciales en el cuadro puede verse que las situaciones son muy heterogéneas. Respecto a la IED, es difícil trabajar con datos a nivel mundial y por países, Investment Map recopila datos de diversas fuentes nacionales e internacionales, pero alerta sobre un gran número de inconsistencias.

Para el análisis, contamos con los ingresos medios en dólares y en el caso de los países emergentes no llegan a 1.000 dólares, la mayor parte está debajo de 500 dólares. Portugal, que suele mencionarse como modelo es de los más bajos de Europa; otro país modelo, Malasia, está por debajo de Chile y la Argentina de 2015.

* El dato corresponde a 2019, en 2015 era de 800 dólares

** El dato corresponde a 2017 y el cálculo es realizado en Machado y Narodowski (2018) y verificado con los datos de la UCA. En el año 2019 este dato ascendió a 37,73%. El cálculo es controvertido porque luego el Banco Mundial emitió otros diversos en los que Chile muestra un porcentaje de incidencia de la pobreza inferior.

El presente cuadro es una versión acotada del «Cuadro General de Indicadores Globales» (Narodowski y Zugbi, 2020), que incluye más países y variables, donde también hay datos de Argentina 2015 que permiten verificar el deterioro de los datos actuales. Allí se podrán encontrar las notas aclaratorias correspondientes a las variables presentadas.

Si tomamos el dato de ingreso medio del Banco Mundial (con el que se construye el índice de pobreza) la situación de Malasia mejora respecto al resto, y los diferenciales generales respecto a los países centrales siguen siendo enormes. Cuando se analiza el ingreso en Malasia en la moneda nacional deflactada vemos que, al igual que en Tailandia, en los últimos años las mejoras anuales son imperceptibles (ILO, 2020). En Malasia se discute cómo afrontar el ajuste salarial porque se está perdiendo atractivo para la IED (IMF, 2019) y en el caso Argentino se observaba de 2016 a 2019 el intento de disciplinar los ingresos en dólares, para atraerlas.

De más está decir que estos promedios de ingresos se relacionan con los del PBI per cápita y en este sentido países tomados como ejemplo, como Malasia y Chile tampoco se han despegado del conjunto de los emergentes. Este indicador es central ya que define la escala, porque su pequeñez limita el poder del Estado (que se nutre de una base imponible igualmente pequeña para afrontar servicios que exigen costos medios elevados) y porque  limita el poder de negociación internacional de estos países. Respecto al PBI per cápita de Chile, es claro que está influenciado positivamente por la baja densidad poblacional y además como se ve en el cuadro, el país ha gozado de un crecimiento importante de los precios internacionales del cobre, superior por ejemplo, a los aumentos del precio de la soja a lo largo del tiempo.

* Fuente: IndexMundi. Web: indexmundi.com, sección «Precios de Mercado».

Y un tema central, el ingreso industrial en los emergentes es menor al promedio ya que pierde respecto a la minería y los servicios, Argentina en 2015 era la excepción pero la industria se disciplinó en el período de Macri. Queda claro que para sostener el PBI industrial hay que ajustar salarios. México surge como excepción pero no por lo alto del salario industrial sino por lo bajo del salario medio.  Estos datos pueden verse en el ya mencionado «Cuadro General de Indicadores Globales».

Otro tema importante es que el ingreso medio está muy influenciado por diversas razones, por el empleo formal urbano. Pero como puede verse en el cuadro general, la población rural y de las regiones forestales y mineras alcanzan porcentajes importantes en muchos países de Asia y África,  allí ha habido un aumento del empleo formal o informal en grandes empresas, pero los salarios son muchas veces informales, bajos y subsisten porcentajes altos de familias que trabajan la tierra o explotan los bosques comunitarios para autoconsumo, al menos una parte del día (para ver los casos de Tailandia y Malasia, ver Attavanich, Chantarat, Chenphuengpawn, 2019 y Butler, 2008). El ingreso formal del sector agropecuario es inferior al industrial pero no refleja la situación planteada y no hay otros datos porque es difícil monetizar el producto de ese trabajo y hacerlo comparable con los umbrales de pobreza.  Si pudiéramos hacerlo el ingreso medio estaría muy por debajo, como lo muestran algunos estudios de países particulares. Lo mismo sucede con el cálculo de la pobreza.

En relación a la distribución del ingreso, los números marcan lo difícil de la situación general y la dificultad de encontrar un modelo económico alternativo. Muy pocos países, especialmente Canadá, Corea, Egipto y Argelia, Argentina 2015 y los de  Europa, están debajo de un Gini de 35. Malasia y Chile los “ejemplos”  muestran mayor regresividad ya que el motor del crecimiento ha sido la desregulación como requisito de la IED.

En cuanto a la pobreza, tomamos la canasta que usamos en Argentina de aproximadamente 11 dólares en 2011 según la metodología del Banco Mundial, la misma adolece de graves problemas pero es el único dato comparable (Zugbi, 2020). Vemos que los niveles son elevadísimos, más del 90% en el África subsahariana, pero por encima del 60% en países de Asia y América latina. Argentina estuvo mejor que Chile hasta 2015, es que como dice Schteingart  (2019), Chile tiene un PBI per cápita mayor y una distribución del ingreso mucho más inequitativa, se entiende la convergencia existente al menos hasta 2017. Malasia muestra la mejor performance, pero un informe del Comisionado de Derechos Humanos, cita una encuesta realizada en los departamentos de PBI per cápita bajo y habla de un 85% de pobreza que sube a 99,7% en los niños. Le recomienda al país aumentar la protección social y abordar la situación de indígenas, migrantes, refugiados y malasios no registrados (Human Rights Council, 2020).

Pero lo más terrible es que en los emergentes como ya dijimos parece que el retiro del Estado es una condición para garantizar la estabilidad y el crecimiento: por eso, salvo Argelia, Argentina y Brasil entre los seleccionados, la proporción de gasto estatal en relación al PBI gira alrededor del 20%, muy inferior a las de los países centrales. O sea, que en el caso de Malasia o Chile (y también en los restantes países con alto nivel de pobreza), los sectores vulnerables tienen una baja cobertura pública, eso se traduce en la falta de ayudas alimentarias y problemas graves en la educación, la salud y la previsión social. Y ni hablar de los problemas ambientales y el maltrato a los habitantes de las regiones donde se hallan los recursos naturales.

No por casualidad, Tailandia está gobernada por una dictadura desde 2014, Malasia sufre una gran inestabilidad política desde 2018, Indonesia y Etiopía siguen atravesadas por la violencia y las amenazas de separatismo. Chile sorpresivamente –o tal vez no tanto- entró en período de turbulencia social importante. Los cuatro primeros países además suelen ser descriptos -en los términos occidentales- como democracias limitadas, con un control social agobiante.

Y no hay mucho más, si lo mejor es Malasia y Chile ya podemos hacernos una idea de lo que nos puede deparar el capitalismo actual, más abierto y más desregulado.

El debate acerca de cómo enfrentar este contexto mundial es arduo, en este sentido venimos haciendo propuestas desde Narodowski (2013). Lo que más preocupa es discutir sin considerar las exigencias a que nos somete la situación mundial como un punto de partida inexorable.

Patricio Narodowski – Ladislao Zugbi

*Esta nota es una síntesis de la más extensa publicada en https://www.elpaisdigital.com.ar Se agradecen los comentarios y aportes de Silvina Batakis, Ruth Muñoz, Gabriel Merino y Lucía Rodríguez. Naturalmente los enunciados son responsabilidad de los autores.

Bibliografía

Attavanich W, Chantarat S, Chenphuengpawn J (2019) Farms, Farmers and Farming: a Perspective through Data and Behavioral Insights. Bank of Thailand. Recuperado de: https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2019/09/paper2_paper_Sommarat-Jirath-Phumsit-Witsanu-Kannika.pdf

Butler R (2008) ¿El aceite de palma disminuye la pobreza rural de Malasia? Mongabay, 18 febrero. Recuperado de: https://es.mongabay.com/2008/02/el-aceite-de-palma-disminuye-la-pobreza-rural-de-malasia/

Echenique X y Narodowski P (2020) EEUU y China: aporte al debate sobre los diferenciales de complejidad entre ambos. En Narodowski, P y Merino, G. (coord.) Estados Unidos en la era Trump. Ediciones Libro de Cátedra UNLP. Recuperado de: https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2020/11/echenique-y-narodowski-2020-capitulo-8.pdf

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IMF (2019) IMF Staff Completes 2020 Article IV Consultation Visit to Malaysia. 17 de diciembre. Recuperado de: https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/12/17/pr19466-malaysia-imf-staff-completes-2020-article-iv-consultation-visit .

Lipietz A (1987) Mirages and Miracles: The Crisis of Global Fordism, Verso Ed. Recuperado de:

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Merino, G (2020) “El ascenso de China y las disputas estratégicas en los grupos dominantes de los Estados Unidos”, Brazilian Journal of Latin American Studies – Cadernos Prolam/USP, v. 19, n. 37, p. 44-77, out. 2020. Recuperado de: https://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/169135/163893

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Narodowski P y Zugbi  L (2020) Cuadro General de Indicadores Globales. Recuperado de: https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2020/11/cuadro-general-de-indicadores-globales.pdf

Schteingart D (2019)  El hilo de la semana ¿La pobreza en Chile es menor que en Argentina? Notas de periodismo popular. Recuperado de: https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/07/24/hilo-semana-pobreza-chile-argentina/

Zugbi L (2020) Notas sobre el cálculo de pobreza. Recuperado de: https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2020/11/metodologia-pobreza.pdf

El título refleja una preocupación recurrente de esta columna, porque se trata de un núcleo clave de la política económica que define la solvencia del sector externo.

Situamos reiteradamente la existencia de un escenario internacional favorable, caracterizado por la abundante liquidez definida por la fuerte política monetaria expansiva de los Estados Unidos y los estímulos a la demanda interna llevados adelante por China, que desembocan en una suba generalizada de los precios internacionales de los alimentos.

Abundancia de dólares y suba del precio de los granos y la carne son pilares que debieran construir un flujo de divisas extraordinario hacia la Argentina. 

De hecho, el superávit de balanza comercial con que cerró el año 2020 rondó en U$S 12.528 millones, acompañado del cierre del programa financiero de deuda pública con el sector privado que alejó los vencimientos pesados de deuda al 2025, existiendo además un riguroso control de cambios sobre la demanda de divisas para el atesoramiento.

Bajo estas condiciones, el año 2021 arrancó con un incremento en las reservas internacionales del Banco Central de apenas U$S 14 millones en el mes de enero.

Resultado magro si se tiene en cuenta que en dicho mes la liquidación de divisas provenientes de la exportación de oleaginosas y cereales fue de U$S 2.140 millones, un 32,6 % superior a enero de 2020.

El ciclo de flujo de divisas en la Argentina tiene una estacionalidad muy marcada. El primer semestre suele ser holgado en el ingreso de dólares, porque es el período en que se liquida el producido de las ventas al exterior por granos y otros productos primarios, en tanto que en la segunda mitad del año esa corriente se revierte por la mayor demanda de insumos para la producción que acompaña la mejora salarial de las paritarias, el aumento de consumo en primavera y las ventas masivas navideñas. 

La estacionalidad argentina revela entonces excedente de dólares en el primer semestre y escasez en el segundo, por lo que el Banco Central debe extremar recaudos para incrementar sus reservas en el inicio del año a fin de afrontar sin sobresaltos las demandas que haga la industria en la segunda parte.

Descripta esta situación, preocupa singularmente que el primer mes del año no haya mostrado un salto relevante en el nivel de reservas internacionales.

En este sentido, es imprescindible mirar con detenimiento lo ocurrido en 2020, donde se verifica la contradicción de una baja interanual de reservas internacionales de U$S 5.429 millones a pesar del referido excedente de la balanza comercial, el cierre del programa financiero y la vigencia del control de cambios, a lo que se agrega la fuerte recesión estimada en una caída de -9% PIB con que se desenvolvió la economía el año pasado.

La información proporcionada por el Banco Central sobre el mercado cambiario para el año 2020 permite observar que:

1. Ingresaron 12,8% menos divisas por exportaciones en el año 2020 respecto de 2019. La liquidación descendió de u$s 57.747 millones a u$s 50.357 millones en el año que concluyó.
2. En el año 2020, la diferencia entre las divisas por exportaciones efectivamente liquidadas al BCRA (u$s 50.357 millones) y las ventas al exterior embarcadas y registradas en Aduana (u$s 54.884 millones) alcanzó a u$s 4.527 millones. Cifra pendiente de liquidación que equivale al 8,2% del embarque.
3. Los pagos por importaciones aumentaron un 21,5% en 2020 respecto de 2019. Pasaron de u$s 34.303 millones a u$s 41.685 millones. La suba de erogaciones por compras al exterior en u$s 7.382 millones durante 2020 no se compadece con una caída estimada en el nivel de actividad de -9% del PIB.
4. Los egresos por cancelaciones de préstamos financieros externos fueron de u$s 11.003 millones, cifra muy elevada para tratarse de un año de reordenamiento de la deuda pública y privada en moneda extranjera.

El cuadro reseñado es complicado en varios aspectos:

1. El desaprovechar un escenario internacional favorable y las condiciones internas actuales para acumular reservas en el Banco Central, debilita los márgenes de maniobra del gobierno para ejecutar políticas públicas y también en la negociación con el FMI
2. El superávit comercial proyectado en el trienio 2021/2023 es de U$S 39.000 millones (Presupuesto de la Administración Nacional 2021), volumen que de concretarse debiera generar un fuerte aumento en las reservas internacionales del Banco Central a lo largo del lapso citado
3. Hay una situación de objetiva injusticia social en la medida que la contracción de consumo que sufre la sociedad no se refleje en dólares que se atesoren en el Banco Central. El año 2020 fue el de menor consumo per cápita de carne en un siglo, con menos de 50Kg anuales, sacrificio que no se tradujo en mayor nivel de divisas guardadas en el Ente Rector.

El Ministerio de Economía ha iniciado las negociaciones para regularizar la voluminosa deuda heredada del macrismo con el FMI. Lo trascendido hasta ahora no difiere en nada de un acuerdo clásico de “facilidades ampliadas” (“extended facilities”), que consiste en un alargamiento de plazos para el pago de las obligaciones entre 7 y 10 años, pero condicionado a alcanzar metas fiscales que necesariamente tienden a desembocar en programas de austeridad y reformas estructurales sobre el sistema de bienestar social en su conjunto.

Sin duda, una fuerte acumulación de reservas en el Banco Central mejoraría las posibilidades de negociación con el organismo multilateral, reduciendo las presiones para imponer condicionalidades a la política económica.

Esta semana el periodista Carlos Burgueño publicó en Ámbito Financiero lo siguiente:

“¿Cómo se pagarán el dinero en 4,5 años? El equipo de Martín Guzmán confía que para el 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis fiscal y comercial, y generara la suficiente confianza en los mercados internacionales como para poder volver a tomar deuda. En consecuencia, lo que esperan los negociadores con el FMI, es que no se toquen las reservas; y que estas permanezcan en aquellos hoy lejanos tiempos futuros, acumulando divisas para mostrar solidez cambiaria y fiscal a los mercados internacionales. Se descarta entonces, cualquier etapa épica como la de comienzos de 2005, cuando Néstor Kirchner anunció el pago de toda la deuda que el país mantenía con el FMI, y que llegaba a los u$s9.800 millones. Esa alternativa, por décadas, estará cerrada. Gobierne quien gobierne.”

De confirmarse esta información, el diseño de política económica para los próximos años se centrará en crear condiciones macroeconómicas para tomar deuda en los mercados internacionales y cancelar las acreencias con el FMI con nuevos créditos.

No parece ser un buen recorrido para la recuperación de la Argentina en términos de expansión del mercado interno y del consumo popular. Ese sendero asegura a los exportadores disponer del producido de sus ventas en moneda dura, al FMI salir del atolladero en que ingresó durante el gobierno de Macri y a los fondos de inversión contar con un buen cliente por mucho tiempo.

Ahora, ¿el pueblo volverá a comer carne?

https://www.eldestapeweb.com/economia/dolar/dolar-por-que-el-banco-central-no-acumula-reservas-2021261900

La pandemia originada por el Covid-19 afectó al trabajo y a la producción, que debieron readaptarse a nuevos protocolos que implicaron menos trabajadores empleados y menos horas de trabajo generadas. Según el INDEC, en el tercer trimestre de 2020 la tasa de actividad se ubicó en 42,3%, y la tasa de desocupación abierta en 11,7% para los 31 conglomerados urbanos en que realiza el informe. Si extendemos esos porcentajes a todo el país, eso significa que de los 45 millones de habitantes, la población económicamente activa se sitúa en unos 19 millones de personas y los desocupados (tanto formales como informales) en unos 2.220.000.

Por supuesto, hubo sectores de la economía más afectados que otros y se debe ver también el impacto regional, etario, de género, etc., pero en conjunto el problema del empleo es el mayor problema generado por el modelo agropecuario exportador, donde un sector minoritario se integra al mundo vendiendo alimentos con poco valor agregado pero a costa de encarecer la vida de la población. Es un modelo de acumulación de bajo nivel de inversión y fuga de capitales, generados por los que obtienen súper ganancias porque fijan los precios y crean pocos puestos de trabajo. Si no, preguntémonos cuantas horas hombre demanda una tonelada de maíz o de soja.

Tal modelo agropecuario exportador expande y genera altas tasas de ganancia en el sector por la diferencia abismal entre el costo de producción en la Argentina y el precio de los granos, harinas y aceites en los mercados internacionales, pero tracciona muy poco al resto de la actividad económica, cuando al mercado interno se destina más del 70% de la producción total de bienes y servicios y su consumo, configurando el principal generador de trabajo.

Prueba de lo que decimos es la relación entre el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y el empleo en la Argentina en el período 2003-2011, que fue de 0,36 puntos. Por cada punto que crecía el PBI el empleo lo hacía en 0,36, de manera tal que como en promedio se creció un 6,5% anual [1], con una Población Económicamente Activa (PEA) promedio de 16.300.000 personas, la creación de puestos de trabajo por año aumentaba en 381.420 [2]. Frente a una tasa vegetativa de crecimiento de la población de 1,7% anual (unas 277.100 personas que por año se integran al trabajo), en términos netos en 2003-2011 se reducía la desocupación a razón de 104.320 personas por año, por lo que en ese período se crearon casi un millón de empleos nuevos que absorbieron gran parte de la desocupación proveniente de la convertibilidad y de la crisis del año 2002 gracias a apuntalar el consumo interno en desmedro del sector externo, que aún así fue superavitario (las exportaciones superaron a las importaciones) cada uno de los nueve años, con un total acumulado en ese lapso de 115.409 millones de dólares corrientes.

No fue magia: el gobierno de Néstor Kirchner trabajó desde su inicio en incentivar a sectores productivos que demanden trabajo (construcción, industria, comercio, servicios personales, etcétera). No fue así en otros momentos históricos como el período 1880-1930, cenit del modelo agropecuario exportador en que la Argentina creció fuertemente pero la demanda de trabajo fue proporcionalmente menor [3]. En el pasado cercano, durante el gobierno de Menem hubo años en que el PBI se incrementó considerablemente pero en mayo de 1995 la tasa de desocupación abierta fue del 18,5%, una de las más altas de que se tenga registro.

El problema entonces no es crecer sino de qué manera se crece, cómo se genera y cómo se distribuye la riqueza. Desde que David Ricardo publicó en 1817 su libro Principio de Economía Política y Tributación sabemos que cuanto mayor renta hay (la diferencia entre el costo de producción y el precio del producto), peor es la distribución del ingreso. Por ende, por más que la Argentina crezca este año un 5,5% como está previsto en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2021, seguramente los sectores que más contribuirán al mismo serán el agropecuario y el financiero, que son los que crecieron en 2020 cuando el país todo se desplomó en una tasa que el ministro Martín Guzmán estima entre 10,5 y 12% del PIB, tal vez el mayor derrape de toda nuestra historia económica, donde por supuesto desciende aún más la elasticidad empleo-producto ante un PBI configurado a favor de quienes no generan empleo.

Es más, de continuar en las actuales condiciones se arrastrará un porcentaje de desocupación abierta de dos dígitos por años y años, con lo que significa sobre la presión a la baja de las remuneraciones para beneficio de una minoría que puede colocar su producción (básicamente alimentos) en el exterior y percibir divisas que el mismo modelo valoriza por demás y sólo frena con la suba de las tasas de interés, convirtiendo la situación en un paraíso para la especulación y la renta, donde ganan más con la suba del dólar o un plazo fijo que trabajando.

Por lo tanto, se producen serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la de acumulación del capital (qué parte de su ganancia destinan a invertir los empresarios), causa central del desempleo en los países atrasados. En estos casos la receta de bajar salarios no soluciona el problema, porque como en la amplia mayoría de los países no industriales, por la consolidación de las cadenas globales no se puede competir vía precios. El camino debe ser el de producir para el mercado interno, invertir en máquinas y equipos de última tecnología para generar puestos de trabajo y aumentar la producción y la productividad del trabajo.

Modelo agropecuario exportador y FMI

En primer lugar la Argentina no tiene un problema de restricción externa: no es que no podemos crecer porque faltan divisas, al contrario, las divisas deberían sobrar, de hecho en 2020 el superávit comercial fue de 12.528 millones de dólares y sin embargo las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones. Esto fue así porque empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC pagaron supuestas deudas externas, aunque seguramente tienen muchos más activos afuera que los 6.200 millones de dólares que el BCRA les autorizó a pagar. Es más, permitió a importadores pagar en forma adelantada (antes de que los productos ingresaran al país) por unos 5.000 millones de dólares, todo ello por cumplir con la legislación de la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz. La corrida cambiaria no debería existir si el BCRA priorizara la defensa de nuestra moneda, cuyo primer paso es “acrecentar las reservas internacionales”.

En segundo lugar debería trabajarse en un mayor control y supervisión del comercio exterior. Sin embargo se publicó el Decreto 949/20, que continúa delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios, en Hidrovía Paraná SA, sociedad cuyo principal accionista es la empresa Jan De Nul Group, con casa central en Luxemburgo, en lugar de que ese rol lo asuma el Consejo Federal de Hidrovía que conforman la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca del Plata. Incluso se propone en dicho Decreto que se emplee el canal Punta Indio y salida y entrada por el puerto de Montevideo, cuando en el acuerdo celebrado en 2015 en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, se decidió que todas las exportaciones que vinieran por el Paraná desembocaran en el canal Magdalena, bajo control nacional. (Pero el 4 de febrero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 33/2021 del Ministerio de Transporte que crea  la Unidad Ejecutora Especial Temporaria“Canal Magdalena,” que será la encargada de llamar a licitación y adjudicar. El llamado a licitación del Canal Magdalena podría definirse como la medida estratégica marítima más trascendente de los últimos cien años en la Argentina, afirmó El Cronista Comercial,el  23 de julio de 2014. Tanto en el Proyecto de Pedido de Informe del Senador Jorge Taiana, como en el fundado trabajo presentado por el llamado Grupo Bolivar, se plantea que el Canal Magdalena cuenta con todos los estudios técnicos aprobados así como también, la partida presupuestaria necesaria, en el actual presupuesto nacional.

Y en tercer término se debe modificar la Ley 27.541 de Emergencia Económica que puso como límite de la alícuota de los Derechos de Exportación (retenciones) para la soja el 33% y para el resto de los productos el 15%, cuando la soja incrementó su precio en el Mercado de Chicago –siempre comparando enero de 2021 con enero de 2020– en un 49% en dólares. El maíz lo hizo en un 39% y el trigo en un 36% en dólares, a lo que debe sumarse que el gobierno nacional devaluó el tipo de cambio comercial en un 51,2%, de 60,5 a 91,5 pesos en el período indicado, para permitir hacer un programa de retenciones por producto y por productor. Y ampliar dicha ley para que se declare la Emergencia Cambiaria, derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos luego de estar vigente desde 1964, con diez años de interrupción entre 1991 y 2001.

Las empresas multinacionales están relacionadas entre sí, no sólo en la finalidad comercial y de acordar precios sino también en los capitales que las componen. El mismo Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, reconoció que tiene parte del capital de YPF, de Glencore (dueño en la Argentina de Oleaginosa Moreno SA y del 50% del capital de Mina Bajo la Alumbrera) y participación en las empresas que operan en el mercado local: Mercado Libre, Tenaris (Grupo Techint), Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados (McDonald’s) y Adecoagro, que son parte de más de 17.000 empresas donde este fondo participa como accionista en todo el mundo. En el listado de las 100 primeras empresas que compraron dólares durante el gobierno de Cambiemos que publicó El Cohete a la Luna, sobresalen las firmas donde BlackRock es accionista: Telefónica (en el primer puesto), Mercado Libre, Siderar y Tecpetrol (Grupo Techint), Grupo Galicia, TGN, Pampa Energía, YPF, Monsanto, Procter & Gamble, entre otras.

Paralelamente, el FMI en el comunicado publicado en febrero de 2020 no sólo estuvo de acuerdo con el gobierno argentino sino que dio un paso más: aconsejó a los acreedores privados de la Argentina que aceptaran recibir menos dinero para restablecer la sostenibilidad de la deuda, lo que finalmente se consiguió. El FMI sostuvo que “se requiere de una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados”. Es cierto que es el principal acreedor de la Argentina y nuestro país es su principal deudor, pero en su rol de auditor de los acreedores cedió algunas piezas para ganar la partida, y ese triunfo está en modelar a nuestro país como un mero proveedor de alimentos y principalmente de forrajes, donde la participación del capital extranjero, esencialmente de los Estados Unidos, es fundamental. Sólo desde allí se puede explicar el Decreto 949/2020.

Propuesta

El único camino que se debe transitar es el que diseñó Néstor Kirchner: defender el mercado interno, el trabajo nacional y nuestra soberanía política. La deuda externa en general y con el FMI en particular nos subordina a los mercados internacionales y nos obliga a vender productos primarios. A nuestro país no lo beneficia exportar 39 millones de toneladas de maíz como se hizo el año pasado y que el precio promedio de la carne en el mercado argentino crezca un 75%, como sostuvo el Instituto Promotor de Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Lo que debe hacerse es garantizar el abastecimiento de maíz para el mercado interno y a un precio accesible a los productores y al consumo.

No es acordando con el FMI que se diseña un proyecto nacional. A partir de un proyecto nacional se puede acordar con acreedores y grandes empresas locales y trasnacionales.

[1] Con datos del INDEC de 2016, revisión dirigida y supervisada por su Director General, Jorge Todesca.

[2] 6,5% crecimiento promedio del PIB anual x 0,36 coeficiente empleo-producto = 2,34%. Multiplicamos esa tasa por la PEA promedio 2003-2011 de 16.300.000, significan 381.420 puestos de trabajo.

[3] Problemas del modelo agropecuario exportador: 1) No generaba puestos de trabajo; 2) Ataba al país a Gran Bretaña; 3) Se dependía del ingreso de divisas de los que nos compraban, incluso de las importaciones y del financiamiento, y fijaban el precio de lo que le vendíamos; 4) No permitía desarrollar otras actividades, ni otra integración comercial y financiera.

[4] El llamado a licitación del Canal Magdalena podría definirse como la medida estratégica marítima más trascendente de los últimos cien años en la Argentina (El Cronista Comercial, 23 de julio de 2014). Tanto en el proyecto de pedido de informe del senador Jorge Taiana como en el fundado trabajo presentado por el llamado Grupo Bolivar se plantea que el Canal Magdalena cuenta con todos los estudios técnicos aprobados así como con la partida presupuestaria necesaria en el actual presupuesto nacional.

El pasado es el futuro