Memoria hostil de un tiempo de paz

Sin paz

Narices frías de una noche atrás.

Era agosto de 2018 y hacía un frío parecido al de estos días. Las detenciones ordenadas por Bonadío se sucedían. Recuerdo con claridad las fotos de los detenidos con chaleco y casquito, exhibidas en las portadas de los diarios. Las imágenes de las instalaciones del complejo penitenciario de Ezeiza y toda su sordidez. Imagino el espanto de los empresarios que eran detenidos en el marco de la causa “Cuadernos” al ver esas imágenes y pensar en ese lugar de duchas comunes y azulejos raídos como un destino posible. También recuerdo nítidamente una nota de Diego Cabot [i] donde relataba los dichos ensoberbecidos y extorsivos del fiscal Carlos Stornelli:

“’No hay sortijas para todos’. Era viernes al mediodía y la frase del fiscal Carlos Stornelli retumbó fuerte en los oídos de uno de los abogados defensores de Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux. Una metáfora fue suficiente para que el letrado bajara del quinto al cuarto piso de Comodoro Py, de la fiscalía al juzgado, y se plantara frente a su defendido: ‘La cosa viene en serio’. El abogado fue aún más directo. ‘El escenario más probable es que quedes detenido’, le dijo al ex ejecutivo de Isolux. Fueron palabras determinantes para obtener el gran objetivo del juez y el fiscal: lograr que un empresario se quiebre”.

Más adelante relataba Diego Cabot: “’Acá no sale nadie’, le dijo Stornelli al abogado de De Goycoechea, Javier Landaburu. Mientras, el empresario estaba en el juzgado de Bonaío a la espera de ser indagado. En pocos minutos, Landaburu le trazó el panorama que venía. ‘No salís. Las opciones son dos: o te quedás a pelear el proceso detenido o subimos y hablamos con el fiscal. En todo caso, lo escuchamos’, dijo. El fantasma de Lázaro Báez , que está detenido en una cárcel común desde hace más de dos años, sobrevoló la conversación. ‘Si te dan a elegir entre quedarte preso o irte a tu casa, ¿vos qué elegirías?’, desafió el abogado. La posibilidad de arrepentirse empezó a tomar forma. Sin embargo, a poco, empezó la indagatoria. Fue entonces cuando De Goycoechea tomó la decisión de ir por un acuerdo con Stornelli. El fiscal bajó de su despacho y entonces, todos se trasladaron a la fiscalía. Tejer el acuerdo duró menos de lo que creían. En reuniones previas entre el letrado y el fiscal ya se habían acordado los términos: no había excarcelación si el empresario no admitía haber pagado coimas. Ya frente a Stornelli, empezó la redacción del acuerdo. Gran parte del texto se va en los antecedentes de De Goycoechea en la empresa. Pero pasado ese detalle, se puede leer la sustancia de lo que fueron los dichos del primer arrepentido”.

Me acuerdo de Daniel Santoro diciendo en Animales Sueltos que los cuadernos habían sido ya peritados caligráficamente y también me recuerdo a mí misma, abogada en esa causa, gritándole al televisor que eso era mentira.

También tengo presente el día en que las cámaras de TV siguieron al fiscal Stornelli en su recorrido por las casas donde había habitado Centeno, en la búsqueda de los cuadernos. Y la conmoción cuando no los encontró, luego de haber afirmado Centeno en su declaración indagatoria que estaban en un determinado placard.

Recuerdo con nitidez su declaración “espontanea” ante el mismo fiscal, en la que intentó rectificar aquella primera versión señalando que “luego de ello agarré los cuadernos que estaban en la caja y los puse en la parte superior de un ropero que está en mi dormitorio entrando a la izquierda en la esquina debajo de las carpetas de servicios que pagué. Una tarde de mayo de este arto aproximadamente vino mi amigo Miguel Córdoba con su esposa Juana, de quien no recuerdo su apellido, a tomar unos mates. Yo ahí aprovechando un momento que estaba sólo con Córdoba le relaté los cuadernos que tenía, donde yo anotaba cosas muy comprometidas y lo que me había hecho Bacigalupo. Y le comenté que los iba a quemar a lo que él me señaló que sería conveniente. Así me levanté busqué la caja con los cuadernos me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina que está en casa. A Miguel Córdoba lo conozco desde hace muchos años, lo conocí casi al mismo tiempo que a Bacigalupo. A los dos los conozco aproximadamente desde el año 1998 porque trabajábamos en una remisoria en Martínez de nombre ‘0 Remis’. Al momento de mi anterior declaración yo pensé que los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las viviendas de Bella Vista porque eso había querido hacer. La confusión en relación al destino de los cuadernos fue por la situación que estaba viviendo, estaba detenido hacia dos días y no había podido dormir. Recién de ayer para hoy pude dormir un poco más. Mi actual mujer, Norma Lilian Núñez, sabía que existían los cuadernos, pero creo que nunca los vio. Ella vive en casa desde fines del año 2016”.

Y así continuó la causa Cuadernos, sin los cuadernos precisamente, hasta justo antes de las elecciones de 2019, cuando —cual ave fénix—, algunos de ellos resurgieron de sus cenizas para depositarse en la manos de Diego Cabot, que raudamente se los entregó a Stonelli. Así, tan desquemados como aparecieron.

Recién en estos días y a pedido de empresarios como Loson, el Poder Judicial ha ordenado la pericia caligráfica sobre los milagrosos, desquemados cuadernos. Porque con las copias en mano Loson detectó correcciones, enmiendas y tachaduras en el contenido. Curiosamente, el desmemoriado Centeno por primera vez pidió acceder a los resucitados cuadernos, cuya autoría reconoció.

Siempre me impresionó que la causa Cuadernos fuese elevada a juicio sin una puta pericia o algo que diese validez a su contenido. Y un poco entiendo la encerrona en la que está Centeno, hoy imputado arrepentido, y que cuando fue citado por el Poder Judicial italiano para declarar respecto a cuestiones que había consignado, tuvo un repentino ataque de desmemoria.

En similar sentido, quiero referir a una de las causas que nacieron a raíz de Cuadernos. Se trata de la causa que surgió a partir de las declaraciones como arrepentido del que fuese el piloto del avión que solía llevar al matrimonio Kirchner en sus viajes al sur del país, donde estaba su domicilio.

A partir de las declaraciones en la causa Cuadernos del piloto Sergio Oscar Velásquez, el juez Bonadío ordenó extraer testimonios y realizar una nueva investigación respecto a la posible comisión del delito de peculado. La nueva causa fue sorteada y recayó –¿cuándo no?— en el juzgado de Bonadío.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner impugnó esa asignación por una sencilla razón. Bonadío no podía ser juez en esa causa por ser el juez que había ordenado investigar esos hechos. Es decir que, prima facie, Bonadío había expresado que a su criterio en esos hechos había un delito. Y eso lo inhabilitaba para ser el juez instructor. por aquello que la Constitución exige que el juez debe ser imparcial. Aunque decirle “imparcial” a Bonadío sea tal vez decir demasiado.

El recurso respecto a la asignación de la causa a Bonadío fue increíblemente confirmado por la Sala de Apelaciones. Presentado el recurso de Casación, el ministerio publico fiscal intervino para señalar “que resolución recurrida no se trata de una sentencia definitiva o equiparable en los términos del art. 457 CPPN, por lo que solicitó se declare inadmisible el recurso intentado».

Subsidiariamente instó al rechazo del remedio incoado por cuanto –siempre a su ver— los argumentos presentados para sustentar la tacha de nulidad referidos al origen de las actuaciones fueron correctamente examinados en la resolución recurrida.

En ese orden, sostuvo que no se vio vulnerada en ningún momento la garantía de la juez natural contenida en el art. 18 constitucional en tanto la causa resultó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11, tratándose de un tribunal permanente, constituido con anterioridad al hecho que motiva el proceso.

Así también adujo que: “En cuanto a los efectos de la aceptación de la recusación del Dr. Bonadio sobre la validez de los actos realizados hasta entonces en la causa y, en particular, sobre el auto de procesamiento recurrido, es preciso destacar que este planteo ha sido introducido por primera vez en esta instancia, por lo que, a fin de garantizar el doble conforme, corresponde que se presente ante los tribunales inferiores previo a ser examinada por este tribunal”.

También agregó que “el temor de parcialidad que pudiera albergar la defensa por la actuación del Dr. Bonadío se encuentra subsanado con la revisión del auto, por lo que la solución propuesta por la parte recurrente deviene insustancial”.

Este dictamen es insólito, porque afirma sin pudores que la posibilidad de revisión de una sentencia se encuentra subsanada por la intervención de la instancia revisora. Como si ser investigado y procesado por un juez parcial no fuese ya en sí mismo un agravio y una violación flagrante del principio de juez imparcial. Estas cuestiones producen una de las mayores aberraciones de nuestro Poder Judicial: convertir el proceso en un castigo anticipado, donde no existe ni presunción de inocencia ni derecho a defensa ni nada. Y esa vulneración no se repara con la existencia de instancias revisoras. Porque hasta que la instancia revisora decide, el imputado tiene un proceso pendiente sobre su cabeza y ese proceso esta manos de un juez que NO es imparcial.

Finalmente, la Cámara de Casación decidido ordenar que el rechazo de la recusación de Bonadío sea revisado, señalando que “constituye criterio dominante que la garantía de imparcialidad contiene dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. Desde esta perspectiva, se demanda que el juez que interviene en una contienda se aproxime a los hechos del proceso careciendo de todo prejuicio y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de su ausencia de imparcialidad”. Y añadió con cita de jurisprudencia que “al disponer la extracción de testimonios de lo actuado en la causa (…) el magistrado exhibió de manera inequívoca su sospecha con relación a que los hechos de que se trata podrían haber constituido una infracción al régimen de la ley penal cambiaria y, consecuentemente, no se encuentra en una situación de imparcialidad y de equidistancia para conocer en el expediente formado con aquel objeto, a partir de aquella remisión de testimonios ordenada por el mismo magistrado”.

¿Qué dirá ahora la Cámara de Apelaciones que había rechazado la recusación de Bonadío? Se abren las apuestas…

Pero no quiero concluir sin señalar otro de los horrores de la causa Cuadernos y derivados. Que es imputación agraviante a la memoria de una persona que decididamente no puede defenderse. Se trata de la imputación al ex Presidente Néstor Kirchner. Que cuando fue imputado en la causa Cuadernos y en esta causa ya había fallecido y por ende de modo alguno podía ser imputado ni mucho menos defenderse. Y aunque luego resultó sobreseído, precisamente por haber fallecido, su imputación no deja de ser un agravio a su memoria, y un dolor innecesario para su cónyuge y sus hijos y un mancillamiento de su nombre, que indubitablemente Néstor Kirchner no puede defender.

Como les decía, a veces el proceso en sí mismo funciona como un castigo, frente al cual resulta imposible defenderse. Castigo que no respeta las garantías de las que gozamos todos los ciudadanos. Incluso aquellos que han fallecido.

Bienvenidos al este museo del horror que es nuestro Poder Judicial.

¿Poder Judicial o Museo del Horror?

La IX Cumbre de las Américas (que tiene lugar en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio) comenzó con dudas sobre la participación de varios jefes de Estado, ausencias significativas y exclusiones. Junto con la coyuntura, hay razones más profundas del clima de apatía que prima en el cónclave. Una comparación entre las dos Cumbres de las Américas que tuvieron como anfitrión a Estados Unidos puede darnos una mejor idea de cuánto cambiaron el mundo, Washington y América Latina.

La I Cumbre de las Américas de 1994, realizada en Miami durante la administración de Bill Clinton, tuvo un encuadre singular. Estados Unidos en particular y Occidente en general eran los triunfadores de la Guerra Fría. Washington era el primus inter pares y tenía una notable oportunidad de moldear lo que para entonces -y a falta de mejor nombre- se llamó la Posguerra Fría. La Unión Soviética había sufrido una implosión y Rusia era una potencia menguante que disponía de un enorme arsenal nuclear pero que tenía una base material descalabrada y una proyección de poder muy menguada. China era, en esos años, un país ascendente, pero aún no se había constituido en una gran potencia regional ni en una superpotencia de alcance global. Y Europa optaba por ampliar la Unión Europea en lugar de profundizar su experiencia unificadora. 

América Latina dejaba atrás los golpes de Estado y se afianzaba la transición democrática de modo gradual pero promisorio. El mundo pregonaba los «dividendos de la paz» una vez terminada la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Washington parecía depositar alguna atención en América Latina y la región compartía una cierta homogeneidad con gobiernos más inclinados a procurar relaciones estrechas con la Casa Blanca. Se puede decir -por supuesto, con algo de exageración- que había una relativa comunidad de intereses y valores en el sistema interamericano.

Aquella primera cita continental hay que localizarla, además, en la grand strategy de Washington en ese contexto histórico. La gran estrategia, denominada «Compromiso más Ampliación» (Engagement plus Enlargement), consistía en que Estados Unidos no se replegaría como lo había hecho después de la Primera Guerra Mundial y que tenía la voluntad, la capacidad y la oportunidad de reconfigurar de modo decisivo el sistema internacional (el componente de engagement), al tiempo que procuraría propagar la economía de mercado y el pluralismo político (el componente de enlargement). Respecto a este último componente, la política de Estados Unidos se sirvió del Consenso de Washington de 1989 para dar impulso a las políticas de liberalización y desregulación económica, por un lado, y de reducción del Estado, por el otro. En ese marco, un eje central era el comercio, tema que se convirtió en el foco principal de la I Cumbre de las Américas con la aspiración de alcanzar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para 2005.

Camino al cónclave en Miami, Estados Unidos desplegó un conjunto de consultas previas, así como reuniones preparatorias. América Latina, entonces a través del llamado Grupo de Río (compuesto por la sumatoria del Grupo de Contadora, el Grupo de Apoyo a Contadora, la Comunidad del Caribe [Caricom] y el Sistema de la Integración Centroamericana [SICA]), realizó encuentros de cara a la cumbre con el fin de hacer aportes que reflejaran las necesidades de la región. Desde el punto de vista burocrático, fue relevante el rol del subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Alexander Watson. Conocía la región -había tenido destinos diplomáticos en Bolivia, Brasil, Chile y Perú- y manejaba tanto el español como el portugués. 

Dada la notable asimetría de poder y en virtud del consentimiento de una gran parte de América Latina y el Caribe, Washington logró un acuerdo respecto de la centralidad del ALCA como objetivo clave en la década por venir. Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA) pasarían a jugar un papel clave en la instrumentación de los diversos compromisos temáticos alcanzados. Para la época, una figura prestigiosa como Enrique Iglesias presidía el BID y el ex-presidente de Colombia, César Gaviria, llegaba a la Secretaría de la OEA con una agenda de modernización institucional. 

Pero ese estado de sugestiva coincidencia entre Estados Unidos y América Latina no iba a extenderse por mucho tiempo. Distintas realidades internacionales (como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la «guerra contra el terrorismo», el progresivo auge de China, el comienzo de un estancamiento secular de las economías de Occidente y el aumento del proteccionismo estadounidense) y regionales (como los crecientes costos sociales y económicos de las reformas de la década de 1990 y la llegada al poder de distintos tipos de gobiernos progresistas) fueron generando condiciones que hicieron inviable la concreción del ALCA en 2005.

En 2022, 28 años después del primer encuentro continental, Estados Unidos realiza la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Aún es un misterio por qué el gobierno de Donald Trump solicitó, en la VIII Cumbre de 2018 reunida en Lima y a la cual el mandatario estadounidense no asistió, ser sede de la siguiente cita. La mezcla de desdén, destrato y desprecio que mostró su administración hacia América Latina solo puede llevar a una conjetura: de haber sido reelecto presidente, este cónclave habría sido un ejercicio para disciplinar la región y avanzar en su proyecto reaccionario con el acompañamiento de algunos mandatarios del área. En todo caso, le cupo al presidente demócrata Joe Biden llevar a cabo la cumbre. No sin obstáculos.

Para comenzar, estuvo el problema de la pandemia que obligó a modificar la fecha. El telón de fondo lo han dado los 18 meses de la política latinoamericana del gobierno demócrata. En breve, hasta el momento la gestión hacia la región ha tenido más continuidad que cambio, una suerte de «trumpismo soft». Casi ninguna de sus promesas, por ejemplo, en materia de migración y de recursos significativos para América Central, se han cumplido. Las sanciones a países como Venezuela y Cuba no han sido reconsideradas. Al igual que desde hace décadas, el lugar del Comando Sur en los vínculos interamericanos parece predominar por sobre el del Departamento de Estado. Poco ha variado también la estrategia internacional de Washington en materia de drogas ilícitas.

Ahora bien, en esencia, esta cumbre tiene un encuadre muy distinto de la de 1994. El debilitamiento internacional de Washington es notorio, al tiempo que Estados Unidos tiene su propia «casa en desorden»; la consolidación del ascenso de China es ya un hecho; el resurgimiento agresivo de la geopolítica es evidente después de la invasión rusa de Ucrania; el Sur global propugna transformaciones más urgentes con una voz más audible que la que tuvo al principio del siglo XXI; la situación ambiental es muy delicada; y la agenda global exige un grado de gobernabilidad que ningún país puede imponer o manejar de manera individual. 

Respecto de América Latina, se han hecho patentes dos cuestiones claves. Por una parte, el alto nivel de fragmentación, a punto tal que se ha tornado improbable converger en temas vitales para la región. Esto torna a la región en un actor cada vez menos gravitante en el escenario mundial. Por otra parte, y más allá de los gobiernos de turno en uno u otro país -y muy especialmente en América del Sur-, no hay administraciones que busquen reducir o revertir los lazos, particularmente económicos, con China, lo que implica que no hay actores domésticos dispuestos a vetar la relación con Beijing que tanto inquieta a Washington. 

A su vez, la IX Cumbre en Los Ángeles se inserta en la gran estrategia de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que pretende la primacía (primacy): Washington no acepta ni tolera la existencia de una potencia de igual talla. Con George W. Bush esa primacía fue agresiva, bajo Barack Obama fue recalibrada y bajo Donald Trump fue ofuscada; con Joe Biden asistimos a una primacía deteriorada, tanto por razones internas como externas. La IX Cumbre refleja esta nueva condición de la grand strategy de Washington. Estados Unidos vive hoy un franco disenso bipartidista en política exterior, posee menos recursos en términos de inversión privada y asistencia oficial al desarrollo para asegurar su influencia en América Latina, y enfrenta a una China que no promueve hasta ahora una ideología alternativa, pero que dispone de recursos materiales (inversiones, comercio, ayuda) para respaldar y aumentar su proyección en la región.

En ese marco de referencia, es importante advertir los contrastes entre las cumbres de 1994 y 2002. Respecto de la presente cita en Los Ángeles, las consultas con los países de la región fueron casi inexistentes, al tiempo que la capacidad de América Latina para proponer una agenda compartida de cara a Washington es nula. Por supuesto que la decisión de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela fue unilateral. Pero además los enviados de Washington a varias capitales remarcaban un solo mensaje: contener a China. La articulación política desde el Departamento de Estado fue pobre: entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021 hubo tres subsecretarios de Asuntos Hemisféricos interinos, mientras que el embajador ante la OEA, Frank Mora, nominado en julio de 2021, está todavía en proceso de confirmación. Adicionalmente, las dos instituciones relevantes para hacer que los planes de acción de las cumbres se concreten están encabezadas por personas que no han contribuido a un mejoramiento de las relaciones interamericanas, más bien todo lo contrario: Mauricio Claver-Carone en el BID y Luis Almagro en la OEA. 

Ciertamente, en el primer semestre de 2022 se hizo evidente que Estados Unidos y América Latina han estado operando con dos «lógicas» distintas en cuanto a la IX Cumbre. Una serie de cuestiones de naturaleza y alcance globales, tales como la creciente competencia entre Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania, la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el futuro de la energía, la gravitación de los recursos estratégicos y la multiplicación de hotspots en el mundo, entre otros, ha reforzado en Estados Unidos, entre civiles y militares, demócratas y republicanos, centros académicos y think-tanks, una mirada de los asuntos mundiales signada por la lógica geopolítica: ante todo, la pugna global, la política de poder y la expansión de esferas de influencia. 

Mientras tanto, la compleja y crítica situación económica y política, la exacerbación de fuentes de inestabilidad y volatilidad, la ausencia de un modelo de desarrollo sustentable y la profundidad de la polarización a lo largo y ancho de América Latina han conducido a que prime en la región una lógica social: hacer frente a las desigualdades, recuperar el crecimiento económico y evitar estallidos ciudadanos. Esto anticipaba, más allá de las formas y las palabras, una colisión de intereses entre Washington y varios países latinoamericanos, mientras que aspectos valorativos -como la democracia- fueron profundizando miradas diferentes sobre cómo abordar y tramitar, en Estados Unidos y América Latina, el reto de su debilitamiento y eventual regresión. 

La cumbre de Los Ángeles parece dirigirse a un estancamiento en las relaciones interamericanas, lo cual podría reavivar en Estados Unidos el «síndrome de la superpotencia frustrada». El síndrome se expresa con un determinado patrón: una región -en este caso, América Latina- es considerada escasamente relevante por distintos motivos. Ello hace que sea percibida de manera simplificada, que reciba una atención intermitente de parte de los tomadores de decisión y que atraiga el interés de pocos actores domésticos en Estados Unidos. Así, las políticas burocráticas se caracterizan por la recurrencia y la invariabilidad. Ocasionalmente, surge la expectativa de una «transformación» madura y responsable en la región, madurez y responsabilidad que se entienden como consonantes con los objetivos primordiales de Washington en el área. Pero la desilusión vuelve a emerger: países turbulentos, mandatarios díscolos, políticas inconsistentes y retos inesperados conducen primero a la sorpresa y después el desengaño. Sin embargo, nada de ello lleva a alterar la estrategia. En realidad, la superpotencia no tiene la voluntad y disposición para repensar y reorientar las relaciones con la región. Así, de facto, empieza un nuevo ciclo que preanuncia otra frustración futura.

https://nuso.org/articulo/cumbredelasamericas-estadosunidos/

El año en que se cumplen 40 aniversario de uno de los mayores conflictos de la Guerra Fría puede abrir una ventana de oportunidad para intentar una vía no explorada para abordar el tema Malvinas. Una serie de condiciones, algunas imprevistas y otras interesantes, podrían facilitar una alternativa innovadora.

Por un lado, es importante destacar la ausencia de estridencia en la conmemoración de la fecha de parte tanto de la Argentina como del Reino Unido. Ni el gobierno ni la sociedad en la Argentina han mostrado expresiones o actos irredentos. Ni el gobierno ni la sociedad en Gran Bretaña han sido arrogantes. Perdedores y triunfadores han sido sobrios en sus expresiones. El dolor de una guerra que no debió ser no llama, hoy, a desmesuras.

Por otro lado, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las sanciones de Estados Unidos y Europa a Moscú, el latente espectro nuclear y los efectos múltiples y masivos derivados de la dinámica desatada por la agresión rusa nos han colocado, al parecer, en una situación de guerra global sin final inmediato.

En un mundo que, además, tiene numerosos puntos calientes que pueden detonar una cadena descontrolada de disputas.

La breve Posguerra Fría, esa que tuvo a Occidente como principal arquitecto de un incumplido orden internacional y que auguraba estabilidad, justicia y equidad se está rápidamente desvaneciendo. Las crisis recurrentes, políticas, financieras, militares y ambientales, han producido una suerte de estrés mundial.

En ese sentido, la superación de problemas no resueltos y la prevención de confrontaciones potenciales son una tarea urgente en la comunidad internacional.

En ese contexto, es bueno retornar a 1982 y encontrar en ese año una especie de “llave” para reorientar, en la actual coyuntura, el tratamiento del tema Malvinas. Culminadas de hecho a mediados de junio las hostilidades, la Argentina continuó, en el marco diplomático, su reclamo de soberanía. Alcanzó una trascendental resolución en las Naciones Unidas.

Gracias a la ardua y lúcida gestión del representante argentino ante la ONU, Carlos Manuel Muñiz, y siendo Canciller Juan Ramón Aguirre Lanari, la Asamblea General aprobó el 9 de noviembre la Resolución 37/9 que fue presentada por veinte países de América latina y recibió el voto favorable de Estados Unidos.

Según la resolución, “el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas”. Y reafirmó “la necesidad de que las partes tengan debidamente en cuenta los intereses de la población de las Islas Malvinas”.

Dicho lo anterior, “pide a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de Soberanía sobre dichas Islas” y, muy concretamente, “pide al Secretario General que, sobre la base de la presente resolución, emprenda una misión renovada de buenos oficios a fin de asistir a las partes en el cumplimiento de lo solicitado” en el párrafo anterior.

Asimismo, el 20 de noviembre de 1982 la OEA—siendo el representante argentino Raúl Alberto Quijano—respaldó, mediante la Resolución 595, la Resolución 37/9 de Naciones Unidas: el continente apoyó la expresa solicitud. Sin embargo, lamentablemente, los buenos oficios solicitados al Secretario General de la ONU no se han llevado a cabo.

2022 es probablemente el año en que bien podría el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, implementar esa resolución de hace cuatro décadas. Ya en agosto de 2021, en la declaración especial sobre Malvinas de la CELAC, le reclamó el cumplimiento de la misión de buenos oficios. Por supuesto que una acción de este tipo es delicada y riesgosa para Guterres.

Pero también lo es el que tiene una responsabilidad para recuperar el prestigio y la credibilidad de la ONU en un momento histórico como el actual. Todos los miembros permanentes—incluido el Reino Unido–del Consejo de Seguridad deben reconocer a esta altura que los problemas sensibles que hacen a la paz y la seguridad internacional que no se resuelven, se empeoran con el tiempo.

Hay ya muchos ejemplos que han sido y son testimonio de eso. Occidente no puede asumir que la inestabilidad y el desorden se pueden seguir administrado a punta de la amenaza, el uso de la fuerza y la política de poder.

Ni China ni Rusia, una como potencia insatisfecha, la otra como potencia revisionista, pueden apostar al caos como un modo de gestionar el multipolarismo que propugnan. Estados Unidos—que en el voto de 1982 probó entender el sentido de no perpetuar conflictos irresolutos—bien podría, como escuchó de fuentes castrenses la Comandante Laura Richardson del SOUTH COM en su reciente visita al país, asumir una postura de “neutralidad constructiva” respecto a Malvinas.

Si se trata de evitar una proyección de poder de China en el Atlántico Sur, para Occidente es mucho mejor una Argentina próspera, estable y segura. Ojalá que el secretario Guterres advierta que, para él, para la ONU y para la comunidad internacional resolver el tema de Malvinas será un aporte a la paz mundial.

Asumir el desafío de los buenos oficios parece una vía oportuna que debiera explorarse. Y, mientras tanto, la Argentina debe concebir y consensuar un amplio menú de propuestas razonables y realizables para cuando la negociación sobre la soberanía pueda iniciarse.

https://www.clarin.com/opinion/via-oportuna-malvinas_0_9ZXLdN3WpX.html

“Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral”

En esta frase, un ministro de la Corte aparece como epígono del candidato populista por antonomasia en la Argentina, Javier Milei, quien ya en noviembre de 2021 había señalado: “Venimos a terminar con el verso ese de que ‘donde hay una necesidad nace un derecho’, porque es mediante ese sistema que aumentan el gasto público, los impuestos, toman deuda y cuando ya no pueden más le dan a la maquinita”.

Por una cuestión de responsabilidad institucional, la banalidad puede admitirse como un paso de comedia en el populista nativo, pero no en el epígono que tiene a su cargo la función de interpretar la Constitución y las leyes.

Pues el problema no es la necesidad como derecho sino la estructura del discurso, propia de los populismos de derecha, en el que un término, tomado sin determinaciones, significa todo y nada, no es más que una expresión destinada a excitar emociones y a señalar un enemigo. Así hablaron Hitler, Mussolini y hoy se expresan sus herederos europeos. Como decía Hegel, el ser, el puro ser sin determinaciones, es igual a la nada o, como dijera otro alemán, suponer sujetos sin lazos sociales “es la apariencia, y la apariencia estética solamente, de las pequeñas y grandes robinsonadas”.

La frase de Eva Perón es dicha en un contexto que permite discernir con claridad su determinación. Está dirigida a los humildes, a los desposeídos, en definitiva, a quienes la privación (otro nombre de la necesidad) de condiciones materiales pone en riesgo la realidad de la ciudadanía.

La versatilidad no está en la enunciación (determinada por el contexto y los sujetos a los que está dirigida) sino en la interpretación de quienes omiten la distinción entre necesidad, demanda y deseo.

La necesidad no es el capricho, como parecen confundir los consumidores de la fantasía publicitaria de una tarjeta que permite hacer realidad un sueño con la nueva palabra mágica: ¡Quiero!

La necesidad en Eva Perón habla claramente de un sujeto y un objeto, del mismo que se hablaba en la tradición republicana desde Rousseau o Robespierre. La necesidad habla de las condiciones materiales que hacen posible en una sociedad y tiempo determinado que los humanos puedan perseverar en el ser. La necesidad habla de alimento, cobijo y cultura.

Cuando se dice que no se pueden satisfacer todas las necesidades, lo que se afirma es un estado de cosas en el que se satisfacen los caprichos de la posesión pero no las condiciones materiales que permiten a cada ser humano continuar siéndolo. Porque como demostraron hasta el hartazgo los efectos de los campos de concentración nazis, la privación puede de-subjetivar y hacer aparecer la horrorosa figura del muselmann, de una humanidad reducida a nuda vida. Y hoy existe una sociedad que expulsa, que priva, que mata. Es que siempre la propiedad privada sobre un objeto es privación, respecto de este objeto, del resto de la sociedad. Y lo que se pretende obturar mediante esa formulación indiferenciada de la necesidad es la discusión sobre lo que una sociedad debe a cada humano, para asegurar que estos pervivan en su ser.

Este y no otro es el sentido del preámbulo de la Constitución Nacional que probablemente Milei no conozca pero Rosenkrantz debería saber: la Constitución se ha hecho para “asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Las marcas semánticas de ese nosotros son suficientemente claras: nosotros somos los que tenemos posteridad, es decir, somos mortales y sexuados, que es tanto como decir necesitados y vulnerables en nuestra propia condición de existencia.

En tanto vivientes necesitamos reproducir nuestras condiciones biológicas de un modo adecuado a las posibilidades que la sociedad puede brindar. Esa necesidad es alimento.

Al vivir en relación con un entorno externo en el cual sea posible la vida o frente al cual debemos protegernos, esa necesidad es el cobijo.

Finalmente, el modo particular de relacionarnos con otros y devenir humanos constituye la cultura. Cuando los humanos perdemos la cultura perdemos el mundo. La nuda vida ya no es humana cuando se pierden los lazos, cuando el sujeto es abandonado por las estructuras jurídicas y políticas. Sin cultura no hay palabra, ni pensamiento ni rostro.

Y esa es la libertad en el sentido jurídico del término. Robespierre, en el discurso del marco de plata de 1791 ya señala que la propiedad es más sagrada, ante los ojos de las leyes y de la humanidad, “cuando se trata del magro mobiliario o el módico salario al que está unida la existencia del hombre modesto y laborioso” que cuando se trata de fortunas fastuosas. Y eso es tanto Robespierre como Rousseau, como Moreno, como Monteagudo.

La libertad es potencia para perseverar en el ser, no para elegir entre dos marcas de calzado. La libertad de opción no es asegurada por constitución jurídica alguna, la libertad como opción es un existenciario. Diría Sartre que estamos condenados a elegir.

Entre nuestra tradición republicana y los liberales de Locke media una diferencia idiomática. Cuando el sujeto habla reflexivamente de sí en inglés puede utilizar casi indistintamente los términos my self como my own. Hasta cierto punto se puede decir que lo yo soy es lo que yo poseo.

Para nosotros, republicanos, la propiedad que más importa es la que asegura la libertad. Por eso cuando la necesidad está vinculada a ese perseverar en el ser, nace un derecho. Eso y no otra cosa son los derechos humanos, que no se limitan a los reconocimientos de los tratados ni existen en cielo legible, son la carnadura material del ser humano.

Finalmente, me gustaría señalar que una carencia o una necesidad no vehiculiza al sujeto de los derechos humanos por sí, requiere devenir demanda por la mediación de la palabra. Y para evitar que la palabra torne la necesidad en demanda, Nuestra América fue asolada por dictaduras, proscripciones, interdicción de la palabra y el lawfare.

Es que cuando ellos, los populistas demagógicos hablan de populismo demagógico, vienen por los derechos de todos y todas para asegurar los privilegios de pocos y pocas.

No se aprendieron ni el Preámbulo

En lo que podría definir como un claro respaldo a la lucha contra la inflación, hace pocos días la Corta Suprema de Justicia de la Nación llevó el costo del recurso de queja de $100.000 (pesos cien mil) a $300.00 (pesos trescientos mil). La friolera de un aumento del 200%. Ese es el costo que deben pagar los argentinos para que la Corte Suprema se tome la molestia de hacer aquello que por la Constitución esta obligada a hacer: revisar las sentencias de los tribunales inferiores. Una curiosidad de esas que me gustan a mí y que creo que merece resaltarse es que el depósito por recurso de queja solo se reintegra si la queja es concedida. Si es rechazada el dinero se lo queda la Corte Suprema. Siempre pensé que es un curioso desincentivo para que prosperen los recursos de queja en este país. Si se atiende a la justicia de los planteos de los recursos, parecería mas razonable que si efectivamente la Corte hace su trabajo y analiza el recurso, la tasa estaría bien cobrada, mientras que si no se hace el trabajo de analizar el tema y se rechaza por ejemplo sin expresión de causa – el famoso articulo 280- , el deposito sea restituido a quien tuvo que pagarlo. Porque el trabajo de analizar el tema y concluir que no hay tema lo hacen los empleados del Poder Judicial, para lo cual el Estado Nacional les paga un generoso salario, libre de ganancias a diferencia del resto de los mortales, que sí deben pagar el impuesto. Nunca entendí por qué el Poder Judicial cobra un precio por hacer algo que es ni más ni menos que su tarea. Si la educación es un servicio publico el Estado debe brindarlo gratuitamente. Siempre el interesado podrá optar por que el proveedor del servicio privado sea privado. Por ejemplo, pagando un colegio privado. Pero en el tema de justicia, resulta que no hay una opción privada. Solo hay una Corte Suprema y es pública. El costo de la queja sólo demuestra lo devaluado que está en la mismísima cabeza del Poder Judicial el viejo y querido concepto de Servicio de Justicia.

Hay quienes opinan que el tema queda subsanado con la posibilidad de presentar una acción llamada “beneficio de litigar sin gastos”. Y yo me pregunto por qué solicitar un beneficio, cuando en sí mismo el derecho a que revisen una sentencia existe y no es ningún favor ni beneficio, sino precisamente un derecho. ¿Está bien tener que pagar para ejercer un derecho?

El Estado sostiene financieramente al Poder Judicial. Lo hace con el dinero que recauda de los impuestos. Bien podría un sujeto individual plantear que él pagó con sus impuestos por ese servicio de justicia y que es absurdo —y por cierto, también ilegal— que además le cobren un extra por hacer lo que es un mandato constitucional: la Corte debe revisar las sentencias. No lo digo yo, lo dice la Constitución.

Cosas del Poder Judicial argentino… Extraño mundo, por cierto. Tan extraño como la nota que leí hoy en Clarín que consigna: “El insólito plan de la Corte títere” y tiene como bajada: “El Gobierno quiere sumar gente al máximo tribunal para restar independencia.”. Básicamente no entiendo algo: más miembros implica más independencia para la Corte Suprema y no más control de nadie. Porque sin duda es más fácil condicionar a cuatro señores muy aseñorados, como son hoy los miembros de la Corte, que a los 25 que proponen los gobernadores.

¿Me permiten un razonable ejercicio de lo que mi abuela titularía: “Piensa mal y acertarás”? Que el total de miembros de la Corte se eleve le preocupa —y mucho— a quienes están acostumbrados condicionar a dichos señores, a vulnerar su independencia. No a quienes la buscan.

Sobre el tema de la representación federal hay quienes –Héctor Gambini en Clarín, por ejemplo— sostienen que la idea de un miembro de la Corte por provincia implicaría hacer de la Corte un senado paralelo. Disiento con Gambini por esta razón: la Corte decide lo justo y lo injusto desde la mirada de sus miembros, que vienen de donde vienen y piensan lo que piensan desde su realidad. Aunque lo que deciden proyecta sus efectos mucho más allá de los lugares que los jueces conocen, de sus realidades. Pienso por ejemplo en un tema como retenciones, que afecta las finanzas de todo el país. Hoy sería resuelto por cuatro jueces que provienen todos de lugares donde se produce soja y que son super conscientes del peso especifico de los intereses del sector agroexportador. Seamos honestos: con los ojos cerrados, todos nosotros podríamos acertar cómo resolverían los actuales jueces de la Corte el tema de retenciones. Pienso en una eventual ley que establezca retenciones y una afectación especifica de esos recursos a equilibrar las desigualdades estructurales que tiene la Argentina entre sus provincias. Y me pregunto si alguien de la provincia donde yo crecí, que dista mucho de ser productora de soja, resolvería en igual sentido que los actuales miembros de la Corte.

Y entonces me acuerdo con afecto de mis profesores de Derecho Público Provincial, que solían enseñar: “Para nosotros es de fundamental importancia que se establezca un nuevo sistema de coparticipación sobre estas bases, expresivas de los principios de la solidaridad y lealtad federales, que son esenciales para las federaciones. Es que aún las más ricas y desarrolladas no dejan de presentar asimetrías, como se observa en los Estados Unidos o en Canadá. ¿Acaso son similares los índices económicos y sociales que se aprecian en California o Alabama o en Alberta o Nueva Escocia? Por ello, para nosotros también aquí han sido acertados los criterios del constituyente y sobre ellos debe avanzarse para producir un desarrollo más justo, equilibrado e integrado del país. Es que no debe olvidarse la distancia que separa al distrito más rico, o sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los más pobres, como Santiago del Estero y Formosa, lo que refleja la magnitud de nuestros desafíos y problemas” (Antonio María Hernández, Los aspectos financieros y económicos del federalismo argentino).

Leo lo que escribió la “Tuta” —así le dicen a Hernández en Córdoba— y supongo que la idea de los gobernadores respondería mucho más al criterio de solidaridad y lealtad federal. Sobre todo, teniendo en cuenta que la actual Corte suprema disfruta de legislar como si fuese un órgano legislativo más. De hecho, los diarios anuncian que en breve resolverán un tema de coparticipación y distribución de recursos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Díganme si no resultaría valioso y enriquecedor que lo resolviese una Corte con criterio federal.

Y dentro de las muchas cosas que pasaron en el raro mundo del Poder Judicial argentino, en estos días llamó la atención un fragmento de los dichos del vicepresidente –auto-votado— de la mismísima Corte Suprema. Hablo de los dichos de Carlos Rosenkrantz que señalo: “La insensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos, pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que, si hay un derecho, otros (individual o colectivamente) tienen obligaciones, y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.

Supongo que alguien más prudente o menos antiperonista visceral se hubiese cuidado de utilizar una de las frases icónicas del peronismo, atribuida a Eva Perón. Pero a Carlos hay que reconocerle, en un mundo de dobleces, que tiene una honestidad brutal. Discuto con Rosenkrantz desde hace 20 años. Como joven abogada que conformaba la cátedra de Derecho Constitucional con el gran Chicho, como abogada del Estado como contraparte en juicios donde yo defendía al Estado Nacional y como abogada privada, sé que no pensamos para nada parecido en cientos de temas. Pero siempre le he respetado que es honestamente lo que es.

Lo que dijo Carlos, a oídos de un peronista suena a aberración. Aunque me detengo a pensar que le faltan definiciones sobre qué es una necesidad y qué es un derecho. Supongo que, para el común de la gente, saber qué es una necesidad no requiere mucho desarrollo conceptual. Tal como lo entendió Evita, la necesidad la entienden perfecto los que han conocido el hambre, el frío o el desamparo.

Pero, más allá de las definiciones conceptuales, es claro que una necesidad es algo que es percibido por quien la siente como razonablemente imprescindible para poder seguir adelante con su vida. Comer, tener trabajo, acceder a la salud y a educación, tener una jubilación digna, etc. Cuando alguien dice necesidad en términos jurídicos, yo pienso en cosas como esas. También piensan en esos términos quienes escribieron los tratados de Derechos Humanos, que pusieron en cabeza de los Estados la obligación de garantizar determinadas cuestiones a su población. Los llaman derechos y su ausencia es percibida como una necesidad por quienes carecen de ellos.

A este concepto casi intuitivo de necesidad como estado de carencia de algo refería Evita, y encontraba su respuesta en la obligación de satisfacerlo por parte del Estado o de quienes provocan el estado de carencia.  Es decir, el derecho a no carecer de ese algo.

Ni los tratados de Derechos Humanos ni la propia Evita pusieron el costo de satisfacer una necesidad por encima del derecho a no carecer de algo. Debe ser porque los derechos humanos nacen de la condición de ser humano y son inalienables de dicha condición, sin importar los costos que su satisfacción pueda comprender. Costosos o no, no dejan de ser derechos y deben ser atendidos.

Supongo que lo que expresó el vicepresidente del tribunal supremo de este país no deja de ser la expresión de quien nunca tuvo hambre, o de quien lo tuvo y se olvidó. En cualquier caso una muestra de insensibilidad mayúscula y preocupante para quienes recurren al Poder Judicial buscando amparo ante una carencia. Porque le asiste razón a Rosenkrantz en eso de que los recursos son escasos, y precisamente es una de la función de los jueces: encontrar un equilibrio en la distribución de recursos escasos cuando los temas son llevados a su consideración.

Los abogados solemos hablar de resolver equilibradamente conflictos de derechos, esto es conflictos entre carencias de diversa índole o de satisfacción contradictoria. Pienso —por ejemplo— en el conflicto entre el derecho a expresar algo, por ejemplo los piquetes y cortes, y el derecho a circular, que también reconoce la Constitución. Lo que nos enseña Rosenkrantz es que ese equilibrio no debe sino mirar costos, no necesidades.

Algunos me preguntaron si lo manifestado por el vicepresidente de la Corte era causal de juicio político. Pienso en el caso de Magariños, un juez que en el marco de un juicio ante tribunales internacionales emitió una opinión y fue sancionado por ello. La Corte Suprema lo sancionó por emitir dicha opinión. Y yo creo, como creyó Petracchi respecto a Magariños, que se trata de “almas inquietas”, pero que sigue primando la jerarquía de la libertad de expresión en cuanto derecho sistémico. No veo una afectación institucional por los dichos de Rosenkrantz, aunque y en honor a la verdad, no me causan ni un poquito de gracia. Y lo que sí debo señalar es que los dichos de Rosenkrantz deberían ser evaluados por quienes tienen reclamos de derechos ante la Corte. Y una pregunta que bien podría contestarle Carlos a los argentinos: si los derechos dependen de la posibilidad de financiarlos que tenga por ejemplo el Estado, ¿es éticamente admisible que sobre derechos decidan justo quienes no hacen su aporte a las finanzas del Estado adjudicándose el derecho, valga la paradoja, a desfinanciar los derechos de otros al no pagar impuesto a las ganancias?

La Corte (de) Suprema (Arbitrariedad)