La historia se repite. En la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado, Alberto Fernández pidió al BCRA que investigara quiénes fugaron divisas durante la gestión de Cambiemos. La lista oficial nunca se conoció. Hace unos días, nuevamente en el Congreso, reclamó que se investigue a los ex funcionarios responsables de la deuda con el FMI. Hasta ahora, poco y nada cambió. El superávit comercial de 2020 se esfumó. Una mirada sobre el rol del BCRA y un esquema que habilita la fuga de divisas a granel.

En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Alberto Fernández afirmó: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura no puede ser visto como un caso más…”.

Según la Secretaría de Finanzas, la deuda externa pública sumaba a fines de diciembre de 2019 unos 323 mil millones de dólares, de los cuales unos 44 mil 300 millones correspondían al Fondo Monetario Internacional (FMI). A diferencia con el sector privado mediante la colocación de títulos – tomada con la aprobación legislativa porque la solicitud de endeudamiento se presenta con la Ley de Presupuesto de cada año -, la contraída con el FMI es producto de una decisión unilateral adoptada por el Poder Ejecutivo en junio de 2018. En otras palabras: no hubo una autorización expresa del Poder Legislativo como exige la Constitución.

Es más, el Art. 60 de la Ley 24.156/1992 de Administración Financiera y Control de Gestión de la Administración Nacional dice expresamente que “las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”. Hacia el final, la norma exceptúa las operaciones de crédito que formalice el Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales que el país integra. Sin embargo, la Reforma Constitucional de 1994 dejó sin efecto esa prerrogativa desde 2010.

De allí que exista un claro abuso de autoridad por parte de Mauricio Macri y los ex funcionarios que acordaron y firmaron la deuda que Alberto Fernández propone investigar. Todos son plausibles de ser investigados por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y, en consecuencia, de la posible comisión de delitos contra la administración. Es por ese motivo que el fiscal federal Franco Picardi abrió una investigación. Su objetivo es determinar si obtuvieron beneficios económicos indebidos para sí o para terceros – como otras personas humanas y jurídicas, o fondos de inversión -, pero también si proveyeron información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes.

Los fugadores seriales

La investigación, sin embargo, debería extenderse también a los beneficiarios de la compra de las divisas que ingresaron por el crédito del FMI. El mecanismo de endeudamiento lo justifica. El Tesoro Nacional, que depende del Ministerio de Economía, contrae la deuda, pero como paga en pesos – salarios, jubilaciones, pensiones y contrataciones, por ejemplo – vende los dólares al Banco Central (BCRA). Finalmente, el BCRA le da al Tesoro los pesos al tipo de cambio oficial. El problema reside en que por su carta orgánica, el BCRA puede vender los dólares – que son deuda del Tesoro Nacional – a las entidades del sistema financiero que lo demanden.

Allí es donde entraron a jugar fundamentalmente unos diez grandes bancos privados, y hasta los tres grandes bancos públicos nacionales y provinciales administrados por Cambiemos. En conjunto adquirieron para sí y para sus clientes unos 86 mil 200 millones de dólares durante los cuatro años que gobernó Macri, según el informe elaborado por el BCRA por pedido de Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del año pasado.

El Informe, denominado Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019, da cuenta que fueron casi 7 millones de personas humanas y jurídicas las que compraron los 86 mil 200 millones de dólares. Sin embargo, los 100 primeros explican 24 mil 679 millones del total. La justicia debería convocar a los titulares de ese centenar de firmas. La pregunta es obvia: si no pagan el Impuesto a las Ganancias por el monto que compraron, ¿de dónde extrajeron el dinero? Una pregunta tan sencilla serviría para avanzar sobre las contabilidades paralelas y desenmascarar maniobras de evasión tributaria. Seguramente les cabrían las generales de la ley y deberían devolver al Estado nacional parte de lo fugado. Con esos ingresos se podría amortizar al menos parte de la deuda de 44 mil 300 millones tomada por Cambiemos.

Sin embargo, el enigma reside en que nunca se comunicó oficialmente quienes son los 100 primeros fugadores. El 24 de mayo del año pasado, en una nota de El Cohete a la Luna titulada Los Cien de Macri se afirmó que el lote lo encabezan Telefónica Argentina (1.248,2 millones) y Pampa Energía S.A. del grupo Midlin y el multimillonario amigo de Macri Josep Lewis (903,9 millones). Un listado que también integran Monsanto Argentina – donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual presidente de CIARA-CEC -; el Grupo Clarín con Directv Argentina y Telecom Argentina; el grupo Techint con Siderar; Hidrovía Paraná – la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vencerá el próximo 30 de abril -; Aceitera General Deheza; Arcor de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny ; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Todo ellos, sin embargo, durante el año pasado siguieron comprándole dólares al BCRA. Y lo hicieron sin límite alguno. La excusa: pagar deudas en el exterior. De ser ciertos los créditos declarados, el BCRA – antes de autorizarles el acceso al mercado cambiario – debería haberles exigido que devuelvan lo que fugaron. No fue el caso. La entidad les vendió las divisas, y lo hizo a una paridad de 60 y 80 pesos.

Divisas que fugan a granel

La Argentina no tiene un problema de restricción externa en un sentido clásico; dicho de otra forma: no necesita que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. Desde 2003 a 2020, el superávit acumuló 156 mil 712 millones de dólares. Una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma, obtenida por un brutal ajuste externo, se fugó casi en su totalidad; es más, no solo se fugó el superávit comercial, sino que además se endeudó el país, y no para hacer obras de infraestructuras, construir viviendas, puentes, caminos y represas, o tener nuestra propia marina mercante y una eficiente red ferroviaria. Nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.

Se sabe. La Argentina es una importante exportadora de alimentos. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en el nodo portuario del Gran Rosario – que abarca al complejo industrial oleaginoso con 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná desde Timbúes hasta Arroyo Seco – hay 31 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. Del total, 21 despachan granos, aceites y subproductos. La zona portuaria de exportación de productos agropecuarios más importante a nivel mundial, seguida por el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans y el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites. En 2020 superó las 80 millones de toneladas, contra 64,45 y 42,65 que despacharon el puerto norteamericano y el brasilero, respectivamente.

No solo no hay control sobre lo que se produce. Tampoco lo hay sobre lo que declaran las compañías que venden al exterior. La subfacturación es importante y constituye otra forma de fugar divisas. En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial – declarado y no declarado – y, además, el país se endeudó por más de 100 mil millones de dólares.

La mano blanda del BCRA

En el centro de la cuestión está el BCRA. Opera sobre la base de la Reforma Financiera de 1977, que le permite a las entidades financieras, sobre todo a los diez bancos privados más grandes, ser la palanca central del sistema económico. Un esquema nunca desmontado, donde los bancos asumen la dirección de las políticas fiscal y monetaria. Una situación a la que se suma la Carta Orgánica del BCRA (Ley 24.144) diseñada por Domingo Cavallo y todavía vigente que habilita a que los dólares que ingresan por la vía de la deuda contraída por el Tesoro Nacional se venda a las entidades privados, las que funcionan como operadores de cambio de última instancia.

Es así que se esfuma el superávit comercial. En 2020 sumó 12 mil 528 millones de dólares, a los que se deben agregar los 5 mil 780 millones que disminuyeron las reservas del BCRA. Unos 18 mil 308 millones en total. Unos 5 mil 200 millones se utilizaron para pagar los servicios de la deuda externa de todo ese año. Otros 1.900 millones se fueron en la venta del llamado dólar ahorro, el famoso “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes. Sin embargo, la parte del león se la llevaron otros. Los 11 mil 200 millones restantes se vendieron irresponsablemente. Más de 5 mil millones se malgastaron en adelantos de importaciones a una paridad de entre 70 y 80 pesos por unidad; es decir: en productos que no habían ingresado y que el Indec por esa razón no contabiliza. Finalmente, otros 6 mil 200 millones se perdieron en las supuestas deudas externas privadas.

Todo esto se podría haber evitado. ¿Cómo? Anulando el Decreto 893/2017 y el restableciendo el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria. De esta forma se hubiera impedido que el BCRA le vendiera dólares a las empresas para que paguen supuestas deudas en el exterior. Menos aún habría podido el BCRA dárselos a los importadores, que adelantaron compras empleando reservas internacionales por temor a una devaluación. Una operatoria, esta última, donde se destacaron Cargill, Glencore, Louis Dreyfus, entre otras cerealeras, que le pidieron dólares para comprar soja y maíz de sus filiales en Paraguay, pero también a las de Brasil y Uruguay.

Por todos estos motivos es que se debe investigar la gestión de Cambiemos; pero también, y esencialmente, a los fugadores seriales. De otro modo, solo se castigará a un puñado de ex funcionarios – y está bien que se lo sancione con el Código Penal -, pero quedarán fuera del escrutinio judicial los grandes beneficiados. Para ser ley, la ley debe aplicarse a ambos. Lenta lex autem non est lex.

Lenta lex autem non est lex

La pandemia originada por el Covid-19 afectó al trabajo y la producción, que debieron adaptarse a nuevos protocolos que implicaron menos trabajadores empleados, una reducción de las horas de trabajo generadas y, en consecuencia, menores remuneraciones. Sin embargo, y en paralelo, se fortaleció el modelo agropecuario exportador, sobre todo por las compras de China y en menor medida por la de países con poder alto adquisitivo, que demandan alimentos para su población. Básicamente importaron e importan para sustituir el hacinamiento de los animales por las gripes aviar y porcina, y el “síndrome de la vaca loca”.

Sin embargo, la solución de ellos es un problema para nosotros. Argentina representa menos del 0,3 por ciento de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, es el decimo exportador de alimentos y el tercero en grano, pellet y aceite de soja. El problema es que esa mayor demanda ocasionó una suba sideral de los precios internacionales. La tonelada de soja en el mercado de Chicago – el mercado referente de granos – valía 341 dólares el 24 febrero de 2020. Un año después cotizaba a 523 dólares. Un aumento del 53,12 por ciento al que debe sumarse la devaluación oficial de nuestra moneda, que fue del 48,52 por ciento en el mismo período – paso de 64 a 95 pesos-. Al no modificarse las retenciones, el impacto fue directo al precio local de la soja y sus derivados, como la harina y el aceite producidos con la oleaginosa. El mismo mecanismo se replicó con los demás granos – trigo, maíz, arroz, etc. – y las carnes.

Según el Indec, en 2020 el kilo de pollo se encareció un 54 por ciento. Casi lo mismo que la carne vacuna y mucho más que el 36,1 por ciento que acumuló la inflación promedio que mide el Índice de Precios al Consumidor.

En el caso de la carne vacuna, en 2020, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se faenaron 3 millones 163 mil toneladas de res con hueso. Se exportaron 900 mil 609 toneladas a China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipina, Vietnam, Taiwán y Hong Kong y se destinaron al mercado interno 2 millones 276 mil toneladas. La carne sin hueso, especialmente la cuota Hilton que compra básicamente Europa y proviene de cortes de animales alimentados exclusivamente en pasturas, alcanzó las 29 mil 500 toneladas. La demás carne sin hueso, unas 125 mil toneladas, fueron al mercado interno y, otro tanto se exportó. Solo el Consorcio ABC, liderado por el Frigorífico Rioplatense SA de la familia Constantini, acaparó el 80 por ciento de las exportaciones de carnes argentinas.

En definitiva, al exportarse toda la res, el precio interno se incrementó de sobre manera, reduciendo el consumo per cápita de carne local a solo 50 kilos por habitante. El más bajo de los últimos cien años.

El abastecimiento del mercado interno de un producto básico de la canasta familiar local como es el aceite mezcla de girasol y soja es controlado por apenas cuatro empresas, que concentran el 90,5 por ciento de la facturación y el 90,6 por ciento del volumen. Se trata de la Aceitera General Deheza (Natura); el Grupo Navilli (Molinos Cañuelas); Molinos Rio de la Plata, de Pérez Companc (Cocinero y Lira); y el grupo ARCOR de la familia Pagani. El precio de la botella de aceite de girasol de 1,5 litros aumentó un 50 por ciento entre los meses de febrero de 2020 y 2021.

Si miramos el panorama de la harina de trigo se observa que la empresa estadounidense Cargill tiene siete plantas de molienda. La siguen en importancia Molinos Cañuelas (Grupo Navilli de Argentina), Lagomarsino e Hijos (Argentina) y Los Grobo (Argentina). Las cuatro explican el 50 por ciento de la producción y concentran el 55 por ciento de la exportación. Pérez Companc (Blancaflor y Favorita) y Navilli (Pureza) concentran el 82 por ciento del mercado exportador.

En el aprovisionamiento al mercado interno de fideos, Molinos Rio de la Plata tiene el 79 por ciento, controlando siete marcas líderes: Mattarazzo, Luchetti, Canale, Don Vicente, Don Felipe, Favorita y Manera.

Existen una gran cantidad de molinos que procesan arroz. Sin embargo, el dominio lo ejerce claramente la estadounidense Adecoagro del Grupo Soros, dueña de la marca Molinos Ala. La otra empresa fuerte del sector es Molinos Río de la Plata, dueña de las marcas Gallo y Luchetti, que en este segmento tiene una participación de un tercio en las ventas que registra el mercado interno.

Otro producto esencial, el azúcar de mesa, también está en manos de un grupo muy reducido de corporaciones. Tres empresas concentran el 85 por ciento de la facturación: Ingenio El Tabacal, de la multinacional norteamericana Seabord (Chango y Tabacal); el Grupo Blaquier (Ledesma), aunque en varios emprendimientos aparece asociada a la multinacional Cargill; y la local Valpafe (Domino, Madison, Santa Lucía). El precio del azúcar se incrementó un 52,77 por ciento en un año, también por encima de la inflación general, e incluso por encima del rubro alimentos.

En el sector lácteo, Mastellone, asociada con Inversiones Dallpoint (EEUU) y Danone (Francia), es la empresa más grande. Es propietaria de siete plantas y líder en ventas de leche fluida con el 60 por ciento del mercado. Además, acapara el 77 por ciento en yogures y el 70 por ciento en postres.

Finalmente, las grandes cadenas de ventas – Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima y Walmart – reunidas en la Asociación de Supermercados Unidos administran el 65 por ciento de la comercialización de los bienes que se consumen en el país. Lo hacen mediante una sociedad de hecho y de muchos años con los grandes productores. Un escenario que torna muy difícil destrabar el proceso de formación de precios.

De allí que la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputara a Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retener sus volúmenes de producción y por no entregar determinados productos de consumo masivo para su comercialización, según los casos.

Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las empresas habrían incumplido el acuerdo de incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y de arbitrar los medios a su alcance para asegurar el transporte y la distribución con el fin de satisfacer la demanda, tal como lo establece la Resolución 100/2020 de la Secretaría que conduce Paula Español.

Modelo agropecuario exportador

En el marco internacional descripto, el modelo agropecuario exportador se expande y genera altas tasas de ganancia hacia el interior del sector por la diferencia abismal entre el costo de producción local y los precios internacionales de los granos, harinas y aceites. Una actividad que tracciona muy poco sobre el resto de la económica. El mercado interno explica el 70 por ciento de la producción total de bienes y servicios, y su consumo configura el principal generador de trabajo.

El modelo vigente prioriza las ventas al exterior. Solo venden en la Argentina si los agentes locales pueden pagar el precio que consigue afuera. Ante la desocupación y el deterioro real de los salarios, las jubilaciones y pensiones – que no suben en similar porcentaje que el dólar – se torna imposible comprar internamente los productos, lo que a su vez incrementa el saldo exportable. La dinámica genera serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de acumulación del capital, lo que provoca una tasa de ganancia cada vez mayor para las grandes empresas del sector, que priorizan las exportaciones. Ganan más vendiendo afuera y se desentienden del mercado interno.

La imposición de un modelo que beneficia a unos pocos – menos del 2 por ciento de la población – y perjudica en mayor o menor medida al pueblo argentino, es porque se necesitan dólares para pagar una deuda externa de 100 mil millones de dólares que, como bien le dijo el ministro Guzmán a Clarín, se tomó y fugó en su mayor parte durante la gestión de Cambiemos, deuda que se podrían haber usado para modernizar y apuntalar toda la infraestructura del país – puertos, vías navegables, ferrocarriles, rutas, puentes, represas, etc.).

La Argentina no tiene un problema de restricción externa. No es que no podemos crecer porque faltan divisas. Al contrario, las divisas deberían sobrar. De hecho, en  2020, el superávit comercial fue de 12 mil 528 millones de dólares. Sin embargo, las reservas del BCRA descendieron 5 mil 780 millones.  Y fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas – como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain y del Banco HSBC – que seguramente tienen deudas, pero también mucho más activos en el exterior que los pasivos que el BCRA les autorizó pagar por un total de 6 mil 200 millones de dólares. Incluso cuando la misma entidad estimó que residentes argentinos durante la gestión de Cambiemos detrajeron del país 86 mil 200 millones. Es más, el BCRA permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones  – antes que los productos ingresaran – por unos 5 mil millones. Todo ello por cumplir con la legislación vigentes desde la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz.

La situación señala que debería trabajarse en un mayor control y supervisión del comercio exterior. Sin embargo, el Decreto 949/20 del 26 de noviembre de 2020 del Poder Ejecutivo continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios. Se trata de la norma que establece el marco normativo para la próxima licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, hoy en manos de Hidrovía Paraná S.A., sociedad cuyo principal accionista es la empresa belga Jan De Nul Group. Ese rol lo debería asumir el Consejo Federal de Hidrovía constituido por la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la Cuenca del Plata. El Decreto, además, impulsa que se siga empleando el Canal Punta Indio como salida y entrada del Río de la Plata, lo que favorece al Puerto de Montevideo.

En otras palabras: el Estado nacional seguirá sin poder controlar las importaciones y exportaciones. Incluso cuando el acuerdo celebrado en 2015 en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, decidió que todas las exportaciones que vinieran por el Paraná debían desembocaran en el Canal Magdalena, bajo control nacional[1].

También se debe modificar la Ley 27.541 de Emergencia Económica que puso una alícuota límite del 33 por ciento a los Derechos de Exportación que se pueden aplicar a la soja y un máximo del 15 por ciento para el resto de los productos. Una medida necesaria para desacoplar los aumentos de precios en los mercados internacionales y los precios internos. Medida que además significaría mayores recursos para el Estado nacional.

El gobierno también debería ampliar los alcances de la Ley 27.541 para reinstaurar la Emergencia Cambiaria, derogada con el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos luego de casi 53 años de vigencia desde el Decreto 2581/1964, con diez años de interrupción por el Decreto 530/1991, el DNU 1606/2001 y el Decreto 1638/2001.

Fin de juego

Lo expuesto deja en claro que no son compatibles el modelo agropecuario exportador y la defensa del mercado interno, el trabajo y la producción nacional.  Tampoco es compatible un aumento permanente del dólar y la estabilidad de los precios de los alimentos. Y, finalmente, no es compatible que aumenten permanentemente los precios de los alimentos y no se deteriore la capacidad adquisitiva de los salarios, jubilaciones y pensiones.  El problema no se arregla confiando en el mercado. Solo se puede revertir con una intervención estatal mediante mecanismos de regulación tendientes a evitar las prácticas mono u oligopólicas, y/o mono u oligopsónicas  – un solo o pocos compradores -, por parte de las grandes corporaciones. Esto deberá estar acompañado de mecanismos regulatorios y compensatorios destinados a impedir fuertes oscilaciones en los ingresos de los productores derivados de las variaciones en el precios internacionales. También se deberá establecer líneas de crédito especiales destinadas a liberar a los productores de su sujeción financiera a las grandes empresas, que controlan la provisión de insumos y la comercialización de los productos.

La función económica del Estado es regular la actividad productiva y distributiva impartiendo las reglas de juego. Para ello se requiere un plan, grandes lineamientos y parámetros que se deben seguir para  alcanzar un crecimiento con inclusión social, una justa remuneración y con el menor daño ambiental posible. A su vez, el Estado debe fijar las reglas de comportamiento de toda la sociedad.  Si no lo hace serán las grandes corporaciones las que decidan que producimos, cómo y para quién, y su único objetivo, se sabe, es maximizar sus beneficios sin importarles la situación del país y de su gente.

[1] El Canal Magdalena empelaría solo puertos argentinos.  Esa es la razón por la que el gobierno el 4 de febrero 2021 publicó en el Boletín Oficial la Resolución 33/2021 del Ministerio de Transporte que crea  la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “CANAL MAGDALENA” que será la encargada de llamar a licitación y adjudicar el dragado y obras en el Canal Magdalena. Tanto en el Proyecto de Pedido de Informe del Senador Jorge Taiana, como en el fundado trabajo presentado por el llamado Grupo Bolivar, se plantea que el Canal Magdalena cuenta con todos los estudios técnicos aprobados así como también, la partida presupuestaria necesaria, en el actual presupuesto nacional.

Fin de juego

Veníamos planteando en columnas pasadas el sendero estrecho por el que transita el gobierno para asegurar la recuperación potente de la actividad, acompañada de una disminución de los desequilibrios macroeconómicos externo y fiscal. Crecimiento y estabilización simultáneos son claves para cumplir el objetivo de inclusión social de porciones relevantes del pueblo, expulsado del bienestar por el macrismo y el virus.

Establecimos la prevalencia de la solvencia del sector externo sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Un flujo positivo de divisas paulatinamente atesorado en las reservas internacionales del Banco Central amortigua en el tiempo las exigencias de corregir el resultado negativo fiscal.

En los sucesivos análisis sobre el sector externo calificamos de extraña la debilidad que presentaba a lo largo del año 2020, cuando el Banco Central había perdido u$s 5.400 millones de reservas, a pesar del holgado excedente de la balanza comercial de u$s 12.500 millones, habiéndose cerrado el programa financiero con la reestructuración de la deuda pública con el sector privado que permitió postergar vencimientos de capital hacia el 2025 y reducir la carga de intereses a la mitad. Esta reseña explica que el Riesgo País no haya descendido significativamente, flotando en torno a los 1.450 puntos básicos, a pesar del canje de bonos: si el BCRA no acumula dólares en su tesoro a pesar de la buena coyuntura comercial y financiera, el riesgo de pago de los compromisos asumidos aumenta.

Las autoridades económicas inician el año con el sector externo evolucionando sin modificaciones respecto del 2020, pero con la necesidad de acometer la negociación con el FMI para resolver el mayor lastre dejado por Cambiemos, el crédito “stand by” contraído con el organismo multilateral por u$s 44.000 millones, cuyos vencimientos se aglomeran a partir del 2022.

El ministro Martín Guzmán ha girado la mirada hacia la política fiscal y monetaria con el doble propósito de estabilizar variables, sobre todo los precios de los alimentos, y crear condiciones favorables para encarar la negociación con el FMI.

El esfuerzo enorme que realizó el Gobierno durante el 2020 para amortiguar el impacto de la pandemia sobre la actividad y el empleo llevó hasta el límite las posibilidades de utilizar la política fiscal y monetaria como dinamizadores de la economía.

Los cuadros siguientes reflejan la magnitud del desequilibrio del sector público y el alto nivel de monetización con que finalizó el año 2020:

CUADROS DE SITUACIÓN FISCAL Y MONETARIA 2020

       Resultados fiscales en billones de $ y % PIB

             PIB (III trimestre) billones de $ corrientes = 27,1

Resultados fiscales                                  Billones de $                        %PIB

Resultado corriente                                  -2,1                                      -7,7%

Resultado primario                                   -1,7                                      -6,3%

Resultado financiero total                          -2,3                                      -8,5%

Fuente: elaboración propia sobre datos de Ministerio de Economía e INDEC

               Agregados monetarios totales como porcentaje de PIB

Base monetaria                                                                                   Porcentaje del PBI

M1 = Billetes y monedas en poder del público + Cuenta corriente en pesos           17%

M2 = M1 + Caja de ahorro en pesos                                                                    28%

M3 = Billetes y monedas en poder del público +                                                    11,9%

Fuente: elaboración propia sobre datos de BCRA e INDEC

Los números evidencian que no es factible ampliar el déficit público y menos aún sostener esa brecha con emisión monetaria. Un desbalance total de las cuentas del Estado de -8,5% del PIB es difícil de sostener en forma prolongada, máxime cuando el total de pesos nominados (circulando + depósitos) alcanza al 28% del PIB, ubicándose en los rangos máximos de monetización tolerada por una economía bimonetaria como la argentina, que es del 30% del PIB.

El otro factor que obra como una restricción a una política monetaria y fiscal expansiva es la paridad teórica del tipo de cambio. Cuando la cotización del dólar nominal se encuentra muy por debajo del valor de la paridad teórica, las expectativas de devaluación aumentan.

La paridad teórica se calcula dividiendo el total de pasivos monetarios líquidos o dinero de mayor disponibilidad inmediata, con potencia para presionar el mercado cambiario, por el nivel de reservas internacionales brutas. De este modo se obtiene un tipo de cambio de referencia que se compara con la cotización del mercado oficial.

El cuadro que continúa refleja el cálculo de la paridad teórica al final del 2020

PASIVOS MONETARIOS LÍQUIDOS Y TIPO DE CAMBIO DE PARIDAD

                   Pasivos monetarios líquidos

    Cifras en millones de $ correspondientes al cierre 2020

Diciembre                 % PIB (*)2

Base monetaria                                                            $ 2.425.025                8,9%

Instrumentos de absorción (*)1                                      $ 2.693.881               9,9%

Total                                                                            $ 5.118.906                18,9%

La navaja de Ockham es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, Guillermo de Ockham (Inglaterra, 1280-1349), según el cual “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Esto implica que, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja.

Y podemos aplicarlo en nuestro país cuando vemos que el común denominador de las medidas que limitan el poder del Estado, de planes de ajuste del gasto público, de reducción del consumo interno, de leyes permisivas como las engendradas en la reforma financiera de 1977, incluida la ley de inversiones extranjeras; de las leyes de reforma administrativa del Estado y de emergencia económica de 1989, que esbozaron un amplio plan de desregulaciones y privatizaciones; de los decretos de desregulación económica de 1991, que en el caso de los puertos engendraron la Ley Nacional de Puertos 24.093 en 1992, y de la disolución mediante decreto 817/92 de esta Empresa del Estado, mientras paralelamente el gobierno de Menem generaba el marco legal para la construcción y operación de puertos privados vinculados a empresas internacionales del comercio de granos y subproductos sobre el Río Paraná; etc. todas ellas fueron condicionalidades impuestas por el FMI. Por ende y por carácter transitivo, aplicando el principio de Ockham, el Decreto 949 del 26 de noviembre de 2020 es otra condicionalidad del FMI para que sigan las mismas empresas con las licitaciones en los puertos y en el dragado del río.

Para que deje de ser una interpretación y sea una observación cierta me voy a basar primero en la evidencia que conozco por parte de los protagonistas: la del gobierno democrático tras la sangrienta dictadura cívico-militar; en segundo lugar, en la confesión de uno de los jefes de economía del FMI; y en tercer término, en lo declarado por el director actual del FMI en el Cono Sur de América.

El ministro de Economía del gobierno asumido el 10 de diciembre de 1983 fue el doctor Bernardo Grinspun. La Argentina se encontraba seriamente endeudada y la exigencia del FMI y del steering committee presido por el Citi Bank era que se aceptara toda la deuda, incluso la de los seguros de cambio que hicieron Lorenzo Sigaut y Domingo Cavallo[1], y para ello era imprescindible cambiar los títulos firmados por nadie, porque José Alfredo Martínez de Hoz, Adolfo Diz, Juan y Roberto Aleman, Narciso Ocampo, Sigaut, Cavallo, Dagnino Pastore, Jorge Wehbe y González del Solar fueron puestos en funciones por tres dictadores. El ministro se negó terminantemente y, ante la amenaza de que se atenga a las consecuencias del representante del FMI Joaquín Ferrán y en su propio despacho, hizo que le pidiera –y no en buenos términos– que se retire. Eso fue el 18 de febrero de 1985. Al día siguiente, el Presidente de la República lo invitó a almorzar en la sede de Olivos, tras la cual Grinspun debió renunciar.

En marzo de 1985 el entonces Secretario de Hacienda, doctor Norberto Bertaina, uno de los pocos sobrevivientes de la gestión Grinspun, que quedó en funciones por pedido expreso de Don Bernardo, debió subir al quinto piso del Ministerio de Economía, donde el nuevo ministro Juan Vital Sourrouille le pidió que llevara los números del presupuesto al FMI. Bertaina le dijo que no era posible porque no había sido remitido al Congreso de la Nación, única autoridad para ver el presupuesto. Esa digna y constitucional actitud le costó la renuncia. Lo sucedió Mario Brodersohn, a quien además le atribuyeron el rol de jefe de negociación de la deuda externa Argentina.

En 1985 el Estado seguía técnicamente en default, ya que sólo pagaba los servicios de la deuda en forma parcial, dado que los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses que la misma devengaba. El flujo de capital se había interrumpido con la guerra de las Malvinas en 1982, con lo que la deuda seguía creciendo por la acumulación de intereses impagos. Sólo se podían refinanciar los vencimientos y el pago parcial de intereses con la autorización del FMI. Esa es la razón por la que se instrumentó el llamado Plan Austral, un plan de ajuste que buscaba reducir el consumo y el nivel de actividad interno para disminuir las importaciones y apuntalar las exportaciones.[2] El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (pesos por australes).

El 1º de julio de 1985 mediante los comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar –que la gestión Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos– por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”, dato reconocido en el libro El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer[3], donde dicen textualmente: “La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83% en 1985”.

La segunda prueba son las declaraciones de Michael Mussa, jefe de los economistas del FMI en los años noventa, quien firmó seis acuerdos de financiación con Argentina entre julio de 1991 y enero de 2001 por un importe total de más de 29.000 millones de dólares. Mussa sostuvo que el directorio del FMI no quiso ver la degradación política y económica del país presionado por los Estados Unidos, que es el principal contribuyente y responsable por los recursos del FMI, porque los Estados Unidos querían sostener a Menem y después a De la Rúa, pese a que era evidente que no había forma de que la economía se recuperara con las exigencias del mismo Fondo.

La tercera prueba son las afirmaciones del director y representante del Cono Sur del FMI, el abogado argentino Sergio Chodos: “Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del Fondo. El Fondo no es un marciano, no es otra entidad. Es un sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto. Es una herramienta a la vez que sujeto. Entonces, tiene su línea teórica, tiene su visión, tiene sus parámetros. Pero también es una herramienta. El Fondo también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los países que tienen más preponderancia en el directorio. Es en ese marco que vamos a negociar cuidando a la Argentina”.[4]

La Argentina se adhirió al FMI en 1956, tras el derrocamiento del gobierno de Perón, y el FMI fue el mentor de un fuerte plan de ajuste y desindustrialización que dio origen al llamado Plan Prebisch, que significó el descenso de los salarios por medio de la liberación del precio de los alimentos y la devaluación de nuestra moneda. El “retorno al coloniaje”, en palabras de Don Arturo Jaureche.

Condicionó permanentemente a los gobiernos posteriores, con dos excepciones: la del gobierno del doctor Arturo Illia, en que la Argentina creció y no sólo no le pidió un dólar al FMI sino que además renegoció y pagó los vencimientos heredados de las administraciones anteriores, y el del doctor Néstor Kirchner, que incluso le pagó el total de lo adeudado en enero de 2006, liberándonos de su yugo después de 50 años.

Obviamente, el gobierno de Macri nos volvió a subordinar al FMI, endeudándonos en DEG (Derechos Especiales de Giro), que es una canasta de monedas equivalente a unos 45.000 millones de dólares, suma que se fugó, es decir sirvió para que los que podían comprar dólares (en esa época sin límite alguno) lo sacaran del país, generándole activos externos a ellos y deuda externa a la Nación Argentina.

El ministro Martín Guzmán se lo dice muy claramente a Clarín, cuyos dueños son los principales fugadores de capital de nuestro país: “Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada. Ahora hay que resolver este problema con responsabilidad y siempre teniendo el criterio de que primero que todo está la gente”.

Las permisivas leyes de la reforma financiera de 1977 y la 24.144 de Menem-Cavallo de reforma de la Carta Orgánica del BCRA hacen que la deuda que toma el Tesoro de la Nación, como paga mayoritariamente sus gastos en pesos (bienes y servicios, contratos, licitaciones, salarios, jubilaciones y pensiones) y solamente la deuda externa en divisas, termina vendiéndole al BCRA mayoritariamente esos dólares por pesos, y el BCRA, en lugar de tener prohibido transferir los dólares generados por la deuda del Estado, le vende esos dólares a los bancos.

Los compradores de dólares están registrados en los bancos, que son los únicos que le pueden comprar al BCRA. El Cohete a la Luna publico los 100 primeros deudores, donde varios de ellos, empezando por Telefónica Argentina (que compró 1.248,2 millones de dólares en menos de cuatro años) tienen participación en el fondo de inversión BlackRock. Por ende lo que se debe hacer es investigar cómo pudieron comprar, por ejemplo los cien primeros, 24.769 millones de dólares; de dónde sacaron los recursos para hacerlo, cómo pagan sus impuestos, qué declaraciones tributarias hacen, etc.

Deuda y pérdida de soberanía

Inglaterra utilizó el mismo mecanismo: colaboró con armas, municiones y recursos para comprar voluntades a fin de imponer los gobiernos de Mitre y de Roca y, con ello, apuntaló el modelo agropecuario exportador, donde la unidad económica eran las grandes estancias. Inglaterra trataba directamente con los grandes estancieros, quienes tomaron deudas para armar la infraestructura (caminos, rutas, ferrocarriles, puertos) y configurar un modelo exportador de carne y trigo, deuda que se sumó a las obligaciones contraída para matar gauchos de Peñaloza o de Varela y financiar la Guerra al Paraguay.

Han pasado 140 años y el modelo que tratan de imponer es el mismo. Dueños de la pampa húmeda y de otros campos fertilizados a riego, con la concesión de 14 de los 18 puertos que están sobre las riberas del Paraná, pretenden que la Argentina produzca y exporte básicamente granos y carnes, a sabiendas de que generan poco trabajo, que su valor agregado es mínimo y encima corporizado por ocho grandes exportadores de granos, harinas y aceites como son las trasnacionales ADM, Bunge Ceval, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore, a los que se suma la empresa china COFCO y las teóricamente nacionales Aceitera General Deheza y la ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas). Y en carnes el Consorcio ABC que lidera Frigorífico Rioplatense de los Constantini, que realiza el 80% de las exportaciones del sector.

Detrás de esa configuración de país endeudado y exportador de productos agropecuarios están los Estados Unidos y el FMI, así como Inglaterra estaba detrás de la generación de 1880.

Plantear que como se tiene una deuda con el FMI –sin tener en cuenta que esa deuda fue para apuntalar al gobierno de Macri y favorecer la dolarización de la fuga de capitales– se debe acordar sí o sí, implica repetir el accionar que realizó Raúl Alfonsín.

En una situación totalmente desigual, donde el acreedor impone las condiciones y el deudor debe cumplirlas, sabiendo que eso implica aumento de la desocupación, cierre de establecimientos, pauperización de jubilados y pensionados y del resto de la población vulnerable (cuando tenemos oficialmente 2.220.000 personas desocupadas a lo que se le suman todos los años unas 300.000 más por crecimiento vegetativo de la población), favorece la extranjerización y concentración económica, beneficiando a quienes fugaron los capitales adeudados.

Por razones de justicia y de equidad no podemos aceptar el chantaje del FMI y, en caso de pretender cumplir con esas obligaciones, primero se debe comunicar oficialmente quiénes se beneficiaron de la compra de esos dólares y luego, de igual forma que esos dólares se fugaron, que retornen al país y que bajo esas condiciones y plazos se le pague al FMI.

[1] Que beneficiaba y significaba reconocer como deuda del Estado las obligaciones y empréstitos tomados por Macri, Fortabat, Pérez Companc, Pagani, Rocca, Bulgheroni, Ledesma, Bagó, Roemmers, etc.

[2] Como todo plan de ajuste, dado que básicamente exportamos alimentos y materias primas que son los bienes que consumimos, por un lado, y por la dependencia de toda nuestra producción de importaciones de mercancías y técnicas.

[3] Presidente y director del BCRA en la gestión de Juan Sourouille.

[4] Entrevista al Dr. Sergio Chodos de El diario AR del 16 de febrero de 2021.

La navaja de Ockham

Habiendo ocurrido en estos días la partida del expresidente Carlos Menem, me invade un recuerdo de principios de la década del 90. Siendo militante peronista y un cuadro técnico en formación, cuestionaba las reformas de mercado que se estaban implementado y la respuesta invariable que recibía de los dirigentes era. “¿Te quedaste en 1945? El mundo cambió y hay que abordar las transformaciones”.

La respuesta no convencía y me negué a convalidar a ese peronismo en clave neoliberal. Comencé a transitar los espacios de centroizquierda en busca de alternativas. Me sumé al trascendente instituto de investigaciones económicas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comandado por Claudio Lozano y, FrePaSo mediante, integré el Gobierno de Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires hasta su derrocamiento.

La llegada de Néstor y Cristina me devolvió a ese peronismo que tanto quise desde chico, cuando mis padres pincelaban en las cenas familiares el bienestar nunca antes conocido que había irrumpido en 1945.

En esos doce años inolvidables, Néstor y Cristina pugnaron por construir una democracia de masas, procurando alcanzar dos objetivos: elevar el piso de ciudadanía ampliando derechos e ingresos para el pueblo y, a la vez, levantar las restricciones que los agentes económicos más poderosos imponían al pleno ejercicio de esa ciudadanía potenciada.

En un tiempo como el presente de tanta aversión al conflicto, las batallas de esa época en pos del reparto de la renta agropecuaria, contra los abusos del capital financiero, por la democratización y transparencia de un poder del Estado como el Judicial o para desmonopolizar los medios de comunicación, se tiñen de gloria y épica, más allá de sus resultados inmediatos.

Cristina en su discurso medular en el Estadio Único de La Plata afirmó: “No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Con doce años y medio en la República Argentina lo hicimos. Y por eso, además de por la unidad, volvimos”. Y esta aseveración nos devuelve al título de la columna: ¿Por qué no se puede volver al 2015? O con mayor precisión: ¿Qué cambió en el mundo y en la Argentina para tildar a esa experiencia de históricamente obsoleta?

Comenzando por el escenario internacional, los límites más severos en términos de margen de maniobra del Gobierno nacional se sitúan en nuestra Suramérica.

La firme entente Buenos Aires-Brasilia que caracterizó a la primera década y media de nuestro siglo, que irradió un proceso de integración continental cuya máxima expresión fue la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), hoy está disuelta y restringe la capacidad de acción política y económica de Argentina tanto en la región como en el mundo.

La ausencia de Brasil como socio comercial y político es una falencia severa para el desenvolvimiento de Argentina. El intercambio bilateral descendió de u$s43.200 millones en el 2011 a u$s20.500 millones en el 2019, marcando con cifras el divorcio entre ambas naciones, situación que se agrava en el plano político con la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia del país hermano después del derrocamiento de Dilma y el encarcelamiento de Lula.

Ahora bien, a escala global el recorrido es inverso: la multipolaridad se reafirmó. La potencia económica de China y el poder militar de Rusia han equilibrado la hegemonía occidental de un modo que no estaba presente desde el fin de la Guerra Fría. América del Norte y la Unión Europea han sufrido reformulaciones de sus tratados de integración económica a consecuencia de sus crisis internas no resueltas desde el “crack financiero” del 2008. La modificación del NAFTA por el más proteccionista T-MEC y el cimbronazo para la UE que significó el BrExit británico son ejemplos nítidos del cuadro complejo que los surca.

Desde hace una década, la presencia de China en Argentina ha venido creciendo no sólo por el comercio bilateral, sino por el swap de monedas que sustenta casi el 40% de nuestras reservas internacionales en el Banco Central y el proyecto de construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz que constituye la inversión más grande que tiene el país en cartera. La comercializadora estatal china COFCO tiene el 10% del mercado granario externo argentino.

Están conformadas las condiciones para articular una relación bilateral Estado-Estado para organizar los tres elementos que ya se encuentran presentes en el vínculo chino-argentino: comercio, finanzas e inversiones. Rusia, por su parte, ha enviado una señal clara de construir una relación estrecha con nuestro país al enviar las partidas de vacunas imprescindibles para iniciar el plan de vacunación anti-Covid.

Argentina tiene características estructurales para consolidar lazos provechosos con el bloque más dinámico que ha emergido en el mundo poscrisis de 2008, equilibrando la ausencia de Brasil como soporte de mayor autonomía en el plano global.

La pandemia ha provocado que las principales economías del mundo hayan avanzado en políticas monetarias y fiscales muy expansivas. Eso se tradujo en una enorme liquidez mundial que colabora en los procesos de reestructuración de deudas y en la suba de los precios internacionales de los alimentos, producto exportable argentino por excelencia.

La situación interna ha sido drásticamente modificada por el macrismo y la pandemia obligó a frenar todos los planes de reversión de esa nefasta herencia. No obstante, hay que rescatar dos aspectos positivos que crean condiciones para avanzar hacia una recuperación sólida: se ha logrado reestructurar la casi totalidad de la deuda pública con el sector privado, bajando sensiblemente la carga de intereses y alejando los vencimientos al 2025 y, en simultáneo, los precios de los productos primarios que exporta la Argentina verifican fuertes y sostenidos aumentos desde el 2020 (soja=45,3%, maíz=34% y trigo=30,6%).

Sin presión de divisas en el plano financiero por la renegociación de la deuda pública y con los precios internacionales de los productos primarios, la situación del sector externo, indispensable para estabilizar la economía doméstica, promete ser holgada por los próximos años. Hasta ahora, los efectos han sido negativos porque el Banco Central ha perdido u$s-5.400 millones de reservas y los precios internos de los alimentos se han visto impulsados a la suba por el cuadro internacional descripto. Eso debe modificarse con decisiones de política económica.

La apretada reseña intenta situar las principales fortalezas y debilidades del contexto global y nacional del presente en perspectiva del vigente hace un lustro atrás. Las situaciones no se recrean simétricamente. Hay ventajas objetivas que ofrece el actual escenario que, de explotarse, pueden permitir el retorno a un modelo de elevación del nivel de vida e inclusión de los argentinos y argentinas, similar al dejado atrás. En definitiva, de eso se trata.

Me inquieta formular algún cuestionamiento y recibir como respuesta: “¿Te quedaste en el 2015? El mundo y la Argentina cambiaron, hay que abordar las transformaciones”.

https://www.eldestapeweb.com/economia/panorama-economico/el-mundo-y-argentina-cambiaron-por-que-no-se-puede-volver-a-2015–202122019041

En su programa El ruido de las nueces, el periodista Francisco Bessone me recordaba que en mayo 2002 y por pedido expreso del FMI, se derogó la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “subversión económica”, que preveía sanciones privativas de libertad y multa respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.

En la misma sesión donde se procedió a derogar la ley se efectuaron reformas al artículo 174 del Código Penal, introduciendo como inciso 6) una versión acotada, que elimina la previsión de peligro y las formas agravadas del derogado artículo 6 de la ley 20.840, a la vez que incorpora como artículo 174 bis. la modalidad culposa (que se encontraba en el artículo 7 de la ley derogada). Finalmente y respondiendo a nuevas presiones, tal como ha registrado la crónica periodística, el día 20 de junio de 2.002, la sociedad argentina tomó conocimiento de que el día anterior el Presidente Eduardo Duhalde había vetado la incorporación del referido artículo 174 bis al Código Penal, con lo cual el sistema de tutela rediseñado por el Congreso Nacional en el año 1984 quedó vacío de contenido.

Francisco Bessone me recordó que la votación fue muy reñida, que el senador Eduardo Menem dijo en el debate que por negarse a votar la derogación de la ley, el dólar no paraba de subir, y que la senadora de Río Negro Amanda Isidori, a demanda de su gobernador, Pablo Verani, pidió permiso para retirarse del recinto y de esa manera la votación en el Senado fue empatada en 34 votos por la derogación y 34 votos para que la ley continuara vigente. Desempató el presidente provisional de la Cámara, Juan Carlos Maqueda, hoy Juez Supremo de la Nación, por la derogación, con lo cual los delincuentes de guantes blancos no pueden ir presos y un ladrón de gallina sí.

Me hizo acordar un cuento de Osvaldo Soriano que se llama Gallardo Pérez referí, que cuando él era joven jugando al fútbol con su equipo en “Barda del Medio” hizo un gol que le dio el triunfo y la tribuna local se le vino encima, les pegaron y le pegaron al valiente referí que convalidó el gol, quién le dice a Soriano: «Por supuesto que cobre el gol, soy un tipo derecho», y señalándose los dos dientes que le faltaban: “¿Ve? —me dijo—. Esto fue un gol de Sívori de orsay. Ahora fíjese dónde está él y dónde estoy yo. A Dios no le gusta el fútbol, pibe. Por eso este país anda así, como la miércoles”.

Lo cierto es que por la ley 20.840 estaban presos los hermanos Carlos y José Rohm que fundaron el Banco General de Negocios y habían estafado a ahorristas y fugado capitales, y por supuesto eran muchos más los que estaban en situación similar y no solamente banqueros, sino empresarios de todo tipo, que habían fugado dólares y que se beneficiaron con la “pesificación” de su deuda en divisas por el gobierno de Duhalde.

Duhalde asume tras el escape en el helicóptero de De la Rúa y Presidentes que duraron día y hasta horas, nombra como ministro de economía a Jorge Remes Lenicov, pero como el mismo Remes Lenicov reconociera después, lo condicionaron a devaluar nuestra moneda y a la vez, los deudores que eran grandes empresas locales fueron beneficiadas con la pesificación asimétrica por la conversión 1 a 1 de dólares a pesos de todas las deudas empresarias con el sistema bancario, fruto de una presión conjunta de empresarios y banqueros sobre el Presidente Duhalde. Remes Lenicov, que fue ministro hasta el 23 de abril de 2002, sostiene que las devaluaciones siempre licuaron depósitos y deudas, pero por la promesa de Duhalde de devolver el valor en dólares de los depósitos se estableció para los mismos 1 igual 1,40 más actualización y tasa de interés. Pero en lo que respecta a los créditos, Remes Lenicov dice que hubo presiones de los empresarios y también de los bancos, que en forma conjunta se reunieron con Duhalde, con él y su equipo. Los empresarios –prosigue Remes Lenicov– decían que si aumentaba 40 por ciento su deuda, no la podrían pagar y los bancos entonces nada cobrarían: por eso que conjuntamente ambas partes acordaron plantear la pesificación asimétrica y la deuda se convirtió de un dólar a un peso, cuando en abril de 2002, el tipo de cambio paralelo (Plaza de Montevideo-Uruguay) se cambiaba cada dólar a 4 pesos.

Según testigos de aquellas jornadas, las gestiones fueron llevadas por ejecutivos como Carlos Giovanelli (Citibank), Enrique Cristofani (Río Santander), Emilio Cárdenas (HSBC) y Manuel Sacerdote (Boston), e industriales como Héctor Massuh y José Ignacio de Mendiguren (quien había sido nombrado Ministro de la Producción por Duhalde) en representación de la Unión Industrial Argentina. Como Remes Lenicov fue testigo y destinatario de la presión, reconoce que “esa asimetría tiene un costo, bancado por el Estado, del orden del 5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)”, sin aclarar cuál PIB toma como referencia, dado que el Producto medido en dólares descendió bruscamente durante ese año. “¿Qué crisis financiera no tuvo costos para el Estado?”, se pregunta Remes Lenicov, dando diversas comparaciones e indicando que en la Argentina de 1982 tras la guerra de Malvinas, por la devaluación y las medidas tomadas por Domingo Cavallo y José María Dagnino Pastore, la licuación de deuda de las empresas costó más del 20 por ciento del Producto.

Es obvio qué es lo que sucedió, la pesificación generalizada de las deudas bancarias de las empresas como fruto de la presión conjunta de empresarios y financistas sobre el gobierno, por lo cual Remes señala que “ante una situación así hay que asumir un costo pensando en salir lo más rápido posible (no hay salida sin bancos y sin empresas) y que el crecimiento lo digiera”. Y añade: “Pero también veamos lo que desgraciadamente ocurre con los endeudados en dólares en el exterior; si no hubiera habido pesificación, todos estarían en la misma situación y entonces la quiebra sería no ya financiera, sino patrimonial y hubiera sido extraordinaria”.

Lo cierto es que produjo una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados a favor de los empresarios endeudados, principalmente el Grupo Clarín, Techint, Ledesma, Pérez Companc, Eurnekian, Bulgheroni, Macri,  Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima, Coto, todos endeudados en dólares que pagaron esa deuda en pesos convirtiéndolo a la paridad 1 = 1, cuando el dólar oficial en abril de 2002 era de 3 pesos y el paralelo de 4 pesos, licuando la deuda a los empresarios a un tercio o menos y, el Estado se hizo cargo de la diferencia acrecentado la deuda pública.

El problema hoy

De esa crisis y cómo se salió de ella no se habla y a  los grandes medios (beneficiados directos de la pesificación de su deuda) ni se les ocurre rememorar el tema. Lo mismo quieren hacer con la fuga de capitales de la gestión de Cambiemos, que comprendió todo el superávit comercial y además endeudó al país por más de 100.000 millones de dólares, de los cuales 86.200 fueron comprados por más de siete millones de personas físicas y jurídicas, pero los primeros 100 compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años.

La nota Los conocidos de siempre del 17 de mayo de 2020, del director de El Cohete a la Luna, expresa textualmente: “El Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza están entre los mayores responsables de la fuga de capitales durante el gobierno del ex Presidente Maurizio Macrì, sostienen personas que vieron no sólo el informe dado a conocer por el Banco Central el jueves, que estima esa fuga en 86.000 millones de dólares, con una notable concentración en unos pocos actores económicos, sino también los nombres”.

La semana siguiente Horacio Verbitsky publicó otra nota denominada Los 100 de Macrì, donde presenta un cuadro con el nombre de las 100 empresas y cuánto fue la “formación de activos en el exterior” de cada una de ellas. En esa lista se destacan además las firmas Telefónica, YPF SA, Mercado Libre, Tenaris, Siderar, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados, Adecoagro, en las que BlackRock posee parte del paquete accionario.

También, como lo reconoce su CEO Larry Fink, BlackRock tiene participación en el Grupo Santander (en la Argentina dueña del banco Santander-Río) y en Glencore (dueña de Oleaginosa Moreno SA y con fuerte participación en Renova SA y en la explotación  de la minera Bajo la Alumbrera, en el país), que forman parte de los activos que administra por más de 6,5 billones de dólares, que si el fondo de cobertura fuera un país sería el tercer PIB del mundo, después de los Estados Unidos y China.

El poder de BlackRock como acreedor y a la vez socio de YPF S. A. quedó demostrado estos días con la negación de la deuda de esa empresa mixta. Y podemos deducir por carácter transitivo el porqué de los silencios y de algunas medidas como el Decreto 949/2020 de llamado a licitación de la Hidrovía del Paraná.

Esa es la historia y el estado de situación en que nos encontramos, porque no se investiga cómo hicieron: que utilidades obtuvieron esas 100 empresas para justificar detraer 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años, y cómo contribuyen a la sociedad y al erario público, al cual no le temen. En mayo de 2002, en plena crisis y por pedido del FMI entre otros, se los liberó de ir presos por delinquir.

Qué hacer

Fue el mismo FMI que irresponsablemente le prestó en Derechos Especiales de Giro unos 45.000 millones de dólares al gobierno de Macri, suma que financió en dólares constantes y sonantes parte de la monumental fuga de capitales de esa gestión.

Primero tenemos que tener un plan que impulse el mercado interno mediante un shock distributivo con aumento de salarios, jubilaciones y pensiones para estimular el consumo. Y se debe limitar severamente la venta de dólares mediante la derogación del Decreto 893/2017 que derogó la Emergencia Cambiaria de Illia; de esa forma la Argentina crecería en forma sostenida como lo demostró Néstor Kirchner. De no realizarse esa tarea, incurriremos en los niveles de pobreza, desocupación y marginalidad que implican la brutal transferencia de recursos a favor de los sectores más favorecidos en desmedro de la población, en un marco similar al año 2002, en que el PIB descendió un 10,9% y en que la tasa de desempleo abierto en mayo de ese año fue del 21,5%, la mayor de que se tenga registro.

El descontento de la población se manifestaba en las calles. En la estación Avellaneda del ferrocarril Roca la policía asesinó a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ese fue el fin del gobierno de Eduardo Duhalde. Debió convocar a elecciones en las que resultó Presidente Néstor Kirchner y el país retomó un camino que no debía haber abandonado, para la “felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

GALLARDO PÉREZ, REFERÍ

El cuadro que abre esta columna es un intento de graficar el comportamiento de los principales precios de la economía (indicadores nominales) y su correlación con la economía real en términos de actividad, empleo y su reflejo en el sector externo (indicadores reales) durante el 2020. Año que sufrió el impacto de la propagación del virus sobre la Argentina lacerada por el macrismo.

Veamos el cuadro entonces: