Un poco de historia

La historia de la teoría política marca seis formas de gobierno, que fueron esbozadas primero por Aristóteles, y luego definidas por el historiador y pensador griego Polibio. Vemos entonces que hay tres formas de gobierno puras y sus consecuentes deformaciones.

En primer lugar tenemos la monarquía y su deformación en la tiranía. Luego, la segunda forma es la aristocracia derivando en una forma no deseable de oligarquía, y por último la democracia cuya deformación es en la oclocracia. Ésta última es la transformación de los objetivos de la democracia, donde imperan los objetivos e intereses particulares, que van en contra de las mayorías, pero usando de ellas para mantenerse en el poder.

Oclocracia proviene del griego ochlokratía, que es el gobierno de la muchedumbre, pero la misma es transformada, manipulada hacia intereses particulares que van en contra de los intereses generales del pueblo. Tambien se la ha vinculado con el manejo de intereses corporativos por parte de los gobiernos de turno.

Formas de consolidación de las oclocracias

En Argentina observamos esta desviación de la democracia en oclocracia en varios periodos sobre todo desde mediados de los años setenta. Desde el punto de vista de su consolidación y vinculación con las políticas económicas, podemos describir algunas para introducirnos en su articulación y en la forma en que generalmente se manifiestan para consolidarse y lograr que la democracia sea funcional a intereses particulares, y que se extienda en contra de las mayorías.

En primer lugar podemos verlo en lo referido a las políticas monetarias aplicadas. Como sabemos los Estados se financian a través de tres formas: en primer lugar a través de la recaudación impositiva,  en segundo lugar a través del endeudamiento, ya sea en pesos en el mercado local, o en divisas en el mercado internacional, y en tercer lugar a través de la emisión. La idea en estas líneas no es polemizar sobre beneficios y perjuicios de unas u otras, pero sí claramente podemos observar determinado sesgo cuando se prefiere el endeudamiento externo a costa de futuras condicionalidades que recaen sobre las políticas económicas del gobierno de turno y que afectan al bienestar de la población, en lugar de financiar déficits  a través  por ejemplo de un sistema tributario mas progresivo.

Claro que esto haría contraponer al poder político con determinados detentores del poder económico local. Mismo caso tiene la elección de un endeudamiento externo por sobre uno interno. Claro que cada uno tiene sus pro y sus contra, pero podemos observar a lo largo de estos mas de cuarenta años como se repite sistemáticamente la misma forma de financiamiento que fue implementada en los años setenta con dictadura cívico-militar, luego en los años noventa con el gobierno neoliberal, y recientemente en el gobierno de Cambiemos. Endeudamientos externos que luego son funcionales a la fuga de divisas. Las supuestas causas por la que se producen las mismas, llevan a consecuencias peores, como ser pérdida del poder adquisitivo, desempleo, desigualdad, pobreza.

No siendo casualidad esta tipología, sino por el contrario es un sistema de dominación de grupos concentrados de la sociedad, que utilizan el mismo para introducir sus políticas económicas y sociales en beneficio de un sector minoritario. Sociedades más pobres, son sociedades más dóciles, capaces de soportar políticas de ajuste.

Otra forma de modificación de las democracias en oclocracias, es a través de la transferencia de recursos de los sectores trabajadores hacia los sectores concentrados de la economía. Esto en nuestro país sucedió vastamente a través de planes de ajuste, siempre vinculado con una baja en el gasto público, y bestiales devaluaciones de la moneda, tendientes a realizar una transferencia de ingresos de la clase trabajadora hacia sectores concentrados de la economía. Los aparentes motivos siempre son los mismos, bajar la inflación, reducir el déficits, lograr mayor competitividad para aumentar las exportaciones, etc. Algo que los argentinos ya conocemos bastante bien.

Lo que hay detrás de eso son cambios en los precios relativos de la economía. Esa es la verdadera transferencia de ingresos. Veamos, cuando se producen las devaluaciones el costo de la mano de obra argentina se abarata en dólares (es el valor que tienen en cuenta las grandes empresas), logrando mayores beneficios para los grupos económicos (el salario promedio en 2015 representaba USD 1736, mientras que en 2020 representaba USD 812).  Tambien las mismas son funcionales al sector agropecuario. No hablamos aquí de los pequeños productores, sino de las grandes empresas agroexportadoras que mejoran sus balances y cuentas en el exterior a través de la exportación de dichos commodities, pero trasladando dicho valor internacional a la economía doméstica. Dichas empresas siempre tuvieron los mismo intereses, cuanto menos poder de compra tenga la población argentina mayores serán sus ganancias a través de la exportación de alimentos. Ejemplo de ello es lo sucedido en los últimos meses con  carne vacuna, con exportaciones record en lo que va del año, pero con un consumo interno que fue el más bajo en los últimos 18 años en el primer trimestre del 2021.

Podemos mencionar otra forma de oclocracia que se materializa a través de la apertura comercial de los años noventa. Este tipo de aperturas no reguladas, producen que haya una mayor cantidad de dinero circulante que demanda divisas para hacer frente a las importaciones. Como resultante de la disminución del dinero circulante aumenta la tasa de interés, con el consiguiente enfriamiento de la economía a través de una menor inversión y consumo. Las altas tasas benefician al sector financiero, siempre beneficiosos de este tipo de políticas económicas. A su vez se produce un proceso de desindustrialización, con consecuencias en el empleo, y el salario. Contexto adecuado para implementar ajustes que operan transfiriendo ingresos de dichos trabajadores a los sectores concentrados. Tambien tenemos las privatizaciones de los activos que poseía el Estado en los años noventa. Dicho proceso, por ejemplo a través de la privatización del sistema previsional, tuvo grandes beneficiados en desmedro del capital Estatal.

Como vemos a lo largo de las últimas décadas nuestra democracia ha sido interrumpida en varias ocasiones para transformarse en oclocracias. La democracia que opera en pos del bienestar común, son cooptadas por poderes fácticos, que influyen en la economía, en la política, en la sociedad. Claro está que dichos poderes tienen cómplices dentro del mismo aparato no solo Estatal sino también fuera del mismo. La implementación de dichas políticas es impensada si no se influye sobre el sistema judicial, mediático, político, y que en su conjunto operan sobre la sociedad. Justamente la oclocracia actúa utilizando a dicha sociedad influida en pos del beneficio de la minoría. Los condicionantes no son solo internos, sino también externos por ejemplo a través del Fondo Monetario Internacional. A través del mismo se operan intereses económicos y políticos.

La forma de dar batalla a la aparición de estas oclocracias, es justamente con más democracia que significa operar en pos del bienestar general. Significa orientar las políticas hacia las tres metas fundamentales que tiene la economía, que son el crecimiento sustentable, el pleno empleo y la equidad distributiva. Y para ello el rol fundamental del Estado como promotor de estas políticas. Cuanto más cerca de estas metas se esté más difícil será que gobiernos de turno transformen nuestra querida democracia en oclocracias.

Habitualmente esta columna intenta presentar los acontecimientos económicos con un despliegue de datos duros que tienden a sustentar las afirmaciones vertidas. Suele haber muy poco espacio para las percepciones personales. La subjetividad queda entonces subordinada a lo que emerge de los cuadros, tablas y gráficos bajo análisis.

El presente ha aglomerado tantas imágenes desangeladas, tal vez paganas, que sacuden la emoción y obligan a volcarlas como medio de describir la realidad en la que transitamos. La tensión internacional y regional, los desequilibrios de la economía, la violencia y el cinismo discursivo que crecen como modo de asedio al derecho y la razón y la legitimidad del voto nulificada, emergen en un desfile de imágenes que obturan el deseo de analizarlas porque la gráfica es demasiado contundente.

La mayoría de los argentinos y argentinas están siendo inmunizados por vacunas SputnikV y Sinopharm, cuyos cargamentos son exhibidos mediáticamente cuando aterrizan en el país, imágenes contrastantes con el Jefe del Comando Sur de EE.UU. en uniforme de combate recorriendo las instalaciones militares de Tierra del Fuego y requiriendo explicaciones sobre su ampliación. EE.UU. retiene 900.000 vacunas que le corresponden a la Argentina.

Mientras tanto, vemos la sonrisa socarrona de Jair Bolsonaro cuando amenaza con un colapso económico en Brasil si se aplican medidas de restricción a la actividad como en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Consecuencia: Brasil registra 14.200.000 infectados y 384.000 fallecidos. 

“Cuando el mercado falla, el Estado tiene que intervenir para bajar la inflación” afirmó el Ministro Guzmán al conocerse el índice de inflación minorista de marzo. Lo hizo desde su gira europea para renegociar u$s 2.400 millones que vencen en mayo con el Club de París, cuyo impacto en la política económica es menor. La inflación minorista acumulada en el primer trimestre del año es del 12,9%, en tanto que la pauta inflacionaria para todo el año 2021 prevista en el Presupuesto de la Administración Nacional es del 29%.

“Ojalá nos hubieran dado las dosis más rápido y ya estarían todos los maestros vacunados” afirmó Horacio Rodríguez Larreta en su cruzada por levantar la presencialidad escolar como bandera de defensa de la educación, alzándose contra las autoridades nacionales. La Ciudad de Buenos Aires no tiene registro de solicitantes de vacunas ni de vacunados, desconociéndose cuáles fueron las prioridades de asignación de vacunas en la misma. El presupuesto educativo del Estado de la Ciudad se ubica por debajo del 20% medido en relación al gasto total. El promedio del resto de las jurisdicciones subnacionales se ubica en torno al 30%.

Por último, la imagen más trágica, impensada e imposible hace una década, fueron las bolsas mortuorias con el nombre de Estela de Carlotto y otros dirigentes políticos arrojadas en la Plaza de Mayo. Los integrantes del Instituto Independencia presentaron una denuncia penal sobre el hecho que no fue tramitada. La investigación hubiera impedido el avance de estas señales de intimidación que conforman el preludio de la violencia política acicateada desde el discurso dominante-opositor.

Las percepciones subjetivas que volcamos en esta columna tienen como único valor el objetivo de reunir una muestra suficientemente representativa de un universo, y el lector juzgará si se acertó.

Se pretende advertir, tal vez presuntuosamente, sobre los riesgos de las indefiniciones en el plano internacional y regional, en las prioridades de política económica y en la relación con una oposición que rompe la racionalidad democrática.

Es tiempo de un replanteo de la relación del Gobierno con el propio Estado que administra, con el pueblo que resueltamente lo está acompañando y con los poderosos que están enfrente.

https://www.eldestapeweb.com/economia/club-de-paris/es-tiempo-de-replantear-la-relacion-del-gobierno-con-el-estado-que-administra–202142419053

León Trotsky escribió un trabajo en 1934 que tituló Adónde va Francia, en el cual planteaba que Francia no es la Bolsa, ni los bancos, ni los trusts, ni el gobierno, ni el Estado Mayor, ni la Iglesia (todos ellos son sus opresores), sino la clase obrera y los campesinos explotados. Sostenía que la destrucción económica, la regresión social y el cuestionamiento de la democracia son los principales rasgos que la caracterizan. La destrucción económica no es consecuencia sólo del generalizado desmantelamiento de actividades productivas junto con la liquidación masiva de puestos de trabajo que materializan la crisis crónica. Se verifica, en particular, en la sistematización de la desvalorización de la fuerza de trabajo, directa e indirectamente. Es decir, se evidencia en el aumento de la explotación que exige la rentabilidad que mueve la acumulación en el capitalismo mundial del cual Francia es un apéndice. Y esta explotación es la explicación de fondo de la regresión social que se observa, no ya en la impugnación de toda una serie de conquistas durante los últimos años, sino también y, sobre todo, en la amenaza cierta de nuevos retrocesos.

En tanto ese planteo se refería a una nación de Europa, con más razón se puede extrapolar a un país del sur de Latinoamérica que ha exacerbado los beneficios de la renta agropecuaria, que tiene como columna vertebral su río Paraná y que propicia un modelo extractivista y agropecuario exportador, para lo cual necesita reducir los costos internos medidos en moneda dura y, fundamentalmente, el salario.

Y la exacerba cuando, al aumento de los precios de los granos en los mercados internacionales, este gobierno le agregó la fuerte depreciación de nuestra moneda que paso de valer $59,60 el 10 de diciembre de 2019 a $98,85 al 23 de abril de 2021 (devaluación del 66%). Por ejemplo, en el Mercado de Chicago, Estados Unidos, en diciembre de 2019 se cotizaba la tonelada de soja a 195 dólares y su precio aumentó a 532,2 dólares para abril de 2021 (173% de aumento); la de maíz pasó de 143 dólares a 235,4 dólares (64%) y la de trigo de 195 dólares a un valor actual de 242,8 dólares (alza del 25%). Además, no modificó la alícuota de los derechos de exportación (retenciones) que es del 30% para el grano de la soja y del 12% para los demás granos, por lo que el incremento de los precios es apropiado por los grandes acopiadores y comercializadores que operan en el país en desmedro del pueblo argentino que debe pagar sus alimentos a un mayor precio.

El problema es que la Argentina cuenta con más 45.500.000 habitantes, de los cuales sólo una minoría puede tener un trabajo productivo ante una producción que se torna cada vez más primaria. En 2020, las exportaciones de granos de maíz han sido récord al alcanzar las 39.000.000 de toneladas declaradas, mientras paralelamente se encareció de excesivamente la carne aviar y porcina en el país, al usar ese alimento como forraje. Se obtuvo una venta al exterior de 1.000.000 de toneladas de carne vacuna y paralelamente el consumo de esa carne per capita fue la más baja de los últimos 100 años de la Argentina (50,1 kilogramos), cuando históricamente rondaba los 90 kilogramos.

El modelo es de ajuste del consumo interno para generar mayor saldo exportable y se justifica por la obtención de divisas para poder pagar la deuda externa, tanto pública como privada. Cuando eso es parcialmente cierto, pero mucho más verdad es la súper ganancia de Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Glencore, Aceitera General Deheza, COFCO, Frigorífico Rioplatense, La Anónima, Frigorífico Bermejo, entre otros que usufructúan de la renta agropecuaria en desmedro del salario real.

Salario promedio por RIPTE – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Dólar promedio del BCRA.

El rol del Estado

En medio de la pandemia de Covid-19, el gobierno nacional ha reestructurado sus gastos para priorizar la salud de la población. A la compra, distribución y logística de las vacunas, la inversión en infraestructura hospitalaria y la provisión de servicios de agua y saneamiento sumó una parafernalia de medidas de asistencia. Entre otras: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); incremento en los bonos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (AUH-AUE), y para jubilados y pensionados, trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad; asignación complementaria de los salarios; postergación y reducción de los aportes previsionales en general y, en particular, para las actividades ligadas a la salud; créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos; extensión del seguro de desempleo; reducción de impuestos a los servicios de salud; apoyo a las provincias en los planes de salud y en asistencia directa a la energía y al transporte y Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

Para hacer posible estas medidas, que se desarrollaron y se desarrollan con fuertes limitaciones, se restringen –a la par– otros gastos estatales. En conjunto, se reduce la participación del Estado en una economía que se redujo en un 9,9% en 2020 y que no presenta una recuperación cierta en los primeros cuatro meses de 2021.

En consecuencia, la Administración Nacional y, por carácter transitivo, el resto de las administraciones públicas –ante una inflación desbocada–, reducen en términos reales el pago de los salarios de sus trabajadores y las jubilaciones y pensiones (ingresos que son deteriorados en su capacidad adquisitiva por el persistente aumento de los precios)  [i], y de la inversión pública en general. Ello se hace para afrontar la pandemia, pero también para pagar los servicios de una deuda que, como dijo el propio ministro Martín Guzmán, debería haber modernizado toda la infraestructura del país y no lo hizo, porque ese capital básicamente se fugó.

La extensión de esta situación en el tiempo provoca, por un lado, mayor pobreza y marginalidad y, por otro lado, asegura el patrimonio y la fuga de los beneficiados y la renta entre la diferencia del costo argentino y el precio internacional de las exportaciones.

Cambiar el rumbo

Si el pretexto de reducir los salarios reales y el gasto público es para que se obtenga un mayor saldo exportable, se configura un país para pocos y no exento de conflictos. Es inadmisible que se exporten montañas de maíz en granos y muchos argentinos no tengan que comer.

Se debe cambiar el orden de prioridades y apuntalar los salarios, jubilaciones y pensiones, como hizo Néstor Kirchner a poco de asumir la Presidencia el 25 de mayo de 2003. El problema central para su gobierno se configuraba en cómo hacer para aumentar el poder de compra de los asalariados sin arriesgar el incremento de la competitividad logrado con la devaluación producto de la salida de la convertibilidad, creando una baja en el costo laboral medida en moneda dura. Para ello desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso de negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresarias en el Consejo del Salario. A su vez, al aplicar altas alícuotas en el derecho de exportación (retenciones) a los alimentos, generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones su precio en el mercado interno.

Por otro lado, se implementó el Plan de Regularización del Trabajo para luchar contra la informalidad. Estaba orientado a combatir el empleo no registrado, verificar el cumplimiento de las condiciones de labor que garantizaran los derechos y la protección social. A estos fines, se creó un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo en todo el territorio nacional.

Se debe frenar con la constante devaluación de nuestra moneda. Ya la hizo el gobierno de Cambiemos cuando ajustó el tipo de cambio entre fines de abril y fines de julio de 2018 en un 100%. Por el contrario, lo que se requiere es recuperar el valor del peso.

Si el escollo es el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus condicionalidades, se debe suspender toda la negociación con ese organismo internacional, al menos, mientras se desata la segunda ola de coronavirus. Primero la salud y el trabajo argentino y luego, ver la forma en que se paga la deuda.

En ese marco, se propició el Decreto 239/2021 por el que la Procuración del Tesoro de la Nación se constituye en parte querellante en la causa 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. El expediente se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de determinar a los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado nacional.

Pero que la querella no sea sólo contra los funcionarios de Cambiemos que hicieron posible el endeudamiento y su fuga, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica. Para ello la AFIP debe llamar, en primer lugar, a los titulares de las mayores compras de divisas y decirles: “Señores, ustedes no pagaron impuestos a las ganancias por el monto de dólares que compraron en el período 2015-2019, de donde extrajeron esa suma”, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

Sólo tomando medidas de gobierno con decisión y coraje se logra cambiar el rumbo para volver a crecer en base a nuestro mercado interno y a nuestro trabajo. Trotsky, ante el temor al poder económico, termina su trabajo con una frase: “Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar al porvenir”. Se gobierna para fijar rumbo y promover el bienestar general del pueblo argentino, según manda nuestra Constitución Nacional. Sino, como dijo Cristina Fernández, mejor que se queden en su casa.

[i] En la Administración Nacional, para el primer trimestre 2021, las erogaciones en seguridad social representaron el 42% del gasto total y los salarios el 9,2%. Ambas partidas representan más del 50% del presupuesto nacional.

Adónde va la Argentina

En medio de la crisis derivada de la pandemia, con el 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, el gobierno sigue permitiendo que en los alimentos que producimos se igualen los precios internos con los externos.

La botellita de 900 cc de aceite comestible mezcla se vende en Ámsterdam (puerta de entrada a Europa) a 1,8 euros (unos 2 dólares) y en la Argentina, donde se produce, sin costos de embalajes, transporte y aranceles, la misma botellita se vende a 200 pesos.- La diferencia es que el salario promedio en la Argentina según RIPTE, que es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo, era en enero (último dato disponible) de 68.100,73 pesos, menos de 700 dólares por mes, en tanto en Europa central el salario promedio es de unos 3.200 euros (unos 4.000 dólares) y en los Países Bajos de 4.433 euros mensuales, por ende en Holanda esa botella significa el 0,04% y en la Argentina el 0,3% del salario promedio mensual.

Peor aún, el gobierno nacional arribó a un acuerdo con CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales) por el cual no se le aumenta la tasa del derecho de exportación (retenciones) y no se cierran los registros de exportación en las ventas de soja, girasol, harinas y aceites del complejo aceitero a cambio de que garantice la venta de 29 millones de litros de aceite de soja y girasol en el mercado interno al precio citado.

Sabemos por el Presidente de CIARA-CEC y conspicuo representante del CAA (Consejo Agroindustrial Argentino), Gustavo Idígoras, que pretenden renovar el acuerdo pero también que el gobierno les reduzca la alícuota de retenciones (12% en general y 30% para la soja), cuando la principal medida para desacoplar los precios internos con los externos de lo que se produce es exactamente la contraria: subir el derecho de exportación. El pretexto de los establecimientos agro industriales es que deben importar soja y otros granos de países lindantes (principalmente Paraguay, que exporta más soja de la que produce), y que tienen capacidad ociosa en la industria aceitera y producirían más si bajan las retenciones.

Mientras ellos deben importar soja y otros granos, en 2020 la Argentina exportó 39 millones de toneladas de maíz. El único trabajo fue recolectar los choclos y desgranarlos. No se le agregó ningún otro valor y se vendieron montañas de granos de maíz.

Paralelamente, en la revista FORBES, que publica sobre los hombres más ricos del mundo, aparecen los dueños de las cinco grandes acopiadoras y exportadoras de granos y aceites: ADM, Bunge Cerval, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore, todas ellas con sede en los Estados Unidos y con puertos propios en nuestro Río Paraná. También aparece, con una fortuna de 2.400 millones de dólares, Gregorio Pérez Companc, que tiene las firmas Molinos Río de la Plata y Molino Agro y grandes extensiones de tierras; y Roberto Urquía, presidente de Aceitera General Deheza, con un patrimonio de casi 1.000 millones de dólares.

Los datos duros permiten entender por qué hicieron hasta lo imposible para que Vicentin SAIC, que tiene deudas con el Banco Nación, la AFIP y la ANSeS, no sea una empresa mixta y de esa manera co-administrada por el Estado. No quieren que el Estado entre al negocio y sepa cómo se hace. Por eso el Decreto 949/2020 de reprivatización de la mal llamada hidrovía del Paraná es defendido por los principales referentes de las cadenas de exportaciones, por ejemplo el presidente la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou, quien en un reciente seminario sobre Hidrovía en la Cámara de Diputados de Santa Fe afirmó que “el concesionario debe ser quien cobre el peaje y no el Estado, (porque) sabemos lo que sucede después”. O el director ejecutivo de la Cámara del Acero y representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), Carlos Vaccaro, quien cuestiono la intención de que el Estado intervenga y aseguró que “no hay razón para cambiar algo que funcionó exitosamente 25 años”. Omitió aclarar para quién fue beneficioso. Para el pueblo argentino, que ve día a día cómo aumenta el precio de los alimentos, claramente no lo fue.

En la misma revista, con un patrimonio superior a los 800 millones de dólares, figura Eduardo Costantini, que tiene emprendimientos inmobiliarios y pertenece a la familia dueña del Frigorífico Rioplatense, que conforma el Consorcio ABC de exportadores de carne vacuna y realiza el 80% de esas ventas al exterior. “No tenemos la financiación, tenemos una tasa de inflación que es inconsistente con cualquier crecimiento de largo plazo, porque vos no podes trabajar con todos los precios regulados y por ahí con un 30 y pico o 40 y pico por ciento de inflación anual. Las tarifas públicas tienen que pisarlas porque si no se cae el salario real, 42% de pobreza… no funciona ese sistema económico”, dijo Constantini a FORBES. Lo que no dijo es que el precio de la carne vacuna aumentó un 75% en el mercado interno argentino durante 2020, como asevera ROSGAN (mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias). Se queja de la inflación que ellos mismos generan y de la que se benefician.

Por supuesto, ambos agrupamientos (CIARA-CEC y Consorcio ABC) prometen para 2021 un incremento del 30% en los envíos al exterior, con tres condicionamientos:

• Que se reduzcan las retenciones;
• Que se vuelva a licitar el Río Paraná (“Es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que va a ser financiada íntegramente por el sector privado” y no debe entrometerse el Estado, dice Idígoras, como si el Paraná no nos perteneciera a todos; y
• El plan de promoción de las exportaciones 2021 de la Cancillería, que tiene prevista una batería de 657 acciones comerciales en ferias y mercados en todo el mundo, allí sí con apoyo explícito y gasto estatal.

Paralelamente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, coincidió con los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la necesidad de sostener los niveles de actividad del sector manufacturero a pesar del recrudecimiento de la pandemia de coronavirus. El funcionario se reunió virtualmente con la Junta Directiva de la UIA, donde se habló sobre los cuidados sanitarios estrictos en las empresas. Además se planteó la necesidad de priorizar la vacunación a sus trabajadores para que las industrias no paren.

A su vez, por resolución conjunta 4/2021 de los ministerios de Salud y de Trabajo, los empleadores “podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores” que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas” contra Covid-19 “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”. Quienes no hayan podido acceder a la vacuna se verán obligados a justificar el porqué mediante declaración jurada.

Y lo mismo podemos extender a la tozudez del Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias de seguir dando clases presenciales contra viento y marea para que las escuelas funcionen como guarderías de niños y adolescentes y los padres puedan ir a trabajar.

El problema es complejo porque con los niveles salariales logrados por los gobiernos de Macri y, pandemia mediante, de Alberto Fernández, cumpliendo con la exigencia que le hiciera Paolo Rocca a la Presidenta Cristina Fernández en 2015, las remuneraciones ya son menores a las de Brasil: en 2015 el salario promedio según el RIPTE era de 15.600 por mes –a un dólar promedio de $9,10 significaban 1.736,26 dólares–, en tanto en enero 2021 era de 700 dólares mensuales, tras una devaluación de nuestra moneda de 1.000% reflejada en el incremento del Índice de Precios al Consumidor del INDEC; el salario promedio en Brasil, por su parte, bajó de ser el equivalente de 1.400 a 1.200 dólares por mes.

El drama de la pobreza

La Argentina no es un país pobre, es severamente injusto. Sólo así se explica que 50 familias argentinas integren la lista de los más ricos del mundo mientras más de 19 millones de residentes en nuestro país vivan bajo la línea de pobreza y 4.700.000 en la indigencia. El drama reside en cómo se afronta la situación de la población que no cuenta con recursos y si no trabaja no come, a lo que se suma el hacinamiento de las viviendas, la falta de agua corriente, etc. Ese drama no se soluciona solamente con chicos comiendo en la escuela (servicio que debería mantenerse con todas las medidas preventivas), ni con el IFE (que es indudablemente una ayuda) o con otras medidas asistenciales sino fundamentalmente –ante un Estado deficitario y endeudado– redistribuyendo el ingreso.

El Estado Nacional cobra en cuenta gotas la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario que alcanza a unas 13.000 personas, menos del 1% del total de contribuyentes que presentan anualmente la declaración del impuesto a los Bienes Personales, que poseen sus bienes en el país y en el exterior, más los residentes en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país, en ambos casos cuando al 18 de diciembre de 2020 excedieran los 200 millones de pesos. La recaudación estimada será en torno a los $420.000 millones (menos del 1% del PIB argentino) cuando las cuentas de la Administración Nacional fueron deficitarias en $2,3 billones en 2020 y se estima en la ley de Presupuesto 2021 (que no preveía esta segunda ola de Covid) que el déficit fiscal será de $1,5 billones.

En ese marco y en medio de la segunda ola se deben tomar medidas drásticas y de urgencia que den debida respuesta al problema y que básicamente son:

• El Estado Nacional se obliga a pagar una tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas la tenencia de LELIQ (letras de liquidez del Banco Central) que al 31 de marzo 2021 alcanza a $1,9 billones. Esa suma se destina a la población beneficiaria del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a las pequeñas y medianas empresas, y al propio Estado.
• Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Ese informe dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.769 millones de dólares. Hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle “señores, ustedes no pagaron impuestos a las ganancias y otros por el monto de dólares que compraron. ¿De dónde extrajeron esa suma?”. Con lo cual, además de la necesaria y perentoria recaudación se lograría avanzar sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.
• Recuperar la administración del Río Paraná y fiscalizar los ingresos y egresos cobrando los aranceles y derechos de exportación, que a su vez deben incrementarse sideralmente en torno al 35% de alícuota para los productos primarios mientras dure la pandemia.

Ante la crisis la cuestión no es administrar sino invertir, priorizar la vida y la salud de la población, y los que más están en riesgo son los que menos recursos tienen. Por ende es indispensable y urgente implementar medidas de redistribución, sacarle a los que más tienen y abastecer al pueblo de vacunas, medicamentos y asistencia social por lo menos en lo más agudo de la pandemia.

Pandemia y economía