En teoría impositiva se considera que un gravamen es progresivo si paga más el que más tiene, más para la Argentina que desde hace muchos años tiene un sistema tributario sumamente regresivo y que no respecta el párrafo final del Art. 16 de la Constitución Nacional que dice expresamente al respecto: La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Decimos esto porque según los datos de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Nación, la participación de los impuestos con carácter progresivo –tales como el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales[1], que cuentan con escalas que discriminan de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes— cayeron fuertemente en su recaudación en los cuatro años de la gestión de Cambiemos y no se recuperaron en el año 2020 porque la pandemia del Covid-19 provocó mucho más quebrantos que utilidades.

El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total de la Administración Nacional en 2015 al 21,8% en 2019 y al 20,2% en el año 2020. El Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019. El IVA, por ejemplo pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30% en el año 2019 y a un 30,2% en el año 2020, un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables.

Peor pasa en las  provincias argentinas que por la Constitución Nacional son las encargadas de recaudar los impuestos directos y, el impuesto inmobiliario rural es solo el 0,3% del PIB, siendo la mayor fuente de recursos de las Provincias el Impuesto a los Ingresos Brutos (que es a las ventas y se traslada al consumidor final) que representa el 70% de la recaudación provincial en promedio.

La presión tributaria nacional (incluyendo contribuciones previsionales) es de aproximadamente el 22,4 % del PIB, más un 6,5% de los impuestos provinciales, rondaría el  28,9% del PIB,  es mayor en general que la de los países latinoamericanos (esencialmente México que la presión tributaria es muy baja) pero menor que en Brasil. Incluso es superior a la de los EEUU, con el agravante que en los EEUU existe cierta proporcionalidad en la recaudación entre impuestos a la riqueza (patrimoniales), a las ganancias (rentas) y al consumo y la actividad, es de aproximadamente un tercio para cada división, por un lado y, por el otro, ese país, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, observamos que el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estado la presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

En la Unión Europea la presión tributaria promedio es del 40,2%, países como Suecia tienen una presión tributaria del 48,9% con un eficaz sistema de administración tributaria donde las autoridades no solo exponen los datos de los más pudientes, sino que también desvelan los de todos los contribuyentes, permitiendo que cualquiera pueda enterarse de lo que gana un sueco y como contribuye con el Estado.

La presión tributaria en Alemania es del 39,3% del PIB, Reino Unido 33,1%, Francia 46,4%, Italia 42,3% y España 36,5%, pero en la mayoría de ellos se respeta (salvo España y los países del Este europeo) cierta proporcionalidad de un tercio por gravamen al patrimonio, un tercio por rentas y un tercio por consumo.

Estructura de los ingresos tributarios del gobierno general por tipo de impuesto, 2018, países escogidos (en % del PBI)

Fuentes: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Ministerio de Economía de Argentina, y OECD Statistics.

MODIFICACION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Primero ya es ley la modificación del Impuesto a las Ganancias para la IV Categoría (trabajo personal) que estableció un mínimo no imponible de $150.000 brutos mensuales, a lo que se le suma la desgravación de los gastos realizados en jardines maternales privados y se permite también computar a cuenta de Ganancias todo gasto en «provisión de herramientas educativas para los hijos» y en «pago de cursos de capacitación o especialización» hasta un tope de $ 5.590 por mes. Como es ley las retenciones a cuenta del impuesto que hicieron las empresas a los que al elevarse el mínimo imponible y cobran menos de $ 150.000 en bruto por mes (unos $ 124.000 netos) se le debe devolver con el sueldo de abril 2021 dichas retenciones.

Y ahora, el 8 de abril de 2021, el gobierno de Alberto Fernández remite al Congreso de la Nación, el Proyecto 0002-PE 2021 que básicamente reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar alrededor del 90 por ciento de las empresas, que es el universo que conforman los pequeños y muchos de los medianos establecimientos.

Se estima que existen en el país alrededor de 406.000 empresas registradas en Argentina en sectores industriales, de comercio y de servicios. La mayor parte de estas firmas corresponden al segmento de microempresas (70% del total), le siguen en importancia por su número el segmento de Pymes, con 113.600 empresas (28%), y el de grandes empresas, con más de 8 mil compañías registradas (2%).

La idea es revertir la reforma tributaria del macrismo y hacer una segmentación: Casi el 90% de las empresas, que la mayoría son pymes, van a bajar la alícuota del Impuesto a las Ganancias de 30% a 25%, las grandes seguirán pagando 30% como fue en el año 2020 y las muy grandes, que son unas 1300 empresas, pagaran 35%.[2]

La nueva propuesta prevé que la tasa del 25 por ciento será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5 millones de pesos anuales[3], alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas. El proyecto garantiza la sostenibilidad fiscal porque aumenta la alícuota sobre las empresas que más ganan. Por ello la tasa del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales y, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%, quienes pagarán igual o más y de esa manera compensan los menores ingresos esperados de casi el 90% de los establecimientos y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las personas físicas (IV Categoría).

La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión. Que bajaba un cinco por ciento por año la alícuota general, para los años 2020 y 2021 llevaba la alícuota al 30 y al 25% respectivamente.  Reforma que el mismo Macri suspendió en el año 2019, por lo que el Gobierno de Alberto Fernández fijó para el año 2020 una tasa general del 30 por ciento.

El proyecto 0002-PE-2021 es un paso importante para una justicia redistributiva que alivia a las pymes, que son las que generan trabajo y, hace que la recaudación se base en la ganancia de grandes empresas que son dominantes en sus mercados y son las que se le incrementa la alícuota al 35%. Este cambio de situación, agiganta la labor de la AFIP para controlar que no trasladen a sus precios el incremento en la alícuota del impuesto a las ganancias.

En la Argentina, la recaudación del Impuesto a las Ganancias a las personas físicas representa aproximadamente la tercera parte de la recaudación total del gravamen[1], pero las personas físicas no pueden trasladar ese costo. En cambio, las empresas que tienen una posición dominante si pueden terminar transfiriendo parcial o totalmente el gravamen.

El problema es que en la Argentina, la gran mayoría de las grandes empresas, tienen posición dominante en su mercado. Si Techint tiene que pagar un impuesto a las ganancias del 35%, va a trasladar ese impuesto al costo de los caños sin costura que sólo ellos producen y, lo mismo sucede con la mayoría de las grandes empresas que son predominantes y fijan precios, pensemos en la producción y venta de combustible, cemento, aluminio, arroz, fideos, aceite, carne, productos de limpieza, etc., donde es una, dos o tres empresas las que fijan el precio, de allí que debe mejorar notablemente el control fiscal para evitar que sean los consumidores los que le paguen el impuesto a esas grandes empresas.

[1]  Que grava los patrimonios por encima de los $2 millones.  La Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva incrementó el impuesto sobre los Bienes Personales y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, en caso de verificarse la repatriación. Pero no hubo cambios en este año 2021, por lo tanto las alícuotas que se mantendrán van de 0,5% a 1,25% para los bienes en la Argentina y de 0,70% a 2,25% para los bienes en el exterior.

[2] La reforma tributaria sancionada en el año 2017, preveía una alícuota general del  25% para este año 2021, por lo que  las empresas  de mayor facturación se les elevó el gravamen.

[3] Importe que se ajustará todos los años por el IPC (Indice de Precios al Consumidor) del INDEC.

[4] En el año 2020 fruto de la pandemia, se cayó aún más las declaraciones de ganancia de las empresas y por ende es probable que la IV categoría que es el impuesto al ingreso personal, haya representado el 40% de la recaudación.

La columna pasada planteamos la necesidad imprescindible de un shock redistributivo ante los datos de pobreza e indigencia del año 2020 informados por el INDEC. La Encuesta Permanente de Hogares (EPA) proyectada al total de la población arroja que 19 millones de argentinos y argentinas se encuentra bajo la línea de pobreza.

Un determinante de la insuficiencia de ingresos populares es la suba del precio de los alimentos, por encima del promedio de la inflación minorista.

El cuadro que continúa revela el impacto del aumento de la canasta alimentaria en el deterioro de los ingresos de los más humildes:

El déficit fiscal total del año 2020 de la Administración Nacional fue de 2.292.730 millones de pesos y representó un tercio del total del gasto, gasto que se incrementó fuertemente por los programas de salud y asistenciales por la pandemia. Dicho déficit fiscal fue financiado parcialmente por el BCRA, por dos vías, una transfiriendo utilidades de la autoridad monetaria (que se generan básicamente porque las reservas internacionales brutas en oro y divisas al devaluarse nuestra moneda, valen más en pesos) por casi un billón de pesos y, otra parte, por Adelantos Transitorios al Tesoro por 467.720 millones, por lo tanto la Administración Nacional debió endeudarse en el año 2020 en pesos, por la diferencia, que fue de 827.700 millones de pesos[1]. Esquema que plantea repetir este año 2021, para que el 60% del déficit sea financiado por el BCRA y, 40% por deuda, pero con cifras menores (el objetivo de la ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional 2021 es reducir el déficit fiscal total del 8% al 4,5% del PIB).

Pero de allí a afirmar que la política de reducir el déficit fiscal no es de derecha o de izquierda, dista de la realidad, en un país donde a la injusta distribución del ingreso se suma un más injusto y regresivo sistema impositivo.  El Ministro Martín Guzmán tiene una idea teórica del tema formado en las universidades de los Estados Unidos. Allí los los impuestos respetan la proporción en la recaudación entre

• gravámenes a la riqueza (patrimoniales),
• a las ganancias (rentas) y,
• al consumo y la actividad.

Aproximadamente corresponde un tercio para cada división. Además, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y depende de cada Estado la presión fiscal. Obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

Muy distinto es en nuestro país, donde sumando las imposiciones de las provincias,

• el total de los impuestos al consumo y a la actividad (IVA; Combustible; Internos; Débito y Crédito Bancario; etc. a nivel nacional y el Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial) representan más del 75% de lo que se recauda.
• El Impuesto a las Ganancias no alcanza a ser el 22% de la recaudación total (donde más de un tercio es a la cuarta categoría – trabajo personal) y,
• el gravamen a las riquezas supera levemente el 3%. Por ejemplo teniendo las tierras más fértiles del mundo, el impuesto inmobiliario rural (que recaudan las provincias) no alcanza a ser el 0,3% del PIB,  cuando el IVA representa el 10,5% del producto bruto interno argentino.

Por ende el camino correcto para reducir el déficit fiscal es esencialmente cobrándole impuestos a los que no pagan o lo hacen mínimamente, que son los sectores más ricos de nuestra sociedad.  La presión impositiva es importante para la mayor parte de la población, no así para los que detentan un gran patrimonio.

Por ejemplo, la recaudación del impuesto a los  Ingresos Brutos, que se traslada y lo paga el consumidor final, representó en 2020 el 72,6% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires ($ 339.086 millones), mientras que el Impuesto Inmobiliario Rural fue de solo $ 14.131 millones (el 3% de la recaudación propia), cuando el Censo Nacional Agropecuario muestra que 2.516 establecimientos concentran la propiedad de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables de la Provincia). Y cuando a comienzos de 2020 el Senado bonaerense trató el Código Fiscal, nos enteramos que los dueños de esos establecimientos son 211 familias y/o sociedades.  Estamos hablando de la tierra más fértil del país (y una de las más fértiles del mundo), donde más rinde por hectáreas tiene el maíz, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol, etc., pero paga solamente el 3% de los ingresos propios de la provincia

Es claro que se necesita una reforma integral del sistema tributario y que no se puede realizar una disminución del déficit sino se lo hace principalmente desde los ingresos.

El déficit cuasifiscal

Lo más llamativo es que el equipo económico no muestra la misma preocupación por el déficit del Banco Central o cuasi fiscal,  cuando las Leliq (letras de Liquidez del BCRA) más los pases pasivos (que es plata que los bancos le prestan al BCRA) suman en total al 30 de marzo de 2021,  3,1 Billones de pesos, superando a la Base Monetaria que es el total de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA que era a esa fecha de 2,5 billones de  pesos e incluso, es mayor al déficit fiscal  acumulado del año 2020 de $ 2,3 Billones

Esa masa de dinero inmovilizada devenga intereses todos los meses, que en marzo de  2021 ascendieron a unos $ 90.000 millones[2], que paga religiosamente la autoridad monetaria.  En la gestión actual del BCRA el renglón que más se incrementó fueron la Leliq: creció un 149% (de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión a 1.891.864 millones el 31 de marzo 2021), cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 38%.

Por lo tanto en la Argentina el crédito y la liquidez (dinero en la calle) es mínimo e insuficiente para impulsar la actividad económica y, no solo no se puede concebir que el Banco Central le pague a los Bancos por no prestar, sino que esas inmovilizaciones han tomado una magnitud inconmensurable y, el nivel de esterilización del dinero es de mayor magnitud que el déficit fiscal de Tesoro de la Nación, con el grave riesgo que se convierta en una bola de nieve imposible de pagar.

Cínicamente los economistas del sistema critican el déficit fiscal, básicamente ocasionado para poder hacer frente al drama de la pandemia generada por la Covid-19, pero nada dicen del déficit cuasi fiscal o déficit del BCRA que crece sin cesar y, dada la concentración del sistema financiero local, diez grand. Son los mismos que compraron para sí y para sus clientes la mayor parte de los 86.200 millones de dólares que se fugaron en la gestión del gobierno de Cambiemos.

Por ende, en medio de la llamada Segunda Ola de la Pandemia se deben tomar medidas de regulación estatal para apuntalar a la población, a su producción y a su trabajo, en cumplimiento del Art. 16 de nuestra Constitución Nacional: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Y del mandato constitucional:”… promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Las verdaderas y necesarias medidas

Es obvio que deben tomarse fuertes medidas en el área financiera y cambiaria para revertir la situación y que sean las entidades financieras las que se conviertan en funcionales a un sistema económico en crecimiento y distribuyendo progresivamente el ingreso y no, como ha sido hasta ahora, mecanismo de renta y fuga de capitales, por ello se propone:

1. Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Por medio del Decreto 239/2021 la Procuración del Tesoro de la Nación se constituyó en parte querellante en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la CABA y coadyuvará en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional. Pero que la querella no sea solo contra los funcionarios que hicieron posible el endeudamiento y su fuga en la gestión de Cambiemos, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica. El Informe de marras dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero los 100 primeros compraron 24.769 millones de dólares.  Bien hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron,  de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. Nunca se comunicó oficialmente quienes eran los que compraron dólares en la gestión de Macri, entre ellos y principalmente, los 100 primeros fugadores, pero El Cohete a la Luna con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri” https://www.elcohetealaluna.com/los-100-de-macri/, afirma (y nunca fue desmentido ni por las empresas y personas invocada, ni por el BCRA), que encabezan el lote de grandes fugadores Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Joseph Lewis) con 903,9 millones de dólares[3], y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence el 30 de abril de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasany[4];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
2. Anular la facultad que le otorga la Carta Orgánica del Banco Central (Ley 24.144/92) de que los dólares que el BCRA le compra al Tesoro de la Nación, por endeudamiento de la Administración Nacional sean vendidos a los bancos.  Esto es,  los dólares de la deuda externa deben seguir siendo reservas internacionales inmovilizadas del BCRA.  De esa manera  no se propicia el endeudamiento estatal y la fuga de capitales.
3. Ante la segunda ola de Covid 19, es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total (principalmente está conformado por los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y los trabajadores y jubilados y pensionados), a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello el Profesor Sergio Arelovich coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), propone transformar el stock de Leliqs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de Leliqs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privada y estatal.
4. Fortalecer la capacidad del Banco Central para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. De acuerdo con este esquema, la principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, así como agilizar las transacciones económicas en clara línea con una preocupación por estimular la demanda. En ese sentido se exige mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo. De ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica. Con esta medida el BCRA busca fomentar la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo a través de facilitar las condiciones para las instalaciones de nuevas entidades financieras.
5. Fortalecer el rol de la superintendencia de las entidades financieras y cambiarias del BCRA. Para ello se debe conformar una mesa de coordinación institucional con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal; el Ministerio de Seguridad; la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central; la Comisión Nacional de Valores; la AFIP; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social;  y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Es imprescindible restablecer el artículo 6° de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.
6. Modificar la ley 21.526 de Entidades Financieras para que la actividad sea de interés público nacional: Esto preservaría el carácter privado de la misma y su sometimiento a un régimen preponderantemente de derecho privado, pero obligaría a las entidades a aceptar una intensa regulación y fiscalización estatal dado que ellos administran ahorro del público y debe ser orientado a financiar la producción y el trabajo y no a actividades especulativas de ningún tipo.
7. Anular el Decreto 893/2017 y de esa manera restablecer el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria, que en su artículo 1º afirma: “A partir de la fecha, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor F.O.B. o C. y F., según el caso, deberá ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambios dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente” y en su artículo 2º: “Igualmente, deberán ingresarse al país y negociarse en los términos que se fijen en la reglamentación, las divisas provenientes del cobro de fletes y pasajes; seguros; comisiones de cualquier naturaleza; reembolso de capitales; renta de inversiones; derechos de autor; explotación, venta o alquiler de películas cinematográficas y grabaciones; tasas telegráficas y, en general, toda suma ganada en moneda extranjera a favor de un residente en la República Argentina.
8. Oponerse a la reprivatización del Río Paraná, para ello se debe pedir la opinión del pueblo argentino, por lo que al realizar las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) o las elecciones nacionales generales del corriente año 2021, se solicite por un referéndum vinculante que diga, si se está a favor de la creación de una Sociedad del Estado para la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias en el Paraná o, si se vuelve a licitar nuestro río como lo propone el Decreto 949/2020.

[1] En el mercado local y colocando títulos de deuda que se pagan en pesos pero ajustados al valor dólar (por ejemplo los llamados Bonos Linked)  y en pesos ajustables (Los BONCER),  el CER es el Coeficiente de Estabilización de Referencia y se basa en el IPC del INDEC.  Desde el 10 de diciembre de 2015 al 28 de febrero  de 2021 ambos índices crecieron en forma similar en un 1.000%.

[2] Monto similar al IFE (ingreso Familiar de Emergencia) cada vez que se pagó

[3] Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en el capital de Telefónica y Pampa Energía.

[4] Larry Fink, CEO de BlackRock  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia, y en el Banco Santander.

https://www.elcohetealaluna.com/ocho-propuestas-financieras-y-cambiarias/

Los analistas insisten ahora con el desacople de la Argentina del resto de los países emergentes, que se advierte en los índices bursátiles de Buenos Aires así como en el valor de los bonos, que se encuentra muy por debajo de los niveles prepandemia, y el país quedó muy por debajo del rebote que tuvo lugar en los emergentes, principalmente entre los asiáticos, y también la renta variable local se comportó mucho peor que la de la región.

Ante todo hay que aclarar que la Argentina, pese a las clasificaciones de los mercados, no puede ser un país emergente si no afirmara su industria. Es un resultado derivado de la índole que tuvo la política económica en los años 2015 a 2019, en la gestión Cambiemos, y como consecuencia del poderoso antecedente que la instaló: la política económica heredada de la dictadura militar. Y eso por una razón muy simple: el proceso de emergencia tiene que ver con la industrialización, y la Argentina siguió en ese período una clara política de apertura indiscriminada que atentaba contra la recuperación de la actividad manufacturera.

El mercado no puede admitirlo directamente porque su mirada se asienta sobre la posibilidad de obtener ganancias, y en un entorno muy marcado por la apertura indiscriminada, esa posibilidad se apoya cada vez menos en la industria y cada vez más en la especulación financiera, que es propia de los períodos de crisis. Pero si la ganancia se asienta en una riqueza material y no sólo en una expectativa, sólo puede provenir de una producción cada vez más compleja. Las sociedades industriales y las que se vuelven industriales emergiendo desde economías más primitivas son un ejemplo. Si hay una mayor acumulación de riqueza en medio de una sociedad más pobre, el resultado conduce al empeoramiento del nivel de vida, la baja del salario y del empleo y la menor potencia industrial.

A partir de los años setenta, con el paso de sectores de la industria a países de menor desarrollo, la menor industrialización del centro parecía señalar un porvenir con menos industrias en el centro pero en conjunto más industrializado, con los países del centro manteniendo el núcleo de industrias de más alta tecnología. Esta tendencia se asentó definitivamente en los ochenta y se expresó entre nosotros en la desindustrialización inaugurada por la dictadura militar en 1976, que se continuó con las políticas de ajuste de la democracia hasta la crisis de 2001, pero la Argentina no era un país industrializado sino que podía aprovechar la radicación industrial para fortalecerse. Sucedió todo lo contrario, porque la oligarquía tradicional agropecuaria lo vio como una oportunidad para afirmar su poder y desmantelar parcialmente a la industria, para lo que derivó los excedentes hacia las finanzas y la exportación de capitales y políticamente bloqueó al peronismo.

La profundidad de la tendencia desindustrializadora se advierte en el absoluto protagonismo de la política monetaria. Al elegir la restricción cambiaria sin cuidar su influencia sobre la industria, en la Argentina los sectores económicamente dominantes mostraban su preferencia por mantener una división del trabajo que se desdibujaba en el resto del mundo por la acelerada industrialización de muchos de los productores de materias primas.

La crisis de los años noventa fue una muestra de esas diferencias. Ni la crisis del tequila en México, ni la del real en Brasil, derivó en una limitación de la vía de desarrollo industrial por el impacto de una moneda que se esforzaba por mantener en equidad con el dólar. Esta práctica monetaria reiterada, de valorizar la moneda en lugar de la cartera de productos que se venden y –sobre todo- de su valor agregado, requería producir menos para gastar menos, pero vender más afuera y menos adentro, con lo que se terminaban reduciendo el mercado interno y las posibilidades de exportar y se requerían más productos importados; exactamente lo contrario de lo que procuran hacer los países que crecen: aumentar las ventas y su valor agregado y con eso volver más rica la moneda.

No hay otro camino. El potencial comprador de una economía no es un atributo de la moneda sino de la economía que la sustenta, su capacidad competitiva y su integración a las redes manufactureras internacionales, una inquietud inexistente en todas las políticas económicas de ajuste que prevalecieron de 1976 a 1984 y continuaron después, durante largos 18 años, hasta la profunda debacle de 2002.  Sustentar una deuda creciente que no se usa en invertir sino en importar, desmantelar la industria, fortalecer las ramas primarias, destruir el sistema ferroviario en nombre de un menor gasto fiscal y encarecer la logística de un país extenso, ponía el foco en la región pampeana privilegiada y culminaba con la dolarización de las tarifas de los servicios como antecedente de la dolarización de todos los precios, lo que significaba reducir su universo y empobrecer a la mayoría.

Fue una instancia que no estuvo presente con iguales repercusiones en México o Brasil, para no hablar no ya de China, ni de los países emergentes asiáticos. Éstos, como verdaderos emergentes, se embarcaron en procesos de intensificación industrial orientados a sustituir partes de industrias avanzadas e integrarse así en una red manufacturera mundial con un mayor contenido tecnológico. Estos países son los emergentes verdaderamente dichos más notables: en ellos, el antiguo modelo de producción cedió a una articulación mundial más homogénea y avanzada que, por el contrario, dejaría de lado la pasada división del trabajo, sobre todo apuntando a la acumulación de capital en las ramas más avanzadas de la industria, al contrario de la fuga de capital o a su radicación en las finanzas y más tarde en servicios a precios dolarizados, como sucedió en la Argentina.

Esa tendencia fue quebrada en el país desde 2003 en adelante, y es muy clara esta ruptura al observar el ascenso del PBI local en esos años y hasta la crisis financiera de 2008, período en que se recuperaron posiciones industriales que habían sido relegadas nada menos que en los 28 años previos, desde 1975.

El anterior enorme retroceso de casi tres decenios continuados volvió a irrumpir a través de la economía internacional durante la crisis financiera de 2008, pudo ser parcialmente resistida a costa de mayor inflación, pero se afirmó con la política nacional del macrismo, de apertura indiscriminada y apoyo a la acumulación financiera, agravada con la vuelta a la búsqueda del equilibrio monetario con el dólar o directamente con la búsqueda solapada de dolarización. Inmediatamente después, la recesión surgida de la pandemia universal no podría hacer otra cosa que empeorarla más que a las economías que no habían sufrido el mismo castigo.

Y la inflación no se puede vencer destruyendo producción y retrocediendo hacia una estructura productiva nacional más primitiva sino igualándola paulatinamente a las redes internacionales más avanzadas en contenido industrial y tecnológico: es la única manera de bajar los costos de largo plazo, y al bajar los costos de una producción más avanzada, reducir las diferencias de valor de la moneda nacional respecto a las divisas.

La imposición de una moneda fuerte sostenida por crédito en un contexto de una economía de industrialización retrasada supone una restricción monetaria y crediticia para la producción no competitiva que restringe la fabricación de productos más avanzados y, consiguientemente, fundamenta la fortaleza monetaria en el retraso productivo, lo que significa una contradicción mayúscula, como lo muestra el caso argentino. Al restringir cada vez más la producción avanzada, lo que se desenvuelve es una conformación económica más atrasada, con baja en el salario, el empleo y en el nivel de vida, y facilidad de ganancias en la especulación financiera más que en ningún otro lado.

En los países desarrollados este proceso no obstaculiza la persistencia de su riqueza general porque es ya una estructura establecida. La Argentina, por su parte, fue un país en tránsito temprano a su industrialización, en que los sectores dominantes se negaron persistentemente a evolucionar en ese sentido desde la generación de una economía mundial con la posguerra de 1945, y el resultado está ante nuestros ojos: una industrialización frustrada que no pudo tener continuidad y desaprovechó una oportunidad única.

Aun así, la ventaja de los países industrializados se encuentra opacada frente al ascenso de China y de los verdaderos emergentes, que son los asiáticos, y el golpe se siente en los salarios y el empleo. México y Brasil pudieron conservar su industrialización y por eso su situación está menos expuesta que la de la Argentina. México se integró a partir de una industria más retrasada a la industria estadounidense, como una parte de ella, y Brasil no interrumpió su industrialización gracias a su gran mercado interno. Por eso pueden sostener una inflación controlable y determinada por una moneda nacional que no se devalúa más que en la medida en que sostienen una moderada diferencia de productividad que les permite una integración mundial mayor, que en México es decisiva a través de Estados Unidos.

La opción argentina parecía seguir sosteniéndose con una estructura de producción relevante en el ámbito primario y en el terciario de los servicios, no en la industria, que es el eje de desarrollo del capitalismo. Durante un largo tiempo, una visión parcial pudo dar la impresión de que la industria dejaba el centro de la escena en favor de los servicios. Pero con la economía del conocimiento la industria vuelve a estar en el centro con más intensidad que nunca, y va camino de sustituir la mano de obra directa por la digitalización automática de los procesos industriales a través de las comunicaciones.

El resultado va a ser una industria superior y más generalizada, en dirección hacia la automatización y la robotización, un escenario en que la ausencia de industria sería un signo más que evidente de atraso. Por eso, en estas circunstancias, queda más claro que nunca que la presencia de la industria más avanzada no puede ser compensada por la sustitución de la moneda sino, con más urgencia que nunca, por la adaptación de la estructura productiva al perfil internacional.

Para la mayoría de los analistas y consultores argentinos, que siguen una larga trayectoria de búsqueda de ganancias a través de la especulación y la pobreza de la mayor parte de la sociedad, se trata de una realidad incomprensible.

La economía se contrajo un -13,5% en el lapso 2015-2020. Un lustro azotado por el macrismo y la pandemia, del que aún no se ha emergido. En el cuarto trimestre del 2020 la tasa de desempleo abierta es del 11%, persistiendo en el nivel de dos dígitos. La inflación minorista pronosticada para el primer trimestre de 2021 es del 10,4% y la suba de precios minorista en el rubro alimentos para igual período se estima en 12,5%.

La canasta básica total para febrero de 2021 se calculó en $57.997 y la canasta básica alimentaria en $24.575. El salario mínimo vital y móvil es de $21.600, el salario promedio del sector privado (RIPTE) en enero de 2021 asciende a $68.101. La remuneración mediana del sector privado a diciembre 2020 es de $80.381 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-SIPA).

La medición de la incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos que conforman un total de 9.300.000 hogares comprendidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) arrojó que 2.900.000 hogares (31,1%) se encuentran debajo de la línea de pobreza, con un ingreso promedio mensual de $29.657 sensiblemente inferior al costo de la canasta básica total. Dentro de ese conjunto existen 721.000 hogares (7,5%) cuyo ingreso mensual promedio de $12.864 los ubica bien por debajo de satisfacer el costo de las necesidades alimentarias mínimas. La EPH estima en un 42% de la población relevada a los ciudadanos en situación de pobreza y a 10,5% los que padecen indigencia. Si esta muestra se proyecta al total de la población estimada en 45 millones, los argentinos y argentinas pobres alcanzarían casi 19 millones.

En este marco el Gobierno decidió avanzar en el descongelamiento de las tarifas de gas, luz y alquileres. La agenda prioritaria en el Ministerio de Economía es alcanzar el acuerdo con el FMI y lograr reducir el déficit fiscal.

En la Cámara de Diputados, impulsado por su presidente Sergio Massa, ha avanzado el proyecto de rebaja de la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores. Una medida potente que surge como contra-cíclica del estrago económico y social con el que arrancó el 2021. Por ahora la única.

La situación se agrava porque, según los especialistas, la “segunda ola” de contagios masivos que pueden poner en crisis el sistema de salud se anticipó un trimestre: del invierno al otoño. El programa de vacunación que se esperaba desplegado en plenitud en el invierno para consecuentemente enfrentar con éxito la “segunda ola”, se ve urgido por la suba del número de infectados. Nuevas restricciones a la movilidad por razones sanitarias tienden a frenar la recuperación económica con la que el Gobierno espera superar el deterioro descripto.

Desde esta columna afirmamos que el Gobierno iniciaba el 2021 apoyándose en la incipiente recuperación del último trimestre de 2021 y alentando a que el sector privado tomara en sus manos la reactivación a través de la puesta en marcha del Consenso Económico y Social.

También cuantificamos que la política monetaria y fiscal expansivas ejecutadas durante el 2020 habían alcanzado límites en el marco del esfuerzo realizado y del Estado quebrado por la herencia macrista. Consecuentemente, se retirarían los estímulos a la demanda por esa vía.

El objetivo de la nueva etapa se centraba reestablecer los equilibrios macroeconómicos y acelerar un acuerdo con el FMI, en el marco de lo que el ministro Guzmán denominó “tranquilizar la economía”. Sin embargo, el sector privado no parece estar interesado en ningún acuerdo socioeconómico con el Gobierno ni con el segmento social que le permitió acceder a la Casa Rosada a la actual coalición peronista.

Ninguna de las fracciones importantes del empresariado productivo y financiero ha enviado señales de liderar un proceso de crecimiento potente de la actividad con eje en el mercado interno, más allá de ocupar paulatinamente la capacidad ociosa existente en el marco que la pandemia permita.

Es extraño que con un gobierno peronista de corte proteccionista en lo externo y promotor del consumo en lo interno, en un contexto internacional incierto y con un salario depreciado en dólares inédito, no se verifique un relanzamiento acelerado de la actividad.

Los planes de negocios de los agentes más poderosos giran en torno a la energía y los alimentos como bienes comerciables internacionalmente. Con esa matriz, a la que agregan otras actividades extractivas, imaginan la salida de la pandemia.

La ausencia de “pata empresaria” para un gobierno peronista es difícil a la hora de la elaborar políticas, máxime en el marco de una crisis monumental como la actual.

Ni la reestructuración de la deuda pública con el sector privado permitió que descienda el riesgo país y fluyan “dólares financieros” hacia la Argentina, ni las mesas de acuerdo favorecieron la disminución del precio de los alimentos, ni las audiencias públicas convocadas van a frenar los aumentos de las tarifas de energía.

La nueva agenda

La llegada anticipada de la “segunda ola” obliga al Gobierno a pensar en un cambio de las prioridades de agenda:

-Desvínculo efectivo de los precios internacionales de los internos en alimentos y energía;

-Acumulación en el BCRA de las divisas provenientes del superávit de la balanza comercial;

-Administración del comercio exterior en línea con una inserción internacional definida;

-Aumento de emergencia del salario mínimo y de la jubilación mínima;

-Acuerdo de estímulos a empresas medianas contra planes de negocios multiplicadores de la producción y el empleo;

-Acelerar al máximo los programas de obra pública.

Los tiempos se han enrarecido, la idea de llegar a las elecciones de medio término ordenando la “macro” mientras la economía se recupera a pleno con la vacunación y la acción privada, pareciera haber encontrado frenos. Es bueno tomar nota y si es necesario apelar al pueblo que nos respalda.

https://www.eldestapeweb.com/economia/crisis-economica/economia-2021-es-imprescindible-un-shock-redistributivo-20214315550

Emilio Luque es un empresario de Tucumán que en octubre del año 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias y, además tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos. Todo ese proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses mediante los cuales suspendió el pago de los salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% del valor que le hubiera correspondido, que encima pagó en 13 (trece) cuotas.

Paralelamente, Emilio Luque adquirió los Ingenios Concepción y Marapa, con sus 3.400 hectáreas de caña, a la empresa Atanor en el año 2016, por 200 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el productor azucarero más importante de la provincia.  Por lo que no se entiende porque el Fisco, nacional y provincial, no auditan sus cuentas para saber cómo fue que generó esos 200 millones de dólares y como compró para sí, en los cuatro años de la gestión de Macri, 17.802.944 dólares, cuando no paga impuestos por esa suma y tiene deudas con la AFIP y, se infiere que, también tiene deudas con la Dirección General de Renta de la Provincia

De igual manera hay que llamarlo a Marcelo Midlin y decirle como hizo su grupo  económico “Pampa Energía” para comprar 903,9 millones de dólares, si no pagó impuestos a las ganancias en ese período en forma proporcional a ese monto.

El BCRA en un trabajo titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, sostiene que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron,  de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

Nunca se comunicó oficialmente quienes eran los que compraron dólares en la gestión de Macri, entre ellos y principalmente, los 100 primeros fugadores, pero el medio digital “El Cohete a la Luna” con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri”, afirma (y nunca fue desmentido ni por las empresas y personas invocada, ni por el BCRA), que entre esos grande fugadores de capital encabezan el lote Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[1], y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence este 30 de abril de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[2];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.  De hecho, desde el año 2003 hasta el año 2020 el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.712 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma obtenida por un brutal ajuste externo, se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país, pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria, no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.

La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial, le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites y en el año 2020  superó los 80 millones de toneladas, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente.

Pero no solo no hay control sobre la producción  y su exportación, sino que se declara una parte,  pero es importante la subfacturación de exportaciones y de esa forma se fuga.  En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial (declarado y no declarado) y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares.

No es justo que el pueblo argentino, que viene de sufrir las consecuencias del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, pague esa deuda. Primero, antes que nada, se debe auditar exhaustivamente como hicieron los Luque y los Midlin para comprar los millones de dólares que compraron.  Es más, de ese modo se debe recuperar gran parte de esa fuga para amortizar gran parte de la deuda con el FMI.

[1] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[2] Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia, y en el Banco Santander.

Esta semana se cumplieron 45 años del inicio de la dictadura cívico militar genocida. Las consecuencias de sus actos criminales y de vandalismo económico perduran hasta el presente, como una suerte de resiliencia perniciosa que el pueblo argentino, en más de 37 años de democracia, no ha podido extirpar a pesar de valerosos intentos en ese sentido.

Que Videla muriera en su celda purgando sus crímenes es un hecho reconfortante de la salud institucional de nuestro país. Algo que no ocurrió con pesados dictadores suramericanos como Pinochet o europeos como Franco, Oliveira Salazar o Pétain. Tampoco se desarrollaron en el resto de nuestro continente procesos profundos de Memoria, Verdad y Justicia que juzgaran los delitos de lesa humanidad en forma amplia, como sucedió en la Argentina.

El “partido militar” fue suprimido y pagó sus tropelías, pero la “columna civil” de la dictadura ha logrado sostener en el tiempo las aristas socioeconómicas del legado del 76.

El primer objetivo fue fracturar el frente nacional y popular, conformado por la alianza de empresas pequeñas y medianas de perfil industrial con los trabajadores formales asalariados y sindicalizados, cuyo patrón de acumulación lo conformaba un mercado interno potente y protegido por un Estado poderoso efector de bienes esenciales para su funcionamiento.

La represión brutal y el endeudamiento del Estado fueron las claves para desarticular al frente nacional y popular.

Liquidada la resistencia, los dólares que proveían los préstamos tomados por el Estado en el mercado internacional fueron transferidos a un reducido conjunto de empresas para que pudieran emerger como poderosos conglomerados constitutivos de una nuevo bloque homogéneo y dominante del escenario económico argentino.

La deuda pública y la fuga de capitales privada permitió que esa cúpula empresarial desvinculara sus planes de negocios del mercado interno y, por ende, romper definitivamente cualquier alianza con los trabajadores, cuya capacidad de consumo tendía a dejar de ser un factor de acumulación de rentabilidad.

Liquidado el conflicto capital-trabajo, se avanzó en amortiguar las diferencias sectoriales, como agro-industria, a partir de grupos empresarios que diversificaban sus campos de acción y, finalmente, la fuga de capitales permitió la trasnacionalización generalizada de los agentes económicos, resolviendo la dicotomía capital nacional-capital extranjero.

Grupo económico diversificado y trasnacionalizado era el modelo de negocios plantado por la dictadura cívico-militar. La contracara fue la ruptura del mercado interno amplio como patrón de acumulación, la consecuente disolución de la asalarización y sindicalización masiva como eje del empleo y, por último, un Estado quebrado por el peso de la deuda, arrebatándole al frente nacional y popular la herramienta a través de la cual viabiliza sus proyectos al llegar al gobierno.

La caracterización previa, el legado del 76, perdura como conflicto permanente hasta el presente y los actores empresarios surgidos entonces han hecho sentir su poder a lo largo de todo el ciclo democrático inaugurado en 1983. Clarín, Pérez Companc, Techint, Galicia-Braun, Bulgheroni, Arcor, Macri y otros, presionaron política y económicamente a todos los gobiernos constitucionales, que en la mayoría de las veces sucumbieron a sus pretensiones -excepto en el ciclo comandado por Néstor y Cristina que combatieron duramente contra el esquema descripto-.

Sin embargo, este conjunto de empresarios fue incapaz de conformar un proyecto de país que pudiera ser sustentable en el tiempo. La oligarquía de fines del siglo XIX estructuró un modelo agroexportador que mantuvo su vigencia incuestionada entre 1880 y 1930.

Los empresarios brasileños afirmaron un modelo industrial que se desenvolvió durante ocho décadas, desde Getulio Vargas hasta la tensión reciente a que lo somete Bolsonaro y cuyo desenlace es abierto. Los hombres de negocios poderosos de Chile, apoyados en la dictadura pinochetista, plantaron un modelo de apertura cuya vigencia de casi cincuenta años fue sacudida por el levantamiento popular del 2019, presentándose también un caso irresuelto.

Este empresariado sólo ha apostado un modelo de valorización financiera de los excedentes obtenidos de la concentración de mercados para luego fugar estas ganancias monopólicas al extranjero con las divisas provista por el endeudamiento estatal. Así se sumergió al país en crisis recurrentes y profundas como la de 1989 y 2001. Tampoco acompañaron las reformas de mercado de los 90 favoreciendo una fuerte extranjerización de la inversión y de la propiedad de las empresas.

Crecientemente se convirtieron en simples especuladores financieros dedicados a la depredación cíclica de la Argentina.

Durante el gobierno de Macri parecía que habían alcanzado la legitimación política de un triunfo electoral sin mediaciones y que por fin avanzarían en afirmar su proyecto vetado en distintos modos por el peronismo. Por el contrario, las maniobras especulativas llegaron al paroxismo, con un vertiginoso endeudamiento con el sector privado y luego con el FMI, fugando en cuatro años u$s 86.000 millones y habiendo tomado deuda pública por u$s 103.000 millones (u$s 59.000 millones en el mercado y u$s 44.000 millones con el FMI).

Tal fue el paralelismo con la dictadura cívico-militar por las políticas llevadas a cabo que reapareció el cinismo discursivo extremo de esa época. Los dictadores banalizaban sus crímenes horrendos con la frase “los argentinos somos derechos y humanos” y Macri se burlaba públicamente del dolor económico que le estaba infligiendo al país con su saqueo invitando a los argentinos a que “se enamoren de Christine”, refiriéndose a Lagarde, titular del FMI que suministraba los dólares para continuar la fuga.

En el presente le debemos una cifra monumental al organismo multilateral y a los fondos de inversión privados y el bloque primario de agro + energía reniega de considerar los bienes que produce como esenciales a la vida humana rechazando cualquier regulación. La mayoría de los argentinos ha perdido el derecho a comer lo que quiere, sobre todo carne. Además, una porción relevante de compatriotas ha resignado el derecho de comer en su casa.

La barbarie del legado del 76 está vigente y no hay fracción empresaria importante que quiera conformar una alianza con el gobierno de la coalición peronista ni con los trabajadores para recrear un circuito de producción y consumo virtuoso. Agazapados esperan el fracaso.

Tal vez es hora de enterrar el legado del 76 para siempre y recuperar definitivamente la Argentina. Si la democracia pudo acabar con el “partido militar”, ¿por qué no hacerlo con la “columna civil” de aquél entonces?

https://www.eldestapeweb.com/economia/neoliberalismo/los-efectos-economicos-de-la-dictadura-militar-la-barbarie-que-no-cesa-2021328052