La economía se contrajo un -13,5% en el lapso 2015-2020. Un lustro azotado por el macrismo y la pandemia, del que aún no se ha emergido. En el cuarto trimestre del 2020 la tasa de desempleo abierta es del 11%, persistiendo en el nivel de dos dígitos. La inflación minorista pronosticada para el primer trimestre de 2021 es del 10,4% y la suba de precios minorista en el rubro alimentos para igual período se estima en 12,5%.

La canasta básica total para febrero de 2021 se calculó en $57.997 y la canasta básica alimentaria en $24.575. El salario mínimo vital y móvil es de $21.600, el salario promedio del sector privado (RIPTE) en enero de 2021 asciende a $68.101. La remuneración mediana del sector privado a diciembre 2020 es de $80.381 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-SIPA).

La medición de la incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos que conforman un total de 9.300.000 hogares comprendidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) arrojó que 2.900.000 hogares (31,1%) se encuentran debajo de la línea de pobreza, con un ingreso promedio mensual de $29.657 sensiblemente inferior al costo de la canasta básica total. Dentro de ese conjunto existen 721.000 hogares (7,5%) cuyo ingreso mensual promedio de $12.864 los ubica bien por debajo de satisfacer el costo de las necesidades alimentarias mínimas. La EPH estima en un 42% de la población relevada a los ciudadanos en situación de pobreza y a 10,5% los que padecen indigencia. Si esta muestra se proyecta al total de la población estimada en 45 millones, los argentinos y argentinas pobres alcanzarían casi 19 millones.

En este marco el Gobierno decidió avanzar en el descongelamiento de las tarifas de gas, luz y alquileres. La agenda prioritaria en el Ministerio de Economía es alcanzar el acuerdo con el FMI y lograr reducir el déficit fiscal.

En la Cámara de Diputados, impulsado por su presidente Sergio Massa, ha avanzado el proyecto de rebaja de la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores. Una medida potente que surge como contra-cíclica del estrago económico y social con el que arrancó el 2021. Por ahora la única.

La situación se agrava porque, según los especialistas, la “segunda ola” de contagios masivos que pueden poner en crisis el sistema de salud se anticipó un trimestre: del invierno al otoño. El programa de vacunación que se esperaba desplegado en plenitud en el invierno para consecuentemente enfrentar con éxito la “segunda ola”, se ve urgido por la suba del número de infectados. Nuevas restricciones a la movilidad por razones sanitarias tienden a frenar la recuperación económica con la que el Gobierno espera superar el deterioro descripto.

Desde esta columna afirmamos que el Gobierno iniciaba el 2021 apoyándose en la incipiente recuperación del último trimestre de 2021 y alentando a que el sector privado tomara en sus manos la reactivación a través de la puesta en marcha del Consenso Económico y Social.

También cuantificamos que la política monetaria y fiscal expansivas ejecutadas durante el 2020 habían alcanzado límites en el marco del esfuerzo realizado y del Estado quebrado por la herencia macrista. Consecuentemente, se retirarían los estímulos a la demanda por esa vía.

El objetivo de la nueva etapa se centraba reestablecer los equilibrios macroeconómicos y acelerar un acuerdo con el FMI, en el marco de lo que el ministro Guzmán denominó “tranquilizar la economía”. Sin embargo, el sector privado no parece estar interesado en ningún acuerdo socioeconómico con el Gobierno ni con el segmento social que le permitió acceder a la Casa Rosada a la actual coalición peronista.

Ninguna de las fracciones importantes del empresariado productivo y financiero ha enviado señales de liderar un proceso de crecimiento potente de la actividad con eje en el mercado interno, más allá de ocupar paulatinamente la capacidad ociosa existente en el marco que la pandemia permita.

Es extraño que con un gobierno peronista de corte proteccionista en lo externo y promotor del consumo en lo interno, en un contexto internacional incierto y con un salario depreciado en dólares inédito, no se verifique un relanzamiento acelerado de la actividad.

Los planes de negocios de los agentes más poderosos giran en torno a la energía y los alimentos como bienes comerciables internacionalmente. Con esa matriz, a la que agregan otras actividades extractivas, imaginan la salida de la pandemia.

La ausencia de “pata empresaria” para un gobierno peronista es difícil a la hora de la elaborar políticas, máxime en el marco de una crisis monumental como la actual.

Ni la reestructuración de la deuda pública con el sector privado permitió que descienda el riesgo país y fluyan “dólares financieros” hacia la Argentina, ni las mesas de acuerdo favorecieron la disminución del precio de los alimentos, ni las audiencias públicas convocadas van a frenar los aumentos de las tarifas de energía.

La nueva agenda

La llegada anticipada de la “segunda ola” obliga al Gobierno a pensar en un cambio de las prioridades de agenda:

-Desvínculo efectivo de los precios internacionales de los internos en alimentos y energía;

-Acumulación en el BCRA de las divisas provenientes del superávit de la balanza comercial;

-Administración del comercio exterior en línea con una inserción internacional definida;

-Aumento de emergencia del salario mínimo y de la jubilación mínima;

-Acuerdo de estímulos a empresas medianas contra planes de negocios multiplicadores de la producción y el empleo;

-Acelerar al máximo los programas de obra pública.

Los tiempos se han enrarecido, la idea de llegar a las elecciones de medio término ordenando la “macro” mientras la economía se recupera a pleno con la vacunación y la acción privada, pareciera haber encontrado frenos. Es bueno tomar nota y si es necesario apelar al pueblo que nos respalda.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/economia-2021-es-imprescindible-un-shock-redistributivo-20214315550

Emilio Luque es un empresario de Tucumán que en octubre del año 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias y, además tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos. Todo ese proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses mediante los cuales suspendió el pago de los salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% del valor que le hubiera correspondido, que encima pagó en 13 (trece) cuotas.

Paralelamente, Emilio Luque adquirió los Ingenios Concepción y Marapa, con sus 3.400 hectáreas de caña, a la empresa Atanor en el año 2016, por 200 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el productor azucarero más importante de la provincia.  Por lo que no se entiende porque el Fisco, nacional y provincial, no auditan sus cuentas para saber cómo fue que generó esos 200 millones de dólares y como compró para sí, en los cuatro años de la gestión de Macri, 17.802.944 dólares, cuando no paga impuestos por esa suma y tiene deudas con la AFIP y, se infiere que, también tiene deudas con la Dirección General de Renta de la Provincia

De igual manera hay que llamarlo a Marcelo Midlin y decirle como hizo su grupo  económico “Pampa Energía” para comprar 903,9 millones de dólares, si no pagó impuestos a las ganancias en ese período en forma proporcional a ese monto.

El BCRA en un trabajo titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, sostiene que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron,  de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

Nunca se comunicó oficialmente quienes eran los que compraron dólares en la gestión de Macri, entre ellos y principalmente, los 100 primeros fugadores, pero el medio digital “El Cohete a la Luna” con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri”, afirma (y nunca fue desmentido ni por las empresas y personas invocada, ni por el BCRA), que entre esos grande fugadores de capital encabezan el lote Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[1], y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence este 30 de abril de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[2];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.  De hecho, desde el año 2003 hasta el año 2020 el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.712 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma obtenida por un brutal ajuste externo, se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país, pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria, no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.

La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial, le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites y en el año 2020  superó los 80 millones de toneladas, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente.

Pero no solo no hay control sobre la producción  y su exportación, sino que se declara una parte,  pero es importante la subfacturación de exportaciones y de esa forma se fuga.  En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial (declarado y no declarado) y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares.

No es justo que el pueblo argentino, que viene de sufrir las consecuencias del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, pague esa deuda. Primero, antes que nada, se debe auditar exhaustivamente como hicieron los Luque y los Midlin para comprar los millones de dólares que compraron.  Es más, de ese modo se debe recuperar gran parte de esa fuga para amortizar gran parte de la deuda con el FMI.

[1] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[2] Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia, y en el Banco Santander.

Esta semana se cumplieron 45 años del inicio de la dictadura cívico militar genocida. Las consecuencias de sus actos criminales y de vandalismo económico perduran hasta el presente, como una suerte de resiliencia perniciosa que el pueblo argentino, en más de 37 años de democracia, no ha podido extirpar a pesar de valerosos intentos en ese sentido.

Que Videla muriera en su celda purgando sus crímenes es un hecho reconfortante de la salud institucional de nuestro país. Algo que no ocurrió con pesados dictadores suramericanos como Pinochet o europeos como Franco, Oliveira Salazar o Pétain. Tampoco se desarrollaron en el resto de nuestro continente procesos profundos de Memoria, Verdad y Justicia que juzgaran los delitos de lesa humanidad en forma amplia, como sucedió en la Argentina.

El “partido militar” fue suprimido y pagó sus tropelías, pero la “columna civil” de la dictadura ha logrado sostener en el tiempo las aristas socioeconómicas del legado del 76.

El primer objetivo fue fracturar el frente nacional y popular, conformado por la alianza de empresas pequeñas y medianas de perfil industrial con los trabajadores formales asalariados y sindicalizados, cuyo patrón de acumulación lo conformaba un mercado interno potente y protegido por un Estado poderoso efector de bienes esenciales para su funcionamiento.

La represión brutal y el endeudamiento del Estado fueron las claves para desarticular al frente nacional y popular.

Liquidada la resistencia, los dólares que proveían los préstamos tomados por el Estado en el mercado internacional fueron transferidos a un reducido conjunto de empresas para que pudieran emerger como poderosos conglomerados constitutivos de una nuevo bloque homogéneo y dominante del escenario económico argentino.

La deuda pública y la fuga de capitales privada permitió que esa cúpula empresarial desvinculara sus planes de negocios del mercado interno y, por ende, romper definitivamente cualquier alianza con los trabajadores, cuya capacidad de consumo tendía a dejar de ser un factor de acumulación de rentabilidad.

Liquidado el conflicto capital-trabajo, se avanzó en amortiguar las diferencias sectoriales, como agro-industria, a partir de grupos empresarios que diversificaban sus campos de acción y, finalmente, la fuga de capitales permitió la trasnacionalización generalizada de los agentes económicos, resolviendo la dicotomía capital nacional-capital extranjero.

Grupo económico diversificado y trasnacionalizado era el modelo de negocios plantado por la dictadura cívico-militar. La contracara fue la ruptura del mercado interno amplio como patrón de acumulación, la consecuente disolución de la asalarización y sindicalización masiva como eje del empleo y, por último, un Estado quebrado por el peso de la deuda, arrebatándole al frente nacional y popular la herramienta a través de la cual viabiliza sus proyectos al llegar al gobierno.

La caracterización previa, el legado del 76, perdura como conflicto permanente hasta el presente y los actores empresarios surgidos entonces han hecho sentir su poder a lo largo de todo el ciclo democrático inaugurado en 1983. Clarín, Pérez Companc, Techint, Galicia-Braun, Bulgheroni, Arcor, Macri y otros, presionaron política y económicamente a todos los gobiernos constitucionales, que en la mayoría de las veces sucumbieron a sus pretensiones -excepto en el ciclo comandado por Néstor y Cristina que combatieron duramente contra el esquema descripto-.

Sin embargo, este conjunto de empresarios fue incapaz de conformar un proyecto de país que pudiera ser sustentable en el tiempo. La oligarquía de fines del siglo XIX estructuró un modelo agroexportador que mantuvo su vigencia incuestionada entre 1880 y 1930.

Los empresarios brasileños afirmaron un modelo industrial que se desenvolvió durante ocho décadas, desde Getulio Vargas hasta la tensión reciente a que lo somete Bolsonaro y cuyo desenlace es abierto. Los hombres de negocios poderosos de Chile, apoyados en la dictadura pinochetista, plantaron un modelo de apertura cuya vigencia de casi cincuenta años fue sacudida por el levantamiento popular del 2019, presentándose también un caso irresuelto.

Este empresariado sólo ha apostado un modelo de valorización financiera de los excedentes obtenidos de la concentración de mercados para luego fugar estas ganancias monopólicas al extranjero con las divisas provista por el endeudamiento estatal. Así se sumergió al país en crisis recurrentes y profundas como la de 1989 y 2001. Tampoco acompañaron las reformas de mercado de los 90 favoreciendo una fuerte extranjerización de la inversión y de la propiedad de las empresas.

Crecientemente se convirtieron en simples especuladores financieros dedicados a la depredación cíclica de la Argentina.

Durante el gobierno de Macri parecía que habían alcanzado la legitimación política de un triunfo electoral sin mediaciones y que por fin avanzarían en afirmar su proyecto vetado en distintos modos por el peronismo. Por el contrario, las maniobras especulativas llegaron al paroxismo, con un vertiginoso endeudamiento con el sector privado y luego con el FMI, fugando en cuatro años u$s 86.000 millones y habiendo tomado deuda pública por u$s 103.000 millones (u$s 59.000 millones en el mercado y u$s 44.000 millones con el FMI).

Tal fue el paralelismo con la dictadura cívico-militar por las políticas llevadas a cabo que reapareció el cinismo discursivo extremo de esa época. Los dictadores banalizaban sus crímenes horrendos con la frase “los argentinos somos derechos y humanos” y Macri se burlaba públicamente del dolor económico que le estaba infligiendo al país con su saqueo invitando a los argentinos a que “se enamoren de Christine”, refiriéndose a Lagarde, titular del FMI que suministraba los dólares para continuar la fuga.

En el presente le debemos una cifra monumental al organismo multilateral y a los fondos de inversión privados y el bloque primario de agro + energía reniega de considerar los bienes que produce como esenciales a la vida humana rechazando cualquier regulación. La mayoría de los argentinos ha perdido el derecho a comer lo que quiere, sobre todo carne. Además, una porción relevante de compatriotas ha resignado el derecho de comer en su casa.

La barbarie del legado del 76 está vigente y no hay fracción empresaria importante que quiera conformar una alianza con el gobierno de la coalición peronista ni con los trabajadores para recrear un circuito de producción y consumo virtuoso. Agazapados esperan el fracaso.

Tal vez es hora de enterrar el legado del 76 para siempre y recuperar definitivamente la Argentina. Si la democracia pudo acabar con el “partido militar”, ¿por qué no hacerlo con la “columna civil” de aquél entonces?

https://www.eldestapeweb.com/economia/neoliberalismo/los-efectos-economicos-de-la-dictadura-militar-la-barbarie-que-no-cesa-2021328052

“El PBI se conforma de Gasto Público consumo, inversión y comercio exterior. En los noventa se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de futbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción, y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones, y la economía vuela.”

Lo antes mencionado podría haberlo dicho un discípulo de John M. Keynes (economista ingles que interpeló a la economía clásica de principio del siglo pasado y que debido a su aporte en el campo económico los países lograron salir de la depresión causada por la crisis de 1929), pero no es el caso. Lo antes dicho lo pronunció Néstor Kirchner. Dicha política fue eje de la economía kirchnerista durante el primer y segundo mandato, sobre todo.

La ecuación no parece muy difícil de entender, si comprendemos que el mercado interno tracciona aproximadamente el 70% del PBI que generamos. Vale aclarar que si no se recupera el consumo no puede haber reactivación económica, lo que genera pobreza y desigualdad.

Ahora bien, para estimular el consumo interno, la sociedad necesita de pesos en sus bolsillos. El ancla que está actuando sobre ese consumo en la actualidad es el aumento sostenido en el precio de los alimentos. Veamos un ejemplo esclarecedor: el aumento de la carne. La misma aumentó en promedio en el último año Feb- 2019 vs Feb 2020 un 72,4%.

Antes de cualquier análisis hay que tener en cuenta que el año 2020 fue el año de mayor volumen de carne vacuna exportada en los últimos 50 años, pero a su vez el año de menor consumo interno. Hay algo señor lector que no cuaja.

Caso similar sucede con el maíz, que es hoy un insumo básico para cinco cadenas alimentarias esenciales (leche, huevos, pollos, carnes vacuna y porcina) y que ha aumentado mas de un 100% en pesos el valor de la tonelada en los últimos 7 meses.

La economía argentina necesita exportar, es necesario para llevar alivio a las cuentas fiscales. Pero no le sirve a la economía en su conjunto exportar de esta manera. Exportar a costa de cargarle a los precios locales, el precio de exportación. Ahora bien, adentrémonos a las explicaciones que da la mesa de enlace acerca de esta cuestión. La culpa del aumento la atribuyen a la carga impositiva a lo largo de la cadena alimenticia (argumentación clásica del empresariado argentino). Ahora bien, la inflación del 2020 fue de un 36,1%, el salario MVM creció un 33%, no hubo aumento de la presión fiscal, las tarifas estuvieron congeladas. Por lo tanto, cómo puede explicarse dicho aumento.

Como hemos mencionado, se puede juzgar la moralidad o ética de determinado sector, o empresariado, pero está dentro de la naturaleza capitalista, la maximización de las ganancias.

Si tienen que hacer eso a costa del hambre del pueblo, lo harán sin dudar. Debido a esto, es el rol fundamental del Estado. Un Estado que pide información sobre precios, el nivel de producción, las ventas y el abastecimiento de productos a las 1000 empresas más grandes, formadoras de precios, es un Estado que trata de articular las desigualdades que genera dicho sistema.

Lo antes mencionado no es suficiente, el Estado debe desacoplar los precios locales, de los internacionales. Para eso hay muchas alternativas, ya sea aumento de retenciones (segmentando las mismas) o cupos de exportaciones por ejemplo entre las medidas más convencionales. Lo más eficiente sería un organismo regulador del mercado de granos y alimentos. De esta forma se podrá regular no solamente el precio de los alimentos locales, sino también el mercado cambiario. Poniendo fin al manejo monopólico del sector agroindustrial, pero también del sector comercial, a través de las grandes cadenas de supermercados.

Se debe recuperar el poder de compra de los argentinos, pero no para que vaya a los grandes grupos agroexportadores, o a las grandes empresas monopólicas, sino para que aumente el tejido económico y productivo de abajo hacia arriba. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente para el dinamismo de la economía local. También es necesario que el sector industrial comience a despegar para generar el empleo necesario. Y para esto es fundamental el acceso al crédito. Si las inversiones no vienen por el sector privado, el Estado debe motorizar el acceso al crédito para dicho sector.

Hemos sido testigos que el kirchnerismo con todos sus errores (y también sus grandes aciertos) y otros movimientos nacionales y populares en América Latina han demostrado que se puede producir más bienes y servicios, crear empleo, que se distribuya el ingreso con mejoras en la participación de los asalariados en el PIB, con impulso a las economías regionales, con imprescindibles obras de infraestructura en todo el país, y con integración comercial entre los países latinoamericanos, partiendo de un shock distributivo, esto es poner plata en el bolsillo de la gente y evitar que las grandes corporaciones aumenten los precios y se queden con ese mayor ingreso y apuntalando al mercado interno y regional.

“La Argentina de los vivos se terminó”, indicó en varias oportunidades el Presidente Alberto Fernández. Para que se terminé la Argentina de los vivos, debemos operar de forma activa y no reactiva. Me refiero a que debemos tomar las medidas necesarias para cambiar la estructura social y económica de nuestro país de forma inmediata. Operar de manera activa implica entre otras cuestiones modificar la carta orgánica del BCRA (para evitar la fuga de dólares a través de toma de deuda), de esta manera cien empresas fugaron en la gestión macrista 24.679 millones de dólares. Implica establecer un sistema de retenciones viables, segmentadas de acuerdo al tamaño del productor, y que sobre todo favorezca no solo las cuentas fiscales, sino también resguarde el valor de los alimentos de los argentinos. Implica la creación de un sistema regulador del mercado de granos y alimentos. Implica tener control y seguimiento sobre la operatoria de la hidrovía Paraná-Paraguay, ya que desde allí se exportan casi el 75% de las exportaciones del país. Implica una real reforma tributaria, necesaria desde hace décadas. No nos permitamos naturalizar que, sobre estas tierras tan ricas, habiten un 40% de pobres.

Desde fines del siglo XIX, la sociedad argentina definió las reglas de juego de su convivencia. Descartada la monarquía, se eligió el sistema republicano de gobierno para que la división de poderes impidiera un retorno a los autoritarismos que pudieran burlar la voluntad de las mayorías.

Fue un buen intento, aunque nunca se logró la más mínima convivencia entre los sectores oligárquicos de poder y las mayorías populares, que lucharon por la supremacía de sus intereses.

Desde nuestra primer Constitución de 1853 hasta hoy, pueden entonces verse con claridad las distintas estrategias que las clases sociales han tenido en ese perímetro del orden jurídico, para predominar en la cruenta lucha por sobrevivir.

Resulta claro que los sectores populares se aferraron a un solo libreto posible: el voto soberano, la defensa el estado de derecho y, de última, salir a la calle.

Sin embargo, los sectores dominantes han manejado un inmenso abanico de alternativas que van desde el desconocimiento mismo del orden jurídico (1930, 1955, 1976), burdas proscripciones y fraudes, hasta las sutiles maneras de manipulación que significaron y significan hoy un ejercicio cruento del poder real.

Desde los años 80, la voluntad de imponer un modelo económico sangriento que deviene hoy en el más crudo neoliberalismo financiero, se desarrolló como un verdadero “modelo para armar”.

Sentadas las bases en los 90 –con complicidad, indiferencia y al menos ignorancia de los dirigentes del peronismo de todos los sectores– se entronizó al sistema financiero de los bancos como los verdaderos manipuladores de la piñata para pocos, lugar desde el cual jamás pudieron ser desalojados.

Pero eso no era suficiente, porque las reiteradas manifestaciones de la voluntad popular podían condicionar y a veces retardar para las oligarquías los procesos de dominación social.

El secreto, entonces, era (aunque el voto popular se impusiera), cómo manipular las reglas del juego, cómo imponer la voluntad de las minorías, cómo garantizar la impunidad de los poderosos, cómo lograr que se acepte socialmente que no existen premios y castigos, cómo mantener a las clases dominantes en zonas de confort inexpugnables, cómo fomentar la indiferencia, es decir, como seguir conservando el poder, aunque se pierda.

Los objetivos que había ahora que sumar eran obvios:  cómo manejar las voces y como dominar los jueces.

El dominio de las voces fue relativamente sencillo; dinero y audacia: dinero para comprar medios y audacia hasta para suprimir por Decreto la vigencia de una Ley de Medios.

Y esto hay que decirlo ahora: ante la indiferencia o complicidad de los gobiernos populares, vacilantes y timoratos por sus propios sistemas de alianzas electorales.

El dominio de los jueces fue una trama más compleja: había que lograr la colonización de los ingresos y ascensos a las estructuras del Poder Judicial, donde los gobiernos populares se extraviaron en las estrategias para el desempeño del Consejo de la Magistratura, la mayoría de las veces “cambiando figuritas” sin valorar la importancia vital que las decisiones judiciales tienen en la Política (la actual Suprema Corte de Justicia se integra con –la candidez– el voto de 25 Senadores del Frente para La Victoria, PJ).

Esa Corte que se ha reservado el derecho monárquico de decir lo que quiere, cuando quiere y sin fundarlo.

Estas son solo algunas de las incontables formas de manipulación y violencia aplicadas, a este esquema móvil que tiene la estrategia neoliberal del capitalismo financiero, forzando el orden jurídico y reservándose el derecho a la impunidad.

Y el manómetro que mide esa violencia tiene aún un largo recorrido por delante, que se adaptará a las posibles profundizaciones que los gobiernos populares se animen a recorrer.

Manejar los precios y abastecimientos de los alimentos básicos de los argentinos, por ejemplo, puede estar en sus planes. Tienen con qué.

Pero ningún hecho político perdura sin un ambiente cultural que lo acepte. Hasta ahora nuestras voces son débiles y dispersas. Demasiados coristas desafinan.

Hoy gobernamos por decisiones esclarecidas, que hay que apuntalar en la lucha diaria.

El avance sostenido de alivios para el pueblo, la imposición de conductas políticas coherente y el predominio de su relato histórico indispensable, requerirá nuevas voluntades, nuevas fuerzas, nuevos sueños.

En este mes de marzo se cumple un año desde que comenzó el impacto de la pandemia de coronavirus en América Latina. Hemos construido dos cuadros de indicadores para evaluar los efectos de la propagación del virus en los tres países más relevantes de la región por superficie, población y tamaño de sus economías.

El cuadro que continúa detalla los principales índices del recorrido sobre la salud de las poblaciones que ha seguido el COVID-19 hasta el presente.

Impacto Sanitario                  ARGENTINA      BRASIL       MÉXICO

Escucho nuestra música, tangos (también podría extenderlo al Folklore), que demuestran que este país tuvo su personalidad, su característica definida, que miraba hacia adentro, profunda y lentamente generando su propia cultura, autores como Homero Manzi, Enrique S. Discepolo, Enrique Cadícamo, Celedonio Flores, Catulo Castillo, Pascual y José María Contursi, compositores como Sebastián Piana, Juan C. Cobián, Gerardo Matos Rodríguez, Ángel Villoldo, Lucas Demare, Mariano Mores, orquestas (y también grandes compositores) como la de Don Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Osvaldo Fresedo, Juan Darienzo, la dupla Ángel Vargas con Ángel Dagostino, cantores como Héctor Maure, Nelly Omar, Floreal Ruíz, Jorge Casal, Roberto “Polaco” Goyeneche, Edmundo Rivero, Francisco Fiorentino y Alberto Marino, en fin, una pléyade de artistas que reflejaban nítidamente el cultivo del espíritu humano alcanzado.

Bien, ese país de la década de 1940 y 1950, se basaba en el mercado interno y en la defensa acérrima del trabajo y la producción nacional, los impuestos gravaban principalmente al comercio exterior y a los beneficios empresarios, a las ganancias de capital, al exceso de beneficios y a la riqueza personal.

El golpe de Estado de 1955 no pudo cambiar el modelo económico pero si hizo más regresivo el sistema tributario alcanzando más al trabajo que al capital, sin embargo como la economía dependía del consumo interno se cuidaron de “no matar la gallina de los huevos de oro” y, dado que los empresarios aumentaban sus precios, por un lado se incrementó el impuesto al consumo, y por el otro,  incurrían en déficit fiscal que a su vez se monetizaba profundizando el proceso inflacionario, que se corregía con periódicos incrementos salariales y, dada la estructura impositiva el país crecía  en valores nominales cuando los precios lo hacían en forma más que proporcional (impuesto inflacionario).

En un sentido estricto las reglas sociales vigentes en la esfera económica se denominan instituciones económicas (propiedad, contrato, esquema impositivo, etc.). La consideración conjunta de reglas sociales y técnicas en la esfera económica, es lo que los estructuralistas latinoamericanos usualmente denominan estructuras económicas, por ende el sistema impositivo iba reflejando el cambio estructural que implicaba la puja constante entre los salarios y los precios.

Es el golpe militar de 1976, con intentos frustrados antes, como el llamado “Rodrigazo”, el que logra tras una brutal represión destruir ese modelo virtuoso que amalgamaba los intereses de los empresarios con el mercado interno, para proponerse insertar en el mundo con la producción primaria y algunos enclaves industriales, implicando con ello la incapacidad de generar trabajo y trabajo de calidad, y la dependencia de insumos, tecnología y financiamiento del exterior.

Diseñaron un país que se abre al comercio internacional “regalando” su mercado interno, baja los aranceles y sube la tasa de interés para castigar el trabajo y la producción local (haciéndolos competir de manera desventajosa), y premia el ingreso especulativo de capital. Este diseño significó y significa el trillado camino de la dependencia y el enriquecimiento de una minoría, a costa de la población y su futuro.

Entonces si se cambia el eje económico, la política tributaria se hace funcional a ese cambio y se grava cada vez más al trabajo, al consumo y a la población, mientras que el Estado reduce su participación en el PIB. David Ratto publicista de la dictadura militar hilvanó la frase “Achicar al Estado es agrandar la Nación”, para que el que determine las reglas sea el capital privado.

Salvo la honrosa gestión del Ministro Bernardo Grinspún en 1984, durante 27 años se llevó adelante la misma cantinela y el resultado no pudo ser otro que la implosión en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

El ajuste fiscal implicó menores gastos en educación y salud, en obras y en tecnología, en un Estado cada vez mas ausente, que menos gravaba a los ricos y proporcionalmente la mayor recaudación quedaba a atada al consumo (IVA, impuestos internos, combustible) y al salario, donde entra a jugar un mínimo no imponible ridículo que hace que paguen impuesto a la ganancia cada vez más trabajadores, mientras paralelamente los sectores beneficiados por el modelo tienen argucias legales y no legales para no pagar el gravamen, sino que nos digan cuando pagaron por año del Impuesto a las Ganancias las cien empresas que fugaron 24.769 millones de dólares como informó el BCRA, durante los cuatro años de mandato de Mauricio Macri,

Solo con el kirchnerismo y después de la hecatombe volvió a crecer la economía y mejoró la participación de los asalariados en el ingreso, y también se incrementó la participación del Estado en el PIB,  de representar el gasto público consolidado solo el 27% en el año 2002, pasa a ser de más del 40% en el año 2010 por ejemplo, lo que permitió acrecentar la obra pública, los gastos en educación, en investigación y en salud, y sobre todo una estrategia estatal de orientación de la economía, que estimulaba la producción y el trabajo.  Dicho gasto fue financiado básicamente con impuestos.  El total de la recaudación tributaria nacional de la Argentina  2010 fue de $ 409.899,6 Millones,  en dólares serían más de U$s 100.000 Millones, suma que es casi el doble del año de mayor recaudación del plan de convertibilidad del peso de los años 1991-2001 y,  de los gobiernos que vinieron después, de Macri y de Alberto Fernández, cuya recaudación no superó nunca (la recaudación es en pesos) equivalente a los U$s 60.000 Millones anuales.

De esa manera la presión tributaria nacional en al año 2010 fue del 28,7% del PIB, que es un 11,8% superior al promedio de los años 90, en que la presión tributaria nacional era del 16,9% de la producción anual y, en el año 2020 fue del 22,4 % del PIB, incluyendo contribuciones previsionales en todos los casos.

SCHOCK DITRIBUTIVO

Con todos sus errores (y también sus grandes aciertos) el Kirchnerismo en la Argentina (y otros movimientos nacionales y populares en América Latina) lograron demostrar que se puede producir más bienes y servicios, crear empleo, que se distribuya el ingreso con mejoras en la participación de los asalariados en el PIB, con impulso a las economías regionales, con imprescindibles obras de infraestructura en todo el país, y con integración comercial entre los países latinoamericanos, partiendo de un shock distributivo, esto es poner plata en el bolsillo de la gente y evitar que las grandes corporaciones aumenten los precios y se queden con ese mayor ingreso y apuntalando al mercado interno y regional.

Como podemos aceptar que el INDEC nos diga que en el mes de febrero 2021 una familia compuesta por el matrimonio y dos hijos en edad escolar necesita un ingreso mensual de $ 58.000.- para no ser pobres y, el salario mínimo vital y móvil, que es operativo sobre todo en el interior del país y en el tercer cordón bonaerense, sea de $ 21.600  por mes y para un jornalero $ 108.- por hora.  Que la jubilación mínima y el 60% de los jubilados y  pensionados cobran la mínima o cerca de la mínima, sea de  solo $ 20.571.- mensuales.  Trabajan y son pobres, trabajaron toda la vida y son pobres.  El salario mensual promedio en blanco en la Argentina actual supera levemente los $ 60.000.-  unos 600 dólares, cuando era el doble en el año 2010

Es más en un inteligente indicador, percibiendo el salario mínimo vital y móvil en el año 2002 se podía comprar 34,1 kgm de asado.  Con Kirchner se llegó a comprar con el ese salario mínimo 109 kgm de asado y, en febrero –marzo del 2021 solo 34,1 kgm de asado.

Se exporta lo que consumimos, por eso el ajuste económico, lo demuestra clara y palpablemente el precio de la carne vacuna. En el año 2020 según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se faenaron 3.163.000 de toneladas de res con huesos, se exportó por 900.609 toneladas a China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipina, Vietnam, Taiwán y Hong Kong, destinándose al mercado interno 2.276.000 toneladas, a razón de 200.000 toneladas por mes. El Consorcio ABC liderado por el Frigorífico Rioplatense SA de la familia Constantini, realiza el 80% de las exportaciones de carnes argentinas, por lo que al exportarse toda la res, el precio interno se incrementó sobre manera, reduciendo el consumo per cápita anual de carne vacuna en la Argentina a solo 50,1kgms por habitante, el más bajo de los últimos cien años

Un modelo extractivista y agropecuario exportador no necesita de muchos trabajadores y sí requiere reducir el Estado y el mercado interno.  Que no se controle nada, por eso no dejaron que el Estado intervenga en Vicentin SAIC y ahora pretenden renovar la licitación de la mal llamada hidrovía del Paraná y que el Estado nacional y provincial no participe mediante el Decreto 409/2020.

Como se puede aceptar que se discuta el precio de las tarifas de los servicios públicos, que son una parte relevante no solo del gasto de las familias sino de los costos de producción, logística y comercialización del entramado productivo y, dado el grado de concentración entre extractivistas, transportadores y distribuidores de gas, se termina aceptando la propuesta de ellos, cuando no se sabe cuál es el costo real de la extracción del petróleo o del gas, obviamente no es lo mismo extraerlo de cuencas ricas en ambos, que sacarlo debajo de la plataforma marina.

En el caso del gas, que en la semana del 15 al 19 de marzo se realizan las audiencias públicas de la Secretaría de Energía de la Nación y del ENARGAS, después del tarifazo de la gestión de Macri que, explica porque dentro de las cien empresas fugadoras de capital de esa gestión, están las mismas compañías que en la etapa de extracción (producción) de gas son: YPF (sociedad mixta), Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol (de Techint) , Apache y Chevron.  En el transporte Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekían, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin y Joseph Lewis y de las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país. Y en la distribución es manejado por nueve empresas que son Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea. En  un informe del año 2018 la fundación FIEL (cuna del liberalismo en la Argentina) concluyo que durante los primeros dos años de gobierno de Macri esa transferencia  alcanzó a U$s 16.000 millones, equivalente a 5 puntos del  PBI.

La pobreza de más de un 40% de nuestra población se refleja en la riqueza y fuga de menos del 2% de los que viven en este país.

Si queremos tener un destino y un país más justo, donde no convivamos con la degradación de la pobreza, hay que llamar a los responsables de las primeras cien empresas que fugaron 24.679 millones de dólares durante el macrismo y que el gobierno sabe quiénes son e inquiridles cómo amasaron esa fortuna y cuanto de la misma declararon y pagaron el impuesto a las ganancias.  Y no hacer de cuenta que acá nada ha pasado como pretenden y han hecho con la deuda generada en la dictadura militar y con la pesificación asimétrica de su deuda en dólares en el gobierno de Duhalde.

Sigo escuchando tango y me digo a mi mismo y le digo a mí país, la primera estrofa de “Nieblas del Riachuelo” de Cobián y Cadícamo:

“Turbio fondeadero donde van a recalar, barcos que en el muelle para siempre han de quedar… Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar… Torvo cementerio de las naves que al morir, 
sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir… “

EconomíaEste fue un país maravilloso