La Argentina representa solo el 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, pero es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja y sus derivados (harinas, pellets, aceite y biocombustible).

La fábrica Renova (Ex Vicentín y Glencore) [1] de Timbúes es la mayor productora de aceite de soja mundial, y el puerto de Rosario, con sus 31 terminales en 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur y Timbúes al norte de la ciudad, es el principal puerto de exportaciones agro y agro-industriales del planeta.

La Argentina extractivista y agro-exportadora se benefició  y se potencializó con el gobierno de Macri, y se consolida con el gobierno de Alberto Fernández, hecho propiciado con la reducción de los derechos de exportación (retenciones), con cupos (limitaciones para exportar) muy flexibles, sumado a la baja presión impositiva sobre el valor de la tierra [2], las inmejorables condiciones naturales y las creadas por fuertes inversiones en el sector, acrecentando las ventajas comparativas estáticas y dinámicas.

A su vez, según la estadística elaborada por el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en base a los embarques de granos y subproductos, durante el primer cuatrimestre del año se evidencia una fuerte primarización de los envíos. Es decir, se está exportando más grano sin procesar que con valor agregado (aceites y harinas), situación que impacta de lleno no solo en el ingreso de divisas sino también en la capacidad ociosa del sector y la rentabilidad del negocio.

En efecto, se exporta con menos trabajo incorporado y en desmedro del precio internacional, donde subieron fuertemente el de los granos pero mucho más el de su industrialización, por ejemplo, al 20 de mayo de 2022, en el mercado de Chicago, el precio de la tonelada de la soja es de 620,34 dólares y el de su aceite de 1.765 dólares.

Este país, que es el tercer productor de bienes y servicios de América Latina (después de Brasil y de México), es, sin embargo, el cuarto más pobre de la región en cuanto a porcentaje de su población. De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dependiente de Naciones Unidas, la pobreza en la Argentina trepó a 38,8% y el desempleo a 20,9% como consecuencia del impacto que tuvo la pandemia en la economía en el año 2020. Mejoró en el año 2021 pero no revierte la situación de pobreza.

Una familia «tipo» (dos adultos y dos niños) necesitó en abril 2022 de $95.260,37 para no ser considerada pobre, según informó el INDEC. Pero mayor aun fue la suba de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia: mostró un salto de 6,7% hasta los $42.526,96 y esto es así por el impacto directo del incremento en el precio de los alimentos.

Por decreto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir del 1° de abril de 2022 se fijó un salario mínimo, vital y móvil de $38.940 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744.  Y a partir del 1° de junio de 2022 en $ 45.540, salario que seguramente va a ser menor que el precio de la canasta básica alimentaria de dicho mes.

Trabajan y son pobres. Y los que perciben el salario mínimo, vital y móvil no superan la línea de indigencia, configurando la peor distribución de ingreso en serie (de varios meses) de que se tenga registro.

Y ello se agrava permanentemente cuando observamos que los exportadores de productos primarios, cuyo techo en sus precios estaba fijado por el de los mercados externos, hoy ni siquiera respetan ese límite. La botella de litro y medio de aceite de girasol cuesta en Ámsterdam (puerto de entrada a Europa) 2 euros y en los supermercados de Madrid 2,48 euros. El INDEC sostiene que ese producto tiene un precio promedio en la Argentina de abril 202 de $ 351,67, quiere decir  2,93 euros. O al revés, ya no toman la paridad oficial de $120 por euro que fue la fijada por el Banco de la Nación Argentina al día viernes 29 de abril de 2022, sino que es de $141,8 por euro. (El precio local dividido el precio en Madrid.)

El girasol se produce y cosecha acá, se prensa y se convierte en aceite acá, viaja 10.000 kilómetros hasta Europa y sin embargo el consumidor local lo paga más caro, cuando el salario neto promedio en Europa central es de 3.500 euros por mes y en la Argentina ronda los $ 118.000 (no alcanza a los 1.000 euros).

Al no existir los debidos controles de embarques (recordemos que Gustavo Nardelli [3] presidía la Terminal el Puerto de Rosario hasta hace muy poco, y continúa administrando al mismo tiempo la sociedad de la que formaba parte), se explica por qué los grandes acopiadores, productores y comercializadores acrecientan sus exportaciones en desmedro de la venta al mercado argentino, pese a que en el mercado argentino les pagan más que afuera.

Las retenciones

Las retenciones (Derechos de Exportación) hicieron su reaparición con el decreto 310/02 de febrero de 2002, en el medio de una de las crisis más profundas de la historia argentina. En los considerandos de la normativa se justificó su aplicación en la «grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas» y en la necesidad de «atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos».

Inicialmente, las alícuotas fueron del 10% para trigo y maíz y del 13,5% para soja y girasol (productos procesados pagaban sólo 5%). Luego, en abril de ese año, los porcentajes subieron a 20% en cereales y 23,5% en oleaginosas, respectivamente, mientras que harinas y aceites de soja y girasol comenzaron a tributar un 20%.

Hacia 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Resolución 10/07 del Ministerio de Economía y Producción incrementó las alícuotas en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando, de esta forma, en 27,5% para el grano y 24% para los subproductos.

En octubre de ese año 2007, Kirchner volvió a modificar el esquema, fijando para el maíz un derecho de exportación del 25% y para el trigo del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente. Las retenciones se mantuvieron en el mismo nivel desde fines de 2008 hasta finales de 2015, cuando asumió Mauricio Macri. En ese momento se eliminaron las retenciones para el trigo, maíz y girasol, en línea con una promesa de campaña. La soja bajó del 35% al 30% y a partir de 2018 fue bajando 0,5% por mes, llegando al 26% en agosto de ese año.

La anulación de los Derechos de Exportación solo le dejó alcanzada a la soja en el inicio del gobierno de Cambiemos, aunque luego le puso una suma fija de 4 a 5 dólares. Mediante la Ley 27.541.de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, el gobierno de Alberto Fernández estableció que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB.

Se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja. Se prohíbe superar el  15% para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de cero a esa fecha. (Los demás granos.)

Se prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el 5% del valor imponible o del precio oficial FOB. Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el  8% del valor imponible o del precio oficial FOB. En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.

Luego mediante Decretos del Poder Ejecutivo se modificaron las alícuotas de manera que en el caso de la soja, deben abonar el 33% aquellos productores que exporten más de mil toneladas anuales. Los productores medianos continuarán pagando el 30% y los productores chicos —hasta 500 toneladas anuales— son subsidiados por el 3% de las retenciones que pagan los  que abonan la tasa del 33% (por ende al “Fisco” el ingreso es el 30%).

Finalmente con el aún no puesto en funcionamiento “Fideicomiso del Trigo” se incrementa la alícuota en 2 puntos de la harina y del aceite de soja, para financiar que el productor y comercializador de harina para panificación perciba un subsidio que reduzca el precio final a las panaderías.

De haberse aplicado el mismo esquema de Kirchner, por ejemplo, al maíz en grano, le hubiera significado a la Administración Nacional un ingreso de 1.176,8 millones de dólares, suma que le permitiría cubrir holgadamente el bono de asistencia a la población. Sin embargo escuchamos al Presidente de la Nación decir que “las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda“, cuando sabe que la llamada oposición va  a votar en contra y su ministro Martín Guzmán asevera que el tema retenciones está afuera de la agenda gubernamental.

Cupos de Exportación

CARNE VACUNA: El 9 de marzo de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner suspendió las exportaciones de carne vacuna  por seis meses (excluyendo la Cuota Hilton) por no haber cumplido los frigoríficos con el límite de venta al exterior en el segundo  semestre del año 2005.

Con la actual administración, el 18 de mayo 2021, se  decidió suspender por un lapso de 30 días la exportación de carne de res.  Luego se iría flexibilizando la medida y otorgando cupos para su exportación, distribuyendo las 27.608 toneladas por mes hasta fin de año (7 meses x 27.608= 200.000 toneladas). Más de la mitad se repartió entre 10 frigoríficos del Consorcio ABC. Entre los frigoríficos exportadores beneficiados en el cupo se encuentran la brasileña Swift (con un cupo mensual de 3.183 toneladas), Arre Beef (1.867 toneladas), Friar (1.600 toneladas), Rioplatense (482 toneladas) y Compañía Bernal (1.303 toneladas). El también brasileño Grupo Marfrig (1.238 toneladas), Importadora y Exportadora Patagonia (1.231 toneladas), Azul Natural Beef (1.067 toneladas), Santa Giulia (969 toneladas) y Quickfood (923 toneladas).

TRIGO: Desde 2006, los gobiernos kirchneristas han limitado la cantidad de trigo exportable, con el mismo objetivo de asegurar un abastecimiento y a menor precio. Fue recién en el año 2015 que el entonces ministro Kicillof flexibilizó el cupo a un millón de toneladas para exportar trigo. Por otra parte, habilitó una cuota para colocar 100.000 toneladas de harina.

El gobierno de Alberto Fernández decidió “flexibilizar” el cupo tácito de exportación de trigo 2020/21 y en la cosecha 2021/22 que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dijo que fue de 22,1 millones de tonelada se autorizó a exportar 14 millones.

MAIZ: La idea, como con el trigo, es primero que los exportadores deberán asegurar 9,3 millones de toneladas de maíz para el abastecimiento del mercado interno y, a partir de allí se puede exportar. La cosecha 2021/22 fue (siempre según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) de 47,7 millones de toneladas y se autorizó exportar 38,4 millones.

En síntesis

Es obvio que se deben extremar los controles en las ventas al exterior, como también fijar derechos y cupos de exportación que prioricen el mercado interno. Pero todo ello es inútil si no se frena el precio del dólar y, para ello, se debe incumplir con el FMI con el que se acordó que el precio de las divisas crezca a igual tasa que la inflación. Paralelamente impone metas de crecimiento de las reservas internacionales del BCRA de 5.800 millones este año 2022, cuando a mayo de 2022 y en plena cosecha gruesa no alcanza a los 800 millones de dólares, restan junio y julio y después desde agosto hasta diciembre, mes que recién comienza el ingreso de las ventas externas de trigo y del resto de la cosecha fina, pero que en ningún caso hace cumplible la meta y por ende el FMI propicia, permanentemente, la devaluación de nuestra moneda.

[1] Timbúes es una localidad del departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe,  a 35 km de Rosario. El 2 de diciembre de 2019 Vicentin transfirió el 16,67 % de sus acciones en RENOVA SA, a Glencore  que de esa manera se quedó con la participación mayoritaria de esa firma.

[2] El total de la recaudación del impuesto inmobiliario rural de todas las provincias en el año 2021 fue menos del 0,4% del PIB

[3] Los hermanos Sergio (falleció en agosto 2020) y Gustavo Nardelli, Alberto Padoan, Daniel Buyatti y Roberto Gazze están acusados en la justicia Argentina y en los EEUU de quiebra fraudulenta. Un grupo de entidades, entre las que figuran Crédit Agricole, ING y Rabobank, reclama en Nueva York una deuda de 500 millones de dólares y considera que los ex directivos de Vicentin cometieron fraude “vaciando” la compañía.

EL SECTOR EXTERNO Y EL CONSUMO INTERNO

Las empresas, cada vez en mayor medida, promueven la dolarización a través de los precios. Hay analistas con un enfoque tan limitado sobre la economía que creen que un sistema económico nacional es sustentable con una moneda ajena.

No lo es, ni hay ningún sistema nacional de esas características, porque este sistema mundial del capitalismo, no está apoyado en una moneda mundial sino en una moneda nacional como es el dólar, que por ese medio quedó siendo dominante después que al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en el único país industrializado no destruido. Esa ventaja persistió hasta comienzos de los años setenta, pero desapareció después, primero por el renacimiento de los otros países industrializados con sus propias monedas y después,  a partir de los ochenta, con más fuerza desde los noventa y de forma definida en el nuevo siglo, por China y un conjunto de países emergentes, también con sus propias monedas nacionales.

Lejos de ser sólo un problema de soberanía que podría relegarse a un segundo plano, se trata de un problema de buen funcionamiento de la economía: lo que sucede en la producción, se refleja en la moneda.

El fenómeno de la dolarización de ninguna manera apareció cuando la economía argentina era la más fuerte de América Latina. Posición en la que fue perdiendo fuerza no por el peronismo, sino porque con el debilitamiento de la solidez de la economía mundial en los años veinte, la disputa proteccionista entre las naciones industrializadas y el declive de Gran Bretaña, que era la contrapartida de la provisión de materias primas alimentarias por parte de Argentina.  Fuimos perdiendo mercados, lo que se profundizó en el decenio de los treinta, y pudo ser revertido parcialmente por la política peronista de la segunda mitad de los cuarenta y la primera mitad de los cincuenta, consistente en el desarrollo de la industria sustitutiva apoyada sobre todo en los salarios. Pero siempre contando con la resistencia del agro, que a partir de entonces procuró restablecer su primacía excluyente, limitando la industrialización, y las empresas industriales se adaptaron porque, salvo de manera parcial o en períodos muy cortos, no se modificaba esta posición, lo que sí de manera decisiva se tradujo en una pérdida de fuerza para el conjunto de la economía. Esto se constata de manera muy sencilla: el menor peso de la economía argentina en el conjunto mundial, que se hace más evidente aún en la región latinoamericana.

El motivo es más que simple: el capitalismo tiene su eje en la industria, y un país que permanece apartado de ella está condenado a perder relevancia. Durante años, por las políticas de ajuste, pareció que su menor peso en la economía mundial sería determinante, pero la cuarta revolución industrial no sólo recupera el eje industrial del sistema sino que lo fortalece con la nueva tecnología y vuelve a instalarse el predominio industrial:  por consiguiente la desindustrialización o el predominio agropecuario son inconsistentes con el capitalismo actual, y por eso la dolarización no es una manera de restablecer la fortaleza económica sino sólo la rentabilidad de concentrar las ventajas en las exportaciones y hundir los ingresos y el mercado interno.

El freno  a la inflación sólo puede provenir de una baja de los costos por una mayor y creciente disponibilidad de productos industriales a costos de producción mundialmente competitivos y no por disponer en mayor medida de bienes primarios exportables de alta rentabilidad haciendo que los precios internos de éstos se sitúen en los mismos niveles que los precios de exportación.

La paridad de precios sobreviene como una consecuencia de una economía integrada, pero no como en la segunda mitad del siglo XIX, y en el siglo XX, de una especialización exclusiva, sino de especializaciones varias montadas sobre una economía nacional integrada, que dan lugar a monedas nacionales cada vez más fuertes, pero no a la desaparición de las monedas nacionales. Creer que la inflación viene por la moneda y no por la estructura de la producción, es una visión miope de la economía y adaptada al mantenimiento de la especialización sectorial, cuando la experiencia mundial es la del ascenso generalizado de países industrializados, que han dado lugar a una industria cada vez más seccionada en especializaciones manufactureras en distintos países, un proceso que comenzó con China, pero que se transformó en una característica mundial.

El mismo FMI ya había advertido que dolarizar es importar el límite productivo de la coyuntura estadounidense. Es decir, la sola vigencia de una productividad similar, que en los países con moneda débil es muy restringida, por lo que no puede ser un punto de partida para recuperar una capacidad de crecimiento capaz de ampliar ese límite. Tampoco la dolarización es lo contrario del bimonetarismo, sino que surge como consecuencia de la extensión cada vez mayor del uso de dos monedas. Diana Mondino, del CEMA, lo dijo con toda claridad: “si no modificamos de raíz los problemas, no hay dolarización que valga”, y “si fuéramos modificando el gasto, si fuéramos dando productividad, la dolarización no sería necesaria”.

El ministro Guzmán ya ha actuado decisivamente frente a un mercado interno de capitales muy estrecho, incapaz de hacer frente al financiamiento empresario y al del mismo gobierno, que de esa manera debe recurrir en mayor medida a la emisión y a incentivar la inflación. Resguardar la rentabilidad sólo puede tener lugar en una economía capaz de hacerlo y, por eso, se vuelve necesario el empuje de la demanda, que es la única manera de forzar una salida de la crisis, tan necesaria después de la crisis financiera de 2008 como en la inmediata posguerra.

La política ortodoxa, cerrada a la asistencia fiscal, no es parte de la política estadounidense de salida de esta crisis y la inversión pública se ha convertido en un instrumento necesario para promover el crecimiento económico, el empleo, y la distribución del ingreso, esa política se generalizó  y los ministros de Finanzas del G-7 acordaron imponer un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales para financiar el estímulo fiscal con una parte de las ganancias de monopolio para asegurar la persistencia del sistema. Esto significa que el sistema mundial tiene que cambiar para subsistir o, si se quiere, que la salida de la crisis implica siempre un cambio y constituye la mejor muestra de la fragilidad del pensamiento único, ya que para introducir los cambios necesarios hay que empezar por flexibilizar la manera de pensar. Para los analistas no hay anclas para contener la inflación porque no hay monetarismo pleno, un enfoque que no tiene en cuenta ni el papel del crecimiento ni el de la suba exagerada de precios por la crisis y por el bimonetarismo propio de la dolarización.

Esto es doblemente necesario no sólo porque existe una profunda crisis sino porque el sistema mundial, pese a las divergencias en la cúspide, está más unificado que nunca y ya ninguno de los grandes países puede prescindir del otro.

Encima, en el caso argentino, el período de menor oferta de dólares, que suele ser el que ocupa los meses de agosto a noviembre, se adelantó porque los cambios en la coyuntura mundial inducidos por la guerra de Ucrania se adelantaron y ya en inicio de mayo, se visualizaba la presión para vender dólares, lo que requería aumentar el nivel de reservas netas acordado con el FMI en un momento diferente, mayormente previo a la guerra, y el impacto de reservas bajas en las expectativas volverán a intensificar las presiones para devaluar.

Los niveles de importación cuadruplican los de un año atrás en cantidades y también en precios, y se han vuelto imposibles de sostener con las reservas existentes. Y además por la elevada brecha cambiaria por la suba de los dólares financieros. Primero, el acuerdo con el FMI incentivó la inversión en pesos ajustados por inflación, y eso contuvo la demanda de dólares financieros. Los controles cambiarios son los que determinan la presencia de una brecha cambiaria, pero en las últimas semanas no hubo mayores controles, pero sí mayor demanda de dólares financieros, y éstos, a su vez, por el alto nivel de importaciones. Los dólares financieros no aumentaron porque hay un exceso de pesos que el BCRA retira de circulación pagando una creciente tasa de interés. El nivel de las reservas es la otra causa de una brecha cambiaria elevada, aunque ésta no se encuentra tan alta como para justificarlo. Por consiguiente, queda explicarlo por las expectativas, que empeoraron por la revisión de las metas del programa enseguida de haberse aprobado, lo que debe atribuirse, en las diferencias, a los cambios en la coyuntura económica mundial, a lo que se agrega que el precio de los dólares financieros era más bajo que el comparado con la valuación bursátil excesivamente alta, y, por lo tanto, para muchas empresas, dolarizar activos se hizo a menor costo comparativo respecto a poco más de un año atrás.

Además, como por la alta inflación internacional se esperan fuertes alzas en las tasas de interés, los inversores orientan un número creciente de inversiones a activos de mayor valor y más seguros, lo que fortaleció al dólar y elevó la brecha respecto a las inversiones en mercados emergentes y más aún en el espacio nacional. Si bien esta vez por la guerra de Ucrania no se redujo el precio internacional de los commodities sino que aumentaron, igual se presenta la oportunidad de inversiones más seguras y más rentables, y el aumento del spread para las inversiones locales eleva el riesgo país, por lo que el conjunto del escenario internacional se vuelve más desfavorable. Pero lo que el enfoque ortodoxo descarta u oculta es que la búsqueda de mayor rentabilidad lleva a una elevación de los precios apoyada sobre todo en las empresas que disfrutan de controles monopólicos, que como a la vez son en gran parte las alimenticias que pueden exportar, la mayor ganancia por exportación la trasladan a los precios internos donde los costos por salarios son menores y eso agrava el deterioro del mercado interno e incentiva la dolarización.

Hay que tener siempre presente que el sistema económico en que vivimos, que es el capitalismo, se caracteriza por la propiedad privada de las empresas y la defensa de la ganancia. La producción se desarrolla en ciclos, es decir que la producción y la carga de inversiones que la posibilitan, no son uniformemente anuales sino que tienen picos que se suceden periódicamente pero no de manera seguida. Por eso, tanto la producción como los ingresos son cíclicos: tienen un inicio de alza seguido por años de menor inversión hasta que se completa la amortización de esas inversiones. En estos años tampoco hay un aumento significativo de la ocupación y por lo tanto se produce un descenso de la inversión y la producción del ciclo, o lo que denominamos un ciclo descendente.

Hay otra vuelta al ciclo ascendente cuando la actividad se refuerza con nueva inversión. Generalmente, hay una serie de estos ciclos seguidos, poco diferenciados y que suelen denominarse ciclos cortos, presentes dentro de  ciclos largos. Cuando después de una serie de ciclos cortos se inicia una nueva fase de ciclo largo, la nueva serie de ciclos cortos está sujeta a condiciones diferentes. Ante todo, por la posibilidad de incorporar máquinas nuevas capaces de aumentar la productividad del trabajo, pero a la vez de absorber menos mano de obra, por lo que si esa mayor productividad no se traduce en mejores ingresos o en ampliar la producción, la mayor productividad no será acompañada de mayor demanda de trabajo ni mejores salarios.

Hasta ahora hemos estado hablando de ciclos productivos, es decir, de inversiones destinadas a la producción. Pero cuando hay que renovar las inversiones y, sobre todo, cuando se necesitan muchas más inversiones porque se está en presencia de un nuevo ciclo largo o de la posibilidad de introducir nuevas máquinas, y como las empresas compiten entre sí por obtener mayores ganancias, las que  lograron completar el ciclo exitosamente pueden autofinanciarse. O, en caso de incorporar nuevas máquinas, pueden  pedir crédito para comprarlas. Pero en esas circunstancias el pedido de crédito se extiende y aparece para el capital la posibilidad de invertir en prestar fondos o en créditos.

Habitualmente, los bancos están destinados a esa actividad por la que cobran una tasa de interés, pero cuando la crisis se extiende, los pedidos de crédito aumentan y se multiplican los proveedores de crédito, como en la actualidad, en que el capital destinado a préstamo es mucho mayor que el capital destinado a producir.

En estas condiciones, y particularmente desde 2008, se intensificó también la acumulación de capital sin destino posterior a inversión productiva, sino que simplemente se acumula, y obtiene ganancias porque el valor de las empresas, en condiciones normales muy atado a su capacidad de producir, está vinculado ahora preferentemente a su posibilidad de acumular. Esta se produce cuando un activo empresario es visualizado como capaz de valorizarse en el mercado, y como a través de ese medio puede obtenerse un mayor valor, a veces mucho mayor, la acumulación de este tipo, sin ninguna función productiva ni crediticia, adquirió mayor relevancia que las otras, y por eso el capital se acumula pero sirve cada vez menos para producir.

Esta es la consecuencia inicial de una crisis financiera extendida y lo que estamos viendo actualmente, en que la acumulación sin inversión se ha transformado en una mayor oportunidad de ganancias a través de la exclusiva valorización financiera, es obra de una crisis financiera tan extendida en el tiempo que parece no tener vuelta y conduce por lo tanto a una transformación del capitalismo.

Al mismo tiempo, el capitalismo se ha venido integrando paulatinamente. La integración es posible, más que en ningún sistema económico anterior, porque el capital de por sí siempre tiende a expandirse y no reconoce –en principio- ningún límite nacional, salvo para cuando a través del mismo obtiene ventajas, como con el de procedencia estadounidense. Por eso Estados Unidos, al reconstruir a Europa y Japón, integró al capitalismo desarrollado con el dólar, su propia moneda nacional e intensificó la presión imperialista sobre los países de menor desarrollo, haciéndolo más diferenciado para encontrar allí mano de obra barata para ciertas industrias que no llegaran a transformarlos en industrializados, pero esa situación se sostuvo hasta que la pudo sostener con su propia moneda nacional, que fue en 1971.

A partir de allí, en vez de buscar una moneda capaz de funcionar para la economía mundial, persistió con su propia moneda nacional pero auspició la formación de un sistema de crédito respaldado en el dólar y, con su desarrollo, también apoyado en las otras monedas nacionales capaces de funcionar como divisas, como la libra esterlina, el euro o el yen japonés.

Paralelamente, el sistema de crédito se ha transformado en un inmenso sistema de pagos derivado de las monedas, hasta un extremo de volverse cada vez más incierto, lo que vino acompañado por el fin del Estado de Bienestar de la posguerra y el comienzo, a mediados de los años setenta, de las políticas de ajuste, que se intensificaron durante los ochenta y dieron lugar al comienzo de la crisis en los años noventa.

Pero esas crisis estallaron ante todo en los países de menor desarrollo que venían intensificando su industrialización, que fueron llamados emergentes por su posibilidad de atraer más capital para las nuevas industrias, que –como estaba sucediendo en China- encontraban allí mano de obra más barata y se extendían por primera vez a todo tipo de industria, aún las más desarrolladas. Esto por tratarse de inversiones masivas que transformaban el conjunto del capitalismo hasta hacerlo cada vez menos diferenciado, por el impulso decisivo de China sobre las inversiones mundiales. Es decir, a instancias de China y de los países emergentes (que en realidad lo son por su industrialización) el capitalismo se transformó en esos años, y sobre todo en el primer decenio del nuevo siglo, en un sistema mucho más integrado.

Sin embargo, no lo fue para la Argentina. Como consecuencia del golpe de 1976 y de su herencia democrática, en que la clase gobernante, que sigue siendo la oligarquía terrateniente aliada al capital financiero que recicla sus excedentes y, más recientemente, a la burguesía agraria, de la industria agroalimentaria monopólica y a la nueva burguesía de los servicios privatizados, siguió bloqueando y limitando el desarrollo industrial.

Por eso, mientras en los noventa los otros países en desarrollo salieron de la crisis de entonces con más industria, la Argentina siguió el camino inverso: menos industria mediante más apertura externa, compensada con mayor deuda externa, y con la convertibilidad, que significó una igualdad imposible de sostener entre el peso y el dólar dado que se trata de monedas fruto de muy diferente estructura económica. La diferencia está sobre todo por la capacidad competitiva industrial, que en la Argentina ha retrocedido. Si bien con la convertibilidad se consiguió una estabilidad inicial de precios ficticia, esta terminó en la crisis de 2001, paralela a la crisis internacional. Así como la crisis internacional de 2001  fue encubierta haciendo creer que se trataba de una consecuencia del atentado a las Torres Gemelas, en la Argentina el fin desastroso de la convertibilidad fue tapado por los medios como si la gran crisis nacional de 2001, también verdadero antecedente de la de 2008, no hubiera sido causa de la convertibilidad, pero lo peor de ésta fue la aparición generalizada de la dolarización, intensificada después de 2008.

La transformación del capitalismo en un sistema mucho más integrado supone que lo que era una necesidad para América Latina en los años setenta, de una industria sustitutiva basada en el mercado interno, dejara de serlo en los noventa, cuando la alternativa era captar partes de industrias mundiales más complejas basadas en el fin del proceso de la industria sustitutiva, que se hizo presente en Brasil y en México, que además se integró al mercado industrial estadounidense, como lo hicieron los países del Asia Pacífico con China.

Pero la Argentina no pudo terminar su proceso sustitutivo. No hay que perder nunca de vista que esto fue como consecuencia de que entonces eso fue producto del bloqueo a la industrialización impuesta por la dictadura del 76 y su continuación en los ajustes de la democracia. Aunque esta política pudo modificarse en los gobiernos kirchneristas todavía bajo la misma pauta que en el pasado a raíz del bajo nivel industrial de fin de siglo, no respondía ya a una realidad latinoamericana sino a una particularidad argentina que había que superar lo más rápido posible, y esto es lo que hay que entender ahora.

Por eso, el PBI argentino, que hasta los años setenta estaba en el primer lugar en América Latina, quedó muy atrás del de Brasil o México. Incluso la recomposición encarada por Cristina después de 2008 no tuvo el resultado esperado y dio lugar a una recuperación económica insuficiente, que ella tampoco entendió (y nosotros tampoco). Esto porque la crisis financiera de 2008, al repetir las condiciones de lo sucedido en 2001, inauguraba una era de crisis insuperable, en que el capital financiero, se apoderó de la mayor parte del capital mundial de ese tipo y copar la alta tecnología.

En consecuencia la tecnología se aplica más lentamente pero no de manera decisiva porque no se sabe bajo qué condiciones se va a poder disponer de ella,. Se inauguró un capital que desea manejarse sin el dominio del Estado sino con el manejo de “su” propio mercado.

Por eso el combate, que ya empieza a perfilarse dentro del capitalismo más avanzado (crisis en Estados Unidos, fracciones de capital en distinta posición, incluso con empresas favorables a acordar con China), se traslada a todo el conjunto, incluso el del capitalismo chino forjado por el propio PC Chino. También por el capitalismo ruso, que hasta ahora cumplió una función muy distinta, que fue con una política nacionalista muy fuerte, restituir la fuerza cambiaria y monetaria rusa junto a una oligarquía que bajo esa garantía desarrolló a tal punto la industria de los armamentos que ésta puede frenar una incursión militar de la OTAN y amenazar a las grandes potencias, porque lo hizo con una industria de primera, lo que a su vez posibilitó un desarrollo industrial que elevó la competencia y calidad de muchas empresas haciendo que éstas puedan competir en Europa e incluso en Estados Unidos (como en el caso nada menos que de los motores de los cohetes).

Pero en la Argentina, la industria surgida del propio mercado interno, ahora minúsculo, ya es sólo una industria sin escalón superior de competitividad en circunstancias en que los países emergentes por su industria pueden exportarla cada vez más a China y a mercados desarrollados porque ganaron su inclusión en un mercado mayor al que nunca habían podido recurrir. Quedar atrapadas en un mercado inferior es una vuelta atrás. Esto no se ve si no se observa la evolución comparada del PBI argentino.

Que China y Rusia hayan adoptado el capitalismo, no es entonces una casualidad. Aunque en el caso de Rusia es consecuencia de que el sistema de “socialismo” aislado, no es un sistema superior, porque después de haberse universalizado el capitalismo y convertirse en un sistema mundial, sólo puede ser superado por otro sistema mundial.

China, una vez conseguido por el maoísmo el triunfo de la revolución y su implantación como estado nacional vencedor de la república de Chiang Kay Shek, hoy recluida en Taiwan, pero bajo soberanía china, puede llegar a disputar la hegemonía estadounidense porque lo hace desde el sistema mundial. De otra manera no hubiera podido captar inversiones y tecnología que, en forma aislada, disponer de ellas le hubiera llevado mucho tiempo. Es decir, participar en el sistema mundial donde hay un país –Estados Unidos- todavía muy por encima de los otros, y con el grado de integración alcanzado por el mismo desarrollo del sistema, fue la única manera de llegar a las tecnologías más avanzadas y disponer de un mercado mundial para los propios productos, y es ahora la única manera de desarrollar los propios.

Sólo avanzando sobre otros mercados, los países desarrollados alcanzaron más margen para acumular, pero lo hicieron avanzando sobre los menos desarrollados. De otra manera, pero también avanzando sobre otros países del sistema, ahora la misma China o los países emergentes que se están industrializando deben recurrir al mercado mundial para tener una acumulación de magnitud suficiente para desarrollar las nuevas tecnologías.

El mercado interno, así como era insuficiente antes para los países desarrollados, se ha vuelto insignificante ahora para los países que quedan aislados respecto a la magnitud que debe alcanzar la acumulación. De ahí que la exportación, así como es una limitación cuando restringe o empobrece el mercado interno, ahora es una condición para alcanzar un mercado interno más fuerte cuando se llega a disponer de ventas externas cada vez más avanzadas que es el riesgo de Rusia con su invasión a Ucrania, aunque en su caso pueda disponer de  su peculiar alianza con China, aunque es evidente que China elude por todos los medios esa situación.

Lo que es muy importante, quienes piden no pagar al FMI no tienen en cuenta las sanciones de Estados Unidos. Basta mirar el tremendo costo que significan para Cuba o Venezuela para entender que sería imposible sostenerlas en nuestro país, donde el gobierno de Cambiemos que recurrió al préstamo tuvo entonces el voto de una mayoría y en la actualidad hay una parte del electorado que lo sigue apoyando que está en paridad con el rechazo. Los argumentos de recurrir a juicios por la irregularidad de esos préstamos, que hasta fue reconocido por el FMI, tampoco tienen en cuenta cuanto tardarían en concretarse y cómo se sobrellevarían mientras tanto las sanciones. Son, desde todo punto de vista, imposibles de aplicar. Hay que tener en cuenta el terrible costo que esas sanciones tienen para Rusia y que hasta China trata por todos los medios de eludirlas: ni así parecen tener en cuenta el enorme golpe que significarían para el país, más aún en una economía que se ha contraído continuamente, aunque quienes sostienen estas posiciones parece que no lo advierten y hablan como si estuvieran en los años setenta. Ese es el problema del peronismo, que el mismo Perón siempre eludió. No sólo nunca se colocó en una posición que mereciera sanciones sino que después de la crisis de 1949 intentó atraer las inversiones estadounidenses incluso en petróleo.

La política económica de Guzmán consiste en batallar por mejorar las condiciones del crédito y disponer del mismo porque de lo contrario no habría dólares suficientes y el tipo de cambio escalaría hasta un nivel imposible de soportar. Su mérito consiste en que supo hacerlo conociéndolo desde adentro y que ha conseguido condiciones hasta ahora nunca reconocidas por el Fondo. Es cierto que hay límites, pero hasta ahora ha encontrado la manera de discutirlas desde adentro, sin salirse del sistema mundial, y ésta es consecuencia de la nueva condición del mismo, adquirida con el ingreso de China y de los países semiindustrializados emergentes que la clase dominante local soslayó para mantener sus privilegios. Un ejemplo es México, que pese a estar profundamente integrado a Estados Unidos, discute la política internacional estadounidense en América Latina respecto al rechazo de Cuba y Venezuela.

Al seguir interpretando la realidad mirando exclusivamente la situación nacional y sin tener en cuenta los cambios en el capitalismo mundial, quienes juzgan la política económica de Guzmán lo hacen con una ideología que se ha salido del contexto histórico. Perón, ante la vuelta al poder después de 18 años de proscripción, adoptó una mirada local y global muy diferente a la de los años cincuenta. En aquella época había sostenido una política anticomunista aunque en 1946 el peronismo reanudó las relaciones con la URSS que habían sido interrumpidas después de la Revolución de Octubre. La política anticomunista se debía al apoyo militar nacionalista inicial del peronismo, a la disputa por la hegemonía ideológica sobre la clase obrera, y también a la idea del comunismo local de que Perón tenía una ideología nazi, cuando lo que en realidad sostenía era una tercera posición respecto a la confrontación mundial, que llevaba implícita la neutralidad, juzgada entonces como favorable al Eje, la alianza en la Segunda Guerra Mundial de Alemania con Japón e Italia. Pero con Gelbard como ministro de Economía se inició una fuerte relación comercial con la URSS y el Partido Comunista local tuvo una posición más cercana al peronismo. O sea que la ideología peronista construida en el primer peronismo fue modificada por la política de Perón a su vuelta. Sin embargo, la izquierda peronista combatió a fondo a Gelbard y no lo defendió cuando fue atacado por la derecha, a la muerte de Perón, aunque pocos años después, ya derrotada la guerrilla, esta posición varió completamente.

Esa descolocación ideológica es lo que sucede ahora con el socialismo, que sigue apostando a una revolución obrera cuando no ha habido ninguna de las pocas comenzadas que se afirmara, y la soviética terminó siendo muy diferente porque la URSS de entonces era un país mayoritariamente campesino y esto fue determinante en el destino de la revolución. De la misma manera, la revolución cubana tampoco pudo ser una revolución obrera, pero sobre todo para el trotskismo, esas revoluciones tenían que ser dirigidas por la clase obrera, y esa fórmula subsiste en la actualidad, cuando la revolución tecnológica modificó drásticamente las condiciones sociales de la Revolución Industrial, que impuso a las máquinas como eje de la producción.

De esa manera se determinó el protagonismo social de la clase obrera, mientras que con el desarrollo tecnológico lo que hay en la actualidad es una pobreza generalizada por el crecimiento del desempleo debido a que la manipulación digital de las máquinas, sustituyó a su manejo manual y es improbable que se vuelva atrás en la revolución tecnológica, sino que seguramente aparecerá una forma de combate social generalizado para crear un salario universal para ocupados y desocupados y así producir al máximo de productividad y poder repartirla socialmente, y ésta será también una creación del nuevo sistema mundial a construir colectivamente.     

Entre el martes y el jueves pasado se llevaron a cabo las audiencias no vinculantes para discutir las tarifas del gas en redes y de la energía eléctrica. No obstante, como trascendió por medios periodísticos, el Presidente Alberto Fernández aseveró desde su gira en Europa que el valor de las tarifas “es una decisión que ya tomamos”. “Es una decisión política. Quien no puede tomarla, no puede seguir en el gobierno. En esto decido yo”, sentenció.

Los encuentros se desarrollaron en modalidad virtual y fueron presididos por subsecretarios del área. En el caso del gas, tuvo lugar el martes 10, coordinado por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) –es decir, de un 21,3%– y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio –por ende, del orden del 42,7%–, teniendo en cuenta que el CVS fue del 53,4% en 2021.

Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, “no correspondería, en el caso de los beneficiarios de la tarifa social, hacer ninguna corrección”. En referencia a quienes no cuentan con ese beneficio, los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%. La subsecretaria señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés). De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar (en el año 2020, el precio del millón del BTU era de 2,40 dólares). El Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural, con porcentajes mayores en los meses de invierno.

Previo a la audiencia del miércoles 11 sobre las tarifas eléctricas, el gobierno fijó nuevas tarifas medias de Edenor y Edesur. Se estableció para el trimestre mayo-julio una tarifa media para Edenor de $7,070 por kilovatio/hora y para Edesur de $7,093 kw/h, lo que representa un incremento del 29,67% y del 32,28% de los niveles vigentes desde el 1° de febrero último, respectivamente. Y en la audiencia del 11 de mayo, el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, informó que el incremento de la factura final del servicio de energía eléctrica para todo el 2022 será de 42,72% para los usuarios que no tengan tarifa social y de 21,27% para aquellos que dispongan de ese beneficio.

Más allá de lo discutible de los guarismos y porcentajes que anunciaron los funcionarios, lo cierto es que –como lo plantearon la mayoría de los expositores– antes del ajuste de las tarifas se debería revisar y publicar el costo de extracción y distribución del gas en redes y de la energía eléctrica, que no tiene razón alguna para que no se sepa. Todo se basa en precios internacionales que, obviamente, no son equivalentes al costo en nuestro país. No se subsidia al usuario, sino a las empresas energéticas que fijan el precio.

Precios, subsidios, tarifas

En el caso del gas en redes, a partir de 1992 –cuando se sancionó la ley 24.076–, la industria del gas natural se divide en tres segmentos: producción, transporte y distribución.

Las empresas que participan en la etapa de extracción de gas son: YPF, Total Austral (Multinacional de origen francés), Pan American Energy (del grupo Bulgheroni y de la British Petroleum [1]), Petrobras (Brasil), Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol (del grupo Techint), Apache y Chevron (las dos últimas, de Estados Unidos). El transporte y la distribución de gas por redes son servicios públicos que están concesionados a empresas privadas. El que las “controla” es el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS). El transporte es llevado a cabo por Transportadora General del Norte (TGN), de Techint y Eduardo Eurnekián, y por Transportadora General del Sur (TGS), de Pampa Energía (BlackRock, Marcelo Mindlin, Joseph Lewis y participación de las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país [2]. Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA, las cuales se encargan de distribuir el gas a lo largo del país.

Tras la crisis de 2001, a partir de la ley de emergencia económica (enero de 2002), se pesificaron las tarifas de transporte y distribución y del gas en boca de pozo. Primero Eduardo Duhalde y luego Néstor Kirchner no ajustaron las tarifas para intentar evitar una escalada inflacionaria post-devaluación de 2002, a pesar de lo pactado en los convenios de privatización. Durante la década pasada, las empresas petroleras y gasíferas aumentaron la extracción, reduciendo la inversión en exploración y el mantenimiento de pozos. Esto generó baja de la producción y de la exportación. El gobierno de los Kirchner les concedió programas como “Petróleo Plus”, “Refinación Plus” y “Gas Plus” para incentivar la exploración, la explotación y aumentar la producción de combustibles.

Un informe de la consultora KPMG estima que la producción de gas natural se desplomó desde 51.000 millones de metros cúbicos en 2005 a 38.000 millones en 2015, una caída del 26%. En 2011, el consumo interno superaba la producción en aproximadamente 600 millones de metros cúbicos, monto que fue subiendo hasta alcanzar en 2015 un déficit de 8.000 millones.

Los subsidios se canalizaban a través de Enarsa, que se encargaba de comprar el gas importado para abastecer el mercado interno. Según datos de KPMG, el 29% de las transferencias se destinaba a esto. En 2015, con un país en crecimiento, se importó energía por un valor aproximado de 6.000 millones de dólares y el déficit comercial se estimó en 3.000 millones de dólares. La importación de energía significó el 15% de las importaciones totales nacionales.

Ni bien asumió, el gobierno de Mauricio Macri aplicó una política de shock y aumentó exponencialmente las tarifas, por lo que en la Argentina se abonaba uno de los precios de gas en boca de pozo más caros del planeta (sino el más caro). El gobierno de Cambiemos aceptó revisar los aumentos de tarifas, aunque limitándolo solamente al gas, cuyo pico de consumo de invierno podría pagarse en dos o tres trimestres, con intereses que llegaron a ser hasta una tasa del 89% anual.

En el caso de la electricidad, el ENRE y los reguladores provinciales fijan las tarifas y supervisan que los agentes de transmisión y distribución regulados cumplan con las normas de seguridad, calidad, técnicas y ambientales. CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) administra el mercado eléctrico mayorista. Sus principales funciones incluyen la operación y despacho de la generación y el cálculo de precios en el mercado spot, la operación en tiempo real del sistema eléctrico y la administración de las operaciones comerciales en el mercado eléctrico.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), creado en 1960, tiene entre sus tareas asesorar a los gobiernos nacional y provinciales en asuntos relacionados con la industria de la energía, servicios de energía públicos y privados, prioridades en la ejecución de nuevos proyectos y estudios, concesiones y autorizaciones y tarifas y precios de la electricidad. También asesora sobre modificaciones en la legislación del sector energético.

La generación es producida por compañías privadas y estatales. La parte en poder público corresponde a la generación nuclear y a las dos plantas hidroeléctricas binacionales: Yacyretá (Argentina-Paraguay) y Salto Grande (Argentina-Uruguay). El sector de la generación está altamente fragmentado, con más de diez grandes compañías, todas por debajo del 15% de la capacidad total del sistema. Los generadores de electricidad la venden en el mercado mayorista, operado por CAMMESA. En transporte, desde 2012 todo el país se encuentra conectado al Sistema Interconectado Nacional (SADI), asignado a CAMMESA. Las empresas que lo realizan son Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión), que es la mayor transportadora eléctrica del país (11.355 kilómetros en líneas de 500 Kv y 220 Kv), controlada por Pampa Energía; Transnoa S.A. (4.181 kilómetros en un rango entre 132 kV y 400 kV); Transnea S.A. (1.465 kilómetros en líneas de 33 Kv, 132 Kv y 220 kV); Transpa S.A. (2.211 kilómetros en líneas de 330 Kv y 132 Kv); y Distrocuyo S.A. (1.245 kilómetros en líneas de 132 kV y 220 kV). En el sector de la distribución, Edenor (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte, vendida por Pampa Energía al grupo Vilas-Manzano-Filiberti); Edesur (Electricidad Distribuidora Sur, controlada por la estatal italiana ENEL); y Edelap (Empresa de Electricidad de La Plata, Grupo Rogelio Pagano [3]) dominan el 75% del mercado. Las empresas distribuidoras importantes a nivel provincial son:

• Provinciales públicas: SECHEEP, en la provincia del Chaco; EPE (Empresa Provincial de la Energía, de la provincia de Santa Fe); EPEC (Empresa Provincial de Energía de la provincia de Córdoba) y S.P.S.E (Servicios Públicos Sociedad del Estado), en la provincia de Santa Cruz.
• Provinciales privadas: ESJ (Energía San Juan); EDET (Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán); EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte); EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica); EDES (Empresa Distribuidora de Energía Sur); EJE S.A. (Empresa Jujeña de Energía) y EDEMSA (Empresa distribuidora de energía eléctrica mendocina sociedad anónima).

A abril de 2022, Edenor y Edesur le deben a CAMMESA –en aproximadamente, partes iguales– más de $200.000 millones (en pesos, equivalente a 1.700 millones de dólares). Recordemos que en los cuatro años de gestión de Cambiemos, el precio que más creció fue el de la energía eléctrica, que según el INDEC lo hizo en un 764,1% contra una inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de 272,8%.

Finalmente, en 2021 el total de subsidio a la energía fue de 2,9% del PIB (en pesos, equivalente a unos 12.000 millones de dólares). Se infiere que con los altos precios internacionales, y al igualarse las tarifas locales a los mismos, el subsidio debe ser mayor. Eso entra en colisión con un plan de ajuste fiscal para cumplir la meta del déficit primario acordado con el FMI, que deberá ser de 2,5% en 2022, con un gradual descenso a 1,9% (2023), 0,9% (2024) y 0% (2025).

En síntesis

El Estado nacional, al no determinar el costo de la producción, generación y distribución del gas en redes y de la energía eléctrica, no subsidia a la población, sino que le garantiza una renta extraordinaria a los distintos grupos económicos –nacionales y extranjeros– que han cartelizado a un sector clave para el desarrollo de un país y para el bienestar de sus habitantes.

[1] Estas tres empresas representan el 75% de la producción de gas. Recordemos que la British Petroleum explota nuestro petróleo y gas en las Islas Malvinas, autorizada por el gobierno inglés.

[2] La Argentina cuenta con diecinueve cuencas sedimentarias, de las cuales cinco (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral) producen actualmente hidrocarburos. En la totalidad de estas cuencas, hay aproximadamente 374 millones de metros cúbicos de petróleo y 315.000 millones de metros cúbicos de gas.

[3] Rogelio Pagano encabeza DESA, que controla Edesa (Provincia de Salta) y Eden, Edes, Edea y Edelap en la Provincia de Buenos Aires. Durante varias décadas, se desempeñó como ejecutivo en diferentes bancos (Deutsche Morgan Grenfell en la Argentina, Citibank y Bank of América). En 2002 fue contratado por Mindlin para desempeñarse como ejecutivo del Fondo Dol­phin. En agosto de 2014, Pagano se independizó e inscribió en el Registro Público de Comercio a la empresa Desarrolladora Energética S.A. (DESA).

Decisiones sobre las tarifas

Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República Argentina, la deuda externa rondaba los 43.600 millones de dólares. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, impulsó –por un lado– la investigación sobre el origen de la deuda y –por el otro– un acuerdo de los países deudores de la región para negociar globalmente la misma, los cuales se encontraron en las ciudades de Cartagena y de Mar del Plata en 1984. La iniciativa no prosperó, porque los gobiernos de Brasil y México cedieron ante la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptaron negociar por país.

El 18 de febrero de 1985, tras un violento cambio de palabras en su despacho del ministerio, Grinspun le exigió que se retire al representante del FMI, Joaquín Ferrán. Al día siguiente, Alfonsín le pidió la renuncia y asumió en su reemplazo Juan Vital Sourrouille.

En marzo de 1985, el secretario de Hacienda, Norberto Bertaina –uno de los pocos sobrevivientes de la gestión Grinspun, que se quedó en funciones por su pedido expreso– debió subir hasta el 5° piso del Ministerio de Economía, donde el ministro Sourrouille le pidió que llevara los números del Presupuesto de la Administración Nacional al FMI. Bertaina respondió que eso no era posible porque no había sido remitido al Congreso de la Nación, única autoridad para ver el Presupuesto. Esa digna y constitucional actitud le costó dejar el cargo. Fue sucedido por Mario Brodersohn, a quien además le atribuyeron el rol de jefe de Negociación de la deuda externa.

En 1985 el Estado argentino continuaba técnicamente en default, ya que sólo pagaba los servicios de la deuda en forma parcial, dado que los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses que la misma devengaba. El flujo de capital se había interrumpido con la Guerra de Malvinas en 1982, por lo que la deuda seguía creciendo ante la acumulación de los intereses impagos. Sólo se podían refinanciar los vencimientos y el pago parcial de intereses con la autorización del FMI: esa es la razón por la que se instrumentó el llamado Plan Austral, un plan de ajuste que buscaba reducir el consumo y el nivel de actividad interno para disminuir las importaciones y apuntalar las exportaciones. El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (austral por peso).

Con fecha 1° de julio de 1985, mediante los comunicados A-695, A-696 y A-697, se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar –a los que la gestión Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos– por “Obligaciones del Banco Central de la República Argentina”. Esto fue reconocido en el libro El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis de balanza de pagos: la moratoria argentina 1988-89, firmado por José Luis Machinea y Juan Fernando Sommer [1], donde dicen textualmente:

“La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83% en 1985”. Así se legitimó la deuda externa, al cambiar los títulos firmado por funcionarios de la dictadura por nuevos del gobierno constitucional de Alfonsín.

Durante los años 1985-1988, el pago de intereses de la deuda fue por la totalidad del superávit comercial del período (unos 8.500 millones de dólares). Sin embargo, la deuda externa pública nacional creció hasta los 63.200 millones de dólares al final de 1988 porque los intereses superaron ampliamente a los pagos.

El Plan Austral se basó en el deterioro salarial y de las jubilaciones y pensiones, en la reducción de la planta de trabajadores estatales, la posibilidad de privatizar, la disminución del gasto y la obra pública y el aumento de la presión tributaria sobre la población. De esa forma, el gasto público descendió de 29,2% del PIB en 1984 a 22,8% en 1988. Esa disminución pretendió continuar, hasta que en 1989 eclosionó.

El 6 de febrero de 1989, Machinea, como presidente del BCRA, reconoció que no podía vender un solo dólar más, lo que provocó la hiperdevaluación. El valor del dólar pasó de 17,62 australes a 650 australes cuando Carlos Menem asumió la presidencia de la República el 9 de julio de 1989; luego siguió aumentando hasta equivaler 10.000 australes el 1° de abril de 1991 (fecha de inicio del Plan de Convertibilidad). Según el INDEC, la inflación –hiperinflación– fue de 3.079,5% anual para ese 1989 [2].

Nicolás Maquiavelo construye su doctrina, que nace de la “experiencia de las cosas modernas” y la “lección de las cosas antiguas”, en una concepción cíclica de la historia. Lo que sucede con el gobierno de Alberto Fernández, en su inicio y ahora, parece darle la razón.

En efecto, el actual gobierno comenzó con un discurso enérgico de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del 1° de marzo de 2020. Fue cuando dijo que iba a hacer investigar la deuda hasta las últimas instancias y le solicitó al BCRA que hiciera un informe sobre la misma. Rápidamente se le requirió a los bancos quiénes y cuándo compraron divisas durante los años 2016-2019 y el BCRA lo publicó el 20 de mayo de 2020. Allí constaba que casi ocho millones de personas físicas y jurídicas (sociedades) adquirieron 86.200 millones de dólares. Los 100 primeros –que son empresas– habían comprado 24.769 millones de dólares en ese lapso.

Los bancos y sus clientes que compraron el dinero extranjero deben haber pensado que jamás le iban a pedir esa información. Pero resulta que dos largos años más tarde, pese a que la AFIP sabe que ninguna de esas 100 empresas pagó impuestos a las ganancias por el monto que compraron divisas, y si bien es cierto que el gobierno de Mauricio Macri fue flexibilizando los límites de compra para no poner ninguno, lo cierto es que los compradores de divisas deben demostrar fehacientemente el origen de los recursos por la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos que data del año 2000. Todas las empresas que conforman el lote de las 100 primeras compradoras por un total de 24.769 millones de dólares en el transcurso de la gestión de Cambiemos cotizan en Bolsa y, por ende, deben presentar sus estados contables de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF), amén de las normas impositivas del país.

Es más: existe un cuadro de Flujo de Fondos (generalmente denominado “Estado de Flujos de Efectivos Consolidados”), que debe hacer constar el aumento neto en el efectivo y en el equivalente de efectivos, que es donde se contabiliza la compra de divisas por la empresa. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera y de allí se obtiene la información de cuántos dólares se adquirió en el ejercicio fiscal.

Observando las Memorias y Balances de esas 100 empresas para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, ninguna contabiliza haber adquirido los dólares que aparecen comprando en el Mercado Libre de Cambio; operaciones que constan en los bancos que se los vendieron.

La AFIP debería haber llamado a los administradores de esas empresas y obligarles a “abrir el balance” para que justifiquen la operatoria y multarlas por evasión fiscal. Que se sepa, si lo hizo o lo hace, no se publicó nada al respecto.

Lo mismo pasa con la deuda pública. Imposibilitado de tomar créditos en el exterior, el gobierno afrontó la lucha contra la pandemia de Covid-19 gracias al sacrificio de su personal de salud y de asistencia a la población. El costo fiscal fue enorme: hubo que reconvertir hospitales, equiparlos, etc., etc. De manera tal que el déficit primario de la Administración Nacional (se excluye el pago de intereses de la deuda) fue del 6,37% del PIB (es en pesos, pero equivalente a unos 25.000 millones de dólares).

Por Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario se lograron recaudar 204.640 millones de pesos (equivalente a unos 2.000 millones de dólares) [3]. Lo demás fue financiado por el BCRA y colocando títulos del Tesoro de la Nación de deuda pública de corto plazo, ajustado por inflación (que es la mayoría de esas colocaciones) y por dólar linked (es en pesos, pero se ajusta por el valor oficial del dólar), deuda que ha generado una burbuja especulativa que representa al día de hoy al 14,5% del PIB (en pesos, equivalente a unos 60.000 millones de dólares). Es prácticamente el 58% del gasto presupuestario anual de la Administración Nacional, con el agravante del ajuste que no es controlado por el gobierno (inflación y precio del dólar).

Con el pasivo financiero del BCRA sucede igual: finalizó el último día hábil de abril y la suma de Pases Pasivos, LELIQs (Letras de Liquidez) y Notaliq (Notas de Liquidez) supera los 4,4 billones de pesos (en pesos, equivalente a 36.500 millones de dólares), que devenga un interés nominal anual promedio del 47% anual. Sin embargo, como mayoritariamente se trata de LELIQs a 7 días (que se capitaliza), la tasa efectiva anual ronda el 58%, por lo que la deuda crece en forma exponencial.

Las exigencias del Fondo

En medio de ese desmadre de las cuentas públicas y del BCRA, con dos burbujas financieras que crecen sostenidamente, y en un marco de niveles de pobreza alarmantes y una economía que redistribuye regresivamente el ingreso, el gobierno acuerda con el FMI y se compromete a lograr incrementar las reservas internacionales del BCRA en 15.000 millones de dólares entre 2022 y 2024. Para ello, la meta es acrecentar las reservas en 5.800 millones de dólares este año, 4.000 millones en 2023 y los 5.200 millones de dólares restantes en 2024.

Si en 2020 y 2021, los dos años completos transcurridos que se obtuvo superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) en 27.278 millones de dólares, las reservas internacionales del BCRA descendieron 5.615 millones de dólares (eran de 45.190 millones de dólares al 30 de diciembre de 2019 y fueron 39.575 millones de dólares dos años más tarde): ¿cómo es posible pensar que se puede acumular dichas reservas?

El gobierno y el FMI no lo ven por el lado de limitar severamente el pago de intereses y capital de la deuda externa privada [4], que según informó el ministro de Economía, Martín Guzmán, a los gobernadores en la reunión del 5 de enero 2022, se les vendió las divisas al valor oficial (sin límite y sin ningún gravamen a pagar) por 9.300 millones de dólares. Tampoco por el de limitar los adelantos a las importaciones y por el de nada que sea condicionante para esas empresas que, mayoritariamente, son las mismas que figuran entre los grandes compradores de divisas durante la gestión de Cambiemos y en todos los tiempos, al menos desde la dictadura militar a la fecha.

Lo que propone el FMI es acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, de manera tal que abarate para el exterior (medido en divisas) nuestros productos, activos y trabajo y, al revés, que sea cada vez más caro importar bienes o servicios. Esto es: proponen maximizar el superávit comercial para que se acreciente sideralmente.

Nuestro país no tiene un problema con el tipo de cambio. De hecho, el valor del dólar oficial en torno a los 120 pesos –como está durante estos primeros días de mayo–, es sumamente competitivo (lo explica el importante superávit comercial) y es semejante al valor promedio de 2002, tras la brutal devaluación por la ruptura de la paridad fija de uno a uno y la convertibilidad de nuestra moneda.

Se devalúa para pagar una deuda espuria y tomada a espalda del pueblo argentino, que fue fugada por una minoría parásita y rentista y que debería ser investigada y penada por tal hecho. La devaluación creciente implica una inflación creciente, dado que ambas se retroalimentan. La suba del tipo de cambio encarece los alimentos, reduce el salario real, las jubilaciones y pensiones (dado que no se incrementan en la misma proporción), por lo que existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del salario, jubilaciones y pensiones.

Si el dólar sube, el salario real y las jubilaciones y pensiones se caen. Más del 70% de lo que se produce va al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva de la población) y al exterior se vende básicamente lo mismo que se consume (consumimos relativamente poca soja, pero la soja reemplaza a otros cultivos y a la cría de animales, incrementando su precio por dejarle menor hectáreas de tierras y no las mejores). Por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menores que en Brasil, se entra en una economía cada vez más dualizada, una minoría que se integra vía exportaciones y una mayoría que se encuentra en una situación cada vez peor, que incluso traspasa los límites de la subsistencia.

Propuesta

Es obvio que seguir el camino del FMI implica subordinarse a un modelo extractivista, agropecuario y exportador que no puede contener a 46 millones de personas. La experiencia vivida con el gobierno de Raúl Alfonsín debería servir de ejemplo de lo que va a pasar.

El FMI va a presionar en un constante tire y afloje durante este 2022. Incluso, va a otorgar los waiver (exenciones) que sean necesarios, pero en 2023 –que es un año electoral por un nuevo mandato– va a jugar fuerte y le va a soltar la mano a Guzmán (como se la soltó a Sourrouille y su equipo en 1989 o a Domingo Felipe Cavallo en 2001), para que el nuevo gobierno se le subordine integralmente.

En 1989 vino el menemismo y todo lo que ello significa, pero la crisis del año 2001 le salió mal; no contaron con un gobierno nacional y popular como fue el de Néstor Kirchner.

[1] Presidente y director del BCRA durante la gestión de Juan Sourrouille.

[2] Que se frenó por la aplicación de las leyes de Reforma Administrativa del Estado y de Emergencia Económica, que permitieron las privatizaciones de las principales empresas públicas.

[3] La mayor parte de la recaudación la aportó el 2,7% de los 9.298 contribuyentes alcanzados por la ley.

[4] Según las últimas estadísticas oficiales, el stock de deuda externa privada asciende a 80.237 millones de dólares, de los cuales se reparten casi en partes iguales en deuda financiera (42.141 millones de dólares) y deuda comercial (38.096 millones de dólares).

Atarse al FMI

La economía argentina había logrado en la gestión de los Kirchner reencauzar su camino para apuntalar el mercado interno, impulsar el consumo, proteger el trabajo y, la producción nacional. Mientras que en los años 2001 y 2002  la tasa de inversión interna bruta fija era del 11% del PIB, en el 2007 superó el 23%  y  la inversión pública creció a tasas anuales superiores al 50%. Ya en 2006 el porcentaje del PIB en inversión pública fue el más alto desde 1974.

El problema era en cómo hacer para aumentar el poder de compra de los asalariados, sin arriesgar el incremento de la competitividad logrado con la devaluación a la salida de la convertibilidad, creando una baja en el costo laboral medido en moneda dura.  Para ello, el Gobierno desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso de negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresariales en el Consejo del Salario, por un lado y, por otra parte, al aplicar altos derechos de exportación (retenciones) a los alimentos generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones el precio de los alimentos en el mercado interno.

Kirchner relacionaba férreamente la obtención de ingresos fiscales por los Derechos de Exportación (Retenciones) con el subsidio energético, máxime que había congelado las tarifas energéticas, de comunicaciones y de transporte (en base a lo que habían ganado las empresas prestadoras de esos servicios en los años de la convertibilidad que cobraban  tarifas abusivas en pesos pero con un dólar 1 a 1). En pleno auge del modelo kirchnerista, año 2007, los subsidios a la energía y al transporte fueron de $ 14.600 millones  (a un dólar promedio de $ 3,10 de esa época significaban  4.700 millones de dólares) y ese fue el importe obtenido por las retenciones.  La idea y disciplina de Kirchner era que se apuntalaba a los hogares y a las industrias con el total del ingreso por retenciones y ese era, a su vez, el límite del subsidio.

El merito indudable de la política económica de los Kirchner fue generar, en el marco de una economía devastada por el liberalismo más acérrimo y el capitalismo salvaje, un modelo de producción y distribución en base al mercado interno, con lo que por un lado se superó el modelo de valorización financiera del capital e integración financiera a los mercados internacionales (en desmedro del mercado y la producción interna) implantado por la dictadura militar, y por el otro, permitió concebir un patrón de crecimiento que apuntaba a profundizar medidas y planes a favor de las economías regionales, de las PYMES, y del empleo y de los salarios.

El retorno a la integración al exterior

En cambio, la lógica económica en el gobierno de Cambiemos fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquirieran las divisas y las fugaran.

El gobierno de Macri solamente podía superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y ofreciendo pingües negocios al capital más concentrado. En ese marco no pueden existir proyectos de inversión productiva,  se prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que  condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa.

Era claro el fracaso del modelo económico y social generado por el gobierno de Cambiemos, el mismo staff del FMI aseveraba en octubre de 2018: “El riesgo de la dinámica propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que, en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá”.

Asume el gobierno Alberto Fernández y se auto impuso mediante la Ley 27.541 de Emergencia Económica publicada en el Boletín Oficial del  23 de diciembre de 2019, severos limites a los derechos de exportación.  La ley fue de emergencia de todo pero no cambiaria, reproduciendo la retroalimentación entre la suba de  los precios y del dólar, de manera tal que ambos crecieron en torno al 100% desde el 10 de diciembre 2019 a la fecha  y, es más, en los memorándos de entendimiento y de políticas económicas y financieras acordados con el FMI por ley 27.668, dice expresamente que ambos deben crecer al unísono y por encima  de ellos la tasa de interés, reproduciendo la combinación del monetarismo más avieso.

De esa manera se castiga a las pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno, con créditos confiscatorios de su capital al no fijar precios, sufrir la suba persistente del dólar y de la tasa de interés, sin saber si se va a contar con los  insumos adecuados y a qué valores, por el efecto de la inflación y del precio del dólar.

Solo beneficia al sector más concentrado y relacionado con el exterior, capaz de conseguir financiamiento (incluido el capital fugado) favoreciendo un modelo de acumulación extractivista, agropecuario y exportador, con contadas industrias que pueden competir regionalmente por la baratura de nuestra mano de obra medida en moneda dura.

La solución adoptada consiste en dejar flotar el tipo de cambio de manera tal que alcance un nivel que permita desactivar la demanda de dólares (algo que puede conseguirse transitoriamente) y, al mismo tiempo, implementar un ajuste fiscal que frene la economía, ralentice la actividad y, con esto, genere una oferta de dólares por la vía de la reducción de las importaciones y por el mayor saldo exportable ante el menor consumo interno.

El monitoreo de esta dinámica se da por medio de una meta sobre la tasa de inflación que, de incumplirse, lleva a una revisión del acuerdo con el FMI y en ese caso, el FMI lo primero que solicita es  una mayor flexibilidad sobre el tipo de cambio y un mayor ajuste fiscal.

Para no violar la meta fiscal, cada devaluación debe ser contrapesada con mayores quitas de subsidios, es decir, con aumentos de tarifas, sin que la dinámica del tipo de cambio ayude por el lado de la recaudación, debido a la reducción de las retenciones. Así, mientras que la devaluación empuja al alza los precios de los bienes transables (que se exportan e importan), la quita de subsidios hace lo propio con los no-transables (los servicios), generando un proceso inflacionario que termina con una economía cada vez más dual, e incumpliendo y  obligando a una revisión del acuerdo.

El acuerdo firmado con el FMI propicia un permanente ajuste comercial  (vía freno del nivel de actividad) y fiscal, con el objeto de integrar un sector beneficiado al mundo a costa de la desintegración nacional, con un sector de excluidos cada vez mayor y con menores ingresos. No existe ningún país que haya alcanzado algún grado de desarrollo con una estructura económica basada en exportación de recursos naturales, su industrialización y la especulación financiera.

Desde el gobierno de Cambiemos se genera en el país un cambio en la distribución funcional del ingreso que implica un mayor impacto sobre el producto y el empleo. Esto es resultado de una menor incidencia del consumo interno en la demanda agregada, que a su vez se profundiza por la suba de los precios  de los alimentos y demás bienes que conforma la canasta básica total, en un círculo  de pobreza y exclusión que, a su vez, trata de paliarse con políticas asistenciales cada vez menos efectivas por la suba generalizada de los precios y la mayor cantidad de personas necesitadas.

Que se produzca en la Argentina, por ejemplo, 47,7 millones de toneladas de granos de maíz como en la actual cosecha y que se permita exportar 38,4 millones de toneladas, habla por sí mismo del modelo, a lo que se suma la suba de su precio internacional (+150% en un año) y el derecho de exportación que es un porcentaje  que es menos de la mitad que en el kirchnerismo y,  su correlato sobre el precio de la carne aviar y porcina fundamentalmente y, de la polenta o del copo de ese grano.

En ese contexto, asegurar que el Gobierno tiene el objetivo cumplir con las metas fijadas en el plan económico presentado ante el FMI en materia de sendero fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas, como parte de un programa que funcione no solo para reducir la inflación sino para crecer en forma sostenida en los próximos años es inconsistente, insustentable y fuera de la realidad

Lo que menos le interesa al FMI es controlar la inflación, es más la inflación es funcional al modelo impuesto por el FMI, como lo fue durante la dictadura militar y el alfonsinismo que no bajaba del 100 % anual.

Es probable que se crezca al 4% este año, porque los sectores beneficiados del modelo van a mantener una tasa de inversión interna bruta fija del 20% del PIB (como en 2021) y dada la utilización en torno al 60% de la capacidad instalada y los niveles de productividad alcanzados (relación entre la producción y la dotación de capital que se cuenta), pero sesgado al sector exportador y el multiplicador del consumo de bienes internos de ese sector.  Y en desmedro de la mayor parte de la población que vegeta o sucumbe en la pobreza.

El solo hecho de que no se pueden ampliar los planes sociales no solo por el costo fiscal, sino porque su consumo disminuiría los saldos exportables y demandaría más energía, nos muestra claramente los límites del modelo.

Esos límites son los que siempre se rompen y obligan a un nuevo replanteo como pasó en el año 2001.

Cuando se rompen los límites