¿Nunca han estado hartos de algo? Hartos, nivel no querer saber más nada de un tema o de una persona. Y pese al hartazgo, no poder desentenderte del tema o la persona así como así. Algo de eso me está pasando con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y los jueces de Comodoro Py. Básicamente no los aguanto más, pero siguen apareciéndose en mis asuntos al punto de tenerme harta de todo hartazgo.
En lo específico, señalo que a los jueces de Comodoro Py los tengo particularmente presentes en estos días, cuando se aproxima el homenaje que la Cancillería va a realizar en memoria de Héctor Timerman. Un voto para el lado de la justicia, aun cuando los responsables de su muerte siguen gozando de una impunidad que, si no me enojase tanto, podría poner en razonables palabras. Pero no puedo.
El lunes pasado leí las declaraciones de Ricardo Lorenzetti que con impudicia dijo que no había existido el lawfare en la Argentina y estallé en improperios mechados con carcajadas. Tengo fresca en las pupilas la foto de Lorenzetti con Claudio Bonadío y Sergio Moro. Y dos o tres preguntas para hacerle al miembro de la Corte Suprema. ¿Cuándo se hará responsable de haber impulsado la doctrina Irurzun, que todos sabemos —por haberlo leído en el magnifico libro de Irina Hauser, Rebelión en la Corte—, fue retomada por el propio Lorenzetti, que intentó imponerla en un voto de la Corte y ante el fracaso de su iniciativa, le pasó la idea al camarista Martin Irurzun, que la adoptó? Y como dicen los jesuitas con los que me formé (“en el pecado esta la penitencia”), pasó a la historia de las barbaridades judiciales con su nombre. También le preguntaría a Ricardo qué piensa de haber rechazado los recursos de Héctor Timerman aplicando el artículo 280, hoy que los dos jueces que dictaron la sentencia de reapertura de esa causa fueron denunciados por el fiscal Colombo, toda vez que al momento de dictar esa sentencia, tenían visitas secretas con Mauricio Macri, de las cuales no han dado explicaciones a la fecha ni siquiera a sus compañeros de la Cámara de Casación. Y ya que estamos contando las preguntas que le haríamos a Don Lorenzo, le preguntaría qué opina de haberse excusado por razones de decoro en la causa de espionaje cuya instrucción se realizó en Lomas de Zamora y no haber hecho lo mismo cuando Amado Boudou presentó las pruebas del espionaje del que fue víctima, tanto él como sus abogados, y que se obtuvieron en esa misma causa. Ojo que esta última pregunta no solo se la haría a Ricardo, sino a todos los miembros de la Corte, ya que todos se excusaron en una oportunidad y no en la otra. Y también le preguntaría a la Corte qué se siente haber sido parte a través de la DAJUDECO del sistema de escuchas ilegales más fabuloso que se haya conocido en democracia. ¿Tendrán ahora un retrato de Montesinos y Fujimori en sus despachos? ¿O la foto de Alan Ruiz —quien coordinaba las tropelías del grupo de los “Super Mario Bros” para la AFI de Macri— haciendo de cuenta que habla por el zapatófono?
A los jueces de Py les preguntaría si no les da vergüenza seguir compartiendo cosas con el multiprocesado y multisumariado fiscal Carlos Stornelli. Y también si no se mueren de ganas de que Hornos y Borinsky, junto con Llorens y Bertuzzi, expliquen sus reuniones con Macri y por qué aparecen agendados en los contactos del teléfono de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio. Y sin lugar a dudas les preguntaría también sobre su opinión respecto a las escuchas ilegales hechas en el penal de Ezeiza sobre personas que ellos enviaron allí en aplicación de la ya mencionada Doctrina Irurzun. Las tiene Martínez di Giorgi, y están las de los detenidos con sus abogados. Y quiero recordarles que eso vulnera el derecho a Defensa –no lo digo yo, lo dijo la Corte— y son ustedes, señores jueces de Py, los que llevaron adelante esos procesos con arrepentidos amañados y en violación del debido proceso.
A María Eugenia le pediría explicaciones sobre lo que sucedió con los aportantes truchos para las elecciones de medio término en el año 2017. Acaba de salir el fallo del Juzgado electoral de la Plata donde expresamente se señala “I) DESAPROBAR los Informes Finales de recursos y gastos de campaña de la alianza Cambiemos Buenos Aires de este distrito, para la elección primaria del 13 de agosto de 2017, correspondientes a las categorías de Diputados Nacional y Senadores Nacionales.
II) SANCIONAR a los partidos que conformaron la alianza con las multas que a continuación se detallan (cf. artículos 37, segundo párrafo de la ley 26.571 y artículos 58 y 67 primer párrafo de la ley 26.215).
VI) EXTRAER TESTIMONIOS de lo obrado en este expediente e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 duovicies del Código Electoral Nacional, y en el acápite V de los considerandos”.
Porque en esa misma sentencia se expresa que “IV.b.6, en definitiva, 1) se pudieron constatar —al menos— 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación; 2) se constató que la agrupación libró recibos a favor de dichas personas, que incluían datos personales como CUIL y dirección, y fueron presentados en este tribunal; 3) muchas de las personas que negaron haber realizado voluminosos aportes eran beneficiarios de planes sociales —como Asignación Universal por Hijo, Plan Hogar (garrafa a precio subsidiado), monotributo social, trabajaban para el gobierno de la САВА o eran monotributistas cuyo aporte excedía su límite de facturación mensual; 4) la agrupación realizó tres rectificaciones masivas, donde excluyó a más de 1.400 aportantes, e incluyó más de 300 nuevos aportantes; 5) la agrupación no brindó ninguna explicación de cuáles fueron los errores que llevaron a realizar dichas rectificaciones, no explicó quiénes fueron los responsables de dichos errores, cómo se produjeron, en qué momento se detectaron, por qué ocurrieron, cuáles fueron las bases de datos involucradas, etc.; 6) la agrupación tampoco anuló los recibos de los aportantes excluidos; 7) excluyó a personas que habían ratificado el aporte; 8) se verificaron irregularidades en algunas de las personas que ratificaron el aporte, como, por ejemplo, el hecho de que quienes ratificaron el aporte lo hicieron varios años después de presentados los informes contables, y 9) se constataron diversos casos que, a criterio del perito, constituyen aportes indirectos prohibidos, ya que se vinculaban con personas pertenecientes a una misma empresa, con cargos jerárquicos, y que aportaban exactamente el mismo monto dinerario».
«Frente a este panorama, la solución que corresponde dar al caso es la de desaprobar los informes finales presentados por la alianza Cambiemos Buenos Aires, pues, como ya fue sostenido, las numerosas irregularidades que fueron observadas desde un principio por el auditor contador Nicolás A. Haddad no han sido subsanadas por los partidos políticos que integran la alianza y, en esa medida, no se pudieron tener por acreditados el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”.
Sobre ese fallo, le preguntaría a la ex Heidi y a la denunciadora serial de Graciela Ocaña, también.
Pero al “Hada Buena” también le preguntaría sobre la Gestapo que añoraba su ministro de trabajo, Marcelo Villegas, el video que vimos todos. Y con qué cara, luego de exhibido ese video, salió a autopublicitarse con un cartel de recuerdo del “we remember” del holocausto judío. Y también le preguntaría sobre las frecuentes y probadas visitas de sus funcionarios a la AFI de Mauricio Macri. Y esperaría mejores y más solidas respuestas que las que recibieron en La Nación+ y sobre todo que las que recibió Jorge Rial en la entrevista que le hizo hace unos días, que fue la-men-ta-ble. No existe otra palabra para calificar el nivel ínfimo de las respuestas de María Eugenia. Y ni hablar de preguntarle la opinión sobre el cableado ilegal de la cárcel de Melchor Romero, que organizó un funcionario de su gobierno, Juan Baric, que dependía de Gustavo Ferrari. Las conversaciones entre ese funcionario y la directora del Penal están grabadas y aportadas en Tribunales. Y por cierto le preguntaría también qué opina respecto a que el otrora cableador de cárceles de Juan Baric sea hoy juez con competencia electoral en La Pampa.
También quisiera preguntarle sobre Conte Grand. Qué opina sobre que haya sido usuario de un teléfono encriptado —así como la misma María Eugenia lo fue— y si podría explicar por qué la versión que proporcionó Conte Grand resultó falsa, conforme lo manifestado por la DAJUDECO, que contradice de plano lo que Conte Grand declaró al respecto— y por qué ella era la única gobernadora del país en recibir un teléfono encriptado.
Y qué nos podría decir “Mariu” sobre las bases de la AFI en la provincia, que conforme contaron quienes las operaban, ella misma diseñó. Y sobre la vinculación de funcionarios de su gobierno como Salvai –ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires— y Alex Campbell –diputado bonaerense por Cambiemos— con personas que se dedicaban al espionaje ilegal.
Como ven, tengo un cúmulo de preguntas para María Eugenia Vidal.
Para Macri podría desarrollar varias líneas de interrogación, totalmente inútiles, por cierto, porque descarto que va decir cualquier cosa, como suele hacer. Pero sí tengo una que me importa a título personal. ¿Cómo carajo hace para mirar a su hermana Florencia Macri a los ojos, después de que se hizo público que la AFI de su gobierno la espiaba? ¿Y cómo se atreve a mirar siquiera a los familiares de las víctimas del ARA San Juan? A quienes, conforme determinó el Poder Judicial –el de Dolores, claro, no el de Comodoro Py—, el ex Presidente ordenó espiar.
Todas estas preguntas que no obtienen respuesta, la reiteración hasta la náusea de los nombres y las maniobras ilegales —todas realizadas bajo un mismo signo político— y la proliferación de pruebas junto con jueces muy ocupados de no verlas o lo que es peor, encubrirlas, es la causa de mi hartazgo. Y también debería ser causa de molestia para muchos en este país. Porque, ¿saben algo? Esos hechos de inteligencia ilegal, esas formas espurias de financiar las campañas políticas, esas maniobras judiciales para encubrir y esos hechos de violación sistemática del Estado de Derecho son IN-COM-PA-TI-BLES con la democracia, con la ley y con cualquier proyecto de país mínimamente sustentable.
