Tras la dictadura militar y con la honrosa excepción del gobierno kirchnerista, el poder económico en la Argentina es hegemónico, fija los objetivos y dicta las reglas de juego, terminando con ese dudoso planteo de un empate social que supo hilvanar la teoría sociológica para el período 1943-1975, años en que –con todas sus contradicciones– el país crecía a una tasa promedio anual de 3,4% y absorbía con trabajo genuino el crecimiento poblacional vegetativo.

Con diferentes matices y hasta intereses, desde 1943 hasta junio de 1975 se defendía el mercado interno, el trabajo y la producción nacional, se invertía, se compraban y vendían propiedades en nuestra moneda nacional. El “Rodrigazo”, un shock regresivo basado en una devaluación del 160% del peso, sumado al previo levantamiento de los organismos de control de precios dirigidos por Miguel Revestido [1], generalizaron una inflación incipiente que estalló con la devaluación, degradando el salario real y nuestro dinero.

Poder económico que se concentró y fortaleció con la dictadura militar y el plan de Martínez de Hoz, que consistió básicamente en la apertura externa comercial y de capitales para subordinar la economía nacional a la mundial. Para ello fue necesario dotar de poder a los bancos, organizar los mecanismos de deuda y de desfinanciamiento del aparato productivo para desplazar en esas funciones al Estado, todo en un marco de crisis y de severa represión, que en los gobierno posteriores –salvo la excepción kirchnerista– implicó la herencia de la deuda y los compromisos asumidos con su regente y fiscalizador, que es el FMI.

Obviamente que el poder económico tiene sus contradicciones internas, que dirimen puertas adentro, pero hacia afuera se fijan parámetros que todos respetan y hacen respetar. Nadie puede dudar de la vigencia de la reforma financiera de 1977 cuando observamos atónitos que en plena crisis provocada por la pandemia del Covid-19 el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cumpliendo con esa legislación, permite que los dólares de deuda estatal sean comprados y fugados, que las empresas paguen deudas propias (reales o supuestas) con las reservas internacionales del BCRA, que las entidades financieras ganen fortunas por no prestar y la mayor parte de los depósitos que captan se den vuelta, se los den al BCRA y éste pague por ello, solamente en el mes de marzo, 125.000 millones de pesos; que el total de las letras que tienen los bancos en el BCRA llamadas LELIQs asciendan a fines de abril a 2 billones de pesos (al tipo de cambio oficial, más de 20.000 millones de dólares), masa de dinero inmovilizada que crece exponencialmente y que esta gestión multiplicó por tres desde el 10 de diciembre de 2019.

Por respetar la reforma financiera de 1977, el año pasado, habiendo obtenido el país un superávit comercial de 12.528 millones de dólares, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares. Y en lo que va de 2021 dichas reservas brutas suman 40.257 millones de dólares (acrecentándose en 800 millones con respecto a diciembre 2020) mientras solamente ACIARA-CEC (granos, harinas y aceites) declara haber liquidado exportaciones e ingresado al país 9.497 millones de dólares en el mismo lapso.

Que el poder económico tiene un plan lo demuestra el Decreto 949/2020 del 26 de noviembre de 2020, por medio del cual el Presidente Alberto Fernández delega en el Ministerio de Transportes la facultad del llamado a licitación pública nacional e internacional, por medio del régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la Ley 17.520 [2], para el balizamiento, dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio y del Río Paraná Bravo, a riesgo empresario y sin aval del Estado” (síntesis textual publicada en Infoleg), que obliga a que ingresen y salgan lo productos de nuestro país por los puertos de Nueva Palmira o de Montevideo en Uruguay.

Se vuelve a licitar esa vía navegable en lugar de que la administre el Estado, tras 25 años de concesión a Hidrovía SA, prorrogada esta semana por otros 90 días. El grado de indecisión es significativo, cuando por su importancia estratégica presente y futura el tema se debería haber trabajado desde el comienzo de la gestión.

También demuestra el poder económico su hegemonía y dominio con el tema de los biocombustibles, amparados en la ley 26.093 del año 2006 que creó un Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Con esa norma la Argentina ha experimentado un crecimiento exponencial en la industria del biocombustible, pasando en 15 años de tener un tamaño marginal a convertirse en el primer exportador mundial de biodiésel en base de soja, o de producir menos de 600.000 toneladas en 2006 a cerca de 3.000.000 en 2020. Igual en el caso del bioetanol en base a la caña de azúcar y de maíz, que creció de menos de 20.000 metros cúbicos a 1.000.000 en 2019 y 2020.

El problema es que los generosos mecanismos de promoción estatal, a los que se suma que el biodiésel y el bioetanol no están gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) ni por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), terminan el 12 de mayo. Los diputados oficialistas presentaron el lunes un proyecto para reducir el actual corte de 10% de biodiésel en el diesel fósil a la mitad, 5%, y en el caso de la nafta, que se corta con 12% de bioetanol, llevarlo al 10%. El tema comenzó a tratarse dos días más tarde en la Comisión de Energía y Combustible, donde se presentaron las distintas cámaras, y todas, sin excepción, solicitaron que continué la ley 26.093 por quince años más. Estamos hablando de un sector como el de las exportaciones de biodiésel de la Argentina, que van mayoritariamente a la Unión Europea y corresponden a lo producido principalmente en la provincia de Santa Fe, por encontrarse allí las plantas de mayor tamaño: RENOVA (Glencore-Oleaginosa Moreno SA), T6 Industrial (Aceitera General Deheza y Bunge), LDC Argentina (Louis Dreyfus), COFCO, Molino Agro, etc., y en el caso del bioetanol del azúcar el Centro Azucarero Argentino, cuyo presidente Jorge Feijoo –uno de los que hizo uso de la palabra– fue entre 2011 a 2015 ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán.

El poder económico se hizo sentir también en la fijación, la última semana, del salario mínimo vital y móvil con un incremento del 35% en cuotas, que hace que en febrero de 2022 ascienda a 29.160 pesos por mes cuando la canasta básica total para una familia compuesta por cuatro personas en marzo de 2021 (un año antes), es decir el piso para que no sea considerada pobres, es de 60.874 pesos mensuales.

El poder económico presiona sobre el tipo de cambio en todas sus variantes: en blanco, en negro, en CCL (contado con liquidación), en dólar Bolsa, de manera tal que el dólar oficial fijado por el Banco de la Nación Argentina valía 62,25 pesos el 10 de diciembre de 2019 y vale 98,97 pesos al 30 de abril de 2021, lo que implica una devaluación del 59% que por supuesto tiene su correlato en costos y precios, y es a la vez el indicador que mejor refleja el poder del gobierno. Recordemos de paso que en el gobierno de Néstor Kirchner se crecía a una tasa promedio del 9% anual y la inflación era del 10%, según la revisión hecha por el INDEC dirigido por Jorge Todesca, y esto fue posible porque se aprovechó la suba de los precios internacionales (que también suben ahora) con derechos de exportación del 35%, y el dólar pasó de valer 3,2050 pesos en mayo de 2003 a 3,1490 en diciembre 2007 (revalorizó nuestra moneda). Lo que antes era viento a favor, ahora se convierte en la maldición de la abundancia de los recursos naturales.

¿Por qué?

Porque Néstor Kirchner tenía un plan definido, donde las retenciones pagaban el subsidio a la energía y al transporte; donde el incremento de la recaudación de impuestos financió el mayor gasto público con el que hizo obras de infraestructura y asistió a la población; porque veía antes, para ello planificaba, y al orientar su gestión pudo alcanzar los objetivos. Kirchner no improvisaba ni dudaba porque tenía un plan y, con ello, la capacidad de tomar decisiones; el accionar llevaba siempre a un fin y sabía mejor que nadie que si el gobierno no planifica, el poder económico planifica por él.

Un ejemplo determinante de lo que aseveramos es el Plan de Salud. Allí sí el gobierno nacional y las administraciones públicas provinciales y municipales de todo el país reconvirtieron sus gastos para darle prioridad al equipamiento y al accionar en salud. Una vez lograda la vacuna, se propusieron y se proponen conseguirla a como dé lugar y distribuirla en la población, contra todos los impedimentos, en un país con un 42% de la población bajo la línea de pobreza. El plan de salud y el plan de vacunación sistemático y general impiden que nos pase como sucede en naciones vecinas que subestimaron el problema.

Obviamente que en ello fue determinante todo el heroico personal de salud, pero hubo y hay un plan, un objetivo, hasta con metas cuantificadas; pese a los problemas de logística y abastecimiento es una lucha diaria donde es encomiable la tarea realizada y a realizar.

El retorno que no fue

Existe un divorcio casi terminal entre gran parte de la sociedad argentina y las más de 19 millones de personas bajo la línea de pobreza, producto de las remuneraciones públicas y privadas que se pagan, los haberes previsionales de la gran mayoría de los supuestos beneficiarios y el aglomerado político del partido que sea.

La alianza oficialista intentando llegar a las elecciones de medio término, rezando para que no se disparen más los precios de lo que ya sucede, o el dólar, con el único plan de vacunación masiva. La oposición jugando a que las tres variables se desmadren para que el descontento generalizado permita que el pueblo la vuelva a tener en cuenta y olvide que su política libre-empresista y de endeudamiento es la verdadera culpable del actual estado de situación.

La sociedad, y se lo nota especialmente en los jóvenes, cada vez espera menos de sus gobernantes y representantes, y teme por el presente y más por el futuro ante un modelo extractivista, agropecuario exportador, impuesto por el poder económico local subordinado al internacional.

Lo viejo goza de buena salud, la actual administración es funcional al modelo y la población que esperaba un retorno del kirchnerismo explícito toma consciencia de que no va a suceder. Lejos queda la frase que inmortalizara Germán Abdala: “La política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad en la que vivimos”.

[1] Fue el encargado de llevar adelante una meticulosa política de control de precios, que resultó exitosa. Se basaba en un acuerdo general con los comerciantes, que llevaba el título de “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social”. Si bien no se nacionalizó el comercio exterior, se autorizó a la Junta Nacional de Granos y a la Junta Nacional de Carnes para monopolizar el comercio exterior en estos rubros. Cuando el ministro José Ber Gelbard presentó su renuncia en octubre de 1974, Revestido lo acompañó.

[2] Ley 17.520 de obras públicas del 7 de noviembre de 1967, firmada por el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía.

https://www.elcohetealaluna.com/no-hay-plan-economico/

El flamante Presidente estadounidense Joseph Biden, en su primera presentación en el Congreso, pidió respaldo para implementar un paquete de ayuda social directa por u$s 1,8 mil millones y destinar u$s 2,3 millones a inversión pública.

Estas medidas, sumadas al apoyo a familias por u$s 1,9 millones, totalizan u$s 6 millones destinados a recuperar la economía del impacto de la pandemia. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostiene la imperiosa necesidad de gravar tributariamente a las fortunas acumuladas en estos tiempos para financiar el paquete de estímulo fiscal descripto.

Por su parte, la Reserva Federal anunció a comienzos de este año que mantendrá la política monetaria expansiva de modo de converger con la política fiscal.

La política monetaria y fiscal expansivas seguidas por la principal economía del mundo son una buena noticia para la tracción de la demanda global. Decisiones similares se adoptan en otros bloques económicos como la Unión Europea y naciones como China y Rusia.

Sin duda, estas políticas de recuperación de la demanda efectiva incidirán en sostener elevados los precios de los alimentos, que en un escaso semestre han alcanzado subas considerables, ubicándose en niveles de una década.

Que la tonelada de soja se desenvuelva por encima de los u$s500 en los mercados internacionales constituye una fuente de recursos para potentes programas de incentivos a la recuperación económica nacional, tanto por la afluencia de dólares al Banco Central como por el ingreso del producido por los derechos de exportación al Tesoro.

Sin embargo, eso no se ha verificado, al menos hasta el presente. La contracción de la economía durante el año 2020 fue del -9,9%, más aguda que la de México del -8,2% y la de Brasil del -4,1%, para comparar economías regionales de porte similar.

Teniendo a favor los precios internacionales de los productos primarios que exportamos, es importante identificar cómo se ha desenvuelto la política económica y cuáles fueron sus resultados:

Respecto del sector externo, cuyo equilibrio es clave para la estabilidad macroeconómica, se decidió:

1. Mantener el control de cambios sobre la cuenta capital
2. Reestructurar la deuda pública con el sector privado alargando plazos y disminuyendo los servicios de intereses
3. Apuntalar el superávit de la balanza comercial regulando parcialmente las importaciones

Estas medidas debieron haber permitido acumular dólares en el Banco Central para dotar de estabilidad cambiaria al diseño económico. El cuadro que sigue correlacionando la oferta de divisas del excedente comercial con la variación de las reservas brutas del Banco Central revela que eso no ocurrió:

El desarrollo del capitalismo es cíclico, por la simple razón de que la concurrencia privada sin planificación provoca una secuencia irregular en la magnitud de la inversión. Generalmente, después de un arranque con una alta inversión, como la capacidad de consumo crece menos que la magnitud de la acumulación, la menor demanda masiva termina dificultando las ventas y provocando una sobreacumulación que lleva a reducir cada vez más la inversión y la producción. De este modo, el distinto crecimiento de la acumulación respecto al consumo y la competencia transforman el alza impetuosa del principio en un crecimiento más moderado o incluso en una baja de producción, agravada porque también los ingresos bajan o dejan de crecer por la reducción de los salarios y el mayor desempleo.

El tránsito hacia una menor ganancia y menos inversión y producción no es uniforme. Hay capitalistas que lo pueden afrontar y otros que desaparecen provocando una concentración del capital. También hay que distinguir entre ciclos cortos y ciclos largos, tanto en la fase de alza como en la de baja y los ciclos largos, que tienen una duración no menor de veinte a treinta años, pueden ser mucho más extensos porque están influidos por una multiplicidad de factores.

El ciclo largo contiene los ciclos cortos, y se caracterizan por una misma lógica. En el ciclo largo alcista, se destacan las fases cortas de crecimiento. Al contrario, en el ciclo largo de baja, predominan los ciclos cortos con más fuerza en sus fases de baja. El ciclo largo opera en una mayor extensión de tiempo porque la baja de largo plazo no es reversible más que por un profundo cambio tecnológico que no todas las empresas pueden afrontar, lo que provoca una mayor concentración y una mayor selección por productividad. En un período más extenso, el proceso de producción se internacionaliza y se modifica la estructura del empleo y de los ingresos. En la fase expansiva del ciclo largo, el aumento de la producción se concentra en grandes empresas, disminuye la proporción de empresarios independientes y aumenta la proletarización de la fuerza de trabajo en su forma asalariada y la productividad del trabajo. En la fase recesiva del ciclo largo, como la que estamos viviendo, predominan las fases cortas recesivas, con creciente endeudamiento, acumulación financiera, mayor desempleo y salarios en retroceso.

La lógica de las fases de alza y baja de los ciclos del capital es similar en los ciclos cortos que en los largos, pero se diferencian sustancialmente por la extensión y el papel de la tecnología. La crisis sobreviene por sobreproducción, que es más fuerte en las fases recesivas  de los ciclos de acumulación y producción de largo plazo. En el sistema mundial la primera fase larga recesiva tuvo lugar de 1870 a 1890 para señalar grandes fechas fáciles de retener. Allí empezó un nuevo ciclo largo que contuvo una fase larga ascendente de 1890 a 1914, interrumpida por la Primera Guerra Mundial, y una fase larga descendente de 1914 a 1940.

En 1940 empezó un nuevo ciclo con una fase larga ascendente, en un primer momento centrada en Estados Unidos que se rearmaba para entrar en la Segunda Guerra Mundial, amparada porque no ingresó en la misma hasta 1941, y después porque la guerra no tuvo lugar en su territorio, que fueron sus grandes ventajas y por lo que hasta 1945, fin de la guerra, estuvo protegida por la destrucción europea y de Japón. En 1945, esa fase larga ascendente se fortaleció hasta que cambió de signo a mediados de los años 70, y fue seguida por una mayor automatización de los procesos productivos promovidos por el armamentismo y la electrónica, la industria nuclear y el equipamiento energético, que operaron desde el inicio de la fase ascendente de largo plazo, inducida por la competencia armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en los setenta y especialmente en su segunda mitad se inició la fase larga recesiva de la que no hemos salido, que pareció revertirse en los años noventa y en los primeros años del siglo XXI por la caída de la Unión Soviética, la incorporación de Europa del Este al capitalismo, el crecimiento de China y su ingreso a la economía mundial, contrarrestado por una creciente acumulación financiera que dio lugar a la crisis de 2008, cuyas consecuencias se mantienen, acrecentadas por la pandemia.

Precisamente, el predominio de la acumulación financiera marca la declinación de la acumulación productiva que da lugar a la inversión y al crecimiento. De esa manera, la acumulación financiera que no se convierte en inversión productiva origina un aumento de los activos líquidos, que en gran parte se transforman en créditos y dan lugar a un aumento de la deuda. Pero como la deuda crece en medio de una producción de bajo crecimiento, aumentan las dificultades de pago y las necesidades de refinanciación, que impulsa aún más el predominio financiero, a costa de un riesgo creciente siempre al borde de la crisis. En definitiva, el predominio financiero es propio de la fase larga recesiva.

Al principio de la presente fase larga recesiva, en la segunda mitad de los setenta, se consolidó la baja de la tasa de ganancia y, consecuentemente, de la inversión, lo que se tradujo en un menor crecimiento, acompañado de un aumento generalizado de la inflación, en principio por el aumento de los precios del petróleo (1973) decidido por la OPEP y apoyado por el desarrollo de la industria petroquímica y en mucha menor medida por la suba de las otras materias primas, en este caso como refugio de inversores ante la inflación. El petróleo es un  caso particular, muy concentrado en la OPEP y en Rusia, porque tiene más independencia del ciclo que las otras materias primas, aunque también termina siguiendo el curso de los ciclos. Por su parte, la inflación no pudo ser frenada por las políticas keynesianas, lo que provocó su decadencia y derivó en la generalización de los ajustes deflacionistas.

A esta altura pueden haber quedado claras tres cosas: 1) El sistema capitalista no se viene abajo por sí mismo, y aunque en el siglo transcurrido desde la revolución rusa tuvieron lugar la revolución china y la cubana y la profundización de la revolución anticolonial vietnamita hasta que en 1975 logró ganar la guerra al intervencionismo estadounidense, de ellas no se derivó la caída del capitalismo, lo que se explica porque, contrariamente a lo que creía el comunismo y todavía sigue sosteniendo el trotskismo, el movimiento obrero no está destinado fatalmente a enterrarlo, y eso no depende solo del carácter, la conducta o la fidelidad a la ideología de sus dirigentes, sino que no hay leyes históricas irrevocables sobre el comportamiento de la sociedad, a lo que se agrega el espontáneo comportamiento reformista del movimiento obrero en Europa y su relativa pasividad en Estados Unidos en la posguerra. 2) Por ese motivo, el capitalismo hasta ahora siempre pudo encontrar una salida, que generalmente se produce a través de la intervención del Estado. 3) El cambio más profundo en la crisis es cuando el Estado adopta la planificación y se crea una forma de capitalismo de Estado capaz de neutralizar la crisis, como podría ser el particular capitalismo que impuso del Partido Comunista Chino (PCCh) o el vietnamita. 4) Así como el capitalismo siempre pudo encontrar una salida, también puede haber revoluciones sociales de distinto contenido, pero el capitalismo no cambia por experiencias nacionales porque es un sistema mundial, y solo una experiencia nacional lo puede modificar cuando es capaz de influir profundamente en el sistema mundial, como está sucediendo actualmente con China.

Sin embargo, el capitalismo está condenado a cambiar y sigue cambiando aun en medio de la crisis. Aunque una gran parte de la acumulación financiera se vuelve muy fuerte en la recesión y se concentra en la especulación, también forma capital líquido que en algún momento puede volver a aplicarse a la producción. Un ejemplo son los activos financieros aplicados al crecimiento de la tecnología, un tipo de capital de los que más crecen en las economías muy desarrolladas, aunque en gran parte se destinan más a los servicios y a las mismas finanzas que a la industria productiva de última generación. Precisamente cuando se apliquen sobre todo a las industrias propias de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, la transformación tecnológica será precursora de una nueva fase expansiva y aún de un nuevo tipo de capitalismo, que se caracterizará por el paso en gran escala de la industria mecánica a la industria digitalizada. Esta tendencia viene acompañada por una ola intensificada de transformaciones en la tecnología y en su investigación, clara señal de que se espera una futura reactivación centrada en las nuevas tecnologías.

Habría que agregar que como el empleo de mayor tecnología va a incrementar la producción y la productividad, y el destino de la producción es el consumo, de alguna manera el capitalismo tendrá que preparar un futuro en que el consumo necesariamente deberá aumentar, dando lugar a un mayor ingreso. Después de todo, ese ha sido el resultado de la evolución del capitalismo, aunque en el presente, todavía dentro de una fase larga predominantemente recesiva que ya lleva cerca de medio siglo, estamos en medio de un retroceso indiscutible en las condiciones de vida, una creciente distribución regresiva del ingreso y hasta un aumento de la pobreza.

Claro que el cambio tecnológico preparado por el capitalismo, aún en sus períodos recesivos, no va a reinstalar el mismo capitalismo sino que éste puede llegar a cambiar hasta tal punto que conduzca a un tránsito a otro tipo de sistema mundial. Así como el feudalismo se fue disgregando a lo largo de tres siglos y condujo a través del capital comercial al capitalismo industrial, el capitalismo actual, marcado por la financierización propia de su crisis, es inevitable que conduzca a una transición a otro sistema. Hasta ahora se imaginó una secuencia que no necesariamente tendrá que ser la que nos depare el futuro, porque ninguna sociedad humana pudo adivinar a qué conducía su desarrollo, transformado siempre en decadencia cuando su capacidad de progreso se agotaba. No todos los países entraron en el capitalismo al mismo tiempo, pero el capitalismo se ha transformado en un sistema mundial y es indudable que su transformación tendrá lugar dentro del sistema mundial y como parte del mismo.

En los países de capitalismo periférico, la falta de una revolución industrial no condujo a la sustitución de las manufacturas primitivas y los talleres propios del auge del capital comercial a la generalización de la industria moderna, sino que el dominio del capital comercial al final del período colonial que culminó con la independencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas las terminó integrando a la economía industrial extranjera como proveedoras de materias primas agropecuarias, mineras o petroleras.

En la Argentina, los saladeros de la época de Rosas, que exportaban tasajo para las posesiones esclavistas de Brasil y el Caribe pasaron a ser los frigoríficos para la exportación de carne a Gran Bretaña y la producción ganadera que le servía de base se conformó en latifundios que retuvieron el poder político en asociación con el capital extranjero.

No hubo un paso al capitalismo industrial desarrollado sino al capitalismo periférico, donde el proceso de acumulación fue muy grande, pero al estar la inversión y el poder político centrados en el agro, hubo un fuerte crecimiento mientras fue posible desarrollar una división del trabajo internacional que relegó del lugar de avanzada a la producción industrial nacional. El resultado fue un capitalismo con centro productivo en el agro con bajo crecimiento industrial de largo plazo, que llevó a la economía nacional a un retroceso paulatino a medida que se generalizaba la industrialización propia del capitalismo moderno en el mundo. La acumulación y el crecimiento iniciales perdieron importancia y el excedente se dirigió tempranamente a las finanzas y el desarrollo inmobiliario, particularmente en la ciudad de Buenos Aires.

Fue distinta la suerte de los capitalismos periféricos en los que pudo crecer la industria sin impedimentos políticos, como en Brasil o México, porque a pesar de no contar con la ventaja inicial de la gran acumulación proveniente del carácter local de gran proveedor del país líder de la Revolución Industrial que  tuvo la Argentina, sobre la base de una economía también sustentada en la producción primaria, pudieron desarrollar con menos obstáculos la industria sustitutiva, aunque -de la misma manera- el crecimiento y la acumulación son menores en ellos que en los países desarrollados y las consecuencias de las crisis comparativamente mucho mayores.

Desde los años noventa, por la expansión y profundización del capitalismo, su transformación en un sistema global, su integración cada vez mayor y la presencia diferencial de China, parte del capitalismo periférico pudo convertirse en emergente e industrializarse aún más, un camino difícil de recorrer o directamente vedado para la periferia en que la burguesía es predominantemente agraria o financiera y no industrial, como en la Argentina, y por eso el resultado es su decadencia.

¿Es posible la salida de la crisis en la Argentina?

De alguna manera, la contestación está implícita en el desarrollo anterior. En la Argentina, la crisis es inevitable como en el resto del mundo en el sistema capitalista, pero sus características son más graves por ser un capitalismo periférico y más aún porque su industrialización está acotada por la presencia relevante de su burguesía agraria, las colocaciones financieras y el peso de la deuda. Esta tendencia histórica fue interrumpida por el primer peronismo, acentuada por la llamada Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955, vuelta a interrumpir por el peronismo de 1973 y 1974, y más que acentuada por la dictadura militar de 1976, de clara tendencia desindustrializadora, promotora de la especialización agropecuaria, la deuda externa y el desarrollo financiero. Su política económica de desindustrialización fue exactamente la contraria de la impuesta por la dictadura militar brasileña, que duró más de veinte años (1964 a 1985), incluyó gobiernos civiles sometidos al poder militar y promovió la industria con un alto crecimiento durante diez años seguidos.

Es decir que el sesgo antiindustrial es un agravante local particular de la crisis, con gran influencia en la inflación crónica, que proviene del bimonetarismo asociado a estas características de la acumulación de capital, por lo que la primera tarea para encarar una salida de la crisis consiste en reindustrializar el país y al mismo tiempo fortalecer los ingresos y el mercado interno, aumentar las exportaciones, frenar o atenuar los pagos de la deuda externa y reducir las devaluaciones. Conseguir y afianzar esta secuencia implica crear a la vez un mercado financiero nacional, lo que terminaría fortaleciendo la moneda nacional y de esa manera terminar con el bimonetarismo. Todo esto el marco de una mayor inversión, encaminada a una modernización industrial con apoyo creciente en la Industria 4.0, incluso en las pymes.

La mayor presión contraria para concretarlo es la inversión financiera en lugar de la productiva, generalizada en todo el sistema mundial por la agudización de la fase recesiva desde la crisis financiera de 2008 cuyas consecuencias continúan. Ya dijimos que la Argentina está en peor situación que otros países de capitalismo periférico, que tienen una inflación y una devaluación acotada frente a las divisas mundiales, porque en el país impera el bimonetarismo, producto de su forma específica de acumulación de capital, que fomenta la fuga de capitales y de dólares y por ese intermedio da lugar a una inflación permanente que periódicamente se dispara, generalmente porque el endeudamiento para sostener una dolarización directa o indirecta (como fue la convertibilidad o el intento de estabilidad macrista) lleva a una gran devaluación y a una a inflación cercana a la hiper.

La inflación tiene diferentes motivaciones pero en la Argentina la principal es la suba del dólar. Al contrario, para los economistas ortodoxos la suba del dólar es por la inflación, y no solo eso, sino que incluso pregonan que liberando el tipo de cambio bajaría la inflación, ya que su principal causa estaría en el déficit fiscal y la emisión de dinero. Sin embargo, el déficit fiscal de Estados Unidos se multiplicó por tres de 2020 a inicios de 2021 (de 5% a 15% del PBI) y se acaba de aprobar un estímulo fiscal mayor, de 1,9 billones de dólares, y la inflación recién está apareciendo y en una escala muy reducida, que no superará el 2%, y después de muchos años de estímulos, déficit fiscal y nula inflación. Con mucho menos gasto fiscal y política monetaria expansiva, la inflación fue mucho mayor con Macri, que aplicó los criterios de los economistas ortodoxos, y fue menor con Cristina y sigue siendo menor con Alberto Fernández, aunque las estimaciones de los economistas ortodoxos no bajan del 40% para 2021, así que su principal causa, al menos en la Argentina, no puede ser ni el déficit fiscal ni la emisión. La ortodoxia prodevaluacionista y diz que antiinflacionaria enumera sucesivas motivaciones tan endebles como las anteriores que examinaremos en sucesivas notas.

Argentina, tasas de inflación

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Cristina Fernández   2012  24,0  %

2013  25,4

2014  38,5

2015   25,0

Mauricio Macri           2016   40,0

2017   24,8

2018   47,6

2019   52,5

Alberto Fernández      2020   36,2

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Por el momento, señalemos algo fundamental que estos economistas ni siquiera examinan. No todas las economías son iguales y si bien no hay inflación de precios en los Estados Unidos y en los países industrializados, si la hay en los países de la periferia capitalista, es decir de los no plenamente industrializados, y eso se debe a que la industrialización es el eje de desarrollo del capitalismo, por lo que los países retrasados en industrialización tienen menos productividad media y eso se refleja en una moneda más débil, con una alguna cuota de inflación. La Argentina es un caso aparte, porque la inflación no solo es mucho más alta sino que es continuada y con periódicos picos de fuerte alza, si se la compara con un tipo de capitalismo periférico que ha cambiado profundamente en este grupo y que los ha vuelto emergentes, o en camino a un mayor desarrollo, que no es el caso de la Argentina y esto es lo que hay que analizar, en el ámbito de una economía mundial cada vez más integrada.

Esta integración mundial cada vez mayor conduce a una mayor convergencia de precios. La economía mundial está compuesta por la desigual productividad de las economías nacionales, por lo que la mayor integración es producto del aumento de la productividad de las economías nacionales que provoca una tendencia a muy largo plazo a la convergencia de costos y de la capacidad competitiva, cuyo mayor ejemplo es China. La diferencia de productividad y de capacidad competitiva origina la devaluación de las monedas que no son divisas o que no pertenecen a países industrializados, y se expresa en la consecuente suba de sus precios en moneda nacional, y si la devaluación se produce por la especulación cambiaria o financiera, igualmente su consecuencia es la suba de los precios. La superación de la diferencia no está en el resguardo permanente del proteccionismo, que sirve transitoriamente en la medida en que facilita el paso a un nivel de productividad mayor, pero menos aún está en la sustitución de la moneda nacional por el dólar: lo que hay que modificar es la forma de producir, determinante del costo de producción.

Solo logrando reducir los costos de producción con tecnología o con acceso a un mercado más amplio, se consigue estabilizar los precios y fortalecer la moneda. El valor de la moneda es una consecuencia de los costos de producción: cuando éstos son superiores a la media mundial, la moneda sigue un curso de depreciación. Bajar los costos mediante la reducción del salario, no cambia mucho la situación porque al achicar el mercado interno, se reduce el mercado total, esencial para la formación de capital, salvo que se trate de un recurso temporal mientras se llevan a cabo reformas tendientes a alcanzar una estructura productiva más avanzada, que tampoco se consigue con recursos exclusivamente financieros o cambiarios. La deuda, que es un recurso financiero, solo cumple una función positiva si está limitada por la capacidad de pago y si financia la inversión productiva, pero no si es una cadena continuada de refinanciaciones, y menos si posibilita la continua fuga de capitales. La dolarización solo sirve al capitalista o a quienes disponen de ingresos muy altos, que son una minoría. El trabajador de ingresos medios que alcanza a dolarizar su ahorro cuando compra los dólares los encarece para la inmensa mayoría que no los pudo comprar o para él mismo, que los tendrá que comprar más caros la próxima vez. Así de simple: la compra de dólares por un 3 o 4% de la población empobrece a todos los demás, por lo que se impone conquistar la vigencia de la moneda nacional tanto para el consumo como para el ahorro, como ocurre en la abrumadora mayoría de las economías nacionales y en todos los capitalismos periféricos y emergentes comparables con la Argentina.

Los países sin moneda propia y dolarizados, son generalmente muy pequeños, con poca población y sin un mercado interno relevante. Al contrario, los países receptores de grandes activos dinerarios en monedas divisas, a las que aplican pequeños impuestos, permiten solventar un gasto público importante cuando la magnitud del refugio de capital es muy considerable, o un salario elevado para una población reducida, en que no es extraño que una gran parte de la mano de obra esté constituida por artesanos de productos de lujo o empleados bien pagos de entidades financieras, y funcionan como plataformas off shore para el depósito de capitales y su intercambio, y en el caso de los off shore, están apoyados en una economía externa sólida con alta industrialización, como sucede con los múltiples offshore británicos o con Panamá en el caso de Estados Unidos.

Steve Hanke, profesor en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore), e investigador del CATO Institute (Washington, D.C.), es el mayor y más conocido propulsor de la dolarización. Asesoró a Ecuador en su dolarización y aconsejó en 1999 al ex presidente Carlos Menem para que lo hiciera, y así lo reiteró en una entrevista con BBC Mundo donde afirmó que «hay que matar el peso”, que quienes más ganarían con el cambio serían los trabajadores y que el problema se debe a la emisión monetaria, por lo que la solución sería instalar una camisa de fuerza monetaria para asegurar una camisa de fuerza fiscal que impida la suba del gasto y obstaculice el aumento de los impuestos, el mismo argumento de los economistas ortodoxos más desorbitados y de la mayoría de los analistas, que en su casi totalidad solo defienden la ganancia empresaria, en coincidencia con el macrismo y la derecha mundial, cuyos exponentes más extremos son los movimientos libertarios, que combinan su endeble apuesta por la privatización y la desaparición del Estado con la confusión.

La primera y absoluta inconsistencia de Hanke es que con solo ver qué países adoptaron el dólar, se comprueba que no es una salida, y la segunda es que menciona a Suiza como ejemplo, pero en Suiza la moneda no es ajena sino que surge de su misma característica política y de su organización económica. Ya en la Edad Media pudo constituirse en un estado independiente dentro del Imperio Germánico, y se fortaleció después, lo mismo que su organización en cantones, y con el apoyo de Francia potenció tempranamente a la burguesía de las ciudades. Su neutralidad posterior, que nació de su posición territorial en medio de las continuas guerras europeas, se convirtió en condición de su existencia, por ser refugio de grandes fortunas. Así pudo ser, antes de la Revolución Industrial, el país más industrializado de Europa con sus manufacturas domiciliarias, entre las que se destacó la relojería, de la que heredó pymes de gran competitividad, preponderantes en su estructura industrial, con gran cantidad de cuentas bancarias de titulares allí refugiados, acrecentados desde la Segunda Guerra Mundial, sede de grandes bancos, corporaciones y organizaciones internacionales, todo lo que le permitía tener un PBI del orden de los 700.000 M dóls (PBI per cápita de 82.800 dóls en 2018), proveniente en un 70% de los servicios, especialmente del sector bancario, y que en términos per cápita es el más alto del mundo después de Luxemburgo, con bajas tasas de impuestos pese a los elevados ingresos estatales por su enorme PBI, pero ninguna de sus características deviene de su moneda, sino que son sus singularidades políticas y económicas las que sostienen la fortaleza de su moneda. Suiza negoció la constitución del espacio europeo y presentó su solicitud de adhesión en 1992, pero un referéndum realizado a fin de ese año suspendió la negociación, manteniendo una característica de socio virtual, lo que también está relacionado con su moneda, que sigue siendo el franco suizo, aunque también acepta el euro.

Luxemburgo, también inicialmente un ducado germano neutral, fue un país agrícola pobre hasta el siglo XX, en que salió de esa situación porque sus yacimientos de hierro posibilitaron la industrialización a través de la siderurgia, pero en los años sesenta declinó y su importancia fue sustituida por las finanzas, que en los noventa lo convirtieron en uno de los grandes mercados financieros del mundo, captando más de 350.000 M dóls, especialmente de administración de fondos de pensión, hedge funds y multinacionales, que desde allí evaden por la laxitud del régimen fiscal. Por su parte, la industria se concentró en bienes de equipo y productos químicos. Es un principado, con un territorio de poco más de 2.500 km2 y una población actual de 500.000 habitantes, en el que la gran industria siguió siendo importante, concentrada en los bienes de equipo. Su moneda era el franco luxemburgués hasta que fue sustituido por el euro en 2002. Un agro de pequeñas granjas familiares fuerza una estructura de precios altos, posible por el alto ingreso, y su baja tasa de desocupación atrae trabajadores procedentes de toda Europa que constituyen la mitad de su población económicamente activa. La Nación (25/6/20 Luxemburgo, el país donde todos son ricos), en una interpretación tan retorcida como las que formula habitualmente, lo atribuyó que, en gran medida, esa situación se derivaba de la ley que liberó el impuesto a las Ganancias y a que no hay huelgas.

Liechtenstein es un principado con forma de gobierno de monarquía constitucional, tiene una superficie de 160 km2 (inferior a la de la ciudad de Buenos Aires) y una población de 38.000 habitantes, con un tercio de extranjeros, que constituyen el 65% de la fuerza de trabajo y un 77% reside en los países vecinos. El sistema bancario ya reunía hace 15 años depósitos por más de 100.000 M euros, las finanzas ocupan la mayor parte del PBI de 157.000 M dóls y está considerado un paraíso fiscal, aunque su industria (40% del PBI) en gran parte está integrada por pymes y artesanos muy especializados, y el 55% por servicios, divididos en partes casi iguales en servicios financieros y de otros tipos, está especializada en alta tecnología y en gran medida sostenida por un fuerte gasto público en investigación. El eje de esta situación se entiende porque mantiene una densa integración con Suiza y usa el franco suizo como moneda nacional (equivale a poco menos de 1 dólar estadounidense), esta relación tiene que ver con su sistema fiscal, y a pesar de que se atribuye la solidez financiera a la estabilidad del franco suizo, el atractivo se encuentra en la permisividad, pese a que tuvo déficit presupuestario en 2000, debió iniciar un ajuste en 2003 y lo revirtió a superávit en 2006. Por todas estas características, aunque fue parte de la negociación del espacio europeo con la UE con la que firmó un acuerdo en 1992, al final del mismo año suspendió la negociación como resultado de un referéndum, sigue integrada a Suiza y a su moneda, aunque está obligada a aceptar leyes de la UE, con lo que sus particularidades financieras es evidente que resultan indispensables para las grandes fortunas europeas.

Los países que adoptaron el dólar estadounidense como moneda tienen muy poco que ver con estos casos. Entre ellos se encuentran, además de Ecuador, El Salvador, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Palaos, Timor Oriental, Zimbawe y Panamá, que usa el dólar junto al balboa panameño.

La historia de Panamá, con 4,17 M habitantes, está indisolublemente vinculada al canal. El país formaba parte de Colombia, en 1880 una empresa francesa inició las obras del canal y en 1903 Estados Unidos obtuvo el arriendo perpetuo de una franja de poco menos de 10 km a través del istmo, el Senado colombiano lo rechazó, un movimiento armado declaró la independencia de Panamá, Estados Unidos impidió que Colombia interviniera, reconoció la independencia y consiguió el dominio perpetuo en una franja de 16 km de ancho con un nuevo tratado en donde estableció bases militares, y el canal se inauguró en 1914. En 1964, un grupo de estudiantes fue asesinado por izar la bandera panameña en el estrecho, y en 1969 el gobierno del general Omar Torrijos inició la lucha por la soberanía sobre el canal, Estados Unidos debió negociar un nuevo acuerdo (Tratado Torrijos-Carter, 1977) y fijó la nacionalización para 2020, pero en 1981 Torrijos murió en un extraño accidente aéreo. En las elecciones de 1984 ganó un sucesor suyo, Nicolás Barletta, con el apoyo de las fuerzas armadas. La Zona Libre de Colón es la primera zona franca de América y la segunda del mundo, el crecimiento llegó a ser de 6,3% anual promedio entre 1990 y 2010 sobre la base de un esquema liberal basado en los servicios, que dan cuenta del 73% del PBI, el país tiene grado de inversión, el PBI por habitante era de 17.000 dóls en 2013, es el país más competitivo y de mayor crecimiento en la región, si no se tiene en cuenta la distribución del ingreso, y el dólar circula junto con la moneda local, el balboa (cuyo nombre se debe a Vasco Núñez de Balboa, que descubrió el Océano Pacífico en 1513), pero en Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste, falta agua en plena pandemia.

El Salvador, caracterizado por una fuerte y creciente desigualdad social y un estancamiento económico agravado por una  guerra civil que duró de 1980 a 1992 provocada por los fraudes electorales y los golpes militares, que terminó en un acuerdo por la paridad de fuerzas, pero que solo consiguió reformas políticas y no mejoró la desigualdad social, pese a que después de la paz de 1992 siguió un lento crecimiento que no consiguió mejorar el respaldo a la moneda. La reforma política derivó en una posible rotación de partidos entre ARENA (derecha) y el FMLN (izquierda), pero el primer gobierno de izquierda se impuso en los comicios de 2009 y 2014, hasta que en 2019 un nuevo partido dirigido por un empresario (GANA) triunfó en las elecciones para el período que finalizará en 2024. Con menos de 2.000 M dóls en reservas, en 2001 se adoptó el dólar sin eliminar el colón salvadoreño, y la reforma fue apoyada por una gran parte de la población. El PBI siguió prácticamente estancado, no hubo mejora en los niveles de vida y la situación no empeora por las remesas de los salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos.

Las Islas Marshall estuvo bajo la administración de Estados Unidos, que las puso bajo su control en la Segunda Guerra Mundial con el propósito de usarlas para hacer pruebas nucleares en su carrera frente a la ex URSS y con su desaparición pudo independizarse, al dar la ONU por finalizado el fideicomiso sobre su territorio, y a las consecuencias de la alta radiación nuclear sobre su población se agrega ahora la amenaza del cambio climático, que podría sumergir las islas en el Océano Pacífico, derramando allí los residuos nucleares. Está comprendido dentro de los Estados Federados de Micronesia, que también incluyen a Palaos, Micronesia y Nauru.

Palaos tiene poco más de 20.000 habitantes. Resistió la presencia bélica de Estados Unidos en su territorio y por eso en 1974 rechazó su integración a los Estados Federados de Micronesia, que eligieron la independencia en 1981, pero su primer presidente fue asesinado en 1985 y el segundo se suicidó en 1988 y recién pudo declarar la independencia en 1994, cuando fue aceptada por la ONU, se derogó la limitación a la presencia nuclear y aceptó firmar el Tratado de Libre Asociación con Estados Unidos, aunque se destaca por ser el país de esas islas que tiene más relación comercial con China.

Micronesia vive de la agricultura familiar y la pesca y su principal fuente de ingresos es la ayuda de Estados Unidos, que aporta el 65% de los ingresos fiscales y se suman a los aportes menores de Australia y Nueva Zelanda, esenciales porque el sector público representa el 45% de la economía. Se rige por una Constitución y un Tratado de Libre Asociación con Estados Unidos, que le fija su política exterior.

Nauru, con una superficie de 20 km2 y una población de 13.000 habitantes, es el menos indicado para figurar en esta lista, aparte de que la moneda que usa es el dólar australiano, porque al final de la Segunda Guerra Mundial fue administrada por Australia, por lo que es miembro del Commonwealth, del que fue suspendido por no pagar las cuotas, y socio diplomático de Taiwán aunque tiene una creciente relación comercial con China. Fue un país próspero por el fosfato, pero una continua baja por agotamiento de las existencias lo llevó a vivir de acoger expatriados y de la pesca y el déficit fiscal representa el 32,5% del PBI, con una deuda de 5.850 dólares por habitante.

Se trata de mínimos países sin moneda propia porque no tienen una economía capaz de solventarla y lo consiguen porque cumplen un papel necesario para Estados Unidos, que les condiciona su política, tienen una economía muy primitiva, de esa o de otra manera, como puede ser el aporte de las remesas de dólares. Para Hanke eso es solo una falta de normas fiscales: “La dolarización en Ecuador no resolvió el problema fiscal… La razón es que ellos no tienen reglas fiscales, no tienen una camisa de fuerza fiscal”. Su entrevistadora lo pone en evidencia: “Es decir, si la dolarización no va acompañada de una camisa de fuerza fiscal, no funciona”. “Si funciona”, reitera Hanke y menciona los países dolarizados, pero lo que efectivamente consigue la dolarización es la rígida limitación del gasto público, las “dos camisas de fuerza: la fiscal y la monetaria” que el mismo reitera.

Ecuador tuvo una trayectoria interesante de comparar con la de Argentina, pese a la diferencia de magnitud económica de ambos países. La independencia fue acompañada por una revolución liberal que promovió los latifundios y la influencia británica y la crisis de 1929 lo sustituyó por un continuo período de inestabilidad, pleno de los golpes de Estado y la fuerza de los movimientos y gobiernos populares, con la particularidad de que hay muchos partidos políticos con importante caudal de votos, que la izquierda y la centro izquierda es numerosa y proclive a acuerdos con los partidos populares, que los militares han apoyado más a los movimientos populares que a la derecha y, sobre todo, que existe un poderoso movimiento indígena que en los años sesenta y setenta consiguió reformas agrarias que puso la mitad de las tierras rurales en manos de las comunidades campesinas. Como en la Argentina, a fines de los ochenta, un gobierno democrático con gran respaldo popular debió enfrentar las consecuencias de una deuda externa que llevó a un déficit fiscal de 17% del PBI, un desempleo de 15% y una reserva monetaria negativa que causó una inflación próxima a la hiper, En 1990, un levantamiento indígena reclamó por los derechos humanos y el acceso a la tierra y la economía mejoró de golpe, en este caso, por el aumento de los precios internacionales del petróleo, que cubre más de la mitad de las exportaciones, lo que decidió al gobierno a insistir en la reducción del gasto público y el déficit fiscal, que aumentó la producción, disminuyó la inflación, redujo el déficit externo y posibilitó el pago de intereses, pero en 1993 el salario era de la cuarta parte del decenio anterior. La pasajera mejora económica, atribuida al orden económico, dio el triunfo a la derecha, ante lo cual se produjo un reagrupamiento político en el centro (Sixto Durán Ballén), pero siguieron las privatizaciones, la eliminación de subsidios, el freno salarial y la liberación de precios, y se eliminaron las reformas agrarias previas. En 1998, Jamil Mahuad, economista de Harvard, ganó las elecciones con más del 60% de los votos, insistió en reducir la inflación y el déficit fiscal y agravó la crisis económica, pero en 1999 la inflación fue del 60%, la moneda se devaluó 200% y Mahuad tuvo que declarar el estado de emergencia, en el 2000 la paridad llegó a 26.000 sucres por dólar y Mahuad dolarizó, los indígenas invadieron Quito ayudados por los militares y se formó una junta provisoria de gobierno con representantes del ejército, la justicia, los indígenas y los sindicatos, pero intervino Estados Unidos, que a cambio de la renuncia de Mahuad, consiguió que el vicepresidente, Gustavo Noboa, mantuviera la dolarización, y apresara a los militares que habían apoyado el levantamiento indígena.

En noviembre de 2006, Rafael Correa fue elegido presidente para 2007-2011. En abril de 2007 se eligió una Asamblea Constituyente. Con una nueva Constitución, se tuvo que llamar a elecciones generales en 2009, en las que el presidente Correa fue reelegido. El 30/9/10 hubo un intento de golpe de Estado por parte de la policía nacional y de la fuerza aérea. Correa fue apresado y el ejército lo liberó. El 17/2/13 Correa fue reelegido con 57% de los votos, seguido por Guillermo Lasso (del Movimiento CREO, liberal conservador) con el 22,66%, pero lo agarró la crisis financiera internacional de 2008 y el fin del ciclo ascendente de los commodities, como a CFK, que facilitó el triunfo de Macri en la Argentina, mientras que Correa tuvo que iniciar un ajuste y en la última elección, el 19/2/17, se impuso Lenin Moreno con 39.36 % seguido por Lasso, de la alianza del CREO y el movimiento SUMA (liberal de centro), con 28.09 %. El balotaje lo ganó Moreno con el 51.16% y en 2019 adoptó el programa del FMI. La Alianza País había relativizado la impotencia de la multitud de partidos, pero al apelar al ajuste y a una política internacional diferente a la de Correa, Moreno la dividió, y si bien favoreció al movimiento indígena, volvió la dispersión partidaria. Las protestas de los indígenas, alcanzaron tal magnitud que el gobierno decretó el estado de excepción con toque de queda, se trasladó a Guayaquil, y el 13/10/19, un foro mediado por la ONU, la Iglesia Católica, los dirigentes indígenas y el partido oficial acordaron finalizar el conflicto. Aunque la dolarización estabilizó la inflación, las subas especulativas de precios no se frenaron, no aumentó la productividad, la economía sigue dependiendo del petróleo, debió aumentar la migración en busca de empleo y los dólares ingresaron por esas remesas, pero no por inversiones, y se empobreció la clase media.

Y es una camisa de fuerza, porque si se quiere atraer dólares a través de inversiones, la tributación tiene que ser baja, y la monetización en moneda ajena depende de esa limitada tributación, salvo que haya una moneda nacional para uso de los no vinculados a la economía dolarizada, que vivirán pobremente. Con la adopción del dólar, el Estado no puede controlar la política monetaria y las decisiones económicas de la sociedad pasan a depender exclusivamente del mercado y como la característica del mercado es la desigualdad, el protagonismo de la sociedad –ya disminuido por el mercado- desaparece en favor de una minoría que no supera el 5% pero en que la parte que decide apenas pasa del 1%.

Hanke no lo ignora: lo induce, convencido que solo esa minoría puede, con las reglas económicas del mercado, organizar mejor al conjunto de la sociedad, con un Estado con funciones muy limitadas. Y esa no es una imposibilidad: un Estado que se quedó sin respaldo para su moneda puede decidir la dolarización o aceptarlo una gran parte de la población porque ésta no conoce sus perjuicios ni los va a sufrir hasta que la dolarización se haya implantado. Por eso, ante la pregunta de si la Argentina podría  llegar a dolarizar su economía, Hanke responde que sí: “La gente ya lo está haciendo”. La respuesta es coherente con su ideología: es investigador del CATO Institute de Washington, D.C. el mayor centro de ideas libertario, que propone terminar con la mayoría de los impuestos e incluso con los bancos centrales y privatizar la mayoría de los servicios públicos, aunque a diferencia de los libertarios extremos, promueve la protección de los derechos civiles, una política exterior no intervencionista y es una persona muy educada que no necesita recurrir al insulto cuando expone. Esta práctica, común en los libertarios, sirve para exaltar un argumento dándole una intensidad que no tiene, ya que lo grosero, según la Academia, es carencia de exactitud.

La enorme masa de capitales financieros y la radicación de sedes de grandes empresas generan ingresos para una población y un territorio muy reducidos y es una muestra de lo que pueden significar los paraísos off shore de gran ingreso de capitales en una población muy pequeña. Ese conjunto no se puede aplicar a la Argentina si se busca encontrar un régimen que genere crecimiento económico, lo que no significa que no se puede aplicar una dolarización forzosa si encuentra una parte de la clase media ilusionada con esa posibilidad.

Más allá del ruido de los libertarios, la presión por la dolarización no se puede separar de una clase dominante que solo aspira a reforzar la acumulación tradicional, que la mantuvo poniéndola al día con la incorporación de la acumulación financiera en gran escala propia del actual sistema mundial, en aprovechar el uso de los servicios a precios dolarizados y descartar la lucha competitiva en ramas industriales, y limita el peso social y político de los trabajadores, acumulando capitales que resta de la inversión productiva para dolarizarlos y fugarlos, dando origen a una economía bimonetaria única en el mundo que convirtió a la Argentina en el país de continua y más duradera crisis económica y política.

Un poco de historia

La historia de la teoría política marca seis formas de gobierno, que fueron esbozadas primero por Aristóteles, y luego definidas por el historiador y pensador griego Polibio. Vemos entonces que hay tres formas de gobierno puras y sus consecuentes deformaciones.

En primer lugar tenemos la monarquía y su deformación en la tiranía. Luego, la segunda forma es la aristocracia derivando en una forma no deseable de oligarquía, y por último la democracia cuya deformación es en la oclocracia. Ésta última es la transformación de los objetivos de la democracia, donde imperan los objetivos e intereses particulares, que van en contra de las mayorías, pero usando de ellas para mantenerse en el poder.

Oclocracia proviene del griego ochlokratía, que es el gobierno de la muchedumbre, pero la misma es transformada, manipulada hacia intereses particulares que van en contra de los intereses generales del pueblo. Tambien se la ha vinculado con el manejo de intereses corporativos por parte de los gobiernos de turno.

Formas de consolidación de las oclocracias

En Argentina observamos esta desviación de la democracia en oclocracia en varios periodos sobre todo desde mediados de los años setenta. Desde el punto de vista de su consolidación y vinculación con las políticas económicas, podemos describir algunas para introducirnos en su articulación y en la forma en que generalmente se manifiestan para consolidarse y lograr que la democracia sea funcional a intereses particulares, y que se extienda en contra de las mayorías.

En primer lugar podemos verlo en lo referido a las políticas monetarias aplicadas. Como sabemos los Estados se financian a través de tres formas: en primer lugar a través de la recaudación impositiva,  en segundo lugar a través del endeudamiento, ya sea en pesos en el mercado local, o en divisas en el mercado internacional, y en tercer lugar a través de la emisión. La idea en estas líneas no es polemizar sobre beneficios y perjuicios de unas u otras, pero sí claramente podemos observar determinado sesgo cuando se prefiere el endeudamiento externo a costa de futuras condicionalidades que recaen sobre las políticas económicas del gobierno de turno y que afectan al bienestar de la población, en lugar de financiar déficits  a través  por ejemplo de un sistema tributario mas progresivo.

Claro que esto haría contraponer al poder político con determinados detentores del poder económico local. Mismo caso tiene la elección de un endeudamiento externo por sobre uno interno. Claro que cada uno tiene sus pro y sus contra, pero podemos observar a lo largo de estos mas de cuarenta años como se repite sistemáticamente la misma forma de financiamiento que fue implementada en los años setenta con dictadura cívico-militar, luego en los años noventa con el gobierno neoliberal, y recientemente en el gobierno de Cambiemos. Endeudamientos externos que luego son funcionales a la fuga de divisas. Las supuestas causas por la que se producen las mismas, llevan a consecuencias peores, como ser pérdida del poder adquisitivo, desempleo, desigualdad, pobreza.

No siendo casualidad esta tipología, sino por el contrario es un sistema de dominación de grupos concentrados de la sociedad, que utilizan el mismo para introducir sus políticas económicas y sociales en beneficio de un sector minoritario. Sociedades más pobres, son sociedades más dóciles, capaces de soportar políticas de ajuste.

Otra forma de modificación de las democracias en oclocracias, es a través de la transferencia de recursos de los sectores trabajadores hacia los sectores concentrados de la economía. Esto en nuestro país sucedió vastamente a través de planes de ajuste, siempre vinculado con una baja en el gasto público, y bestiales devaluaciones de la moneda, tendientes a realizar una transferencia de ingresos de la clase trabajadora hacia sectores concentrados de la economía. Los aparentes motivos siempre son los mismos, bajar la inflación, reducir el déficits, lograr mayor competitividad para aumentar las exportaciones, etc. Algo que los argentinos ya conocemos bastante bien.

Lo que hay detrás de eso son cambios en los precios relativos de la economía. Esa es la verdadera transferencia de ingresos. Veamos, cuando se producen las devaluaciones el costo de la mano de obra argentina se abarata en dólares (es el valor que tienen en cuenta las grandes empresas), logrando mayores beneficios para los grupos económicos (el salario promedio en 2015 representaba USD 1736, mientras que en 2020 representaba USD 812).  Tambien las mismas son funcionales al sector agropecuario. No hablamos aquí de los pequeños productores, sino de las grandes empresas agroexportadoras que mejoran sus balances y cuentas en el exterior a través de la exportación de dichos commodities, pero trasladando dicho valor internacional a la economía doméstica. Dichas empresas siempre tuvieron los mismo intereses, cuanto menos poder de compra tenga la población argentina mayores serán sus ganancias a través de la exportación de alimentos. Ejemplo de ello es lo sucedido en los últimos meses con  carne vacuna, con exportaciones record en lo que va del año, pero con un consumo interno que fue el más bajo en los últimos 18 años en el primer trimestre del 2021.

Podemos mencionar otra forma de oclocracia que se materializa a través de la apertura comercial de los años noventa. Este tipo de aperturas no reguladas, producen que haya una mayor cantidad de dinero circulante que demanda divisas para hacer frente a las importaciones. Como resultante de la disminución del dinero circulante aumenta la tasa de interés, con el consiguiente enfriamiento de la economía a través de una menor inversión y consumo. Las altas tasas benefician al sector financiero, siempre beneficiosos de este tipo de políticas económicas. A su vez se produce un proceso de desindustrialización, con consecuencias en el empleo, y el salario. Contexto adecuado para implementar ajustes que operan transfiriendo ingresos de dichos trabajadores a los sectores concentrados. Tambien tenemos las privatizaciones de los activos que poseía el Estado en los años noventa. Dicho proceso, por ejemplo a través de la privatización del sistema previsional, tuvo grandes beneficiados en desmedro del capital Estatal.

Como vemos a lo largo de las últimas décadas nuestra democracia ha sido interrumpida en varias ocasiones para transformarse en oclocracias. La democracia que opera en pos del bienestar común, son cooptadas por poderes fácticos, que influyen en la economía, en la política, en la sociedad. Claro está que dichos poderes tienen cómplices dentro del mismo aparato no solo Estatal sino también fuera del mismo. La implementación de dichas políticas es impensada si no se influye sobre el sistema judicial, mediático, político, y que en su conjunto operan sobre la sociedad. Justamente la oclocracia actúa utilizando a dicha sociedad influida en pos del beneficio de la minoría. Los condicionantes no son solo internos, sino también externos por ejemplo a través del Fondo Monetario Internacional. A través del mismo se operan intereses económicos y políticos.

La forma de dar batalla a la aparición de estas oclocracias, es justamente con más democracia que significa operar en pos del bienestar general. Significa orientar las políticas hacia las tres metas fundamentales que tiene la economía, que son el crecimiento sustentable, el pleno empleo y la equidad distributiva. Y para ello el rol fundamental del Estado como promotor de estas políticas. Cuanto más cerca de estas metas se esté más difícil será que gobiernos de turno transformen nuestra querida democracia en oclocracias.

Habitualmente esta columna intenta presentar los acontecimientos económicos con un despliegue de datos duros que tienden a sustentar las afirmaciones vertidas. Suele haber muy poco espacio para las percepciones personales. La subjetividad queda entonces subordinada a lo que emerge de los cuadros, tablas y gráficos bajo análisis.

El presente ha aglomerado tantas imágenes desangeladas, tal vez paganas, que sacuden la emoción y obligan a volcarlas como medio de describir la realidad en la que transitamos. La tensión internacional y regional, los desequilibrios de la economía, la violencia y el cinismo discursivo que crecen como modo de asedio al derecho y la razón y la legitimidad del voto nulificada, emergen en un desfile de imágenes que obturan el deseo de analizarlas porque la gráfica es demasiado contundente.

La mayoría de los argentinos y argentinas están siendo inmunizados por vacunas SputnikV y Sinopharm, cuyos cargamentos son exhibidos mediáticamente cuando aterrizan en el país, imágenes contrastantes con el Jefe del Comando Sur de EE.UU. en uniforme de combate recorriendo las instalaciones militares de Tierra del Fuego y requiriendo explicaciones sobre su ampliación. EE.UU. retiene 900.000 vacunas que le corresponden a la Argentina.

Mientras tanto, vemos la sonrisa socarrona de Jair Bolsonaro cuando amenaza con un colapso económico en Brasil si se aplican medidas de restricción a la actividad como en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Consecuencia: Brasil registra 14.200.000 infectados y 384.000 fallecidos. 

“Cuando el mercado falla, el Estado tiene que intervenir para bajar la inflación” afirmó el Ministro Guzmán al conocerse el índice de inflación minorista de marzo. Lo hizo desde su gira europea para renegociar u$s 2.400 millones que vencen en mayo con el Club de París, cuyo impacto en la política económica es menor. La inflación minorista acumulada en el primer trimestre del año es del 12,9%, en tanto que la pauta inflacionaria para todo el año 2021 prevista en el Presupuesto de la Administración Nacional es del 29%.

“Ojalá nos hubieran dado las dosis más rápido y ya estarían todos los maestros vacunados” afirmó Horacio Rodríguez Larreta en su cruzada por levantar la presencialidad escolar como bandera de defensa de la educación, alzándose contra las autoridades nacionales. La Ciudad de Buenos Aires no tiene registro de solicitantes de vacunas ni de vacunados, desconociéndose cuáles fueron las prioridades de asignación de vacunas en la misma. El presupuesto educativo del Estado de la Ciudad se ubica por debajo del 20% medido en relación al gasto total. El promedio del resto de las jurisdicciones subnacionales se ubica en torno al 30%.

Por último, la imagen más trágica, impensada e imposible hace una década, fueron las bolsas mortuorias con el nombre de Estela de Carlotto y otros dirigentes políticos arrojadas en la Plaza de Mayo. Los integrantes del Instituto Independencia presentaron una denuncia penal sobre el hecho que no fue tramitada. La investigación hubiera impedido el avance de estas señales de intimidación que conforman el preludio de la violencia política acicateada desde el discurso dominante-opositor.

Las percepciones subjetivas que volcamos en esta columna tienen como único valor el objetivo de reunir una muestra suficientemente representativa de un universo, y el lector juzgará si se acertó.

Se pretende advertir, tal vez presuntuosamente, sobre los riesgos de las indefiniciones en el plano internacional y regional, en las prioridades de política económica y en la relación con una oposición que rompe la racionalidad democrática.

Es tiempo de un replanteo de la relación del Gobierno con el propio Estado que administra, con el pueblo que resueltamente lo está acompañando y con los poderosos que están enfrente.

https://www.eldestapeweb.com/economia/club-de-paris/es-tiempo-de-replantear-la-relacion-del-gobierno-con-el-estado-que-administra–202142419053

León Trotsky escribió un trabajo en 1934 que tituló Adónde va Francia, en el cual planteaba que Francia no es la Bolsa, ni los bancos, ni los trusts, ni el gobierno, ni el Estado Mayor, ni la Iglesia (todos ellos son sus opresores), sino la clase obrera y los campesinos explotados. Sostenía que la destrucción económica, la regresión social y el cuestionamiento de la democracia son los principales rasgos que la caracterizan. La destrucción económica no es consecuencia sólo del generalizado desmantelamiento de actividades productivas junto con la liquidación masiva de puestos de trabajo que materializan la crisis crónica. Se verifica, en particular, en la sistematización de la desvalorización de la fuerza de trabajo, directa e indirectamente. Es decir, se evidencia en el aumento de la explotación que exige la rentabilidad que mueve la acumulación en el capitalismo mundial del cual Francia es un apéndice. Y esta explotación es la explicación de fondo de la regresión social que se observa, no ya en la impugnación de toda una serie de conquistas durante los últimos años, sino también y, sobre todo, en la amenaza cierta de nuevos retrocesos.

En tanto ese planteo se refería a una nación de Europa, con más razón se puede extrapolar a un país del sur de Latinoamérica que ha exacerbado los beneficios de la renta agropecuaria, que tiene como columna vertebral su río Paraná y que propicia un modelo extractivista y agropecuario exportador, para lo cual necesita reducir los costos internos medidos en moneda dura y, fundamentalmente, el salario.

Y la exacerba cuando, al aumento de los precios de los granos en los mercados internacionales, este gobierno le agregó la fuerte depreciación de nuestra moneda que paso de valer $59,60 el 10 de diciembre de 2019 a $98,85 al 23 de abril de 2021 (devaluación del 66%). Por ejemplo, en el Mercado de Chicago, Estados Unidos, en diciembre de 2019 se cotizaba la tonelada de soja a 195 dólares y su precio aumentó a 532,2 dólares para abril de 2021 (173% de aumento); la de maíz pasó de 143 dólares a 235,4 dólares (64%) y la de trigo de 195 dólares a un valor actual de 242,8 dólares (alza del 25%). Además, no modificó la alícuota de los derechos de exportación (retenciones) que es del 30% para el grano de la soja y del 12% para los demás granos, por lo que el incremento de los precios es apropiado por los grandes acopiadores y comercializadores que operan en el país en desmedro del pueblo argentino que debe pagar sus alimentos a un mayor precio.

El problema es que la Argentina cuenta con más 45.500.000 habitantes, de los cuales sólo una minoría puede tener un trabajo productivo ante una producción que se torna cada vez más primaria. En 2020, las exportaciones de granos de maíz han sido récord al alcanzar las 39.000.000 de toneladas declaradas, mientras paralelamente se encareció de excesivamente la carne aviar y porcina en el país, al usar ese alimento como forraje. Se obtuvo una venta al exterior de 1.000.000 de toneladas de carne vacuna y paralelamente el consumo de esa carne per capita fue la más baja de los últimos 100 años de la Argentina (50,1 kilogramos), cuando históricamente rondaba los 90 kilogramos.

El modelo es de ajuste del consumo interno para generar mayor saldo exportable y se justifica por la obtención de divisas para poder pagar la deuda externa, tanto pública como privada. Cuando eso es parcialmente cierto, pero mucho más verdad es la súper ganancia de Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Glencore, Aceitera General Deheza, COFCO, Frigorífico Rioplatense, La Anónima, Frigorífico Bermejo, entre otros que usufructúan de la renta agropecuaria en desmedro del salario real.

Salario promedio por RIPTE – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Dólar promedio del BCRA.

El rol del Estado

En medio de la pandemia de Covid-19, el gobierno nacional ha reestructurado sus gastos para priorizar la salud de la población. A la compra, distribución y logística de las vacunas, la inversión en infraestructura hospitalaria y la provisión de servicios de agua y saneamiento sumó una parafernalia de medidas de asistencia. Entre otras: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); incremento en los bonos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (AUH-AUE), y para jubilados y pensionados, trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad; asignación complementaria de los salarios; postergación y reducción de los aportes previsionales en general y, en particular, para las actividades ligadas a la salud; créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos; extensión del seguro de desempleo; reducción de impuestos a los servicios de salud; apoyo a las provincias en los planes de salud y en asistencia directa a la energía y al transporte y Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

Para hacer posible estas medidas, que se desarrollaron y se desarrollan con fuertes limitaciones, se restringen –a la par– otros gastos estatales. En conjunto, se reduce la participación del Estado en una economía que se redujo en un 9,9% en 2020 y que no presenta una recuperación cierta en los primeros cuatro meses de 2021.

En consecuencia, la Administración Nacional y, por carácter transitivo, el resto de las administraciones públicas –ante una inflación desbocada–, reducen en términos reales el pago de los salarios de sus trabajadores y las jubilaciones y pensiones (ingresos que son deteriorados en su capacidad adquisitiva por el persistente aumento de los precios)  [i], y de la inversión pública en general. Ello se hace para afrontar la pandemia, pero también para pagar los servicios de una deuda que, como dijo el propio ministro Martín Guzmán, debería haber modernizado toda la infraestructura del país y no lo hizo, porque ese capital básicamente se fugó.

La extensión de esta situación en el tiempo provoca, por un lado, mayor pobreza y marginalidad y, por otro lado, asegura el patrimonio y la fuga de los beneficiados y la renta entre la diferencia del costo argentino y el precio internacional de las exportaciones.

Cambiar el rumbo

Si el pretexto de reducir los salarios reales y el gasto público es para que se obtenga un mayor saldo exportable, se configura un país para pocos y no exento de conflictos. Es inadmisible que se exporten montañas de maíz en granos y muchos argentinos no tengan que comer.

Se debe cambiar el orden de prioridades y apuntalar los salarios, jubilaciones y pensiones, como hizo Néstor Kirchner a poco de asumir la Presidencia el 25 de mayo de 2003. El problema central para su gobierno se configuraba en cómo hacer para aumentar el poder de compra de los asalariados sin arriesgar el incremento de la competitividad logrado con la devaluación producto de la salida de la convertibilidad, creando una baja en el costo laboral medida en moneda dura. Para ello desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso de negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresarias en el Consejo del Salario. A su vez, al aplicar altas alícuotas en el derecho de exportación (retenciones) a los alimentos, generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones su precio en el mercado interno.

Por otro lado, se implementó el Plan de Regularización del Trabajo para luchar contra la informalidad. Estaba orientado a combatir el empleo no registrado, verificar el cumplimiento de las condiciones de labor que garantizaran los derechos y la protección social. A estos fines, se creó un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo en todo el territorio nacional.

Se debe frenar con la constante devaluación de nuestra moneda. Ya la hizo el gobierno de Cambiemos cuando ajustó el tipo de cambio entre fines de abril y fines de julio de 2018 en un 100%. Por el contrario, lo que se requiere es recuperar el valor del peso.

Si el escollo es el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus condicionalidades, se debe suspender toda la negociación con ese organismo internacional, al menos, mientras se desata la segunda ola de coronavirus. Primero la salud y el trabajo argentino y luego, ver la forma en que se paga la deuda.

En ese marco, se propició el Decreto 239/2021 por el que la Procuración del Tesoro de la Nación se constituye en parte querellante en la causa 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. El expediente se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de determinar a los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado nacional.

Pero que la querella no sea sólo contra los funcionarios de Cambiemos que hicieron posible el endeudamiento y su fuga, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica. Para ello la AFIP debe llamar, en primer lugar, a los titulares de las mayores compras de divisas y decirles: “Señores, ustedes no pagaron impuestos a las ganancias por el monto de dólares que compraron en el período 2015-2019, de donde extrajeron esa suma”, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

Sólo tomando medidas de gobierno con decisión y coraje se logra cambiar el rumbo para volver a crecer en base a nuestro mercado interno y a nuestro trabajo. Trotsky, ante el temor al poder económico, termina su trabajo con una frase: “Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar al porvenir”. Se gobierna para fijar rumbo y promover el bienestar general del pueblo argentino, según manda nuestra Constitución Nacional. Sino, como dijo Cristina Fernández, mejor que se queden en su casa.

[i] En la Administración Nacional, para el primer trimestre 2021, las erogaciones en seguridad social representaron el 42% del gasto total y los salarios el 9,2%. Ambas partidas representan más del 50% del presupuesto nacional.

Adónde va la Argentina