Escribo estas líneas y metafóricamente estoy en condiciones de decir que siento el ruido del avance de los tractores de la protesta del campo. No dejo de sorprenderme de lo que mi amigo Rinconete llamaría “estos tiempos trepidantes”. Hace apenas una semana, el sector de los productores rurales hacia escuchar su voz por la falta de gasoil que era –según decían— inminente. Pero malos adivinos resultaron ser, toda vez que hoy están haciendo una manifestación en la Capital Federal a lomo de tractores y camionetas que no tienen empacho –y sí gasoil, por cierto— para movilizarse cientos de kilómetros y protestar en la Capital Federal.

El motivo de la protesta ni siquiera ellos lo saben. No pueden enunciarlo, siquiera. Es super divertido ver cómo los periodistas de medios hegemónicos tienen que ofrecerles un stock de respuestas cuando los entrevistan, para que no balbuceen cosas que van de lo cómico a lo inverosímil.

Ojo, yo entiendo que no todos los manifestantes tienen que saber por qué están manifestando. Muchos de ellos son en realidad peonada que conduce vehículos que son propiedad del patrón. El arriero pero versión tracción a combustible fósil, digamos. Uno de esos patrones de estancia, entrevistado por un canal de TV, dijo que no sólo venía él, sino que había enviado además ocho camionetas. Las infinitas ventajas de ser dueño de los medios de producción…

Lo cual me hizo reflexionar sobre cómo hacen sentir su voz aquellos que no cuentan con esas facilidades esenciales, tales como tener una tropilla de camionetas y tractores para hacer oír sus reclamos y mucho menos los recursos económicos para el gasoil que demanda desplazarse cientos de kilómetros.

En general, quienes no se caracterizan por ser los dueños de los medios de producción usan sistemas de protesta menos vistosos, pero igualmente visibles. Irrumpen en el espacio publico y así revelan presencia. No muy distinto a lo que está sucediendo ahora en el espacio publico de Capital Federal, invadido de tractores y camionetas.

Siempre recuerdo un texto maravilloso de Carmen Feijóo sobre los piqueteros. Hablando sobre el origen de esos movimientos, decía que el ciudadano caído del estado de bienestar, expulsado del sistema laboral, del sistema de salud y del sistema de seguridad social, se acuerda entonces de lo único de lo cual no han podido despojarlo: su condición de ciudadano. Cuando los periodistas le preguntan por qué está ocupando el espacio público, responde con sencillez pasmosa: “Porque tengo derecho”. De esa noción de tener derecho surgen las protestas ciudadanas.

Y tener derecho es un concepto que no tiene condicionantes fisiocráticos. Tienen derechos los ricos, los tractores y las camionetas y también tienen derecho los que no tienen nada –nada mas que derechos— y en muchos casos, hambre.

Me da algún nivel de espanto cuando me cruzo o escucho por los medios a los sommeliers de protestas. Como si para protestar hiciese falta tener algún derecho especial o alguna razón en particular. Cada uno de nosotros juzga sus propios motivos de protesta y también juzga los motivos de protesta que esgrimen quienes protestan.

A titulo de ejemplo, yo juzgo perfectamente válido ocupar los espacios públicos –plazas y calles— para hacer sentir mi voz en pos de la defensa de la vida de las mujeres que son víctimas de la violencia, si bien es cierto que yo no lo soy, en términos específicos.

Inaceptable y violenta me parece la condición de exigir estar de acuerdo con los motivos que cada uno pueda tener  para permitir una determinada manifestación pública. Que cada uno diga lo que tiene que decir. Eso es lo correcto y lo válido en términos democráticos,

Como vivo y circulo en estas mismas calles que todos, sé que el derecho a protestar crea inconvenientes para circular. Estemos o no estemos de acuerdo con los motivos de protesta. Y tengo claro que algunas reglas mínimas tienen que cumplir quienes ejercen su derecho a protesta. A titulo de ejemplo, permitir la circulación de ambulancias, porque por sagrado que sea el derecho a manifestar, no se puede pasar por sobre el derecho a a salud o la vida de un tercero. Pero ese me parece uno de los pocos límites claros que me atrevería a imponer a quienes están ejerciendo su derecho a protesta.

Con independencia de los motivos que la fundan, la protesta altera muchos otros derechos, como el de circular libremente – derecho que también sé alterado por los peajes, aun cuando a nadie parece molestarle tanto como molestan los cortes de calles— , el derecho a trabajar e incluso el derecho al orden público. Y hablo con plena noción de  lo que estoy diciendo, sigo creyendo que es mas importante ponderar por encima de todos esos derechos el derecho a la protesta, porque sin ese derecho tan básico, seria imposible la vida en sociedad.

Porque atendida o no, la protesta es un modo de descompresión válido del conflicto social. El derecho a visibilizar lo que sea que te está pasando es un derecho que nos salva a todos, colectiva e individualmente, de ser los “Mr. Cellophane” de esta sociedad. Gente invisible y que nadie mira ni toma conciencia de las necesidades e inquietudes que nos llevan a manifestar en la vía pública.

Y sé que es incómodo y hasta enojoso sentirse muchas veces rehén de las calles y de las protestas de otros; otros que no conozco y otros con los que incluso no estoy de acuerdo.

Hace muchos años leí un magnífico libro de Roberto Gargarella que se llama El derecho a la protesta: el primer derecho. Y debo señalar que, si bien no pienso como Roberto en todo, en la defensa del Derecho a la protesta estoy terriblemente de acuerdo. Gargarella considera que en materia de protesta hay grupos especialmente desfavorecidos en sus derechos.

Pienso en voz alta, por ejemplo, que quienes protestan hoy con camionetas y tractores podrían haber obtenido el mismo nivel de visibilidad mediante solicitadas en periódicos, y por un costo mucho menor que el traslado de la parafernalia que realizaron. Y sin duda ese modo de protesta hubiese provocado menos inconvenientes a quienes se vieron impedidos o demorados de transitar por las rutas y las calles. En el mismo sentido pienso que si un grupo de desempleados corta una calle, no tiene a su alcance método más idóneo y disponible de visibilizar su protesta o su reclamo.

Pero sea cual sea el método de protesta por el que los individuos optan, el juicio de valor que hagamos los demás también es ajeno por completo, Como lo es nuestro juicio de valor sobre la validez, y legitimidad de los motivos de protesta.

A título de ejemplo, uno de los motivos enunciados por un manifestante de esta protesta del sector agro-productor fue su deseo de volver al país de Alberdi. Y claramente yo podría estar muy de acuerdo, hasta que recuerdo que en las épocas de Alberdi, las mujeres como yo no tenían derecho a votar y éramos ciudadanas consideradas incapaces relativas de derecho. Y entonces me doy cuenta de que claro que quiero el país de Alberdi, pero con todos los avances en materia de derechos que vinieron después.

Todos preferiríamos un país ordenado, calles donde se pueda circular y ausencia de protestas. Pero antes que preocuparnos por los motivos de protesta y pretender juzgarlos, deberíamos preocuparnos por las causas de la desigualdad y cómo terminar con ella. Porque es feo llegar tarde al trabajo y perder el presentismo, pero más horrible aún –a mi juicio— es acostar tus hijos con hambre porque no tenés con qué darles de cenar. Y creo que en la ponderación de derechos que hacemos para juzgar las protestas y sus modos, nos olvidamos de algo trascendente que está en el articulo 16 de la Constitución inspirada por las Bases de Alberdi. Allí se dice que en la Argentina “todos sus habitantes son iguales ante la ley». Y por ello todos tienen derechos. Y ello incluye el derecho a la protesta. Sea que vengan a pie, en colectivo o montados en tractores.

Lo efímero y lo permanente

El miércoles estaba tranquilamente sentada en mi oficina del Senado de la Nación, juntando fuerzas para ir a visitar a Luchy, que trabaja también en el Senado, sólo que en el edificio que está a una larga cuadra de distancia. Me debatía entre la pereza de la siesta y la voz del buen cristiano reiterándome hasta el hartazgo que tengo que caminar más, porque si no un día no me va a poder el culo. Ya lo quisiera ver a él de tacos y con una pesada cartera. (Todas las cosas que una chica necesita para salir de su casa en la mañana y sobrevivir a las contingencias de un día agitado, pesan de verdad.) Maldecía para mis adentros el discurso acerca del placer de caminar —¿qué placer encuentran en eso, exactamente?—, cuando llegó a mis manos la notificación de la medida cautelar precautoria que acababa de entrar por DEOX al Senado. Había sido enviada a nuestro sistema digital de notificaciones judiciales por un juez de Paraná. En ella se ordenaba que “existiendo circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la protección inmediata del derecho invocado, decreto una medida interina en los términos del artículo 4 inciso 1, tercer párrafo de la Ley 26.854, ordenando a la Excma. Cámara de Senadores de la Nación y a la Excma. Cámara de Diputados de la Nación, a través de sus respectivos presidentes, se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación hasta tanto se produzca el informe antes dispuesto y, en su consecuencia, esta magistratura se encuentre en condiciones de evaluar en forma definitiva los recaudos específicos de toda cautelar”.

Primer dato que consideré es que, como se trata de una cautelar precautoria, es por su naturaleza inapelable. ¿Y para qué me la notifican, sino la puedo apelar, entonces? ¿Sólo para fastidiar mi Semana Santa? Porque, como les decía, era un momento en el cual el pensamiento que nace de la pereza me tenía algo cooptada. Los jueces en general no me caen simpáticos salvo algunas excepciones, y los que me notifican de cosas que echan a perder mis fines de semana largos menos que menos, he de confesar.

La respuesta es fácil. Me notificaron de la cautelar precautoria para que la informe a la presidencia del Senado, cuando el Senado no podía hacer nada durante los días siguientes. Con un detalle vistoso: ¡lo que tenía que hacer el Senado derivaba también de una orden judicial!

Pero la historia acerca de cómo el Poder Judicial arruinó mi Semana Santa comenzó mucho antes. Por poner una fecha caprichosa, diré que comenzó en diciembre de 2021, cuando la propia Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que regula la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Que viene a ser la ley 26.080, publicada el 27 de febrero de 2006. Detalle también vistoso, la inconstitucionalidad de esa ley, que rige al Consejo de la Magistratura desde hace 15 años, da cuenta que a la Corte Suprema le importa un corno que un organismo de la importancia del Consejo de la Magistratura haya funcionado con una ley que 15 años después es declarada inconstitucional. Digamos que para ciertas cosas la Corte Suprema se toma sus tiempos, ¿no?

En mi opinión el detalle es bastante más que sólo vistoso, por cierto, toda vez que la función del Consejo de la Magistratura es ni más ni menos que seleccionar a los jueces y vigilar cómo se desempeñan esos jueces. Y para ser clara, durante los últimos 15 años esa misión de trascendencia institucional ha sido desarrollada por un Consejo cuya conformación fue declarada tardíamente inconstitucional. Eso daría cuenta del deplorable modo en que el Consejo ha realizado su tarea, sobre todos en lo que refiere al control de los jueces. En definitiva, ese deficiente control explicaría por qué tenemos los jueces que tenemos, ¿no? Gente sin alma que se dedica a dejarme sin fines de semana, entre otras cosas. Pero quedan sin control disciplinario alguno cuestiones infinitamente más graves. Como los jueces que visitaban a escondidas a Macri, por decir algo.

Pero volvamos a este caso. Cuando se sancionó la ley, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires –y no confundir con el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que es el organismo que tiene el control de los abogados de la Capital Federal— se presentó cuestionando que la ley 26.080 no respetaba el «equilibrio» en la representación exigido por los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional para la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Afirmó que el régimen establecido por la ley 26.080 alteró la naturaleza, autonomía funcional e independencia del Consejo de la Magistratura.

Yo no soy quién para decir si esa ley respetaba o no el equilibrio. Pero por ahí la propia Corte sí lo es y por cierto que, créase o no, dijo ante un planteo similar algo también curioso. Fue en el caso «Monner Sans, Ricardo c/ EN – Secretaria General Presidencia y otros s/ amparo”, en el que se pedía “ la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080, en cuanto modifica la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”. Verán, lo mismo que cuestionaba en este caso. Y la respuesta de la Corte Suprema fue contundente. Señaló que “no incumbe al Poder Judicial evaluar el acierto o el error, el mérito o la conveniencia, de la solución adoptada» por el legislador. En cambio corresponde al Congreso de la Nación la competencia para reglamentar lo atinente al Consejo de la Magistratura y las valoraciones que en ejercicio de ese Poder Legislativo haga sobre el número de consejeros y de la composición del cuerpo, tanto en su pleno como en sus comisiones, que «pertenecen a la exclusiva zona de reserva de dicho Poder, incumbiéndole sólo a los jueces efectuar el control de constitucionalidad con arreglo a la noción de equilibrio consagrada en la Constitución, que al no ser sinónimo de igualdad debe interpretarse como proporción, exigencia que la ley 26.080 ha respetado en cuanto a la representación de los abogados”.

Pero verán, en la Facu de Derecho nos martillan con la lógica jurídica y el principio de no contradicción, ese que señala que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, según la Corte la ley 26.080 puede ser y no ser constitucional al mismo tiempo… con algunos años de diferencia, claro, y según el signo político del gobierno de turno. Los argumentos que usó en diciembre de 2021 para considerar inconstitucional la ley que hasta entonces había considerado constitucional la propia Corte, son menos que pueriles. No los voy a aburrir con tecnicismos, sólo diré que el principio de no contradicción no es el único criterio lógico jurídico que se cargaron los cuatro fulanos en diciembre.

Entre otras cosas, en el fallo de diciembre de 2021 los Supremos organizaron un aquelarre con la propia Constitución como papel confeti. Pura algarabía. Porque no sólo declararon inconstitucional la ley en cuestión, sino que le impusieron un plazo al Congreso de la Nación para dictar una nueva ley de Consejo de la Magistratura. Pero, no conformes con eso, y en el apuro que tiene el actual presidente de la Corte por asumir en el Consejo, decidieron llevarse puestas la distribución de funciones que hace la propia Constitución y revivieron una ley derogada por el Congreso. Olvidándose groseramente de que, por muy supremos que sean, siguen sin ser legisladores y no pueden revivir leyes derogadas por el propio Congreso.

Con deliciosa maldad recordó Lorenzetti en el fallo de diciembre que “la parte actora no pidió la restitución de la vigencia de la ley anterior, lo cual constituye, per se, un exceso de jurisdicción». Por otra parte, el Fiscal de Cámara cuestionó en este recurso la decisión de restituir una ley derogada, violando la división de poderes y las facultades del Congreso. La ley 26.080 dispone que ‘sustituye’ el artículo 2° de la ley 24.937, lo que significa que la deroga. Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de las Facultades de Derecho, con cita de Kelsen: ‘Una norma cuya vigencia ya fue cancelada por otra norma derogatoria, sólo puede ser vuelta a su vigencia por medio de una norma que tiene el mismo contenido que la derogada’ (Kelsen, Hans, Teoría General de las Normas, Editorial Trillas, México, página 116) y en el mismo sentido la doctrina nacional de modo coincidente (López Olaciregui, en Salvat, Raymundo, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tea, Bs. As., T. I)».

«Ese criterio —sigue Lorenzettti— se basa en el respeto al principio del paralelismo de las competencias ya que debe ser el autor de una norma o de un acto –en el caso, en ejercicio de la competencia constitucionalmente asignada— quien, de estimarlo pertinente, restablezca la vigencia de la norma que derogó (en sentido concordante, Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1995, página 95). El Código Civil Español, por otra parte, recoge expresamente este principio (artículo 2). Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado”.

Y como si no fuese suficiente, remata Lorenzetti: “Ningún tribunal ni la propia Corte Suprema puede legítimamente declarar inaplicable una ley que ha sido derogada hace dieciséis años sin afectar seriamente la seguridad jurídica. Por otra parte, la restitución de la ley anterior hasta que el Congreso dicte una nueva podría generar un caos, porque de 13 miembros pasa a 20 y luego a 17 (según el proyecto adjuntado a la causa). La Cámara restituye la ley anterior en su totalidad, incluyendo lo que no fue materia de agravio, lo que excede su competencia, ya que los jueces no son legisladores. La restitución de la ley anterior en aspectos que no han sido materia de agravio implica arrogarse funciones legislativas, algo absolutamente incompatible con la función judicial. La Corte ha dicho que ‘no incumbe a los tribunales el examen de la conveniencia o el acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, ya que aquellos deben limitarse al examen de la compatibilidad que las normas impugnadas observen con las disposiciones de la Ley Fundamental (Fallos: 312:435), Monges (Fallos: 319:3148)”.

Y voy a decir esto, no sin pudor: por una vez en la vida, Lorenzetti tiene razón. Alguna vez tenia que pasar, supongo.

Lo que no escribió Lorenzetti pero los abogados sabemos es que este desquicio institucional tiene su origen en la otra función del Consejo de la Magistratura que es ni mas ni menos que la función de administrar el presupuesto del Poder Judicial. Es así, señores: toda esta locura por un tema de caja. Caja que la Corte desea, aun cuando la Constitución no se lo permita. Pero siendo juez de la Corte Suprema, que la Constitución no permita hacer algo que deseás es apenas un detalle. Como nos demuestra este fallo de diciembre de 2021 —curioso fallo—, donde incluso el propio presidente de la Corte —no de la Nación, no del universo— se olvidó cosas que él mismo firmó, tales como: «Es necesario recordar que los espacios de decisión del político y del juez son distintos. El político —constituyente, legislador o administrador— tiene un amplio abanico de posibilidades para decidir conforme a un marco normativo general (que en ocasiones él mismo puede modificar), a su ideología y a su prudencia; el juez debe hacerlo dentro del estrecho límite de la Constitución y las normas dictadas en su consecuencia. Si el juez intentara suplir al político, proyectando su forma de pensar (en suma, su disconformidad con una decisión política) en descalificación jurídica, estaría excediendo su competencia y violentando la división de poderes» [Fallos: 341:1869, del 11 de diciembre del 2018, voto del juez Rosatti, considerando 14].

Que las leyes las cumplan los giles y que las cautelares las apelen los sufridos abogados sin Semana Santa. Si total, como dicen de ciertos equipos de futbol, el Poder Judicial es un cabaret.

El (des) gobierno de los jueces

La crisis del régimen de no proliferación nuclear (RNPN) empezó hace mucho, pero la invasión de Rusia a Ucrania la profundizará y esta profundización tendría, entre otros, un eventual impacto indeseable en la relación entre la Argentina y Brasil.

La Posguerra Fría se inició con la expectativa de desnuclearización que tuvo en Ucrania un caso emblemático. En 1994 Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos y Ucrania llegaron a un acuerdo mediante el cual Kiev devolvía a Moscú las ojivas nucleares de la ex Unión Soviética localizadas en territorio ucraniano. Sin embargo, desde el comienzo del siglo XXI el RNPN aceleró su erosión.

Fueron magros y escasos los avances de las revisiones quinquenales del Tratado de No Proliferación Nuclear negociadas en la ONU. En cuanto a las mayores potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, el deterioro de los compromisos logrados durante la Guerra Fría fue elocuente: en 2002 Estados Unidos se retiró del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972 y, en 2019, hizo lo propio con el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio de 1987.

A su vez, en 2007, Rusia suspendió la aplicación de los aspectos operativos del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa de 1990, al tiempo que Washington en 2020 y Moscú en 2021 abandonaron el Tratado de Cielos Abiertos de 2002.

Asimismo, las cumbres de 2010, 2012, 2014 y 2016 sobre Seguridad Nuclear para prevenir el acceso de terroristas a armas de destrucción masiva propiciadas por Barack Obama se descontinuaron.

Y en 2018 Donald Trump retiró a EE.UU. del acuerdo nuclear de varias potencias con Irán, debilitando aún más el RNPN. Hoy el inventario de armas nucleares es descomunal: según la Federation of American Scientists, Rusia posee 5.977; Estados Unidos, 5.428; China, 350; Francia, 290; el Reino Unido, 225; Pakistán, 165; India, 160; Israel, 90; y Corea del Norte, 20.

En años recientes, Moscú, Washington, Londres, París y Beijing han establecidos programas de “modernización” de sus arsenales nucleares; lo cual implica incrementar sus inventarios, hacer las ojivas más efectivas y tornarlas más relevantes en sus respectivas políticas de defensa.

En ese marco, distintas naciones, antes y después de la invasión rusa a Ucrania, han mostrado lo que llamo una “tentación” nuclear. Por ejemplo, en 2019 el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, manifestó que “varios países tienen misiles con cabezas nucleares…y nos dicen que nosotros no podemos tenerlas: no puedo aceptar eso”.

También en 2019 el hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, reivindicó el desarrollo de armas nucleares para que su país fuese “más respetado”. En Australia, desde ese mismo año surgió, como lo había hecho en los años cincuenta y setenta, el debate a favor de poseer armas nucleares. En 2021, mediante el acuerdo (conocido con el nombre de AUKUS) entre el Reino Unido, EE.UU. y Australia, se determinó que se le proveería a Canberra submarinos de propulsión nuclear. Por su parte, con la ayuda de China, Arabia Saudita está fabricando misiles balísticos.

Más recientemente, en febrero de 2022, una encuesta del Chicago Council on Global Affairs, mostró que el 71% de los entrevistados en Corea del Sur están de acuerdo con que el país tenga armas nucleares, al tiempo que el ex Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, propuso que su país albergue armamento nuclear estadounidense.

Un estudio de Janina Dill, Scott Sagan y Benjamin Valentino publicado el 28 de febrero en la revista Security Studies, revela que, según las encuestas realizadas en EE.UU., el Reino Unido, Israel y Francia, la prohibición categórica—el llamado “tabú nuclear”—de utilizar esas armas contra las poblaciones civiles no moldea la opinión pública. Por el contrario, según los autores predomina una postura de “halcón” en todos los casos.

También en febrero, Bielorrusia aprobó un referéndum que facilita que Rusia vuelva a localizar en ese país armas nucleares. En marzo, el lanzamiento accidental de un misil de India a Pakistán comprobó, una vez más, que ambos constituyen un referente nuclear peligrosamente explosivo.

En este contexto, y luego de la invasión de Ucrania, la decisión de Vladimir Putin de “trasladar las fuerzas de disuasión de Rusia a un régimen especial de servicio de combate” significó una elevación del nivel de alerta de sus fuerzas nucleares y constituyó una amenaza sin precedentes e inaceptable.

Sintéticamente, el RNPN, ya en situación crítica, ha sido socavado de manera dramática. Es probable que se abra, ahora sí, una Caja de Pandora en materia proliferación nuclear: ¿se pasará de la “tentación” al “impulso” nuclear? Si esto fuese verosímil, es urgente un nuevo diálogo entre la Argentina y Brasil sobre el tema.

La creación de la Agencia Brasileña-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares de 1991 fue un valioso hito histórico en Latinoamérica y un modelo único en el Sur Global.

Un potencial desacople mayor al ya existente entre los dos países puede conducir a un escenario estratégico muy complicado. Esté quien esté en los gobiernos en Brasilia y Buenos Aires, es imperativa una franca conversación al respecto.

https://www.clarin.com/opinion/ucrania-proliferacion-nuclear_0_2htUs4GGn8.html

Le pedimos al Poder Judicial de este país que investigue las irregularidades sobre la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI y el destino que se le dio a ese préstamo millonario. Pero resulta que de esa investigación surge, como contó Nestor Espósito, que el entonces presidente de la Corte Suprema y hoy vicepresidente autoelecto, Carlos Rosenkrantz, giró al exterior 650.000 dólares el día después que la formula del Frente de Todos se impuso en la PASO. También giraron al exterior dólares “Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, ex asesor del ex ministro de Justicia Germán Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani”, asegura Espósito.

Claro que esta novedad no la leímos ni la escuchamos en buena parte de la prensa del país. Esto es también fácil de entender. Porque conspicuos dueños de medios y periodistas figuran también en los listados de quienes sacaron dólares. Entre ellos Jorge Rendo de Clarín, 2.908.350 dólares, Julio César y Fernan Saguier de La Nación, 1.455.000 y 920.000 dólares respectivamente, Jorge Lanata, 870.066 dólares, Novaresio 515.920 dólares y Héctor Magnetto, 500.000 dólares a través del JP Morgan.  Además Eduardo Feinmann sacó 480.000 dólares, Ricardo Roa 396.000, Pablo Sirven 303.000 «para comprar un inmueble en Punta del Este» e incluso Cristina … pero Pérez. Si hubiese sido Cristina Fernández de Kirchner lo hubiésemos leído en tapas con letra catástrofe, ¿no?

Cuento esto no porque sacar dólares del país sea necesariamente delito –como explica la no abogada Laura Alonso-, sino porque da la pauta de quienes obtuvieron beneficios con las políticas implementadas durante el gobierno de Macri. Y porque, cuando una parte importante de la sociedad sufre el agobio de la deuda heredada, hay quienes no osan siquiera cuestionar esa deuda o las políticas que la generaron.

A veces me sorprendo como si ni lo supiera desde hace mucho, de que la información que recibimos esté permeada como lo está por este tipo de cuestiones. Ni los funcionarios judiciales ni los periodistas hicieron nada ilegal, solo aprovecharon una coyuntura política. Pero en su necesidad de aparecer impolutos no hablan de eso. Y me preocupa especialmente de los funcionarios judiciales, he de decir. Porque me pregunto hasta qué punto el haberse sumado a esa coyuntura les resta en imparcialidad al momento de investigar la deuda con el FMI. Afortunadamente ni Picardi, que es el fiscal, ni Capuchetti que es la jueza, ni Zannini, que es el actual procurador y denunciante, figuran en los listados. ¿pero qué sucedería si la causa llegase a la Corte?

Sucederia lo que viene sucediendo con las causas por el espionaje ilegal que también fue política del gobierno de Mauricio Macri y que padeció una parte importante del país. Porque no solo espiaron a jueces y fiscales, a ex funcionarios del gobierno de Kirchner y a empresarios, sino a sindicatos, ONGs, movimientos sociales, periodistas y asambleas barriales, locales partidarios, familiares de víctimas de la tragedia del ARA San Juan y universidades.

Muchos jueces de Comodoro Py se han excusado de investigar las causas de espionaje ilegal que pesan sobre Mauricio Macri y su gobierno. Se excusaron porque sea en migraciones, sea en seguimientos ilegales, sea mediante la UIF o la AFIP, los funcionarios judiciales también fueron espiados por el macrismo. Incluyendo entre otros al entonces presidente de la Corte, Rosenkrantz, que por tal motivo se excusó de intervenir. Igualmente se excusaron de intervenir los demás jueces de la Corte “por razones de decoro”, según expresaron. Podrían haber explicitado cuáles eran los motivos de esas razones de decoro, pero todos sabemos por qué no lo hacen. Porque sería admitir que fueron también víctimas de las presiones y maniobras ilegales que luego niegan que hayan existido respecto a las otras víctimas.

Los irresolubles problemas de ser juez y parte, ¿no? Juez para juzgar y parte para decidir. Y la decisión es siempre la misma. Callar lo que sucedió, Disimular lo que hicieron. No llamarlo por el nombre que tiene: espionaje ilegal. Y finalmente y de modo perverso, construir la impunidad para quienes realizaron un espionaje aberrante que sufrieron muchos argentinos, incluidos esos mismos jueces.

A fines de año pasado la Cámara Criminal y Correccional de Comodoro Py intervino en una de estas causas  sobre el espionaje ilegal. Y contra toda evidencia, resolvió quitar la imputación sobre los mandos superiores del gobierno que conducía Macri. Uno de ellos lo hizo parcialmente, justo el mismo juez que denunció haber sufrido presiones para pedir ser trasladado de su cargo a otro, pero los otros dos, con encomiable esfuerzo, resolvieron casi al unísono que los mandos superiores nada tenían que ver con el espionaje ilegal que habían realizado sus subordinados. Cuentapropistas, consideró a los subordinados. El risible argumento del “cuentapropismo” duró menos que la carcajada que provoca al leerlo. Duró hasta que apareció un video sobre una reunión que transcurrió en el Banco Provincia de Buenos Aires, donde funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de la Plata, empresarios y espías de la AFI se reunieron para planificar la persecución judicial de un sindicalista, Y esa reunión fue grabada en audio y video.

Cuando se hizo pública la grabación, empezó la intriga acerca de quién la había filmado y bajo ordenes de quién. La ex gobernadora Vidal señalo con una frescura atronadora que se trataba de una grabación ilegal. El cándido espanto de Vidal duró también menos que la carcajada que daba escucharla expresándolo, porque poco tiempo después uno de los espías que participó en la reunión señalo lo que era obvio desde el principio. Que había sido la AFI de Macri la que había ordenado, supervisado y realizado la grabación. Fue Dalmau Pereyra, el sucesor de Stiuso, quien declaró que la grabación se había realizado por orden de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entonces jefes de la AFI. Sí, sí: parece que los señores que hacían las cosas no eran tan cuentapropistas, después de todo. Más bien hacían las cosas por expresas instrucciones de sus jefes. Algo similar a los que declararon Araque y Melo, dos de los espías que fueron considerados cuentapropistas por la Cámara Criminal y Correccional de Py, que exculpó precisamente a Majdalani y Arribas de responsabilidad.

Un detalle de color que no puedo omitir es que los dos jueces de Cámara que consideraron cuentapropistas a los “cuentapropistas” menos autónomos de mundo figuraban en el celular del secretario de Mauricio Macri y con el antecedente de haber sido designados a dedo por aquel. Designación que fue considerada contraria a la constitución por la propia Corte… pero que continúa en funciones hasta que se designen sus reemplazantes. Y dale que va. Justo hace unos días también, el Consejo de la Magistratura, o mejor dicho los representantes del macrismo que lo integran, se negaron a votar incluso sus propias ternas para reemplazarlos. Se ve que les resulta mas conveniente continuar con jueces designados en modo contrario a la Constitución, que arriesgarse a que decidan en las causas jueces que al menos tuvieron que concursar para ocupar el cargo al que aspiran. El otro juez tiene un curioso antecedente. Visitó a Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Visitas que fueron celosamente ocultas por el macrismo.

¿Ven lo que les digo acerca de los problemas irresolubles de ser juez y parte al mismo tiempo? Algo parecido a lo que le sucede al Poder Judicial en estos días. Porque el órgano que controla a los jueces, menos a los de la Corte Suprema, es precisamente el Consejo de la Magistratura. Que está a un tris de dejar de funcionar porque como el actual presidente de la Corte tiene muchísimas ganas de presidir ese Consejo, resolvió, con apenas 15 años de delay, que la conformación del mismo era inconstitucional y emplazó a que se dicte una nueva ley de conformación de Consejo. La ley está aun en gateras y el plazo de 120 días que le dio la Corte al Congreso vence el 15 de abril. Es decir que en dos semanas la Argentina enfrenta la posibilidad de quedarse sin órgano que controle a estos jueces-parte y que designe a nuevos jueces. Como verán, una delicia de panorama de ausencia de control posible para los jueces-parte, que claramente podrán seguir dictando sentencias-tropelías sin nadie que los controle. Pero, seamos benévolos. Deben ser todos cuentapropistas, ¿no?

Y como estamos analizando el cuentapropismo que impera en estos dias, no quiero olvidarme de un gran cuentapropista: ese viejo chofer llamado Centeno. Sí, el de los cuadernos de la causa “Cuadernos”. El chofer con vocación de literato realizó unos bellos cuadernos con notas donde relataba cómo funcionarios cobraban y empresarios pagaban ilegalmente sumas de dinero.

Un curioso detalle de los cuadernos de Centeno es que son como el ave Fénix, porque según su autor declarara, recordaba haberlos quemado en su parrilla hogareña, pero milagrosamente se desquemaron y a finales del 2019, los cuadernos que eran cenizas aparecieron en manos del fiscal Carlos Stornelli. (A quien le dice “Atornelli”, por estar atornillado a su silla de fiscal, y “Extorsionelli”, por el modo en que buscó testigos arrepentidos.)

Los cuadernos desquemados aún no han sido sometidos a los peritajes oficiales, aunque recuerdo que Daniel Santoro contó al aire en Animales Sueltos que sí habían sido peritados. Pero copias digitales de esos cuadernos fueron sometidos a pericias y los resultados son sorprendentes.

Armando Loson, un empresario que conoció las bondades del hospedaje en el sistema carcelario argentino a raíz de haber sido involucrado en la causa “Cuadernos”, fue quien encargó dicha pericia. De la misma y por ahora solo conocemos lo que dice la denuncia que presentó Loson. En la misma se consigna que se encontraron en esos escritos “1.600 alteraciones del texto original: 1.373 sobre escritos y 195 correcciones con líquido corrector, a la vez que pudieron visualizarse 55 enmiendas o testados, entre otras anomalías”. Y antes de que me digan que son cosas de cuentapropistas obsesionados con la prolijidad , resulta que la letra de las correcciones halladas no es la de Centeno. Lo cual nos pone ante la hipótesis de un cuentapropista escritor y un cuentapropista corrector.

Para concluir diré: “Muchos cuentapropistas, y ninguna flor / A sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? / ¿Odian el perfume, odian el color?”

Me río porque más allá del dolor que causa este cocoliche que afectó tantas vidas y provocó tanto dolor, la carcajada siempre ha durado menos que lo que demora en aparecer una nueva prueba de la verdad atroz que vivimos durante los años de Macri.

Las correcciones