10.4 C
Buenos Aires
domingo, junio 28, 2026
Blog Página 48

LA CORTE (DE) SUPREMA (ARBITRARIEDAD)

0

En lo que podría definir como un claro respaldo a la lucha contra la inflación, hace pocos días la Corta Suprema de Justicia de la Nación llevó el costo del recurso de queja de $100.000 (pesos cien mil) a $300.00 (pesos trescientos mil). La friolera de un aumento del 200%. Ese es el costo que deben pagar los argentinos para que la Corte Suprema se tome la molestia de hacer aquello que por la Constitución esta obligada a hacer: revisar las sentencias de los tribunales inferiores. Una curiosidad de esas que me gustan a mí y que creo que merece resaltarse es que el depósito por recurso de queja solo se reintegra si la queja es concedida. Si es rechazada el dinero se lo queda la Corte Suprema. Siempre pensé que es un curioso desincentivo para que prosperen los recursos de queja en este país. Si se atiende a la justicia de los planteos de los recursos, parecería mas razonable que si efectivamente la Corte hace su trabajo y analiza el recurso, la tasa estaría bien cobrada, mientras que si no se hace el trabajo de analizar el tema y se rechaza por ejemplo sin expresión de causa – el famoso articulo 280- , el deposito sea restituido a quien tuvo que pagarlo. Porque el trabajo de analizar el tema y concluir que no hay tema lo hacen los empleados del Poder Judicial, para lo cual el Estado Nacional les paga un generoso salario, libre de ganancias a diferencia del resto de los mortales, que sí deben pagar el impuesto. Nunca entendí por qué el Poder Judicial cobra un precio por hacer algo que es ni más ni menos que su tarea. Si la educación es un servicio publico el Estado debe brindarlo gratuitamente. Siempre el interesado podrá optar por que el proveedor del servicio privado sea privado. Por ejemplo, pagando un colegio privado. Pero en el tema de justicia, resulta que no hay una opción privada. Solo hay una Corte Suprema y es pública. El costo de la queja sólo demuestra lo devaluado que está en la mismísima cabeza del Poder Judicial el viejo y querido concepto de Servicio de Justicia.

Hay quienes opinan que el tema queda subsanado con la posibilidad de presentar una acción llamada “beneficio de litigar sin gastos”. Y yo me pregunto por qué solicitar un beneficio, cuando en sí mismo el derecho a que revisen una sentencia existe y no es ningún favor ni beneficio, sino precisamente un derecho. ¿Está bien tener que pagar para ejercer un derecho?

El Estado sostiene financieramente al Poder Judicial. Lo hace con el dinero que recauda de los impuestos. Bien podría un sujeto individual plantear que él pagó con sus impuestos por ese servicio de justicia y que es absurdo —y por cierto, también ilegal— que además le cobren un extra por hacer lo que es un mandato constitucional: la Corte debe revisar las sentencias. No lo digo yo, lo dice la Constitución.

Cosas del Poder Judicial argentino… Extraño mundo, por cierto. Tan extraño como la nota que leí hoy en Clarín que consigna: “El insólito plan de la Corte títere” y tiene como bajada: “El Gobierno quiere sumar gente al máximo tribunal para restar independencia.”. Básicamente no entiendo algo: más miembros implica más independencia para la Corte Suprema y no más control de nadie. Porque sin duda es más fácil condicionar a cuatro señores muy aseñorados, como son hoy los miembros de la Corte, que a los 25 que proponen los gobernadores.

¿Me permiten un razonable ejercicio de lo que mi abuela titularía: “Piensa mal y acertarás”? Que el total de miembros de la Corte se eleve le preocupa —y mucho— a quienes están acostumbrados condicionar a dichos señores, a vulnerar su independencia. No a quienes la buscan.

Sobre el tema de la representación federal hay quienes –Héctor Gambini en Clarín, por ejemplo— sostienen que la idea de un miembro de la Corte por provincia implicaría hacer de la Corte un senado paralelo. Disiento con Gambini por esta razón: la Corte decide lo justo y lo injusto desde la mirada de sus miembros, que vienen de donde vienen y piensan lo que piensan desde su realidad. Aunque lo que deciden proyecta sus efectos mucho más allá de los lugares que los jueces conocen, de sus realidades. Pienso por ejemplo en un tema como retenciones, que afecta las finanzas de todo el país. Hoy sería resuelto por cuatro jueces que provienen todos de lugares donde se produce soja y que son super conscientes del peso especifico de los intereses del sector agroexportador. Seamos honestos: con los ojos cerrados, todos nosotros podríamos acertar cómo resolverían los actuales jueces de la Corte el tema de retenciones. Pienso en una eventual ley que establezca retenciones y una afectación especifica de esos recursos a equilibrar las desigualdades estructurales que tiene la Argentina entre sus provincias. Y me pregunto si alguien de la provincia donde yo crecí, que dista mucho de ser productora de soja, resolvería en igual sentido que los actuales miembros de la Corte.

Y entonces me acuerdo con afecto de mis profesores de Derecho Público Provincial, que solían enseñar: “Para nosotros es de fundamental importancia que se establezca un nuevo sistema de coparticipación sobre estas bases, expresivas de los principios de la solidaridad y lealtad federales, que son esenciales para las federaciones. Es que aún las más ricas y desarrolladas no dejan de presentar asimetrías, como se observa en los Estados Unidos o en Canadá. ¿Acaso son similares los índices económicos y sociales que se aprecian en California o Alabama o en Alberta o Nueva Escocia? Por ello, para nosotros también aquí han sido acertados los criterios del constituyente y sobre ellos debe avanzarse para producir un desarrollo más justo, equilibrado e integrado del país. Es que no debe olvidarse la distancia que separa al distrito más rico, o sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los más pobres, como Santiago del Estero y Formosa, lo que refleja la magnitud de nuestros desafíos y problemas” (Antonio María Hernández, Los aspectos financieros y económicos del federalismo argentino).

Leo lo que escribió la “Tuta” —así le dicen a Hernández en Córdoba— y supongo que la idea de los gobernadores respondería mucho más al criterio de solidaridad y lealtad federal. Sobre todo, teniendo en cuenta que la actual Corte suprema disfruta de legislar como si fuese un órgano legislativo más. De hecho, los diarios anuncian que en breve resolverán un tema de coparticipación y distribución de recursos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Díganme si no resultaría valioso y enriquecedor que lo resolviese una Corte con criterio federal.

Y dentro de las muchas cosas que pasaron en el raro mundo del Poder Judicial argentino, en estos días llamó la atención un fragmento de los dichos del vicepresidente –auto-votado— de la mismísima Corte Suprema. Hablo de los dichos de Carlos Rosenkrantz que señalo: “La insensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos, pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que, si hay un derecho, otros (individual o colectivamente) tienen obligaciones, y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.

Supongo que alguien más prudente o menos antiperonista visceral se hubiese cuidado de utilizar una de las frases icónicas del peronismo, atribuida a Eva Perón. Pero a Carlos hay que reconocerle, en un mundo de dobleces, que tiene una honestidad brutal. Discuto con Rosenkrantz desde hace 20 años. Como joven abogada que conformaba la cátedra de Derecho Constitucional con el gran Chicho, como abogada del Estado como contraparte en juicios donde yo defendía al Estado Nacional y como abogada privada, sé que no pensamos para nada parecido en cientos de temas. Pero siempre le he respetado que es honestamente lo que es.

Lo que dijo Carlos, a oídos de un peronista suena a aberración. Aunque me detengo a pensar que le faltan definiciones sobre qué es una necesidad y qué es un derecho. Supongo que, para el común de la gente, saber qué es una necesidad no requiere mucho desarrollo conceptual. Tal como lo entendió Evita, la necesidad la entienden perfecto los que han conocido el hambre, el frío o el desamparo.

Pero, más allá de las definiciones conceptuales, es claro que una necesidad es algo que es percibido por quien la siente como razonablemente imprescindible para poder seguir adelante con su vida. Comer, tener trabajo, acceder a la salud y a educación, tener una jubilación digna, etc. Cuando alguien dice necesidad en términos jurídicos, yo pienso en cosas como esas. También piensan en esos términos quienes escribieron los tratados de Derechos Humanos, que pusieron en cabeza de los Estados la obligación de garantizar determinadas cuestiones a su población. Los llaman derechos y su ausencia es percibida como una necesidad por quienes carecen de ellos.

A este concepto casi intuitivo de necesidad como estado de carencia de algo refería Evita, y encontraba su respuesta en la obligación de satisfacerlo por parte del Estado o de quienes provocan el estado de carencia.  Es decir, el derecho a no carecer de ese algo.

Ni los tratados de Derechos Humanos ni la propia Evita pusieron el costo de satisfacer una necesidad por encima del derecho a no carecer de algo. Debe ser porque los derechos humanos nacen de la condición de ser humano y son inalienables de dicha condición, sin importar los costos que su satisfacción pueda comprender. Costosos o no, no dejan de ser derechos y deben ser atendidos.

Supongo que lo que expresó el vicepresidente del tribunal supremo de este país no deja de ser la expresión de quien nunca tuvo hambre, o de quien lo tuvo y se olvidó. En cualquier caso una muestra de insensibilidad mayúscula y preocupante para quienes recurren al Poder Judicial buscando amparo ante una carencia. Porque le asiste razón a Rosenkrantz en eso de que los recursos son escasos, y precisamente es una de la función de los jueces: encontrar un equilibrio en la distribución de recursos escasos cuando los temas son llevados a su consideración.

Los abogados solemos hablar de resolver equilibradamente conflictos de derechos, esto es conflictos entre carencias de diversa índole o de satisfacción contradictoria. Pienso —por ejemplo— en el conflicto entre el derecho a expresar algo, por ejemplo los piquetes y cortes, y el derecho a circular, que también reconoce la Constitución. Lo que nos enseña Rosenkrantz es que ese equilibrio no debe sino mirar costos, no necesidades.

Algunos me preguntaron si lo manifestado por el vicepresidente de la Corte era causal de juicio político. Pienso en el caso de Magariños, un juez que en el marco de un juicio ante tribunales internacionales emitió una opinión y fue sancionado por ello. La Corte Suprema lo sancionó por emitir dicha opinión. Y yo creo, como creyó Petracchi respecto a Magariños, que se trata de “almas inquietas”, pero que sigue primando la jerarquía de la libertad de expresión en cuanto derecho sistémico. No veo una afectación institucional por los dichos de Rosenkrantz, aunque y en honor a la verdad, no me causan ni un poquito de gracia. Y lo que sí debo señalar es que los dichos de Rosenkrantz deberían ser evaluados por quienes tienen reclamos de derechos ante la Corte. Y una pregunta que bien podría contestarle Carlos a los argentinos: si los derechos dependen de la posibilidad de financiarlos que tenga por ejemplo el Estado, ¿es éticamente admisible que sobre derechos decidan justo quienes no hacen su aporte a las finanzas del Estado adjudicándose el derecho, valga la paradoja, a desfinanciar los derechos de otros al no pagar impuesto a las ganancias?

 

La Corte (de) Suprema (Arbitrariedad)

El beneficio de llamarse Techint

0

Techint (anteriormente llamada Compagnia Tecnica Internazionale) es un grupo empresarial multinacional ítalo-argentino con sedes centrales en Milán y Buenos Aires y domicilio fiscal en Luxemburgo [1]. Es el mayor productor de acero de la Argentina y el mayor productor global de tubos sin costura, usados principalmente en la industria petrolera. Es líder en las áreas de extracción de gas y petróleo, petroquímicos, refinería, minería, plantas industriales, plantas de tratamiento de aguas, tuberías, telecomunicaciones, tecnología de información, rutas y autopistas, terminales marinas, puentes, presas, aeropuertos, etc.

Este importante grupo económico, según el trabajo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) “Informe de mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”, sobre compradores netos de activos externos del sector privado (billetes y divisas) por el período 17/12/2015 al 27/10/2019 –publicado por El Cohete a la Luna–, a través de sus empresas controladas, adquirió 92.627.000 dólares por Tecpetrol S.A.; 222.980.456 dólares por Ternium Argentina S.A. (Ex Siderar SAIC); y 231.384.402 dólares por Transportadora de Gas del Norte S.A. Total: 546.991.858 dólares.

Estamos hablando de posesión de divisas netas, no de pagos ni de cobros. Esto es: la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de la firma, dado que en esos años fue legal su compra. En diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantó la restricción de comprar 2.000 dólares por persona física y jurídica y por mes, para pasar a un monto de 2.000.000 de dólares. En mayo de 2016, el BCRA amplió dicho límite a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio), constituido por los bancos y los compradores de divisas.

Contablemente, el problema no es difícil. Las tres empresas nombradas deben presentar su Memoria y Balance General anual ante la Comisión Nacional de Valores, dado que cotizan en Bolsas de Comercio del país. También ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) y a las normas impositivas del país.

En esos documentos deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados”, en el que tiene que constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos, que es donde se contabiliza la compra de las divisas. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.

Tecpetrol Internacional SLU

La empresa domiciliada fiscalmente en España, subsidiaria del Grupo Techint, se dedica a la energía y está especializada en la exploración, producción, transporte y distribución de hidrocarburos y en la generación de energía eléctrica. Posee filiales que desarrollan y operan negocios de extracción, transporte y distribución de petróleo y gas en la Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

La filial argentina Tecpetrol S.A., en sus memorias y balances anuales de 2016 a 2019 inclusive, define al dólar como moneda funcional por reflejar mejor sus operaciones. Por ello, el efectivo y equivalente, como el pasivo en moneda extranjera, se expresan en dólares estadounidenses. Sin embargo, los demás renglones son en pesos de curso legal argentino.

TECPETROL S.A.       TOTAL DOLARES
2016 2017 2018 2019
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS EN DÓLARES 8.428 452.367 3.681 22.739
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA EN DÓLARES 1.147.189 1.147.189 1.684.680 1.470.014
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS EN PESOS (1) 216.288 8.466.786 467.295 2.000.326
LIQUIDEZ EN PESOS 77.816 22.012 41.715 257.115
Pesos por dólares estadounidenses 15,89 18,65 37,7 58,89
Conversión a dólares estadounidenses 4.897 1.180 1.106 4.366 11.550
Nota: En miles de pesos o dólares, según corresponda. En el ejercicio 2017 tenía, en pesos, préstamos y cuentas a cobrar por $8.444.774.000. Fuente: Memoria y Balance de Tecpetrol S.A.

 

De la lectura de sus estados contables se desprende que sólo podría haber comprado 11.550.000 de dólares. Pero en el listado incluido por el BCRA en el “Informe de mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019” aparece adquiriendo 92.627.000 dólares, o sea, sólo justifica el 12,47% de lo realizado en el MULC.

Ternium Argentina S.A. (ex Siderar)

Es la mayor empresa siderúrgica de la Argentina. Fabrica aceros laminados en caliente y en frío, galvanizados, electrocincados, prepintados y hojalata. Ternium Argentina posee operaciones siderúrgicas en la Argentina y adicionalmente posee participaciones no controlantes en las empresas siderúrgicas Ternium México y Usiminas, con operaciones en Brasil. Ternium Argentina es controlada por Ternium S.A. de Luxemburgo.

El 27 de noviembre de 2011, Ternium Argentina (por sí y a través de su controlada Prosid Investment S.A.), Ternium S.A. y Confab Industrial S.A. (una compañía subsidiaria de Tenaris S.A.) suscribieron un contrato para la adquisición de 139,7 millones de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas), representativas del 27,7% del capital social ordinario con derecho a voto. En virtud del mismo, el 16 de enero de 2012, Ternium Argentina adquirió 10 millones de acciones, mientras que su controlada Prosid adquirió 20 millones de acciones. Con esta adquisición, Ternium S.A., Confab Industrial S.A., Ternium Argentina y Prosid se unieron al grupo de control existente de Usiminas.

El 8 de febrero de 2018, Ternium S.A. celebró un acuerdo de carácter vinculante y de vigencia inmediata (el “Acuerdo”) con Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), estableciendo nuevas reglas para el gobierno de Usiminas. Incluyen, entre otras, un mecanismo de alternancia para la nominación del CEO y el presidente del Directorio, además de un nuevo mecanismo para la nominación de otros miembros de la Gerencia Ejecutiva. El presidente de la sociedad se alternará entre Ternium y NSSMC, con intervalos de cuatro años.

Como sostiene en su memoria anual, Ternium Argentina S.A. vende sus productos en diferentes países y consecuentemente está expuesta al riesgo en la fluctuación de los tipos de cambio. A su vez, adquiere parte de sus materias primas en moneda extranjera, razón por la cual utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición al riesgo asociado con tipos de cambio, que deriva de sus operaciones comerciales. Con esas salvedades, observamos sus estados contables para el período 2016-2019:

 

TERNIUM ARGENTINA S.A.       TOTAL DÓLARES
 (Es en pesos) 2016 2017 2018 2019
ACTIVOS CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 2.163.386 5.092.072 9.259.767 7.431.022
ACTIVOS NO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 36.983 97.072 304.560 78.938
TOTAL ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 2.200.369 5.189.144 9.564.327 7.509.960
PASIVO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 3.130.143 5.407.926 16.746.855 7.001.613
PASIVO NO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 268.446 2.142.386 5.408.098 4.607.746
TOTAL PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA 3.398.589 7.550.312 22.154.953 11.609.359
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS 790.740 710.138 3.237.071 4.773.040
LIQUIDEZ 171.178 508.061 327.786 448.772
Pesos por dólares estadounidenses 15,89 18,65 37,7 58,89
Conversión a dólares estadounidenses 10.773 27.242 8.695 7.621 54.330
Nota: En miles de pesos o dólares, según corresponda. Fuente: Memoria y Balance Ternium Argentina S.A.

Contablemente, sólo puede demostrar liquidez en divisas por 54.330.000 dólares y compró 222.980.456 dólares (el 24,36% de ese monto).

Transportadora de Gas del Norte (TGN)

TGN se dedica al transporte de gas natural por gasoductos de alta presión en el centro y norte del país. Es responsable del transporte del 40% del gas inyectado en gasoductos troncales argentinos, lo que representa el 20% de la matriz energética de todo el país. Techint posee la mayor participación accionaria (56% de la sociedad) por su controlada Gasinvest S.A., sociedad conformada por Tecpetrol S.L. y Compañía General de Combustibles S.A.; un 24% lo posee Southern Cone Energy Holding Company Inc. y el 20% restante se coloca en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y del mundo.

TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE (Es en pesos) 2016 2017 2018 2019 TOTAL DÓLARES
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
ACTIVOS CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 187.182 316.756 7.917.593 3.962.704
ACTIVOS NO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 3.002.578 3.531.116 10.924.677 11.303.964
TOTAL ACTIVO EN MONEDA EXTRANJERA 3.189.760 3.847.872 18.842.270 15.266.668
PASIVO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 688.796 218.452 7.286.669
PASIVO NO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 3.201.662 4.047.412 6.363.462 7.136.608
TOTAL PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA 3.890.458 4.265.864 13.650.131 7.136.608
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS 250.865 475.496 3.602.826 2.123.765
CAJA Y BANCOS 34.038 30.028 693.200 46.945
PLAZO FIJO EN DÓLARES (cotizado en pesos) 50.556 204.146 2.909.626 1.977.120
Pesos por dólares estadounidenses 15,89 18,65 37,7 58,89
Conversión a dólares estadounidenses 3.182 10.946 77.178 33.573 124.879
Nota: En miles de pesos o dólares. Fuente: Memoria y Balance Transportadora Gas del Norte.

Compró 231.384.402 dólares, por ende, en sus estados contables sólo puede demostrar el 53,9%.

En síntesis

De la lectura de los estados contables de las tres empresas del holding Techint, no se desprende que hayan podido comprar la cantidad de dólares que informa el BCRA en base a los datos suministrados por los bancos que le vendieron esas divisas.

Las tres empresas deberían “abrir sus balances” [2] ante la AFIP. Además, el BCRA debería dar cumplimiento a lo solicitado por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien el 3 de marzo de 2022, ante el pedido del fiscal Franco Picardi, le exigió que identifique a todas las personas físicas y jurídicas que compraron divisas durante el período 2015-2019. También solicitó identificar a todas las empresas –incluidos bancos– que realizaron transferencias de divisas netas al exterior durante el mismo período. Y el Congreso de la Nación debería poner en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de Gestión de Contratación y de Pagos de la Deuda Exterior de la Nación (ley 27.249), máxime cuando es el mismo BCRA el que le vende las divisas al tipo de cambio oficial para que giren al exterior por supuestas o reales deudas de esas mismas empresas.

En cuatro años y como por arte de magia, no pueden desaparecer 86.200 millones de dólares. Se debe comenzar con el estudio de las operaciones de los 100 primeros compradores que adquirieron 24.769 millones de dólares. Le compete a los distintos estamentos del Estado controlar y fiscalizar qué pasó. De otra forma, los que pagan esa deuda son los que no se beneficiaron, como la mayoría de los jubilados y pensionados, los trabajadores precarizados y/o desocupados y sus hijos.

 

[1] En 2011, el holding Techint, de la familia Rocca, transfirió su domicilio fiscal de las Islas Caimán a Luxemburgo, según informó Ternium, controlada por Techint. En un comunicado remitido a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la empresa, que cotiza también en Nueva York, indicó que la medida responde a una reorganización en la cadena de control de la sociedad, en virtud de la cual sus accionistas controlantes directos e indirectos fijan domicilio fiscal en Europa.
[2] Para que el organismo fiscal investigue los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares –probando el origen de los fondos– como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias, nacionales y/o offshore, estaban esas tenencias.

 

El beneficio de llamarse Techint

¿Por qué es urgente investigar la fuga de capitales?

0

La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 240.665 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin contar el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% restante se le debía al sector privado.

En diciembre de 2019 la deuda externa pública nacional pasó a ser de 323.065 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% se le debe al sector privado.  La deuda se incrementó en 82.400 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares, prácticamente el incremento del endeudamiento fiscal nacional (1), el BCRA se lo vendió a los bancos y estos los compraron para sí o para sus clientes.

Es más, ese informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores de dólares (que son empresas), adquirieron 24.679 millones de dólares nunca el BCRA reveló quienes son esas 100 firmas, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en su nota titulada “Los 100 de Macri” del 24 de mayo de 2020.

Sabemos que no puede desaparecer en cuatro años y como por arte de magia 86.200 millones de dólares, por ende, se debe comenzar con el estudio de las operaciones de los 100 primeros compradores que lo hicieron por 24.769 millones de dólares. Le compete a los distintos estamentos del Estado controlar y fiscalizar qué pasó. De otra forma los que pagan esa deuda son los que no se beneficiaron, como son la mayoría de los jubilados y pensionados, los trabajadores precarizados y/o desocupados y sus hijos

Nunca pensaron los que compraron y sobre todo los que compraron dólares desaforadamente, que el BCRA le iba a pedir a los bancos que les vendieron, quienes fueron los que compraron esas divisas.

Con esa lista de los principales compradores que son empresas, se debe cotejar con sus Memorias y Balances que publican anualmente. Estamos hablando de posesión de divisas netas, no de pagos ni de cobros, esto es, la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de la firma, dado que en esos años fue legal su compra, ya que en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos eliminó  el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantaron la restricción de comprar 2.000 dólares por persona física y jurídica y por mes, para pasar a ser de 2.000.000 de dólares. En mayo de 2016 el BCRA amplió dicho límite a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.

Contablemente el problema no es difícil, las empresas deben presentar su Memoria y Balance General anual ante la Comisión Nacional de Valores dado que cotizan en Bolsas de Comercio del país y, ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) y de las normas impositivas del país.

En esos documentos deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados” en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de las divisas. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.

Haciendo ese estudio observamos que la empresa que más compró dólares en el período 2016-2019 que fue Telefónica Argentina SAIC (Movistar), subsidiaria de Telefónica de España, que lo hizo por 1.248 millones de dólares y, en sus estados contables solo puede demostrar que tenía dinero disponible para comprar el 33,42% de esa suma (417,1 millones dólares).

Luego le sigue Pampa Energía (Marcelo Midlin, Joseph Lewis, Blackrock) que compró 903,8 millones y puede demostrar 623 millones de dólares, el 68,9%.

TELECOM SA del grupo “Clarín”, compró 647,5 millones de dólares y contaba con recursos según sus Estados Contables por 434,5 millones de dólares, el 67,1% del total

El grupo ARCOR presidido por Luis Pagani, que adquirió a través de sus empresas controladas ARCOR SAIC y BAGLEY ARGENTINA 360,7 millones de dólares y puede demostrar efectivo o equivalente a efectivo por 65,4 millones de dólares, que es el 18,13% de esa suma.

El holding Techint, liderado por Paolo Rocca, a través de tres de sus empresas controladas realizó la adquisición de 547 millones de dólares:

  • TECPETROL SA compró en los cuatro años de gestión de Cambiemos, 92,6 millones de dólares, y de la lectura de sus estados contables se desprende que solo podría haber comprado 11,5 millones de  dólares, o sea solo justifica el 12,47% de lo realizado en el MULC.
  • TERNIUM ARGENTINA SA (Ex SIDERAR SAIC): Obtuvo en el MULC 223 millones de dólares y contablemente solo puede demostrar liquidez en divisas por 54,3 millones de dólares (el 24,36% de ese monto).
  • TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE SA. Compró 231,4 millones de dólares,  y puede demostrar en sus Estados Contables solo el 53,9% (Son depósitos en dólares por 124,9 millones de dólares)

Y así, en mayor o menor medidas, las 100 empresas que compraron 24.769 millones de dólares no pueden demostrar contablemente los recursos para hacerlo, lo que amerita que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) investigue los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo la AFIP debería fiscalizar los saldos contables  en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias – nacionales y/o offshore – estaban esas tenencias.

Paralelamente, el BCRA debería dar cumplimiento en forma acelerada, a lo solicitado por la Jueza María Eugenia Capuchetti, quién el 3 de marzo 2022, ante el pedido del fiscal Franco Picardi, le exige que identifique a todas las personas físicas y jurídicas que compraron divisas durante el período 2015-2019.  Y  también solicita identificar a todas las empresas – incluidos bancos – que realizaron transferencias de divisas netas al exterior durante el mismo período.

Finalmente el Congreso de la Nación debería poner en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de Gestión de Contratación y de Pagos de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249), para supervisar las tareas de la Justicia y de la AFIP, máxime cuando es el mismo BCRA el que le vende las divisas al  tipo de cambio oficial  para que giren al exterior por supuestas o reales deudas de esas mismas empresas y que es la principal causa por la que teniendo un fuerte superávit comercial desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, las Reservas Internacionales no crecen.

Es crucial que se sepa la verdad y se castigue con multa y recargo a los evasores, estamos en presencia de una doble contabilidad y de una fuga de capitales que el Estado debe recuperar para que no sea el pueblo argentino quién mediante los impuestos al consumo, la baja en las jubilaciones y pensiones, y el menor gasto público en general y en obra y construcción estatal en particular sea el que la pague.

 

Notas: 

(1) La deuda la toma el Tesoro de la Nación, pero salvo los pagos de intereses y capital de deuda, la mayor parte la emplea para pagar gastos que son en pesos: Jubilaciones y pensiones, salarios a las fuerzas armadas y de seguridad, al resto del personal público, transferencias y subsidios, licitaciones y contratos, etc. que son en pesos, por ende le vende los dólares que tomó en deuda externa al BCRA  Y el BCRA en lugar de conservar esos dólares, los vende al tipo de cambio oficial a los bancos.

 

https://infonativa.com/nota/view/por-que-urgente-investigar-fuga-capitales?whatsapp=

Informe económico mensual

0

La idea del documento es buscar en los Indicadores las similitudes, más allá del posible follaje en que se inscriben cada uno.

La inflación ha crecido a lo largo de los años y hoy está próxima a un máximo  de los años recientes. Cuando se utilizan los valores actuales para deflactar (es decir, como índice de precios), son pocos los indicadores que mantienen porcentajes más elevados o sea superiores (al deflactor). Entre ellos los Títulos Emitidos (Leliqs) con alto costo para el BCRA. En el reciente Balance para 2021 los Intereses Perdidos (del cuadro de Resultados) ascienden a $ 1.5 billón si a los anteriores (Leliqs) les adicionamos (los intereses) las Operaciones de Pase.

Las Reservas Brutas del BCRA convertidas en pesos (por el tipo de cambio oficial) y deflactadas por la inflación, en casi todo el periodo analizado registra valores negativos, excepto en los tiempos de endeudamiento o participación del FMI. Son claros los problemas que se presentan con pocos dólares disponibles en el BCRA y con la deuda externa aumentan, dilemas no resueltos.

Todos los indicadores fueron creciendo en velocidad (las tasas) en estos 11 años, los motores para ello se fueron alternando y finalmente se sintetizan en la inflación. Como figura se puede utilizar un tren lanzado a celeridad, pero que aumenta.

Resulta muy difícil cambiar rápidamente el curso de los Indicadores, y por lo visto lentamente tampoco se logra, una verdad de Perogrullo una vez analizados los recorridos de los mismos. Se necesita de políticas consistentes de largo plazo, lo cual ya impone una fuerte restricción en la afirmación por el cumplimiento de los términos consistentes y largo plazo, y no agregamos expectativas para no perder el ánimo.

Está claro que se ha aprendido a convivir con la inflación, tras años y años algo se aprende, aun cuando todos los gobiernos desde décadas jugaron con propuestas de derrotarla o apagarla o  atenuarla en el mejor de los casos.

En este caso no hacemos participar a Inodoro ni a Mendieta, directamente tomamos una reflexión de Fontanarrosa que tiene un trasfondo de cómo subsistir enfrentando la inflación: Se produce el siguiente diálogo entre un señor y un conocido pintor de cuadros:

El señor: “Lo felicito, maestro….Me han dicho que vendió todos sus óleos……”

Famoso pintor: “Los óleos, los acrílicos, los pinceles y, ahora, estoy vendiendo los caballetes….”

 

2022 abril Periodos 3 2011-2015-2019 indicadores.docx

Biden-Bolsonaro, la otra cumbre

0

Con el correr de los días se hace más confuso y paradójico el sentido y el alcance que la administración Biden le da al tema de la democracia en relación a la IX Cumbre de las Américas que se llevará a cabo entre el 6 y 10 de junio en Los Ángeles, California.

En lo que parece una decisión inconsulta con sus pares de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, a través de su Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, anunció que era “poco probable” que los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fuesen invitados a la cita. Ni el Secretario de Estado, Antony Blinken, ni el Consejero de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, ni la misma Casa Blanca expresaron argumento alguno. A pesar de su impacto en las relaciones interamericanas, la decisión fue comunicada y no justificada a través de un funcionario medio. Dadas las dificultades, los retos y las amenazas a la democracia a lo largo y ancho del continente, hubiera sido interesante que ésta fuera tema de conversación en la Cumbre. Más aún cuando Estados Unidos no escapa al debilitamiento y erosión de la democracia. Seguramente con todos los presidentes presentes de Latinoamérica y el Caribe no hubiera habido reacciones contrarias a deliberar sobre el tema. En todo caso, revalorar, reactualizar y reparar la democracia en las Américas es una tarea colectiva y exigente.

La referencia a la Carta Democrática Interamericana que hacen quienes se pronuncian en Estados Unidos y la región sobre la pertinencia de excluir a representantes de países no democráticos en un foro multilateral no parece sostenible. Cuba, más allá de la naturaleza de su régimen, fue parte de dos Cumbres: la de 2015 y 2018. Su inclusión entonces fue una decisión política, no jurídica, así como tampoco es jurídica y sí política su actual exclusión. Un ámbito multilateral no inhabilita la presencia de gobiernos de distinto signo ideológico o sistema institucional. Concebir un multilateralismo de los virtuosos es un inútil signo de engreimiento moral.

Pero la determinación de Washington fue, además, enigmática. En la denominada Cumbre de las Democracias convocada por Biden en diciembre de 2021, la Casa Blanca no invitó —se supone por carecer de credenciales democráticas— a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y sumó a la lista de excluidos a Bolivia, Haití, Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Cómo y por qué los excluyeron  a estos últimos de la misma cumbre a la que fueron invitados Irak, la República Democrática del Congo y Pakistán? ¿Qué sucedió en los últimos seis meses para que se considere ahora invitar a las naciones latinoamericanas recién indicadas después de haberlas excluido? ¿No eran democráticos antes y lo son hoy? ¿Cuál es el criterio de Estados Unidos para adoptar decisiones tan cambiantes en tan breve lapso de tiempo?

Esta pregunta, como lo indiqué recientemente, es relevante también para la comparación entre la próxima Cumbre de las Américas y la Cumbre Estados Unidos-ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) del 12-13 de mayo de 2022 dado que de los diez participantes asiáticos cuatro tienen gobiernos autoritarios, uno es un sultanato y el resto son democracias bastante defectuosas a los ojos de Occidente. Según algunas opiniones una de las diferencias es que Cuba, Nicaragua y Venezuela son enemigos de Estados Unidos y ninguno de los países de la ASEAN lo es. Sin duda Cuba, Nicaragua y Venezuela son un fuerte dolor de cabeza para EE.UU. Sus relaciones son manifiestamente refractarias, pero ninguno, individualmente o en conjunto, pone en peligro la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, a diferencia de los países de la ASEAN, estas son naciones que por distintas razones están ligadas al devenir político y electoral interno en EE.UU. En un año de elecciones legislativas y con activos senadores y representantes anti-Cuba y anti-Venezuela, esa dinámica doméstica gravita notablemente.

Un dato adicional inquietante es la promesa de un encuentro especial entre Biden y Bolsonaro; una suerte de Cumbre dentro de la Cumbre. Lo que parece un privilegio brindado al presidente de Brasil es el resultado de una sutil y fugaz persuasión diplomática para que asista a Los Ángeles. Su ausencia, sumada a la eventual de Andrés Manuel López Obrador, hubiera significado el fracaso anticipado del conclave. Hay que recordar que Bolsonaro fue un estrecho aliado de Donald Trump, es el símbolo de la regresión democrática en Brasil, es un caso emblemático —no visto desde los años sesenta— de un mandatario propiciando el regreso de los militares al centro de la escena política, fue un altivo negacionista del COVID-19 con efectos dramáticos para la sociedad, su manejo del tema ambiental ha sido considerado funesto y ha impulsado un uso masivo de fusiles entre los ciudadanos con la consigna de que “un pueblo armado jamás será esclavizado”. En breve, es el epítome de un proyecto reaccionario.

Algunos observadores en Estados Unidos justifican su encuentro con Biden pues Bolsonaro es un mandatario electo. Pero ¿es Bolsonaro el arquetipo de demócrata al que hay que hacerle concesiones para que se presente a una cita continental? ¿Es este tipo de apoyo a la democracia que Washington quiere enviar a las Américas? En verdad la decisión es entendible sólo como un intento por salvar la Cumbre y en función de una cruda realpolitik que, por lo general, se impone cuando los intereses prácticos y las urgencias políticas priman por sobre los valores.

En breve, desde un principio Estados Unidos planteó erróneamente el tema de la democracia en las Américas y su presunto liderazgo en la materia ha quedado maltrecho. Así se pierde la oportunidad de deliberar madura y seriamente sobre un preocupante repliegue democrático en el continente, algo que también afecta al mundo.

 

https://www.eldiarioar.com/opinion/biden-bolsonaro-cumbre_129_9033390.html

Informe económico mensual

0

La conclusión cuando miramos la inflación (los precios) es que seguiremos sin pausa y en algunos momentos con prisa. Podemos afirmar sin equivocarnos que el mayor aporte en esta cuestión es nuestro, pero hoy nos ayuda el mundo con Putin invadiendo Ucrania.

La inflación en alza. El primer cuatrimestre del año acumula un aumento provocador, que encuentra motivos para reproducirse. Ningún evento la detiene. Eso nos asegura un puesto entre los cinco países con mayores niveles.

Algo raro ocurre con la inflación. Pareciera que todo el mundo está en desacuerdo. Pero lo raro es que se repite desde hace añares el desacuerdo, y que algunos le encontraron la vuelta o les resulta de utilidad y nadan con destreza en el mar de la inflación.

Tanto en el promedio mensual (abril), el cuatrimestral y el anual (12 meses), los IPC considerados llegan con fuerza. El mensual menos que el mes anterior, pero no mucho menos. El esperado para el 2022 alcanza el 65.7 % anual en la recopilación que hace el BCRA.

Alimentos pone una nota promedio elevada, 6.0 % en abril, habitué casi como siempre.

Otros Capítulos como Indumentaria y Transporte  hacen su aporte y superan el Nivel General.

Decimos en el punto referido al Capítulo Vivienda y Servicios Básicos, que Dante Alighieri lo llamó «la puerta del infierno y el paso de Aqueronte» por todos los ruidos y gritos que escuchaba, aunque no era más que el primero de los ríos a atravesar llevando en la mochila algunos de los servicios de la canasta.

El BCRA actuó con mesura pero aumentó tanto el dólar oficial mayorista (mayor depreciación del peso) como la tasa de política monetaria (interés), observando de paso que el CCL (dólar contado con liquidación) no agrande la brecha.

El dólar CCL en abril se encogió un poco respecto de lo que venía mostrando en tiempos anteriores, pero sostuvo un valor brecha promedio superior al 70 %. El dólar oficial mayorista promedió en abril los $ 113.2 con un aumento en el mes del 3.5 %.

El Riesgo país elevado promedió abril los 1.716 puntos,  en 12 meses (abril / abril) aumentó  8.4 %. Valor complicado, veremos cómo sigue contando ahora con la atención del FMI.

Como es habitual Inodoro Pereyra y Mendieta no le aflojan un tranco de pulga a la adversidad con inflación incluida y atendiendo el llamado de atención del Dante:

Inodoro:

“A nosotros, Mendieta el bosque no nos ha dejau ver la selva”, y continúa “Tenemos la solución económica frente a nuestros ojos y no nos hemos dau cuenta… ¡No hay pior sordo que el que no quiere ver!” “¡Viviendo como sabandijas, con un tesoro al alcance e’ la mano!”

Mendieta

Reflexiona: “Se atacó”.

Inodoro:

“Miyones de personas en el mundo ven el sol y se preguntan: ¿Por dónde sale? ¿Por dónde aparece? ¡Y no saben que sale justo enfrente al rancho de Inodoro Pereyra! ¡A metros apenas!”

Inodoro:

“¡¿Cómo no vamos a aprovechar esto como atracción turística?! Podemos alquilar siyitas pa’ verlo aparecer”.

Mendieta

Reflexiona: “A veces no sé si es demasiáu ingenuo o demasiáu soberbio”.

 

 

2022 ABRIL proc. MAYO IPC INFLAC..docx

LA RENUNCIA DE FELETTI DIFICULTA A GUZMÁN, PERO NO LO PUDO EVITAR PORQUE LAS EMPRESAS SIGUEN SUBIENDO LOS PRECIOS

0

El límite en que se ve encuadrado el ministro de Economía, Martín Guzmán, al tener que aceptar la renuncia de Feletti por la resistencia de éste a convalidar una política de relativo control de precios, afianza el poder de la derecha después de su triunfo en las elecciones de medio término, y lo hace con Juntos por el Cambio derechizándose aún más, con Larreta proclamando la baja del salario y las jubilaciones y preparando la privatización de YPF y Aerolíneas, para evitar que Milei ocupe ese lugar, indudablemente debido al poder económico. Pero si los más perjudicados no se dan cuenta, esta tendencia es imposible de frenar. En esas condiciones, el pleno control de precios fracasó, porque las empresas lo bajaron por la fuerza subiendo los precios por encima de los costos, lo que se ve claramente porque el costo de la oferta subió mucho más que los ingresos de la población, y aunque en parte fue determinado por las cambiantes condiciones del capitalismo mundial a partir de la guerra de Ucrania, está bien claro que pese a eso las ganancias aumentaron. Si hubiera sido así, las ganancias habrían bajado o, por lo menos, se hubieran mantenido en el mismo nivel.

Por ese motivo -el aumento de las ganancias, sobre todo la de los grandes monopolios- en el mundo aparecen medidas cada vez más generalizadas como las retenciones, ya que hay disposiciones similares en todas partes, desde Estados Unidos hasta la India, donde se prohibieron las exportaciones de trigo para que no suba el precio interno. La excepción es la Argentina porque en pleno siglo de reforzamiento de la industria como necesidad para afirmar el camino de crecimiento sobre la base de aumentar las exportaciones de este tipo incorporando las innovaciones 4.0, el sector dominante en el país en el siglo XXI sigue siendo el agro, que determina la política oficial e imposibilita la aprobación de las retenciones en Diputados.

En la Argentina, el aumento de las inversiones 4.0 tuvo lugar en la industria sobre todo en las pymes, que fueron las que, en proporción, aumentaron más sus exportaciones por la mayor disposición local de este sector, que de esta manera, no va a poder continuar con la misma intensidad con la política que siguió hasta ahora: ese es el propósito del poder económico y de la derecha política que lo sustenta, a través de los mayores partidos políticos de la oposición, e indirectamente en la izquierda, al no tener en cuenta la lucha que se libra en ese sector, en gran parte por ceguera ideológica, creyendo que se mantienen en el mundo sin cambio las pautas sociales y políticas de hace un siglo y medio.

La decisión del gobierno es eludir una mayor guerra interna por la integración al sistema mundial impuesta en 2018 con Macri en la presidencia y el FMI a través de un crédito mucho mayor que el posible de pagar, para asegurar una dependencia crediticia ilimitada. La reorganización de la deuda, hábilmente conseguida por el ministro Guzmán, es parte de una serie de concesiones mínimas importantes y –en esas condiciones- lo determina como una necesidad, pero aún con ese apoyo, el agro afianzó su dominio, el círculo rojo de las grandes industrias se adaptó, como lo viene haciendo desde la dictadura de 1976, y los analistas, en su mayoría coimeados con verdaderas fortunas para que sostengan una posición insostenible, obligarían a una ruptura con esos sectores, que en esas condiciones obligarían al Estado a nacionalizar el comercio exterior y llevaría la guerra interna a un extremo de conflicto con el capitalismo local, que impondría sanciones a través del poder político estadounidense donde también se libra una batalla interna de este tipo pero de otra naturaleza, con el poder económico concentrado en el capital financiero.

La concentración en el capital financiero es consecuencia de una crisis prolongada del capitalismo. El arranque de la crisis es cuando la demanda productiva se retrae por la baja de los ingresos del salario. No alcanza a aparecer una crisis prolongada capaz de desestabilizar el sistema cuando al cabo de pocos años se restaura la inversión productiva, ya sea porque no se requiere una oferta mayor de inversión o porque aunque los requerimientos sean mayores por mayor complejidad de las máquinas, la respuesta atiende esa necesidad y se restablece la igualdad entre la producción para el consumo y la inversión y el gasto de los ingresos del trabajo y del capital para restituir la magnitud de la inversión productiva.

Pero cuando la inversión productiva no se restablece, disminuye la producción y el empleo, y por consiguiente, también los salarios. El capital acude a la inversión especulativa, que consiste en acumular más y cambiando continuamente el lugar de colocación del capital, que no se valoriza por la magnitud de la inversión productiva y del empleo del trabajo sino por mera especulación en los mercados de acciones o de bonos gubernamentales, cuando los grupos monopólicos se apropian de la mayorías de las acciones y los bonos, y compran para luego vender en el momento más conveniente para el monopolio, que habitualmente arruina a muchos pequeños inversores, pero ésta es la lógica desigual del mercado, vendida a los seguidores o incluso a la sociedad como la expresión más democrática, cuando es la fuente de todas las desigualdades, a tal punto que prosperan las propuestas de eliminar al Estado, lo que implicaría que el capital fije sin límites el nivel del salario llevándolo a un piso de hambre para los trabajadores, y consiguen mayor credibilidad porque sin un fuerte apoyo social de sus perjudicados, que son siempre la enorme mayoría de la población que no cuenta con más posibilidades que su trabajo, las políticas para sostener una regulación estatal capaz de evitar la dictadura empresaria, los salarios seguirían en descenso, como lo prueba la realidad que estamos viviendo.

El dominio del Antiguo Régimen, aunque modernizado, impide la plena industrialización. El Antiguo Régimen era el dominio agrario en la Edad Media. En el capitalismo actual sólo hay vestigios de ese Antiguo Régimen cuando prevalece el dominio agrario, afirmado en su alianza con el poder financiero, donde recicla sus excedentes, como en la Argentina, y lo mismo hacen los grandes sectores industriales que se avienen a ese condicionamiento y también reciclan sus excedentes y lo mismo sucede con el capital colocado en las privatizaciones de servicios públicos con elevadas tarifas, dentro de regímenes capitalistas atrasados de este tipo, a lo que se agrega la nueva burguesía agraria y sobre todo el capital exportador de este tipo, que así puede imponer precios internos cercanos a los internacionales, que se trasladarán a la producción y la mayoría de los productores agrarios lo atribuirá a la política económica interna que no siga esta orientación. No será así para los grandes latifundios, que aunque se fueron dividiendo en parte, subsisten en grandes áreas territoriales, detentan una elevada renta agraria  y han sido capaces de imponer ese sistema al capitalismo local actual, que por eso sigue marcado por vestigios del Antiguo Régimen.

Ahora, más que nunca, la respuesta es política, pero el peligro es que esto profundice la división en el PJ y consolide el triunfo político de la derecha.

Habitualmente, para responder a quienes creen que todavía subsiste la lógica del mercado interno que en la Argentina y en Brasil y México sustentó la industria sustitutiva, me refiero a las condiciones diferentes en que se desenvolvieron estos dos últimos países respecto a la Argentina, porque en ellos no prevalecieron los sectores primarios de la economía, el Estado se pudo afianzar en su posición reguladora y favoreció el crecimiento de la industria. A continuación muestro esta diferencia en la evolución del PBI. Habría que agregar que en las exportaciones esa diferencia es más notable, sobre todo en México, y que, al contrario de lo que sucedía cuando podía imperar la industria sustitutiva, las exportaciones en dólares, en México casi sextuplican a la de Argentina, se concentran en la industria y capitalizan al mercado interno con un ingreso que ya no se podría alcanzar en las ventas locales.

PBI en millones de dólares (M dols). Desde 2010 está en billones de dólares (B dols)

 

Años México Brasil Canadá Argentina
1960 13.040 M 15.170 M 40.460 M 24.450 M
1970 35.520 M 42.330 M 87.900 M 31.580 M
1980 205.100 M 235.000M 273.900 M 76.960 M
1990 261.300 M 462.000M 593.900M 141.400 M
2000 707.900 M 655.400 M 742.300 M 284.200M
2010 1,06 B 2,21 B 1,61 B 0 ,42 B

 

En la Argentina, jubilarse es sinónimo de empobrecerse

0

Cada vez que se conocen los números de la inflación, o cuando se anuncian las reactualizaciones del haber jubilatorio, se impone en la agenda mediática el problema de los jubilados. ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? ¿Qué malabares realizan para no sucumbir ante la inflación? Lamentablemente se trata de preguntas que no tienen mucho sentido.

Hace ya varios años que los jubilados dejaron de hacer malabares para llegar a fin de mes porque simplemente no llegan, sin importar lo que hagan. Siendo el haber mínimo el equivalente a un tercio de lo que se necesita para vivir, de acuerdo a los datos calculados en la Canasta Básica del Jubilado, no hay manera de estirar el ingreso o de administrarlo para que alcance.

Nadie se acomoda a vivir con un tercio de lo mínimo que necesita, lo que se hace es buscar otro ingreso, pedir plata a familiares y amigos o endeudarse. En muchos casos las tres opciones se combinan de maneras aleatorias. Cabe señalar que el problema no solo afecta a quienes reciben la mínima, dado que la mayor parte del resto de los jubilados cobra entre $40.000 y $60.000, alrededor de la mitad de los  $100.000 que necesitarían para cubrir su canasta básica.

Esto hace que el problema de los jubilados ya no sea solamente de los jubilados. La pauperización del haber lleva a que ser jubilado y ser pobre se conviertan en términos intercambiables, a menos que uno se haya consolidado a lo largo de la vida una posición económica holgada, lo cual es cada vez más difícil de conseguir en nuestro país. Si jubilarse es empobrecerse, entonces, todos los problemas que corresponden a la pobreza, y que son también problemas de la sociedad y del Estado, se suman a los que ya de por sí pueden venir con la edad.

Una persona de edad avanzada y sin recursos económicos está totalmente excluida del circuito del consumo, por lo cual no contribuye a la circulación de la riqueza dentro de la propia sociedad. Por otra parte absorbe recursos de otros lados. Necesita la asistencia económica de su familia, convirtiéndose para ésta en una carga y deteriorando su situación económica. A su vez es alguien que muy posiblemente mantenga deudas, como por ejemplo de servicios, alquileres o de expensas, por lo cual contribuye a que se delsfinancien otras estructuras como puede ser el edificio en el que vive. Si trabaja sale a competir en el mercado laboral con los más jóvenes, y si no cuenta con una formación profesional lo más probable es que trabaje de manera precaria y en negro. Y por último, y más importante, es alguien que necesita ser asistido por el sistema público de salud, generando en este aspecto un gasto al Estado que no suele ser tenido en cuenta pero que es de una proporción considerable.

A todo esto hay que agregar que el problema no es solamente de los jubilados de hoy. Si realizamos una proyección a futuro del estado actual de cosas, la situación es aun peor, mucho peor. Quienes tenemos hoy más de 60 años vivimos a lo largo de nuestra historia una serie de debacles económicas que fueron durísimas pero también tuvimos momentos de mayor estabilidad, e incluso de bonanza, que permitieron que al menos una parte de nuestra generación llegara a esta etapa  de la vida con una posición económica consolidada.

Venimos de una sociedad que tenía condiciones que, vistas desde la perspectiva actual, parecen soñadas. Una Argentina con pleno empleo, pobreza de un dígito, uno de los mejores sistemas de salud y de educación públicas de la región y la posibilidad real de acceder a una vivienda propia, todas esas características nos dieron ventajas que quienes vinieron después de nosotros prácticamente no conocieron nunca. Esto significa que la proporción de personas que lleguen a jubilarse con recursos económicos propios que les permitan sustentarse va a ser cada vez menor en el futuro.

La situación, a su vez, genera un círculo vicioso que paulatinamente va desfinanciando al sistema. La falta de perspectivas a futuro hace que la masa de trabajadores que aportan en blanco sea cada vez menor. Uno decide aportar al sistema previsional en la medida en que éste le permita imaginarse en una situación positiva a futuro, si esa perspectiva no existe, no hay motivos para renunciar a una parte del ingreso presente. Si uno va a tener que seguir trabajando cuando tenga setenta años, ¿por qué aportar desde los treinta?

Por todos estos motivos, es factible afirmar que, tal como esta planteado, el sistema previsional argentino no es más que una fábrica de pobreza que irá aumentando su producción con el paso del tiempo. Lógicamente el aumento de la inflación contribuye a profundizar la gravedad del cuadro. Pero es importante tener en cuenta que, aunque la inflación disminuyera, e incluso si aumentan los bonos que cada tanto las autoridades sacan a relucir como parches en el casco del Titanic, la situación de los jubilados y las jubiladas de hoy y de mañana seguiría siendo de una vulnerabilidad extrema y creciente.

Si afirmamos que la inflación ya no impacta en las jubilaciones, es porque el deterioro de éstas es tan grande, que ya no pueden ser consideradas jubilaciones. Son, en todo caso, subsidios que se devalúan.

Para completar el cuadro tengamos en cuenta que la curva de envejecimiento poblacional, según todas las estimaciones, va a ir en aumento durante las próximas décadas. Es decir, va a haber cada vez más viejos empobrecidos y cada vez menos jóvenes que aportan al sistema.

Ante semejante escenario es imperioso cambiar el eje de la discusión y dejar de preguntarnos cómo hacen los jubilados para sobrevivir, para empezar a preguntarnos cómo hace la sociedad en su conjunto para salir adelante sin sistema previsional. ¿Cómo se resuelven los problemas estructurales de la economía si el mero paso del tiempo hace que aumente el índice de pobreza?

No existe ningún político ni futuro candidato que tenga una respuesta a estas preguntas. Más allá de la utilización propagandística y electoral del tema, no hay ningún plan serio de ninguna corriente política que se proponga abordar el problema de forma estructural y con una perspectiva de largo plazo. No tienen un plan ni lo van a tener porque para tenerlo hace falta que hagan exactamente lo contrario de lo que vienen haciendo desde hace años.

Es necesario acordar entre todos los sectores una política estructural coherente y realista que trascienda las diversas gestiones y que tenga como objetivo llevar la jubilación mínima al nivel de la Canasta Básica del Jubilado. Y que garantice, a su vez, la actualización de todas las jubilaciones, incluidas las mínimas, de acuerdo a la tres paritarias más altas del año.

El sistema político en su conjunto tiene que verse presionado por la sociedad para dar una respuesta definitiva a este tema. No se trata de preguntarle a cada representante o candidato por separado qué haría o qué va a hacer para mejorar la situación de los jubilados, sino de obligarlos a todos a acordar un plan general, razonable y convincente, que todos respeten más allá de sus ambiciones particulares de capitalización simbólica.  De lo contrario seguiremos repitiendo las mismas preguntas sin respuesta en una suerte de eterno presente sin futuro.

 

Dr. Eugenio Semino – Defensor de la Tercera Edad

Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría

Artículo publicado hoy 22 de mayo en NOTICIAS ARGENTINAS

 

https://noticiasargentinas.com/sociedad/en-la-argentina-jubilarse-es-sinonimo-de-empobrecerse

El sector externo y el consumo interno

0

La Argentina representa solo el 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, pero es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja y sus derivados (harinas, pellets, aceite y biocombustible).

La fábrica Renova (Ex Vicentín y Glencore) [1] de Timbúes es la mayor productora de aceite de soja mundial, y el puerto de Rosario, con sus 31 terminales en 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur y Timbúes al norte de la ciudad, es el principal puerto de exportaciones agro y agro-industriales del planeta.

La Argentina extractivista y agro-exportadora se benefició  y se potencializó con el gobierno de Macri, y se consolida con el gobierno de Alberto Fernández, hecho propiciado con la reducción de los derechos de exportación (retenciones), con cupos (limitaciones para exportar) muy flexibles, sumado a la baja presión impositiva sobre el valor de la tierra [2], las inmejorables condiciones naturales y las creadas por fuertes inversiones en el sector, acrecentando las ventajas comparativas estáticas y dinámicas.

 

 

A su vez, según la estadística elaborada por el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en base a los embarques de granos y subproductos, durante el primer cuatrimestre del año se evidencia una fuerte primarización de los envíos. Es decir, se está exportando más grano sin procesar que con valor agregado (aceites y harinas), situación que impacta de lleno no solo en el ingreso de divisas sino también en la capacidad ociosa del sector y la rentabilidad del negocio.

En efecto, se exporta con menos trabajo incorporado y en desmedro del precio internacional, donde subieron fuertemente el de los granos pero mucho más el de su industrialización, por ejemplo, al 20 de mayo de 2022, en el mercado de Chicago, el precio de la tonelada de la soja es de 620,34 dólares y el de su aceite de 1.765 dólares.

Este país, que es el tercer productor de bienes y servicios de América Latina (después de Brasil y de México), es, sin embargo, el cuarto más pobre de la región en cuanto a porcentaje de su población. De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dependiente de Naciones Unidas, la pobreza en la Argentina trepó a 38,8% y el desempleo a 20,9% como consecuencia del impacto que tuvo la pandemia en la economía en el año 2020. Mejoró en el año 2021 pero no revierte la situación de pobreza.

Una familia «tipo» (dos adultos y dos niños) necesitó en abril 2022 de $95.260,37 para no ser considerada pobre, según informó el INDEC. Pero mayor aun fue la suba de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia: mostró un salto de 6,7% hasta los $42.526,96 y esto es así por el impacto directo del incremento en el precio de los alimentos.

Por decreto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir del 1° de abril de 2022 se fijó un salario mínimo, vital y móvil de $38.940 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744.  Y a partir del 1° de junio de 2022 en $ 45.540, salario que seguramente va a ser menor que el precio de la canasta básica alimentaria de dicho mes.

Trabajan y son pobres. Y los que perciben el salario mínimo, vital y móvil no superan la línea de indigencia, configurando la peor distribución de ingreso en serie (de varios meses) de que se tenga registro.

Y ello se agrava permanentemente cuando observamos que los exportadores de productos primarios, cuyo techo en sus precios estaba fijado por el de los mercados externos, hoy ni siquiera respetan ese límite. La botella de litro y medio de aceite de girasol cuesta en Ámsterdam (puerto de entrada a Europa) 2 euros y en los supermercados de Madrid 2,48 euros. El INDEC sostiene que ese producto tiene un precio promedio en la Argentina de abril 202 de $ 351,67, quiere decir  2,93 euros. O al revés, ya no toman la paridad oficial de $120 por euro que fue la fijada por el Banco de la Nación Argentina al día viernes 29 de abril de 2022, sino que es de $141,8 por euro. (El precio local dividido el precio en Madrid.)

El girasol se produce y cosecha acá, se prensa y se convierte en aceite acá, viaja 10.000 kilómetros hasta Europa y sin embargo el consumidor local lo paga más caro, cuando el salario neto promedio en Europa central es de 3.500 euros por mes y en la Argentina ronda los $ 118.000 (no alcanza a los 1.000 euros).

Al no existir los debidos controles de embarques (recordemos que Gustavo Nardelli [3] presidía la Terminal el Puerto de Rosario hasta hace muy poco, y continúa administrando al mismo tiempo la sociedad de la que formaba parte), se explica por qué los grandes acopiadores, productores y comercializadores acrecientan sus exportaciones en desmedro de la venta al mercado argentino, pese a que en el mercado argentino les pagan más que afuera.

Las retenciones

Las retenciones (Derechos de Exportación) hicieron su reaparición con el decreto 310/02 de febrero de 2002, en el medio de una de las crisis más profundas de la historia argentina. En los considerandos de la normativa se justificó su aplicación en la «grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas» y en la necesidad de «atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos».

Inicialmente, las alícuotas fueron del 10% para trigo y maíz y del 13,5% para soja y girasol (productos procesados pagaban sólo 5%). Luego, en abril de ese año, los porcentajes subieron a 20% en cereales y 23,5% en oleaginosas, respectivamente, mientras que harinas y aceites de soja y girasol comenzaron a tributar un 20%.

Hacia 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Resolución 10/07 del Ministerio de Economía y Producción incrementó las alícuotas en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando, de esta forma, en 27,5% para el grano y 24% para los subproductos.

En octubre de ese año 2007, Kirchner volvió a modificar el esquema, fijando para el maíz un derecho de exportación del 25% y para el trigo del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente. Las retenciones se mantuvieron en el mismo nivel desde fines de 2008 hasta finales de 2015, cuando asumió Mauricio Macri. En ese momento se eliminaron las retenciones para el trigo, maíz y girasol, en línea con una promesa de campaña. La soja bajó del 35% al 30% y a partir de 2018 fue bajando 0,5% por mes, llegando al 26% en agosto de ese año.

La anulación de los Derechos de Exportación solo le dejó alcanzada a la soja en el inicio del gobierno de Cambiemos, aunque luego le puso una suma fija de 4 a 5 dólares. Mediante la Ley 27.541.de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, el gobierno de Alberto Fernández estableció que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB.

Se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja. Se prohíbe superar el  15% para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de cero a esa fecha. (Los demás granos.)

Se prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el 5% del valor imponible o del precio oficial FOB. Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el  8% del valor imponible o del precio oficial FOB. En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.

Luego mediante Decretos del Poder Ejecutivo se modificaron las alícuotas de manera que en el caso de la soja, deben abonar el 33% aquellos productores que exporten más de mil toneladas anuales. Los productores medianos continuarán pagando el 30% y los productores chicos —hasta 500 toneladas anuales— son subsidiados por el 3% de las retenciones que pagan los  que abonan la tasa del 33% (por ende al “Fisco” el ingreso es el 30%).

Finalmente con el aún no puesto en funcionamiento “Fideicomiso del Trigo” se incrementa la alícuota en 2 puntos de la harina y del aceite de soja, para financiar que el productor y comercializador de harina para panificación perciba un subsidio que reduzca el precio final a las panaderías.

 

 

De haberse aplicado el mismo esquema de Kirchner, por ejemplo, al maíz en grano, le hubiera significado a la Administración Nacional un ingreso de 1.176,8 millones de dólares, suma que le permitiría cubrir holgadamente el bono de asistencia a la población. Sin embargo escuchamos al Presidente de la Nación decir que “las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda“, cuando sabe que la llamada oposición va  a votar en contra y su ministro Martín Guzmán asevera que el tema retenciones está afuera de la agenda gubernamental.

 

Cupos de Exportación

CARNE VACUNA: El 9 de marzo de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner suspendió las exportaciones de carne vacuna  por seis meses (excluyendo la Cuota Hilton) por no haber cumplido los frigoríficos con el límite de venta al exterior en el segundo  semestre del año 2005.

Con la actual administración, el 18 de mayo 2021, se  decidió suspender por un lapso de 30 días la exportación de carne de res.  Luego se iría flexibilizando la medida y otorgando cupos para su exportación, distribuyendo las 27.608 toneladas por mes hasta fin de año (7 meses x 27.608= 200.000 toneladas). Más de la mitad se repartió entre 10 frigoríficos del Consorcio ABC. Entre los frigoríficos exportadores beneficiados en el cupo se encuentran la brasileña Swift (con un cupo mensual de 3.183 toneladas), Arre Beef (1.867 toneladas), Friar (1.600 toneladas), Rioplatense (482 toneladas) y Compañía Bernal (1.303 toneladas). El también brasileño Grupo Marfrig (1.238 toneladas), Importadora y Exportadora Patagonia (1.231 toneladas), Azul Natural Beef (1.067 toneladas), Santa Giulia (969 toneladas) y Quickfood (923 toneladas).

TRIGO: Desde 2006, los gobiernos kirchneristas han limitado la cantidad de trigo exportable, con el mismo objetivo de asegurar un abastecimiento y a menor precio. Fue recién en el año 2015 que el entonces ministro Kicillof flexibilizó el cupo a un millón de toneladas para exportar trigo. Por otra parte, habilitó una cuota para colocar 100.000 toneladas de harina.

El gobierno de Alberto Fernández decidió “flexibilizar” el cupo tácito de exportación de trigo 2020/21 y en la cosecha 2021/22 que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dijo que fue de 22,1 millones de tonelada se autorizó a exportar 14 millones.

MAIZ: La idea, como con el trigo, es primero que los exportadores deberán asegurar 9,3 millones de toneladas de maíz para el abastecimiento del mercado interno y, a partir de allí se puede exportar. La cosecha 2021/22 fue (siempre según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) de 47,7 millones de toneladas y se autorizó exportar 38,4 millones.

En síntesis

Es obvio que se deben extremar los controles en las ventas al exterior, como también fijar derechos y cupos de exportación que prioricen el mercado interno. Pero todo ello es inútil si no se frena el precio del dólar y, para ello, se debe incumplir con el FMI con el que se acordó que el precio de las divisas crezca a igual tasa que la inflación. Paralelamente impone metas de crecimiento de las reservas internacionales del BCRA de 5.800 millones este año 2022, cuando a mayo de 2022 y en plena cosecha gruesa no alcanza a los 800 millones de dólares, restan junio y julio y después desde agosto hasta diciembre, mes que recién comienza el ingreso de las ventas externas de trigo y del resto de la cosecha fina, pero que en ningún caso hace cumplible la meta y por ende el FMI propicia, permanentemente, la devaluación de nuestra moneda.

 

[1] Timbúes es una localidad del departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe,  a 35 km de Rosario. El 2 de diciembre de 2019 Vicentin transfirió el 16,67 % de sus acciones en RENOVA SA, a Glencore  que de esa manera se quedó con la participación mayoritaria de esa firma.
[2] El total de la recaudación del impuesto inmobiliario rural de todas las provincias en el año 2021 fue menos del 0,4% del PIB
[3] Los hermanos Sergio (falleció en agosto 2020) y Gustavo Nardelli, Alberto Padoan, Daniel Buyatti y Roberto Gazze están acusados en la justicia Argentina y en los EEUU de quiebra fraudulenta. Un grupo de entidades, entre las que figuran Crédit Agricole, ING y Rabobank, reclama en Nueva York una deuda de 500 millones de dólares y considera que los ex directivos de Vicentin cometieron fraude “vaciando” la compañía.

 

EL SECTOR EXTERNO Y EL CONSUMO INTERNO

Justicia o metralla

0

Me impresiono la declaración de Florencia Arietto en TV, señalando que en el hipotético caso de ganar las elecciones, entrarían en el Conurbano con la metralleta.

Así de simple, brutal y directo. Luego arremetió contra el sindicalismo. En términos que recordaban mucho a lo que vimos y conocimos como la “Gestapo Pro”, esto es, la mesa donde agentes de la AFI, empresarios, el intendente de La Plata, un senador provincial y el ministro de trabajo de Mario Eugenia Vidal se juntaban a planificar la persecución de dirigentes sindicales.

La causa de la “Gestapo Pro” de momento cuenta con muchos procesados, básicamente todos quienes que concurrieron a la reunión en el Banco de la Provincia de Buenos Aires cuyo video, realizado en forma ilegal por funcionarios de la AFI y entregado –según sus propias declaraciones— a Silvia Majadalani, entonces segunda de la Agencia de Inteligencia, provocó en su momento, además de una angina de María Eugenia Vidal, una profunda preocupación en el seno de la alianza Cambiemos.

La preocupación era en esos días si existirían más videos similares que involucrasen a otros dirigentes del Pro. Fue uno de los procesados, Sebastián De Stéfano –ex director de asuntos jurídicos de la AFI— el que vino a traer algo de calma, cuando solicitó que la causa que se investiga en La Plata pase a los tribunales de Comodoro Py, trámite que actualmente se está discutiendo en sede judicial.

Y a todos los que por desgracia tenemos que intervenir en las causas de espionaje ilegal durante la gestión macrista, la musiquita nos sonó frustrantemente familiar. Porque todas las causas de espionaje ilegal de la gestión macrista terminan en Comodoro Py. Y cuando digo que terminan no me refiero únicamente al lugar donde quedan radicadas, sino más específicamente al lugar donde son detenidas y se deja de investigar.

Un breve racconto da cuenta de que quedaron radicadas luego de engorrosas discusiones en Comodoro Py las causas que tienen a Marcelo D’Alessio y a Stornelli como protagonistas. También las causas que se investigaron en Lomas de Zamora, que permitieron que nos enterásemos no sólo del espionaje ilegal sino además de las escuchas ilegales en los penales de este país. Los “Super Mario Bros”, el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y a otros dirigentes y un sinnúmero de seguimientos ilegales y escuchas también ilegales resultaron de esa causa.

Hace pocos días me notificaron que habían tomado la decisión de devolverle el celular al ex secretario de Macri y hoy legislador por la Ciudad, Darío Nieto. Curioso objeto ponzoñoso ese celular, donde figuran muchos magistrados de Comodoro Py –que intervinieron en esa misma causa, inclusive— y un magistrado de la Corte Suprema.

No quiero olvidarme tampoco de la causa sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan, que tiene como procesado al mismísimo Mauricio Macri. También ahora radicada en Comodoro Py.

En todas ellas, e incluso en alguna que olvido, la situación es exactamente la misma. A pedido de los imputados la causa queda radicada en Comodoro Py y luego, como por arte de magia, el Poder Judicial deja de investigar y solo queda el casi silenciado quejido de las víctimas.

Frente a la falta de interés de los tribunales de Py, en el único lugar donde no han podido detener el avance de esas investigaciones es en la Comisión Bicameral de Inteligencia, donde se sigue investigando sin pausa el desquicio que tuvimos que atravesar los argentinos durante el gobierno de Macri en materia de espionaje ilegal.

Por eso mismo, a nadie le llamo la atención que contra dicha Comisión y contra su titular, Leopoldo Moreau, los mismos de siempre interpusieran denuncias a los fines de obstaculizar la continuidad de esa investigación. Desde denunciantes seriales a la Coalición Cívica, pasando por Florencia Arietto.

Algunos de los denunciantes sostenían que Moreau se había excedido en sus funciones al solicitar información sobre una causa relativa a unos camioneros imputados por un bloqueo a una distribuidora. Todo lo que sale de esa causa parece anunciar a gritos destemplados que en la misma se realizaron maniobras de inteligencia ilegal, razón por la cual tomó intervención la Bicameral en cuestión. Breve vida tuvo esa denuncia a Moreau, porque el jueves 19 de mayo de este año la Bicameral respaldó su actuación.

Me gustaría contarles que la denuncia tomó a Moreau por sorpresa, pero no puedo decirlo. Los oficiosos de turno ya habían informado a Leopoldo que recibiría una persecución judicial y Moreau había hecho pública esa situación.

Todo esto que les cuento está pasando ahora mismo. Claro, como no lo publican los grandes medios, es probable que pocos nos enteremos. Pero —reitero— está sucediendo ahora mismo. Por eso mismo me alegró mucho una convocatoria que recibí en los últimos días a la presentación de un instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias, dirigido por Sabina Frederic y presidido por Nilda Garré.

Un espacio interdisciplinario y claramente progresista que pone en foco el problema del delito, la violencia y la seguridad, sin pensar —como piensa Arietto— que la única solución posible es la metralla.

Pero además pone acento en el especial tipo de violencia que significa el espionaje ilegal. Entender la importancia de respetar la prohibición de hacer inteligencia en materia de seguridad interior es, a estas alturas, la única solución posible y viable a esta nefasta práctica que vimos –y vemos— desfilar con total impunidad.

Con los delitos de Lesa humanidad fue necesario su juzgamiento publico para que la sociedad internalizara su naturaleza delictiva. El Poder Judicial colaboró con la toma de conciencia respecto a ellos. Pero en el caso de los delitos derivados del espionaje ilegal, el Poder Judicial parece haber claudicado.

Podría putear y protestar más aún –de hecho lo hago, y mucho, en Tribunales—, pero no soy tan necia como para creer que porque putee o proteste vayan a cambiar las cosas. No van a cambiar por una sencillísima razón: del espionaje ilegal fueron parte casi todos quienes ahora tienen que investigarlo y juzgarlo. En el sistema prebendario que se instaló en el Poder Judicial argentino, muchos por acción y otros por omisión están impedidos de investigarlo. Porque los tuvo de víctimas o de colaboradores. Lo que no los tuvo, en la mayoría de los casos, fue de no anoticiados de que existía.

Como ejemplo de esto me pregunto por qué el Poder Judicial protege a Carlos Stornelli. Quien además de todo, fue responsable en su gula y excesos de que una parte de este sistema ilegal saliera a la luz. ¿Qué es lo que no sabemos y que solidifica el círculo de baba que protege al fiscal de responder por sus actos? Supongo que debe parecerse mucho al mismo sendero señalado con la misma baba que recorre los expedientes del espionaje ilegal desde su jurisdicción originaria a los despachos de Py. Y la misma baba que detiene las investigaciones cuando llegan a Comodoro Py.

Con honestidad, cuando empezaron a investigarse las causas de espionaje ilegal creí que el Poder Judicial iba a a poner luz sobre ello, avergonzado de lo ocurrido en sus propios despachos o sus cercanías. Hoy comprendo que fue un exceso de optimismo.

Pero sí señalo que el hecho de pensar la seguridad sin omitir considerar y valorar las leyes democráticas y sin dejar de señalar los círculos de baba que vemos a diario es una tarea que tenemos por delante. Porque ya conocemos la alternativa de no hacerlo. Es metralla.

 

Justicia o metralla