En medio de la crisis derivada de la pandemia, con el 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, el gobierno sigue permitiendo que en los alimentos que producimos se igualen los precios internos con los externos.

La botellita de 900 cc de aceite comestible mezcla se vende en Ámsterdam (puerta de entrada a Europa) a 1,8 euros (unos 2 dólares) y en la Argentina, donde se produce, sin costos de embalajes, transporte y aranceles, la misma botellita se vende a 200 pesos.- La diferencia es que el salario promedio en la Argentina según RIPTE, que es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo, era en enero (último dato disponible) de 68.100,73 pesos, menos de 700 dólares por mes, en tanto en Europa central el salario promedio es de unos 3.200 euros (unos 4.000 dólares) y en los Países Bajos de 4.433 euros mensuales, por ende en Holanda esa botella significa el 0,04% y en la Argentina el 0,3% del salario promedio mensual.

Peor aún, el gobierno nacional arribó a un acuerdo con CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales) por el cual no se le aumenta la tasa del derecho de exportación (retenciones) y no se cierran los registros de exportación en las ventas de soja, girasol, harinas y aceites del complejo aceitero a cambio de que garantice la venta de 29 millones de litros de aceite de soja y girasol en el mercado interno al precio citado.

Sabemos por el Presidente de CIARA-CEC y conspicuo representante del CAA (Consejo Agroindustrial Argentino), Gustavo Idígoras, que pretenden renovar el acuerdo pero también que el gobierno les reduzca la alícuota de retenciones (12% en general y 30% para la soja), cuando la principal medida para desacoplar los precios internos con los externos de lo que se produce es exactamente la contraria: subir el derecho de exportación. El pretexto de los establecimientos agro industriales es que deben importar soja y otros granos de países lindantes (principalmente Paraguay, que exporta más soja de la que produce), y que tienen capacidad ociosa en la industria aceitera y producirían más si bajan las retenciones.

Mientras ellos deben importar soja y otros granos, en 2020 la Argentina exportó 39 millones de toneladas de maíz. El único trabajo fue recolectar los choclos y desgranarlos. No se le agregó ningún otro valor y se vendieron montañas de granos de maíz.

Paralelamente, en la revista FORBES, que publica sobre los hombres más ricos del mundo, aparecen los dueños de las cinco grandes acopiadoras y exportadoras de granos y aceites: ADM, Bunge Cerval, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore, todas ellas con sede en los Estados Unidos y con puertos propios en nuestro Río Paraná. También aparece, con una fortuna de 2.400 millones de dólares, Gregorio Pérez Companc, que tiene las firmas Molinos Río de la Plata y Molino Agro y grandes extensiones de tierras; y Roberto Urquía, presidente de Aceitera General Deheza, con un patrimonio de casi 1.000 millones de dólares.

Los datos duros permiten entender por qué hicieron hasta lo imposible para que Vicentin SAIC, que tiene deudas con el Banco Nación, la AFIP y la ANSeS, no sea una empresa mixta y de esa manera co-administrada por el Estado. No quieren que el Estado entre al negocio y sepa cómo se hace. Por eso el Decreto 949/2020 de reprivatización de la mal llamada hidrovía del Paraná es defendido por los principales referentes de las cadenas de exportaciones, por ejemplo el presidente la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou, quien en un reciente seminario sobre Hidrovía en la Cámara de Diputados de Santa Fe afirmó que “el concesionario debe ser quien cobre el peaje y no el Estado, (porque) sabemos lo que sucede después”. O el director ejecutivo de la Cámara del Acero y representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), Carlos Vaccaro, quien cuestiono la intención de que el Estado intervenga y aseguró que “no hay razón para cambiar algo que funcionó exitosamente 25 años”. Omitió aclarar para quién fue beneficioso. Para el pueblo argentino, que ve día a día cómo aumenta el precio de los alimentos, claramente no lo fue.

En la misma revista, con un patrimonio superior a los 800 millones de dólares, figura Eduardo Costantini, que tiene emprendimientos inmobiliarios y pertenece a la familia dueña del Frigorífico Rioplatense, que conforma el Consorcio ABC de exportadores de carne vacuna y realiza el 80% de esas ventas al exterior. “No tenemos la financiación, tenemos una tasa de inflación que es inconsistente con cualquier crecimiento de largo plazo, porque vos no podes trabajar con todos los precios regulados y por ahí con un 30 y pico o 40 y pico por ciento de inflación anual. Las tarifas públicas tienen que pisarlas porque si no se cae el salario real, 42% de pobreza… no funciona ese sistema económico”, dijo Constantini a FORBES. Lo que no dijo es que el precio de la carne vacuna aumentó un 75% en el mercado interno argentino durante 2020, como asevera ROSGAN (mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias). Se queja de la inflación que ellos mismos generan y de la que se benefician.

Por supuesto, ambos agrupamientos (CIARA-CEC y Consorcio ABC) prometen para 2021 un incremento del 30% en los envíos al exterior, con tres condicionamientos:

• Que se reduzcan las retenciones;
• Que se vuelva a licitar el Río Paraná (“Es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que va a ser financiada íntegramente por el sector privado” y no debe entrometerse el Estado, dice Idígoras, como si el Paraná no nos perteneciera a todos; y
• El plan de promoción de las exportaciones 2021 de la Cancillería, que tiene prevista una batería de 657 acciones comerciales en ferias y mercados en todo el mundo, allí sí con apoyo explícito y gasto estatal.

Paralelamente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, coincidió con los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la necesidad de sostener los niveles de actividad del sector manufacturero a pesar del recrudecimiento de la pandemia de coronavirus. El funcionario se reunió virtualmente con la Junta Directiva de la UIA, donde se habló sobre los cuidados sanitarios estrictos en las empresas. Además se planteó la necesidad de priorizar la vacunación a sus trabajadores para que las industrias no paren.

A su vez, por resolución conjunta 4/2021 de los ministerios de Salud y de Trabajo, los empleadores “podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores” que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas” contra Covid-19 “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”. Quienes no hayan podido acceder a la vacuna se verán obligados a justificar el porqué mediante declaración jurada.

Y lo mismo podemos extender a la tozudez del Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias de seguir dando clases presenciales contra viento y marea para que las escuelas funcionen como guarderías de niños y adolescentes y los padres puedan ir a trabajar.

El problema es complejo porque con los niveles salariales logrados por los gobiernos de Macri y, pandemia mediante, de Alberto Fernández, cumpliendo con la exigencia que le hiciera Paolo Rocca a la Presidenta Cristina Fernández en 2015, las remuneraciones ya son menores a las de Brasil: en 2015 el salario promedio según el RIPTE era de 15.600 por mes –a un dólar promedio de $9,10 significaban 1.736,26 dólares–, en tanto en enero 2021 era de 700 dólares mensuales, tras una devaluación de nuestra moneda de 1.000% reflejada en el incremento del Índice de Precios al Consumidor del INDEC; el salario promedio en Brasil, por su parte, bajó de ser el equivalente de 1.400 a 1.200 dólares por mes.

El drama de la pobreza

La Argentina no es un país pobre, es severamente injusto. Sólo así se explica que 50 familias argentinas integren la lista de los más ricos del mundo mientras más de 19 millones de residentes en nuestro país vivan bajo la línea de pobreza y 4.700.000 en la indigencia. El drama reside en cómo se afronta la situación de la población que no cuenta con recursos y si no trabaja no come, a lo que se suma el hacinamiento de las viviendas, la falta de agua corriente, etc. Ese drama no se soluciona solamente con chicos comiendo en la escuela (servicio que debería mantenerse con todas las medidas preventivas), ni con el IFE (que es indudablemente una ayuda) o con otras medidas asistenciales sino fundamentalmente –ante un Estado deficitario y endeudado– redistribuyendo el ingreso.

El Estado Nacional cobra en cuenta gotas la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario que alcanza a unas 13.000 personas, menos del 1% del total de contribuyentes que presentan anualmente la declaración del impuesto a los Bienes Personales, que poseen sus bienes en el país y en el exterior, más los residentes en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país, en ambos casos cuando al 18 de diciembre de 2020 excedieran los 200 millones de pesos. La recaudación estimada será en torno a los $420.000 millones (menos del 1% del PIB argentino) cuando las cuentas de la Administración Nacional fueron deficitarias en $2,3 billones en 2020 y se estima en la ley de Presupuesto 2021 (que no preveía esta segunda ola de Covid) que el déficit fiscal será de $1,5 billones.

En ese marco y en medio de la segunda ola se deben tomar medidas drásticas y de urgencia que den debida respuesta al problema y que básicamente son:

• El Estado Nacional se obliga a pagar una tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas la tenencia de LELIQ (letras de liquidez del Banco Central) que al 31 de marzo 2021 alcanza a $1,9 billones. Esa suma se destina a la población beneficiaria del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a las pequeñas y medianas empresas, y al propio Estado.
• Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Ese informe dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.769 millones de dólares. Hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle “señores, ustedes no pagaron impuestos a las ganancias y otros por el monto de dólares que compraron. ¿De dónde extrajeron esa suma?”. Con lo cual, además de la necesaria y perentoria recaudación se lograría avanzar sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.
• Recuperar la administración del Río Paraná y fiscalizar los ingresos y egresos cobrando los aranceles y derechos de exportación, que a su vez deben incrementarse sideralmente en torno al 35% de alícuota para los productos primarios mientras dure la pandemia.

Ante la crisis la cuestión no es administrar sino invertir, priorizar la vida y la salud de la población, y los que más están en riesgo son los que menos recursos tienen. Por ende es indispensable y urgente implementar medidas de redistribución, sacarle a los que más tienen y abastecer al pueblo de vacunas, medicamentos y asistencia social por lo menos en lo más agudo de la pandemia.

Pandemia y economía

En teoría impositiva se considera que un gravamen es progresivo si paga más el que más tiene, más para la Argentina que desde hace muchos años tiene un sistema tributario sumamente regresivo y que no respecta el párrafo final del Art. 16 de la Constitución Nacional que dice expresamente al respecto: La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Decimos esto porque según los datos de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Nación, la participación de los impuestos con carácter progresivo –tales como el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales[1], que cuentan con escalas que discriminan de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes— cayeron fuertemente en su recaudación en los cuatro años de la gestión de Cambiemos y no se recuperaron en el año 2020 porque la pandemia del Covid-19 provocó mucho más quebrantos que utilidades.

El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total de la Administración Nacional en 2015 al 21,8% en 2019 y al 20,2% en el año 2020. El Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019. El IVA, por ejemplo pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30% en el año 2019 y a un 30,2% en el año 2020, un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables.

Peor pasa en las  provincias argentinas que por la Constitución Nacional son las encargadas de recaudar los impuestos directos y, el impuesto inmobiliario rural es solo el 0,3% del PIB, siendo la mayor fuente de recursos de las Provincias el Impuesto a los Ingresos Brutos (que es a las ventas y se traslada al consumidor final) que representa el 70% de la recaudación provincial en promedio.

La presión tributaria nacional (incluyendo contribuciones previsionales) es de aproximadamente el 22,4 % del PIB, más un 6,5% de los impuestos provinciales, rondaría el  28,9% del PIB,  es mayor en general que la de los países latinoamericanos (esencialmente México que la presión tributaria es muy baja) pero menor que en Brasil. Incluso es superior a la de los EEUU, con el agravante que en los EEUU existe cierta proporcionalidad en la recaudación entre impuestos a la riqueza (patrimoniales), a las ganancias (rentas) y al consumo y la actividad, es de aproximadamente un tercio para cada división, por un lado y, por el otro, ese país, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, observamos que el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estado la presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

En la Unión Europea la presión tributaria promedio es del 40,2%, países como Suecia tienen una presión tributaria del 48,9% con un eficaz sistema de administración tributaria donde las autoridades no solo exponen los datos de los más pudientes, sino que también desvelan los de todos los contribuyentes, permitiendo que cualquiera pueda enterarse de lo que gana un sueco y como contribuye con el Estado.

La presión tributaria en Alemania es del 39,3% del PIB, Reino Unido 33,1%, Francia 46,4%, Italia 42,3% y España 36,5%, pero en la mayoría de ellos se respeta (salvo España y los países del Este europeo) cierta proporcionalidad de un tercio por gravamen al patrimonio, un tercio por rentas y un tercio por consumo.

Estructura de los ingresos tributarios del gobierno general por tipo de impuesto, 2018, países escogidos (en % del PBI)

Fuentes: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Ministerio de Economía de Argentina, y OECD Statistics.

MODIFICACION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Primero ya es ley la modificación del Impuesto a las Ganancias para la IV Categoría (trabajo personal) que estableció un mínimo no imponible de $150.000 brutos mensuales, a lo que se le suma la desgravación de los gastos realizados en jardines maternales privados y se permite también computar a cuenta de Ganancias todo gasto en «provisión de herramientas educativas para los hijos» y en «pago de cursos de capacitación o especialización» hasta un tope de $ 5.590 por mes. Como es ley las retenciones a cuenta del impuesto que hicieron las empresas a los que al elevarse el mínimo imponible y cobran menos de $ 150.000 en bruto por mes (unos $ 124.000 netos) se le debe devolver con el sueldo de abril 2021 dichas retenciones.

Y ahora, el 8 de abril de 2021, el gobierno de Alberto Fernández remite al Congreso de la Nación, el Proyecto 0002-PE 2021 que básicamente reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar alrededor del 90 por ciento de las empresas, que es el universo que conforman los pequeños y muchos de los medianos establecimientos.

Se estima que existen en el país alrededor de 406.000 empresas registradas en Argentina en sectores industriales, de comercio y de servicios. La mayor parte de estas firmas corresponden al segmento de microempresas (70% del total), le siguen en importancia por su número el segmento de Pymes, con 113.600 empresas (28%), y el de grandes empresas, con más de 8 mil compañías registradas (2%).

La idea es revertir la reforma tributaria del macrismo y hacer una segmentación: Casi el 90% de las empresas, que la mayoría son pymes, van a bajar la alícuota del Impuesto a las Ganancias de 30% a 25%, las grandes seguirán pagando 30% como fue en el año 2020 y las muy grandes, que son unas 1300 empresas, pagaran 35%.[2]

La nueva propuesta prevé que la tasa del 25 por ciento será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5 millones de pesos anuales[3], alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas. El proyecto garantiza la sostenibilidad fiscal porque aumenta la alícuota sobre las empresas que más ganan. Por ello la tasa del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales y, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%, quienes pagarán igual o más y de esa manera compensan los menores ingresos esperados de casi el 90% de los establecimientos y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las personas físicas (IV Categoría).

La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión. Que bajaba un cinco por ciento por año la alícuota general, para los años 2020 y 2021 llevaba la alícuota al 30 y al 25% respectivamente.  Reforma que el mismo Macri suspendió en el año 2019, por lo que el Gobierno de Alberto Fernández fijó para el año 2020 una tasa general del 30 por ciento.

El proyecto 0002-PE-2021 es un paso importante para una justicia redistributiva que alivia a las pymes, que son las que generan trabajo y, hace que la recaudación se base en la ganancia de grandes empresas que son dominantes en sus mercados y son las que se le incrementa la alícuota al 35%. Este cambio de situación, agiganta la labor de la AFIP para controlar que no trasladen a sus precios el incremento en la alícuota del impuesto a las ganancias.

En la Argentina, la recaudación del Impuesto a las Ganancias a las personas físicas representa aproximadamente la tercera parte de la recaudación total del gravamen[1], pero las personas físicas no pueden trasladar ese costo. En cambio, las empresas que tienen una posición dominante si pueden terminar transfiriendo parcial o totalmente el gravamen.

El problema es que en la Argentina, la gran mayoría de las grandes empresas, tienen posición dominante en su mercado. Si Techint tiene que pagar un impuesto a las ganancias del 35%, va a trasladar ese impuesto al costo de los caños sin costura que sólo ellos producen y, lo mismo sucede con la mayoría de las grandes empresas que son predominantes y fijan precios, pensemos en la producción y venta de combustible, cemento, aluminio, arroz, fideos, aceite, carne, productos de limpieza, etc., donde es una, dos o tres empresas las que fijan el precio, de allí que debe mejorar notablemente el control fiscal para evitar que sean los consumidores los que le paguen el impuesto a esas grandes empresas.

[1]  Que grava los patrimonios por encima de los $2 millones.  La Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva incrementó el impuesto sobre los Bienes Personales y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, en caso de verificarse la repatriación. Pero no hubo cambios en este año 2021, por lo tanto las alícuotas que se mantendrán van de 0,5% a 1,25% para los bienes en la Argentina y de 0,70% a 2,25% para los bienes en el exterior.

[2] La reforma tributaria sancionada en el año 2017, preveía una alícuota general del  25% para este año 2021, por lo que  las empresas  de mayor facturación se les elevó el gravamen.

[3] Importe que se ajustará todos los años por el IPC (Indice de Precios al Consumidor) del INDEC.

[4] En el año 2020 fruto de la pandemia, se cayó aún más las declaraciones de ganancia de las empresas y por ende es probable que la IV categoría que es el impuesto al ingreso personal, haya representado el 40% de la recaudación.

La columna pasada planteamos la necesidad imprescindible de un shock redistributivo ante los datos de pobreza e indigencia del año 2020 informados por el INDEC. La Encuesta Permanente de Hogares (EPA) proyectada al total de la población arroja que 19 millones de argentinos y argentinas se encuentra bajo la línea de pobreza.

Un determinante de la insuficiencia de ingresos populares es la suba del precio de los alimentos, por encima del promedio de la inflación minorista.

El cuadro que continúa revela el impacto del aumento de la canasta alimentaria en el deterioro de los ingresos de los más humildes:

El déficit fiscal total del año 2020 de la Administración Nacional fue de 2.292.730 millones de pesos y representó un tercio del total del gasto, gasto que se incrementó fuertemente por los programas de salud y asistenciales por la pandemia. Dicho déficit fiscal fue financiado parcialmente por el BCRA, por dos vías, una transfiriendo utilidades de la autoridad monetaria (que se generan básicamente porque las reservas internacionales brutas en oro y divisas al devaluarse nuestra moneda, valen más en pesos) por casi un billón de pesos y, otra parte, por Adelantos Transitorios al Tesoro por 467.720 millones, por lo tanto la Administración Nacional debió endeudarse en el año 2020 en pesos, por la diferencia, que fue de 827.700 millones de pesos[1]. Esquema que plantea repetir este año 2021, para que el 60% del déficit sea financiado por el BCRA y, 40% por deuda, pero con cifras menores (el objetivo de la ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional 2021 es reducir el déficit fiscal total del 8% al 4,5% del PIB).

Pero de allí a afirmar que la política de reducir el déficit fiscal no es de derecha o de izquierda, dista de la realidad, en un país donde a la injusta distribución del ingreso se suma un más injusto y regresivo sistema impositivo.  El Ministro Martín Guzmán tiene una idea teórica del tema formado en las universidades de los Estados Unidos. Allí los los impuestos respetan la proporción en la recaudación entre

• gravámenes a la riqueza (patrimoniales),
• a las ganancias (rentas) y,
• al consumo y la actividad.

Aproximadamente corresponde un tercio para cada división. Además, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y depende de cada Estado la presión fiscal. Obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

Muy distinto es en nuestro país, donde sumando las imposiciones de las provincias,

• el total de los impuestos al consumo y a la actividad (IVA; Combustible; Internos; Débito y Crédito Bancario; etc. a nivel nacional y el Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial) representan más del 75% de lo que se recauda.
• El Impuesto a las Ganancias no alcanza a ser el 22% de la recaudación total (donde más de un tercio es a la cuarta categoría – trabajo personal) y,
• el gravamen a las riquezas supera levemente el 3%. Por ejemplo teniendo las tierras más fértiles del mundo, el impuesto inmobiliario rural (que recaudan las provincias) no alcanza a ser el 0,3% del PIB,  cuando el IVA representa el 10,5% del producto bruto interno argentino.

Por ende el camino correcto para reducir el déficit fiscal es esencialmente cobrándole impuestos a los que no pagan o lo hacen mínimamente, que son los sectores más ricos de nuestra sociedad.  La presión impositiva es importante para la mayor parte de la población, no así para los que detentan un gran patrimonio.

Por ejemplo, la recaudación del impuesto a los  Ingresos Brutos, que se traslada y lo paga el consumidor final, representó en 2020 el 72,6% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires ($ 339.086 millones), mientras que el Impuesto Inmobiliario Rural fue de solo $ 14.131 millones (el 3% de la recaudación propia), cuando el Censo Nacional Agropecuario muestra que 2.516 establecimientos concentran la propiedad de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables de la Provincia). Y cuando a comienzos de 2020 el Senado bonaerense trató el Código Fiscal, nos enteramos que los dueños de esos establecimientos son 211 familias y/o sociedades.  Estamos hablando de la tierra más fértil del país (y una de las más fértiles del mundo), donde más rinde por hectáreas tiene el maíz, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol, etc., pero paga solamente el 3% de los ingresos propios de la provincia

Es claro que se necesita una reforma integral del sistema tributario y que no se puede realizar una disminución del déficit sino se lo hace principalmente desde los ingresos.

El déficit cuasifiscal

Lo más llamativo es que el equipo económico no muestra la misma preocupación por el déficit del Banco Central o cuasi fiscal,  cuando las Leliq (letras de Liquidez del BCRA) más los pases pasivos (que es plata que los bancos le prestan al BCRA) suman en total al 30 de marzo de 2021,  3,1 Billones de pesos, superando a la Base Monetaria que es el total de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA que era a esa fecha de 2,5 billones de  pesos e incluso, es mayor al déficit fiscal  acumulado del año 2020 de $ 2,3 Billones

Esa masa de dinero inmovilizada devenga intereses todos los meses, que en marzo de  2021 ascendieron a unos $ 90.000 millones[2], que paga religiosamente la autoridad monetaria.  En la gestión actual del BCRA el renglón que más se incrementó fueron la Leliq: creció un 149% (de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión a 1.891.864 millones el 31 de marzo 2021), cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 38%.

Por lo tanto en la Argentina el crédito y la liquidez (dinero en la calle) es mínimo e insuficiente para impulsar la actividad económica y, no solo no se puede concebir que el Banco Central le pague a los Bancos por no prestar, sino que esas inmovilizaciones han tomado una magnitud inconmensurable y, el nivel de esterilización del dinero es de mayor magnitud que el déficit fiscal de Tesoro de la Nación, con el grave riesgo que se convierta en una bola de nieve imposible de pagar.

Cínicamente los economistas del sistema critican el déficit fiscal, básicamente ocasionado para poder hacer frente al drama de la pandemia generada por la Covid-19, pero nada dicen del déficit cuasi fiscal o déficit del BCRA que crece sin cesar y, dada la concentración del sistema financiero local, diez grand. Son los mismos que compraron para sí y para sus clientes la mayor parte de los 86.200 millones de dólares que se fugaron en la gestión del gobierno de Cambiemos.

Por ende, en medio de la llamada Segunda Ola de la Pandemia se deben tomar medidas de regulación estatal para apuntalar a la población, a su producción y a su trabajo, en cumplimiento del Art. 16 de nuestra Constitución Nacional: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Y del mandato constitucional:”… promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Las verdaderas y necesarias medidas

Es obvio que deben tomarse fuertes medidas en el área financiera y cambiaria para revertir la situación y que sean las entidades financieras las que se conviertan en funcionales a un sistema económico en crecimiento y distribuyendo progresivamente el ingreso y no, como ha sido hasta ahora, mecanismo de renta y fuga de capitales, por ello se propone:

1. Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Por medio del Decreto 239/2021 la Procuración del Tesoro de la Nación se constituyó en parte querellante en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la CABA y coadyuvará en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional. Pero que la querella no sea solo contra los funcionarios que hicieron posible el endeudamiento y su fuga en la gestión de Cambiemos, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica. El Informe de marras dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero los 100 primeros compraron 24.769 millones de dólares.  Bien hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron,  de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. Nunca se comunicó oficialmente quienes eran los que compraron dólares en la gestión de Macri, entre ellos y principalmente, los 100 primeros fugadores, pero El Cohete a la Luna con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri” https://www.elcohetealaluna.com/los-100-de-macri/, afirma (y nunca fue desmentido ni por las empresas y personas invocada, ni por el BCRA), que encabezan el lote de grandes fugadores Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Joseph Lewis) con 903,9 millones de dólares[3], y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence el 30 de abril de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasany[4];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
2. Anular la facultad que le otorga la Carta Orgánica del Banco Central (Ley 24.144/92) de que los dólares que el BCRA le compra al Tesoro de la Nación, por endeudamiento de la Administración Nacional sean vendidos a los bancos.  Esto es,  los dólares de la deuda externa deben seguir siendo reservas internacionales inmovilizadas del BCRA.  De esa manera  no se propicia el endeudamiento estatal y la fuga de capitales.
3. Ante la segunda ola de Covid 19, es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total (principalmente está conformado por los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y los trabajadores y jubilados y pensionados), a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello el Profesor Sergio Arelovich coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), propone transformar el stock de Leliqs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de Leliqs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privada y estatal.
4. Fortalecer la capacidad del Banco Central para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. De acuerdo con este esquema, la principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, así como agilizar las transacciones económicas en clara línea con una preocupación por estimular la demanda. En ese sentido se exige mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo. De ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica. Con esta medida el BCRA busca fomentar la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo a través de facilitar las condiciones para las instalaciones de nuevas entidades financieras.
5. Fortalecer el rol de la superintendencia de las entidades financieras y cambiarias del BCRA. Para ello se debe conformar una mesa de coordinación institucional con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal; el Ministerio de Seguridad; la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central; la Comisión Nacional de Valores; la AFIP; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social;  y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Es imprescindible restablecer el artículo 6° de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.
6. Modificar la ley 21.526 de Entidades Financieras para que la actividad sea de interés público nacional: Esto preservaría el carácter privado de la misma y su sometimiento a un régimen preponderantemente de derecho privado, pero obligaría a las entidades a aceptar una intensa regulación y fiscalización estatal dado que ellos administran ahorro del público y debe ser orientado a financiar la producción y el trabajo y no a actividades especulativas de ningún tipo.
7. Anular el Decreto 893/2017 y de esa manera restablecer el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria, que en su artículo 1º afirma: “A partir de la fecha, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor F.O.B. o C. y F., según el caso, deberá ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambios dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente” y en su artículo 2º: “Igualmente, deberán ingresarse al país y negociarse en los términos que se fijen en la reglamentación, las divisas provenientes del cobro de fletes y pasajes; seguros; comisiones de cualquier naturaleza; reembolso de capitales; renta de inversiones; derechos de autor; explotación, venta o alquiler de películas cinematográficas y grabaciones; tasas telegráficas y, en general, toda suma ganada en moneda extranjera a favor de un residente en la República Argentina.
8. Oponerse a la reprivatización del Río Paraná, para ello se debe pedir la opinión del pueblo argentino, por lo que al realizar las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) o las elecciones nacionales generales del corriente año 2021, se solicite por un referéndum vinculante que diga, si se está a favor de la creación de una Sociedad del Estado para la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias en el Paraná o, si se vuelve a licitar nuestro río como lo propone el Decreto 949/2020.

[1] En el mercado local y colocando títulos de deuda que se pagan en pesos pero ajustados al valor dólar (por ejemplo los llamados Bonos Linked)  y en pesos ajustables (Los BONCER),  el CER es el Coeficiente de Estabilización de Referencia y se basa en el IPC del INDEC.  Desde el 10 de diciembre de 2015 al 28 de febrero  de 2021 ambos índices crecieron en forma similar en un 1.000%.

[2] Monto similar al IFE (ingreso Familiar de Emergencia) cada vez que se pagó

[3] Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en el capital de Telefónica y Pampa Energía.

[4] Larry Fink, CEO de BlackRock  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia, y en el Banco Santander.

https://www.elcohetealaluna.com/ocho-propuestas-financieras-y-cambiarias/

Los analistas insisten ahora con el desacople de la Argentina del resto de los países emergentes, que se advierte en los índices bursátiles de Buenos Aires así como en el valor de los bonos, que se encuentra muy por debajo de los niveles prepandemia, y el país quedó muy por debajo del rebote que tuvo lugar en los emergentes, principalmente entre los asiáticos, y también la renta variable local se comportó mucho peor que la de la región.

Ante todo hay que aclarar que la Argentina, pese a las clasificaciones de los mercados, no puede ser un país emergente si no afirmara su industria. Es un resultado derivado de la índole que tuvo la política económica en los años 2015 a 2019, en la gestión Cambiemos, y como consecuencia del poderoso antecedente que la instaló: la política económica heredada de la dictadura militar. Y eso por una razón muy simple: el proceso de emergencia tiene que ver con la industrialización, y la Argentina siguió en ese período una clara política de apertura indiscriminada que atentaba contra la recuperación de la actividad manufacturera.

El mercado no puede admitirlo directamente porque su mirada se asienta sobre la posibilidad de obtener ganancias, y en un entorno muy marcado por la apertura indiscriminada, esa posibilidad se apoya cada vez menos en la industria y cada vez más en la especulación financiera, que es propia de los períodos de crisis. Pero si la ganancia se asienta en una riqueza material y no sólo en una expectativa, sólo puede provenir de una producción cada vez más compleja. Las sociedades industriales y las que se vuelven industriales emergiendo desde economías más primitivas son un ejemplo. Si hay una mayor acumulación de riqueza en medio de una sociedad más pobre, el resultado conduce al empeoramiento del nivel de vida, la baja del salario y del empleo y la menor potencia industrial.

A partir de los años setenta, con el paso de sectores de la industria a países de menor desarrollo, la menor industrialización del centro parecía señalar un porvenir con menos industrias en el centro pero en conjunto más industrializado, con los países del centro manteniendo el núcleo de industrias de más alta tecnología. Esta tendencia se asentó definitivamente en los ochenta y se expresó entre nosotros en la desindustrialización inaugurada por la dictadura militar en 1976, que se continuó con las políticas de ajuste de la democracia hasta la crisis de 2001, pero la Argentina no era un país industrializado sino que podía aprovechar la radicación industrial para fortalecerse. Sucedió todo lo contrario, porque la oligarquía tradicional agropecuaria lo vio como una oportunidad para afirmar su poder y desmantelar parcialmente a la industria, para lo que derivó los excedentes hacia las finanzas y la exportación de capitales y políticamente bloqueó al peronismo.

La profundidad de la tendencia desindustrializadora se advierte en el absoluto protagonismo de la política monetaria. Al elegir la restricción cambiaria sin cuidar su influencia sobre la industria, en la Argentina los sectores económicamente dominantes mostraban su preferencia por mantener una división del trabajo que se desdibujaba en el resto del mundo por la acelerada industrialización de muchos de los productores de materias primas.

La crisis de los años noventa fue una muestra de esas diferencias. Ni la crisis del tequila en México, ni la del real en Brasil, derivó en una limitación de la vía de desarrollo industrial por el impacto de una moneda que se esforzaba por mantener en equidad con el dólar. Esta práctica monetaria reiterada, de valorizar la moneda en lugar de la cartera de productos que se venden y –sobre todo- de su valor agregado, requería producir menos para gastar menos, pero vender más afuera y menos adentro, con lo que se terminaban reduciendo el mercado interno y las posibilidades de exportar y se requerían más productos importados; exactamente lo contrario de lo que procuran hacer los países que crecen: aumentar las ventas y su valor agregado y con eso volver más rica la moneda.

No hay otro camino. El potencial comprador de una economía no es un atributo de la moneda sino de la economía que la sustenta, su capacidad competitiva y su integración a las redes manufactureras internacionales, una inquietud inexistente en todas las políticas económicas de ajuste que prevalecieron de 1976 a 1984 y continuaron después, durante largos 18 años, hasta la profunda debacle de 2002.  Sustentar una deuda creciente que no se usa en invertir sino en importar, desmantelar la industria, fortalecer las ramas primarias, destruir el sistema ferroviario en nombre de un menor gasto fiscal y encarecer la logística de un país extenso, ponía el foco en la región pampeana privilegiada y culminaba con la dolarización de las tarifas de los servicios como antecedente de la dolarización de todos los precios, lo que significaba reducir su universo y empobrecer a la mayoría.

Fue una instancia que no estuvo presente con iguales repercusiones en México o Brasil, para no hablar no ya de China, ni de los países emergentes asiáticos. Éstos, como verdaderos emergentes, se embarcaron en procesos de intensificación industrial orientados a sustituir partes de industrias avanzadas e integrarse así en una red manufacturera mundial con un mayor contenido tecnológico. Estos países son los emergentes verdaderamente dichos más notables: en ellos, el antiguo modelo de producción cedió a una articulación mundial más homogénea y avanzada que, por el contrario, dejaría de lado la pasada división del trabajo, sobre todo apuntando a la acumulación de capital en las ramas más avanzadas de la industria, al contrario de la fuga de capital o a su radicación en las finanzas y más tarde en servicios a precios dolarizados, como sucedió en la Argentina.

Esa tendencia fue quebrada en el país desde 2003 en adelante, y es muy clara esta ruptura al observar el ascenso del PBI local en esos años y hasta la crisis financiera de 2008, período en que se recuperaron posiciones industriales que habían sido relegadas nada menos que en los 28 años previos, desde 1975.

El anterior enorme retroceso de casi tres decenios continuados volvió a irrumpir a través de la economía internacional durante la crisis financiera de 2008, pudo ser parcialmente resistida a costa de mayor inflación, pero se afirmó con la política nacional del macrismo, de apertura indiscriminada y apoyo a la acumulación financiera, agravada con la vuelta a la búsqueda del equilibrio monetario con el dólar o directamente con la búsqueda solapada de dolarización. Inmediatamente después, la recesión surgida de la pandemia universal no podría hacer otra cosa que empeorarla más que a las economías que no habían sufrido el mismo castigo.

Y la inflación no se puede vencer destruyendo producción y retrocediendo hacia una estructura productiva nacional más primitiva sino igualándola paulatinamente a las redes internacionales más avanzadas en contenido industrial y tecnológico: es la única manera de bajar los costos de largo plazo, y al bajar los costos de una producción más avanzada, reducir las diferencias de valor de la moneda nacional respecto a las divisas.

La imposición de una moneda fuerte sostenida por crédito en un contexto de una economía de industrialización retrasada supone una restricción monetaria y crediticia para la producción no competitiva que restringe la fabricación de productos más avanzados y, consiguientemente, fundamenta la fortaleza monetaria en el retraso productivo, lo que significa una contradicción mayúscula, como lo muestra el caso argentino. Al restringir cada vez más la producción avanzada, lo que se desenvuelve es una conformación económica más atrasada, con baja en el salario, el empleo y en el nivel de vida, y facilidad de ganancias en la especulación financiera más que en ningún otro lado.

En los países desarrollados este proceso no obstaculiza la persistencia de su riqueza general porque es ya una estructura establecida. La Argentina, por su parte, fue un país en tránsito temprano a su industrialización, en que los sectores dominantes se negaron persistentemente a evolucionar en ese sentido desde la generación de una economía mundial con la posguerra de 1945, y el resultado está ante nuestros ojos: una industrialización frustrada que no pudo tener continuidad y desaprovechó una oportunidad única.

Aun así, la ventaja de los países industrializados se encuentra opacada frente al ascenso de China y de los verdaderos emergentes, que son los asiáticos, y el golpe se siente en los salarios y el empleo. México y Brasil pudieron conservar su industrialización y por eso su situación está menos expuesta que la de la Argentina. México se integró a partir de una industria más retrasada a la industria estadounidense, como una parte de ella, y Brasil no interrumpió su industrialización gracias a su gran mercado interno. Por eso pueden sostener una inflación controlable y determinada por una moneda nacional que no se devalúa más que en la medida en que sostienen una moderada diferencia de productividad que les permite una integración mundial mayor, que en México es decisiva a través de Estados Unidos.

La opción argentina parecía seguir sosteniéndose con una estructura de producción relevante en el ámbito primario y en el terciario de los servicios, no en la industria, que es el eje de desarrollo del capitalismo. Durante un largo tiempo, una visión parcial pudo dar la impresión de que la industria dejaba el centro de la escena en favor de los servicios. Pero con la economía del conocimiento la industria vuelve a estar en el centro con más intensidad que nunca, y va camino de sustituir la mano de obra directa por la digitalización automática de los procesos industriales a través de las comunicaciones.

El resultado va a ser una industria superior y más generalizada, en dirección hacia la automatización y la robotización, un escenario en que la ausencia de industria sería un signo más que evidente de atraso. Por eso, en estas circunstancias, queda más claro que nunca que la presencia de la industria más avanzada no puede ser compensada por la sustitución de la moneda sino, con más urgencia que nunca, por la adaptación de la estructura productiva al perfil internacional.

Para la mayoría de los analistas y consultores argentinos, que siguen una larga trayectoria de búsqueda de ganancias a través de la especulación y la pobreza de la mayor parte de la sociedad, se trata de una realidad incomprensible.