El año en que se cumplen 40 aniversario de uno de los mayores conflictos de la Guerra Fría puede abrir una ventana de oportunidad para intentar una vía no explorada para abordar el tema Malvinas. Una serie de condiciones, algunas imprevistas y otras interesantes, podrían facilitar una alternativa innovadora.

Por un lado, es importante destacar la ausencia de estridencia en la conmemoración de la fecha de parte tanto de la Argentina como del Reino Unido. Ni el gobierno ni la sociedad en la Argentina han mostrado expresiones o actos irredentos. Ni el gobierno ni la sociedad en Gran Bretaña han sido arrogantes. Perdedores y triunfadores han sido sobrios en sus expresiones. El dolor de una guerra que no debió ser no llama, hoy, a desmesuras.

Por otro lado, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las sanciones de Estados Unidos y Europa a Moscú, el latente espectro nuclear y los efectos múltiples y masivos derivados de la dinámica desatada por la agresión rusa nos han colocado, al parecer, en una situación de guerra global sin final inmediato.

En un mundo que, además, tiene numerosos puntos calientes que pueden detonar una cadena descontrolada de disputas.

La breve Posguerra Fría, esa que tuvo a Occidente como principal arquitecto de un incumplido orden internacional y que auguraba estabilidad, justicia y equidad se está rápidamente desvaneciendo. Las crisis recurrentes, políticas, financieras, militares y ambientales, han producido una suerte de estrés mundial.

En ese sentido, la superación de problemas no resueltos y la prevención de confrontaciones potenciales son una tarea urgente en la comunidad internacional.

En ese contexto, es bueno retornar a 1982 y encontrar en ese año una especie de “llave” para reorientar, en la actual coyuntura, el tratamiento del tema Malvinas. Culminadas de hecho a mediados de junio las hostilidades, la Argentina continuó, en el marco diplomático, su reclamo de soberanía. Alcanzó una trascendental resolución en las Naciones Unidas.

Gracias a la ardua y lúcida gestión del representante argentino ante la ONU, Carlos Manuel Muñiz, y siendo Canciller Juan Ramón Aguirre Lanari, la Asamblea General aprobó el 9 de noviembre la Resolución 37/9 que fue presentada por veinte países de América latina y recibió el voto favorable de Estados Unidos.

Según la resolución, “el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas”. Y reafirmó “la necesidad de que las partes tengan debidamente en cuenta los intereses de la población de las Islas Malvinas”.

Dicho lo anterior, “pide a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de Soberanía sobre dichas Islas” y, muy concretamente, “pide al Secretario General que, sobre la base de la presente resolución, emprenda una misión renovada de buenos oficios a fin de asistir a las partes en el cumplimiento de lo solicitado” en el párrafo anterior.

Asimismo, el 20 de noviembre de 1982 la OEA—siendo el representante argentino Raúl Alberto Quijano—respaldó, mediante la Resolución 595, la Resolución 37/9 de Naciones Unidas: el continente apoyó la expresa solicitud. Sin embargo, lamentablemente, los buenos oficios solicitados al Secretario General de la ONU no se han llevado a cabo.

2022 es probablemente el año en que bien podría el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, implementar esa resolución de hace cuatro décadas. Ya en agosto de 2021, en la declaración especial sobre Malvinas de la CELAC, le reclamó el cumplimiento de la misión de buenos oficios. Por supuesto que una acción de este tipo es delicada y riesgosa para Guterres.

Pero también lo es el que tiene una responsabilidad para recuperar el prestigio y la credibilidad de la ONU en un momento histórico como el actual. Todos los miembros permanentes—incluido el Reino Unido–del Consejo de Seguridad deben reconocer a esta altura que los problemas sensibles que hacen a la paz y la seguridad internacional que no se resuelven, se empeoran con el tiempo.

Hay ya muchos ejemplos que han sido y son testimonio de eso. Occidente no puede asumir que la inestabilidad y el desorden se pueden seguir administrado a punta de la amenaza, el uso de la fuerza y la política de poder.

Ni China ni Rusia, una como potencia insatisfecha, la otra como potencia revisionista, pueden apostar al caos como un modo de gestionar el multipolarismo que propugnan. Estados Unidos—que en el voto de 1982 probó entender el sentido de no perpetuar conflictos irresolutos—bien podría, como escuchó de fuentes castrenses la Comandante Laura Richardson del SOUTH COM en su reciente visita al país, asumir una postura de “neutralidad constructiva” respecto a Malvinas.

Si se trata de evitar una proyección de poder de China en el Atlántico Sur, para Occidente es mucho mejor una Argentina próspera, estable y segura. Ojalá que el secretario Guterres advierta que, para él, para la ONU y para la comunidad internacional resolver el tema de Malvinas será un aporte a la paz mundial.

Asumir el desafío de los buenos oficios parece una vía oportuna que debiera explorarse. Y, mientras tanto, la Argentina debe concebir y consensuar un amplio menú de propuestas razonables y realizables para cuando la negociación sobre la soberanía pueda iniciarse.

https://www.clarin.com/opinion/via-oportuna-malvinas_0_9ZXLdN3WpX.html

“Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral”

En esta frase, un ministro de la Corte aparece como epígono del candidato populista por antonomasia en la Argentina, Javier Milei, quien ya en noviembre de 2021 había señalado: “Venimos a terminar con el verso ese de que ‘donde hay una necesidad nace un derecho’, porque es mediante ese sistema que aumentan el gasto público, los impuestos, toman deuda y cuando ya no pueden más le dan a la maquinita”.

Por una cuestión de responsabilidad institucional, la banalidad puede admitirse como un paso de comedia en el populista nativo, pero no en el epígono que tiene a su cargo la función de interpretar la Constitución y las leyes.

Pues el problema no es la necesidad como derecho sino la estructura del discurso, propia de los populismos de derecha, en el que un término, tomado sin determinaciones, significa todo y nada, no es más que una expresión destinada a excitar emociones y a señalar un enemigo. Así hablaron Hitler, Mussolini y hoy se expresan sus herederos europeos. Como decía Hegel, el ser, el puro ser sin determinaciones, es igual a la nada o, como dijera otro alemán, suponer sujetos sin lazos sociales “es la apariencia, y la apariencia estética solamente, de las pequeñas y grandes robinsonadas”.

La frase de Eva Perón es dicha en un contexto que permite discernir con claridad su determinación. Está dirigida a los humildes, a los desposeídos, en definitiva, a quienes la privación (otro nombre de la necesidad) de condiciones materiales pone en riesgo la realidad de la ciudadanía.

La versatilidad no está en la enunciación (determinada por el contexto y los sujetos a los que está dirigida) sino en la interpretación de quienes omiten la distinción entre necesidad, demanda y deseo.

La necesidad no es el capricho, como parecen confundir los consumidores de la fantasía publicitaria de una tarjeta que permite hacer realidad un sueño con la nueva palabra mágica: ¡Quiero!

La necesidad en Eva Perón habla claramente de un sujeto y un objeto, del mismo que se hablaba en la tradición republicana desde Rousseau o Robespierre. La necesidad habla de las condiciones materiales que hacen posible en una sociedad y tiempo determinado que los humanos puedan perseverar en el ser. La necesidad habla de alimento, cobijo y cultura.

Cuando se dice que no se pueden satisfacer todas las necesidades, lo que se afirma es un estado de cosas en el que se satisfacen los caprichos de la posesión pero no las condiciones materiales que permiten a cada ser humano continuar siéndolo. Porque como demostraron hasta el hartazgo los efectos de los campos de concentración nazis, la privación puede de-subjetivar y hacer aparecer la horrorosa figura del muselmann, de una humanidad reducida a nuda vida. Y hoy existe una sociedad que expulsa, que priva, que mata. Es que siempre la propiedad privada sobre un objeto es privación, respecto de este objeto, del resto de la sociedad. Y lo que se pretende obturar mediante esa formulación indiferenciada de la necesidad es la discusión sobre lo que una sociedad debe a cada humano, para asegurar que estos pervivan en su ser.

Este y no otro es el sentido del preámbulo de la Constitución Nacional que probablemente Milei no conozca pero Rosenkrantz debería saber: la Constitución se ha hecho para “asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Las marcas semánticas de ese nosotros son suficientemente claras: nosotros somos los que tenemos posteridad, es decir, somos mortales y sexuados, que es tanto como decir necesitados y vulnerables en nuestra propia condición de existencia.

En tanto vivientes necesitamos reproducir nuestras condiciones biológicas de un modo adecuado a las posibilidades que la sociedad puede brindar. Esa necesidad es alimento.

Al vivir en relación con un entorno externo en el cual sea posible la vida o frente al cual debemos protegernos, esa necesidad es el cobijo.

Finalmente, el modo particular de relacionarnos con otros y devenir humanos constituye la cultura. Cuando los humanos perdemos la cultura perdemos el mundo. La nuda vida ya no es humana cuando se pierden los lazos, cuando el sujeto es abandonado por las estructuras jurídicas y políticas. Sin cultura no hay palabra, ni pensamiento ni rostro.

Y esa es la libertad en el sentido jurídico del término. Robespierre, en el discurso del marco de plata de 1791 ya señala que la propiedad es más sagrada, ante los ojos de las leyes y de la humanidad, “cuando se trata del magro mobiliario o el módico salario al que está unida la existencia del hombre modesto y laborioso” que cuando se trata de fortunas fastuosas. Y eso es tanto Robespierre como Rousseau, como Moreno, como Monteagudo.

La libertad es potencia para perseverar en el ser, no para elegir entre dos marcas de calzado. La libertad de opción no es asegurada por constitución jurídica alguna, la libertad como opción es un existenciario. Diría Sartre que estamos condenados a elegir.

Entre nuestra tradición republicana y los liberales de Locke media una diferencia idiomática. Cuando el sujeto habla reflexivamente de sí en inglés puede utilizar casi indistintamente los términos my self como my own. Hasta cierto punto se puede decir que lo yo soy es lo que yo poseo.

Para nosotros, republicanos, la propiedad que más importa es la que asegura la libertad. Por eso cuando la necesidad está vinculada a ese perseverar en el ser, nace un derecho. Eso y no otra cosa son los derechos humanos, que no se limitan a los reconocimientos de los tratados ni existen en cielo legible, son la carnadura material del ser humano.

Finalmente, me gustaría señalar que una carencia o una necesidad no vehiculiza al sujeto de los derechos humanos por sí, requiere devenir demanda por la mediación de la palabra. Y para evitar que la palabra torne la necesidad en demanda, Nuestra América fue asolada por dictaduras, proscripciones, interdicción de la palabra y el lawfare.

Es que cuando ellos, los populistas demagógicos hablan de populismo demagógico, vienen por los derechos de todos y todas para asegurar los privilegios de pocos y pocas.

No se aprendieron ni el Preámbulo

En lo que podría definir como un claro respaldo a la lucha contra la inflación, hace pocos días la Corta Suprema de Justicia de la Nación llevó el costo del recurso de queja de $100.000 (pesos cien mil) a $300.00 (pesos trescientos mil). La friolera de un aumento del 200%. Ese es el costo que deben pagar los argentinos para que la Corte Suprema se tome la molestia de hacer aquello que por la Constitución esta obligada a hacer: revisar las sentencias de los tribunales inferiores. Una curiosidad de esas que me gustan a mí y que creo que merece resaltarse es que el depósito por recurso de queja solo se reintegra si la queja es concedida. Si es rechazada el dinero se lo queda la Corte Suprema. Siempre pensé que es un curioso desincentivo para que prosperen los recursos de queja en este país. Si se atiende a la justicia de los planteos de los recursos, parecería mas razonable que si efectivamente la Corte hace su trabajo y analiza el recurso, la tasa estaría bien cobrada, mientras que si no se hace el trabajo de analizar el tema y se rechaza por ejemplo sin expresión de causa – el famoso articulo 280- , el deposito sea restituido a quien tuvo que pagarlo. Porque el trabajo de analizar el tema y concluir que no hay tema lo hacen los empleados del Poder Judicial, para lo cual el Estado Nacional les paga un generoso salario, libre de ganancias a diferencia del resto de los mortales, que sí deben pagar el impuesto. Nunca entendí por qué el Poder Judicial cobra un precio por hacer algo que es ni más ni menos que su tarea. Si la educación es un servicio publico el Estado debe brindarlo gratuitamente. Siempre el interesado podrá optar por que el proveedor del servicio privado sea privado. Por ejemplo, pagando un colegio privado. Pero en el tema de justicia, resulta que no hay una opción privada. Solo hay una Corte Suprema y es pública. El costo de la queja sólo demuestra lo devaluado que está en la mismísima cabeza del Poder Judicial el viejo y querido concepto de Servicio de Justicia.

Hay quienes opinan que el tema queda subsanado con la posibilidad de presentar una acción llamada “beneficio de litigar sin gastos”. Y yo me pregunto por qué solicitar un beneficio, cuando en sí mismo el derecho a que revisen una sentencia existe y no es ningún favor ni beneficio, sino precisamente un derecho. ¿Está bien tener que pagar para ejercer un derecho?

El Estado sostiene financieramente al Poder Judicial. Lo hace con el dinero que recauda de los impuestos. Bien podría un sujeto individual plantear que él pagó con sus impuestos por ese servicio de justicia y que es absurdo —y por cierto, también ilegal— que además le cobren un extra por hacer lo que es un mandato constitucional: la Corte debe revisar las sentencias. No lo digo yo, lo dice la Constitución.

Cosas del Poder Judicial argentino… Extraño mundo, por cierto. Tan extraño como la nota que leí hoy en Clarín que consigna: “El insólito plan de la Corte títere” y tiene como bajada: “El Gobierno quiere sumar gente al máximo tribunal para restar independencia.”. Básicamente no entiendo algo: más miembros implica más independencia para la Corte Suprema y no más control de nadie. Porque sin duda es más fácil condicionar a cuatro señores muy aseñorados, como son hoy los miembros de la Corte, que a los 25 que proponen los gobernadores.

¿Me permiten un razonable ejercicio de lo que mi abuela titularía: “Piensa mal y acertarás”? Que el total de miembros de la Corte se eleve le preocupa —y mucho— a quienes están acostumbrados condicionar a dichos señores, a vulnerar su independencia. No a quienes la buscan.

Sobre el tema de la representación federal hay quienes –Héctor Gambini en Clarín, por ejemplo— sostienen que la idea de un miembro de la Corte por provincia implicaría hacer de la Corte un senado paralelo. Disiento con Gambini por esta razón: la Corte decide lo justo y lo injusto desde la mirada de sus miembros, que vienen de donde vienen y piensan lo que piensan desde su realidad. Aunque lo que deciden proyecta sus efectos mucho más allá de los lugares que los jueces conocen, de sus realidades. Pienso por ejemplo en un tema como retenciones, que afecta las finanzas de todo el país. Hoy sería resuelto por cuatro jueces que provienen todos de lugares donde se produce soja y que son super conscientes del peso especifico de los intereses del sector agroexportador. Seamos honestos: con los ojos cerrados, todos nosotros podríamos acertar cómo resolverían los actuales jueces de la Corte el tema de retenciones. Pienso en una eventual ley que establezca retenciones y una afectación especifica de esos recursos a equilibrar las desigualdades estructurales que tiene la Argentina entre sus provincias. Y me pregunto si alguien de la provincia donde yo crecí, que dista mucho de ser productora de soja, resolvería en igual sentido que los actuales miembros de la Corte.

Y entonces me acuerdo con afecto de mis profesores de Derecho Público Provincial, que solían enseñar: “Para nosotros es de fundamental importancia que se establezca un nuevo sistema de coparticipación sobre estas bases, expresivas de los principios de la solidaridad y lealtad federales, que son esenciales para las federaciones. Es que aún las más ricas y desarrolladas no dejan de presentar asimetrías, como se observa en los Estados Unidos o en Canadá. ¿Acaso son similares los índices económicos y sociales que se aprecian en California o Alabama o en Alberta o Nueva Escocia? Por ello, para nosotros también aquí han sido acertados los criterios del constituyente y sobre ellos debe avanzarse para producir un desarrollo más justo, equilibrado e integrado del país. Es que no debe olvidarse la distancia que separa al distrito más rico, o sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los más pobres, como Santiago del Estero y Formosa, lo que refleja la magnitud de nuestros desafíos y problemas” (Antonio María Hernández, Los aspectos financieros y económicos del federalismo argentino).

Leo lo que escribió la “Tuta” —así le dicen a Hernández en Córdoba— y supongo que la idea de los gobernadores respondería mucho más al criterio de solidaridad y lealtad federal. Sobre todo, teniendo en cuenta que la actual Corte suprema disfruta de legislar como si fuese un órgano legislativo más. De hecho, los diarios anuncian que en breve resolverán un tema de coparticipación y distribución de recursos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Díganme si no resultaría valioso y enriquecedor que lo resolviese una Corte con criterio federal.

Y dentro de las muchas cosas que pasaron en el raro mundo del Poder Judicial argentino, en estos días llamó la atención un fragmento de los dichos del vicepresidente –auto-votado— de la mismísima Corte Suprema. Hablo de los dichos de Carlos Rosenkrantz que señalo: “La insensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos, pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que, si hay un derecho, otros (individual o colectivamente) tienen obligaciones, y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.

Supongo que alguien más prudente o menos antiperonista visceral se hubiese cuidado de utilizar una de las frases icónicas del peronismo, atribuida a Eva Perón. Pero a Carlos hay que reconocerle, en un mundo de dobleces, que tiene una honestidad brutal. Discuto con Rosenkrantz desde hace 20 años. Como joven abogada que conformaba la cátedra de Derecho Constitucional con el gran Chicho, como abogada del Estado como contraparte en juicios donde yo defendía al Estado Nacional y como abogada privada, sé que no pensamos para nada parecido en cientos de temas. Pero siempre le he respetado que es honestamente lo que es.

Lo que dijo Carlos, a oídos de un peronista suena a aberración. Aunque me detengo a pensar que le faltan definiciones sobre qué es una necesidad y qué es un derecho. Supongo que, para el común de la gente, saber qué es una necesidad no requiere mucho desarrollo conceptual. Tal como lo entendió Evita, la necesidad la entienden perfecto los que han conocido el hambre, el frío o el desamparo.

Pero, más allá de las definiciones conceptuales, es claro que una necesidad es algo que es percibido por quien la siente como razonablemente imprescindible para poder seguir adelante con su vida. Comer, tener trabajo, acceder a la salud y a educación, tener una jubilación digna, etc. Cuando alguien dice necesidad en términos jurídicos, yo pienso en cosas como esas. También piensan en esos términos quienes escribieron los tratados de Derechos Humanos, que pusieron en cabeza de los Estados la obligación de garantizar determinadas cuestiones a su población. Los llaman derechos y su ausencia es percibida como una necesidad por quienes carecen de ellos.

A este concepto casi intuitivo de necesidad como estado de carencia de algo refería Evita, y encontraba su respuesta en la obligación de satisfacerlo por parte del Estado o de quienes provocan el estado de carencia.  Es decir, el derecho a no carecer de ese algo.

Ni los tratados de Derechos Humanos ni la propia Evita pusieron el costo de satisfacer una necesidad por encima del derecho a no carecer de algo. Debe ser porque los derechos humanos nacen de la condición de ser humano y son inalienables de dicha condición, sin importar los costos que su satisfacción pueda comprender. Costosos o no, no dejan de ser derechos y deben ser atendidos.

Supongo que lo que expresó el vicepresidente del tribunal supremo de este país no deja de ser la expresión de quien nunca tuvo hambre, o de quien lo tuvo y se olvidó. En cualquier caso una muestra de insensibilidad mayúscula y preocupante para quienes recurren al Poder Judicial buscando amparo ante una carencia. Porque le asiste razón a Rosenkrantz en eso de que los recursos son escasos, y precisamente es una de la función de los jueces: encontrar un equilibrio en la distribución de recursos escasos cuando los temas son llevados a su consideración.

Los abogados solemos hablar de resolver equilibradamente conflictos de derechos, esto es conflictos entre carencias de diversa índole o de satisfacción contradictoria. Pienso —por ejemplo— en el conflicto entre el derecho a expresar algo, por ejemplo los piquetes y cortes, y el derecho a circular, que también reconoce la Constitución. Lo que nos enseña Rosenkrantz es que ese equilibrio no debe sino mirar costos, no necesidades.

Algunos me preguntaron si lo manifestado por el vicepresidente de la Corte era causal de juicio político. Pienso en el caso de Magariños, un juez que en el marco de un juicio ante tribunales internacionales emitió una opinión y fue sancionado por ello. La Corte Suprema lo sancionó por emitir dicha opinión. Y yo creo, como creyó Petracchi respecto a Magariños, que se trata de “almas inquietas”, pero que sigue primando la jerarquía de la libertad de expresión en cuanto derecho sistémico. No veo una afectación institucional por los dichos de Rosenkrantz, aunque y en honor a la verdad, no me causan ni un poquito de gracia. Y lo que sí debo señalar es que los dichos de Rosenkrantz deberían ser evaluados por quienes tienen reclamos de derechos ante la Corte. Y una pregunta que bien podría contestarle Carlos a los argentinos: si los derechos dependen de la posibilidad de financiarlos que tenga por ejemplo el Estado, ¿es éticamente admisible que sobre derechos decidan justo quienes no hacen su aporte a las finanzas del Estado adjudicándose el derecho, valga la paradoja, a desfinanciar los derechos de otros al no pagar impuesto a las ganancias?

La Corte (de) Suprema (Arbitrariedad)

Con el correr de los días se hace más confuso y paradójico el sentido y el alcance que la administración Biden le da al tema de la democracia en relación a la IX Cumbre de las Américas que se llevará a cabo entre el 6 y 10 de junio en Los Ángeles, California.

En lo que parece una decisión inconsulta con sus pares de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, a través de su Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, anunció que era “poco probable” que los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fuesen invitados a la cita. Ni el Secretario de Estado, Antony Blinken, ni el Consejero de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, ni la misma Casa Blanca expresaron argumento alguno. A pesar de su impacto en las relaciones interamericanas, la decisión fue comunicada y no justificada a través de un funcionario medio. Dadas las dificultades, los retos y las amenazas a la democracia a lo largo y ancho del continente, hubiera sido interesante que ésta fuera tema de conversación en la Cumbre. Más aún cuando Estados Unidos no escapa al debilitamiento y erosión de la democracia. Seguramente con todos los presidentes presentes de Latinoamérica y el Caribe no hubiera habido reacciones contrarias a deliberar sobre el tema. En todo caso, revalorar, reactualizar y reparar la democracia en las Américas es una tarea colectiva y exigente.

La referencia a la Carta Democrática Interamericana que hacen quienes se pronuncian en Estados Unidos y la región sobre la pertinencia de excluir a representantes de países no democráticos en un foro multilateral no parece sostenible. Cuba, más allá de la naturaleza de su régimen, fue parte de dos Cumbres: la de 2015 y 2018. Su inclusión entonces fue una decisión política, no jurídica, así como tampoco es jurídica y sí política su actual exclusión. Un ámbito multilateral no inhabilita la presencia de gobiernos de distinto signo ideológico o sistema institucional. Concebir un multilateralismo de los virtuosos es un inútil signo de engreimiento moral.

Pero la determinación de Washington fue, además, enigmática. En la denominada Cumbre de las Democracias convocada por Biden en diciembre de 2021, la Casa Blanca no invitó —se supone por carecer de credenciales democráticas— a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y sumó a la lista de excluidos a Bolivia, Haití, Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Cómo y por qué los excluyeron  a estos últimos de la misma cumbre a la que fueron invitados Irak, la República Democrática del Congo y Pakistán? ¿Qué sucedió en los últimos seis meses para que se considere ahora invitar a las naciones latinoamericanas recién indicadas después de haberlas excluido? ¿No eran democráticos antes y lo son hoy? ¿Cuál es el criterio de Estados Unidos para adoptar decisiones tan cambiantes en tan breve lapso de tiempo?

Esta pregunta, como lo indiqué recientemente, es relevante también para la comparación entre la próxima Cumbre de las Américas y la Cumbre Estados Unidos-ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) del 12-13 de mayo de 2022 dado que de los diez participantes asiáticos cuatro tienen gobiernos autoritarios, uno es un sultanato y el resto son democracias bastante defectuosas a los ojos de Occidente. Según algunas opiniones una de las diferencias es que Cuba, Nicaragua y Venezuela son enemigos de Estados Unidos y ninguno de los países de la ASEAN lo es. Sin duda Cuba, Nicaragua y Venezuela son un fuerte dolor de cabeza para EE.UU. Sus relaciones son manifiestamente refractarias, pero ninguno, individualmente o en conjunto, pone en peligro la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, a diferencia de los países de la ASEAN, estas son naciones que por distintas razones están ligadas al devenir político y electoral interno en EE.UU. En un año de elecciones legislativas y con activos senadores y representantes anti-Cuba y anti-Venezuela, esa dinámica doméstica gravita notablemente.

Un dato adicional inquietante es la promesa de un encuentro especial entre Biden y Bolsonaro; una suerte de Cumbre dentro de la Cumbre. Lo que parece un privilegio brindado al presidente de Brasil es el resultado de una sutil y fugaz persuasión diplomática para que asista a Los Ángeles. Su ausencia, sumada a la eventual de Andrés Manuel López Obrador, hubiera significado el fracaso anticipado del conclave. Hay que recordar que Bolsonaro fue un estrecho aliado de Donald Trump, es el símbolo de la regresión democrática en Brasil, es un caso emblemático —no visto desde los años sesenta— de un mandatario propiciando el regreso de los militares al centro de la escena política, fue un altivo negacionista del COVID-19 con efectos dramáticos para la sociedad, su manejo del tema ambiental ha sido considerado funesto y ha impulsado un uso masivo de fusiles entre los ciudadanos con la consigna de que “un pueblo armado jamás será esclavizado”. En breve, es el epítome de un proyecto reaccionario.

Algunos observadores en Estados Unidos justifican su encuentro con Biden pues Bolsonaro es un mandatario electo. Pero ¿es Bolsonaro el arquetipo de demócrata al que hay que hacerle concesiones para que se presente a una cita continental? ¿Es este tipo de apoyo a la democracia que Washington quiere enviar a las Américas? En verdad la decisión es entendible sólo como un intento por salvar la Cumbre y en función de una cruda realpolitik que, por lo general, se impone cuando los intereses prácticos y las urgencias políticas priman por sobre los valores.

En breve, desde un principio Estados Unidos planteó erróneamente el tema de la democracia en las Américas y su presunto liderazgo en la materia ha quedado maltrecho. Así se pierde la oportunidad de deliberar madura y seriamente sobre un preocupante repliegue democrático en el continente, algo que también afecta al mundo.

https://www.eldiarioar.com/opinion/biden-bolsonaro-cumbre_129_9033390.html

Cada vez que se conocen los números de la inflación, o cuando se anuncian las reactualizaciones del haber jubilatorio, se impone en la agenda mediática el problema de los jubilados. ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? ¿Qué malabares realizan para no sucumbir ante la inflación? Lamentablemente se trata de preguntas que no tienen mucho sentido.

Hace ya varios años que los jubilados dejaron de hacer malabares para llegar a fin de mes porque simplemente no llegan, sin importar lo que hagan. Siendo el haber mínimo el equivalente a un tercio de lo que se necesita para vivir, de acuerdo a los datos calculados en la Canasta Básica del Jubilado, no hay manera de estirar el ingreso o de administrarlo para que alcance.

Nadie se acomoda a vivir con un tercio de lo mínimo que necesita, lo que se hace es buscar otro ingreso, pedir plata a familiares y amigos o endeudarse. En muchos casos las tres opciones se combinan de maneras aleatorias. Cabe señalar que el problema no solo afecta a quienes reciben la mínima, dado que la mayor parte del resto de los jubilados cobra entre $40.000 y $60.000, alrededor de la mitad de los  $100.000 que necesitarían para cubrir su canasta básica.

Esto hace que el problema de los jubilados ya no sea solamente de los jubilados. La pauperización del haber lleva a que ser jubilado y ser pobre se conviertan en términos intercambiables, a menos que uno se haya consolidado a lo largo de la vida una posición económica holgada, lo cual es cada vez más difícil de conseguir en nuestro país. Si jubilarse es empobrecerse, entonces, todos los problemas que corresponden a la pobreza, y que son también problemas de la sociedad y del Estado, se suman a los que ya de por sí pueden venir con la edad.

Una persona de edad avanzada y sin recursos económicos está totalmente excluida del circuito del consumo, por lo cual no contribuye a la circulación de la riqueza dentro de la propia sociedad. Por otra parte absorbe recursos de otros lados. Necesita la asistencia económica de su familia, convirtiéndose para ésta en una carga y deteriorando su situación económica. A su vez es alguien que muy posiblemente mantenga deudas, como por ejemplo de servicios, alquileres o de expensas, por lo cual contribuye a que se delsfinancien otras estructuras como puede ser el edificio en el que vive. Si trabaja sale a competir en el mercado laboral con los más jóvenes, y si no cuenta con una formación profesional lo más probable es que trabaje de manera precaria y en negro. Y por último, y más importante, es alguien que necesita ser asistido por el sistema público de salud, generando en este aspecto un gasto al Estado que no suele ser tenido en cuenta pero que es de una proporción considerable.

A todo esto hay que agregar que el problema no es solamente de los jubilados de hoy. Si realizamos una proyección a futuro del estado actual de cosas, la situación es aun peor, mucho peor. Quienes tenemos hoy más de 60 años vivimos a lo largo de nuestra historia una serie de debacles económicas que fueron durísimas pero también tuvimos momentos de mayor estabilidad, e incluso de bonanza, que permitieron que al menos una parte de nuestra generación llegara a esta etapa  de la vida con una posición económica consolidada.

Venimos de una sociedad que tenía condiciones que, vistas desde la perspectiva actual, parecen soñadas. Una Argentina con pleno empleo, pobreza de un dígito, uno de los mejores sistemas de salud y de educación públicas de la región y la posibilidad real de acceder a una vivienda propia, todas esas características nos dieron ventajas que quienes vinieron después de nosotros prácticamente no conocieron nunca. Esto significa que la proporción de personas que lleguen a jubilarse con recursos económicos propios que les permitan sustentarse va a ser cada vez menor en el futuro.

La situación, a su vez, genera un círculo vicioso que paulatinamente va desfinanciando al sistema. La falta de perspectivas a futuro hace que la masa de trabajadores que aportan en blanco sea cada vez menor. Uno decide aportar al sistema previsional en la medida en que éste le permita imaginarse en una situación positiva a futuro, si esa perspectiva no existe, no hay motivos para renunciar a una parte del ingreso presente. Si uno va a tener que seguir trabajando cuando tenga setenta años, ¿por qué aportar desde los treinta?

Por todos estos motivos, es factible afirmar que, tal como esta planteado, el sistema previsional argentino no es más que una fábrica de pobreza que irá aumentando su producción con el paso del tiempo. Lógicamente el aumento de la inflación contribuye a profundizar la gravedad del cuadro. Pero es importante tener en cuenta que, aunque la inflación disminuyera, e incluso si aumentan los bonos que cada tanto las autoridades sacan a relucir como parches en el casco del Titanic, la situación de los jubilados y las jubiladas de hoy y de mañana seguiría siendo de una vulnerabilidad extrema y creciente.

Si afirmamos que la inflación ya no impacta en las jubilaciones, es porque el deterioro de éstas es tan grande, que ya no pueden ser consideradas jubilaciones. Son, en todo caso, subsidios que se devalúan.

Para completar el cuadro tengamos en cuenta que la curva de envejecimiento poblacional, según todas las estimaciones, va a ir en aumento durante las próximas décadas. Es decir, va a haber cada vez más viejos empobrecidos y cada vez menos jóvenes que aportan al sistema.

Ante semejante escenario es imperioso cambiar el eje de la discusión y dejar de preguntarnos cómo hacen los jubilados para sobrevivir, para empezar a preguntarnos cómo hace la sociedad en su conjunto para salir adelante sin sistema previsional. ¿Cómo se resuelven los problemas estructurales de la economía si el mero paso del tiempo hace que aumente el índice de pobreza?

No existe ningún político ni futuro candidato que tenga una respuesta a estas preguntas. Más allá de la utilización propagandística y electoral del tema, no hay ningún plan serio de ninguna corriente política que se proponga abordar el problema de forma estructural y con una perspectiva de largo plazo. No tienen un plan ni lo van a tener porque para tenerlo hace falta que hagan exactamente lo contrario de lo que vienen haciendo desde hace años.

Es necesario acordar entre todos los sectores una política estructural coherente y realista que trascienda las diversas gestiones y que tenga como objetivo llevar la jubilación mínima al nivel de la Canasta Básica del Jubilado. Y que garantice, a su vez, la actualización de todas las jubilaciones, incluidas las mínimas, de acuerdo a la tres paritarias más altas del año.

El sistema político en su conjunto tiene que verse presionado por la sociedad para dar una respuesta definitiva a este tema. No se trata de preguntarle a cada representante o candidato por separado qué haría o qué va a hacer para mejorar la situación de los jubilados, sino de obligarlos a todos a acordar un plan general, razonable y convincente, que todos respeten más allá de sus ambiciones particulares de capitalización simbólica.  De lo contrario seguiremos repitiendo las mismas preguntas sin respuesta en una suerte de eterno presente sin futuro.

Dr. Eugenio Semino – Defensor de la Tercera Edad –

Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría

Artículo publicado hoy 22 de mayo en NOTICIAS ARGENTINAS

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