Entre el martes y el jueves pasado se llevaron a cabo las audiencias no vinculantes para discutir las tarifas del gas en redes y de la energía eléctrica. No obstante, como trascendió por medios periodísticos, el Presidente Alberto Fernández aseveró desde su gira en Europa que el valor de las tarifas “es una decisión que ya tomamos”. “Es una decisión política. Quien no puede tomarla, no puede seguir en el gobierno. En esto decido yo”, sentenció.

Los encuentros se desarrollaron en modalidad virtual y fueron presididos por subsecretarios del área. En el caso del gas, tuvo lugar el martes 10, coordinado por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) –es decir, de un 21,3%– y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio –por ende, del orden del 42,7%–, teniendo en cuenta que el CVS fue del 53,4% en 2021.

Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, “no correspondería, en el caso de los beneficiarios de la tarifa social, hacer ninguna corrección”. En referencia a quienes no cuentan con ese beneficio, los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%. La subsecretaria señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés). De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar (en el año 2020, el precio del millón del BTU era de 2,40 dólares). El Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural, con porcentajes mayores en los meses de invierno.

Previo a la audiencia del miércoles 11 sobre las tarifas eléctricas, el gobierno fijó nuevas tarifas medias de Edenor y Edesur. Se estableció para el trimestre mayo-julio una tarifa media para Edenor de $7,070 por kilovatio/hora y para Edesur de $7,093 kw/h, lo que representa un incremento del 29,67% y del 32,28% de los niveles vigentes desde el 1° de febrero último, respectivamente. Y en la audiencia del 11 de mayo, el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, informó que el incremento de la factura final del servicio de energía eléctrica para todo el 2022 será de 42,72% para los usuarios que no tengan tarifa social y de 21,27% para aquellos que dispongan de ese beneficio.

Más allá de lo discutible de los guarismos y porcentajes que anunciaron los funcionarios, lo cierto es que –como lo plantearon la mayoría de los expositores– antes del ajuste de las tarifas se debería revisar y publicar el costo de extracción y distribución del gas en redes y de la energía eléctrica, que no tiene razón alguna para que no se sepa. Todo se basa en precios internacionales que, obviamente, no son equivalentes al costo en nuestro país. No se subsidia al usuario, sino a las empresas energéticas que fijan el precio.

Precios, subsidios, tarifas

En el caso del gas en redes, a partir de 1992 –cuando se sancionó la ley 24.076–, la industria del gas natural se divide en tres segmentos: producción, transporte y distribución.

Las empresas que participan en la etapa de extracción de gas son: YPF, Total Austral (Multinacional de origen francés), Pan American Energy (del grupo Bulgheroni y de la British Petroleum [1]), Petrobras (Brasil), Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol (del grupo Techint), Apache y Chevron (las dos últimas, de Estados Unidos). El transporte y la distribución de gas por redes son servicios públicos que están concesionados a empresas privadas. El que las “controla” es el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS). El transporte es llevado a cabo por Transportadora General del Norte (TGN), de Techint y Eduardo Eurnekián, y por Transportadora General del Sur (TGS), de Pampa Energía (BlackRock, Marcelo Mindlin, Joseph Lewis y participación de las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país [2]. Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA, las cuales se encargan de distribuir el gas a lo largo del país.

Tras la crisis de 2001, a partir de la ley de emergencia económica (enero de 2002), se pesificaron las tarifas de transporte y distribución y del gas en boca de pozo. Primero Eduardo Duhalde y luego Néstor Kirchner no ajustaron las tarifas para intentar evitar una escalada inflacionaria post-devaluación de 2002, a pesar de lo pactado en los convenios de privatización. Durante la década pasada, las empresas petroleras y gasíferas aumentaron la extracción, reduciendo la inversión en exploración y el mantenimiento de pozos. Esto generó baja de la producción y de la exportación. El gobierno de los Kirchner les concedió programas como “Petróleo Plus”, “Refinación Plus” y “Gas Plus” para incentivar la exploración, la explotación y aumentar la producción de combustibles.

Un informe de la consultora KPMG estima que la producción de gas natural se desplomó desde 51.000 millones de metros cúbicos en 2005 a 38.000 millones en 2015, una caída del 26%. En 2011, el consumo interno superaba la producción en aproximadamente 600 millones de metros cúbicos, monto que fue subiendo hasta alcanzar en 2015 un déficit de 8.000 millones.

Los subsidios se canalizaban a través de Enarsa, que se encargaba de comprar el gas importado para abastecer el mercado interno. Según datos de KPMG, el 29% de las transferencias se destinaba a esto. En 2015, con un país en crecimiento, se importó energía por un valor aproximado de 6.000 millones de dólares y el déficit comercial se estimó en 3.000 millones de dólares. La importación de energía significó el 15% de las importaciones totales nacionales.

Ni bien asumió, el gobierno de Mauricio Macri aplicó una política de shock y aumentó exponencialmente las tarifas, por lo que en la Argentina se abonaba uno de los precios de gas en boca de pozo más caros del planeta (sino el más caro). El gobierno de Cambiemos aceptó revisar los aumentos de tarifas, aunque limitándolo solamente al gas, cuyo pico de consumo de invierno podría pagarse en dos o tres trimestres, con intereses que llegaron a ser hasta una tasa del 89% anual.

En el caso de la electricidad, el ENRE y los reguladores provinciales fijan las tarifas y supervisan que los agentes de transmisión y distribución regulados cumplan con las normas de seguridad, calidad, técnicas y ambientales. CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) administra el mercado eléctrico mayorista. Sus principales funciones incluyen la operación y despacho de la generación y el cálculo de precios en el mercado spot, la operación en tiempo real del sistema eléctrico y la administración de las operaciones comerciales en el mercado eléctrico.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), creado en 1960, tiene entre sus tareas asesorar a los gobiernos nacional y provinciales en asuntos relacionados con la industria de la energía, servicios de energía públicos y privados, prioridades en la ejecución de nuevos proyectos y estudios, concesiones y autorizaciones y tarifas y precios de la electricidad. También asesora sobre modificaciones en la legislación del sector energético.

La generación es producida por compañías privadas y estatales. La parte en poder público corresponde a la generación nuclear y a las dos plantas hidroeléctricas binacionales: Yacyretá (Argentina-Paraguay) y Salto Grande (Argentina-Uruguay). El sector de la generación está altamente fragmentado, con más de diez grandes compañías, todas por debajo del 15% de la capacidad total del sistema. Los generadores de electricidad la venden en el mercado mayorista, operado por CAMMESA. En transporte, desde 2012 todo el país se encuentra conectado al Sistema Interconectado Nacional (SADI), asignado a CAMMESA. Las empresas que lo realizan son Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión), que es la mayor transportadora eléctrica del país (11.355 kilómetros en líneas de 500 Kv y 220 Kv), controlada por Pampa Energía; Transnoa S.A. (4.181 kilómetros en un rango entre 132 kV y 400 kV); Transnea S.A. (1.465 kilómetros en líneas de 33 Kv, 132 Kv y 220 kV); Transpa S.A. (2.211 kilómetros en líneas de 330 Kv y 132 Kv); y Distrocuyo S.A. (1.245 kilómetros en líneas de 132 kV y 220 kV). En el sector de la distribución, Edenor (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte, vendida por Pampa Energía al grupo Vilas-Manzano-Filiberti); Edesur (Electricidad Distribuidora Sur, controlada por la estatal italiana ENEL); y Edelap (Empresa de Electricidad de La Plata, Grupo Rogelio Pagano [3]) dominan el 75% del mercado. Las empresas distribuidoras importantes a nivel provincial son:

• Provinciales públicas: SECHEEP, en la provincia del Chaco; EPE (Empresa Provincial de la Energía, de la provincia de Santa Fe); EPEC (Empresa Provincial de Energía de la provincia de Córdoba) y S.P.S.E (Servicios Públicos Sociedad del Estado), en la provincia de Santa Cruz.
• Provinciales privadas: ESJ (Energía San Juan); EDET (Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán); EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte); EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica); EDES (Empresa Distribuidora de Energía Sur); EJE S.A. (Empresa Jujeña de Energía) y EDEMSA (Empresa distribuidora de energía eléctrica mendocina sociedad anónima).

A abril de 2022, Edenor y Edesur le deben a CAMMESA –en aproximadamente, partes iguales– más de $200.000 millones (en pesos, equivalente a 1.700 millones de dólares). Recordemos que en los cuatro años de gestión de Cambiemos, el precio que más creció fue el de la energía eléctrica, que según el INDEC lo hizo en un 764,1% contra una inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de 272,8%.

Finalmente, en 2021 el total de subsidio a la energía fue de 2,9% del PIB (en pesos, equivalente a unos 12.000 millones de dólares). Se infiere que con los altos precios internacionales, y al igualarse las tarifas locales a los mismos, el subsidio debe ser mayor. Eso entra en colisión con un plan de ajuste fiscal para cumplir la meta del déficit primario acordado con el FMI, que deberá ser de 2,5% en 2022, con un gradual descenso a 1,9% (2023), 0,9% (2024) y 0% (2025).

En síntesis

El Estado nacional, al no determinar el costo de la producción, generación y distribución del gas en redes y de la energía eléctrica, no subsidia a la población, sino que le garantiza una renta extraordinaria a los distintos grupos económicos –nacionales y extranjeros– que han cartelizado a un sector clave para el desarrollo de un país y para el bienestar de sus habitantes.

[1] Estas tres empresas representan el 75% de la producción de gas. Recordemos que la British Petroleum explota nuestro petróleo y gas en las Islas Malvinas, autorizada por el gobierno inglés.

[2] La Argentina cuenta con diecinueve cuencas sedimentarias, de las cuales cinco (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral) producen actualmente hidrocarburos. En la totalidad de estas cuencas, hay aproximadamente 374 millones de metros cúbicos de petróleo y 315.000 millones de metros cúbicos de gas.

[3] Rogelio Pagano encabeza DESA, que controla Edesa (Provincia de Salta) y Eden, Edes, Edea y Edelap en la Provincia de Buenos Aires. Durante varias décadas, se desempeñó como ejecutivo en diferentes bancos (Deutsche Morgan Grenfell en la Argentina, Citibank y Bank of América). En 2002 fue contratado por Mindlin para desempeñarse como ejecutivo del Fondo Dol­phin. En agosto de 2014, Pagano se independizó e inscribió en el Registro Público de Comercio a la empresa Desarrolladora Energética S.A. (DESA).

Decisiones sobre las tarifas

Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República Argentina, la deuda externa rondaba los 43.600 millones de dólares. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, impulsó –por un lado– la investigación sobre el origen de la deuda y –por el otro– un acuerdo de los países deudores de la región para negociar globalmente la misma, los cuales se encontraron en las ciudades de Cartagena y de Mar del Plata en 1984. La iniciativa no prosperó, porque los gobiernos de Brasil y México cedieron ante la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptaron negociar por país.

El 18 de febrero de 1985, tras un violento cambio de palabras en su despacho del ministerio, Grinspun le exigió que se retire al representante del FMI, Joaquín Ferrán. Al día siguiente, Alfonsín le pidió la renuncia y asumió en su reemplazo Juan Vital Sourrouille.

En marzo de 1985, el secretario de Hacienda, Norberto Bertaina –uno de los pocos sobrevivientes de la gestión Grinspun, que se quedó en funciones por su pedido expreso– debió subir hasta el 5° piso del Ministerio de Economía, donde el ministro Sourrouille le pidió que llevara los números del Presupuesto de la Administración Nacional al FMI. Bertaina respondió que eso no era posible porque no había sido remitido al Congreso de la Nación, única autoridad para ver el Presupuesto. Esa digna y constitucional actitud le costó dejar el cargo. Fue sucedido por Mario Brodersohn, a quien además le atribuyeron el rol de jefe de Negociación de la deuda externa.

En 1985 el Estado argentino continuaba técnicamente en default, ya que sólo pagaba los servicios de la deuda en forma parcial, dado que los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses que la misma devengaba. El flujo de capital se había interrumpido con la Guerra de Malvinas en 1982, por lo que la deuda seguía creciendo ante la acumulación de los intereses impagos. Sólo se podían refinanciar los vencimientos y el pago parcial de intereses con la autorización del FMI: esa es la razón por la que se instrumentó el llamado Plan Austral, un plan de ajuste que buscaba reducir el consumo y el nivel de actividad interno para disminuir las importaciones y apuntalar las exportaciones. El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (austral por peso).

Con fecha 1° de julio de 1985, mediante los comunicados A-695, A-696 y A-697, se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar –a los que la gestión Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos– por “Obligaciones del Banco Central de la República Argentina”. Esto fue reconocido en el libro El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis de balanza de pagos: la moratoria argentina 1988-89, firmado por José Luis Machinea y Juan Fernando Sommer [1], donde dicen textualmente:

“La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83% en 1985”. Así se legitimó la deuda externa, al cambiar los títulos firmado por funcionarios de la dictadura por nuevos del gobierno constitucional de Alfonsín.

Durante los años 1985-1988, el pago de intereses de la deuda fue por la totalidad del superávit comercial del período (unos 8.500 millones de dólares). Sin embargo, la deuda externa pública nacional creció hasta los 63.200 millones de dólares al final de 1988 porque los intereses superaron ampliamente a los pagos.

El Plan Austral se basó en el deterioro salarial y de las jubilaciones y pensiones, en la reducción de la planta de trabajadores estatales, la posibilidad de privatizar, la disminución del gasto y la obra pública y el aumento de la presión tributaria sobre la población. De esa forma, el gasto público descendió de 29,2% del PIB en 1984 a 22,8% en 1988. Esa disminución pretendió continuar, hasta que en 1989 eclosionó.

El 6 de febrero de 1989, Machinea, como presidente del BCRA, reconoció que no podía vender un solo dólar más, lo que provocó la hiperdevaluación. El valor del dólar pasó de 17,62 australes a 650 australes cuando Carlos Menem asumió la presidencia de la República el 9 de julio de 1989; luego siguió aumentando hasta equivaler 10.000 australes el 1° de abril de 1991 (fecha de inicio del Plan de Convertibilidad). Según el INDEC, la inflación –hiperinflación– fue de 3.079,5% anual para ese 1989 [2].

Nicolás Maquiavelo construye su doctrina, que nace de la “experiencia de las cosas modernas” y la “lección de las cosas antiguas”, en una concepción cíclica de la historia. Lo que sucede con el gobierno de Alberto Fernández, en su inicio y ahora, parece darle la razón.

En efecto, el actual gobierno comenzó con un discurso enérgico de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del 1° de marzo de 2020. Fue cuando dijo que iba a hacer investigar la deuda hasta las últimas instancias y le solicitó al BCRA que hiciera un informe sobre la misma. Rápidamente se le requirió a los bancos quiénes y cuándo compraron divisas durante los años 2016-2019 y el BCRA lo publicó el 20 de mayo de 2020. Allí constaba que casi ocho millones de personas físicas y jurídicas (sociedades) adquirieron 86.200 millones de dólares. Los 100 primeros –que son empresas– habían comprado 24.769 millones de dólares en ese lapso.

Los bancos y sus clientes que compraron el dinero extranjero deben haber pensado que jamás le iban a pedir esa información. Pero resulta que dos largos años más tarde, pese a que la AFIP sabe que ninguna de esas 100 empresas pagó impuestos a las ganancias por el monto que compraron divisas, y si bien es cierto que el gobierno de Mauricio Macri fue flexibilizando los límites de compra para no poner ninguno, lo cierto es que los compradores de divisas deben demostrar fehacientemente el origen de los recursos por la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos que data del año 2000. Todas las empresas que conforman el lote de las 100 primeras compradoras por un total de 24.769 millones de dólares en el transcurso de la gestión de Cambiemos cotizan en Bolsa y, por ende, deben presentar sus estados contables de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF), amén de las normas impositivas del país.

Es más: existe un cuadro de Flujo de Fondos (generalmente denominado “Estado de Flujos de Efectivos Consolidados”), que debe hacer constar el aumento neto en el efectivo y en el equivalente de efectivos, que es donde se contabiliza la compra de divisas por la empresa. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera y de allí se obtiene la información de cuántos dólares se adquirió en el ejercicio fiscal.

Observando las Memorias y Balances de esas 100 empresas para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, ninguna contabiliza haber adquirido los dólares que aparecen comprando en el Mercado Libre de Cambio; operaciones que constan en los bancos que se los vendieron.

La AFIP debería haber llamado a los administradores de esas empresas y obligarles a “abrir el balance” para que justifiquen la operatoria y multarlas por evasión fiscal. Que se sepa, si lo hizo o lo hace, no se publicó nada al respecto.

Lo mismo pasa con la deuda pública. Imposibilitado de tomar créditos en el exterior, el gobierno afrontó la lucha contra la pandemia de Covid-19 gracias al sacrificio de su personal de salud y de asistencia a la población. El costo fiscal fue enorme: hubo que reconvertir hospitales, equiparlos, etc., etc. De manera tal que el déficit primario de la Administración Nacional (se excluye el pago de intereses de la deuda) fue del 6,37% del PIB (es en pesos, pero equivalente a unos 25.000 millones de dólares).

Por Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario se lograron recaudar 204.640 millones de pesos (equivalente a unos 2.000 millones de dólares) [3]. Lo demás fue financiado por el BCRA y colocando títulos del Tesoro de la Nación de deuda pública de corto plazo, ajustado por inflación (que es la mayoría de esas colocaciones) y por dólar linked (es en pesos, pero se ajusta por el valor oficial del dólar), deuda que ha generado una burbuja especulativa que representa al día de hoy al 14,5% del PIB (en pesos, equivalente a unos 60.000 millones de dólares). Es prácticamente el 58% del gasto presupuestario anual de la Administración Nacional, con el agravante del ajuste que no es controlado por el gobierno (inflación y precio del dólar).

Con el pasivo financiero del BCRA sucede igual: finalizó el último día hábil de abril y la suma de Pases Pasivos, LELIQs (Letras de Liquidez) y Notaliq (Notas de Liquidez) supera los 4,4 billones de pesos (en pesos, equivalente a 36.500 millones de dólares), que devenga un interés nominal anual promedio del 47% anual. Sin embargo, como mayoritariamente se trata de LELIQs a 7 días (que se capitaliza), la tasa efectiva anual ronda el 58%, por lo que la deuda crece en forma exponencial.

Las exigencias del Fondo

En medio de ese desmadre de las cuentas públicas y del BCRA, con dos burbujas financieras que crecen sostenidamente, y en un marco de niveles de pobreza alarmantes y una economía que redistribuye regresivamente el ingreso, el gobierno acuerda con el FMI y se compromete a lograr incrementar las reservas internacionales del BCRA en 15.000 millones de dólares entre 2022 y 2024. Para ello, la meta es acrecentar las reservas en 5.800 millones de dólares este año, 4.000 millones en 2023 y los 5.200 millones de dólares restantes en 2024.

Si en 2020 y 2021, los dos años completos transcurridos que se obtuvo superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) en 27.278 millones de dólares, las reservas internacionales del BCRA descendieron 5.615 millones de dólares (eran de 45.190 millones de dólares al 30 de diciembre de 2019 y fueron 39.575 millones de dólares dos años más tarde): ¿cómo es posible pensar que se puede acumular dichas reservas?

El gobierno y el FMI no lo ven por el lado de limitar severamente el pago de intereses y capital de la deuda externa privada [4], que según informó el ministro de Economía, Martín Guzmán, a los gobernadores en la reunión del 5 de enero 2022, se les vendió las divisas al valor oficial (sin límite y sin ningún gravamen a pagar) por 9.300 millones de dólares. Tampoco por el de limitar los adelantos a las importaciones y por el de nada que sea condicionante para esas empresas que, mayoritariamente, son las mismas que figuran entre los grandes compradores de divisas durante la gestión de Cambiemos y en todos los tiempos, al menos desde la dictadura militar a la fecha.

Lo que propone el FMI es acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, de manera tal que abarate para el exterior (medido en divisas) nuestros productos, activos y trabajo y, al revés, que sea cada vez más caro importar bienes o servicios. Esto es: proponen maximizar el superávit comercial para que se acreciente sideralmente.

Nuestro país no tiene un problema con el tipo de cambio. De hecho, el valor del dólar oficial en torno a los 120 pesos –como está durante estos primeros días de mayo–, es sumamente competitivo (lo explica el importante superávit comercial) y es semejante al valor promedio de 2002, tras la brutal devaluación por la ruptura de la paridad fija de uno a uno y la convertibilidad de nuestra moneda.

Se devalúa para pagar una deuda espuria y tomada a espalda del pueblo argentino, que fue fugada por una minoría parásita y rentista y que debería ser investigada y penada por tal hecho. La devaluación creciente implica una inflación creciente, dado que ambas se retroalimentan. La suba del tipo de cambio encarece los alimentos, reduce el salario real, las jubilaciones y pensiones (dado que no se incrementan en la misma proporción), por lo que existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del salario, jubilaciones y pensiones.

Si el dólar sube, el salario real y las jubilaciones y pensiones se caen. Más del 70% de lo que se produce va al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva de la población) y al exterior se vende básicamente lo mismo que se consume (consumimos relativamente poca soja, pero la soja reemplaza a otros cultivos y a la cría de animales, incrementando su precio por dejarle menor hectáreas de tierras y no las mejores). Por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menores que en Brasil, se entra en una economía cada vez más dualizada, una minoría que se integra vía exportaciones y una mayoría que se encuentra en una situación cada vez peor, que incluso traspasa los límites de la subsistencia.

Propuesta

Es obvio que seguir el camino del FMI implica subordinarse a un modelo extractivista, agropecuario y exportador que no puede contener a 46 millones de personas. La experiencia vivida con el gobierno de Raúl Alfonsín debería servir de ejemplo de lo que va a pasar.

El FMI va a presionar en un constante tire y afloje durante este 2022. Incluso, va a otorgar los waiver (exenciones) que sean necesarios, pero en 2023 –que es un año electoral por un nuevo mandato– va a jugar fuerte y le va a soltar la mano a Guzmán (como se la soltó a Sourrouille y su equipo en 1989 o a Domingo Felipe Cavallo en 2001), para que el nuevo gobierno se le subordine integralmente.

En 1989 vino el menemismo y todo lo que ello significa, pero la crisis del año 2001 le salió mal; no contaron con un gobierno nacional y popular como fue el de Néstor Kirchner.

[1] Presidente y director del BCRA durante la gestión de Juan Sourrouille.

[2] Que se frenó por la aplicación de las leyes de Reforma Administrativa del Estado y de Emergencia Económica, que permitieron las privatizaciones de las principales empresas públicas.

[3] La mayor parte de la recaudación la aportó el 2,7% de los 9.298 contribuyentes alcanzados por la ley.

[4] Según las últimas estadísticas oficiales, el stock de deuda externa privada asciende a 80.237 millones de dólares, de los cuales se reparten casi en partes iguales en deuda financiera (42.141 millones de dólares) y deuda comercial (38.096 millones de dólares).

Atarse al FMI

La economía argentina había logrado en la gestión de los Kirchner reencauzar su camino para apuntalar el mercado interno, impulsar el consumo, proteger el trabajo y, la producción nacional. Mientras que en los años 2001 y 2002  la tasa de inversión interna bruta fija era del 11% del PIB, en el 2007 superó el 23%  y  la inversión pública creció a tasas anuales superiores al 50%. Ya en 2006 el porcentaje del PIB en inversión pública fue el más alto desde 1974.

El problema era en cómo hacer para aumentar el poder de compra de los asalariados, sin arriesgar el incremento de la competitividad logrado con la devaluación a la salida de la convertibilidad, creando una baja en el costo laboral medido en moneda dura.  Para ello, el Gobierno desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso de negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresariales en el Consejo del Salario, por un lado y, por otra parte, al aplicar altos derechos de exportación (retenciones) a los alimentos generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones el precio de los alimentos en el mercado interno.

Kirchner relacionaba férreamente la obtención de ingresos fiscales por los Derechos de Exportación (Retenciones) con el subsidio energético, máxime que había congelado las tarifas energéticas, de comunicaciones y de transporte (en base a lo que habían ganado las empresas prestadoras de esos servicios en los años de la convertibilidad que cobraban  tarifas abusivas en pesos pero con un dólar 1 a 1). En pleno auge del modelo kirchnerista, año 2007, los subsidios a la energía y al transporte fueron de $ 14.600 millones  (a un dólar promedio de $ 3,10 de esa época significaban  4.700 millones de dólares) y ese fue el importe obtenido por las retenciones.  La idea y disciplina de Kirchner era que se apuntalaba a los hogares y a las industrias con el total del ingreso por retenciones y ese era, a su vez, el límite del subsidio.

El merito indudable de la política económica de los Kirchner fue generar, en el marco de una economía devastada por el liberalismo más acérrimo y el capitalismo salvaje, un modelo de producción y distribución en base al mercado interno, con lo que por un lado se superó el modelo de valorización financiera del capital e integración financiera a los mercados internacionales (en desmedro del mercado y la producción interna) implantado por la dictadura militar, y por el otro, permitió concebir un patrón de crecimiento que apuntaba a profundizar medidas y planes a favor de las economías regionales, de las PYMES, y del empleo y de los salarios.

El retorno a la integración al exterior

En cambio, la lógica económica en el gobierno de Cambiemos fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquirieran las divisas y las fugaran.

El gobierno de Macri solamente podía superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y ofreciendo pingües negocios al capital más concentrado. En ese marco no pueden existir proyectos de inversión productiva,  se prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que  condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa.

Era claro el fracaso del modelo económico y social generado por el gobierno de Cambiemos, el mismo staff del FMI aseveraba en octubre de 2018: “El riesgo de la dinámica propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que, en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá”.

Asume el gobierno Alberto Fernández y se auto impuso mediante la Ley 27.541 de Emergencia Económica publicada en el Boletín Oficial del  23 de diciembre de 2019, severos limites a los derechos de exportación.  La ley fue de emergencia de todo pero no cambiaria, reproduciendo la retroalimentación entre la suba de  los precios y del dólar, de manera tal que ambos crecieron en torno al 100% desde el 10 de diciembre 2019 a la fecha  y, es más, en los memorándos de entendimiento y de políticas económicas y financieras acordados con el FMI por ley 27.668, dice expresamente que ambos deben crecer al unísono y por encima  de ellos la tasa de interés, reproduciendo la combinación del monetarismo más avieso.

De esa manera se castiga a las pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno, con créditos confiscatorios de su capital al no fijar precios, sufrir la suba persistente del dólar y de la tasa de interés, sin saber si se va a contar con los  insumos adecuados y a qué valores, por el efecto de la inflación y del precio del dólar.

Solo beneficia al sector más concentrado y relacionado con el exterior, capaz de conseguir financiamiento (incluido el capital fugado) favoreciendo un modelo de acumulación extractivista, agropecuario y exportador, con contadas industrias que pueden competir regionalmente por la baratura de nuestra mano de obra medida en moneda dura.

La solución adoptada consiste en dejar flotar el tipo de cambio de manera tal que alcance un nivel que permita desactivar la demanda de dólares (algo que puede conseguirse transitoriamente) y, al mismo tiempo, implementar un ajuste fiscal que frene la economía, ralentice la actividad y, con esto, genere una oferta de dólares por la vía de la reducción de las importaciones y por el mayor saldo exportable ante el menor consumo interno.

El monitoreo de esta dinámica se da por medio de una meta sobre la tasa de inflación que, de incumplirse, lleva a una revisión del acuerdo con el FMI y en ese caso, el FMI lo primero que solicita es  una mayor flexibilidad sobre el tipo de cambio y un mayor ajuste fiscal.

Para no violar la meta fiscal, cada devaluación debe ser contrapesada con mayores quitas de subsidios, es decir, con aumentos de tarifas, sin que la dinámica del tipo de cambio ayude por el lado de la recaudación, debido a la reducción de las retenciones. Así, mientras que la devaluación empuja al alza los precios de los bienes transables (que se exportan e importan), la quita de subsidios hace lo propio con los no-transables (los servicios), generando un proceso inflacionario que termina con una economía cada vez más dual, e incumpliendo y  obligando a una revisión del acuerdo.

El acuerdo firmado con el FMI propicia un permanente ajuste comercial  (vía freno del nivel de actividad) y fiscal, con el objeto de integrar un sector beneficiado al mundo a costa de la desintegración nacional, con un sector de excluidos cada vez mayor y con menores ingresos. No existe ningún país que haya alcanzado algún grado de desarrollo con una estructura económica basada en exportación de recursos naturales, su industrialización y la especulación financiera.

Desde el gobierno de Cambiemos se genera en el país un cambio en la distribución funcional del ingreso que implica un mayor impacto sobre el producto y el empleo. Esto es resultado de una menor incidencia del consumo interno en la demanda agregada, que a su vez se profundiza por la suba de los precios  de los alimentos y demás bienes que conforma la canasta básica total, en un círculo  de pobreza y exclusión que, a su vez, trata de paliarse con políticas asistenciales cada vez menos efectivas por la suba generalizada de los precios y la mayor cantidad de personas necesitadas.

Que se produzca en la Argentina, por ejemplo, 47,7 millones de toneladas de granos de maíz como en la actual cosecha y que se permita exportar 38,4 millones de toneladas, habla por sí mismo del modelo, a lo que se suma la suba de su precio internacional (+150% en un año) y el derecho de exportación que es un porcentaje  que es menos de la mitad que en el kirchnerismo y,  su correlato sobre el precio de la carne aviar y porcina fundamentalmente y, de la polenta o del copo de ese grano.

En ese contexto, asegurar que el Gobierno tiene el objetivo cumplir con las metas fijadas en el plan económico presentado ante el FMI en materia de sendero fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas, como parte de un programa que funcione no solo para reducir la inflación sino para crecer en forma sostenida en los próximos años es inconsistente, insustentable y fuera de la realidad

Lo que menos le interesa al FMI es controlar la inflación, es más la inflación es funcional al modelo impuesto por el FMI, como lo fue durante la dictadura militar y el alfonsinismo que no bajaba del 100 % anual.

Es probable que se crezca al 4% este año, porque los sectores beneficiados del modelo van a mantener una tasa de inversión interna bruta fija del 20% del PIB (como en 2021) y dada la utilización en torno al 60% de la capacidad instalada y los niveles de productividad alcanzados (relación entre la producción y la dotación de capital que se cuenta), pero sesgado al sector exportador y el multiplicador del consumo de bienes internos de ese sector.  Y en desmedro de la mayor parte de la población que vegeta o sucumbe en la pobreza.

El solo hecho de que no se pueden ampliar los planes sociales no solo por el costo fiscal, sino porque su consumo disminuiría los saldos exportables y demandaría más energía, nos muestra claramente los límites del modelo.

Esos límites son los que siempre se rompen y obligan a un nuevo replanteo como pasó en el año 2001.

Cuando se rompen los límites

La Argentina no es pobre: es injusta. En un país con sólo 46 millones de habitantes, donde se producen anualmente 160 millones de toneladas de granos, más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza. Esto es así porque se permite exportar, por ejemplo, 38,4 millones de toneladas de maíz en granos y se produjeron 47,7 millones de toneladas en el año y paralelamente la persistente suba del precio del dólar oficial hace que su precio sea cada vez más caro en el mercado interno. A ello se agrega una suba del precio del maíz en los mercados internacionales de más del 150% de un año a esta parte. Este mes, la tonelada cotiza en 280 dólares.

Con el trigo es peor. En el año se produjeron 22,1 millones de toneladas y se permitió exportar 14 millones, con lo que –teóricamente– los 8,1 millones restantes alcanzarían para abastecer el mercado interno, que consume entre 620.000 a 650.000 toneladas del cereal por mes. Pero no bien iniciado el conflicto bélico Rusia-Ucrania, el precio de la bolsa de harina se duplicó: de 1.350 pesos por bolsa de 25 kilos de harina para pan, pasó a valer más de 2.600 pesos. Incluso, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación multó a Molinos Cañuelas S.A. por 150 millones de pesos por haber realizado agio de bolsas de harina. Igual sucede con el arroz, el girasol, la avena, las carnes vacuna, aviar y porcina, el pescado, etc.

Es más, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, afirmó en estos días que la Argentina no puede exportar más por las cuotas de exportación de maíz y trigo, que impiden aprovechar estos precios y crecer en volúmenes. En ese mismo reportaje del pasado 18 de abril, añadió que en relación con el aceite de girasol, la existencia de un fideicomiso para el mercado interno hace que “cada vez que exportamos, tenemos que subsidiar más, por lo tanto, tampoco es conveniente exportar más”. También despotricó porque el precio de la tonelada de aceite de girasol en el mundo es de 2.200 dólares y en la Argentina se está vendiendo a 900.

Obviamente se cuidó de decir cuál es el costo de producir en las tierras más fértiles del planeta y con el precio de una mano de obra que cuesta la quinta parte o menos que en el mundo al que hace referencia. La botella plástica de aceite de girasol de un litro y medio que se produce acá, se prensa acá, se envasa acá y viaja 10.000 kilómetros para ser vendida al Mercado de Ámsterdam, se vende allí a 1,75 euros (unos 2 dólares) y en el mercado argentino su precio es de 240 pesos o más, pero el salario promedio en los Países Bajos es de 3.500 euros y en la Argentina no llega a 830 dólares.

Antes existía la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que ponían techo y límite a la suba de precios. Los Idígoras que usufructúan de su privilegio de fijar los precios en el mercado interno de acuerdo al internacional (de otro modo, exportan) y que han ganado y ganan fortunas con ello, ni siquiera quieren aportar una suma del 15% sobre las utilidades netas (después del impuesto a las ganancias) para asistir a la población que peor la está pasando por la suba generalizada de los precios (porque se internacionalizan, pero no se internacionaliza el precio del empleo presente y pasado).

La propuesta del bono por única vez de 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000 pesos cada una en mayo y en junio para un universo de más de seis millones de personas con trabajo informal, trabajadoras domésticas, y monotributistas categoría A y B (facturan, como máximo por año, 600.000 pesos) y de complementar el bono otorgado en abril por la ANSES de 6.000 pesos con uno nuevo de 12.000 pesos para 4.600.000 jubilados y pensionados que perciben hasta dos veces la remuneración mínima (de 32.630 pesos por mes en abril de 2022) [1], tiene un costo total estimado por el Ministerio de Economía de 186.000 millones de pesos (equivalente a unos 1.500 millones de dólares).

Esa cifra es la que va a ganar este año un puñado de bancos privados por tener “la carta de porte” que le permite captar depósitos del público, darse vuelta y –sin correr ningún riesgo– prestárselo al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el que les paga una tasa de interés del 47% nominal anual. Como la operatoria en LELIQs (letras de Liquidez del BCRA) es en torno a los 7 días, la tasa efectiva es del 58,7% anual, sobre una masa inmovilizada que supera los 5 billones de pesos.

La diferencia entre la tasa pasiva (la que le pagan a sus depositantes) y la activa (la que le cobran al BCRA) es de no menos de 6% anual. Por ende, el spread suma 300.000 millones de pesos y los diez bancos privados más grandes tienen el 60% de las LELIQs, Notas de Liquidez (Notaliq) y Pases Pasivos del sistema [2].

La otra burbuja

La burbuja financiera que significa el irracional crecimiento de los encajes remunerados del BCRA (Pases pasivos, LELIQs y Notaliq) –que aumentaron en un 323,5% (de sumar 1,2 billones de pesos a ser, desde el 7 de abril, de 5 billones de pesos)– no para de incrementarse, y con ella el déficit cuasi-fiscal o déficit del BCRA. A eso debe sumarse la deuda interna del Tesoro de la Nación, cuyo valor total es de 7,2 billones de pesos.

En efecto, el gobierno nacional realizó una fuerte reconversión del gasto en salud y en asistencia social a la población en 2020, que le ocasionó un déficit primario (antes del pago de la deuda) del 6,37% del PIB (prácticamente, la cuarta parte del Presupuesto Nacional ejecutado de 2020 fue deficitario).

Ese déficit fue financiado por el BCRA y, mayoritariamente, por la colocación de títulos de deuda en pesos de corto plazo, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que se construye desde el IPC (Índice de Precios al Consumidor del INDEC). Por ejemplo, el BONCER (Bonos ajustados por el CER más un plus) y el dólar linked son en pesos, pero se ajustan por el valor oficial del dólar más un plus.

El gobierno ha venido renovando a los vencimientos los títulos pero ante el incremento inflacionario y del valor oficial del dólar, esa deuda se acrecentó para representar el 14,5% del PIB (que se estima en 416.111 millones de dólares). Se realizó un impresionante ajuste fiscal en 2021 y el déficit primario se redujo del 6,37% al 2,5% del PIB. Esto continúa en el primer trimestre de 2022, en el que que presentó ante el FMI el cumplimiento de la meta de que el déficit primario fuera sólo del 0,25% del PIB. Semejante ajuste del gasto público es funcional al modelo extractivista agropecuario-exportador, pero incide negativamente en el consumo y en el nivel de actividad interna. Luego de reunirse en Washington con Kristalina Georgieva, Martín Guzmán dijo que la reducción del déficit seguirá a pesar de los efectos de la guerra en Ucrania.

Para apuntalar los gastos en salud en general (desde los laboratorios y demás productores de bienes y servicios de salud, incluido hospitales, sanatorios y clínicas), el gobierno disminuyó los aportes previsionales patronales. Lo mismo hizo con las empresas radicadas en el norte argentino. Pero el impacto presupuestario de esa disminución de ingresos es prácticamente de la misma magnitud que el aumento nominal de la recaudación por la inflación (IVA, Impuesto a los Combustibles, Internos coparticipados, Débito y Crédito bancario, etc.). En consecuencia, la recaudación tributaria no redunda en un aumento en términos reales y no genera recursos para ir amortizando la deuda en pesos de corto plazo.

La solución de las dos burbujas es que se emplee parte de los 5 billones inmovilizados por el BCRA en Pases Pasivos, LELIQs y Notaliq, en amortizar la deuda interna en pesos del Tesoro de la Nación. Esto se emplearía para un fin (hoy no tiene ninguno de ninguna especie, sólo inmovilizar el dinero), que es el de disminuir la deuda en pesos (con su correlato de menor pago de intereses y de desarmar la burbuja especulativa).

La economía es una ciencia social y, como tal, referida a relaciones humanas. Los mismos tenedores de las Letras y Bonos del Tesoro de la Nación son los bancos o los grandes fugadores de capital que conforman, entre otros, las 100 empresas (y sus dueños) que compraron 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos. El problema es que muchas de las 100 empresas mencionadas pueden demostrar en sus balances contables de 2016, 2017, 2018 y 2019 de dónde detrajeron los pesos para comprar 24.769 millones de dólares. No lo demuestran ni sus utilidades, ni su liquidez y menos que menos el cuadro donde dicen cuántos dólares y otras divisas poseían al cierre de cada ejercicio.

La tarea que debe hacer la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), por estar dentro de sus misiones y funciones, es investigar la denuncia de El Cohete a la Luna, verificar los estados contables presentados y relacionarlos con las compras de divisas realizadas y que compiló e informó el BCRA. El artículo 16 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. vigente) sostiene que el contribuyente puede cancelar todas las obligaciones evadidas hasta los 30 (treinta) días hábiles posteriores al acto procesal por la cual se le notifica fehacientemente la imputación penal que se le formula.

En síntesis

Se debe operar sobre los tres frentes a la vez: el de los pasivos financieros del BCRA (superan los 5 billones de pesos), el de la deuda en títulos de corto plazo en pesos y el de recuperar parte de la fuga de capitales por las compras indebidas de divisas de las 100 primeras empresas (se puede inferir una conducta similar en las otras grandes compradoras durante el macrismo).

Por supuesto que se debe declarar la Emergencia Alimentaria y por DNU realizar el incremento del 15% de la tasa del Impuesto a las Ganancias a las 19.700 empresas que declararon ganar en 2021 más de 1.000 millones de pesos. Con ese fondo, se podrán constituir los dos bonos referidos.

Con investigar la fuga de capitales, multar a sus responsables y conciliar la deuda en pesos del Tesoro con los encajes remunerados del BCRA, se sanean las cuentas públicas sin necesidad de realizar un mayor ajuste fiscal del que se viene realizando.

[1] El total de jubilados y pensionados nacionales es de 7.100.000 personas. Por lo cual, quienes perciben hasta dos veces el haber mínimo, representan el 65% de los beneficiarios. Mientras tanto, hay 61 ex jueces que cobran más de un millón de pesos por mes.

[2] Los diez bancos son: Santander; BBVA; Galicia; Macro (en estos cuatro bancos tiene fuerte participación accionaria BlackRock); Credicoop; HSBC; Citi; Banco Patagonia (el 80% del capital es del Banco Do Brasil) Supervielle y BNP Paribas.

Problemas y soluciones