CLUB DE PARIS[1]

La negociación con el Club de París es paralela a un acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional, donde los principales países aportantes y que toman las decisiones son exactamente los mismos en ambas instituciones. Al Club de París se le debe a mayo 2021 la suma de U$s 10.800 millones. Y se tiene de esa deuda un vencimiento de capital de U$S 2.40 millones con fecha lunes 31 de mayo 2021

La propuesta original de la Argentina es que tanto al Club de París como al FMI pagarle solamente los intereses y comenzar a amortizar el capital en el segundo semestre de 2024 (igual trato que a los acreedores privados), pero la negociación con el FMI se encuentra en un impase y seguramente ello van hacer una contra propuesta.  De lo que acuerde el gobierno argentino con el FMI se extenderá al Club de París

De hecho en el Presupuesto Nacional 2021 no está contemplado ninguna amortización de capital a esos dos organismos internacionales y si se le paga el capital adeudado a otros organismos internacionales de crédito (CAF, Banco Mundial; BID, etc.).

Si se prevé en el Presupuesto Nacional 2021 el pago de los intereses de esas deudas por 430 millones de dólares al Club de París y de 1.200 millones de dólares al FMI,  que se efectúa en forma trimestral

En síntesis no se va a pagar el vencimiento del capital del 31 de mayo 2021 con el Club de París, la Secretaría de Finanzas de la Nación no había emitido ninguna orden de pago para Hacienda, paso previo formal en todo desembolso.

UN ACUERDO IMPLICITO

Decimo esto no solo por la ampliación del capital del FMI y la posibilidad que nuestro país reciba un nuevo crédito por 4.354 millones de dólares, suma que no alcanza para pagar los 5.814,5 millones al FMI del año 2021 en que vence el 30 de septiembre la primera cuota de capital y el 30 de diciembre de este año la segunda, del préstamo dado al gobierno anterior, más los intereses. Y por eso el 31 de este mes de mayo 2021 que vencen los 2.400 millones de dólares por amortización del capital al Club de París, se lo reprograme a posteriori.  Así cómo fue posible que los bonistas nucleados en el grupo acreedor Ad-Hoc y otros, encabezados por Blackrock, que además de ser el mayor acreedor privado de la deuda argentina (con aproximadamente unos 3.000 millones de dólares) es el principal administrador de activos financieros del mundo[2], aceptaran cobrar solamente los intereses y reprogramar el capital adeudado al segundo semestre de 2024.

¿Porqué lo hacen?, Porque detrás del Club de París y detrás del FMI están los grandes fondos de cobertura: Blackrock; Franklin Templeton, PIMCO, Goldman Sach; HSBC, JP Morgan; etc.  y ellos tienen intereses en grandes empresas que operan en el país como es el caso de las cinco grandes trasnacionales del grano como son ADM; Bunge; Cargill; Glencore y Louis Dreyfus, y esa es la razón por la que el gobierno de Alberto Fernández continúa con la licitación de la mal llamada “Hidrovía del Paraná”. O cuando vemos que se autorizó en el año 2020 exportar 37 millones de toneladas de granos de maíz sobre las 45 millones que se declaran producir, encareciendo de sobre manera todo tipo de carnes para el consumo local (que la utiliza como forraje).

Igual sucede con la extracción del oro donde el 50% de la explotación de Bajo de la Alumbrera es de Glencore (que Blackrock reconoce tener participación en su capital accionario) y en Mina Veladero explotada por la Barrick Gold. O en energía como es el caso de Pampa Energía con explotación de petróleo y gas y con la mayoría accionaria de Transener SA, que es la empresa que realiza el 85% del transporte de energía de alta tensión en la Argentina y en la que Blackrock también tiene  fuerte y determinante participación accionaria

En síntesis, no van a precipitar el default o la exigencia que la Argentina pague el vencimiento del capital, cuando las grandes empresas y financista del mundo occidental y tienen intereses mucho más valiosos en el país.

[1] El Club de París es un conjunto de países acreedores creado en el año 1956 para que los Estados más solventes financien problemas de las naciones endeudadas. Actualmente los países miembros son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Holanda, Inglaterra, Rusia, Suecia y Suiza.

[2] Se estima que administra activos financiero por cerca de 7 billones de dólares, unas 20 veces el PIB argentino.

La deuda externa y la extranjerización y concentración económica, imponen en nuestro país una matriz extractivista agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior, y el sector externo refleja claramente esa situación.

En consecuencia, Argentina aparece con problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, con cada vez menos actores con capacidad de insertarse en un mundo con exigencias crecientes como efecto del entorno en el que se desenvuelve, por ende, la macroeconomía y la matriz comercial priorizan la venta de materias primas y alimentos.

Por ende, los cambios macroeconómicos, aún los esperados (en materia de inflación, déficit fiscal, presión tributaria, tasa de interés, tipo de cambio, marco regulatorio, infraestructura, exigencias administrativas públicas), son funcionales a la matriz productivo-comercial de subordinación a los mercados externos.

En un marco en que el objetivo es garantizar el superávit comercial para financiar el pago de una deuda externa (con fuertes vencimientos a corto plazo), que obliga a reprogramar los mismos en un estado de negociación permanente, donde el gobierno ofrece, en primer término, que las exportaciones (a como dé lugar) superen a las importaciones y, a la vez, que el déficit fiscal primario sea el menor posible para no agravar el endeudamiento.

Esto implica un brutal ajuste a la economía nacional, por ende, debe exportarse lo que sea, sin miramientos y sin importar cómo afecta al consumo interno. Un ejemplos claros: la exportación de 37 millones de toneladas de granos de maíz en el año 2020 y su impacto sobre los precios de la carne aviar y porcina y hasta en la bovina en el mercado local.  Otro ejemplo, la exportación de un millón de toneladas de reses enteras el año pasado y el crecimiento de su precio interno un 75% según asevera el Instituto de Promoción de la Venta de Carne Vacuna que depende de la Bolsa de Comercio de Rosario-Santa Fe.

Es inaudito el nivel de endeudamiento cuando la Argentina ha tenido un comercio exterior en este siglo XXI que, sumando desde el año 2000 inclusive hasta abril de 2021, acumula un superávit comercial de 175.000 millones de dólares, máxime, teniendo en cuenta que en el año 2005 y 2010 se realizó una exitosa conversión de títulos de deuda disminuyéndola sensiblemente y reescalonando sus pagos. Sin embargo, en el gobierno de Macri la deuda se aumentó en más de 100.000 millones de dólares y con ese aumento no se hicieron obras de infraestructura, sino que se fugaron, según estudios del BCRA, 86.200 millones de dólares.  Es más, los cien primeros fugadores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en cuatro años[1] y aún no se los investiga para saber cómo hicieron para comprar esa cantidad de divisas en cuatro años, cuando sus empresas no declararon ganancias que justifiquen fondos por esa magnitud.

En el año 2020 exportamos por 54.884 millones de dólares, e importamos 42.356 millones de dólares, la diferencia, el saldo es 12.528 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2020 las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de esa moneda[2].

Paralelamente, la recaudación por Derechos de Exportación (Retenciones) en el año 2020 fue menor en términos nominales (con una inflación según el INDEC del 36,1% y una devaluación de nuestra moneda del 42% en el año pasado) que en el año 2019, lo que no puede explicarse solamente con que se hayan exportaron más productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, porque la diferencia no es tan significativa por un lado, y tampoco porque hayan adelantado el pago de esos derechos en el año 2019 por temor a un fuerte incremento en la alícuota de las retenciones, por el otro. En efecto, lo recaudado por la AFIP por Derechos de Exportación en el año 2019 ascendió a $ 398.311,9 millones y en el año 2020 fue de $ 387.642,7 millones, un 2,7% menos

Obviamente, que unas de las causas que explica la menor recaudación es que se hayan detectado operaciones de exportación realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), con lo que se logró desnudar la operatoria de varias organizaciones que se dedicaban a la exportación de carne y granos con la finalidad de evadir los controles del Estado Nacional para su propio beneficio, en competencia desleal con el resto de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas.

En los primeros cuatro meses del año 2021 las exportaciones sumaron 21.550 millones de dólares y las importaciones fueron por 17.549 millones, por lo que el superávit se redujo a 4.001 millones de la divisa estadounidense, y las reservas internacionales del BCRA sólo se acrecentaron en 950 millones de dólares[3], por el pago de los intereses de la deuda pública y por las divisas que debe transferirle a los importadores, a las empresas y a las provincias para que paguen su deudas externas.

LA COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES

En el año 2020 y en los primeros cuatro meses del año 2021 se observa una fuerte caída en las exportaciones industriales (Manufacturas de Origen Industrial).

Paralelamente, se incrementa la venta de productos primarios, el complejo sojero representó en el año 2020 el 27,1% de nuestras exportaciones y, si lo sumamos a todo el sector oleaginoso (harina, pellet, aceite y biodiesel de soja; más los complejos de girasol, maní, y olivo) significa el 30,5%.  El sector cerealero (complejo maíz, trigo, cebada y arroz) es el 17,4%; el sector bovino el 8%; el sector minero metalífero y litio (donde más del 60% es la exportación de oro) es el 6,8%; el complejo petrolero-petroquímico representa el 6,7%; el sector frutícola contribuye con el 4%; y el pesquero con el 3,2%.  Solo aparece en la faz industrial el sector automotriz por la fuerte interrelación del sector con la región (esencialmente Brasil y México) que fue el 7,9% (exportaciones por 4.309 millones de dólares en el año 2020).

En el caso de las importaciones es exactamente todo lo contrario, compramos productos industriales con alto valor agregado.  En el año 2020 los productos industriales representaron el 86% de nuestras compras al exterior, unos 36.426 millones de dólares que, superan holgadamente los 4.309 millones de dólares de exportación de automóviles de nuestro país, por más que se agreguen a ese total, el complejo textil (en el año 2020 se exportó por 325 millones de dólares); el farmacéutico (por 864 millones de dólares); y otros menores que conforman un total de manufacturas de Origen Industrial de 13.313 millones, cifra que representa solo el 36,5% de las importaciones industriales y, repetimos, incluso las importaciones son de mayor complejidad y de mayor valor agregado.

En los cuatro meses del año 2021 sucede exactamente igual, es más se incrementa en dólares por encima del 45% con respecto a igual lapso del año 2020, la adquisición de máquinas y herramientas del exterior; de piezas y accesorios para esos equipos; y de bienes intermedios.

Y lo notable es que pese a la fuerte devaluación de nuestra moneda que desde el 30 de diciembre de 2019 en que el dólar determinado por el Banco de la Nación Argentina valía $ 62,95, al valor del 30 de abril de 2021 de $ 98,5, es del 56,5%, más el descenso del PIB del año 2020 y el leve repunte del año 2021, las importaciones se incrementaron sideralmente, reduciendo el superávit comercial.

Tenemos una economía parada, con desocupación de trabajadores y de equipos y, sin embargo las importaciones siguen creciendo porque las grandes empresas (Techint, Ford, Molino Agro, Renova, Refinor, YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, etc.) prefieren importar máquinas y equipos con sus respectivas piezas y accesorios y bienes intermedios, que producirlos en el país.

Lo antedicho se refleja en el déficit comercial de tendencia creciente con los principales socios, caso Brasil, en que el déficit comercial con el hermano país es de 518 millones de dólares en el primer cuatrimestre 2021 (cuando en todo el año 2020 el déficit comercial fue de 729 millones). Con China el déficit en el primer cuatrimestre 2021 fue de 2.325 millones, contra los 3.270 millones de todo el año 2020. Y con Alemania las importaciones procedentes de ese país superaron a las exportaciones Argentinas en 651 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año 2021 y  alcanzó los 1.264 millones en todo el año 2020

 EN SINTESIS:

La suba sideral de los precios de la soja y sus derivados (por encima del 90% de un año a esta parte), del maíz, del trigo, etc. sólo beneficia a las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras y en cambio, hizo que subiera fuertemente el precio de los alimentos en el mercado argentino, produciendo vía precios un ajuste en su consumo y con ello el aumento de los saldos exportables.

La matriz extractivista (Por ejemplo, se refleja en las exportaciones declaradas de oro, que en el año 2020 fueron por 2.366 millones de dólares) y la presión para que suban las tarifas del petróleo, del gas y de la electricidad para disminuir su consumo y con ello la necesidad de importar, todo ello en el altar de maximizar el superávit comercial para pagar los servicios de la deuda externa.

Es una economía rentista que abusa de la ganancia en lo que extrae de nuestro suelo y subsuelo y genera poco trabajo y de baja calidad, condenando a la pobreza y a la exclusión a la mitad de la población. No puede sostenerse en el tiempo una nación que exporta alimentos y hambrea a su pueblo. Debe ser reemplazado por un modelo que defienda el mercado interno, el trabajo y la producción nacional.

Cuando el radicalismo era un partido nacional y popular lo escribió en la llamada Declaración de Avellaneda[4]:

“…La tierra será para los que la trabajen, individual o cooperativamente, es decir, dejará de ser un medio de renta y especulación para transformarse en un instrumento de trabajo y de beneficio nacional, y la producción agraria será defendida de la acción de los monopolios y de los acaparadores, haciendo que su circulación y comercialización estén a cargo de grandes cooperativas de productores y consumidores con el contralor y participación del Estado.

Nacionalización de todas las fuentes de energía natural de los servicios públicos y de los monopolios extranjeros y nacionales que obstaculicen el progreso económico del país, entregando su manejo a la Nación, a las provincias, a las municipalidades o a cooperativas según los casos”

No hay forma de salir de la maraña a la que nos somete la deuda, la permisiva legislación heredada de la dictadura y perfeccionada en los 90 bajo la tutela técnica del FMI y el poder económico en la Argentina, si el Estado no toma decisivas y planificadas medidas al respecto que, en conjunto, permitan una salida distinta a la que nos llevan.

Las medidas deben básicamente ser:

1) Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA, para que expliquen si no declararon ganancias por la suma que compraron de divisas, como pudieron hacerlo.

2) Decretar la Emergencia Cambiaria, anulando el Decreto 893/2017 y de esa manera se restablece el Decreto 2581/1964 y de esa manera se exige perentoriamente que ingresen las divisas de las exportaciones.

3) Se debe frenar con la constante devaluación de nuestra moneda, ya la devaluación la hizo el gobierno de Cambiemos cuando ajustó el tipo de cambio entre fines de abril y fines de julio de 2018 en un 100%, no se requiere de mayor devaluación, al contrario se requiere de recuperar el valor del peso.  Néstor Kirchner cuando asumió el 25 de mayo de 2003, el dólar oficial estaba a $ 3,50.- y cuando dejó de ser Presidente de la República, el 9 de diciembre de 2007, el dólar oficial valía $ 3,22.- Revalorizó nuestra moneda y con ello los activos y el trabajo argentino.

4) Se deben aumentar fuertemente los Derechos de Exportación (retenciones) se desacoplan los precios y el Estado nacional obtiene mayores recursos de las exportaciones.

5) Se debe imponer un cupo máximo de exportaciones para resguardar el mercado local. Primero satisfacer el mercado local y el saldo se exporta y no al revés como se está haciendo.

6) Transformar el stock de LELIQS (Letras de Liquidez del BCRA) que supera los 2 billones de pesos (equivalente a unos 20.000 millones de dólares) en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de financiamiento a las familias, a las Pymes y al Estado y no ser objeto de renta financiera como es en la actualidad.

7) Restablecer el Art. 6to de la Ley 20.840 de Abastecimiento de 1974, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional

Si no se adoptan medidas regulatorias y preventivas, quedamos expuestos a los llamados “golpes de mercado” como fueron en 1975, 1980, 1982, 1989, 1995, 2001 y 2018.

No se produjeron “golpes de mercado” cuando el Estado determinaba las reglas de juego y se defendía el trabajo y la producción nacional, como hizo el Kirchnerismo.

[1] “Formación de activos externos 2015-2019” BCRA 14 de mayo 2020.

[2]  Las Reservas Internacionales del BCRA era de U$S 45.190 millones al 30 de diciembre de 2019 y pasó a ser de U$S  39.410 millones al 30 de diciembre de 2020.

[3]  Las Reservas Internacionales del BCRA al 30 de abril 2021 ascendían a U$S 40.360 millones.

[4] Programa presentado por el sector liderado por Moisés Lebensohn en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 4 de abril de 1945.

Política y EconomíaModelo extractivista, agropecuario exportador

La discusión pública entre el ministro de Economía Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, dejó expuestas las diferentes visiones que existen sobre el rumbo económico dentro de la coalición gobernante. ¿Qué hacer con las tarifas? ¿Cómo inciden en los subsidios y el déficit fiscal? ¿Cuál debería ser el rol del gasto público? ¿Se puede ser fiscalista en este contexto de crisis social? ¿Qué hacer con la inflación y con los empresarios formadores de precios? ¿Soluciona algo negociar este año con el Fondo Monetario Internacional?

Dada la importancia del tema y el mutismo que se auto impusieron todos los protagonistas de la discusión (Guzmán, Basualdo, pero también Cristina, Kirchner, Massa y Alberto Fernández) El Cohete recreó el debate, acudiendo a economistas que encarnan las posiciones enfrentadas: Roberto Feletti, ex viceministro de Economía de Vristina  y Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macroview y socio histórico de Carlos Melconián.

Ambos reconocen el momento excepcional que implica atravesar una segunda ola de la pandemia y cómo este contexto condiciona cualquier rumbo para la política económica. Hecho este primer análisis, ¿cuál es el estado de situación de la crisis económica y social del país?

Santangelo: En relación a hace seis meses, hoy tenemos cierta tranquilidad en el mercado cambiario, que es importante porque a fin del año pasado estábamos al borde de un problema en el sector externo, donde la buena fortuna del precio internacional de las materias primas dio vuelta el comportamiento de los productores. En segundo lugar, hemos vivido siete meses de una aceleración inflacionaria que era muy previsible por la propia dinámica de la macroeconomía. El rebrote sanitario no ha matado, hasta ahora, el rebote económico pero es una recuperación insuficiente. Argentina es el único país de la región, junto a Brasil, cuyo PBI es menor que el registrado en 2011. En relación a la cantidad de empleos perdidos, se recuperaron 3 millones de puestos de un total de 4 millones que se habían destruido. Y el resto de la economía sufre el impacto de la inflación. Y donde más se siente es en el área fiscal. La mejora de las cuentas públicas de este año está ligada íntimamente al fenómeno de la inflación que mejora los ingresos y licua el gasto público.

Feletti: Paradójicamente voy a ser más crítico de algunas cuestiones. Creo que hubo decisiones de política económica que podrían haber tenido otro devenir. En parte porque hay una insuficiencia de los estímulos a la demanda. Si nosotros le vamos a pedir a la gente que se quede en la casa, evidentemente los estímulos a la demanda tienen que ser más potentes y esto se logra por la vía fiscal. Y obviamente aparece la discusión por el financiamiento. La reestructuración de deuda con el sector privado, que fue exitosa con un alto grado de aceptación, no produjo los resultados esperados en términos de baja del riesgo país, tranquilidad en el mercado cambiario ni un flujo positivo de dólares financieros. Este es el primer punto que habría que revisar. Probablemente se reabra una discusión sobre si la deuda es sustentable o no; sobre si la oferta inicial a un valor presente de 38 dólares cada 100 era la más razonable cuando se terminó cerrando en 56 dólares cada 100. El riesgo país estaba en 1100 puntos en septiembre y hoy en los 1500. El otro tema es que el superávit de la balanza comercial del año pasado fue de 12.500 millones de dólares no se tradujo en un atesoramiento de reservas. El atesoramiento que ocurre hoy en función de la mejora de los precios internacionales alcanza los 1000 millones desde el inicio del año. Los estímulos a la demanda podrían ser más potentes si hubiera cómo financiarlos.

Santangelo: Discrepo, el problema no fue la reestructuración en términos de si fue o no sustentable. El problema fue la política macroeconómica que vino después. La historia argentina nos dice que tenemos que tener un equilibrio entre los tres pilares: el sector externo, fiscal y monetario. Hoy estamos, paradójicamente, en un buen momento externo pero se evitó el salto cambiario en el verano (devaluación) y, sin embargo, la tasa de inflación de estos meses fue la misma que tuvimos en los últimos saltos cambiarios ya sea el de 2014 (bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), o los tres que hubo con Macri (2016,2018 y 2019). En esos saltos tuvimos 25 puntos de inflación en un semestre, lo mismo que ahora pero sin devaluación ni tarifazo.

La reestructuración de la deuda privada era un primer paso para ordenar la economía, como decía Guzmán. Al margen de la pandemia, ¿por qué no se cumplió aun ese objetivo?

Santangelo: Haber apostado todas las fichas a la reestructuración fue un error. Yo en pleno gobierno de Macri, en un seminario de FIEL, expresé que Argentina se encaminaba a una reestructuración de la deuda, lo cual dicho en la Bolsa de Comercio bajo gestión Menem (SIC. N.d.R.: debería haber dicho Macri), parecía un sacrilegio. La clave de todo era acompañar la reestructuración con una política macro consolidada. El que está del otro lado ve la capacidad de pago. Con esta política fiscal, monetaria y de sector externo, el panorama era un desastre. Perdíamos reservas todos los días. El control de cambios era un colador. Nos salvó el cambio en los precios internacionales.

Feletti: El Gobierno afronta el otoño de una manera compleja porque tiene límites para los estímulos a la demanda, porque no acumuló divisas. Y ahora no queda otra que poner plata en el bolsillo de la gente teniendo en cuentas las nuevas restricciones a la movilidad en el contexto de esta pandemia. La expansión fiscal con emisión monetaria tendrá su correlato inflacionario y eso se vincula con la insolvencia externa (porque no se acumularon reservas). Por eso son necesarias las regulaciones de precios. La canasta básica alimentaria del año pasado aumentó un 45 por ciento, cuando la variación de precios general fue del 36 por ciento. ¿Qué explicaciones hay para esa suba con una economía que cayó casi 10?

Santangelo: En Brasil también hay suba de precios de los alimentos. La carne aumentó un 30 por ciento, el arroz un 57 por ciento, aceite y azúcar subieron arriba del 20. Sin embargo, la inflación es del 6,8 por ciento anual. La inflación es un fenómeno macroeconómico.

Inflación y formadores de precios

Durante el encuentro del Consejo contra el Hambre se habló del precio de los alimentos. Desde la economía popular se responsabilizaba a las empresas formadoras de precios mientras que Daniel Funes de Rioja (Copal y futuro titular de la UIA) decía que las empresas no tenían nada que ver con las subas. ¿Qué instrumentos deberían profundizarse o crearse para desacoplar los precios internacionales de las materias primas?

Feletti: La regulación sobre alimentos y la energía son claves para garantizar una política de ingresos sólida. Sin alimentos y energía accesibles para la población es muy difícil pensar en una política de ingresos. Desde estos dos pilares, pienso que el proceso de regulación de los bienes que se exportan, como cereales y oleaginosa, sin duda tienen impacto en el mercado doméstico. Nosotros necesitamos 8 millones de toneladas de trigo para productos panificados, 20 millones de maíz para forraje, y en la faena de carne, históricamente, la exportación representó entre 12 y 15 por ciento de la faena, mientras que el año pasado llegó al 28 por ciento. Desde 2015 hasta la fecha, el consumo de carne pasó de 60 kilos per cápita a 50 kilos. Evidentemente hay que trabajar con criterios de saldos exportables para abastecer el mercado interno a precios compatibles con los ingresos populares. Y el otro punto es la comercialización de los bienes. Un gobierno peronista no va a permitir un desborde por hambre y va a destinar la plata que sea necesaria ya sea a través de la tarjeta alimentaria, planes sociales, comedores populares. Entonces, si soy un monopolio y sé que la diferencia entre el ingreso popular y lo que falte para completar la canasta básica lo va a poner el Estado, yo impongo pecios. Ahí el Gobierno estuvo lento. Si el Gobierno compra comida, tendría que haber hecho jugar rápidamente su peso como regulador. No se puede permitir que los precios los impongan los sectores concentrados.

Santangelo: Este será el cuarto año consecutivo con alta inflación. En 2018-2019 se debió a la irresponsabilidad de la gestión anterior de tener un mercado cambiario libre cuando la Argentina no puede tenerlo, lo que no significa que el actual sistema de control de capitales sea eficiente. En 2020-2021 vamos a tener las cuentas fiscales saturadas. Y esto tiene poquito o nada que ver con la cuestión de los precios de los alimentos y la inflación importada. Un segundo punto es la distribución del ingreso. Si suben los precios internacionales en el mundo y en la Argentina somos exportadores, claramente se afecta la distribución del ingreso y el Estado tiene los instrumentos para ayudar a la gente de mayor vulnerabilidad. Pero no afectemos el funcionamiento de los mercados. Las restricciones a las exportaciones de carne, bajo la metodología de si te va bien te pego un guadañazo, lo único que hará será afectar la política ganadera de largo plazo.

No se puede decir que no haya formadores de precios. Hay un diagnóstico bastante compartido que indica que el precio de un alimento que recibe un productor es mucho menor a la ganancia que obtiene un supermercado que aplica márgenes de rentabilidad exorbitantes.

Santangelo: No estoy tan seguro. Veamos el mercado de la hacienda que es muy competitivo. El productor carga la jaula de hacienda, la manda a Liniers y no sabe cuánto cobrará. Y ese es un mercado re contra competitivo de oferta y demanda. Cuando sube la hacienda, la carne no sube mucho más. La inflación es un tema macroeconómico. No estoy de acuerdo con ese diagnóstico. En Brasil también debe haber monopolios y oligopolios, y en Chile también, y la inflación es baja. Si hay un monopolio, actuemos porque necesitamos competencia. Dicho sea de paso, no hay peor medida para luchar contra los monopolios que cerrar la economía. Sino, miremos lo que pasa con la indumentaria. Mucho del incremento de precios de este sector seguro que tiene que ver con las restricciones a las importaciones.

Feletti: La producción de carne aumentó, entre 2015 y 2020, un 13 por ciento y el consumo cayó un 9 por ciento. Y hubo una expansión grande de la exportación. No es cierto que no haya aumentado la producción, como tampoco es cierto que la mayor producción se traduzca en más consumo. En este caso fue exactamente inverso. Y no solamente subió el precio de la carne vacuna sino que por la falta de maíz para el mercado interno, aumentó un 58 por ciento el kilo de pollo que es una carne alternativa. Y es cierto que Brasil y Chile tienen menos niveles de inflación históricos que nosotros pero también es verdad que esos pueblos poseen niveles de consumo históricos menores. Entonces, entendamos la inflación como puja distributiva – que se expresa en paritarias o en las tensiones de las organizaciones sociales– de los sectores de bajos ingresos que quieren mantener un piso de consumo.

Tarifas

En este contexto, ¿está bien que el Estado se plante y diga que las tarifas de los servicios públicos no pueden subir más de un 9 por ciento por única vez, a diferencia del 30 por ciento que piden las distribuidoras? Es más, ¿no cabría preguntarse si ante el contexto económico y social, las tarifas no deberían seguir congeladas?

Santangelo: Nunca entendí la palabra congelamiento tarifario. Podría entenderla si tuviéramos una inflación baja. Con 40 por ciento de inflación por cuarto año consecutivos, lo que se hace es bajar las tarifas. Y como consecuencia, el Estado las subsidia. Entre 2020 y 2021, tendremos dos años consecutivos de duplicación de los subsidios. Según nuestros cálculos, vamos a llegar a 1,4 billones de pesos en subsidios entre gas, electricidad y transporte, muchísimo más que la canasta básica alimentaria, la AUH, el IFE del año pasado. A la gente de menores ingresos de los barrios populares está bien que se los subsidie. Pero el Estado no debe subsidiar a todos. Y pensemos en esta paradoja. Cuando cualquier compañía de distribución eléctrica no le paga a Cammesa, está recibiendo un subsidio más allá de la irrelevancia contable de cómo queden asentados esos recursos en los balances de cada empresa.

Feletti: Es cierto que las tarifas eléctricas tienen un aumento nominal por debajo del índice de precios pero no es menos cierto que las tarifas de distribución domiciliaria aumentaron casi un 2000 por ciento en el ciclo 2016-2019. En todo caso se estarían angostando sus márgenes de ganancias. Algunos municipios me pidieron informes para la audiencia pública de energía eléctrica. Si uno mira los informes del ENRE, Edenor y Edesur ganaron entre 12.000 y 13.000 millones de pesos cada una el año pasado, no cumplieron con los programas de inversión y existe un abultamiento de costos que les permitiría justificar los aumentos que solicitan.

¿Cómo interpretan la discusión pública entre Guzmán y Basualdo?

Santangelo: La discusión mediática que se dio por las tarifas de las dos empresas de distribución del AMBA es la punta del iceberg de una discusión macro de fondo. Casi te diría que es una cuestión anecdótica. En materia de distribución eléctrica, se discute solamente el 8 por ciento de los subsidios que otorga el Estado. Es una discusión muy menor. El problema de fondo radica en la tarifa de generación. Lo que es obsoleto en la economía es el concepto de tarifazo. No veo por qué estaría mal que todos los precios de la economía suban al ritmo de la inflación. El subsecretario de Energía tuvo una frase tremenda, dijo: “A mí no me importan ni la política fiscal ni la política de balanza externa, yo soy responsable solo de la política energética”. Podes decir eso porque tenés al Estado que financia con subsidios la diferencia entre lo que cobras y lo que se paga. Las ganancias de Edesur y Edenor son lo de menos. Lo que hay que preguntarse es otra cosa: ¿la política económica acepta la licuación del gasto público a través de la inflación? La que está haciendo la tarea sucia es la inflación. El ajuste fiscal del 2020- 21 o del 2018-2019 con el plan picapiedra del FMI, lo hizo la inflación.

Feletti: Si los incrementos de tarifas van por debajo del IPC, cuando mucho se les acotan sus márgenes de ganancia. Y vuelvo a plantear algo central. Tenemos que garantizar energía y alimentos accesibles sino no habrá una política de ingresos. Se puede tener la mejor fórmula previsional y se pierde por la variación de precios. El alimento y la energía no pueden estar sujetas a las leyes del mercado. El Estado debe garantizar el consumo de la energía y los alimentos con precios accesibles y eso debe entenderse como ingresos indirectos para la población. Estamos en un contexto de mucha caída en la calidad de vida. La economía argentina, entre 2016 y 2020, se contrajo un 13,5 por ciento acumulado. Por lo tanto, aplicar aumentos de tarifas se contrapone con la emergencia que supone hoy el aislamiento. El quedate en tu casa y te aumento la luz no parece ser buena opción. También me quiero correr del lugar “lo pagamos todos”, porque siempre depende de cómo sea la política tributaria porque si no, no habría política redistributiva desde el Estado.

Deuda

¿Qué perspectivas ven para la reestructuración de la deuda con el FMI?

Santangelo: La deuda con el Fondo obviamente que es impagable. Lo único que debería definirse es si, una vez concluido el proceso electoral, queremos ir a una renegociación lógica o rupturista. Si no se logra revertir el curso de la política macroeconómica para tener una mínima recomposición de la inversión privada con baja de la inflación, seguiremos igual. Parte de la no acumulación de reservas tiene que ver con que el sector publico sigue pagando deuda a organismos internacionales porque todavía no tenemos un acuerdo con el FMI.

Feletti: Es medio difícil discutir con el Fondo en este mundo que se está reformulando. La discusión con este organismo debería aplazarse y ver qué mundo vendrá una vez que termine la pandemia. Estamos hablando de una organización casi vetusta. Les debemos dinero, vamos a pagar, pero no aceleraría la discusión. Yo centraría el debate interno en el plano de la acumulación de reservas, aprovechar el superávit comercial y apostar a una buena administración del comercio exterior, sumado a la regulación de la energía y los alimentos. Así vamos a lograr más aire en la política fiscal y monetaria.

Estado, tarifas y deuda en debate

Como expertos jugadores de ajedrez, los grandes acreedores financieros de la Argentina preparan una “celada”, que es la trampa que se le plantea al adversario al ofrecerle trebejos a cambio de una compensación mayor, como darle jaque mate u obtener una ganancia que compense con creces el material otorgado.

Decimos esto no solo por la ampliación del capital del FMI y la posibilidad de que nuestro país reciba un nuevo crédito por 4.354 millones de dólares, suma que no alcanza para pagar los 5.814,5 millones al FMI del préstamo dado al gobierno anterior, más los intereses, que vencen en dos cuotas, el 30 de septiembre y el 30 de diciembre. También es factible que el Club de París, al que se le deben 10.800 millones de dólares, acepte reprogramar los 2.400 millones de dólares por amortización del capital que vencen dentro de ocho días, el 31 de mayo. Así cómo fue posible que los bonistas nucleados en el grupo acreedor Ad-Hoc y otros, encabezados por BlackRock, que además de ser el mayor acreedor privado de la deuda argentina (con aproximadamente unos 3.000 millones de dólares) es el principal administrador de activos financieros del mundo [1], aceptaran cobrar solamente los intereses y reprogramar el capital adeudado al segundo semestre de 2024.

Todas esas jugadas de ajedrez las visualizamos ahora cuando el gobierno continúa con la licitación de la mal llamada “Hidrovía del Paraná”, cuando vemos que se autorizó en el año 2020 exportar 37 millones de toneladas de granos de maíz sobre las 45 millones que se declaran producir, encareciendo de sobremanera todo tipo de carnes para el consumo local (que la utiliza como forraje) y que, de las ocho grandes compañías acopiadoras y comercializadoras cinco tienen su casa matriz en los Estados Unidos (ADM; Bunge; Cargill; Louis Dreyfus Company; y Glencore).

Podemos extender lo que sucede con los precios de los alimentos a la presión para que se incrementen las tarifas de gas, luz y el precio de los combustibles. Esto es, se desconoce el costo de extracción del petróleo y del gas (que es lo primero que se debe saber para conceder el aumento del precio). Cuando en la interpelación en el Congreso de la Nación se le preguntó por el costo promedio de extracción del petróleo en la Argentina, el entonces Ministro de Energía Juan José Aranguren, que trabajó durante más de 30 años en Shell, dijo desconocerlo. Es obvio que no quiso decirlo, porque no es lo mismo sacar petróleo del Mar del Norte (que es el que fija el precio mundial del barril) que en la cuenca de Vaca Muerta en la Argentina; la renta (diferencia entre el costo de extracción y producción del bien final y el internacional) es seguramente abismal.

Lo mismo pasa con el gas, en la etapa de extracción. Las empresas que participan son:

1. YPF,
2. Total Austral,
3. Pan American Energy (PAE)[2],
4. Petrobas, Pluspetrol,
5. LF Company,
6. Tecpetrol,
7. Apache y
8. Chevron.

El transporte es controlado por

1. Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekián, y
2. Transportadora General del Sur (TGS), de Pampa Energía (Marcelo Mindlin; Joseph Lewis; BlackRock y las familias Sielecki y Werthein).

Entre ambas conectan las cinco cuencas que existen en el país.

La distribución es manejada por nueve empresas:

1. Metrogas,
2. Gas Natural Fenosa,
3. Camuzzi Gas Pampeana,
4. Camuzzi Gas del Sur,
5. Ecogas Centro,
6. Ecogas Cuyana,
7. Litoral Gas,
8. GasNor y
9. Gas Nea.

Todas ellas sostienen que el costo promedio de extracción del millón de BTU es de 3,91 dólares. Pero no dicen cómo llegaron a ese precio, cuando es obvio que no es lo mismo extraer gas en el país de la Cuenca Neuquina que de las otras cuencas o de la cuenca marina.

Finalmente en las tarifas eléctricas el que la genera (porque todavía las usinas térmicas, las represas, la energía nuclear, son del Estado) es Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A). Si bien es una sociedad anónima, el principal accionista es el Estado Nacional y recibe por ello un subsidio (como todos los años) que en el presupuesto nacional 2021 es de 4.781 millones de dólares. Pero el transporte está a cargo de Transener SA, concesionaria de servicio público que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino, cuyo principal accionista es Pampa Energía.

Las distribuidoras principales son:

1. Edenor SA (cuyos principales accionistas eran BlackRock y el grupo Mindlin, hasta que en diciembre 2020 aparece comprando el 51% del paquete accionario el grupo Vilas-Manzano y Filiberti), y
2. Edesur, cuyo principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), la empresa estatal italiana que administra la energía de Italia. Tienen participación minoritaria las firmas Endesa de España y Edesur de Chile.
3. Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap que preside Rogelio Pagano, quién años atrás fue socio menor de Marcelo Mindlin.

Debemos recordar que durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos el precio que más se incrementó fue el de la energía eléctrica, que lo hizo en un 764,9%, por encima de la inflación que fue de 664% y de la devaluación oficial de nuestra moneda que fue de 679%. (El dólar del Banco de la Nación Argentina pasó de valer $ 9,20 a $ 62.- en el período.)

Finalmente hubo fumata entre las grandes empresas granarias:

1. Aceitera General Deheza,
2. Bunge,
3. Glencore,
4. Louis Dreyfus,
5. Molino Agro.

Son las que producen biodiésel a partir de la soja y bioetanol de maíz con el que se corta la nafta. Las petroleras (que son las mezcladoras [3]) aceptan reducir el porcentaje de la mezcla de 10% a 5% en el diesel, pero continúan con el 12% en el bioetanol, de los cuales la mitad es el de maíz [4]. El Estado nacional les exime de pagar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) mientras se apropian hasta el año 2030 de la renta petrolera, al vender el combustible al precio internacional cuando el costo promedio en el país es muchísimo menor, aunque no se sepa públicamente cuál es.

La pinza financiera

Pero con todos esos acuerdos siempre se guardan jugadas claves para hacer. Y allí aparece la otra pinza que es la financiera, hoy licuada por el ingreso de divisas de las exportaciones de la cosecha gruesa que le permite al BCRA usar los dólares comprados a los agroexportadores para adquirir títulos públicos que luego vende contra pesos para intervenir en los mercados denominados CCL (contado con Liqui) y el MEP (Mercado Electrónico de pago de la Bolsa de Comercio) y, a la vez, esteriliza pesos. Esto es, logra bajar los precios del dólar paralelo a costa de perder reservas internacionales en dólares. Sumado esto a los dólares que vende para que los importadores paguen deudas supuestas o reales, y a los intereses de la abultada deuda externa, se explica por qué crece el superávit comercial y no así las reservas internacionales del BCRA.

Pero todo empezará a complicarse de verdad en el mes de agosto de 2021, cuando se termine el ingreso fuerte de las exportaciones y los vencimientos de los títulos de deuda en pesos superen hasta diciembre 2021 los 800.000 millones [5]. Por ende, si bajara mucho el nivel de roll-over (renovación de títulos viejos por nuevas colocaciones), sería necesaria mayor emisión para asistir al Tesoro que debe sí o sí incrementar sus gastos por la pandemia.

Además habrá vencimientos de títulos en poder de las inversoras norteamericanas Pimco y Franklin Templeton que no pudieron salir de títulos públicos en pesos, que no solo por la magnitud, sino por el accionar que tienen, si salen de ellos en su totalidad se produce el efecto “Puerta 12” y se debe renegociar permanentemente para que una parte la renueven.

En ese marco aparecen los grandes bancos privados, de los cuales BlackRock reconoce tener participación en cuatro de ellos, los dos españoles (Santander y Bilbao Vizcaya Argentaria y dos locales: Macro y Galicia) de los cuales se depende para renovar cada siete días sus tenencias de LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) que al 17 de mayo 2021 ascienden a 2,04 Billones (el equivalente a 20.000 millones de dólares), cuando las reservas brutas del BCRA a esa fecha fueron de 41.266 millones de dólares, pero de libre disponibilidad una suma cinco veces menor.

No hay forma de salir de la maraña en que nos somete la deuda y la permisiva legislación heredada de la dictadura y perfeccionada en los ’90 bajo la tutela técnica del FMI, si el Estado no toma decisivas y planificadas medidas al respecto que, en conjunto, permitan otra salida.

Las medidas deben básicamente ser:

1. Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA, para que expliquen si no declararon ganancias por la suma que compraron de divisas, cómo pudieron hacerlo.
2. Decretar la Emergencia Cambiaria, anulando el Decreto 893/2017 y de esa manera se restablece el Decreto 2581/1964.
3. Transformar el stock de LELIQs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de financiamiento a las familias, a las pymes y al Estado.
4. Fortalecer la capacidad del BCRA para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. La principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, por lo que se les debe exigir mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo, de ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica.
5. Restablecer el artículo 6° de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Como agravantes de estas acciones, se consideraban a efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.

Si no se adoptan medidas regulatorias y preventivas, quedamos expuestos a los llamados “golpes de mercado” como fueron en 1975, 1980, 1982, 1989, 1995, 2001 y 2018.

No se produjeron “golpes de mercado” cuando el Estado determinaba las reglas de juego y se defendía el trabajo y la producción nacional, como decía Néstor Kirchner, primero la mesa de los argentinos.

[1] Se estima que administra activos financiero por cerca de 7 billones de dólares, unas 20 veces el PIB argentino.

[2] Estas tres representan el 75% de la producción de gas

[3] Las mezcladoras son YPF (donde Blackrock participa con el 6% del paquete accionario), Pan American Energy y Refinor, esta última una sociedad constituida por YPF, Pampa Energía y Pluspetrol.

[4] El otro 6% de la caña de azúcar, negocio del Centro Azucarero Argentino.

[5] Según datos de la consultora de Orlando Ferreres, los vencimientos entre mayo y diciembre 2021 suman $1,92 billones.

LA JUGADA DE AJEDREZ

En la Argentina como en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, la pandemia originada por el Covid-19 afectó al trabajo y a la producción que debió readaptarse a nuevos protocolos que implicaron menos trabajadores empleados y menos horas de trabajo generadas y, con ello, menores remuneraciones pero, paralelamente, en nuestro país se fortaleció el modelo agropecuario exportador, dado que, sobre todo China (mil cuatrocientos millones de habitantes), pero también, en menor medida, los demás países con poder adquisitivo para hacerlo, demandaron alimentos para su población, básicamente importaron e importan para evitar, de esa manera, el hacinamiento de los animales por la gripe aviar, porcina y el “síndrome de la vaca loca”.

Pero la solución de ellos se ha convertido en un problema para nosotros dado que, la Argentina, que representa menos del 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, es el décimo exportador de alimentos y el tercero en granos, pellet y aceite de soja del planeta. La mayor demanda internacional ocasionó una suba sideral de sus precios, la tonelada de soja en el mercado de Chicago (EEUU) que es el mercado referente de granos, valía a fines de diciembre 2019 u$s 324,57.- y el viernes 14 de mayo 2021 pasó los 600 dólares, un aumento en dólares del 90% a lo que debe sumarse la devaluación oficial de nuestra moneda del  60,5% (Dólar comercial Banco Nación Argentina de $ 64 a $ 99,75) en el mismo período que, al no modificarse las retenciones (derecho de exportación del grano de soja del 33%), el impacto fue directo al precio de la soja, de su harina y de su aceite y, el mismo mecanismo se reproduce con los demás granos, con un derecho de exportación mucho menor de solo el 12% y con las carnes, en que las retenciones se reducen al 9%.

El maíz es un importante componente en la formación de precios internos, ya que el mismo es un insumo básico en la cadena de valor de la alimentación de la ganadería bovina, ovina, porcina y aviar. Entre 2011 y 2020 las exportaciones argentinas de maíz pasaron de los 15 millones de toneladas a los 37 millones de toneladas, más que duplicando la cantidad exportada a lo largo de la década, cuando los productores declaran producir 45 millones de toneladas. Es notorio que esta situación hace que cada vez sea menor el saldo remanente para la alimentación de la ganadería y de la industria local y por lo tanto la posibilidad de desacoplar precios locales de los de exportación.

El trigo es un insumo esencial en la dieta argentina y en la producción de alimentos. Con la llegada al gobierno de Mauricio Macri se liberaron los frenos a la exportación de trigo y éste comenzó a recuperar lugar en los mercados internacionales, especialmente el brasileño, en desmedro del mercado local, al que solo venden si igualan el precio de su venta externa, medidas que el gobierno de Alberto Fernández no modificó.

EL PRECIO DE LA CARNE VACUNA

El aumento del precio de la carne en general y de la vacuna en particular, responde a dos razones: a) La suba del precio del maíz, principal insumo de engorde en corral, y b) La liberación de las exportaciones. En enero de 2020 el kilo de maíz costaba ocho pesos; en mayo 2021 cuesta 21 pesos. Esto quiere decir que aumentó 162% en un año y alrededor de un 60% desde diciembre de 2020. Esta dinámica fue en parte alentada por nuestro país. En 2019, la Secretaría de Agroindustria informó que las autoridades de Beijing habían habilitado la importación de carne argentina enfriada y con hueso. Se firmaron los protocolos de carne bovina para la inclusión de carne enfriada con y sin hueso y congelada con hueso, que se sumaron a la carne congelada deshuesada que ya se exportaba, sin tener en cuenta el consumo nacional.

El 75% de las exportaciones de carne tienen como destino a China. Con una población de 1400 millones de habitantes y una economía creciendo sostenidamente, el pueblo chino incorporó esas proteínas a su dieta y se habituó a ellas. Hoy, cualquier mínima suba de sus compras, eleva el precio internacional. Brasil está sufriendo una situación similar con su principal alimento, el arroz. El gobierno del hermano país abrió la importación para bajar el precio que ya escaló un 85%.

En la Argentina hace muchos años que los ganaderos manifiestan a la AFIP tener unas 55.000.000 de cabeza de ganado vacuno, seguramente que al SENASA declaran más, pero el Estado no fiscaliza ni concilia esas declaraciones juradas.  Por otra parte la faena anual de carne vacuna declarada  en 2020 fue de 14,0 millones de cabezas, generando carne por 3,17 millones de toneladas, de las cuales se exportó casi un millón. La situación se agrava porque a China (que es nuestro principal comprador) y a los demás países del este asiático, se vende toda la res y esa es la razón por la que el precio interno se incrementó sobre manera, reduciendo el consumo per cápita de carne en la Argentina a solo 50,1kgms por habitante[1], el más bajo de los últimos cien años (2,25 millones de toneladas, el 71% de lo que declaran faenar, se destinaron al mercado interno en el año 2020)

El Consorcio ABC de exportadores de carne vacuna realiza el 80% de esas ventas externas, constituido por Frigorífico Rioplatense de los Costantini; La Anónima de los Braun (madre de Marcos Peña Braun); FRIAR SA (de los Vicentin); SWIFT ARGENTINA S.A; QUICKFOOD S.A.; etc. Al poder exportar igualan el precio de la carne vacuna con el del exterior por lo que aumentó un 75% su precio en el mercado interno argentino en el año 2020, como asevera ROSGAN (mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias).

La Resolución Conjunta 3/2021 de los Ministerio de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se basa en la Ley 21.740 que asigna competencias para establecer las normas de calidad y especificaciones técnicas a las que deberá ajustarse la exportación de carnes y subproductos ganaderos, le otorga potestad para adoptar las medidas necesarias para priorizar el abastecimiento del mercado interno, orientando la producción, comercialización de ganados y carnes y su industrialización. Por ello resuelve que las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) y, a su vez, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario y la Secretaría de Comercio Interior, instrumentarán procedimientos para el intercambio diario de la información amparada bajo las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne, con el objeto de monitorear el adecuado abastecimiento del mercado interno, así como el cumplimiento de los marcos legales de ambos organismos.

Es obvio que debíamos permitir un aumento constante de las exportaciones de carne vacuna en desmedro del mercado interno, por lo que significa en el consumo de las familias argentinas, recordemos que Néstor Kirchner en el año 2006 suspendió las exportaciones de carne vacuna por seis meses y que, cuando la República Popular China le ofreció comprar, se negó porque primero debe abastecerse al mercado interno.

La respuesta al problema generado es obvia, ya que los grandes frigoríficos tienen un negocio asegurado porque China trata de reemplazar la carne aviar y porcina por carne vacuna, por la gripe de esas dos especies. Esos grandes frigoríficos que conforman el Consorcio ABC deberán invertir para faenar más vacas, así como los ganaderos deberán incrementar la cantidad de cabezas.

Paralelamente se debe hacerse un estricto control de las ventas en negro de animales y su carne, por razones de sanidad, e impositivas, deben registrarse todas las operaciones para que todos paguen los tributos y aportes correspondientes, evitando el contrabando, que beneficia sobremanera a quien lo realiza y perjudica al consumo interno y al fisco.

En síntesis, en Argentina, la única forma de desacoplar los precios que puede pagar China del que pagamos en nuestras carnicerías y almacenes, porque lo mismo sucede con las demás exportaciones de alimentos, consiste en:

50. a) Frenar la constante devaluación de nuestra moneda, ya la devaluación la hizo el gobierno de Cambiemos cuando ajustó el tipo de cambio entre fines de abril y fines de julio de 2018 en un 100%, no se requiere de mayor devaluación, al contrario, debemos recuperar el valor del peso. Cuando Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003, el dólar oficial estaba a $ 3,50.- y cuando dejó de ser Presidente de la República, el 9 de diciembre de 2007, el dólar oficial valía $ 3,22.- Revalorizó nuestra moneda y con ello los activos y el trabajo argentino.
51. b) Deben aumentarse fuertemente los Derechos de Exportación (retenciones) que son del 33% para la soja y 12% para los demás granos, y para las carnes del 9%, de esa manera se desacoplan los precios internos de los externos y el Estado nacional obtiene mayores recursos de las exportaciones
52. c) Se debe imponer un cupo máximo de exportaciones para resguardar el mercado local.

[1]  IPVCA – Instituto de promoción de venta de la Carne Vacuna, cuando antes del año 2015 se consumía de 72 a 75 kgm per cápita.

Política y EconomíaEl precio de los alimentos

Los biocombustibles provienen de la biomasa y en nuestro país son dos las matrices más desarrolladas: el bioetanol y el biodiesel. El primero proviene de la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas, puntualmente de la caña de azúcar y el maíz. El segundo se extrae de la soja. El sector eran prácticamente inexistente en 2006. Hoy, existen más de 50 plantas productoras esparcidas en ocho provincias. La norma permitió darle un uso alternativo a la producción de caña de azúcar y ayudó a desplazar los combustibles que se importaban, como el gasoil, cuando los precios del crudo tendieron a moverse en niveles altos.

La industria del biocombustible registró un crecimiento exponencial en los últimos quince años. De tener una participación marginal en el comercio internacional pasó a convertirse en el primer exportador mundial de biodiesel en base a soja. La producción saltó de 2006 a 2020 de 600 mil a cerca de 3 millones de toneladas. En el caso del bioetanol – que se produce con caña de azúcar -, los volúmenes saltaron de 10 mil a 500 mil metros cúbicos en 2019, con una caída 350 mil metros cúbicos durante el año pasado a raíz de la pandemia.

El boom está asociados al Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles sancionado en 2006. La norma, que venció en mayo último, dispuso que el biodiesel y el bioetanol quedaran desgravados del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono. A su vez, estableció un corte obligatorio para los combustibles fósiles utilizados en el transporte: del 5 por ciento de bioetanol para la nafta, y del 7 por ciento de biodiesel para el gasoil. Cortes que se incrementaron desde 2010 hasta alcanzar el 12 por ciento en el primero de los casos y 10 por ciento en el segundo.

Hoy, prácticamente la totalidad de las exportaciones de biodiesel tienen como destino la Unión Europea y corresponden a lo producido en la provincia de Santa Fe. Allí están las plantas de mayor tamaño: Renova, propiedad de Glencore; T6 Industrial, de Aceitera General Deheza y Bunge; LDC Argentina, de Louis Dreyfus; COFCO, integrante del holding estatal chino de procesamiento de alimentos; y Molino Agro, del grupo Perez Compac, entre otras de menor tamaño.

La renta petrolera y el negocio de los biocombustibles

Antes de analizar el alcance del proyecto oficial que tuvo dictamen de comisión esta semana en Diputados y de revisar quiénes son los jugadores y qué intereses cruzados los mueve es imprescindible subrayar una cuestión central: en nuestro país no se conoce de manera oficial y pública cuáles son los costos de producción de los biocombustibles, ni los de extracción de los combustibles fósiles. Se trata de una cuestión central.

Las empresas los guardan bajo siete llaves. La opacidad manda. Tanto como la negativa de las compañías a blanquear sus estructuras de costos. La anécdota es conocida, pero vale recordarla. Cuando en una interpelación en el Congreso se le preguntó el entonces ministro de Energía José Aranguren cuál era el costo promedio de extracción de los hidrocarburos dijo desconocerlo. Imposible en su caso. Trabajó más de treinta años en Shell y reconoce tener participación accionaria en la Royal Dutch Shell. Es obvio, no lo quiso revelar. ¿Por qué? Sencillo: no es lo mismo extraer petróleo en el Mar del Norte – el que fija el precio mundial del barril – que en Vaca Muerta. En la Argentina, la renta – que surge de la diferencia entre el costo de extracción y producción del bien final y su precio internacional – es seguramente abismal.

Dicho esto, el problema es que los principales productores y comercializadores de biocombustibles son los mismos que concentran el grueso del total de las exportaciones de biodiesel y bioetanol. Un puñado de 17 empresas, en su mayoría insertas en el agronegocio. Son las que a su vez representan el 40 por ciento de las exportaciones, generan la “oferta” local de dólares y, al mismo tiempo, las primeras en demandar divisas para atesorarlas dentro o fuera del país. La famosa fuga de capitales. Adicionalmente, esas mismas firmas, por la tecnificación del agronegocio, cada vez demandan más dólares para adquirir máquinas e insumos que no se producen en el país.

¿Quiénes son los otros principales actores del negocio? Las mezcladoras: YPF, Pan American Energy y Refinor, esta última una sociedad constituida por YPF, Pampa Energía y Pluspetrol. Son las que tienen intereses encontrados con los productores de biocombustibles. No es lo mismo el pool del agronegocio que la industria extractiva de las cuencas hidrocarburíferas. En el primer sector juega un rol determinante el capital financiero y una organización empresaria que controla la producción agropecuaria mediante el arrendamiento de grandes extensiones de tierra y la contratación de equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte.

Una cosa es vender un producto en bruto – semillas y granos – y otro muy diferente producir petróleo y gas natural, o refinar combustibles. Las grandes productoras de biocombustibles, ligadas estrechamente al sector agroexportador, pretenden que la distribución de la renta del combustible se mantenga como está y, de ser posible, que se amplíe la participación del sector en los mercados local e internacional. Argumentan que los biocombustibles son el futuro y que se debe reemplazar todo lo que se pueda el uso de combustibles fósiles.

El escenario, complicado de por sí, se complejiza todavía más. También juegan en el negocio las pymes que producen biodiesel y bioetanol solo para el mercado local. Buscan obtener mayores cuotas de participación, además de mayores precios y tasas de corte.

A las petroleras, en cambio, les interesa que la participación del sector de la bioenergía – en términos de tasas de corte – sea el menor posible. De esta forma retienen una mayor parte de una renta, que actualmente deben compartir con las productoras de biocombustibles. En los márgenes de la pugna aparecen además las automotrices, preocupadas por la inversión adicional que significaría para las fábricas adaptar los motores a las nuevas exigencias emergentes de un cambio de régimen.

Hoy, la ley que impulsó el boom de los biocombustibles y la llamada “industria verde” está cuestionada por los refinadores de petróleo. No están dispuestos a que continúe el porcentaje de corte. Aducen que se encarece de sobremanera el bien final: los combustibles que se usan para el transporte. Una reducción de los porcentajes de corte también beneficiaría al Estado. El motivo: se ampliaría el volumen alcanzado por el pago de los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

Qué dice la iniciativa oficial

Por lo pronto, el dictamen de las Comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados tiene chances de convertirse en ley. Las grandes productoras de biodiesel en base a soja aceptaron que se reduzca el corte del 10 al 5 por ciento para el gasoil. En el caso de la nafta, el corte quedaría en el 12 por ciento y el abastecimiento lo realizarían las elaboradoras de bioetanol: un 6 por ciento en base a caña de azúcar y el resto en base a maíz.

Conclusión: las grandes empresas que producen biodiesel ceden en la soja, pero mantienen su participación en el negocio con el corte a partir del maíz. En el caso del bioteanol de caña de azúcar, el principal beneficiado sería el Centro Azucarero Argentino. En especial sus dos principales socios. Uno es el Ingenio Ledesma de los Arrieta-Blaquier. El otro es el Ingenio Concepción del Grupo Luque, que en marzo último declaró en quiebra su negocio supermercadista: cerró 20 sucursales en cuatro provincias y dejó un tendal de 1.200 despidos. Su principal accionista, Emilio Luque, adquirió a título personal casi 18 millones de dólares durante el gobierno de Cambiemos.

Finalmente, el dictamen extiende el plazo de la promoción hasta 2030 y faculta a la Secretaria de Energía para subir o bajar los porcentajes de corte en función del abastecimiento de la demanda, el resultado de la balanza comercial, la necesidad promover las inversiones en economías regionales o por cuestiones ambientales y técnicas. Además, los cortes podrían reducirse hasta el 3 por ciento si el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudieran distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor.

Un balance complejo

Si bien la quema de biocombustibles por un motor genera menos gases contaminantes que la quema de combustibles fósiles – libera a la atmósfera carbono que fue previamente captado por el vegetal vivo -, no menos cierto es que para producir caña de azúcar, maíz y soja también se consumen hidrocarburos para plantar, cosechar y convertir esos insumos en biocombustibles. Además, la producción biodiesel y bioetanol también afecta al medio ambiente por la vía de la deforestación – en los casos de la soja y el maíz – y los residuos – en el caso de la caña de azúcar -.

Un análisis de la situación lleva a pensar que los biocombustibles que generan las grandes empresas ya forman parte de sus capacidades productivas y serán volcados al mercado de todas maneras, ya sea al interno o al externo, aunque esto dependerá de una compleja ecuación económica en la que juegan los precios relativos entre el petróleo, los propios biocombustibles y los que se registran en los mercado de granos y del azúcar; además de los precios sostén, los subsidios, los impuestos a la exportación e importación y los tipos de cambio especiales que pudiera tener cada producto.

Por lo pronto, queda claro que el precio final de los combustibles en nuestro país tiene un amplio margen de ganancia y renta. A las grandes empresas la ecuación les cierra incluso sin el apoyo estatal. De allí que sea totalmente razonable disminuir los subsidios, como es el caso de llevar del 10 al 5 por ciento el corte de biodiesel en la nafta, aunque se haya tenido que aceptar continuar subsidiando el corte del 12 por ciento con bioetanol para el gasoil.

Un negocio multimillonario