Después de la reestructuración de deuda con el sector privado, el Gobierno arrancó el año con tres ejes de política económica:

1. Reducción del desequilibrio fiscal, asegurando que la tasa de crecimiento de los ingresos evolucione por encima de la de las erogaciones. El gasto total presenta una disminución interanual, 1er. cuatrimestre 2021/1er.cuatrimestre 2020, en términos reales, del 13%.
2. Uso de parte de las divisas del superávit comercial para intervenir en los mercados cambiarios alternativos y estabilizar el tipo de cambio en los mismos. Limitando la acumulación de reservas internacionales en el BCRA pese a los buenos precios internacionales de cereales y oleaginosas. El superávit comercial del 1er. cuatrimestre fue de u$s 4.001 millones y las reservas internacionales aumentaron u$s762 millones.
3. Búsqueda de acuerdo con los organismos multilaterales de crédito (FMI y Club de París), con el mayor respaldo del exterior, realizándose dos giras globales con presencia del Presidente en la última.

   A su vez, se inició el Consejo Económico Social para ordenar la puja distributiva de empresarios y trabajadores, instando a los agentes económicos privados a impulsar la recuperación económica. Contando para ello con las condiciones macro delineadas por la política económica centrada en la prudencia fiscal, la estabilidad del tipo de cambio y el apoyo internacional recibido.

Este diseño de política económica tuvo luces y sombras.

1. Tuvo éxito en contener a las variables financieras. Durante el 1er. cuatrimestre 2021 la cotización del dólar “contado con liquidación” flotó estable en torno a los $155 y la tasa de interés de referencia de política monetaria permaneció inalterada en el 38% nominal anual.
2. Pero falló frente a la inflación. En el primer cuatrimestre 2021 la inflación minorista general acumulada fue del 17,2% y la de alimentos del 18,8%. Cifra que consumió el 59,3% del pronóstico de inflación minorista anual del 29%, contenido en el Presupuesto 2021.

Esta apretada reseña de la política económica y su resultado frente al comportamiento de las variables nominales introducen el análisis en lo ocurrido a partir de mayo con la llegada de la “segunda ola” del virus. Este hecho generó el reclamo de distintos actores de la coalición, incluido quien esto escribe, de una revisión del esquema en curso.

Los temas en discusión fueron esencialmente dos:

1. La suba de precios disparada por la presión de la demanda externa y el comportamiento de los monopolios de producción y comercialización de bienes esenciales.
2. La continuidad de la prudencia fiscal ante la mayor demanda de atención sanitaria y nuevas restricciones a la movilidad de las personas.

Los debates y las acciones concretas se exteriorizaron en la política tarifaria para el sector energético, el cierre transitorio de las exportaciones de carne y otras potenciales regulaciones sobre el sector alimenticio, la proclama del 25 de mayo firmada por numerosas figuras públicas reclamando el uso de las divisas en el mercado interno y una reprogramación de los pagos de la deuda con los organismos multilaterales. Y en un plano más estructural, la recuperación plena para la gestión estatal de la Hidrovía.

La política económica entró en debate y esta semana se intentó encauzar al mismo con un encuentro, apenas difundido con una foto, entre los economistas de mayor peso institucional e influencia real en el seno de la coalición peronista gobernante. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

También mayo trajo las buenas noticias de una mayor acumulación de reservas internacionales en el Banco Central, alcanzando a u$s 2.371 millones en los primeros cinco meses del año y la puesta en marcha de un paquete de inversión en el sistema de salud y ayuda directa a empresas y familias por $ 485.000 millones, que revierte la contención fiscal seguida hasta el presente.

Venimos reflexionando desde esta columna y también en los informes de coyuntura emitidos por el equipo político-técnico del Senado bonaerense acerca de la primacía del orden de las cuentas externas sobre el equilibrio fiscal.

La política monetaria y fiscal deben ser expansivas para apuntalar la continuidad de la recuperación en el contexto de propagación del virus, e inclusive acelerarla. Pero sólo tendrán un efecto multiplicador virtuoso si se cumplen dos condiciones de borde:

1. Equilibrio sostenido en las cuentas externas, expresado en un Banco Central robusto en reservas. El equilibrio externo permite mayor laxitud en el orden fiscal.
2. Intervención del Estado en los mercados de bienes esenciales. Intervención con presencia directa como efector y/o a través de regulaciones.

Mayo implicó la apertura de un debate sobre el esquema económico seguido con posterioridad a la reestructuración de la deuda con el sector privado. Debate abierto en parte por la llegada de la “segunda ola” del virus y en parte por la aceleración en los precios.

El programa de vacunación ha avanzado con velocidad los últimos días y preanuncia un control efectivo de la pandemia en las próximas semanas, permitiendo una circulación segura de las personas y, por lo tanto, un mayor tránsito de bienes, movilidad clave para la expansión de la economía. Sin duda, será un éxito del Gobierno. La discusión continuará girando en torno a la velocidad y el alcance inclusivo de la recuperación. Algo que ya había anticipado Cristina en su discurso en el Estadio Único de La Plata en noviembre pasado respecto a impedir que el crecimiento sea apropiado por “cuatro vivos”.

https://www.eldestapeweb.com/economia/deuda/la-politica-economica-en-discusion-20216519018

“El pueblo que deja hacer por otras potencias

lo que puede hacer por sí mismo,

será un simple instrumento de quien lo realice”.

Manuel Belgrano

Estamos en una situación extrema: acorralados por el virus Covid-19 y por la rapiña de los acreedores –que actúan con la anuencia de quienes se beneficiaron de ese endeudamiento y fugaron capitales– en el marco de un modelo económico y social basado en la exportación de explotaciones agropecuarias y extractivistas.

Se han exportado sin límite alguno, esencialmente, productos agropecuarios, agroindustriales y minerales de todo tipo, y se importan máquinas y herramientas, en lugar de fabricarlas en el país. Ese modelo no genera trabajo y el poco que se crea está mal pago y no alcanza a cubrir la canasta básica total que define la pobreza. Los trabajos nuevos son precarios. Se trabaja y no se deja de ser pobre.

El ejemplo más nítido es la mal llamada Hidrovía del Paraná, cuyo dragado se licitará nuevamente. Se plantea que el mismo sea de profundidad para permitir ingresar por nuestro río barcos de gran calado, sin importar el daño ambiental que eso genera. La Argentina puede hacerse cargo de esa actividad porque cuenta con barcos de dragado. Los que faltaran los podría comprar con los más de 300 millones de dólares por año que cobra por el peaje la empresa Jan de Nul, que factura 3.06 dólares por tonelada transportada sobre el lecho del Paraná, un río que es nuestro y que se debe cuidar y preservar.

Es más, cuando la empresa Jan de Nul tiene desperfectos en las embarcaciones que hacen la tarea del dragado, las arregla en los talleres navales argentinos (públicos, como Tandanor, o privados) pero no se las lleva a Bélgica, país de donde es oriunda la administradora de nuestro río.

El Frente por la Soberanía Nacional propone la creación de la flota Mercante Nacional y Estatal, con plena reactivación en sus tareas específicas de los astilleros y talleres nacionales como paso concreto para la recuperación de la soberanía en los ríos y mares y de nuestro comercio. Además, se generaría trabajo genuino para miles de argentinas y argentinos, tal como sostuvo Manuel Belgrano –quien propuso crear nuestra propia flota comercial estatal– en la Primera Junta de Gobierno.

Belgrano planteaba también, en el Correo de Comercio del 27 de octubre de 1810, que “la superioridad de los progresos en el trabajo industrioso entre las naciones depende de la superioridad de sus consumos, sean interiores sean exteriores”. Con ello entendía que la grandeza de un país se debe a su producción y consumo y que ambos debían crecer y agregar trabajo, para que ese trabajo pago generara mayor consumo.

Obviamente no fue la propuesta de Bartolomé Mitre ni de Julio Argentino Roca, ni de toda la clase dominante argentina subordinada a Inglaterra. Han pasado 210 años y la matriz extractivista agropecuaria exportadora prevalece, y con ella, la exclusión de gran parte de nuestro pueblo.

Los planes sociales

La respuesta del gobierno son los llamados planes sociales, pero atados a que no desmejoren los números fiscales.

Ni bien se desató la pandemia, el Estado argentino realizó ingentes esfuerzos para dar debida respuesta al flagelo. Se reconvirtieron hospitales en todo el país, se asistió a las provincias y municipios y se instrumentaron dos planes sociales, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el Programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción).

El IFE benefició a 8.839.044 personas con un monto desembolsado de 265.000 millones de pesos, pagado en tres cuotas en 2020 de 10.000 pesos por persona. El ATP fue realizado seis veces, para los meses de abril a septiembre de 2020 con un gasto de 226.853 millones de pesos (a un dólar promedio según el BCRA de 82.35 pesos para 2020, serían equivalentes a unos 2.755 millones de dólares) y llegó a asistir con parte del sueldo y disminución a cero de los aportes previsionales a 274.557 empresas y a 2.267.000 trabajadores.

En el último trimestre de 2020, por claros condicionamientos del FMI, no hubo reemplazo del IFE y sí de los ATP por el REPRO II (Programa de Recuperación Productiva II), pero de una cuantía y alcance mucho menor. El mes que más empresas apuntaló fue enero de 2021 y alcanzó a 10.276 sociedades y a 354.420 trabajadores, pagándoles un haber mensual promedio de 12.700 pesos. En la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional 2021 desaparecen como gastos tanto el IFE como el ATP. Sin embargo, ante la llamada segunda ola de Covid-19, el pasado mes de mayo el gobierno extendió la vigencia del Programa ATP hasta el 31 de diciembre de 2021. Sería la séptima etapa del plan que se puso en marcha con la llegada del coronavirus a la Argentina.

El viernes 21 de mayo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, anunció que serán asistidas con el REPRO II las actividades comerciales afectadas por las medidas restrictivas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández ante el constante aumento de contagios de coronavirus: “En los sectores críticos (gastronómicos, hotelería, turismo), que son los más afectados, vamos a llevar ese valor del REPRO a 18.000 pesos por mes”, detalló, y precisó que “a los pequeños empresarios que puedan tener hasta tres o cuatro trabajadores, les vamos a dar, en la medida que cumplan con los requisitos, la asistencia del REPRO de 18.000 pesos por trabajador por mes”.

Los comercios gastronómicos y los sectores críticos pueden sumarse al REPRO y desde el mes de junio de 2021 pasan de 18.000 a 22.000 pesos por trabajador por mes. Muchos de los titulares de esos comercios son monotributistas y autónomos y también se contempló que ellos puedan inscribirse en el programa.

Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono de 15.000 pesos por única vez para los sectores vulnerables golpeados por la pandemia y la pobreza para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí rigieron restricciones a la circulación y a ciertas actividades para frenar el creciente incremento de casos de coronavirus entre las 0 horas del sábado 22 hasta las 0 del lunes 31 de mayo. El bono alcanza a las 960.000 personas del AMBA que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y los monotributistas de las categorías A y B, lo que representará una inversión de 13.900 millones de pesos de parte del Estado.

En tanto que la cartera de Desarrollo Social que encabeza el ministro Daniel Arroyo continuará con el pago de la AUH y de la AUE, cuyo valor se ajusta de acuerdo a la fórmula de movilidad jubilatoria. Además, se seguirá trabajando con la Tarjeta Alimentar. Desde el 21 de mayo se comenzó a pagar su ampliación para llegar a casi 4 millones de personas.

En síntesis, hasta el 21 de mayo pasado, el Informe de la Secretaría de Hacienda sobre el gasto social detalla que en 2021 se destinarán 472.000 millones de pesos al Covid-19 y a la asistencia (un 5.36% del gasto presupuestario anual de 8.8 billones de pesos), de los cuales en la partida Prevención (compra de vacunas) se invertirá la suma de 52.913 millones de pesos (menos del 0.1% del PIB).

En 2020, el conjunto de medidas asociadas al Covid-19 implicó un gasto devengado de alrededor de 917.793 millones de pesos sobre una ejecución del gasto total de 7.1 billones de pesos (12.9% del gasto).

Las medidas anunciadas el 21 de mayo.

El programa Potenciar Trabajo beneficia a 920.000 trabajadores, quienes percibirán en este mes de junio la suma de 12.204 pesos al ajustarse en un 4% como parte de la actualización del salario mínimo, vital y móvil [i].Para el mes de junio la AUH general es de 4.504 pesos por mes y para la zona 1 (Patagonia, La Pampa y Carmen de Patagones) de 5.856 pesos por mes. Iguales montos corresponden a la AUE. El importe de la Tarjeta Alimentar es de 6.000 pesos por mes para las madres con un hijo y de 9.000 pesos por mes para las madres con dos hijos.

Es obvio que con una inflación anualizada del 46.3% en abril de este año contra abril de 2020, la ayuda es mucho menor a las necesidades. También es evidente que deberían reforzarse todas las partidas, pero esencialmente el programa Potenciar Trabajo, que tendría que abarcar a más trabajadores y multiplicar su remuneración por cuatro o cinco veces. Aun así estaría por debajo de lo que necesita una familia constituida por matrimonio y dos hijos (que tenga donde vivir, porque no incluye el pago del alquiler), monto que asciende a 62.957,54 pesos para el mes de abril pasado.

Actualmente Potenciar Trabajo significa el 1.25% del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Si se lo quintuplica sería el 6.25%, por lo tanto hay que conseguir financiamiento por un 5% del presupuesto. Con esa suma los trabajadores del programa construirían viviendas y otras obras públicas que utilizan insumos nacionales. Sería un multiplicador de la inversión, creando puestos de trabajo y elevando el nivel de actividad a otras industrias y servicios ligados a la construcción.

Ese monto se debe detraer básicamente del incremento de los derechos de exportación de productos agropecuarios y agroindustriales, ante una venta récord como será la de este 2021. Hasta mayo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) declararon ingresar 13.301,3 millones de dólares, un 91% más que en igual lapso que el año pasado, cuyo ingreso total declarado fue de 20.274,4 millones de dólares. Que en 2021 el aumento en los ingresos sea sólo del 50% (y va a ser más) implica que superará los 30.000 millones de dólares. Si se aumenta el derecho de exportación a tasas similares al gobierno de los Kirchner, se logra el objetivo planteado.

Y sería en cumplimiento de la Constitución Nacional, que en su Preámbulo enuncia “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, y que en su artículo 16 afirma: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Carta Magna por la que todos los funcionarios juran y prometen hacerla cumplir y que es el principio y base jurídica de nuestra sociedad.

[i] El salario mínimo, vital y móvil para junio es de 23.544 pesos y la jubilación mínima de 22.071 pesos.

Ajuste fiscal y externo

El 6 de septiembre de 1930 se produjo el golpe militar que descargó la crisis económica de ese año sobre el pueblo argentino. El gobierno de José Félix Uriburu encareció los alimentos para disminuir su consumo y así poder exportarlos. Ello fue posible porque liberó el tipo de cambio y derogó los derechos de exportación (retenciones), lo que permitió igualar el precio externo con el interno. Esa medida benefició exclusivamente a los grandes propietarios del sector agropecuario exportador[i] y perjudicó severamente al resto de la población. De este modo, se acumuló una extrema riqueza con una extrema pobreza, característica saliente de la matriz productiva de ese modelo, exacerbada por la crisis.

Agustín Magaldi, un eximio cantor popular, lo retrata en la interpretación del tema “Disfrazado” sobre el carnaval de 1940:

“El eco de madrugada trae el vaivén de los coches,

de seres que alegremente van vivando el carnaval.

Mientras me ha sido imposible dormir durante la noche,

pensando para los míos poder conseguir el pan…”.

Y no es otra cosa lo que proponen las distintas entidades empresariales cuando plantean la flexibilidad en las normativas que afectan al conjunto de sus trabajadores (lo cual, además, requiere del apoyo estatal). Por ejemplo, adelanto de jubilaciones a quienes no tienen la edad suficiente, retiros voluntarios y otras medidas laborales que permitan dar de baja a su plantel de empleados. O cuando paralelamente exigen que el gobierno suspenda todos los vencimientos impositivos, laborales y previsionales nacionales, provinciales y municipales, más la prórroga de los vencimientos bancarios, que se repongan los ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción) y se suspenda el pago de servicios. Todo para garantizarles el menor costo empresarial, pero a costa de la exclusión de los asalariados y de sus jubilaciones o pensiones al disminuir sistemáticamente las contribuciones previsionales, medida tomada con diversos sectores de la economía argentina.

La imposición de la matriz extractivista, agropecuaria-exportadora se acredita a la deuda externa y se ejecuta gracias a la extranjerización y concentración económica, que es a la vez la principal razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no se genera trabajo y no se integra la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior y el sector externo refleja claramente esa situación.

En consecuencia, nuestro país vuelve a presentar como en la llamada “Década Infame”, los problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, por ende la macroeconomía y la matriz comercial están en función de priorizar la venta de materias primas y alimentos. Los cambios macroeconómicos aún esperados (en materia de inflación, déficit fiscal, presión tributaria, tasa de interés, tipo de cambio, marco regulatorio, infraestructura, exigencias administrativas públicas) son funcionales a la matriz productivo-comercial de subordinación a los mercados externos.

En este marco, el objetivo es garantizar el superávit comercial para básicamente financiar el pago de una deuda externa con fuertes vencimientos, que obligan a reprogramar los mismos en un estado de negociación permanente. Para ello el gobierno ofrece, en primer término, que las exportaciones (a como dé lugar) superen a las importaciones y, a la vez, que el déficit fiscal primario sea el menor posible para no agravar el endeudamiento.

Esto implica un brutal ajuste de la economía nacional. Por ende, debe exportarse lo que sea, sin miramiento y sin importar como afecta al consumo interno. Un ejemplo claro es el de las exportaciones de 37 millones de toneladas de granos de maíz en 2020 y su impacto sobre los precios de la carne aviar y porcina –e incluso, sobre la bovina– en el mercado local. Asimismo, las exportaciones de la res entera declaradas por casi un millón de toneladas el año pasado y el encarecimiento en un 75% de su precio interno, según asevera el Instituto de Promoción de la Venta de Carne Vacuna que depende de la Bolsa de Comercio de Rosario, Santa Fe.

En 2020 las exportaciones declaradas fueron por 54.884 millones de dólares y superaron a las importaciones de 42.356 millones de dólares, en 12.528 millones de dólares. Sin embargo, en ese año las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) descendieron en 5.780 millones de esa moneda[ii].

Paralelamente, la recaudación de los derechos de exportación (retenciones) en 2020 fue menor en términos nominales (con una inflación según el INDEC del 36,1% y una devaluación de nuestra moneda del 42% en el año pasado) que en 2019. Esto no puede explicarse solamente porque se exportaron más productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Por un lado, porque la diferencia no es tan significativa y, por otra parte, porque han adelantado el pago de esos derechos en 2019 por temor a un fuerte incremento en la alícuota de las retenciones. En efecto, lo recaudado por la AFIP por derechos de exportación en moneda corriente en 2019 ascendió a $398.311,9 millones y en 2020 fue de $387.642,7 millones, un 2,7% menos.

Obviamente, unas de las causas que explican la menor recaudación es que se han detectado operaciones de exportación realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). De esta forma se logró desnudar la operatoria de varias organizaciones que se dedicaban a la exportación de carne y granos con la finalidad de evadir los controles del Estado nacional para su propio beneficio, en competencia desleal sobre el resto de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas.

Al gobierno le llevó un año y medio darse cuenta de que la administración anterior desmanteló todos los controles, desde los registros de exportaciones a la simplificación de constitución de sociedades anónimas. Estas medidas permitieron, por ejemplo, la creación de empresas fantasmas para subfacturar la mercadería que figuraba que iba a la República Oriental del Uruguay, para después exportarle a la República Popular China al precio completo. En el Uruguay quedaba la diferencia, que ingresaba a la Argentina mediante el CCL (contado con liqui, se compraban a sí mismos con esos dólares títulos y acciones) o en billetes. La carne a China se vende a 4.400 dólares por tonelada. Mediante el mecanismo de triangulación descripto, se la facturaba a la supuesta empresa compradora del Uruguay a 3.400 dólares la tonelada. La empresa fantasma uruguaya la facturaba a China al precio real.

En los primeros cuatro meses de 2021 las exportaciones sumaron 21.550 millones de dólares y las importaciones fueron por 17.549 millones, por lo que el superávit se redujo a 4.001 millones de la divisa estadounidense. Las reservas internacionales del BCRA sólo se acrecentaron en 950 millones de dólares[iii] por el pago de los intereses de la deuda pública y por las divisas que debe transferirle a los importadores, a las empresas y a las provincias para que paguen sus deudas externas.

Un modelo con números que no cierran

En 2020 y en los primeros cuatro meses de 2021 se observa una fuerte caída en las exportaciones industriales (manufacturas de origen industrial), a la par que se incrementa la venta de productos primarios. El complejo sojero representó en 2020 el 27,1% de nuestras exportaciones y, si sumamos a todo el sector oleaginoso (harina, pellet, aceite y biodiesel de soja, más los complejos de girasol, maní, y olivo), significa el 30,5% de nuestras ventas externas. El cerealero (complejo maíz, trigo, cebada y arroz) es el 17,4%; el bovino el 8%; el minero metalífero y litio (donde más del 60% es la exportación de oro) es el 6,8%; el complejo petrolero-petroquímico representa el 6,7%; el sector frutícola contribuye con el 4%; y el pesquero con el 3,2%. Sólo aparece en la faz industrial el sector automotor –por su fuerte interrelación con la región, esencialmente Brasil y México– que representó el 7,9% de nuestras exportaciones, por 4.309 millones de dólares en 2020.

En el caso de las importaciones sucede todo lo contrario: compramos productos industriales con alto valor agregado. En 2020 los productos industriales representaron el 86% de nuestras compras al exterior, unos 36.426 millones de dólares que superan holgadamente los 4.309 millones de dólares de exportación de automóviles de nuestro país. Aun si a ese total se agregan el complejo textil, farmacéutico, químico, plásticos y otros menores que conforman un total de manufacturas de origen industrial de 13.313 millones, esa cifra representa sólo el 36,5% de las importaciones industriales, que además son de mayor complejidad y de mayor valor agregado.

Ese déficit inter industrial entre las manufacturas de ese origen que se compran y las que se venden se agrava en los cuatro meses de 2021. En ese período se incrementan por encima del 45% en dólares con respecto a igual lapso de 2020, las importaciones de máquinas y herramientas del exterior, de piezas y accesorios para esos equipos y de bienes intermedios. Lo notable es que pese a la fuerte devaluación de nuestra moneda –que es del 56,5% desde el 30 de diciembre de 2019 en que el dólar determinado por el Banco de la Nación Argentina valía $62,95, al valor del 30 de abril de 2021 de $98,5– más el descenso del producto interno bruto (PIB) de 2020 y el leve repunte de 2021, las importaciones industriales y también de vehículos para pasajeros se incrementaron sideralmente, reduciendo el superávit comercial.

Tenemos una economía parada, con desocupación de trabajadores y de equipos y, sin embargo las importaciones siguen creciendo porque las grandes empresas (Tecpetrol, Ford, Molino Agro, Renova, Refinor, YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, entre otras) prefieren importar máquinas y equipos con sus respectivas piezas y accesorios y bienes intermedios, que producirlos en el país. Y se importan autos y embarcaciones de lujo por esa apropiación exagerada de la renta extractiva y agropecuaria.

La verdadera brecha entre ricos y el pueblo argentino se extiende a pasos agigantados y va a seguir así, si el Estado no interviene. Por un lado, debe defender el mercado interno y dejar de devaluar, imponer cupos de exportación y aumentar las retenciones y, paralelamente, con esos recursos apuntalar la sustitución de importaciones, premiando a los que inviertan para producir para el mercado local.

Se debe generar un shock productivo que recupere el poder de compra de los argentinos, pero no para que vaya a los grandes grupos agroexportadores, o a las grandes empresas monopólicas, sino para que aumente el tejido económico y productivo de abajo hacia arriba. Para esto es fundamental el control de los precios y el acceso al crédito. Es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente al sector de la población que está conformado por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio, y a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello se debe transformar el stock de Leliq (letras del BCRA), por más de 2 billones de pesos en mayo de 2021 –equivalente a unos 20.000 millones de dólares– en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de Leliq se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento del crédito a la producción y al trabajo.

No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos. Sólo un Estado consciente, con un plan que asegure la participación de la población (a través de los correspondientes canales e instrumentos) puede ponerle límites y obligarla a cumplir las leyes, a fin de conformar una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria.

[i] El ministro de Hacienda del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, Domingo Salaberry, fue el primero que propuso en el país el impuesto a las ganancias o rédito, que el Senado de la Nación, adverso y conservador, no aprobó. Pero Marcelo Torcuato de Alvear, ni bien asumió la Presidencia de la República en octubre de 1922, presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para promover la producción industrial local, por medio de la elevación de un 25% de todos los aranceles aduaneros, incluidas las retenciones a las exportaciones. Fue aprobado pese a la férrea resistencia de los legisladores conservadores.

[ii] Las reservas internacionales del BCRA eran de 45.190 millones de dólares al 30 de diciembre de 2019 y pasaron a ser de 39.410 millones de dólares al 30 de diciembre de 2020.

[iii] Las reservas internacionales del BCRA al 30 de abril de 2021 ascendían a 40.360 millones de dólares.

Disfrazado

CLUB DE PARIS[1]

La negociación con el Club de París es paralela a un acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional, donde los principales países aportantes y que toman las decisiones son exactamente los mismos en ambas instituciones. Al Club de París se le debe a mayo 2021 la suma de U$s 10.800 millones. Y se tiene de esa deuda un vencimiento de capital de U$S 2.40 millones con fecha lunes 31 de mayo 2021

La propuesta original de la Argentina es que tanto al Club de París como al FMI pagarle solamente los intereses y comenzar a amortizar el capital en el segundo semestre de 2024 (igual trato que a los acreedores privados), pero la negociación con el FMI se encuentra en un impase y seguramente ello van hacer una contra propuesta.  De lo que acuerde el gobierno argentino con el FMI se extenderá al Club de París

De hecho en el Presupuesto Nacional 2021 no está contemplado ninguna amortización de capital a esos dos organismos internacionales y si se le paga el capital adeudado a otros organismos internacionales de crédito (CAF, Banco Mundial; BID, etc.).

Si se prevé en el Presupuesto Nacional 2021 el pago de los intereses de esas deudas por 430 millones de dólares al Club de París y de 1.200 millones de dólares al FMI,  que se efectúa en forma trimestral

En síntesis no se va a pagar el vencimiento del capital del 31 de mayo 2021 con el Club de París, la Secretaría de Finanzas de la Nación no había emitido ninguna orden de pago para Hacienda, paso previo formal en todo desembolso.

UN ACUERDO IMPLICITO

Decimo esto no solo por la ampliación del capital del FMI y la posibilidad que nuestro país reciba un nuevo crédito por 4.354 millones de dólares, suma que no alcanza para pagar los 5.814,5 millones al FMI del año 2021 en que vence el 30 de septiembre la primera cuota de capital y el 30 de diciembre de este año la segunda, del préstamo dado al gobierno anterior, más los intereses. Y por eso el 31 de este mes de mayo 2021 que vencen los 2.400 millones de dólares por amortización del capital al Club de París, se lo reprograme a posteriori.  Así cómo fue posible que los bonistas nucleados en el grupo acreedor Ad-Hoc y otros, encabezados por Blackrock, que además de ser el mayor acreedor privado de la deuda argentina (con aproximadamente unos 3.000 millones de dólares) es el principal administrador de activos financieros del mundo[2], aceptaran cobrar solamente los intereses y reprogramar el capital adeudado al segundo semestre de 2024.

¿Porqué lo hacen?, Porque detrás del Club de París y detrás del FMI están los grandes fondos de cobertura: Blackrock; Franklin Templeton, PIMCO, Goldman Sach; HSBC, JP Morgan; etc.  y ellos tienen intereses en grandes empresas que operan en el país como es el caso de las cinco grandes trasnacionales del grano como son ADM; Bunge; Cargill; Glencore y Louis Dreyfus, y esa es la razón por la que el gobierno de Alberto Fernández continúa con la licitación de la mal llamada “Hidrovía del Paraná”. O cuando vemos que se autorizó en el año 2020 exportar 37 millones de toneladas de granos de maíz sobre las 45 millones que se declaran producir, encareciendo de sobre manera todo tipo de carnes para el consumo local (que la utiliza como forraje).

Igual sucede con la extracción del oro donde el 50% de la explotación de Bajo de la Alumbrera es de Glencore (que Blackrock reconoce tener participación en su capital accionario) y en Mina Veladero explotada por la Barrick Gold. O en energía como es el caso de Pampa Energía con explotación de petróleo y gas y con la mayoría accionaria de Transener SA, que es la empresa que realiza el 85% del transporte de energía de alta tensión en la Argentina y en la que Blackrock también tiene  fuerte y determinante participación accionaria

En síntesis, no van a precipitar el default o la exigencia que la Argentina pague el vencimiento del capital, cuando las grandes empresas y financista del mundo occidental y tienen intereses mucho más valiosos en el país.

[1] El Club de París es un conjunto de países acreedores creado en el año 1956 para que los Estados más solventes financien problemas de las naciones endeudadas. Actualmente los países miembros son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Holanda, Inglaterra, Rusia, Suecia y Suiza.

[2] Se estima que administra activos financiero por cerca de 7 billones de dólares, unas 20 veces el PIB argentino.

La deuda externa y la extranjerización y concentración económica, imponen en nuestro país una matriz extractivista agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior, y el sector externo refleja claramente esa situación.

En consecuencia, Argentina aparece con problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, con cada vez menos actores con capacidad de insertarse en un mundo con exigencias crecientes como efecto del entorno en el que se desenvuelve, por ende, la macroeconomía y la matriz comercial priorizan la venta de materias primas y alimentos.

Por ende, los cambios macroeconómicos, aún los esperados (en materia de inflación, déficit fiscal, presión tributaria, tasa de interés, tipo de cambio, marco regulatorio, infraestructura, exigencias administrativas públicas), son funcionales a la matriz productivo-comercial de subordinación a los mercados externos.

En un marco en que el objetivo es garantizar el superávit comercial para financiar el pago de una deuda externa (con fuertes vencimientos a corto plazo), que obliga a reprogramar los mismos en un estado de negociación permanente, donde el gobierno ofrece, en primer término, que las exportaciones (a como dé lugar) superen a las importaciones y, a la vez, que el déficit fiscal primario sea el menor posible para no agravar el endeudamiento.

Esto implica un brutal ajuste a la economía nacional, por ende, debe exportarse lo que sea, sin miramientos y sin importar cómo afecta al consumo interno. Un ejemplos claros: la exportación de 37 millones de toneladas de granos de maíz en el año 2020 y su impacto sobre los precios de la carne aviar y porcina y hasta en la bovina en el mercado local.  Otro ejemplo, la exportación de un millón de toneladas de reses enteras el año pasado y el crecimiento de su precio interno un 75% según asevera el Instituto de Promoción de la Venta de Carne Vacuna que depende de la Bolsa de Comercio de Rosario-Santa Fe.

Es inaudito el nivel de endeudamiento cuando la Argentina ha tenido un comercio exterior en este siglo XXI que, sumando desde el año 2000 inclusive hasta abril de 2021, acumula un superávit comercial de 175.000 millones de dólares, máxime, teniendo en cuenta que en el año 2005 y 2010 se realizó una exitosa conversión de títulos de deuda disminuyéndola sensiblemente y reescalonando sus pagos. Sin embargo, en el gobierno de Macri la deuda se aumentó en más de 100.000 millones de dólares y con ese aumento no se hicieron obras de infraestructura, sino que se fugaron, según estudios del BCRA, 86.200 millones de dólares.  Es más, los cien primeros fugadores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en cuatro años[1] y aún no se los investiga para saber cómo hicieron para comprar esa cantidad de divisas en cuatro años, cuando sus empresas no declararon ganancias que justifiquen fondos por esa magnitud.

En el año 2020 exportamos por 54.884 millones de dólares, e importamos 42.356 millones de dólares, la diferencia, el saldo es 12.528 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2020 las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de esa moneda[2].

Paralelamente, la recaudación por Derechos de Exportación (Retenciones) en el año 2020 fue menor en términos nominales (con una inflación según el INDEC del 36,1% y una devaluación de nuestra moneda del 42% en el año pasado) que en el año 2019, lo que no puede explicarse solamente con que se hayan exportaron más productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, porque la diferencia no es tan significativa por un lado, y tampoco porque hayan adelantado el pago de esos derechos en el año 2019 por temor a un fuerte incremento en la alícuota de las retenciones, por el otro. En efecto, lo recaudado por la AFIP por Derechos de Exportación en el año 2019 ascendió a $ 398.311,9 millones y en el año 2020 fue de $ 387.642,7 millones, un 2,7% menos

Obviamente, que unas de las causas que explica la menor recaudación es que se hayan detectado operaciones de exportación realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), con lo que se logró desnudar la operatoria de varias organizaciones que se dedicaban a la exportación de carne y granos con la finalidad de evadir los controles del Estado Nacional para su propio beneficio, en competencia desleal con el resto de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas.

En los primeros cuatro meses del año 2021 las exportaciones sumaron 21.550 millones de dólares y las importaciones fueron por 17.549 millones, por lo que el superávit se redujo a 4.001 millones de la divisa estadounidense, y las reservas internacionales del BCRA sólo se acrecentaron en 950 millones de dólares[3], por el pago de los intereses de la deuda pública y por las divisas que debe transferirle a los importadores, a las empresas y a las provincias para que paguen su deudas externas.

LA COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES

En el año 2020 y en los primeros cuatro meses del año 2021 se observa una fuerte caída en las exportaciones industriales (Manufacturas de Origen Industrial).

Paralelamente, se incrementa la venta de productos primarios, el complejo sojero representó en el año 2020 el 27,1% de nuestras exportaciones y, si lo sumamos a todo el sector oleaginoso (harina, pellet, aceite y biodiesel de soja; más los complejos de girasol, maní, y olivo) significa el 30,5%.  El sector cerealero (complejo maíz, trigo, cebada y arroz) es el 17,4%; el sector bovino el 8%; el sector minero metalífero y litio (donde más del 60% es la exportación de oro) es el 6,8%; el complejo petrolero-petroquímico representa el 6,7%; el sector frutícola contribuye con el 4%; y el pesquero con el 3,2%.  Solo aparece en la faz industrial el sector automotriz por la fuerte interrelación del sector con la región (esencialmente Brasil y México) que fue el 7,9% (exportaciones por 4.309 millones de dólares en el año 2020).

En el caso de las importaciones es exactamente todo lo contrario, compramos productos industriales con alto valor agregado.  En el año 2020 los productos industriales representaron el 86% de nuestras compras al exterior, unos 36.426 millones de dólares que, superan holgadamente los 4.309 millones de dólares de exportación de automóviles de nuestro país, por más que se agreguen a ese total, el complejo textil (en el año 2020 se exportó por 325 millones de dólares); el farmacéutico (por 864 millones de dólares); y otros menores que conforman un total de manufacturas de Origen Industrial de 13.313 millones, cifra que representa solo el 36,5% de las importaciones industriales y, repetimos, incluso las importaciones son de mayor complejidad y de mayor valor agregado.

En los cuatro meses del año 2021 sucede exactamente igual, es más se incrementa en dólares por encima del 45% con respecto a igual lapso del año 2020, la adquisición de máquinas y herramientas del exterior; de piezas y accesorios para esos equipos; y de bienes intermedios.

Y lo notable es que pese a la fuerte devaluación de nuestra moneda que desde el 30 de diciembre de 2019 en que el dólar determinado por el Banco de la Nación Argentina valía $ 62,95, al valor del 30 de abril de 2021 de $ 98,5, es del 56,5%, más el descenso del PIB del año 2020 y el leve repunte del año 2021, las importaciones se incrementaron sideralmente, reduciendo el superávit comercial.

Tenemos una economía parada, con desocupación de trabajadores y de equipos y, sin embargo las importaciones siguen creciendo porque las grandes empresas (Techint, Ford, Molino Agro, Renova, Refinor, YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, etc.) prefieren importar máquinas y equipos con sus respectivas piezas y accesorios y bienes intermedios, que producirlos en el país.

Lo antedicho se refleja en el déficit comercial de tendencia creciente con los principales socios, caso Brasil, en que el déficit comercial con el hermano país es de 518 millones de dólares en el primer cuatrimestre 2021 (cuando en todo el año 2020 el déficit comercial fue de 729 millones). Con China el déficit en el primer cuatrimestre 2021 fue de 2.325 millones, contra los 3.270 millones de todo el año 2020. Y con Alemania las importaciones procedentes de ese país superaron a las exportaciones Argentinas en 651 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año 2021 y  alcanzó los 1.264 millones en todo el año 2020

 EN SINTESIS:

La suba sideral de los precios de la soja y sus derivados (por encima del 90% de un año a esta parte), del maíz, del trigo, etc. sólo beneficia a las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras y en cambio, hizo que subiera fuertemente el precio de los alimentos en el mercado argentino, produciendo vía precios un ajuste en su consumo y con ello el aumento de los saldos exportables.

La matriz extractivista (Por ejemplo, se refleja en las exportaciones declaradas de oro, que en el año 2020 fueron por 2.366 millones de dólares) y la presión para que suban las tarifas del petróleo, del gas y de la electricidad para disminuir su consumo y con ello la necesidad de importar, todo ello en el altar de maximizar el superávit comercial para pagar los servicios de la deuda externa.

Es una economía rentista que abusa de la ganancia en lo que extrae de nuestro suelo y subsuelo y genera poco trabajo y de baja calidad, condenando a la pobreza y a la exclusión a la mitad de la población. No puede sostenerse en el tiempo una nación que exporta alimentos y hambrea a su pueblo. Debe ser reemplazado por un modelo que defienda el mercado interno, el trabajo y la producción nacional.

Cuando el radicalismo era un partido nacional y popular lo escribió en la llamada Declaración de Avellaneda[4]:

“…La tierra será para los que la trabajen, individual o cooperativamente, es decir, dejará de ser un medio de renta y especulación para transformarse en un instrumento de trabajo y de beneficio nacional, y la producción agraria será defendida de la acción de los monopolios y de los acaparadores, haciendo que su circulación y comercialización estén a cargo de grandes cooperativas de productores y consumidores con el contralor y participación del Estado.

Nacionalización de todas las fuentes de energía natural de los servicios públicos y de los monopolios extranjeros y nacionales que obstaculicen el progreso económico del país, entregando su manejo a la Nación, a las provincias, a las municipalidades o a cooperativas según los casos”

No hay forma de salir de la maraña a la que nos somete la deuda, la permisiva legislación heredada de la dictadura y perfeccionada en los 90 bajo la tutela técnica del FMI y el poder económico en la Argentina, si el Estado no toma decisivas y planificadas medidas al respecto que, en conjunto, permitan una salida distinta a la que nos llevan.

Las medidas deben básicamente ser:

1) Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA, para que expliquen si no declararon ganancias por la suma que compraron de divisas, como pudieron hacerlo.

2) Decretar la Emergencia Cambiaria, anulando el Decreto 893/2017 y de esa manera se restablece el Decreto 2581/1964 y de esa manera se exige perentoriamente que ingresen las divisas de las exportaciones.

3) Se debe frenar con la constante devaluación de nuestra moneda, ya la devaluación la hizo el gobierno de Cambiemos cuando ajustó el tipo de cambio entre fines de abril y fines de julio de 2018 en un 100%, no se requiere de mayor devaluación, al contrario se requiere de recuperar el valor del peso.  Néstor Kirchner cuando asumió el 25 de mayo de 2003, el dólar oficial estaba a $ 3,50.- y cuando dejó de ser Presidente de la República, el 9 de diciembre de 2007, el dólar oficial valía $ 3,22.- Revalorizó nuestra moneda y con ello los activos y el trabajo argentino.

4) Se deben aumentar fuertemente los Derechos de Exportación (retenciones) se desacoplan los precios y el Estado nacional obtiene mayores recursos de las exportaciones.

5) Se debe imponer un cupo máximo de exportaciones para resguardar el mercado local. Primero satisfacer el mercado local y el saldo se exporta y no al revés como se está haciendo.

6) Transformar el stock de LELIQS (Letras de Liquidez del BCRA) que supera los 2 billones de pesos (equivalente a unos 20.000 millones de dólares) en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de financiamiento a las familias, a las Pymes y al Estado y no ser objeto de renta financiera como es en la actualidad.

7) Restablecer el Art. 6to de la Ley 20.840 de Abastecimiento de 1974, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional

Si no se adoptan medidas regulatorias y preventivas, quedamos expuestos a los llamados “golpes de mercado” como fueron en 1975, 1980, 1982, 1989, 1995, 2001 y 2018.

No se produjeron “golpes de mercado” cuando el Estado determinaba las reglas de juego y se defendía el trabajo y la producción nacional, como hizo el Kirchnerismo.

[1] “Formación de activos externos 2015-2019” BCRA 14 de mayo 2020.

[2]  Las Reservas Internacionales del BCRA era de U$S 45.190 millones al 30 de diciembre de 2019 y pasó a ser de U$S  39.410 millones al 30 de diciembre de 2020.

[3]  Las Reservas Internacionales del BCRA al 30 de abril 2021 ascendían a U$S 40.360 millones.

[4] Programa presentado por el sector liderado por Moisés Lebensohn en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 4 de abril de 1945.

Política y EconomíaModelo extractivista, agropecuario exportador