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El infierno es de todos

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El 26 de diciembre de 2019 todos estábamos llenos de esperanza. Acababa de asumir  la formula Fernández-Fernández y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hasta la fecha había sido un testigo mudo e inmóvil de las barrabasadas del macrismo, apareció de pronto y dijo algo que muchos abogados esperábamos que dijera, después pasar casi cuatro años peleando contra la Doctrina Irurzun. Expresó la Corte Suprema en el caso “Rojas, Lucía Cecilia; Jara, Ricardo Omar; Vázquez, Cristina s/ homicidio agravado”, que “esta Corte Suprema considera oportuno recordar que cuando en su artículo 18 la Constitución Nacional dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (Fallos: 321:3630)”.

Cuando la Corte Suprema (de pollo) dijo eso, teníamos las cárceles llenas de personas presas sin sentencia firme, en prisión preventiva. Esto es, personas que ante la ley aún eran inocentes y estaban siendo tratados como culpables.

¿Permite eso la ley argentina? Sí, lo permite excepcionalmente en dos supuestos que habilitan la prisión preventiva: cuando se acredita que el acusado puede evadir la acción de la Justicia —por ejemplo, darse a la fuga— o cuando se acredita que puede entorpecer la investigación.

El gran Alberto Bovino escribió hace unos años que “no se puede dictar una privación de libertad sobre el pronóstico de hechos futuros por la existencia de circunstancias que solo indican la mera posibilidad de que algo suceda (v. gr., la fuga). Por ser hechos futuros, no es posible probarlos, pues aún no han sucedido. Lo que sí es posible demostrar son los motivos por los cuales se puede sostener, razonablemente, la probabilidad de que el imputado se fugue o entorpezca el proceso de investigación. En este sentido, la Corte IDH ha dicho: ‘La Corte, por tanto, desestima dichos argumentos debido a que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto (Caso Argüelles y otros vs. Argentina, 20/11/2014)’. Lo que se pide, entonces, es un juicio fundado sobre la probabilidad de que la fuga o el entorpecimiento ocurrirán. En este sentido, es esencialmente importante no confundir ‘posibilidad’ con ‘probabilidad’. La posibilidad de que algo suceda no alcanza para fundar la existencia del peligro procesal».

«A modo de ejemplo, ‘tener facilidades para abandonar el país o para permanecer oculto’ solo indica que para el imputado es posible (podría) abandonar el país u ocultarse, es decir, que él posee la aptitud o los medios para hacerlo. La probabilidad, en cambio, es otra cosa, significa cualidad de probable, que puede suceder, es decir, que hay buenas razones para afirmar que lo haráLa posibilidad contesta si estoy en condiciones de realizar algo; la probabilidad contesta si lo haré [1].

Al finalizar al gobierno de Mauricio Macri, muchos de los detenidos en prisión preventiva lo estaban por motivos políticos. Procesos plagados de violaciones a sus derechos y garantías que los hacían ilegales por completo y una clara violación al régimen de Derechos Humanos.

Afirmo sin miedo a equivocarme, y asumiendo que para algunos será injusto, que de estos procesos ilegales, el ejemplo paradigmático es la prisión preventiva que tiene detenida a Milagro Sala. La primera presa política del macrismo. Enunciar la increíble cantidad de violaciones a sus derechos y garantías me insumiría mas espacio del que tengo. Pero lo voy a resumir en estas palabras de Ernesto Sanz —político radical y amigo confeso del gobernador Morales—, que explicó que “la detención de Milagro Sala no estuvo bien hecha, pero a los tres días se corrigió el error y hoy está detenida por otra causa, en otro expediente y por una razón absolutamente distinta de la protesta”. Sanz explicó que Sala “hoy está detenida por asociación ilícita, malversación de caudales, por defraudación, por extorsión, por medio Código Penal y está bien detenida”. Por si quedara alguna duda, aclaró los verdaderos motivos del encarcelamiento de Sala: “¿Por qué ocurre esto en Jujuy? Esto es realpolitik, vamos a hablar de una confesión real-política. Gerardo Morales asume el día 10 de diciembre, si Morales no hacía lo que hizo, el día 11 de diciembre, en 24 horas, dejaba de ser gobernador de Jujuy» [2].

Una confesada detención política. Que no ha se ha modificado hasta la fecha. Hace unos días, hablando del tema Milagro con compañeros, alguien me recordó algo que yo había dicho en ese diciembre de 2019. Lo que dije entonces lo sigo pensando este 3 de julio de 2021. Desde que asumimos el gobierno en diciembre de 2019, justo desde ese día Milagro Sala es nuestra presa política.

Corresponde que señale que Milagro estuvo en prisión preventiva por causas de jurisdicción federal y también por causas de jurisdicción provincial.  Es decir, por delitos que investiga y juzga la justicia federal, tal como fue la causa que conocemos como la “del escrache o los huevos” y por causas que investiga y juzga la justicia provincial. En estos días, esta presa por una causa provincial que los abogados conocemos como “Pibes Villeros”.

Mientras Milagro tuvo causas de jurisdicción federal, sostuve que el Presidente debía indultarla. Siempre supe y lo expliqué, que ese indulto no llevaría a la libertad de Milagro, porque seguiría pesando sobre su cabeza la prisión preventiva por la causa provincial en la que también estaba detenida. Pero al promover el indulto de Milagro, yo tenía en la cabeza la idea de un documento que señalase todas y cada una de las aberraciones que debió tolerar; un documento que denunciase la persecución política, judicial y mediática –que conocemos como lawfare— y que fuese el puntapié político para discutir de verdad el lawfare en la Argentina y en particular algo que aun nos afecta, que es la participación del Poder Judicial en esa persecución. Porque, señores: hoy nos siguen juzgando los mismos jueces y fiscales que llevaron adelante el lawfare y eso implica en sí mismo la imposibilidad de tener un Poder Judicial que respete derechos y garantías o que aplique el derecho mínimamente.

Pero mi idea no prosperó, no indultaron a Milagro Sala por la causa federal. Tampoco el Poder Judicial se autodepuró –a la vista está—, la reforma judicial quedó dormida en el olvido polvoriento de la Cámara de Diputados y Daniel Rafecas sigue esperando que la oposición se digne a votar su pliego como procurador. Verán ustedes que la estructura judicial que permitió y llevo adelante la persecución está indemne y goza de buena salud y mi crudo pesimismo —yo lo llamo realismo con información— me indica que todos estos fracasos en materia de reforma judicial son algo que podríamos lamentar más adelante.

Atento a que la causa federal prescribió, es decir que la acción penal se extinguió por el transcurso del tiempo, ya no puede el Presidente de la Nacion indultar a Milagro. El único que sí podría indultarla es su carcelero —el Visir de la Puna, como lo llama mi amigo Rinconet—, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Parece poco probable que lo haga. De hecho, para decir por qué no lo hace suele usar dos falacias auto-contradictorias y ciertamente mentirosas. Una es que no indulta a Milagro Sala porque la sentencia no está firme. Hace años la Corte Suprema consideró valido el indulto sin sentencia firme. Los casos de “Riveros, Santiago Omar y otros s/privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc.” (Fallos: 313:1392) y “Daleo, Graciela Beatriz s/eximición de prisión” (Fallos: 316:507).

La otra falacia es que no la indulta porque tiene sentencia firme. Se trata de un caso de amenazas que, por cierto, es una causa provincial. Y al respecto, el tiempo de detención que lleva cumplida Milagro ha excedido ampliamente la pena que le fue impuesta por la causa de amenazas. Pero como sea, verán que en su argumentación Gerardo Morales le hace pito catalán al principio de no contradicción, aquel que señala que una cosa no puede ser y no ser en un mismo tiempo y lugar. O no la indulta porque Milagro carece de sentencia firme o no la indulta porque Milagro tiene sentencia firme. Una de las dos o ambas deben ser falsas. Lo que no pueden ser ambas verdaderas. Y sabemos que no son verdaderas sino meras excusas de ocasión. Resumiendo: en términos peronistas, “Gerardo Morales no indulta a Milagro Sala porque no se le cantan las pelotas”. Digámoslo con claridad.

Hay quien sostiene que el Presidente debería haber presionado a Morales para que saque el indulto. Y propone presiones que llaman “caja y látigo”. Yo me pregunto si en efecto esos son modos válidos de presionar. ¿Estamos dispuestos a hambrear a 787.000 jujeños? Hay quienes sí dicen estar dispuestos. Yo me sigo preguntando acerca de si es un método válido y legitimo ese que proponen. Me hace acordar mucho a un clásico dilema de la filosofía moral que se pregunta si es válido torturar a un presunto terrorista para conocer la ubicación de una bomba colocada en un jardín maternal. Y sé cuál es la respuesta legal a ese dilema. Pero no me atrevería a universalizar mi respuesta moral. Y a mi incertidumbre debería añadir un par de detalles institucionales que, por lo visto, sortean con más facilidad quienes están de acuerdo con esta tesis.

También están los que predican la panacea de intervenir la provincia de Jujuy. Y en particular su Poder Judicial. En mi humilde opinión, razones hay de sobra, porque ese Poder Judicial es un desastre. Veo dos obstáculos, uno de procedimiento: deberían conseguir los votos para que lo haga el Congreso. El otro es —digamos— judicial. Supongamos que la intervención sale por Decreto del Poder Ejecutivo. (Hay antecedentes.) Y que entonces Morales va a la Corte Suprema a quejarse. ¿Cuál creen que seria la respuesta de la Corte, si no quiso ni sostener la suspensión de clases dispuesta por el Poder Ejecutivo motivada en razones de pandemia? Ven, he ahí otro de los problemas que resultan de no haber reformado esa Corte de Morondanga que tenemos hoy. Y sin ánimo de desanimar a nadie, quiero señalar que, si se declarase nula la intervención, también serían nulos todos los actos dictados en razón de dicha intervención. Incluyendo la libertad de Milagro. Con lo cual Milagro tendría que afrontar una decisión cruel: o volver a su prisión o darse a la fuga, como hizo Pepín. Y puedo garantizar que Milagro es infinitamente mas digna que Rodríguez Simón.

¿Entonces no se puede hacer nada? No, se pueden hacer muchas cosas, la primera de ellas es no dejar sola a Milagro Sala. Acompañar como Estado Nacional cada uno de sus reclamos ante organismos internacionales. Denunciar en cada foro político la arbitraria detención. Hacer del tema un tema de la agenda publica y no un secreto vergonzante. Y hacer política de la persuasión, esa de la que habla Alberto Fernández sobre Gerardo Morales, de modo tal que no tenga más remedio que indultar a Milagro. Que ni pueda soñar con ser candidato a algo sin haber indultado a Milagro. Que no pueda siquiera aparecer sin que el nombre de Milagro aparezca de inmediato.

Escribo esta nota porque me enoja mucho como por cuestiones políticas muchos se acuerdan de Milagro para pegarle al gobierno nacional., que en efecto hasta la fecha ha fracasado en su voluntad de liberar a Milagro. Pero jurídicamente no hay mucho más que pueda hacer, al menos con la lapicera. A esos seres de cuarta los invito a reflexionar sobre sus dichos irrealizables y que piensen un poquito en Milagro Sala presa y la angustia que debe sentir además cuando aparece los decidores de disparates irrealizables. Saben que los presos se aferran a cualquier ilusión para pensar que la libertad es posible. Pero Milagro no merece ilusiones vanas. Merece la verdad y que su nombre sea bandera de todos para seguir peleando por su libertad… ¡y obtenerla!

El Indio Solari dijo en un concierto, hace pocos años: “Los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno”.

No nos olvidemos de Milagro. No abandonemos a Milagro. Y sigamos peleando por su libertad y por el fin de su infierno. Que es nuestro también, aunque a veces no nos demos cuenta.

 

 

El infierno es de todos

Ojitos ciegos

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Era principios de diciembre de 2019, hacia un calor de mil demonios y en pocos días más asumirían Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Todo era esperanza y alegría salvo en el macrismo que, de boca de Carrió, había jurado que los iban a sacar de la Casa Rosada con “los pies para adelante”. La verdad es que no sé cómo tenían los pies, lo que si sé es que al macrismo, de la Casa Rosada los había sacado el voto de los argentinos. Democracia, que le dicen.

En efecto terminaba el gobierno de Mauricio Macri, no sin antes producir una devaluación mayúscula de la moneda, establecer un cepo cambiario rígido, contraer una deuda descomunal con el FMI y defaultear la propia deuda en pesos. Pésima gestión, que le dicen.

Justo por esos días el Poder Judicial argentino llamó a brindar declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Curiosidades de esa declaración es que, habiendo trasmitido en vivo buena parte del juicio que conocemos como “Obra Pública”, justo la declaración de Cristina no la querían trasmitir… Beraldi, el abogado de Fernández de Kirchner, tuvo que hacer cierto ruido para que se transmitiese en vivo la declaración de la ya electa Vicepresidenta.  ¡Y qué declaración que fue! Munida de una carpeta de documentos, Cristina realizó un minucioso descargo que literalmente pulverizó la débil acusación del fiscal Diego Luciani, mejor conocido en los pasillos de tribunales como “Ojitos”, en alusión a sus deslumbrantes ojos claros que iluminan una cara más bien anodina.

El final fue a toda orquesta. Abogada como es, la Vicepresidenta fue levando la temperatura de su intervención. Cuando Ojitos intervino, para conocer si la declarante pensaba contestar preguntas, Cristina le respondió de manera flamígera.

Unos días después de esa declaración, Horacio Verbitsky publico una nota en El Cohete A La Luna titulada «La oruga y la mariposa» [1], donde relataba la escena de la declaración y añadía: “Cristina definió en los tribunales las prácticas que deberían ser desterradas, demolió las acusaciones en su contra y concluyó con una sentencia tomada de la historia y otra que hará historia. Parafraseando a Fidel Castro mas con la potencia arrasadora de su recién descubierto feminismo, dijo que sabe que su condena está escrita pero la historia ya la absolvió y en cambio condenará a sus ejecutores judiciales. Después remató «¿Preguntas? Ustedes van a tener que contestar preguntas».

«Se dirigió así —sigue diciendo Horacio— a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, a raíz de una intervención del fiscal Diego Luciani, quien debe haber sentido alivio al escuchar esa respuesta. Después de las elecciones primarias de agosto, Luciani habló con un juez de San Isidro, donde empezó su carrera. Se declaró angustiado porque no tenía pruebas contra la ex Presidente pero igual estaba obligado a acusarla y pidió que le hiciera llegar ese mensaje bochornoso, a través de una persona de la familia del juez, de acceso frecuente a Cristina».

«Por esa ausencia de pruebas, agregó Luciani, sólo podría conjeturar que ella no podía desconocer los presuntos delitos cometidos por otros funcionarios y calificarla como jefa de una asociación ilícita (la figura que se usó contra sindicalistas y anarquistas hace un siglo y contra guerrilleros hace medio, porque permite detener y dictar la prisión preventiva aunque sea imposible demostrar algún delito). Acusada de la jefatura de cuatro distintas asociaciones ilícitas, indagada por Glock (Bonadío) en ocho causas en un mismo día, relumbra el propósito de estigmatizar a Cristina y antes que ella a Néstor Kirchner, como los jefes de una banda que llegó al gobierno para saquear al país. Esto ni siquiera coincide con el tipo penal de la Asociación Ilícita, que requiere formar parte de una banda de al menos tres personas para cometer una cantidad indeterminada de delitos, no quedarse con plata de un solo origen”.

Lo consignado por el Perro no fue desmentido por Luciani.

Entre aquel diciembre caluroso y esperanzado de 2019 y estos días, pasaron un montón de cosas. Una de ellas fue la normalización de los servicios de inteligencia, que fueron intervenidos por el Poder Ejecutivo Nacional y dejaron de ser auxiliares de la justicia. Los periodistas dejaron de encontrar grabaciones de escuchas telefónicas cuando corrían por los bosques de Palermo. De hecho, ahora los dirigentes políticos hacen denuncias en base a investigaciones de peluqueros, como acabo de leer en un diario. También pasó una pandemia, término que reservábamos para la ciencia ficción distopica, que se tornó realidad concreta durante dos años. Y al mismo tiempo hubo otro montón de cosas que no pasaron, relevantes a los fines de esta nota. La primera de las cosas que no pasó es que no se eligió un nuevo Procurador, seguimos padeciendo el interinato más largo de la nuestra historia. Tampoco se reformó el Poder Judicial, ni siquiera se aprobó la módica reforma del fuero penal federal impulsada por el gobierno. El gran proyecto de una reforma a fondo, empezando por la estructura y funcionamiento de la Corte Suprema, se plasmó en un informe extenso elaborado por destacados juristas pero no vio la luz como proyecto de ley.

Como resultado de las cosas que pasaron y de las que no pasaron también, el lawfare –esto es, la persecución mediático-judicial de los opositores políticos– no fue desbaratado y a la fecha goza de excelente salud. Las prácticas de persecución y la estructura judicial que las llevó adelante y las permitió está intacta: fiscales que trabajaban con falsos espías, jueces que se reunían con el ahora ex Presidente de la Nación a escondidas, testigos pagos y un sinfín de violaciones sistémicas  a las garantías y los derechos de las personas sometidas a procesos penales. Todo ello y mucho más, plenamente vigente y operativo mientras la política mira sin hacer nada, sin entender que están alimentando al monstruo que sólo tiene un deseo: convertirlos en bocadillo. También están intactos los medios de comunicación. Alimentados generosamente con la pauta oficial del gobierno que, en su gran mayoría, solo quieren destruir.

Digámoslo con simpleza: un oscuro panorama y bastante menos esperanzador que aquel caluroso diciembre de 2019.

En estos días no hace calor, sino un frío de mil demonios. Mi nariz paspada da cuenta del resfrío fatal que arrastro desde hace una semana. He anunciado públicamente mi inminente deceso por resfrío sin lograr conmover a nadie. Supongo que las predicciones sobre mi tan anunciado final cuentan entre quienes me rodean con el mismo nivel de verosimilitud que las sentencias del Poder Judicial argentino.

En estos días la Corte Suprema también resolvió los recursos de Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Obra pública”. Nadie diría que inesperadamente, porque con todo el sentido de la oportunidad el diario Clarín lo había anunciado previamente. Cosas del periodismo de anticipación que caracteriza a ese diario, ya famoso por adelantar en una nota el resultado de una pericia que no había comenzado a realizarse siquiera cuando se publicó el resultado.

Los recursos que resolvió la Corte Suprema llegaban justo justo, porque el 11 de julio comienzan los alegatos del Ojitos en el juicio de “Obra Pública”. En otro maravilloso ejemplo de periodismo de anticipación –o de instrucción, según se mire—, Joaquín Morales Sola dijo al respecto el miércoles pasado [2] que “según una información coincidente, el fiscal Diego Luciani está preparando una conmovedora exposición sobre la corrupción en la obra pública con los dineros del Estado. Cristina Kirchner no quería que el juicio oral llegara al instante en que se abriera el micrófono del fiscal Luciani, porque supone que ese alegato será por sí solo una condena. La Corte habilitó de hecho ayer a Luciani para que pueda exponer su ‘yo acuso’ y facultó al tribunal oral para que decida si la condenará o no”.

La verdad de los hechos es que evitar el juicio es lo que ha hecho “Pepín” Rodríguez Simón, que literalmente se tomó el buque  a Uruguay para eludir el accionar de la Justicia y que permanece ahí haciéndole pito catalán a la Argentina. Porque quienes no querían abrirle el micrófono a Cristina eran los miembros del tribunal. Ella tuvo que reclamar para que se lo abrieran y que todos pudiéramos escucharla. Y también tengo que hacer una corrección de contenido, Joaquinito se olvida que el “yo acuso” no lo hizo un fiscal, sino que lo escribió y publicó Emile Zola: un alegato en favor del capitán Alfred Dreyfus, en forma de carta abierta al Presidente de Francia Félix Faure publicado por el diario L’Aurore el 13 de enero de 1898 en su primera plana. Básicamente a Dreyfus se lo condena por traición, acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos, pese a que alegó en todo tiempo su inocencia y pese a la inexistencia de pruebas concluyente en su contra más allá de una carta borroneada. Juzgado y condenado en dos oportunidades, recién en 1906 Dreyfus fue declarado inocente por la Corte de Casación francesa que también ordenó su rehabilitación porque le habían quitado el grado militar.

En definitiva, el J’accuse…! al que alude Morales Solá fue la respuesta de un intelectual frente a una persecución judicial contra alguien que a la postre resultó inocente. Tiendo a pensar que el error de Morales Solá fue un gran acto fallido que nos dice mucho mas de lo que piensa el columnista que los que nos dice cuando escribe.

Mas allá de eso quiero señalar ciertas cuentas de abogados. Si los alegatos de la acusación fiscal son en julio, podríamos haber sentencia en agosto. Conoceríamos los fundamentos en septiembre o octubre. Se podría apelar en noviembre y la Casación podría rechazar el recurso en mayo del 2023. Y el recurso extraordinario en junio. Es decir que pasaríamos todo el 2023 y mediando a la campaña electoral con la discusión respecto a si la Vicepresidenta es inocente o culpable. Porque más que un cronograma judicial, el caso se ajusta a un cronograma electoral. Y todo pese a que, como contó Horacio, Ojitos estaba angustiado “porque no tenía pruebas contra la ex Presidente pero igual estaba obligado a acusarla”. No sabemos quién obliga al fiscal a acusar a alguien sin pruebas, pero podría arriesgar que son los mismos que le indican desde la pagina de los diarios cómo debe ser la acusación: conmovedora, y una condena en sí misma.

Quiero decirlo con claridad: en este Poder Judicial, las pruebas, el derecho a defensa y la justicia son conceptos que no existen.  Tampoco la presunción de inocencia, menos aun el libre juego democrático con el que los jueces se llenan la boca y luego impiden funcionar. Y en el medio de todo ello una mujer, tal vez el mejor cuadro político que ha visto la luz en nuestro país en muchos años, que protegida por el amor de un pueblo no ha cesado de denunciar las injusticias y los abusos de poder. Y que hizo todo lo humanamente posible para cambiarlo. Y a quien nunca han logrado quebrar en sus convicciones, aun cuando no dejan de intentarlo. Me recuerda mucho a Dreyfus su historia, porque luego de ser sobrevivir a la persecución judicial, a la condena injusta, a la prisión y a los trabajos forzados, Dreyfus ya declarado inocente volvió a combatir por Francia y en su defensa durante la Primera Guerra. Su historia, el injusto proceso que debió atravesar y la defensa que de él hizo un intelectual, quedaron en los anales de la historia de la civilización como ejemplo de lucha y de cómo la injusticia, la arbitrariedad y el poder no logran ganarle la partida a quienes no ceden en sus convicciones.

 

Ojitos ciegos

LOS FESTIVALES DE LOS RICOS

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“Nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno (y todo ministro de Economía) lo primero que promete es combatir la inflación. Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de sueldos y salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias (…) nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”.
Enrique Silberstein

 

La inflación es el crecimiento generalizado de los precios y es también el deterioro del poder adquisitivo del dinero. El dinero es el medio de pago creado por el Estado a través de la autoridad monetaria, por ende la inflación perjudica a los que tienen ingresos fijos, generando una puja entre los que pueden determinar precios y los que no, afectando a la población y, paralelamente, a la capacidad de ese Estado de contar con un medio de cambio idóneo, que sea a la vez medio de ahorro, combinación esencial para generar lo que en economía se llama “señoreaje”, que no es otra cosa que el financiamiento del gasto público con emisión monetaria.

El deterioro de nuestra moneda hace que solo sea usada como bien de cambio, y el dólar la reemplaza como moneda de ahorro. Cuanto menos vale nuestro dinero, más valen los bienes y servicios, y las divisas (mayor precio debemos pagar por ellos).

La función económica del Estado es regular (establecer las reglas de juego) y controlar la actividad económica. Si además de no cumplir esas funciones debidamente se deprecia nuestra moneda para asegurar un superávit comercial totalmente desproporcionado, con el pretexto de que se debe pagar la deuda externa que no se sabe dónde está ni quiénes se beneficiaron con ella, se genera un proceso inflacionario persistente y creciente.

Esto en la Argentina no siempre fue así, pero la dictadura cívico-militar generó un modelo dependiente del sistema financiero y cambiario mundial mediante la deuda externa, que se profundizó de tal forma que la inflación, medida por el IPC (índice de precios al consumidor) del INDEC, fue del 444% anual en 1976; de 176% anual en 1977; guarismo que se repitió en 1978; 160% en 1979; 101% en 1980; 105% en 1981 y 165% en 1982.

Se va inter-relacionando el dólar con el aumento de los precios a medida que nos reprimarizamos y exportamos materias primas y alimentos. Se abandona el mercado interno y se apuntala un modelo extractivista, agropecuario exportador, que implica comparar nuestros precios internos con los externos, mientras se devalúa sistemáticamente nuestra moneda.

Esa situación se revierte durante el kirchnerismo, cuando creció el PIB sustentablemente en base al mercado interno y el gasto público y, a la vez, aumentaban las exportaciones con mayor valor agregado. Por ejemplo, en 2011 se logró exportar Manufacturas de Origen Industrial (MOI) por 28.916 millones de dólares (cifra jamás lograda antes ni después) creando más fuentes de trabajo. La reticencia inversora de las grandes empresas con mercados cautivos (bienes de uso difundido como el aluminio, los productos petroquímicos, el acero, el cemento, etc., por un lado, y los alimentos por otro) hizo que ante la mayor demanda interna, en lugar de ampliar la capacidad instalada aumentaran los precios.

El gobierno de Cambiemos, con una política premeditada de endeudamiento mediante el mecanismo de disminuir la presión impositiva sobre los sectores de mayores recursos y eliminar los derechos de exportación (retenciones, que dejó solo en la soja), debió financiar el déficit fiscal resultante de menores ingresos por recaudación de impuestos y derechos, déficit que es en pesos pero con deuda en divisas, sin ningún orden y control, corroborado porque las 100 primera empresas que compraron 24.769 millones de dólares en esos años no pueden demostrar en sus balances de dónde sacaron los fondos para hacerlo.

El gobierno de Alberto Fernández al asumir envió el proyecto que se transformó en Ley 27.541 de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia de casi todo menos la “Emergencia Cambiaria”, que es imprescindible porque le hubiera permitido al Banco Central, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservar las reservas internacionales en lugar de rifarlas entre adelantos a las importaciones [1] de grandes empresas cuando ninguna de ellas tiene esa necesidad y, peor aún, de haberle vendido dólares al tipo de cambio oficial (de $62 del 11 de diciembre de 2019 a $128,19 del 23 de junio de 2022) a empresas que el mismo BCRA que realizó el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos 2015-2019” sabe que los compraron y fugaron.

Entonces la situación desmejora a pasos agigantados, sin Junta Nacional de Granos ni Junta Nacional de Carne, y desmantelados los organismos de control, el precio interno tiene como “límite” el precio del mercado externo y, aún así, no en todo los casos.

El precio interno de la botella de aceite de girasol de 1,5 litros, según el IPC del INDEC de mayo 2022, fue de $370,71, pero las principales marcas que la producen son las que la exportan y en los supermercados de Madrid su precio es de 2,48 euros. La cotización promedio de ese mes era de $128,04, por lo que el precio en la Argentina debería haber sido de $317,54. Se siembra y cosecha el girasol en estas tierras, se prensa y se envasa acá, viaja 10.000 kilómetros y sin embargo el precio es mayor en la Argentina que en España. O bien tienen esos grandes productores su propio precio del euro o bien prefieren vender afuera porque sub-facturan la cantidad de botellas vendidas y depositan en cuentas en el exterior la parte exportada no declarada.

El cuadro se torna más complejo cuando observamos que el gobierno nacional arribó a un acuerdo con CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales) por el cual no se le aumenta la tasa del derecho de exportación (retenciones) y no se cierran los registros de exportación en las ventas de soja, girasol, harinas y aceites del complejo aceitero, a cambio de que se garantice la venta de 29 millones de litros de aceite de soja y girasol en el mercado interno al precio que nos referimos en el párrafo anterior.

Sabemos que CIARA-CEC pretende renovar el acuerdo, pero quiere que el gobierno le reduzca la alícuota de las retenciones (pagan el 12% en general y el 30% sólo en el caso de la soja), cuando el manual de economía afirma que la principal medida para desacoplar los precios internos de los externos es subir el derecho de exportación. El pretexto de los establecimientos agro industriales es que deben importar soja y otros granos de países lindantes (léase principalmente Paraguay, que exporta más soja de la que produce) y que tienen capacidad ociosa en la industria aceitera y producirían más si le bajan las retenciones.

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo dijo clara y tajantemente el 20 de junio 2022 al conmemorarse el Día de La Bandera: “Porque cuando se acaban los dólares o cuando el mercado atisba que no va a haber dólares comienza la carrera por la devaluación y a apretar entonces. Por eso comienza la brecha, la brecha entre los dólares financieros, el famoso dólar blue (con el) que hoy hacen pingües negocios”.

Y son cinco “festivales” que implican riquezas para uno y pobreza y exclusión para muchos. La Vicepresidenta se refirió a los tres comerciales, porque Manuel Belgrano en su Correo de Comercio del 10 de marzo de 1810 afirmaba: “La importación de mercancías que impiden el consumo de las del país perjudican al progreso de sus manufacturas, y las lleva tras de sí necesariamente a la ruina de una Nación”. Ellos son:

1. El “festival” del superávit comercial desde el 1º de enero de 2020 al 31 de mayo de 2022: las exportaciones superaron a las importaciones en 30.643 millones de dólares y las reservas internacionales del BCRA decrecieron en igual lapso en 3.548 millones de dólares.

2. El “festival” de las importaciones, que en prevención de la suba del tipo de cambio oficial se acrecentaron exponencialmente: en mayo de 2022 fueron de 7.870 millones de dólares, suma que representa un 53,1% más (en dólares) que en mayo de 2021 y, si tomamos el acumulado de los primeros cinco meses de 2022 (importaciones por 32.722 millones de dólares) es un 44,6 % superior.

3. “Festival” de exportaciones primarias, que acrecientan a pasos acelerados su participación en las ventas externas del país.

Y a ellos le debemos sumar:

4. El “festival” de títulos de Deuda del Tesoro de la Nación en pesos, que son cada vez a menores plazos (la última licitación no superaron los 180 días) y a mayores tasas (del 14 al 16% por encima de la inflación) y alcanza un monto total de 10,6% del PIB (es en pesos pero equivalente a 40.400 millones de dólares).

5. El “festival” de los bancos con los encajes remunerados por Leliq y Notaliq, a los que se les incrementó la tasa efectiva anual de cada una de ellas (66,5% y 67% respectivamente) y al 21 de junio 2022 ascendían a 5,45 billones de pesos (es en pesos pero equivalente a 42.000 millones de dólares).

Obviamente que los ricos pueden estar en varios “festivales” a la vez. Es la amplia mayoría de nuestro pueblo la que no está en ninguno. Esto les hace decir a los Curas católicos en Opción por los Pobres, en la Proclama que le presentaron al Presidente Alberto Fernández el 25 de mayo 2022: “No hay injusticia sin injustos, no hay pobreza sin ricos”.

 

[1] Con la Emergencia Cambiaria se suspenden las prerrogativas de que se le prohíbe importar porque la prioridad es preservar las Reservas Internacionales del BCRA.

 

Los festivales de los ricos

La impunidad del poder económico en la Argentina

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Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde demuestra que la deuda tomada en la gestión de Cambiemos que superó los 100.000 millones de dólares, unos 24.000 millones se utilizaron parta pagar deuda externa (comprende los 9.300 millones de dólares que se le pagó a los fondos buitres encabezados por NML Capital y Elliot Management Corporation de Paul Singer). Pero hubo otra parte de la deuda en divisas que tomó el Tesoro de la Nación en la gestión de Cambiemos, por 86.200 millones de dólares (que incluye el crédito del FMI por 44.559,9 millones de dólares), y como paga sus gastos en pesos, le vendió esos dólares al BCRA y, el  BCRA se lo vendió a los bancos y,  éstos los compraron para sí o para sus clientes.

Es más, ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) adquirieron los 86.200 millones de dólares referidos durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) mayores compradores (que son empresas), compraron 24.679 millones de dólares  Nunca el BCRA reveló los nombres de esas firmas, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en su nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020,  listado que no fue desmentido por el BCRA, y menos por las empresas nombradas.

Nunca pensaron los que compraron dólares desaforadamente, que el BCRA le iba a pedir a los bancos que se los vendieron, quienes fueron los que adquirieron esas divisas y, esa es la razón por la que esas empresas, en sus Memorias y Balances que publican anualmente, no pueden demostrar de dónde sacaron los recursos para poder comprarlos.

Se trata de posesión de divisas netas, no de pagos ni de cobros, esto es, la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de la firma, dado que en esos años fue legal su compra, ya que en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantaron la restricción de comprar 2.000 dólares por persona física y jurídica y por mes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a ser de 2.000.000 de dólares. En mayo de 2016 el BCRA amplió dicho límite a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.

Las empresas deben presentar su Memoria y Balance General anual ante la Comisión Nacional de Valores dado que cotizan en Bolsas de Comercio del país y, ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) y de las normas impositivas del país.

En esos estados contables deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados” en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de las divisas (divisas en efectivo, en cuentas a cobrar, en cuenta corriente, en caja de ahorro, en certificado de depósitos plazo fijo, en títulos de deuda externa, etc.). Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.

Haciendo ese estudio observamos que las empresas que más compraron dólares en el período 2016-2019 como Telefónica Argentina SAIC (Movistar), subsidiaria de Telefónica de España, que lo hizo por 1.248 millones de dólares; Pampa Energía (Marcelo Midlin, Joseph Lewis, Blackrock) que compró 903,8 millones; TELECOM SA del grupo “Clarín”,  compró 647,5 millones de dólares; el grupo ARCOR presidido por Luis Pagani, que adquirió, a través de sus empresas controladas ARCOR SAIC y BAGLEY ARGENTINA 360,7 millones de  dólares; el holding Techint, liderado por Paolo Rocca, a través de tres de sus empresas controladas (TECPETROL SA, TERNIUM ARGENTINA SA, y TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE SA) adquirió 547 millones de dólares; y demás empresas, sumando  las 100 primeras la compra de 24.769 millones de dólares y, ninguna de ellas, puede demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacerlo.

Dada la sospecha fundada de evasión fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos en cumplimiento de sus misiones y funciones debería investigar los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en divisas y su destino. Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias – nacionales y/o offshore – estaban esas tenencias.

Si la AFIP investigó los movimientos bancarios, tanto por la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino, no lo sabemos, porque por el secreto fiscal no lo hizo público y, tampoco, hizo nada para recuperar parte del dinero evadido, de manera que la actual administración afronta la negociación con los acreedores (bonistas privados, locales y extranjeros) y el FMI, por lo que el pago de intereses lo realiza a cargo de erario público (presupuesto nacional) y la cuota de pago del capital con el FMI (la negociación con los bonistas hace que comience a amortizarse la deuda en el segundo semestre del año 2024) lo hizo y lo plantea hacer, con plata que le dio y le daría el mismo organismo internacional,  primero las dos cuotas del año 2021 con la ampliación de los DEG y, las del año 2022 en más, cumpliendo las condicionalidades del “Fondo”, con lo que se refinancia cada vencimiento a diez años.

De allí que la Vicepresidenta de la Nación sostuvo en su disertación en conmemoración del “Día de la Bandera” del 20 de junio 2022 que: “…del Banco Central te dicen ‘no se puede informar hay secreto bancario’. Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen: ‘no, hay secreto bursátil’. Y la señora AFIP te dice: ‘no, hay secreto fiscal’. Entonces los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta. Muchachos, este es un Estado estúpido, un Estado donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNV con la información que tiene la AFIP para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina. La han estafado y todos tienen miedo. No, que no puedo hacer eso porque hay secreto… sí, es cierto que existe el ‘secreto’ pero tampoco hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos”.

En primer lugar, el “Secreto Fiscal” data desde 1932, en que se sancionó la ley 11.683 de procedimiento tributario, dictadura de Agustín P. Justo.  Incluso fue modificado para hacerlo más estricto en el texto ordenado de 1978.

El “Secreto Bursátil” data desde 1968 mediante la Ley 17.811 de Oferta Pública de Títulos Valores, dictadura de Juan Carlos Onganía

El “Secreto Financiero” artículos 39 y 40 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977, dictadura de Rafael Videla.

Como un gobierno democrático y en un marco de endeudamiento y obligaciones externas, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no suspende el cumplimiento de los secretos pergeñados por grandes beneficiados tras los gobierno de facto.

Máxime que la deuda ha sido el mecanismo privilegiado de ingreso de divisas para facilitar la fuga de capitales y, por ende, la constitución de activos externos por grandes capitales que actúan en el proceso de producción y circulación local. Pero a la vez, esas empresas que operan en sectores críticos de la economía nacional, presionan para devaluar nuestra moneda y de esa manera valorizar la fuga y, si retornan al mercado argentino, puedan comprar por la mitad lo que vale el doble.

No hace falta que se devalúe el peso, el tipo de cambio vigente demuestra que es competitivo, con fuertes superávit comercial, incluso pese a que los grandes importadores adelantan sus compras en el exterior (1) (pagan una parte antes que la mercadería ingrese al país) y los grandes exportadores frenan sus ventas (con granos en silos sin vender, por ejemplo).

A simple vista se observa el fuerte superávit comercial y también el acrecentamiento a pasos agigantados de las importaciones (del 44,2% en dólares comparando los cinco primeros meses del año 2022 contra igual lapso del año 2021).

Qué se debe hacer

El gobierno de Alberto Fernández no bien asumió, envió el Proyecto que fuera la Ley 27.541 de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia de casi todo, menos la “Emergencia Cambiaria”, que es imprescindible porque le hubiera permitido al BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservar las reservas internacionales, en lugar de rifarla entre adelantos a las importaciones de grandes empresas, cuando ninguna de ellas tiene esa necesidad y, peor aún, de haberle vendido dólares al tipo de cambio oficial  a empresas que el mismo BCRA que realizó el  Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” sabe que compraron dólares y lo fugaron.

Entonces mediante un DNU se debe instrumentar ya la Emergencia Cambiaria y a la vez, dicho DNU debe contemplar en el marco de sospecha fundada de evasión fiscal,  la eliminación de los secretos bancarios, fiscales y bursátiles y, un ejercicio más decidido del control estatal sobre los grandes capitales

 

Notas

(1) Comprándole dólares al BCRA al tipo de cambio oficial ( de $ 62 en diciembre de 2015  a $ 129, 20 al 24 de junio de 2022), sin límite alguno, solo demostrando que deben comprar por ejemplo soja de Brasil o de Paraguay para procesar en sus plantas industriales.

 

https://infonativa.com/nota/view/la-impunidad-del-poder-economico-argentina-?whatsapp=

Informe económico mensual

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Los números comentados en este documento corresponden a mayo, pero como la velocidad es lo que impera, muchos de los indicadores mencionados (CCL y el Riesgo País) pegaron nuevos saltos en lo que va de junio. No es una buena señal para la marcha de la inflación del mes.

La conclusión es que seguiremos conviviendo con la inflación, una habitualidad en décadas y no se vislumbran cambios en el horizonte. Por si fuera poco, a lo nuestro agregamos la contribución que hace Putin invadiendo un país soberano como Ucrania. El mundo se agita con niveles de inflación que para nosotros representarían el mejor de los mundos.

La inflación se eleva, pero algo menos que en meses anteriores. Los cinco meses iniciales del 2022 conservan buenos motivos para reproducirse. Parafraseando alguna célebre frase, “estamos condenados a la inflación”. Por todo esto es interesante recordar el mensaje del ex ministro de Economía Juan V. Sourrouille al lanzar el Plan Austral en 1985 y los dilemas planteados.

“Frente a la necesidad de actuar para abatir el fenómeno inflacionario tenemos dos opciones: la de una moderación gradual de la inflación y la de un ataque drástico y global a la misma. En las presentes circunstancias, una estrategia gradualista no garantiza el éxito. Debido a la inercia creada por esta persistente inflación y a los mecanismos de indexación generados para protegerse de los efectos de la misma inflación, esta tiende a perpetuarse y acelerarse. Hay que producir un cambio de expectativas de precios de la sociedad”.

El BCRA en el último informe de Política Monetaria publicado de marzo 2022 define: “Una condición necesaria para reducir los niveles de inercia inflacionaria es mantener un proceso de acumulación de reservas que disipe los riesgos de crisis de balanza de pagos y saltos abruptos del tipo de cambio, anclando de este modo las expectativas cambiarias”.

Pero falta la condición suficiente o posiblemente más condiciones necesarias, seguramente en el próximo número se aclararán, ya que por ahora el ancla de las expectativas cambiarias no está funcionando en el corto plazo.

Quien sí la tiene clara es Inodoro, en una de sus frecuentes discusiones con Eulogia, y delante del propio Mendieta, plantea su visión o plan de acción y retoma eso de las condiciones necesarias y suficientes:

En respuesta a Eulogia, dice Inodoro: “¡No quiere, además, que me ponga a despiojar cuises! ¡El Ser Argentino no está pa’ eso, Eulogia! ¡El Gaucho Arquetípico no está pa’ esos menesteres domésticos!”

Inodoro levanta la voz y continúa: “¡Antes de que Inodoro Pereyra se ponga a hacer esas cosas, Mendieta, hay que yamar a un Gran Debate Nacional! “¿Qué país queremos?” ¿De qué color deben ser los árboles? ¿Qué altura deben tener las montañas? ¿A qué velocidad deben correr los ríos?

Evidentemente, a Inodoro no lo asustan las condiciones por más complejas que sean.

 

2022 MAYO proc. JUNIO IPC INFLAC.

¿Poder judicial o museo del horror?

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Memoria hostil de un tiempo de paz

Sin paz

Narices frías de una noche atrás.

 

Era agosto de 2018 y hacía un frío parecido al de estos días. Las detenciones ordenadas por Bonadío se sucedían. Recuerdo con claridad las fotos de los detenidos con chaleco y casquito, exhibidas en las portadas de los diarios. Las imágenes de las instalaciones del complejo penitenciario de Ezeiza y toda su sordidez. Imagino el espanto de los empresarios que eran detenidos en el marco de la causa “Cuadernos” al ver esas imágenes y pensar en ese lugar de duchas comunes y azulejos raídos como un destino posible. También recuerdo nítidamente una nota de Diego Cabot [i] donde relataba los dichos ensoberbecidos y extorsivos del fiscal Carlos Stornelli:

“’No hay sortijas para todos’. Era viernes al mediodía y la frase del fiscal Carlos Stornelli retumbó fuerte en los oídos de uno de los abogados defensores de Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux. Una metáfora fue suficiente para que el letrado bajara del quinto al cuarto piso de Comodoro Py, de la fiscalía al juzgado, y se plantara frente a su defendido: ‘La cosa viene en serio’. El abogado fue aún más directo. ‘El escenario más probable es que quedes detenido’, le dijo al ex ejecutivo de Isolux. Fueron palabras determinantes para obtener el gran objetivo del juez y el fiscal: lograr que un empresario se quiebre”.

Más adelante relataba Diego Cabot: “’Acá no sale nadie’, le dijo Stornelli al abogado de De Goycoechea, Javier Landaburu. Mientras, el empresario estaba en el juzgado de Bonaío a la espera de ser indagado. En pocos minutos, Landaburu le trazó el panorama que venía. ‘No salís. Las opciones son dos: o te quedás a pelear el proceso detenido o subimos y hablamos con el fiscal. En todo caso, lo escuchamos’, dijo. El fantasma de Lázaro Báez , que está detenido en una cárcel común desde hace más de dos años, sobrevoló la conversación. ‘Si te dan a elegir entre quedarte preso o irte a tu casa, ¿vos qué elegirías?’, desafió el abogado. La posibilidad de arrepentirse empezó a tomar forma. Sin embargo, a poco, empezó la indagatoria. Fue entonces cuando De Goycoechea tomó la decisión de ir por un acuerdo con Stornelli. El fiscal bajó de su despacho y entonces, todos se trasladaron a la fiscalía. Tejer el acuerdo duró menos de lo que creían. En reuniones previas entre el letrado y el fiscal ya se habían acordado los términos: no había excarcelación si el empresario no admitía haber pagado coimas. Ya frente a Stornelli, empezó la redacción del acuerdo. Gran parte del texto se va en los antecedentes de De Goycoechea en la empresa. Pero pasado ese detalle, se puede leer la sustancia de lo que fueron los dichos del primer arrepentido”.

Me acuerdo de Daniel Santoro diciendo en Animales Sueltos que los cuadernos habían sido ya peritados caligráficamente y también me recuerdo a mí misma, abogada en esa causa, gritándole al televisor que eso era mentira.

También tengo presente el día en que las cámaras de TV siguieron al fiscal Stornelli en su recorrido por las casas donde había habitado Centeno, en la búsqueda de los cuadernos. Y la conmoción cuando no los encontró, luego de haber afirmado Centeno en su declaración indagatoria que estaban en un determinado placard.

Recuerdo con nitidez su declaración “espontanea” ante el mismo fiscal, en la que intentó rectificar aquella primera versión señalando que “luego de ello agarré los cuadernos que estaban en la caja y los puse en la parte superior de un ropero que está en mi dormitorio entrando a la izquierda en la esquina debajo de las carpetas de servicios que pagué. Una tarde de mayo de este arto aproximadamente vino mi amigo Miguel Córdoba con su esposa Juana, de quien no recuerdo su apellido, a tomar unos mates. Yo ahí aprovechando un momento que estaba sólo con Córdoba le relaté los cuadernos que tenía, donde yo anotaba cosas muy comprometidas y lo que me había hecho Bacigalupo. Y le comenté que los iba a quemar a lo que él me señaló que sería conveniente. Así me levanté busqué la caja con los cuadernos me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina que está en casa. A Miguel Córdoba lo conozco desde hace muchos años, lo conocí casi al mismo tiempo que a Bacigalupo. A los dos los conozco aproximadamente desde el año 1998 porque trabajábamos en una remisoria en Martínez de nombre ‘0 Remis’. Al momento de mi anterior declaración yo pensé que los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las viviendas de Bella Vista porque eso había querido hacer. La confusión en relación al destino de los cuadernos fue por la situación que estaba viviendo, estaba detenido hacia dos días y no había podido dormir. Recién de ayer para hoy pude dormir un poco más. Mi actual mujer, Norma Lilian Núñez, sabía que existían los cuadernos, pero creo que nunca los vio. Ella vive en casa desde fines del año 2016”.

Y así continuó la causa Cuadernos, sin los cuadernos precisamente, hasta justo antes de las elecciones de 2019, cuando —cual ave fénix—, algunos de ellos resurgieron de sus cenizas para depositarse en la manos de Diego Cabot, que raudamente se los entregó a Stonelli. Así, tan desquemados como aparecieron.

Recién en estos días y a pedido de empresarios como Loson, el Poder Judicial ha ordenado la pericia caligráfica sobre los milagrosos, desquemados cuadernos. Porque con las copias en mano Loson detectó correcciones, enmiendas y tachaduras en el contenido. Curiosamente, el desmemoriado Centeno por primera vez pidió acceder a los resucitados cuadernos, cuya autoría reconoció.

Siempre me impresionó que la causa Cuadernos fuese elevada a juicio sin una puta pericia o algo que diese validez a su contenido. Y un poco entiendo la encerrona en la que está Centeno, hoy imputado arrepentido, y que cuando fue citado por el Poder Judicial italiano para declarar respecto a cuestiones que había consignado, tuvo un repentino ataque de desmemoria.

En similar sentido, quiero referir a una de las causas que nacieron a raíz de Cuadernos. Se trata de la causa que surgió a partir de las declaraciones como arrepentido del que fuese el piloto del avión que solía llevar al matrimonio Kirchner en sus viajes al sur del país, donde estaba su domicilio.

A partir de las declaraciones en la causa Cuadernos del piloto Sergio Oscar Velásquez, el juez Bonadío ordenó extraer testimonios y realizar una nueva investigación respecto a la posible comisión del delito de peculado. La nueva causa fue sorteada y recayó –¿cuándo no?— en el juzgado de Bonadío.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner impugnó esa asignación por una sencilla razón. Bonadío no podía ser juez en esa causa por ser el juez que había ordenado investigar esos hechos. Es decir que, prima facie, Bonadío había expresado que a su criterio en esos hechos había un delito. Y eso lo inhabilitaba para ser el juez instructor. por aquello que la Constitución exige que el juez debe ser imparcial. Aunque decirle “imparcial” a Bonadío sea tal vez decir demasiado.

El recurso respecto a la asignación de la causa a Bonadío fue increíblemente confirmado por la Sala de Apelaciones. Presentado el recurso de Casación, el ministerio publico fiscal intervino para señalar “que resolución recurrida no se trata de una sentencia definitiva o equiparable en los términos del art. 457 CPPN, por lo que solicitó se declare inadmisible el recurso intentado».

Subsidiariamente instó al rechazo del remedio incoado por cuanto –siempre a su ver— los argumentos presentados para sustentar la tacha de nulidad referidos al origen de las actuaciones fueron correctamente examinados en la resolución recurrida.

En ese orden, sostuvo que no se vio vulnerada en ningún momento la garantía de la juez natural contenida en el art. 18 constitucional en tanto la causa resultó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11, tratándose de un tribunal permanente, constituido con anterioridad al hecho que motiva el proceso.

Así también adujo que: “En cuanto a los efectos de la aceptación de la recusación del Dr. Bonadio sobre la validez de los actos realizados hasta entonces en la causa y, en particular, sobre el auto de procesamiento recurrido, es preciso destacar que este planteo ha sido introducido por primera vez en esta instancia, por lo que, a fin de garantizar el doble conforme, corresponde que se presente ante los tribunales inferiores previo a ser examinada por este tribunal”.

También agregó que “el temor de parcialidad que pudiera albergar la defensa por la actuación del Dr. Bonadío se encuentra subsanado con la revisión del auto, por lo que la solución propuesta por la parte recurrente deviene insustancial”.

Este dictamen es insólito, porque afirma sin pudores que la posibilidad de revisión de una sentencia se encuentra subsanada por la intervención de la instancia revisora. Como si ser investigado y procesado por un juez parcial no fuese ya en sí mismo un agravio y una violación flagrante del principio de juez imparcial. Estas cuestiones producen una de las mayores aberraciones de nuestro Poder Judicial: convertir el proceso en un castigo anticipado, donde no existe ni presunción de inocencia ni derecho a defensa ni nada. Y esa vulneración no se repara con la existencia de instancias revisoras. Porque hasta que la instancia revisora decide, el imputado tiene un proceso pendiente sobre su cabeza y ese proceso esta manos de un juez que NO es imparcial.

Finalmente, la Cámara de Casación decidido ordenar que el rechazo de la recusación de Bonadío sea revisado, señalando que “constituye criterio dominante que la garantía de imparcialidad contiene dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. Desde esta perspectiva, se demanda que el juez que interviene en una contienda se aproxime a los hechos del proceso careciendo de todo prejuicio y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de su ausencia de imparcialidad”. Y añadió con cita de jurisprudencia que “al disponer la extracción de testimonios de lo actuado en la causa (…) el magistrado exhibió de manera inequívoca su sospecha con relación a que los hechos de que se trata podrían haber constituido una infracción al régimen de la ley penal cambiaria y, consecuentemente, no se encuentra en una situación de imparcialidad y de equidistancia para conocer en el expediente formado con aquel objeto, a partir de aquella remisión de testimonios ordenada por el mismo magistrado”.

¿Qué dirá ahora la Cámara de Apelaciones que había rechazado la recusación de Bonadío? Se abren las apuestas…

Pero no quiero concluir sin señalar otro de los horrores de la causa Cuadernos y derivados. Que es imputación agraviante a la memoria de una persona que decididamente no puede defenderse. Se trata de la imputación al ex Presidente Néstor Kirchner. Que cuando fue imputado en la causa Cuadernos y en esta causa ya había fallecido y por ende de modo alguno podía ser imputado ni mucho menos defenderse. Y aunque luego resultó sobreseído, precisamente por haber fallecido, su imputación no deja de ser un agravio a su memoria, y un dolor innecesario para su cónyuge y sus hijos y un mancillamiento de su nombre, que indubitablemente Néstor Kirchner no puede defender.

Como les decía, a veces el proceso en sí mismo funciona como un castigo, frente al cual resulta imposible defenderse. Castigo que no respeta las garantías de las que gozamos todos los ciudadanos. Incluso aquellos que han fallecido.

Bienvenidos al este museo del horror que es nuestro Poder Judicial.

 

¿Poder Judicial o Museo del Horror?

Cuando las paralelas se tocan

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En el gobierno de Cambiemos ingresaron dólares financieros por toma de deuda, blanqueo de capitales (en pesos, pero equivalentes a unos 9.522 millones de dólares), etc., en torno a los 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo –en forma sistemática–, desde el 17 de diciembre de 2015 al 27 de octubre de 2019, se realizaron compras a los bancos por parte de particulares por 86.200 millones de dólares, con el agravante de que los primeros 100 compradores (en términos de monto) adquirieron 24.769 millones de dólares en ese lapso.

Las Memorias y Balances de esas 100 empresas que compraron los 24.769 millones en ningún caso contabilizan haber adquirido los dólares que figuran comprando en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC); operaciones que constan en los bancos que les vendieron las divisas.

Si la AFIP investigó los movimientos bancarios, tanto por la compra de dólares, probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino, no lo sabemos. En una particular interpretación de secreto fiscal, no lo hizo público [1] y tampoco movió un dedo para recuperar parte del dinero evadido. En consecuencia, la actual administración afronta la negociación con los acreedores (bonistas privados, locales y extranjeros) y con el FMI, por lo que el pago de intereses lo realiza a cargo del erario público (Presupuesto nacional) [2] y el pago de la cuota de capital con el FMI (la negociación con los bonistas hace que comience a amortizarse la deuda en el segundo semestre de 2024) lo hizo y lo plantea hacer con plata que le dio y le daría el mismo organismo internacional: primero las dos cuotas de 2021 con la ampliación de los DEG, y las de 2022 en más, cumpliendo las condicionalidades del Fondo, con lo que cada vencimiento se refinancia a diez años.

Calendario anual de vencimientos.

Acuerdo con el FMI de la gestión de Mauricio Macri y de Alberto Fernández

AÑO  MACRI FERNANDEZ
2022 17.982 486
2023 19.356 1.443
2024 4.871 1.763
2025   1.797
2026   2.948
2027   6.548
2028   8.467
2029   8.548
2030   8.248
2031   7.949
2032   6.498
2033   2.599
2034   381
TOTAL 42.209 57.675
En millones de dólares. Elaboración propia en base a los acuerdos firmados con el FMI.

 

Imposibilitado de tomar créditos en el exterior, el gobierno de Alberto Fernández afrontó la lucha contra la pandemia de Covid-19 gracias al sacrificio de su personal de salud, pero el costo fiscal fue enorme. Hubo que reconvertir hospitales, equiparlos, asistir a la población, comprar y distribuir vacunas, etc., etc. De manera tal que el déficit primario de la Administración Nacional (se excluye el pago de intereses de la deuda) de 2020 fue del 6,37% del PIB (es en pesos, pero equivalente a unos 24.000 millones de dólares).

En 2021 se logró reducir fuertemente el déficit al combinar un severo ajuste fiscal con la mayor recaudación tributaria, fruto del crecimiento del PIB del 10,3% con respecto al año anterior, según el INDEC.

 

Presupuesto ejecutado de la Administración Nacional.

Años 2020-2021 – Base Caja

 

2020 2021
Ingreso total 4.841.525 8.901.782
Gasto Total 7.134.285 10.531.258
Gasto Primario 6.591.412 9.807.505
Intereses Netos 542.874 723.753
Déficit Primario -1.749.957 -905.724
Resultado Financiero -2.292.730 -1.629.477
Porcentaje Gasto Total s/PIB 25,96% 24,43%
Déficit primario/PIB -6,37% -2,10%
Déficit total/PIB -8,34% -3,78%
En millones de pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación.

 

En 2020, aproximadamente el 60% del déficit primario lo financió el BCRA y el 40% restante se colocó títulos de deuda en pesos ajustables, fundamentalmente y en forma mayoritaria por precios (por el CER-Coeficiente de Estabilización de Referencia [3]) y por dólar linked (títulos que ajustan su capital en base a la evolución de la cotización del dólar oficial, pero se compran y venden en pesos). En 2021, la proporción se revirtió y en forma más que proporcional, al incurrir en el financiamiento a través de la colocación de títulos de deuda en pesos en el mercado interno, que ronda el 70% del total.

El problema es que el stock de títulos en pesos en el mercado interno, al ajustarse fundamentalmente vía precios, conforma en la actualidad un total de 10,6% del PIB (en pesos, pero equivalente a 44.400 millones de dólares), suma que a medida que no se controla la inflación, se torna más creciente [4] y, por supuesto, beneficia a sus tenedores.

¿Quiénes son los principales compradores de esos títulos? Las grandes empresas y sus dueños. Obviamente, esas grandes empresas y sus dueños son los que en esos años se beneficiaron con la compra de dólares sin límite y sin control por parte del gobierno de Cambiemos.

Paralelamente, el BCRA liquidó las reservas internacionales del superávit comercial de 2020 y 2021, e incluso en lo que va del año 2022, vendiéndole dólares al tipo de cambio oficial a las empresas que se lo piden para pagar supuestas o reales deudas, para adelantar el pago de las importaciones y para transferir las utilidades del ejercicio a sus casas matrices en el exterior. El FMI, que limita la emisión monetaria para financiar al Tesoro de la Nación, en cambio, no observa ni advierte que se debe limitar severamente el pago de intereses y capital de la deuda externa privada.

Tampoco el FMI dice ni mu sobre los adelantos a las importaciones, giros de utilidades y nada que sea condicionante para las nombradas que, mayoritariamente, son las mismas que figuran entre los grandes compradores de divisas en la gestión de Cambiemos y en todos los tiempos, al menos, desde la última dictadura militar a la fecha.

En la Argentina, las paralelas se cruzan y se retroalimentan porque cualquier pretexto es bueno para generar incertidumbre y, de esa manera, lograr que se disparen los distintos dólares paralelos (MEP o dólar bolsa, contado con liqui, blue, etc.), presionando a la suba del precio de las divisas. Para frenarla, que suba la tasa de interés a fin de remunerar los excedentes líquidos de esas grandes empresas, de los bancos y de sus dueños.

El resultado es una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados, productores ligados al mercado interno, entre otros, a favor de los “que no quieren ni siquiera que se los nombre”. No sea cosa que en lugar de pensar que existe una casta política (que existe y es funcional al poder económico), subsiste una casta empresarial que a veces se hace ver con frases rimbombantes, como la pronunciada por Federico Braun en la reunión del Hotel Sheraton.

Por el lado de los bancos, el negocio es utilizar su “patente de corso”, que es la autorización del BCRA para funcionar y captar depósitos del público, darse vuelta y sin ningún riesgo prestárselo al mismo BCRA, con una ganancia que es en pesos, pero que este año no va a ser menor de 1.500 millones de dólares (por la diferencia de las tasas de interés que le cobran al BCRA y la que le abonan a sus depositantes). Utilizan como chantaje los más de 12 billones de depósitos en pesos que captan: si no les pagan más tasas de interés, pueden sugerir a sus clientes que llegó la hora de pasarse el dólar.

 

INDICADORES 30/12/2019 07/06/2022 Diferencia En porcentaje
MONETARIOS
Base Monetaria 1.829.109 3.831.449 2.002.340 109,47%
Circulación Monetaria 1.147.080 2.861.570  
Cuenta Corriente en el BCRA 682.028 969.880  
Reservas Internacionales 45.190 41.642 -3.548 -7,85%
LELIQ y NOTALIQ 758.453 5.271.012 4.512.559 594,96%
Pases Pasivos 426.655 474.222  
LEGAR Y LEMIN   45.828  
Esterilización 1.185.108 5.791.062 4.605.954 388,66%
Adelantos al Tesoro 792.730 2.355.100 1.562.370 197,20%
Créditos al sector privado 2.476.189 5.434.414 2.958.225 119,54%
Porcentaje /PIB 9,93%    
Depósito total 4.838.437 12.064.218 7.225.781 149,34%
 Evolución dólar oficial mayo de 2022/diciembre de 2019: 104,8%. Evolución IPC-INDEC mayo de 2022/diciembre de 2019: 118,7%. En millones de pesos o dólares, según corresponda. Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA.

Por el lado de los acopiadores y comercializadores de granos y de carnes, e incluso de los grandes actores de la extracción y comercialización del gas y del petróleo (con sus derivados de nafta y gasoil), pasa lo mismo. Extorsionan que si no se les concede el incremento en el precio del dólar con el que liquidan sus exportaciones, las retienen –como tantas veces lo han hecho– y, por supuesto, remarcan sus ventas al mercado interno al valor del dólar que pretenden.

Obviamente, sin una Junta Nacional de Granos y de Carnes, sin una YPF 100% estatal –como la que captaba la renta hidrocarburífera y era testigo de costos y precios–, sin que el gobierno aplique las leyes vigentes, como la 20.680 de Abastecimiento y otras que defienden al consumidor, que transparentan las operaciones y ponen límites a la cartelización de los principales productos de los principales mercado, se les hace el campo orégano [5].

Se cruzan, se retroalimentan, y colisionan

Sin embargo, la incertidumbre generada tiene sus consecuencias, máxime en el marco en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos vuelve a subir su tasa de interés. Es lo que se llama “el retorno a la calidad”, que hace que se desarmen posiciones en títulos y valores de los llamados países emergentes [6], e implica, por ejemplo, que el bono Rep. Arg. C/Descuento USD 8,28% 2033 y todos los demás bonos que fueron canjeados en agosto de 2020 por la deuda impagable dejada por la gestión de Cambiemos coticen a la baja. En el caso mencionado, el pasado miércoles 15 en la Bolsa de Nueva York su valor era de 51,20 dólares la lámina de 100, cuando en septiembre de 2020 su valor era de 61,10 dólares.

Larry Fink, que se jacta de la participación de BlackRock en el capital accionario de YPF S.A., en el holding Techint, en Glencore (Viterra S.A.), en los bancos Santander, BBVA, Galicia y Macro, etc., está perdiendo fortunas con el canje de títulos realizados con la Argentina el 31 de agosto de 2020.

Finalmente, la extranjerización realizada en la Argentina hizo que grandes empresas locales deban compartir el directorio con capitales financieros, e incluso, conformando una red global que toma decisiones que benefician al holding y cada vez más lejos del país. Mal pueden ser tomadas, como pretenden los “desarrollistas” actuales, como burguesía nacional.

A la par, la disminución del poder adquisitivo de nuestra población por la creciente inflación disminuye el consumo, y con ello la demanda agregada global, con lo que la economía nacional se frena y empuja a más gente a la pobreza y a la desesperación.

Y todavía faltan 18 meses de gobierno.

[1] Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio por el período 2016-2019 y verificar en qué cuentas bancarias –nacionales y/o offshore– estaban esas tenencias.
[2] Que lo obliga a reducir otros gastos, como jubilaciones y pensiones, obra pública, educación, energía, transporte, desarrollo social, etc.
[3] El CER es el coeficiente de estabilización de referencia, indicador creado con el objetivo de ajustar el capital de depósitos y créditos por la inflación y así atar el valor de la moneda de los contratos celebrados antes de la pesificación establecida por el decreto 214/2002.
[4] Por ejemplo, las LECER (Letras CER) de corto plazo abonan por encima del CER un interés del 14% (Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 14%, con vencimiento 16 de agosto de 2022 SG162-Reapertura).
[5] Al lado de las hortalizas, se sembraba orégano porque alejaba las alimañas. De este modo, no hacían pozos en la tierra y se garantizaba el paso de los caballos.
[6] En realidad le pasa también, pero en menor proporción, a Europa y Japón.

 

 

Cuando las paralelas se tocan

LA ZORRA EN EL GALLINERO

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A poco de asumir la presidencia de la República el 1° de mayo de 1958 y contrariando las ideas expresadas en su libro Petróleo y política, Arturo Frondizi firmó contratos con empresas petroleras extranjeras que las autorizaban a importar todo el material que considerasen necesario para efectuar la explotación sin pagar impuestos. El reintegro de las inversiones y las ganancias de esas compañías podrían ser girados al exterior con absoluta libertad. Si bien se triplicó la producción petrolera, no se logró equilibrar la balanza de pagos ni la comercial porque el convenio aumentó notablemente el déficit ante el giro de las utilidades y el costo de la compra de los equipos.

El gobierno de Frondizi llevó adelante una fuerte devaluación de nuestra moneda. El dólar se incrementó casi en un 60% en términos reales para favorecer al agro, con vistas a que provea las divisas y sortear así el ahogo externo y, a su vez, favorecer la compra de empresas por parte del capital extranjero.

Durante su mandato, ejecutó el clásico recetario del ajuste: bajó el gasto estatal, aumentó las tarifas de servicios públicos y contrajo el circulante, a la par que liberó los controles sobre la divisa y favoreció al capital extranjero para que se radicara en el país. Las consecuencias inmediatas del plan fueron multiplicar la inflación anual, que pasó del 22 al 129%, derrumbar la economía un 7% y generar una brusca redistribución del ingreso en perjuicio de los asalariados y de quienes tienen ingresos fijos (jubilados, pensionados, etc.) y/o que no pueden descargar el mayor costo en los precios de su producción o servicios.

Para que se produzcan bienes industriales en la Argentina, el desarrollismo impulsó el acuerdo con empresas multinacionales y la inversión extranjera directa, fundamentalmente en las industrias básicas: siderúrgica, petroquímica (y la obtención de petróleo y su transformación en combustible líquido y gaseoso) y la producción de automóviles, por su impacto multiplicador en otras ramas productivas y en el trabajo.

El problema es que cuando se ejecutó el plan no estuvo programado el ingreso de capitales con la salida (y la fuga). Tampoco se controló el precio. En consecuencia, se adquirían máquinas y equipos y las importaciones fueron tantas y a tal costo que se terminó produciendo una crisis en la balanza de pagos. Este escenario obligó al país a endeudarse y luego, para poder pagar la deuda, a acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que con su “receta” clásica de ajuste generaba desocupación y pobreza para reducir el gasto público y el consumo de alimentos (y de esa manera, tener mayor saldo exportable).

El desarrollismo hoy

El gobierno de Alberto Fernández asumió la presidencia de la Argentina en medio de una crisis heredada con una devaluación nominal de nuestra moneda del 680% (el valor del dólar pasó de $9,10 en diciembre de 2015 a $62 en diciembre de 2019) y una deuda que se acrecentó en más de 100.000 millones de dólares y con fuertes vencimientos en el corto plazo, a la cual se sumó el cimbronazo de la pandemia. Ante ello, el propio gobierno tomó como mandato ordenar la macroeconomía y destinar sus esfuerzos a maximizar la orientación exportadora de manera urgente.

Al hacer esto, acepta la especialización productiva existente, basada en ventajas comparativas estáticas, productos primarios y –a lo sumo– cierta industrialización de los mismos que, por definición, generan poco trabajo incorporado. (Preguntémonos: ¿cuánta mano de obra emplea una tonelada de exportación de soja?) Se trata de una inserción exportadora concentrada en un número reducido de grandes corporaciones, en la que alrededor del 70% de las ventas externas totales es controlado por las 200 empresas más grandes del país.

EXPORTACIONES 2003-2015 2016-2019 2020-2021 1er. cuatrimestre 2022
Exportaciones 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 27.681
Productos primarios 21,91% 25,41% 28,64% 29,37% 8.124
Manufacturas de origen agropecuario 35,29% 38,01% 39,71% 36,08% 9.979
Manufacturas de origen industrial 32,60% 31,24% 25,04% 25,20% 6.992
Combustibles y energía 10,20% 5,34% 6,61% 9,35% 2.587

 

Nota: En porcentaje, y el primer cuatrimestre de 2022, en millones de dólares. Fuente: INDEC.

En octubre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, el Ministerio de Desarrollo Productivo –que nucleó a los principales neo-desarrollistas contemporáneos– publicó un trabajo titulado “El desarrollo productivo en la Argentina post-pandemia”. Allí afirmaban que el problema argentino es la falta de un Estado inteligente que, mediante políticas de fomento y mecanismos de coordinación, apuntale la integración productiva liderada por los sectores que están en condiciones de competir internacionalmente (crecer vía exportaciones a como dé lugar), que no son otros que la extracción, la producción de alimentos y la industria que le provee maquinarias y equipos, incluida la compra de camionetas 4×4 para su uso personal.

Johann Wolfgang von Goethe afirmaba que “toda teoría es gris, querido amigo, y el árbol de la vida es eternamente verde”. Lo citamos porque los neo-desarrollistas, ingenuamente (por no decir otro calificativo más cierto) plantean el problema como si la fuga de capitales no existiera en la Argentina. Esto es: “Maximicemos las exportaciones porque necesitamos dólares”, aduciendo que se necesitan para crecer (y no para pagar la deuda externa). Para demostrar que todo su planteo es una falacia, basta ver que el superávit comercial acumulado en la balanza comercial argentina, en lo que va de este siglo XXI, alcanza al 30 de abril de 2022 la suma de 267.098 millones de dólares y, sin embargo, el gobierno de Cambiemos nos endeudó por más de 100.000 millones, razón por la cual la deuda externa de la Administración Nacional a diciembre de 2021 es de 363.323 millones de dólares. Se cumple mal o bien lo que afirman los neo-desarrollistas y la economía crece (si crece) en forma desigual, generando pobreza y exclusión y contaminando el aire, el agua y la tierra, sin medir ese impacto en el presente y en el futuro.

El mejor ejemplo es la provincia de Catamarca. Hace más de 25 años que se explota la mina Bajo La Alumbrera, hoy agotada y por ende en tren de abandono, de donde extrajeron minerales (oro y cobre) a cielo abierto. Sin embargo, las zonas cercanas a ella (Santa María, Belén y Andalgalá) son las regiones más pobres del país. ¿Por qué no se desarrolla la provincia entonces, si este es el “modelo testigo” de la minería argentina?

 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO Período acumulado

2000 –

1er cuatrimestre 2022

Exportaciones 1.258.641
Importaciones 991.543
SUPERÁVIT COMERCIAL 267.098

 

Nota: En millones de dólares corrientes. Fuente: INDEC.

No se necesita de un “Estado inteligente”, como plantean los neo-desarrollistas, para que sea funcional al poder económico, sino que se necesita un Estado que regule y controle la actividad económica (imponga las reglas de juego) con un plan sistemático de crecimiento económico en base a la demanda interna. Plantear que lo va hacer el capital, como sostienen los “desarrollistas” de todo pelaje y tiempo, no sólo es desconocer la historia, sino que se es servil a ese capital.

Es necesario un plan que contemple utilizar el stock de LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) y Notaliq (Notas de liquidez del BCRA), que ya superan los 5 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 40.000 millones de dólares). No tienen que estar inmovilizados, pagando interés a los bancos, porque son depósitos de la población que los grandes bancos usan sin riesgo alguno [1]. Deben ser empleados en financiar un vasto plan de obra pública y privada que genere empleo y reactive la economía nacional.

Son medidas que deberían ser acompañadas por otras, como: un control inmediato de los precios de la canasta básica, obligando a sus formadores de precios a una declaración jurada con el detalle del costo de sus insumos; planificar una reforma impositiva progresiva para que se pague impuesto por capacidad contributiva, reduciendo la carga de impuestos al consumo; exigir a las principales empresas compradoras de divisas que demuestren de dónde detrajeron los recursos para hacerlo y que no surge de la lectura de sus estados contables.  [2]; y planificar un sistema de salud integrando las obras sociales, las prepagas y el sistema de salud estatal.

De otro modo, es como poner la zorra en el gallinero y decirle a las gallinas que se porten bien.

 

[1] Si el objetivo del BCRA es esterilizar dinero, debería subir los encajes o efectivos mínimos que no pagan interés.
[2] Es el caso del holding Techint, que en el período 17/12/2015 al 27/10/2019, adquirió 92.627.000 dólares por Tecpetrol S.A.; 222.980.456 dólares por Ternium Argentina S.A. (ex Siderar SAIC); y 231.384.402 dólares por Transportadora de Gas del Norte S.A. Esto da un total de 546.991.858 de dólares, y el cruzamiento de su cuadro de flujo de fondos consolidado y activos y pasivos en moneda extranjera no demuestra ni siquiera la mitad de esa suma. La AFIP debería investigar los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares, probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias –nacionales y/o offshore– estaban esas tenencias.

 

 

La zorra en el gallinero

 

1994-2022: la Cumbre de las Américas y el «síndrome de la superpotencia frustrada»

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La IX Cumbre de las Américas (que tiene lugar en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio) comenzó con dudas sobre la participación de varios jefes de Estado, ausencias significativas y exclusiones. Junto con la coyuntura, hay razones más profundas del clima de apatía que prima en el cónclave. Una comparación entre las dos Cumbres de las Américas que tuvieron como anfitrión a Estados Unidos puede darnos una mejor idea de cuánto cambiaron el mundo, Washington y América Latina.

La I Cumbre de las Américas de 1994, realizada en Miami durante la administración de Bill Clinton, tuvo un encuadre singular. Estados Unidos en particular y Occidente en general eran los triunfadores de la Guerra Fría. Washington era el primus inter pares y tenía una notable oportunidad de moldear lo que para entonces -y a falta de mejor nombre- se llamó la Posguerra Fría. La Unión Soviética había sufrido una implosión y Rusia era una potencia menguante que disponía de un enorme arsenal nuclear pero que tenía una base material descalabrada y una proyección de poder muy menguada. China era, en esos años, un país ascendente, pero aún no se había constituido en una gran potencia regional ni en una superpotencia de alcance global. Y Europa optaba por ampliar la Unión Europea en lugar de profundizar su experiencia unificadora. 

América Latina dejaba atrás los golpes de Estado y se afianzaba la transición democrática de modo gradual pero promisorio. El mundo pregonaba los «dividendos de la paz» una vez terminada la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Washington parecía depositar alguna atención en América Latina y la región compartía una cierta homogeneidad con gobiernos más inclinados a procurar relaciones estrechas con la Casa Blanca. Se puede decir -por supuesto, con algo de exageración- que había una relativa comunidad de intereses y valores en el sistema interamericano.

Aquella primera cita continental hay que localizarla, además, en la grand strategy de Washington en ese contexto histórico. La gran estrategia, denominada «Compromiso más Ampliación» (Engagement plus Enlargement), consistía en que Estados Unidos no se replegaría como lo había hecho después de la Primera Guerra Mundial y que tenía la voluntad, la capacidad y la oportunidad de reconfigurar de modo decisivo el sistema internacional (el componente de engagement), al tiempo que procuraría propagar la economía de mercado y el pluralismo político (el componente de enlargement). Respecto a este último componente, la política de Estados Unidos se sirvió del Consenso de Washington de 1989 para dar impulso a las políticas de liberalización y desregulación económica, por un lado, y de reducción del Estado, por el otro. En ese marco, un eje central era el comercio, tema que se convirtió en el foco principal de la I Cumbre de las Américas con la aspiración de alcanzar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para 2005.

Camino al cónclave en Miami, Estados Unidos desplegó un conjunto de consultas previas, así como reuniones preparatorias. América Latina, entonces a través del llamado Grupo de Río (compuesto por la sumatoria del Grupo de Contadora, el Grupo de Apoyo a Contadora, la Comunidad del Caribe [Caricom] y el Sistema de la Integración Centroamericana [SICA]), realizó encuentros de cara a la cumbre con el fin de hacer aportes que reflejaran las necesidades de la región. Desde el punto de vista burocrático, fue relevante el rol del subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Alexander Watson. Conocía la región -había tenido destinos diplomáticos en Bolivia, Brasil, Chile y Perú- y manejaba tanto el español como el portugués. 

Dada la notable asimetría de poder y en virtud del consentimiento de una gran parte de América Latina y el Caribe, Washington logró un acuerdo respecto de la centralidad del ALCA como objetivo clave en la década por venir. Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA) pasarían a jugar un papel clave en la instrumentación de los diversos compromisos temáticos alcanzados. Para la época, una figura prestigiosa como Enrique Iglesias presidía el BID y el ex-presidente de Colombia, César Gaviria, llegaba a la Secretaría de la OEA con una agenda de modernización institucional. 

Pero ese estado de sugestiva coincidencia entre Estados Unidos y América Latina no iba a extenderse por mucho tiempo. Distintas realidades internacionales (como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la «guerra contra el terrorismo», el progresivo auge de China, el comienzo de un estancamiento secular de las economías de Occidente y el aumento del proteccionismo estadounidense) y regionales (como los crecientes costos sociales y económicos de las reformas de la década de 1990 y la llegada al poder de distintos tipos de gobiernos progresistas) fueron generando condiciones que hicieron inviable la concreción del ALCA en 2005.

En 2022, 28 años después del primer encuentro continental, Estados Unidos realiza la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Aún es un misterio por qué el gobierno de Donald Trump solicitó, en la VIII Cumbre de 2018 reunida en Lima y a la cual el mandatario estadounidense no asistió, ser sede de la siguiente cita. La mezcla de desdén, destrato y desprecio que mostró su administración hacia América Latina solo puede llevar a una conjetura: de haber sido reelecto presidente, este cónclave habría sido un ejercicio para disciplinar la región y avanzar en su proyecto reaccionario con el acompañamiento de algunos mandatarios del área. En todo caso, le cupo al presidente demócrata Joe Biden llevar a cabo la cumbre. No sin obstáculos.

Para comenzar, estuvo el problema de la pandemia que obligó a modificar la fecha. El telón de fondo lo han dado los 18 meses de la política latinoamericana del gobierno demócrata. En breve, hasta el momento la gestión hacia la región ha tenido más continuidad que cambio, una suerte de «trumpismo soft». Casi ninguna de sus promesas, por ejemplo, en materia de migración y de recursos significativos para América Central, se han cumplido. Las sanciones a países como Venezuela y Cuba no han sido reconsideradas. Al igual que desde hace décadas, el lugar del Comando Sur en los vínculos interamericanos parece predominar por sobre el del Departamento de Estado. Poco ha variado también la estrategia internacional de Washington en materia de drogas ilícitas.

Ahora bien, en esencia, esta cumbre tiene un encuadre muy distinto de la de 1994. El debilitamiento internacional de Washington es notorio, al tiempo que Estados Unidos tiene su propia «casa en desorden»; la consolidación del ascenso de China es ya un hecho; el resurgimiento agresivo de la geopolítica es evidente después de la invasión rusa de Ucrania; el Sur global propugna transformaciones más urgentes con una voz más audible que la que tuvo al principio del siglo XXI; la situación ambiental es muy delicada; y la agenda global exige un grado de gobernabilidad que ningún país puede imponer o manejar de manera individual. 

Respecto de América Latina, se han hecho patentes dos cuestiones claves. Por una parte, el alto nivel de fragmentación, a punto tal que se ha tornado improbable converger en temas vitales para la región. Esto torna a la región en un actor cada vez menos gravitante en el escenario mundial. Por otra parte, y más allá de los gobiernos de turno en uno u otro país -y muy especialmente en América del Sur-, no hay administraciones que busquen reducir o revertir los lazos, particularmente económicos, con China, lo que implica que no hay actores domésticos dispuestos a vetar la relación con Beijing que tanto inquieta a Washington. 

A su vez, la IX Cumbre en Los Ángeles se inserta en la gran estrategia de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que pretende la primacía (primacy): Washington no acepta ni tolera la existencia de una potencia de igual talla. Con George W. Bush esa primacía fue agresiva, bajo Barack Obama fue recalibrada y bajo Donald Trump fue ofuscada; con Joe Biden asistimos a una primacía deteriorada, tanto por razones internas como externas. La IX Cumbre refleja esta nueva condición de la grand strategy de Washington. Estados Unidos vive hoy un franco disenso bipartidista en política exterior, posee menos recursos en términos de inversión privada y asistencia oficial al desarrollo para asegurar su influencia en América Latina, y enfrenta a una China que no promueve hasta ahora una ideología alternativa, pero que dispone de recursos materiales (inversiones, comercio, ayuda) para respaldar y aumentar su proyección en la región.

En ese marco de referencia, es importante advertir los contrastes entre las cumbres de 1994 y 2002. Respecto de la presente cita en Los Ángeles, las consultas con los países de la región fueron casi inexistentes, al tiempo que la capacidad de América Latina para proponer una agenda compartida de cara a Washington es nula. Por supuesto que la decisión de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela fue unilateral. Pero además los enviados de Washington a varias capitales remarcaban un solo mensaje: contener a China. La articulación política desde el Departamento de Estado fue pobre: entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021 hubo tres subsecretarios de Asuntos Hemisféricos interinos, mientras que el embajador ante la OEA, Frank Mora, nominado en julio de 2021, está todavía en proceso de confirmación. Adicionalmente, las dos instituciones relevantes para hacer que los planes de acción de las cumbres se concreten están encabezadas por personas que no han contribuido a un mejoramiento de las relaciones interamericanas, más bien todo lo contrario: Mauricio Claver-Carone en el BID y Luis Almagro en la OEA. 

Ciertamente, en el primer semestre de 2022 se hizo evidente que Estados Unidos y América Latina han estado operando con dos «lógicas» distintas en cuanto a la IX Cumbre. Una serie de cuestiones de naturaleza y alcance globales, tales como la creciente competencia entre Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania, la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el futuro de la energía, la gravitación de los recursos estratégicos y la multiplicación de hotspots en el mundo, entre otros, ha reforzado en Estados Unidos, entre civiles y militares, demócratas y republicanos, centros académicos y think-tanks, una mirada de los asuntos mundiales signada por la lógica geopolítica: ante todo, la pugna global, la política de poder y la expansión de esferas de influencia. 

Mientras tanto, la compleja y crítica situación económica y política, la exacerbación de fuentes de inestabilidad y volatilidad, la ausencia de un modelo de desarrollo sustentable y la profundidad de la polarización a lo largo y ancho de América Latina han conducido a que prime en la región una lógica social: hacer frente a las desigualdades, recuperar el crecimiento económico y evitar estallidos ciudadanos. Esto anticipaba, más allá de las formas y las palabras, una colisión de intereses entre Washington y varios países latinoamericanos, mientras que aspectos valorativos -como la democracia- fueron profundizando miradas diferentes sobre cómo abordar y tramitar, en Estados Unidos y América Latina, el reto de su debilitamiento y eventual regresión. 

La cumbre de Los Ángeles parece dirigirse a un estancamiento en las relaciones interamericanas, lo cual podría reavivar en Estados Unidos el «síndrome de la superpotencia frustrada». El síndrome se expresa con un determinado patrón: una región -en este caso, América Latina- es considerada escasamente relevante por distintos motivos. Ello hace que sea percibida de manera simplificada, que reciba una atención intermitente de parte de los tomadores de decisión y que atraiga el interés de pocos actores domésticos en Estados Unidos. Así, las políticas burocráticas se caracterizan por la recurrencia y la invariabilidad. Ocasionalmente, surge la expectativa de una «transformación» madura y responsable en la región, madurez y responsabilidad que se entienden como consonantes con los objetivos primordiales de Washington en el área. Pero la desilusión vuelve a emerger: países turbulentos, mandatarios díscolos, políticas inconsistentes y retos inesperados conducen primero a la sorpresa y después el desengaño. Sin embargo, nada de ello lleva a alterar la estrategia. En realidad, la superpotencia no tiene la voluntad y disposición para repensar y reorientar las relaciones con la región. Así, de facto, empieza un nuevo ciclo que preanuncia otra frustración futura.

 

https://nuso.org/articulo/cumbredelasamericas-estadosunidos/

El progreso de un sistema mundial se evidencia en su expansión y homogeneización

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La experiencia ya lo mostró cuando los historiadores fecharon el final de la Edad Media, caracterizada por el dominio del feudalismo. En 1452, con la caída de Constantinopla, o con el descubrimiento de América, en 1492. Uno y otro de estos acontecimientos forman parte del mismo fenómeno: el primero, fue el monopolio impuesto por los árabes al comercio de artículos provenientes de China y de la India en el Mediterráneo y, el segundo, las conquistas turcas en Asia Menor y los Balcanes, que con la toma de Constantinopla convirtieron al Mar Negro en un lago turco y casi cerraron el Mediterráneo, derrumbando el comercio de las ciudades italianas de Génova y Venecia.

La primera estimuló la búsqueda de una salida hacia China y la India y posibilitaron el descubrimiento de América y la conquista española del nuevo continente, y su dominio y preponderancia mundial se terminó rápido porque España, como consecuencia de la invasión árabe previa, no pudo constituir una monarquía nacional única, y tiene el predominio de Castilla sobre Aragón, Navarra y Granada. En cambio, Francia e Inglaterra ya habían constituido en Europa Occidental una monarquía nacional única y pudieron liderar la transición, definida en los tres siglos posteriores hacia el empleo del capital en la expansión del comercio, el desarrollo de las ciudades y el nacimiento de las manufacturas que al cabo de esos tres siglos, posibilitaron la Revolución Industrial y el capitalismo a fines del siglo XVII y lo afirmaron en el XVIII.

Las etapas del desarrollo del capitalismo

El desarrollo del capitalismo industrial pasó por tres etapas: la primera fue la expansión nacional que culminó con fuertes subsidios y el enfrentamiento en la Primera Guerra Mundial que llevó a la crisis de los años treinta, de la que sólo se pudo salir después de la Segunda Guerra Mundial.

En  segunda instancia, Estados Unidos conformó un sistema mundial bajo el dominio de su moneda nacional, el dólar, que pasó de ser un sistema muy diferenciado por la división del trabajo (materias primas y productos industriales) muy favorable a la Argentina de entonces. Esto porque Argentina era la contraparte de Inglaterra, la primera potencia industrial de esa época, que se centró en la industria, eje del desarrollo universal del capital, a través de las inversiones en industrias menores en los países menos desarrollados. Pero en la Argentina esa industrialización no fue estimulada por los sectores dominantes y llevó a una contratación extrema de deuda, como la que tuvo lugar en el acuerdo con el FMI de 2018/2019.

En el interín, el desarrollo generalizado de la industria permitió a Brasil y a México sobrepasar a la Argentina, que en la actualidad ostenta la posición internacional 31 medida por PBI contra la 11 de Brasil y la 15 de México, los dos mayores países latinoamericanos. Esa tercera etapa fue de una mayor integración del sistema, provocada porque China se convirtió en la gran demandante de inversiones de industria, atrajo a empresas extranjeras por su gran mercado interno y su menor costo laboral inicial, y terminó con la industria diferenciada, que posibilitó a la vez la expansión de los países emergentes industrializados. Pero la Argentina, al permanecer con su alta especialización agraria con reciclado de excedentes a las finanzas, no creció en la misma medida con la industria, que en la actual Cuarta Revolución, es el centro de la transformación tecnológica en curso, caracterizada por la automatización, la robotización y la manipulación digital de las máquinas en sustitución del empleo generalizado de fuerza de trabajo. Pero esta característica genera un retraimiento del mercado que relega la inversión productiva a un segundo lugar respecto a la especulativa, y convierte al sistema económico en un atolladero de crisis continuas, que evidentemente indican el final de otra etapa.  

La importancia de la invasión Rusa a Ucrania. ¿Nueva etapa?

Ese final se aprecia en que al establishment político estadounidense empieza a criticar la estrategia estadounidense  en Ucrania, que es el terreno en que se define la actitud de ese país ante el futuro. Su principal objetivo es aislar a Rusia de la economía mundial y al mismo tiempo preparar una ofensiva militar en el Mar de China, frente a Taiwan.  Lo que manifiesta EEUU es la intensión de extender el aislamiento a China. Es decir, que la política oficial estadounidense es salir del marco del sistema internacional inaugurado por Estados Unidos en 1945. Este sistema mundial es potenciado por China y los emergentes como un sistema más plenamente integrado 45 años más tarde. Estas críticas las expresa el New York Times, que duda si este objetivo sea realista. Ante la incógnita sobre el desenlace de la guerra de Ucrania, ¿qué sucederá si Putin consigue vencer?

Hasta ahora, el balance fue peor para Ucrania que para Rusia, que pese al esfuerzo bélico descomunal su PBI recibió un impacto relativamente moderado ante semejante esfuerzo. Ya que desde un aumento de 4,1 % en febrero y de 1,3 % en marzo hasta una baja en abril que se profundizó en mayo,  llevará a una caída que oscilará entre 8 y 10% a fin de 2022 (de la misma magnitud que la de Argentina en 2020 por la pandemia) junto con una baja inicial del rublo, que después consiguió empezar a fortalecerse.

Mientras, Ucrania pasó de una expresión triunfalista a reconocer, por parte del gobierno de Volódimir Zelensky, que un resultado adverso podrá surgir de las batallas en el Donbas, con las principales ciudades sitiadas militarmente por Rusia. Pero sigue en busca de una escalada militar, ya con menos interés en la negociación, atrás de la cual hay una insistencia desmedida estadounidense, por la que el núcleo de la política que lleva a la guerra vuelve a dominar después de perderlo brevemente con Trump.

Aunque ahora brotan cada vez mayores disensos en la sociedad estadounidense que muestran una situación no vista antes, con menos de 40% de apoyo a Joe Biden, y apuntan tanto a la economía como a la relación con Rusia, sin duda una expresión de la necesidad de un cambio.

En Europa, aunque crecen las sanciones de la UE contra Rusia. También aumentan las dificultades de alcanzar un acuerdo político al adoptar un embargo al petróleo ruso que llega por mar a la UE, de manera que excluye al petróleo que llega por oleoductos, en el que no hay pleno acuerdo,  y las disidencias tampoco pudieron ser superadas a fin de abril.

El escenario de una Rusia triunfante

Ante este escenario, si en 2022 no se logró modificar la situación con una derrota rusa, la UE recurrirá a una desglobalización propia en 2023, tanto frente a Rusia y a China como respecto a Estados Unidos, e inaugurará un período donde dos de las tres grandes regiones mundiales (Estados Unidos con el resto de América del Norte y la Unión Europea) se desglobalizan y solo China con el Sudeste Asiático quedaría como plenamente mundializada.

Esto que indica dos elementos a resaltar: 1) el esfuerzo para desglobalizarse ya no proviene de una economía nacional sino que es una respuesta regional, y 2) que esa desglobalización es una pretensión de las globalizaciones promotoras de un tratamiento diferencial antiindustrial para el resto del mundo, lo cual supone que la manera de continuar la globalización sólo puede darse derrotando a la experiencia más amplia y universal, de industrialización para todos, o volviendo a la antigua globalización: no yendo hacia adelante sino para atrás, lo que presagia una continuidad más profunda de la crisis.

Para analizar el centro del problema hay que ir a la razón última de la crisis, que toma la forma de crisis financiera y es de carácter universal, que empezó al comienzo del siglo XXI y se afianzó en 2008.

La crisis reside en que la capacidad de producción desciende porque disminuyen los ingresos para adquirir la producción y, en vez de aumentar los ingresos para solucionarlo, el capital recurre a la acumulación sin invertir en producción, lo que lleva a primer plano la inversión especulativa, esto es, la salida hacia atrás o la profundización de la crisis.       

En este marco general, la política económica nacional no puede revertir la ofensiva del círculo rojo empresario, favorable al predominio agropecuario y el consiguiente vuelco de excedentes a las finanzas, por lo que ese conjunto lleva a ignorar los posibles progresos y a generar expectativas generalizadas que permiten el continuo aumento de los precios.

De esta manera, el Financial Times tiene una perspectiva sobre Vaca Muerta que plantea un escenario muy diferente al de la reiterada expectativa negativa generalizada por el círculo rojo y los intereses agrarios locales sobre los precios que así se extienden a la mayoría de las empresas. El FMI reconoce que esa perspectiva favorable existe y la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró en conferencia de prensa que la primera revisión de las metas que realizó el FMI “se está cumpliendo muy bien a pesar de todos los agoreros” y que en el gobierno no dudan que “pasará lo mismo con la segunda revisión”. Y el 19/5 , el vocero del FMI, Gerry Rice, había dicho que existía «un buen progreso» con la Argentina durante la primera revisión del acuerdo. Respecto a las metas, advirtió que éstas no serán modificadas, pero que continuaban las reuniones virtuales del staff del FMI con los equipos técnicos de Economía y del BCRA sobre esta posibilidad.

Por esta situación de un frente interno que frena las expectativas positivas, el acierto del ministro Guzmán consistió en trabajar sobre las metas externas a partir de la negociación con el FMI y tuvo un éxito que no reconocen ni los gestores de las expectativas desfavorables, ni los adversarios del FMI, que tampoco dicen que harían en caso de no haber acuerdo.

En ese escenario, revertir la larga evolución negativa del país debería inducir a las empresas a apostar por la producción y un menor juego especulativo, promoviendo la mayor producción y productividad, tanto agrarias como industriales, y el fortalecimiento del mercado financiero nacional para elevar el crédito interno y sostener esa posibilidad, lo que se traduciría en un afianzamiento de la moneda nacional, iniciando el único camino posible para derrotar a la inflación, que no se apoya en la moneda sino en el proceso de producción que la origina.