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jueves, abril 23, 2026
Blog Página 61

El proceso inflacionario argentino es propiciado y funcional al modelo agropecuario exportador

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Por Martín Massad

Agencia Paco Urondo: El aumento de las tarifas de electricidad evidenció diferentes posturas dentro del Frente de Todos para abordar la cuestión. ¿Cómo ve la situación, el aumento es viable? ¿Se tiene que hacer en dos tandas? ¿Cuál sería el porcentaje que tienen que aumentar las eléctricas para no caer de vuelta en los subsidios?

Horacio Rovelli: Con los insumos energéticos en general, no se sabe cuál es el costo de producción, ni de transporte, ni de distribución. Cuando a Juan José Aranguren, que era el ministro de Energía de Macri, que hacía 36 años trabajaba en Shell, le preguntaron cuál era el costo de extracción de gas promedio o cuál era el costo del petróleo, dijo que no lo sabía. Con el tema eléctrico pasa exactamente lo mismo. El que produce energía es el Estado Nacional, una empresa que se creó en la época de Menem que se llama Cammesa. El 99% es estatal, tal es así que la preside Esteban Kipel que es un funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, puesto por Martín Guzmán. Esta empresa es la que produce, porque las represas, las usinas térmicas, la energía nuclear, la energía eólica, todavía son nuestras y no se privatizaron. Pero el que la transporta es el que recibe la tajada grande. El 85% del transporte de energía de Argentina lo hace Transener que pertenece al grupo Pampa Energía. Si bien es cierto que Marcelo Mindlin es el presidente de esa sociedad, Larry Fink, el CEO de BlackRock, nuestro principal acreedor de deuda privada, y Joe Lewis, la séptima fortuna más grande de Inglaterra que tiene en Río Negro, en el Lago Escondido, una especie de pileta de natación propia, son los principales dueños. Mindlin hace de representante de estos dos grandes capitalistas que son los que tienen Transener, que le cobra lo que quiere a las distribuidoras, pero a su vez, las distribuidoras nos cobran lo que quieren a nosotros. Y lo subsidiamos todos. En el presupuesto del año 2021, está estipulado que se le tiene que dar a Cammesa casi el equivalente a 5 mil millones de dólares. Todos pagamos impuestos y hay que destinarlos, no a la salud, a la educación o la vía pública, sino a Cammesa para que pueda dar energía y no nos aumente más el precio de lo que le aumentan Transener y las distribuidoras.

APU: ¿Usted cree que se puede volver a un sistema estatal de quienes nos proporcionan energía? ¿Ese es el camino?

HR: Transener es sumamente reemplazable. El gasto más grande es el de generar electricidad. Después distribuirla es riesgoso pero el Estado lo hizo, no es que ha sido un incompetente. Toda la propaganda y la diatriba contra nosotros estuvo ayudada por todos los gobiernos, que fueron funcionales, a lo que después fue la privatización porque ponían a la generación energética como la Cenicienta. Fue el gobierno peronista el que estatizó la compañía de electricidad, hizo el gasoducto Comodoro Rivadavia cuando YPF era estatal. Todo esto lo hizo el gobierno peronista en el primer y segundo gobierno de Perón, después Menem privatizó todo. Necesitamos tener transporte y tener energía estatal, no es un capricho. Si no, pasan estos cuellos de botella, que estas grandes empresas que están afincadas nos cobran lo que quieren y los usuarios tenemos que pagar cuando seguramente saldría un precio mucho menor si lo podría prestar el Estado.

APU: Usted fue miembro del equipo económico de Raúl Alfonsín también…

HR: Al principio con Grinspun, yo vengo del radicalismo pero con Grinspun. Nos echaron el 19 de febrero de 1985. Alfonsín lo echa cuando no quiere aceptar los títulos de deuda de la dictadura militar. La postura rígida del querido don Bernardo Grinspun, otro patriota que para la historia oficial va a pasar a ser olvidado, era porque el Fondo Monetario Internacional y los bancos acreedores presionaban para que les cambien esos títulos firmados por nadie. Lo habían firmado Domingo Felipe Cavallo, Dagnino Pastore, Jorge Wehbe, González del Solar, José Alfredo Martínez de Hoz, Roberto Alemann, tipos nombrados por tres dictadores. Entonces necesitaban legitimar esos títulos y el ruso, como le decían al querido don Bernardo, se opuso tenazmente. Cuando Ferrán, que era el cipayo del Fondo Monetario, el 18 de febrero fue a la oficina del Ministerio de Economía, lo sacó a los gritos tras insistirle que había que cambiar los títulos viejos por los nuevos.

APU: Hay una nota suya que habla del mercado interno como clave de la recomposición económica argentina. Allí hace un racconto de lo que fue la destrucción del aparato productivo por la dictadura militar, que se profundizó con el gobierno de Carlos Menem. ¿Cómo se recompone la matriz productiva en nuestro país teniendo en cuenta la situación de pandemia y de deuda?

HR: Ahí está el eje de todo, vamos hacia un modelo extractivista agropecuario exportador. Lo había impuesto la dictadura militar, nada más que no tenía a la soja como punta de lanza. Don Bernardo trató de hacer un modelo en defensa del mercado interno, la producción y del trabajo nacional. Nos echaron, el 19 de febrero de 1985 y se volvió a imponer con Juan Vital Sourrouille un modelo extractivista agropecuario exportador. Por eso regalan todo, nuestros pozos petrolíferos. YPF es una empresa que históricamente tiene el 51% estatal y BlackRock tiene el 6%, y maneja más el represente de BlackRock en YPF que lo que maneja el 51% del Estado. YPF con el aumento de las tarifas hace toda una política como si fuera una empresa internacional.

Nos llevan a un modelo extractivista agropecuario exportador. Lo hizo la dictadura militar, lo continuó Raúl Alfonsín cuando nos echó a nosotros, lo continúo el menemismo y después de la Rúa. Cuando apareció Néstor Kirchner hizo algo distinto, priorizó el mercado interno argentino. Cuando hace el acuerdo con China, lo primero que le piden es comprarnos carne vacuna y Néstor Kirchner no lo dejó porque sabía lo que significaba la carne en el costo de la canasta alimentaria y no le vendió ni un gramo. El año pasado declararon vender casi un millón de toneladas de carne vacuna. Y el 80% de la venta la hace un consorcio que se llama ABC, donde está el frigorífico rioplatense de los Constantini, está Friar de Vicentín, está La Anónima de los Braun, está Swift, están todos los grandes frigoríficos y matarifes de la Argentina. Y el consumo per cápita de carne vacuna del año 2020 fue 50,1 kg, el más bajo de los últimos 100 años, cuando consumimos entre 80 o 90 kg. Eso es este modelo.

APU: Vemos que todos los intentos de controlar la inflación de parte del gobierno han sido fallidos, de hecho, el índice de abril dio 4,1% y el acumulado trimestral es cercano al 17% ¿Hay alguna manera de poder bajar la inflación?

HR: En primer lugar, el proceso inflacionario argentino es propiciado y funcional al modelo extractivo agropecuario exportador, porque ellos igualan precios internacionales con precios nacionales. La botella de aceite mezcla, que es mezcla de girasol con soja, de litro y medio, sale casi 200 pesos porque en Amsterdam se vende a 2 dólares. La gran diferencia es que en Europa, en Holanda, el salario promedio son más de 4 mil dólares y en Argentina es de 780 dólares. Nosotros que producimos la botella de aceite, la pagamos a 200 pesos y ellos que la importan con todo el viaje que hay que hacer, la pagan también 2 dólares. Es una minoría que se beneficia. Está todo fuertemente concentrado, la harina, el aceite, la yerba, el azúcar, la leche. Una economía concentrada que determina los precios, y que hace que se igualen con el exterior.

Hay que tomar tres medidas, que son las que tomó Néstor Kirchner. Lo primero de todo es frenar la constante devaluación de nuestra moneda. La devaluación ya la había hecho Macri, desde fines de abril hasta fines de julio de 2018, casi en un 100%. El dólar pasó de casi $20 a casi $40. Sin embargo, este gobierno continúo con la devaluación. Cuando asumió el 10 de diciembre del 2019, el dólar estaba $62 y ese mismo dólar hoy está $99,50. De los 100% que devaluó Macri, se devaluó un 60% más. Hay una relación inversamente proporcional entre nuestro salario y el tipo de cambio, cuando el dólar sube el poder adquisitivo cae porque se internacionalizan los precios.

APU: Hay una falta de acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con las grandes empresas de producción nacional y de exportación ¿Existe una falta de incentivo desde el gobierno con esas empresas?

HR: Yo pienso al revés, que hay un acuerdo y que este gobierno es funcional a ese acuerdo. Lo veo claramente con el río Paraná, vuelven a conceder la licitación del río Paraná porque detrás están las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos. Estamos hablando de ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Glencore. Esas cinco tienen casa matriz en Estados Unidos, son capitales internacionales, pero primeramente norteamericanos, que son los que manejan el mercado de Chicago, el mercado mundial de granos. A esas hay que sumarle, la china Cofco y después dos teóricamente nacionales: ACA, la Asociación de Cooperativistas Argentinos, y AGD, Aceitera General Deheza. Esas ocho empresas, más Techint que tiene sobre el río Paraná en Campana, Toyota que tiene sobre Zárate. A todas esas les interesa sobremanera que el Estado no intervenga, porque sacan lo que quieren por declaración jurada.

Y Argentina lo acepta porque el Fondo Monetario Internacional los presiona porque detrás del Fondo está Estados Unidos, y detrás de Estados Unidos está Pimco, Franklin Templeton, BlackRock, todos los grandes fondos offshore de cobertura del mundo están detrás. Y todos ellos tienen participación en Cargill, en Glencore. El propio Larry Fink dice que BlackRock tiene participación en Cargill y en Glencore, y las otras deben tener participación en las otras empresas. Es más, Larry Fink le compró acciones a Tenaris de Techint.

Así que yo opino al revés, que el gobierno es débil ante un poder económico tan grande. Hay una frase que escuché mil veces que decía León Trotsky “el enemigo parece más grande cuando se lo ve de rodillas” y este gobierno se puso de rodillas. Por eso defiende a capa y espada la privatización del río Paraná. Ahí hay un claro ejemplo de que tiene que ser estatal. Es más usan dos dragas que eran nuestras, usan la isla Demarchi y una base en Corrientes que usa la empresa Jan de Nul, que es la empresa belga que hace dragados. Es del Estado argentino y está a préstamo a ellos. La única explicación que tiene esto es la actitud lacaya ante el poder económico.

APU: Todavía la concesión del Paraná está por verse…

HR: Patearon la pelota 90 días más tarde, pero van a necesitar la concesión igual, contra viento y marea, porque el Fondo quiere que se licite. Lo perverso de todo esto es que Martín Guzmán le dice al empleado de Clarín dónde se fue todo, y Marcelo Bonelli le dice, lo fugaron. Nosotros nos endeudamos por más de 100 mil millones de dólares y el Banco Central reconoce que se fugaron 86.200 millones de dólares. Hay que rescatar primero lo que fugaron. A Marcelo Mindlin hay que decirle, acá se fugaron 903 millones de dólares y no declaraste ganancias por ese monto, cómo hiciste para comprarlos. Eso es lo que tiene que estar haciendo la AFIP. Entre la mediocridad y la cobardía nos llevan paso a paso a continuar con el modelo extractivista agropecuario exportador que impuso la dictadura militar.

 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/horacio-rovelli-el-proceso-inflacionario-argentino-es-propiciado-y-funcional-al-modelo

Un debate impostergable

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La finalización de la concesión de la Vía Fluvial Troncal Paraná-Río de la Plata le da a la Argentina la posibilidad de revisar lo hecho durante 25 años de concesión privada y el desafío de modificar sustancialmente la forma en que el Estado Nacional ha manejado ese recurso estratégico.

La importancia del Río Paraná ha sido central a lo largo de toda la historia argentina; episodios como el de la vuelta de Obligado demuestran su centralidad para nuestro modelo de desarrollo.

El 30 de abril venció el contrato de concesión del servicio de dragado y balizamiento del principal canal fluvial de entrada y salida de mercaderías del país y el gobierno decidió prorrogarlo por 90 días más a la empresa Hidrovía S.A., que opera desde el año 1995.

Desde algunos sectores veníamos insistiendo, desde hace tiempo, con la posibilidad de que no se extendiera la concesión y a cambio proponíamos trabajar en un contrato de transición que permitiera evaluar la mejor opción para el interés nacional.

En contraposición, algunas voces del complejo agroexportador que quieren sostener el esquema vigente destacan los logros obtenidos, como el incremento de las exportaciones, el aumento del área sembrada y la eficiencia de las tareas de dragado y balizamiento que permitieron el transporte por el Río Paraná de nuestras mercaderías en buques de gran calado. Pero entendemos que esa visión no tiene en cuenta cuestiones esenciales que son necesarias contemplar, como por ejemplo la ausencia de mecanismos de control y de estudios ambientales, batimétricos y de la traza, fundamentales para planificar acciones sustentables y de largo plazo de este recurso estratégico.

Asimismo, como senador por la Provincia de Buenos Aires también puse el foco en motorizar el proyecto de construcción del Canal Magdalena, un canal natural que será el puente que unirá nuestros puertos fluviales y marítimos, que hoy se encuentran separados, y nos permitirá ejercer mayor soberanía sobre nuestras aguas.

En este sentido, el viernes 7 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública sobre el canal Magdalena. Allí expresé, en primer lugar, que el Estado Nacional debe recuperar el control sobre la Vía Navegable Troncal Paraná-Río de la Plata y cobrar el peaje por el uso de esa vía de comunicación estratégica, hoy en manos de una empresa privada que realiza las tareas de dragado y balizamiento. Al no contar con los datos concretos de las obras que se realizan se desconocen los costos reales que tiene el concesionario. El Estado Nacional está en condiciones de ejercer el control sobre la vía navegable y las obras que realiza el concesionario privado.

El Estado Nacional no ejerce hoy ninguna supervisión sobre el volumen del dragado y no tiene información sobre los puntos donde la empresa privada decide dragar. Se confía en los datos que aporta el concesionario.

Creemos que es el momento oportuno, además, para que se mejoren los mecanismos de control y fiscalización que realizan la Aduana y la AFIP sobre la mercadería en puertos y en tránsito. En la actualidad el tonelaje lo informan los dueños de la mercadería por medio de declaraciones juradas, lo que da origen a la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.

Asimismo, el aumento de los recursos de fiscalización y control permitirá además monitorear el movimiento de las mercaderías en tránsito, penalizar los delitos de contrabando, mercaderías ilegales y trata de personas. Hace poco, contenedores procedentes de la República del Paraguay recorrieron el Río Paraná y luego estuvieron depositados por tres días en el puerto de Buenos Aires para embarcarse en dirección a Hamburgo, donde la policía alemana descubrió que contenían alrededor de 18.000 kilogramos de cocaína.

Nuestra acción política y legislativa también está dirigida a impulsar el debate sobre la importancia estratégica del Canal Magdalena, que representa una salida directa al mar desde los puertos fluviales hacia los puertos de nuestro litoral marítimo, y viceversa, y la entrada y salida de las cargas de nuestro comercio exterior, sin tener que navegar desde “El Codillo” por el Canal Punta Indio, ni pasar por Montevideo, independizando nuestras exportaciones e importaciones de la logística de ese puerto, a la vez que integraría la Argentina fluvial con la marítima, hoy segmentadas y desintegradas por la dependencia de la navegación por Zona Alfa, administrada por el Uruguay.

 

 

Entre los beneficios directos de esta obra podemos destacar los menores costos de mantenimiento, dragado, combustible, de honorarios de prácticos, de seguros, en la operatoria de los buques. Asimismo, representa menor tiempo de navegación desde rada hasta puerto por el desarrollo de un canal de doble vía y una reducción de la distancia en el acceso y recorrido del Canal de Navegación Magdalena frente al Canal Punta Indio.

La nueva traza con la construcción del Canal Magdalena potenciaría el desarrollo de la costa fluvial y marítima de las provincias ribereñas, permitiendo a su vez un mayor grado de complementariedad con los puertos atlánticos.

Esta obra promovería además el desarrollo regional de ciudades como Punta Indio, Punta Piedras, General Lavalle y San Clemente del Tuyú, debido a las actividades conexas y servicios que hoy están cubiertas por el puerto de Montevideo y que significan un ingreso potencial cercano a los 150 millones de dólares.

La construcción del Canal Magdalena es una obra de carácter estratégico que debe ser acompañada por políticas que fomenten la comunicación entre nuestros puertos fluviales y marítimos con ramales ferroviarios y rutas viales. Su objetivo es la integración productiva de la Argentina, el estímulo de las economías regionales, y la conexión más ágil y económica con los mercados mundiales, en un mundo altamente competitivo.

La presente licitación de las obras de dragado y balizamiento del Canal Magdalena deben contemplar finalmente su integración a la Vía Navegable Troncal, como una unidad indisoluble.

Para concluir, tanto la concesión de la vía troncal como el proyecto de construcción del Canal Magdalena nos ha permitido debatir cuestiones estratégicas relacionadas con nuestra soberanía, como la cuestión portuaria, la del transporte multimodal de mercaderías, la preservación de nuestros recursos naturales y su industrialización, la preservación del ambiente, entendiendo que estos son los pilares para crecer como una Nación integrada, con un desarrollo industrial nacional sostenible y justicia social e integración regional.

 

Un debate impostergable

EL INFIERNO TAN TEMIDO

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El gobierno de Cambiemos reinstauró el modelo extractivista, agropecuario exportador y para ello enriqueció al sector mediante la deuda y su fuga, a la vez que dicha deuda condiciona toda la economía al obligarla a obtener divisas para pagarla, cambiando el eje de la acumulación, que debe ser el mercado interno.

De proseguir por ese camino seguiremos teniendo a los grandes exportadores como los principales beneficiados y, una creciente tasa de desocupación y pobreza por falta de trabajo y producción, al compás que se reduce el mercado interno argentino.

Es la matriz productiva y distributiva del modelo que crece priorizando las ventas de productos primarios al exterior el que destruye puestos de trabajo.

La frase no fue escrita por Albert Camus en su libro La peste, pero merecería serlo: “Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”.

Decimos esto porque mientras el PIB desciende a niveles nunca antes registrados en el país [1] (caída del 9,9% en el año 2020 y en los primeros cuatro meses de 2021 crece muy lentamente y no se recupera lo que se perdió), según el INDEC el precio de los alimentos, y bebidas no alcohólicas a marzo de 2021 anualizadas (comparadas con abril 2020) se incrementaron en un 44,8%. La única explicación posible es que el ajuste interno permite aumentar los saldos exportables y solo se vende al mercado interno si se iguala el precio al externo, generando una ganancia extraordinaria a los grandes productores y comercializadores. La diferencia abismal con ese precio internacionalizado de los alimentos es que en Europa, que no lo produce, sus trabajadores pueden pagarlo, dado que el salario mensual promedio en Europa central en abril 2021, es de 3.500 euros [2] y, en la Argentina es en pesos pero equivalente a solo 780 dólares.

El modelo extractivista, agropecuario y exportador no necesita de la mano de obra local. Por ejemplo en el año 2020 se exportaron 37 millones de toneladas de granos de maíz, cuando se declaró haber producido 40 millones de toneladas.  El precio internacional del maíz creció 61% de 152,95 dólares la tonelada que valía en diciembre de 2019 a 246,28 dólares a mediados de mayo 2021.

Igual sucedió en mayor o menor medida con los precios en el arroz, el trigo, el girasol, la soja y los distintos tipos de carne, y el gobierno no solo no aumentó las retenciones, ni puso un cupo de exportación, sino que encima del fenomenal incremento en dólares del precio de los alimentos, depreció nuestra moneda en un 60,4% (de $ 62 el dólar tipo comercial fijado por el Banco de la Nación Argentina el 9 de diciembre de 2019 a $ 99,50 a mediados de mayo 2021). Eso explica el aumento de la pobreza, se trabaja (si se puede) y no alcanza para comprar lo mínimo e indispensable para vivir el trabajador y su familia.

Es el modelo que impuso la dictadura cívico-militar pero que no tenía una punta de lanza como la soja. Que continuó el gobierno de Alfonsín cuando lo reemplazó al Ministro Bernardo Grinspun y, aceptó toda la deuda externa heredada de esa dictadura canjeándola por títulos nuevos firmados por Juan Vital Sourrouille y José Luis Machinea. Es el camino que preparó el gobierno de Carlos Menem con las privatizaciones de todo, incluso de nuestro Río Paraná y de sus puertos, que eclosionó en diciembre de 2001 y sobre los cuales Néstor Kirchner reedificó, sabiendo que en la Argentina cuando crece el consumo interno crece el PIB y que la suma que una sociedad gasta en consumo depende principalmente del peso que los salarios reales tienen sobre el ingreso global, es decir, de la distribución social (apropiación vía salario) de lo que se produce.

Pero el gobierno de Macri y los que estuvieron atrás para que eso sucediera reimplantaron la integración al mundo vendiendo alimentos y materias primas a costa de ajustar el consumo interno, acatando las condiciones impuestas por el FMI que asegura que así sea.

Previsible y fatal

En el segundo trimestre ingresan fuertemente las ventas declaradas de la cosecha gruesa,  nuestro principal ingreso exportable.  A ello se suma la posibilidad cierta que el FMI amplíe su capital en unos 650.000 millones de dólares para el mes de junio o julio 2021, de los cuales le correspondería a la Argentina por ser país miembro y de acuerdo a su cuota de participación, la suma de unos 3.052,6 millones de DEGs, equivalentes 4.354 millones de dólares. Dicho monto no alcanza para pagar los 5.814,5 millones al FMI del año 2021 en que vence el 30 de septiembre la primera cuota de capital y el 30 de diciembre de este año, la segunda del crédito dado al gobierno anterior, más los intereses. Y menos para pagarle el 31 de este mes de mayo 2021 los 2.400 millones de dólares por amortización del capital al Club de París [3].

Pero el problema se convierte en sideral en el año 2022 que, por el acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos con el FMI, hay que pagar 17.860 millones de dólares de capital más los intereses.  En el año 2023 se debe abonar de capital la suma de 18.285,5 millones de dólares y, el saldo en el año 2024 de 5.640 millones de la divisa estadounidense para completar los 45.400 millones de dólares, según los datos que posee la Secretaría de Finanzas de la Nación.

Paralelamente el BCRA basándose en la legislación de la reforma financiera de 1977 y en la ley de Carta Orgánica de 1992, dada la coyuntura favorable, sigue comprando dólares pero la mayor parte los emplea para pagar intereses de deuda (incluida a los organismos internacionales), para pagar adelantos de importaciones y, para que las empresas paguen parte de su supuesta (o verdadera) deuda externa que tienen, de manera tal que las Reservas Internacionales se incrementaron solo en 1.044 millones de dólares en lo que va del año, habían cerrado el 20 de diciembre de 2020 en 39.410 millones de dólares y al 7 de mayo suman 40.454 millones, cifra que es menor a los 45.190 millones de dólares que eran las reservas internacionales al 10 de diciembre de 2019.

Es más, se trata de reservas brutas, a las cuales hay que descontarle el encaje de los depósitos en divisas captado por los bancos del sistema que, al 7 de mayo 2021, suman 11.890 millones de dólares; los dos swaps con la República Popular China por casi el equivalente a 20.000 millones de dólares; y el préstamo del Banco Internacional de Basilea de 3.650 millones de dólares.

En síntesis, más allá de la bonanza efímera hasta julio de 2021, al mes siguiente, en agosto, se debe enfrentar la dura realidad con un agravante: las LELIQs, Letras de Liquidez del BCRA que coloca en los Bancos para que los bancos no presten y le paga una tasa del 38% anual, pero a 7 días, que no para de crecer y que este gobierno triplicó de 758.453 millones de pesos en diciembre de 2019 a 2,09 billones al 7 de mayo 2021, unos 20.000 millones de dólares. Es más, si le sumamos los Pases Pasivos que son préstamos que los bancos le dan al BCRA por uno, dos o tres días, totalizan al 7 de mayo 2021 la suma de $ 3,5 billones de pesos, cifra que supera el total de créditos que los bancos le dan al sector privado que, a la misma fecha, es de 3,4 billones.

En síntesis, en agosto 2021 se depende de la buena voluntad de los bancos para que sigan comprando LELIQs y no se pasen al dólar. Y se depende de la voluntad del FMI para que no nos declare en default y nos conceda los plazos, nunca suficientes, para pagar una deuda que benefició a una minoría que la fugó.

Obviamente que no es gratis y el mismo Larry Fink, el CEO de BlackRock, reconoció que tenía participación accionaria en el Banco Santander (acá Santander-Río), en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; en el Banco Galicia, y en el Banco Macro, cuatro de los grandes bancos que operan en el país.  También reconoció que tiene acciones en la empresa Glencore, acá Oleaginosa Moreno SA y Renova SA, dos de las grandes acopiadoras de granos, productoras de sus derivados y comercializadoras con puertos propios en nuestro Río Paraná.

Siguen extrayendo nuestras riquezas mientras cada vez es mayor el costo de vida en una combinación entre suba de precios y de la tasa de interés para que no se pasen al dólar.

Obviamente también tiene un límite y, tarde o temprano, generarán la corrida cambiaria y bancaria como fue en 1975, en 1980, en 1982, en 1989, en 1995. Ya en este siglo,  con los Kirchner no pudieron porque apostaron al mercado interno, pero si con Macri en 2018. La próxima posible catástrofe aguarda, mientras este gobierno no cambie la matriz productiva que engendra una riqueza extrema en el 1 o 2% de nuestra población y, una pobreza extrema en no menos del 50% de nuestro pueblo.

Nadie puede garantizar, de producirse la crisis, cómo se sale. Nuestros hermanos de Chile y Colombia fueron llevados al estallido social y el drama sigue.

El problema lo describe claramente Joseph Stiglitz cuando afirma que en su país “el 1% de la población tiene las mejores casas, la mejor educación, los mejores servicios de salud, y el mejor estilo de vida. Pero hay algo que el dinero parece no haber comprado: el entendimiento de que su destino está ligado a cómo vive el 99 por ciento restante de la población. A lo largo de la historia, esto es algo que el 1% aprende con el tiempo.  Demasiado tarde”.

 

[1] En la década de 1930 no existían estadísticas al respecto.
[2] La cotización en mayo de 2021 es 1,21 dólares por un euro. El salario Mínimo Vital y Móvil en Francia es de 1.563 euros.
[3] La deuda total con el Club de París asciende a unos 10.800 millones de dólares, la idea del gobierno es que tanto al Club de París como el FMI pagarle solamente los intereses y comenzar a amortizar el capital en el segundo semestre de 2024 (igual trato que a los acreedores privados), pero la negociación con el FMI se encuentra en un impase  y seguramente habrá una contrapropuesta. De lo que acuerde el gobierno argentino con el FMI se extenderá al Club de París. De hecho en el Presupuesto Nacional 2021 no está contemplada ninguna amortización de capital a esos dos organismos internacionales y sí  a otros (CAF, Banco Mundial; BID, etc.). Se prevé en el Presupuesto Nacional 2021 un pago anual por intereses solamente equivalente a 430 millones de dólares al Club de París y de 1.200 millones de dólares al FMI,  que se efectúa en cuotas trimestrales.

 

 

https://www.elcohetealaluna.com/el-infierno-tan-temido/

Dólares versus precios: los puntos nodales de la coyuntura económica

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Se conoció la variación mensual del índice de precios al consumidor de abril, que alcanzó al 4,1%. La inflación minorista acumulada en el primer cuatrimestre del año llegó al 17,2%, consumiendo el 59% de la pauta inflacionaria anual prevista en el presupuesto que es del 29%.

El precio de la tonelada de soja en el mercado internacional superó esta semana los u$s 600. Ante una cosecha proyectada de 45 millones de toneladas que se exporta en un 97%, la afluencia de dólares a la Argentina por este cultivo debiera ascender a cifras récord.

El equipo político-técnico del Senado de la Provincia de Buenos Aires, integrado por Martin Di Bella, Diego Perrella, Juan Manuel Pignocco, Érica Pinto y Horacio Rovelli, además de este columnista, viene intentando instalar en sus sucesivos informes mensuales de coyuntura económica dos ejes que evalúa como nodales en el actual escenario económico:

La solvencia de las cuentas del sector externo como pilar de la estabilidad macroeconómica. El equilibrio externo sólido disminuye las exigencias de ajuste fiscal como factor de estabilización.

  1. La oferta masiva y a precios accesibles de alimentos y energía como sostén de todas las políticas de ingreso. Los ingresos populares son licuados con la suba de precios de consumos esenciales, derive ésta de la presión monopólica privada o de la demanda internacional.
  2. El alza del índice precios al consumidor y la reticencia a ejecutar una política monetaria y fiscal expansiva en el marco de la “segunda ola del virus” por su posible impacto negativo en el mercado cambiario, son el resultado de no enfocar correctamente los puntos precedentes.

En columnas anteriores hemos calificado de “extraña debilidad del sector externo” al referir el hecho que, con un escenario internacional favorable, el Banco Central no logra aumentar significativamente el nivel de reservas.

El marco propicio está dado por la suba internacional del precio de los alimentos, que contribuyen a generar un superávit de la balanza comercial relevante, el cual fue de u$s 12.500 millones en el 2020 y u$s 2.500 millones en el primer trimestre del 2021.

Pero también en el plano financiero la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera con el sector privado por u$s 66.000 millones, alargando plazos y bajando la tasa de interés, alivia el peso de las obligaciones con el exterior en el balance de pagos. Por último, se mantiene el control de cambios sobre la cuenta capital, limitando la demanda de divisas para atesoramiento.

El cuadro que continúa intenta reflejar la brecha entre el saldo positivo de la balanza comercial y el movimiento de divisas neto en el mercado de cambios

Los puntos nodales de la coyuntura económica

Se conoció la variación mensual del índice de precios al consumidor de abril.

El excedente comercial es la principal oferta de divisas hacia el mercado cambiario y con escaso retraso ingresa a la Cuenta Corriente Cambiaria. Ese ingreso se reduce significativamente en el movimiento neto de moneda extranjera por el saldo negativo que presenta la Cuenta Financiera Cambiaria.

En el primer trimestre del año la diferencia entre la oferta potencial de dólares del comercio exterior (u$s 2.530 millones) y el neto final del movimiento del mercado de cambios (u$s 679 millones) es de u$s 1.851 millones. Cifra importante al tratarse del inicio de la liquidación de divisas provenientes de la exportación de la cosecha.

El gráfico que continúa permite apreciar la magnitud del faltante

Los puntos nodales de la coyuntura económica

Se conoció la variación mensual del índice de precios al consumidor de abril.

La razón del egreso de dólares por la Cuenta Financiera Cambiaria responde la intervención del Banco Central en el mercado cambiario alternativo denominado “Contado con Liquidación” comprando títulos-valores nominados en moneda extranjera pagándolos con los dólares ingresados a través Cuenta Corriente Cambiaria.

Las razones de esta operatoria que restringe la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central es controlar la cotización del tipo de cambio del mercado “Contado con Liquidación” de modo que no alcance una diferencia notoria respecto del tipo de cambio oficial del mercado Único de Cambios.

El esfuerzo por reducir la brecha entre la cotización oficial del dólar y la de un mercado cambiario alternativo termina drenando divisas provistas por el comercio exterior y salteando el control de cambios de la Cuenta Capital.

No consolidar la solvencia externa en un contexto adecuado para hacerlo, afecta las posibilidades de desarrollar una política monetaria y fiscal expansiva, necesaria ante el adelantamiento de la “segunda ola del virus” para la inversión sanitaria y estímulo a la demanda, que permita acelerar la recuperación del daño conjunto causado por la pandemia y el macrismo.

Consecuentemente, se abre el debate sobre la necesidad del equilibrio fiscal, los límites para financiar un déficit presupuestario con emisión monetario y los riesgos de presiones cambiariar e inflacionarias. Debate que surcó con fuerza la agenda de los últimos días.

Debate equivocado a la luz del planteo inicial de esta columna. La centralidad de la cuestión se encuentra en la capacidad de acumular dólares en el Banco Central que impidan un ataque especulativo contra nuestra moneda nacional, otorgando el tiempo para que la demanda de pesos aumente al ritmo del crecimiento económico. La mayor recaudación tributaria derivada de una fuerte expansión de la actividad cerrará paulatinamente el desbalance fiscal sin tensiones.

Focalizar la política en el ajuste fiscal y monetario ante el temor de una corrida cambiaria es soslayar el hecho que el Banco Central no se encuentra lo suficientemente sólido para enfrentarla. La discusión es entonces el sector externo y no las cuentas públicas.

La política monetaria y fiscal restrictiva como herramienta antiinflacionaria ha probado reiteradamente su fracaso en Argentina. El nudo es la regulación correcta de los mercados de bienes esenciales, sobre todo los alimentos y la energía

Se ha señalado desde esta columna que el aumento de la canasta básica alimentaria un 45% en el año 2020, frente a una caída del PIB del -9,9%, desmorona todos los modelos macroeconómicos que lo expliquen.

La razón se halla en el comportamiento monopólico de los agentes económicos del mercado de alimentos que operan sin regulaciones imponiendo precios a una demanda rígida. Esta asignación de recursos en forma monopólica desbarata la política de ingresos hacia los trabajadores y extorsiona al Estado a cubrir el faltante a fin de evitar la hambruna en los segmentos más humildes del pueblo.

Otro tanto ocurre, también señalado desde esta columna, con la presión que ejerce el aumento de los precios internacionales de los alimentos que se exportan, trigo, maíz y carne, sobre los precios internos, obligando a los argentinos y argentinas a degradar la calidad de sus consumos alimenticios. El pueblo argentino ya no accede a una canasta diversificado de su agrado, que fue tal vez, el legado social más importante del peronismo.

 

https://www.eldestapeweb.com/economia/economia/dolares-versus-precios-los-puntos-nodales-de-la-coyuntura-economica-202151519043

El triángulo entre la Argentina, EE.UU. y China en la post-pandemia

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La pandemia concentra sin duda las energías y expectativas del Estado y la sociedad y el escenario mundial que dejará comienza a exigir una evaluación estratégica. Para esto me gustaría introducir cinco hipótesis de reflexión sobre el triángulo entre la Argentina, EE.UU. y China en la post-pandemia.

Primero, la transición de poder. Hace un siglo se desplegó gradualmente la transición entre Gran Bretaña y Estados Unidos. La Argentina, por convicción y/o conveniencia siguió abrazando a Londres mientras Washington aumentaba su influencia.

Una Argentina con capacidades relativas optó por profundizar los lazos con la potencia en declive. Hoy, con capacidades disminuidas, el país afronta otra transición de poder. ¿Tenemos un mapa de ruta para asumir tal reto?

Creo que no. Al menos en esta fase de la transición se requiere mantener relaciones positivas de manera simultanea y en el marco de un consenso ampliado interno para así contribuir al desarrollo, generar bienestar y reconstruir poder.

Segundo, los lazos entre Estados Unidos y China. Hasta hace unos años predominaba una condición de rivalidad atenuada e interdependencia creciente. Desde la administración Trump y durante el gobierno de Biden, se va consolidando una rivalidad acentuada y una interdependencia decreciente.

No hay una disputa plena ni un desacople mutuo: Beijing y Washington conocen sus fortalezas y debilidades y se moverán cada vez más condicionados por la política interna. Biden no quiere aparecer blando y procurará endurecer el mensaje y las acciones, y Xi Jinping buscará reafirmar el nacionalismo y la estabilidad doméstica. Ambos intentarán asegurar lealtades de diversas contra-partes.

Eso exige que la Argentina tenga claro cuáles son sus intereses nacionales y refuerce los espacios regionales para tener un mayor margen de negociación frente a ambas potencias.

Tercero, el vínculo entre Estados Unidos y América Latina. Durante los dos mandatos de Bush (h) y Obama, Washington no obstaculizó la paulatina presencia económica de Beijing en la región. Desde Trump y con Biden esa tolerancia con una China pro-activa, en especial en materia tecnológica y militar, cesó. Esto implica más exigencias y promesas de Estados Unidos.

Sin embargo, no existe una situación como la que hubo entre EE.UU. y la URSS cuando Washington y su sector empresarial tenían cuantiosos recursos para avalar el poderío estadounidense en la región y en América Latina había muchos jugadores con voluntad de vetar el acceso de Moscú al área.

Hoy, Estados Unidos tiene escasos recursos para ofrecer y pocos empresarios dispuestos a invertir masivamente mientras son las elites de la región las que quieren hacer negocios con China y no hay jugadores influyentes que pretendan limitar los vínculos con Beijing.

La Argentina no debe desalentar los lazos materiales con China ni desestimar inversiones de EE.UU.

Cuarto, el “eslabonamiento temático” (el denominado linkage politics). Varios analistas subrayan que es Venezuela el que entrelaza—casi siempre negativamente—la relación entre Washington y Buenos Aires. Una revisión de los medios de comunicación muestra cómo se presume que cualquier decisión oficial sobre Venezuela afecta el trato con la Casa Blanca. Hace días, el anuncio del retiro del llamado Grupo de Lima fue presentado como primordial para analizar el vínculo con el gobierno de Biden. Pero esto no es así.

El asunto que realmente epitomiza un eslabonamiento temático entre la Argentina y EE.UU. no es Venezuela, es China. Las recientes visitas del almirante Craig Faller del Comando Sur, de Juan González del Consejo de Seguridad Nacional y de Julia Chung del Departamento de Estados y el diálogo telefónico entre el secretario de Estado Antony Blinken y el canciller Felipe Solá reflejan la centralidad de Beijing, no la de Caracas.

Hay muchos tópicos que atraviesan las relaciones entre la Argentina, Estados Unidos y China: el Atlántico Sur, la Antártida, la Hidrovía, los materiales estratégicos (litio y tierras raras), el 5G y el 6G, entre otros. Una sutil y firme diplomacia de equidistancia será fundamental para no ser epicentro de un pernicioso juego de suma 0 entre Beijing y Washington.

Y para ello es prioritario que el federalismo interno no se torne disfuncional y fuente de debilidad para negociar y que en ciertos asuntos externos claves se asuman responsabilidades compartidas: en la Antártida con Chile y en el Atlántico Sur con Brasil (y sumando también a Sudáfrica).

Y quinto, la relación entre EE.UU. y la Argentina. En sus primeros 100 días de gobierno Biden ha mostrado tener un espíritu progresista en política interior y un continuismo puntual en política exterior. La dureza con China y Rusia ha estado acompañada de un acento en el cambio climático, el multilateralismo y la no proliferación.

En breve, hay gestos internos y algunas señales en el campo internacional que facilitan un ámbito de coincidencias entre Washington y Buenos Aires. La Argentina necesita a EE.UU. en el tema del FMI y Washington requiere de países que en medio de la dramática situación que padece América Latina no aporten al caos sino a la estabilidad.

Así, hay espacio para una combinación de convergencias y divergencias. No se trata de relaciones carnales o distantes, sino de vínculos naturales entre países que seguirán manteniendo miradas e intereses diferentes pues ello es lo lógico en condiciones de asimetría.

En síntesis, es hora de que la Argentina delibere con seriedad y sinceridad sobre una estrategia internacional post-pandemia ya que no hacerlo será muy oneroso.

 

https://www.clarin.com/opinion/triangulo-argentina-ee-uu-china-post-pandemia_0_tiG-MKKMT.html

Análisis de la situación internacional

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Hugo Garnero: en tu último artículo para el Grupo La Capitana hablaste de los ciclos económicos y las crisis en el capitalismo. Por el carácter  de “financiero” su expresión más concentrada es bursátil.

Carlos Abalo: Es que estamos verdaderamente al borde de una crisis bursátil fuerte porque la valorización especulativa no se sostiene sin mayor crecimiento. Por la magnitud del gasto y del endeudamiento de Estados Unidos para posibilitarla, alcanza una magnitud que la convierte en una modificación política de gran envergadura. Así como Estados Unidos llevó a cabo un capitalismo propio del estado de bienestar al final de la guerra con el objetivo de que el crecimiento de Europa y Japón formara un bloque contra la URSS, en los años sesenta esa política empezó a tener problemas porque el dólar no alcanzaba para sostenerla, por lo que se inició un cambio en la misma. Explotó en los setenta, cuando Nixon quitó el respaldo oro al dólar y empezó a crecer el mercado financiero alternativo del eurodólar. Ese cambio de política se empezó a desarrollar en toda su magnitud y quedó plenamente a la vista cuando Margaret Thatcher estructuró un ajuste que empezó a impactar directamente sobre la baja de los salarios y el ataque a los sindicatos. Con Ronald Reagan esa política se extendió a Estados Unidos y marcó todo el período posterior, caracterizado por el ajuste, las frecuencias de las crisis y la extensión de la economía de especulación, o sea de la colocación del excedente en activos financieros, que agudiza las crisis de las monedas nacionales y que en la Argentina llevó a los esfuerzos oficiales en favor de la dolarización.

HG: Mientras esto sucedía, en China pasaban otras cosas bastante distintas.

CA: Esa política por un lado se agudizó con la crisis de los años noventa en los países emergentes y por otro la neutralizó el ascenso de China y su integración a la economía mundial, seguida por su ingreso a la OMC a fines de 2001, que le dio una posibilidad a los capitales productivos e incluso posibilitó que algunos capitalismos periféricos, sobre todo en el sudeste asiático, se transformaran en emergentes. El desarrollo del capital productivo, a la vez, permitió extender el alcance de la deuda y la financiarización  (que en la Argentina condujo al desastre del 2002), y por eso el desarrollo chino fue alentado incluso por Estados Unidos, que no frenó la inversión en China, sino que permitió desplegarla a un máximo incluso hasta los primeros años de este siglo. Esos años en la Argentina coinciden con la recuperación productiva y de los ingresos del kirchnerismo, que se frenó con la crisis financiera mundial de 2008, una crisis determinada porque la inversión especulativa había alcanzado una magnitud sin precedentes, justo cuando empezaba a concretarse la posibilidad de aplicar la nueva tecnología al capital productivo, en el paso a una nueva Revolución Industrial, de la industria mecánica a la digital y a la producción crecientemente automatizada y asistida con robots.

HG: ¿Cómo fue este proceso de crisis continuo desde 2008?

CA: El gasto fiscal de Estados Unidos apalancó hasta ahora la tendencia dominante del capital, que en la fase recesiva de los ciclos, es la financiera en vez de la productiva con la valorización falsa a largo plazo de los activos financieros, que periódicamente estallan con las burbujas y producen las crisis consiguientes, como la de 2008. Sin embargo, el predominio de los activos financieros siguió ¿por qué? Primero porque ese capital no se puede aplicar a la producción porque no hay  suficiente demanda que dé lugar a una tasa de ganancia similar a la excepcional que se obtiene con la valorización financiera, aunque está condenada a diluirse. Segundo, porque el capital insiste en la apuesta financiera porque es rentable mientras no explota, y a la vez es necesaria para el capital, porque los que se salvan de la explosión acumulan, los más poderosos son los que pueden desprenderse de lo que se va a desvalorizar y aumenta la concentración propia del capital.

HG: Pero impacta en un menor crecimiento…

CA: La acumulación financiera tiene lugar a costa del empobrecimiento de toda la sociedad y especialmente de los trabajadores, por menor crecimiento económico, y también a costa de otros capitalistas que compran los activos financieros que se van a desvalorizar. Por esto es un mecanismo de acumulación de enorme extensión que agudiza la concentración de capital y que también se expresa de manera más generalizada en las criptomonedas.

Esta acumulación financiera propia de la crisis, fuera del sistema productivo, prepara los grandes capitales líquidos que van a adquirir los capitales productivos en caso de que se llegue a concretar un próximo ciclo ascendente. En caso de concretarse, un nuevo ciclo ascendente tendría lugar en una economía muy diferente. Ya  vimos el ciclo largo ascendente que sucedió a la crisis de los años treinta y al desastre de la Segunda Guerra Mundial, de la que terminó surgiendo la economía global. Un próximo ciclo ascendente tendría lugar con una industria  mucho más digitalizada y disponiendo de tal cúmulo de información, que adecuadamente seleccionada, posibilitará una gran automatización y el creciente empleo de robots. Es decir, con mucho menor trabajo manual directo y con eje en la clase media ascendente experta en las técnicas digitales.

HG: La bendita clase media…

CA: Es que la comunicación de gran velocidad como la 5-G permite reunir y procesar una cantidad de datos nunca vista mediante la Inteligencia Artificial y programarlos.  Por eso, un sector cada vez más amplio de la clase media apoya con toda fuerza a la derecha extrema que surge de profundizar la política del capital, de ajuste y baja de los salarios generales propia de la crisis, y cuya influencia se extiende. Y el uso de la digitalización y las comunicaciones en gran escala, destinada a aplicarse en la tecnología del capital productivo, en tanto no se llegue a una fase ascendente de un nuevo ciclo expansivo, se emplea en servicios y negocios que no modifican la estructura productiva, como sucede con las comunicaciones a través de los celulares, el e-commerce, la salud o incluso el negocio financiero, que permiten que por ejemplo Mercado Libre haya acumulado capital que sacó de la Argentina y se convierta en una start up que tiene un valor en miles de millones de dólares y se registre en el exterior.

HG: En estos días se conoció como Bill Gates acumula acciones de empresas productivas o de servicios de antigua cotización bursátil…

CA: Esos capitales líquidos sólo se salvarán si se largaran a comprar capital productivo y desarrollar su producción cuando se extinga la posibilidad de seguir ganando con el capital financiero destinado a estallar en las burbujas y se sepa quién manda en el mundo y sobre todo con qué política.

HG: ¿Te estás refiriendo a China?

CA: China es una muestra de las diferencias que contiene este tránsito. El Partido Comunista de China (PCCh) optó por el capitalismo de Estado, que sigue las huellas del capitalismo privado hasta ahora con mucho más eficacia, porque al asegurar el dominio del capital productivo, elevó la demanda de toda la sociedad y la tercera parte de ella llegó a un nivel de vida parecido al de Estados Unidos. Y la clase media en ascenso está allí agarrada a la economía productiva y de innovación, y en esto último ya es la primera nación en el mundo en generar nuevas patentes, y los capitalistas privados están sometidos al dominio del Estado.

Por eso cuando Jack Ma a través de su empresa financiera con la que también acumulaba, quiso extender la tecnología a los activos financieros de manera peligrosa para el capital productivo, siguiendo la conducta de las financieras del capitalismo privado, el PCCh lo voló de la dirección efectiva de la empresa y lo obligó a dividir la financiera, porque en China la acumulación financiera existe porque es una acumulación de capital, pero no se la permite al capital privado más que como auxilio transitorio para acumular. La acumulación financiera la concentra el Estado para dirigirla predominantemente al capital productivo y a las nuevas tecnologías, y la llevó a un máximo al crear una criptomoneda que reúne esa acumulación en el medio central del Estado: la moneda.

Esto también aclara por qué China usó el capitalismo en este tramo de la economía mundial globalizada: porque es el mejor medio para acumular y así invertir en el desarrollo productivo si esa es la política del Estado, lo que no sería posible si la totalidad de la renta adicional conseguida con la economía se repartiera en la sociedad para elevar su consumo y su nivel de vida inmediato, como se supone que sería en el socialismo.

HG: No es lógico pensar en que EEUU, que participó en el desarrollo chino a través de sus empresas multinacionales, miré impávido.

CA: El problema que aparece ahora para Estados Unidos es que tiene que empezar a limitar la capitalización financiera. Hasta ahora la promovió para posibilitar la acumulación de capital privado en gran escala, y en la crisis en los últimos años la incentivó con gasto fiscal que las empresas destinaban a capital financiero con la consecuencia de burbujas cada vez mayores y más repetidas, pero se llegó a un límite.

HG: Por eso se profundizó la crisis mundial: esta es la lectura que corresponde a las tres notas últimas que publicaste en La Capitana.

El límite es porque si no crece la economía productiva, la valorización financiera no se sostiene y va a dar lugar a crisis financieras más seguidas. Por eso de la crisis financiera de 2008 no se salió, contrariamente a la lectura de corto plazo que hace el mercado porque iguala lo que para ellos es lo mismo, la inversión productiva de la financiera, y sobre todo ésta porque actualmente es la más rentable. Pero una parte del capital lo tiene en cuenta, acumula sobre esa base y vende a tiempo, y se localiza en los fondos de inversión y los grandes bancos mundiales que se salvan de la crisis porque acumulan para el ciclo productivo próximo de nuevo capital productivo, vendiendo el capital que no sirve después de haber acumulado transitoriamente con él, y la amenaza proviene que se trata de una seguidilla imposible de soportar.

HG: ¿Por qué es imposible de soportar?

CA: En primer lugar, porque la frecuencia de las burbujas obliga a un gasto fiscal que debilita al dólar, y para que no se debilite, hay que pasar a la producción, y para pasar a la producción hay que elevar la demanda y los ingresos, porque la crisis también está dividiendo peligrosamente a la sociedad estadounidense, es decir,  hay que volver a algo parecido al estado de bienestar, terminar con el ciclo depresivo de largo plazo y empezar un nuevo ciclo largo ascendente. Hay que ver si para Estados Unidos esto es posible.

En segundo lugar, porque de lo contrario, si Estados Unidos no pasa a un ciclo ascendente y vuelve a una economía más parecida al estado de bienestar, terminando con la política de ajuste y monetaria que alcanzó su máxima expresión desde Thatcher Reagan en adelante, China gana la partida, porque no tiene ciclos descendentes gracias al capitalismo de estado controlado por el PCCh.

HG: ¿Crees que esa es la política de Biden?

CA: Este parece ser el trasfondo de la política de Biden. Por lo que parece, el retraso productivo está generando una limitación en los balances por mayores costos que empiezan a pasarse a precios, y no se puede neutralizar con la valorización financiera, que no llega a todos. Creo que esto es lo que verdaderamente discute la Fed.  El gasto en estímulos e infraestructura  ya provocó un crecimiento de Estados Unidos de 6,4% en el primer trimestre. Para Yellen y para la mayor parte de la Fed (en realidad, los indecisos son los mayoritarios, pero los que quieren frenar la inflación y están activos en el bando contrario son menos), falta todavía para que haya que recurrir a la suba de tasas para frenar la inflación, y por ahora coexisten los estímulos a la producción y las posibilidades para el capital financiero, porque si suben de golpe las tasas de interés se anularían gran parte de las ganancias financieras y habría una enorme crisis financiera.

Es una especie de equilibrio casi de día a día, porque no es seguro que se mantenga. En el examen de la economía en marzo, que se revisó en la principal reunión de abril, la Fed no subió sus tasas largas y las tasas cortas pudieron seguir siendo bajas, y en el examen de la política de abril, que se expresó en la reunión del 7/5 mantuvo su tasa de referencia entre 0% y 0,25% porque estimó con votos que se puede mantener el apoyo a la recuperación.

Pero esto no es una cuestión de tasas y ni siquiera es un asunto de corto plazo. Lo que yo creo es que Biden va mucho más allá, sino no se entiende su política, pues las últimas extensiones del gasto fiscal con destino a la economía productiva para la enorme modificación de la infraestructura, llegan hasta el cambio de los tubos de plomo en las redes de agua. En síntesis, y para hacerlo bien entendible: apunta nada menos que a una vuelta al estado de bienestar, lo que no va a ser igual que en 1945 porque las condiciones son muy distintas y va a dar lugar a un tránsito complicadísimo para mantener el equilibrio. Lo que no sé es si la parte de la Fed que apoya el alargamiento de las medidas de estímulo sabe de ese objetivo o si tiene una mirada propia y cree que sí puede soportarlo, pero seguro Yellen sí sabe adónde lleva esta política.

HG: La nueva política, ¿iría en competencia o en complementariedad con China?

CA: Para que la política de Biden se afirme, sobre la base de lo que ha sido hasta ahora la política de Estados Unidos, no solo se viene un cambio político, sino un apriete para que el capitalismo se junte contra China, va a tener su expresión en la Argentina  y se puede empezar a manifestar en las condiciones que le imponga el FMI para flexibilizar los plazos de su préstamo, va a estar atado a lo que pueda aportar Europa  y también va a profundizar las diferencias en el peronismo.

HG: Pero China avanza: suelo decir se escuchan los tamboriles que suenen desde Oriente…

CA: China no tiene más remedio que avanzar con su política, como lo hace Estados Unidos con la suya. Lo que pasa es que juega al equilibrio en el mundo porque hasta ahora le fue muy bien y se abrió paso en el mercado mundial hasta el lugar en que llegó. Con respecto a la nueva política de Biden, no sé si ya había abierto el paraguas cuando Xi Jinping definió que se viene una mayor integración mundial con tecnología china local. Como la guerra es por ahora imposible, la guerra se va a profundizar en la competencia entre empresas, que ha sido esencial para los avances de China y por eso Xi contestó con mayor integración, que el capital privado estadounidense y los países emergentes de Asia no van a dejar perder, pero seguramente Estados Unidos tratará de condicionarla vetando tecnología para China, dentro de su política declarada de impedir que la sobrepase. Seguro que una amenaza de ese tipo o similar va a perjudicar a China, ya que hay que ver si la tecnología china más encerrada puede superar a la del conjunto del capitalismo.

HG: Y Biden contesta con un programa tipo “Estado de Bienestar”…

CA: Pero tampoco el nuevo estado de bienestar va a ser el mismo ni tan fácil de implantar. Porque hay una crisis muy profunda en el medio. En 1945 la crisis había sido superada por la guerra, que terminó con todas las crisis a través de un gran desastre y dejó a Estados Unidos en condiciones inigualables para dar asistencia a todos, reunir al capitalismo europeo y japonés y someterlo y empezar así el acoso a la URSS. Si bien no lo consiguió con la guerra económica generó una gran oposición interna en Europa del Este por las peores condiciones de vida respecto a Europa Occidental. Sí lo pudo conseguir con la guerra espacial, que agudizó en los ochenta, cuando implantó el ajuste, y obligó a la URSS a un gasto espacial que impidió la mejora de sus industrias no militares y terminó perdiendo la guerra económica.

En segundo lugar, China significa competencia económica y nueva tecnología, dos cosas que la URSS no tenía.

En tercer lugar, cuando en 1945 Estados Unidos implantó el Estado de bienestar, el dólar era una moneda sólida, respaldada en oro y única divisa en el mundo. Hoy la situación es muy diferente y China tiene una gran parte de los bonos de la deuda estadounidense y la puede empezar a vender, y eso no se compatibiliza con una ayuda estadounidense que hoy tendría que alcanzar a todo el mundo para neutralizar a China, y no solo a los países desarrollados, como en 1945.

HG: Vayamos ahora a cómo influye este escenario internacional entre nosotros, en el peronismo.

Es una cuestión de primera importancia y explica las primeras disidencias que empezamos a ver hasta el momento en el gobierno y que se lograron compatibilizar. La compatibilización es lo único posible por ahora y representa un equilibrio que sería lo ideal para la Argentina, pero en el escenario internacional hay que recordar que el equilibrio tiene dos puntas: China y Estados Unidos. En el largo plazo, China es mucho más que la Gran Bretaña de la época dorada argentina, y Estados Unidos es el que define las condiciones de corto plazo centrados en la deuda que nos dejó Macri con el préstamo del FMI. Una parte del peronismo está seguro que el corto plazo es lo esencial y se inclina para ese lado. Alberto Fernández es un equilibrista nato y si bien Cristina está entre los que tienen la vista puesta en el largo plazo, sabe mejor que para sortear el corto plazo hay que buscar un equilibrio entre las puntas porque, por su peculiar sentido político, sabe que sin equilibrio el peronismo se divide y por eso lo eligió a Alberto, y el mayor diálogo con Estados Unidos lo lleva adelante Massa. Ésta es la situación concreta.

Está claro que para una buena parte del peronismo, no se debería pagar una deuda que no se contrajo por consenso y que permitió a un pequeño grupo fugar sus capitales, que paga todo el país y que sumió en la pobreza al 40% de los argentinos, pero si se hiciera algo parecido, seríamos víctimas de las sanciones estadounidenses, que se pueden apreciar de distinta manera en Venezuela y en Cuba, y que en la Argentina llevarían a un desastre. El pago de la deuda heredada de Macri es también un desastre, por lo que tampoco se puede pagar así como está. Así que hay que ir al equilibrio del medio de alguna manera: esa es la difícil tarea que el gobierno tiene por delante.

HG: Concluyendo…

CA: De cualquier manera, lo que importa es que se avecina un cambio en la política internacional a partir de que Estados Unidos tendría que ir hacia un nuevo ciclo ascendente. No se va a percibir muy de inmediato y es, además, un proceso largo, pero lo importante es que va en esa dirección. Si no lo entendemos, no entendemos a Guzmán, las diferencias en el PJ y la nueva situación política que se avecina, que va a ser muy dura para la Argentina, porque Estados Unidos va a apretar a corto plazo, para que no se acelere la integración con China, que podría dar una respuesta estructural, de largo plazo, a las necesidades de crecimiento nacionales, y el apriete a corto plazo va a ser con las facilidades de la deuda legadas por el acuerdo con el FMI y Macri. Hay que insistir en la profunda relación que hay en todos estos temas para establecer nuevas prioridades en función de un nuevo escenario que todavía no está claro.

 

CONVERSACIONES DE HUGO GARNERO CON CARLOS ABALO PARA LA CAPITANA
9/5/21

La necesaria intervención estatal en mercados oligopólicos

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“Lo que llena de asombro no es que durante treinta años hayamos errado el rumbo sino que ciertos grupos sigan insistiendo que los alimentos deben ser baratos, sin querer advertir que ellos significa bajos salarios y una pobreza generalizada”. Este párrafo corresponde a las Memorias de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de 1976. Si bien ya pasaron 45 años, no deja de tener vigencia en el contexto actual.

La inflación de marzo fue de 4,8 por ciento acumulando 13 por ciento en los primeros tres meses del año, y el aumento de los alimentos y bebidas en los últimos seis meses fue de 28 por ciento. El precio de la carne ha aumentado 75 por ciento en los últimos doce meses y las exportaciones fueron record, según el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La economía argentina necesita exportar y es necesario para llevar alivio a las cuentas fiscales. Pero no le sirve a la economía en su conjunto exportar de esta manera. Exportar a costa de cargar a los precios locales el precio de exportación.

Historia

Cuando el precio de los alimentos en el mercado mundial está en alza grandes productores y agroindustrias locales se benefician. La cuestión de los precios internos y externos incide sobre el costo de vida general. Ahora bien, esto ha sido abordado por distintos gobiernos, democráticos, conservadores y también dictatoriales.

Ya en la presidencia de Bartolomé Mitre existió la intervención pública a través del sistema de retenciones. No sólo eso. El sistema de regulación de los precios externos tuvo mayor incidencia con la creación en la década de 1930 de la Junta Reguladora de Carnes y la Junta Reguladora de Granos. Vale aclarar para algún desprevenido que la creación de las mismas se dio bajo el gobierno militar de Agustín P. Justo.

La forma de funcionamiento de dichas Juntas era muy sencillo: el Estado a través de ellas compraba a un precio determinado a los productores (sin que incurran en pérdidas) y luego exportaban los saldos. Durante el gobierno peronista el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) absorbió las funcionalidades de las Juntas reguladoras y tambien de la importación de bienes esenciales.

Luego durante los sucesivos gobiernos de distintos color político se fueron aplicando niveles de retenciones. La Memoria de la SRA de 1962 refería lo siguiente: “Para incrementar las exportaciones debe reducirse la influencia de los dos factores que las disminuyeron en los últimos veinte años: el consumo interno y las medida de gobierno que despojaron al campo en beneficio de una industrialización forzada llevada a cabo en forma inorgánica”.

En la Memoria de la SRA de 1964 se referían a que era “injusto” e “inconveniente” que se grave al campo, “fuente básica de la riqueza sobre la que se estructura la vida económica de la nación”.

En 2002 el presidente de la SRA, Enrique Crotto, afirmaba que Argentina es el único país del mundo que impone tributos a los que ingresan divisas. Otro presidente de la SRA, Hugo Biolcati, en 2009 sostenía que el Gobierno “viene confiscando la renta agropecuaria desde hace al menos seis años a través de las retenciones”.

Ganancias

Esas posiciones en la actualidad no han cambiado. Hay un sector que pretende exportar la mayor cantidad de alimentos a un mayor valor que el que obtendrían de venderlo en el mercado local, a costa de un menor acceso de los mismos a la población.

Un ejemplo en concreto es el consumo de carne vacuna que en los primeros tres meses de 2021 fue el más bajo de los últimos 18 años. Así lo informaron desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.

Se encuentra dentro de la lógica capitalista la maximización de las ganancias. Por eso es de suma importancia la regulación estatal. No pasa por una cuestión de dogma, puesto que a lo largo de la historia distintos gobiernos conservadores han intervenido en el mercado de carnes y granos.

Ejemplo de lo antes mencionado es lo que sucede en Estados Unidos o en la Unión Europea, donde los gobiernos destinan enormes montos de subsidios a los productores agropecuarios. Vale esta mención para todos aquellos que se horrorizan de cualquier tipo de intervención estatal, pero a la vez miran como ejemplares las políticas de los países desarrollados.

Rol del Estado

La Secretaria de Comercio está mostrando activamente su rol de contralor. Durante las últimas semanas ha dejado expuesto como varias empresas multinacionales de consumo masivo practicaban lisos y llanos abusos a los consumidores, tratando de escapar a los controles de precios consensuados. También ha solicitado información sobre precios, el nivel de producción, las ventas y el abastecimiento de productos a las 1000 empresas formadoras de precios. Es importante y necesario el rol que desempeña la Secretaria.

Igual un mayor control aún no alcanzará para frenar el aumento de los alimentos, puesto que las subas se debe básicamente al alza del tipo de cambio y el traslado a precios que realizan las empresas productoras de alimentos. En lo que va del año el tipo de cambio oficial de ajustó casi 11 por ciento.

Debido a esto es imperioso la creación de una empresa estatal que regule el mercado agroindustrial, que tenga presencia en toda la cadena alimenticia y, a la vez, sirva de referencia frente a los pocos grupos hegemónicos del sector. Esas empresas operan de forma oligopólica: unas veinte elaboran el 80 por ciento de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno, siendo las más importantes Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez, Molinos Cañuelas y Morixe. El objetivo sería que el Estado pueda adquirir a precios menores que los internacionales, y así abastecer a la población de alimentos a precios accesibles.

 

https://www.pagina12.com.ar/339750-la-necesaria-intervencion-estatal-en-mercados-oligopolicos

Cambio de modelo

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En nuestro país, la dictadura cívico-militar de 1976 vino a terminar con el modelo de industrialización y sustitución de importaciones para imponer uno de acumulación subordinado a la valorización financiera, basado en el extractivismo agropecuario-exportador. Dicho modelo procura mediante la apertura externa, comercial y de capitales, subordinar a la economía nacional a la mundial. Para garantizar que eso suceda en todas las naciones periféricas, se creó el Consenso de Washington [i], que lidera el Fondo Monetario Internacional (FMI). Era necesario que las naciones se endeudaran y, después, no pudieran pagar.

La deuda externa

No cabe duda que la deuda es un mecanismo de dominación. Así lo hicieron en la Argentina con Jorge Rafael Videla-José Alfredo Martínez de Hoz y los gobiernos que la continuaron y perfeccionaron, legitimándola y utilizándola para comprar a precio vil valiosos activos públicos. El kirchnerismo –con todas sus limitaciones– les puso un freno. El mecanismo se reanuda en el gobierno de Cambiemos, que incrementó la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares. Cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, le preguntó al empleado de Clarín, Marcelo Bonelli, dónde se había ido esa deuda, la respuesta fue obvia: se fugó. Esa deuda, sin ser observada por el FMI, pasó a engrosar el capital que los ricos del país tienen en el exterior. Sin embargo, pretenden que lo pague el pueblo argentino sacrificando su vida.

La deuda con el FMI, que forma gran parte de la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos, es de 32.200 DEG [ii], unos 45.400 millones de dólares. El préstamo del FMI se hizo para condicionar al nuevo gobierno. Por ese motivo, el organismo no le hizo ninguna observación, aun sabiendo que esos dólares que ingresaban al país se fugaban. Podemos extender el razonamiento al acordar que el total de la deuda se pueda pagar en tres años como se le hizo firmar al gobierno de Cambiemos. El FMI no es una entelequia y es funcional a los países que son sus mayores aportantes y, con ello, a los capitales y capitalistas de esos países.

Por lo planteado se debe suspender la negociación con el FMI, como lo demuestra acabadamente el estudio “Formación de activos externos 2015-2019”, realizado por el Banco Central de la República Argentina. Allí se afirma que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los cien primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares. Por ende, se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirles: “Señores, ustedes no pagaron el impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron. ¿De dónde extrajeron esa suma?”, con lo cual, además de recuperar en parte esa deuda, se logra hacer un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. Se recuperaría gran parte de esos fondos y se amortizaría gran parte de la deuda con el organismo internacional.

En la nota “Los Cien de Macri” publicada el 24 de mayo de 2020 en El Cohete a la Luna, aparecen como los dos principales fugadores durante ese gobierno Telefónica Argentina S.A., con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía S.A., con 903,9 millones de dólares. En ambas empresas tiene participación accionaria el fondo de cobertura BlackRock que es, a la vez, nuestro principal acreedor, al poseer la mayor cantidad de títulos de deuda argentinos.

La disputa entre el ministro Martín Guzmán y el Subsecretario de Energía Federico Basualdo (cuando el primero quería aumentar las tarifas eléctricas un 30% y el segundo respondió que no existen razones económicas ni de costos para que eso suceda y que con un 7% de ajuste es más que suficiente), debe leerse porque el principal accionista de Transener S.A. –la concesionaria de servicio público que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino– es el grupo Pampa Energía. Esta sociedad está presidida por Marcelo Mindlin, tiene como uno de sus directores a Joe Lewis [iii] y es un grupo sobre el cual Larry Fink, CEO de BlackRock, reconoce tener fuerte participación.

Igualmente puede entenderse en la insistencia del gobierno nacional de proseguir con el decreto 949/2020 de volver a privatizar nuestro Río Paraná y extender la concesión de su balizamiento y dragado a empresas privadas. Como afirma el escritor Mempo Giardinelli: “El río Paraná tiene 20 puertos exportadores que no son territorio argentino, y no es una cuestión de patriotismo. Esos puertos tienen policía propia, tienen frontera propia, tienen acceso al exterior por vías absolutamente sin control y lo único que hacemos los argentinos es dragar el río. Pagamos el dragado para que ellos utilicen nuestro río en función de un comercio exterior del cual no tenemos la menor idea”. Los dueños de esos 20 puertos son ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfusy Glencore –las cinco con casa matriz en Estados Unidos– más COFCO, Aceitera General Deheza (asociada con Bunge en la Terminal 6 de Rosario, Santa Fe), y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).

Restricción externa

La Argentina pudo tener problemas de estrangulamiento del sector externo en algunos años del siglo XX por falta de ingresos genuinos, que se debían a una tasa sostenida de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual provocó que crecieran más las importaciones que las ventas al exterior. Pero eso no sucede en el siglo XXI. Si tomamos desde el año 2000 hasta el 2020 inclusive, las exportaciones superaron a las importaciones en 171.000 millones de dólares. Estas divisas se emplearon para pagar deuda y fugarla y eso explica que residentes argentinos tengan más de un PIB (unos 480.000 millones de dólares) en el exterior y que la deuda externa pública sea de de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019.

Los números son contundentes: un país en que los ricos tienen más de un PIB anual en el exterior no tiene un problema de ahorro o de falta de recursos, sino una clase empresaria rentista y parasitaria que no invierte lo suficiente y fuga capitales.

Reticencia inversora

Más allá de los indicadores que se empleen, se corrobora la afirmación del párrafo anterior. La elevada ganancia obtenida siempre ha superado a la inversión. Lo demuestra palpablemente la fuga de capitales.

Los grandes empresarios que operan en el país permanentemente contemplan la posibilidad de que la situación de ganancias extraordinarias se frene. Por esta razón, las inversiones están atadas fundamentalmente a la demanda de corto plazo, que por definición son limitadas y no implican cambios tecnológicos ni ampliación del capital. En un modelo extractivista agropecuario-exportador, la industria se reconvierte para ser funcional al modelo, o directamente se prioriza la inversión en la extracción o en la producción agropecuaria. Por lo tanto, se torna imprescindible para superar definitivamente dicha restricción que se genere otro modelo que acumule capital en base al trabajo y a la producción industrial. Para ello es necesario que se incremente y diversifique la sustitución de importaciones y la canasta exportadora con un sesgo a favor de la producción de bienes industriales no tradicionales y con mayor contenido tecnológico local, ya sean nuevos o aquellos que surgieran de internalizar procesos de la cadena productiva que actualmente se realizan en los países destino.

En el marco del modelo extractivista agropecuario-exportador, las pymes y micro empresas no tienen –y no pueden tener– capacidad de tejer una red productiva y distributiva independiente de las características antedichas de apropiación de rentas de los grandes empresarios, por lo que lejos está la posibilidad de constituir la mítica “burguesía nacional”.

El cuadro referido exige de un preponderante rol del Estado y de las políticas que debe llevar a cabo, principalmente la de sustitución de importaciones. También la de mejorar la composición de las exportaciones en sus dos aspectos: uno como fuente de demanda o incrementando la productividad global de la economía (que depende de un conjunto de características estructurales de nuestro país), y el otro, como proveedores de financiamiento por la vía de obtención de divisas o por permitir sustituir con producción local las importaciones (ahorro de divisas), con el objetivo de superar, definitivamente, la limitación que implica la falta ocasionada por la fuga.

En lo que respecta a los déficits estructurales, con sólo ver nuestra infraestructura (vial, ferroviaria, marítima, de aviación, de riego, de utilización de los ríos o de uso de los desechos químicos e industriales), se explica el peso negativo que tienen los mismos en la red de producción, distribución y calidad de vida de la población. Los sectores dominantes pretenden que todo el costo de invertir y modernizar la infraestructura del país esté a cargo del Estado y/o se pague con el bajo precio de nuestra mano de obra y de los productos de los pequeños y medianos empresarios, mientras ellos se dedican a beneficiarse de la diferencial entre los precios que fijan y los costos que pagan.

No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos. Sólo un Estado consciente, con un plan y con la participación de la población (a través de los canales y los instrumentos respectivos), puede ponerle los límites y obligarlos a cumplir las leyes, a la vez que debe ser capaz de conducir a una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Eso ha sucedido pocas veces en nuestro país. La mayoría de los gobiernos han sido impuestos por los grandes empresarios o funcionales y temerosos del poder económico.

En síntesis

Se necesita de un plan económico, de un Estado que lo lleve adelante y discipline a las grandes empresas y que se apoye en el pueblo: que lo convoque y que lo haga partícipe, para que seamos una República democrática y soberana.

 

 

[i] Sus ejes son: 1. Disciplina fiscal; 2. La inflación como parámetro central de la economía; 3. Prioridades en el gasto público; 4. Aumentar los ingresos tributarios; 5. Tasas de interés determinadas por el mercado; 6. Tipo de cambio; 7. Política comercial. La liberalización de las importaciones; 8. Favorecer la inversión extranjera Directa (IED). 9. Privatizaciones, que la empresa privada es más eficiente que la estatal. 10. Desregulación.
[ii] DEG es una moneda que nace de la canasta de monedas de los países miembros del FMI según su aporte a ese organismo. Actualmente se estima que 1 DEG = 1,41 dólares.
[iii] Joe Ted Lewis es un empresario inglés que vive en Lyford Cay, Bahamas. Se estima que su fortuna total ronda los 5.300 millones de dólares. Es la séptima persona más rica de Inglaterra y en el ranking de la revista Forbes figura en el puesto 277 entre los más ricos del mundo. En la Argentina tiene su estancia Hidden Lake que usufructúa el lago Escondido en la provincia de Río Negro.

 

 

Cambio de modelo

Sudamérica convulsiona: el dilema de los gobiernos progresistas

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Hace unos meses, desde esta columna describimos las tensiones que atravesaba nuestro continente. Conflictos preexistentes al virus, pero catalizados por éste al sincerar las profundas desigualdades acumuladas y la exigencia de un rol estatal potente para asegurar la provisión de bienes esenciales.

También enunciamos que las élites oligárquicas no vacilarían en producir rupturas en el estado de derecho si advertían que el orden vigente no les permitía conducir los destinos de sus países para preservar sus intereses en un mundo turbulento.

Álvaro García Linera, recientemente expresó que el retorno de los movimientos nacionales, populares y progresistas, que reaparecieron con inusitada vitalidad poniendo un freno a lo que parecía una década sellada de conservadurismo, ha asumido características más moderadas que las de principios de siglo.

No obstante, el intelectual y político boliviano advirtió que el golpe propinado a las oligarquías por esta rápida recuperación las había tornado más duras en sus posiciones y acentuado sus históricos rasgos antidemocráticos.

La descripción de este escenario obliga a reflexionar que la moderación de las corrientes populares es respondida entonces por la virulencia oligárquica, llevando el conflicto a todos los planos de la vida diaria, incluido el espacio público. Consecuentemente, es difícil pensar un discurrir democrático e institucional en este marco.

En los primeros quince años del siglo XXI, el liderazgo de los Gobiernos nacionales y populares descansó en el inicio en los países del litoral atlántico suramericano (Argentina-Brasil-Venezuela), que aglutinaron voluntades para rechazar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el 2005 y fundar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como bloque de integración continental que acumularía éxitos políticos y económicos a lo largo de una década.

Como contracara, un trío de países con costas en el océano Pacífico (Colombia-Perú-Chile) se destacaron por ser refractarios a la iniciativa UNASUR, consolidando acuerdos de libre-comercio extracontinente y promoviendo posturas políticas concordantes con la Organización de Estados Americanos (OEA), tributarias de líneas de acción impulsadas por los EE.UU.

Colombia, Perú y Chile tienen en común haber padecido largos ciclos de dictaduras y/o democracias restringidas por acuerdos superestructurales de las élites políticas, autonomizadas de las demandas populares, que impedían una vida institucional plena.

Se atribuye esta realidad a prolongados conflictos con formaciones guerrilleras en el caso de Colombia y Perú, o de haber experimentado un gobierno que intentó la transición al socialismo por una vía pacífica en el caso de Chile.

Estos hechos, que desembocaron en períodos de enfrentamiento y autoritarismo sangrientos, fueron hábilmente utilizados por la oligarquía para impedir el desarrollo de movimientos nacionales, populares y democráticos. Cualquier reclamo de masas valía el estigma del retorno a un pasado violento.

En Chile primero y ahora en Colombia se han producido sublevaciones sociales de alcance impreciso, pero que revelan la vocación de una generación de romper con el pasado de resignación a una estratificación rígida de la sociedad.

La respuesta de la oligarquía fue en ambos casos la violencia. Muertos y desaparecidos, razzias nocturnas, represión en las calles, constituyen el denominador común de la respuesta a los reclamos populares de colombianos y chilenos.

La OEA presidida por Luis Almagro organiza seminarios y hace declaraciones para preservar la intangibilidad de los jueces en la región, poder no votado y que vulnera con sus fallos la institucionalidad de los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Fallos que persiguen a líderes populares en el marco del denominado “lawfare” y/o entorpecen las decisiones de las administraciones electas por el voto popular.

En Perú, después de años de carecer de un gobierno votado en las urnas, el socialista popular Pedro Castillo ha llegado a la segunda vuelta electoral, enfrentando a la hija del dictador Fujimori. Castillo, de origen trabajador, profesor y dirigente sindical, ha generado expectativas en los sectores más humildes. “Ha llegado la hora de los cholos” manifiestan en el pueblo. La maquinaria de estigmatización mediática, propalación de “fake news” y presión internacional operan en estas horas en Perú.

Esta reversión en los países bañados por el Pacífico impacta en todo el continente y derrama tensiones hacia el Atlántico.

En Brasil se libra la batalla decisiva. El desmonte del andamiaje represivo judicial sobre Lula hasta ahora abre un camino de recuperación popular del gigante continental. El recorrido hasta las elecciones presidenciales del 2022 es largo y los riesgos de virulencia antidemocrática están presentes en forma constante.

Es difícil imaginar que se afirmen procesos populares en Suramérica sólo sustentados en un derrotero electoral y de vigencia institucional plena. El desafío que plantea la oligarquía es precisamente de desconocimiento frontal de la democracia.

La presencia en las calles, a pesar de la pandemia, para defender la Constitución y las Instituciones va a crecer como necesidad. El acto de la coalición peronista en Ensenada es sin duda la respuesta al avasallamiento de las decisiones del Gobierno constitucional perpetrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

https://www.eldestapeweb.com/politica/america-latina/sudamerica-convulsiona-el-dilema-de-los-gobiernos-progresistas-20215819034

 

 

Al gran pueblo argentino, salud 3

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FALLO DE LA CSJN ACERCA DE LA AUTONOMÍA DE CABA

  • Contexto: Quizá porque en apariencia las medidas implementadas por el gobierno nacional habían comenzado a dar resultado positivo, quizá por inconciencia, por irresponsabilidad o por inescrupulosidad. Quizá por deliberada (mala) voluntad política, quizá por un exceso casi naif de especulación teórica y retórica, quizá por añorar viejos desempeños como constituyentes, quizá porque sinceramente estaban convencidos de la necesidad y utilidad de dirimir y arrojar luz sobre el status constitucional de la CABA. O quizá simplemente por una mala mezcla de soberbia, desdén, oportunismo, revanchismo e ignorancia; váyase a saber las reales motivaciones. Pero en definitiva, ocurrió que los 4 jueces varones de la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn (CSJN) fallaron en contra del gobierno federal y a favor de la postura de la CABA. A priori, un dictamen judicial a pedir de boca de la derecha conservadora y los poderes fácticos concentrados. Escarbando un poco, aparecen matices en la interpretación de sus alcances, y cuestiones no resueltas, piolines deshilachados desflecándose al viento en la presentación gubernamental federal. La primera, por cierto, la ya mencionada controversia irresuelta acerca de la condición de cuasi provincia de la CABA. El fallo ha zanjado el asunto, de aquí en más, a efectos prácticos ha quedado convalidado y firme la capacidad homóloga a la de las provincias de la ciudad, en cuanto a las competencias jurisdiccionales, las facultades no delegadas y el grado de autonomía. No es poca cosa. La otra cuestión relevante, es el trasfondo de Federalismo Consensual que la CSJN sostiene e impulsa como elemento de convicción doctrinaria, abonando la tesis de la integración compleja de factores de poder representativos del pueblo por un lado, y de los territorios por el otro, condimentado por la idea de balances en el equilibrio de poder, fundado en el esquema de pesos y contrapesos que la Constitución Nacional (CN) plantea, incluyendo en este concepto el control difuso de constitucionalidad propio del Poder Judicial. Da la impresión que el planteo oficial fué un tanto crudo y endeble, frente a la sofisticación cortesana, máxime teniendo en cuenta que dos de los jueces (Maqueda y Rossati) fueron convencionales constituyentes en Santa Fe en 1.994, y habían participado activamente en los debates relativos a estas cuestiones (obsérvese que presentaron un voto unificado en el fallo de marras). Más allá de estas especulaciones, es presumible que el pronunciamiento de la CSJN haya sido pergeñado sobre la base de hipótesis optimistas; calculando una evolución favorable de la pandemia, atento los datos de los días previos al pronunciamiento. Pero la realidad, que suele ser tozudamente diferente de lo pretendido por los mortales, pareciera estar produciendo un notable giro del cuadro de situación. En efecto, el terrible agravamiento de la problemática asistencial en las últimas 48 horas, con la explosión de casos y de muertes, está empezando a dejar al descubierto en plena tormenta a Larreta y al resto del gobierno de la CABA; y en parte también, a los 4 magistrados. La única que salva las pilchas, es la jueza Highton de Nolasco, quien fue consecuente con su conducta previa y tuvo la integridad de mantener en soledad su postura en el sentido de no conceder competencia originaria de la CSJN a la CABA. De profundizarse aún más el desborde y adentrarnos de lleno en la catástrofe sanitaria, los autonomistas y libertarios del lunes, correrán el ominoso riesgo de realizar un viaje directo y sin escalas a ser considerados como los esbirros del mal, la personificación de la desolación, el sufrimiento y la muerte. En lo que parece ser una indeseada y cruel vuelta del destino, su deseada presunción de éxito está siendo reemplazada por la zozobra y crecientes temores de fracaso. Por supuesto, es terreno en disputa. Pero la novedad, es que el fallo de la CSJN, que a priori parecía vaciar de poder al gobierno y de contenido a la institucionalidad democrática, atento la marcha de los acontecimientos, está comenzando a posibilitar la presentación del gobierno federal como víctima de una conspiración, y como el protagonista inteligente y atinado de la saga, el que está ubicado en el lado correcto, en el lado bueno de las cosas. Por supuesto, esto deberá corroborarse, y además, los amariyos no lo regalarán. Pero, un partido que parecía perdido por partida doble, el del fallo en si mismo y el de la interpretación acerca del sentido de las bajas, resulta que ahora está en plena rediscusión. En términos futboleros, hemos vuelto al partido, y aquello que desde el principio de la pandemia era la cuenta que nos iba a matar, hoy, merced al fallo de la CSJN, pone potencialmente en el papel de villanos a los otros. En nuestras discusiones previas (Temas…1 y 2) ya habíamos señalado que en caso de evolución a la peoría de la pandemia, la jugada se le podía volver en contra a Larreta y su pandilla. Lo que supera toda imaginación posible, es la asombrosa celeridad con que se está produciendo dicha evolución, y la magnitud del daño que podría llegar a infligirle al proyecto presidencial del alcalde porteño. Increíblemente, la pandemia, la oposición y los señores jueces, le han hecho un regalo al gobierno: queriendo matarlo, han cometido el peor de los pecados políticos, por exceso propio, le han perdonado la vida. Estará en el mismo gobierno y en nosotros, la fuerza política que lo sostiene, aprovechar las circunstancias. Este trabajo apunta a colaborar con ello.
  • El concepto abordado: En los análisis precedentes, se ha destacado con suma claridad y acierto la fuertísima impronta política del fallo, su oportunismo e intencionalidad, y el aval concreto que implica a las posturas, imagen y capital simbólico del partido representativo de la derecha y de la alianza de parte de ciertos sectores de la “patria judicial”, con los sectores dominantes de la elite económica y mediática de la Rep. Argentina. En consecuencia, he optado por no redundar en tales conceptos, y me remito a los escritos de los compañeros. Va de suyo también, que por más que se mejore y potencie el discurso, no alcanzará a superarse el brete político, si no se vacuna en un plazo razonable a toda la población de riesgo, y si no se mejora la situación económica de los más humildes. Pero esas dos macrovariables, de influencia futura capital y eventualmente determinante, son objeto a tratar en otros trabajos, no en éste. En cambio, abordaremos aquí un aspecto que se debe manejar con solvencia, por su utilidad para dar la batalla por el significado, en las charlas y discusiones con la militancia, con nuestros simpatizantes, y con el conjunto del pueblo. Se trata del proceso de razonamiento y sistematización de ideas que llevan a sostener el disparate de la inocuidad de la presencialidad. Es importante entenderlo, para manejar con claridad y convicción la discusión con los compañeros y el pueblo. Y para que, llegado el caso que se verifiquen en la práctica las sombrías perspectivas sanitarias a que aludíamos en el contexto, se pueda facturar y machacar debidamente y sin contemplaciones sobre el mayúsculo yerro de la derecha.
  • La presencialidad y los contagios: Está muy en boga en la actualidad un argumento burdo, ramplón y propio de razonamientos sofistas, basados en falacias de generalización apresurada, indebida o infundada. En su versión de máxima, sostiene que está demostrado que los niños no contagian, y que muy particularmente, la presencialidad escolar no incide en la evolución de la curva de contagios. En su versión de mínima, sostiene que no está demostrado que los niños contagien, ni que la presencialidad escolar incida en la evolución de la curva de contagios. La postura de máxima es la empleada por Larreta y Soledad Acuña, la postura de mínima es la que, con un poquito de mayor prudencia, esboza Fernán Quirós, el deslucido ministro de salud del gobierno porteño. Señalaremos a continuación la naturaleza falaz de esas posturas.
  • Las falacias:

7.1.1– En la burbuja A de la escuela W no se hallaron niños con signosintomatología de COVID 19.

7.1.2– En la burbuja B de la escuela X no se hallaron niños con signosintomatología de COVID 19.

7.1.3– En la burbuja C de la escuela Y no se hallaron niños con signosintomatología de COVID 19.

7.1.n– En la burbuja N de la escuela Z no se hallaron niños con signosintomatología de COVID 19.

7.2- Primer falacia: Como no se hallaron niños con signosintomatología positiva, entonces no hay niños con COVID 19 en las burbujas citadas de las escuelas referidas.

7.3- Segunda falacia: Como no hay niños con COVID 19 en las escuelas, entonces no hay contagios a punto de partida de la escolaridad presencial.

7.4- Tercer falacia: Como no hay contagios a punto de partida de la escolaridad presencial, entonces la escolaridad presencial es segura; la gente se contagia en otro lado.

  • Premisa (falsa) de la que parte el gobierno de la CABA: La Primer Falacia. Explícitamente en la voz de su jefe de gobierno, Larreta, y su increíble ministra de educación y aprendiz de Heidi, Soledad Acuña: se toman como positivos los casos confirmados por laboratorio (PCR), a punto de partida de sospechas clínicas o de eventuales cadenas epidemiológicas. Pero resulta que, en caso de sospecha de cualquier índole, por un criterio de seguridad, el alumno debe ser excluido de la burbuja, luego, independientemente del resultado del examen complementario, que es concluyente si da positivo, pero no a la inversa, el período mínimo de restricción de 10 días deberá ser respetado. Luego y por definición, si el padre o responsable del niño avisa con antelación, ese alumno no circulará por la escuela, ergo, no será factor de contagio. Pero no porque si está no contagia, sino porque no está. Ahora bien, ocurre que la inmensa mayoría de los niños, cursan la infección de SARS-CoV-2 sin ningún tipo de manifestación clínica, de manera completamente silenciosa. En consecuencia, padres y docentes creen que los niños están sanos y libres del virus, cuando en realidad lo pueden estar difundiendo a mansalva. La única posibilidad de sortear ese escollo, sería practicar de manera sistemática hisopados todos los días a todos los niños en todos los cursos de todas las escuelas. Y así y todo, subsistiría el problema de los falsos negativos. Huelga decir que tal proceder, por invasivo y angustiante para alumnos y docentes, por la imposibilidad práctica para realizarlo sin afectar gravemente el desarrollo de las clases, y por el disparatado esfuerzo logístico y el costo económico que supondría, jamás ha sido implementado por ningún gobierno en ningún país. Conclusión, de ninguna manera existe la menor prueba de inocuidad de la presencialidad, no hay ninguna experiencia científica en tal sentido, y antes bien, toda la evidencia empírica internacional disponible, apunta para el otro lado, a señalar la relación directa de la apertura de escuelas con el incremento de casos, y el cierre con la disminución.
  • Premisas (falsas) con las que continúa el gobierno de CABA: Larreta y su gabinete, prosiguen su zafio sofisma, operacionalizando la suma de n casos de “ausencia” de casos positivos constatados, y, con un pase de magia típico de Macondo, lo transmutan en una “presencia” de casos negativos. Es decir, transforman el desconocimiento de eventuales positividades, (los falsos negativos sumados a los subclínicos sin sospechas), en un pretendido conocimiento de negatividades. Lo aberrante y falaz de ese estúpido razonamiento, es tan autoexplicativo que permite no extendernos en argumentación superflua. Todos los pibes que estén en la burbuja lo más campantes, sin temperatura y sin manifestaciones clínicas, podrían estar contagiados y ser fuente de contagio, sin que nadie lo sospeche. Y por supuesto, la conclusión también es falsa, cuando generalizan el razonamiento previo y concluyen que la presencialidad es segura. De nuevo, la ausencia de confirmación por laboratorio, solo permite decir eso y nada más que eso. Dado el problema de los falsos negativos y los casos subclínicos, la ausencia de positividades no indica nada. El único indicador válido es la positividad. Punto.
  • Premisa falsa de la supuesta paridad de argumentos opuestos: Larreta y sus acólitos, plantean también una estrafalaria tesis, haciendo hincapié en el hecho de la falta de evidencia cierta. Se refugian en esta atrabiliaria visión, para, acto seguido, exigir probanza científica de la contagiosidad en el marco de la presencialidad, invirtiendo la carga de la prueba, tal como está previsto en el planteo epistemológico de la falsabilidad en el conocimiento de origen científico (se prueba el error del aserto, no su verdad). Por supuesto, no hay ningún trabajo de investigación clínica al respecto, son imposibles fácticamente por razones bioéticas, y todos los trabajos son de revisión retrospectiva de información estadística. Pero además, cabe señalar que la argumentación inversa es perfectamente válida, no hay la menor prueba científica que pruebe la seguridad de la no contagiosidad de la presencialidad escolar. Y desde ya, ante la duda provocada por argumentos similares en sentido opuesto, corresponde tomar el camino de los cuidados, en otras palabras, la obligación de prevención primaria (promoción y protección de la salud personal y colectiva de quienes no están enfermos), que prevalece por sobre otros derechos, atento la imposibilidad de satisfacerlos de manera simultánea, coordinada y equilibrada. Esto amén de la información empírica seria y de fuentes confiables en sentido inverso ya citada.

 

  • Conclusiones: A la luz de lo expuesto, cabe concluir como conducta recomendable para el gobierno y el peronismo:
  • Diseñar y consolidar un discurso coherente y sólido, que señale con precisión las manifiestas debilidades argumentales de la derecha Larretista en la materia.
  • Atacar de lleno a los amariyos, responsabilizándolos del agravamiento de la pandemia y de las muertes evitables.
  • Aceptar el contenido jurídico del fallo, y ajustar la propuesta político sanitaria al nuevo encuadre que éste delimita.