El gobierno de Javier Milei propicia un modelo extractivista exportador, gracias a los abundantes recursos minerales (oro, plata, cobre, litio, minerales raros, etc.) y energéticos (petróleo, gas, energía nuclear, eólica, etc.) que posee la Argentina en calidad y abundancia. Así, se prioriza su detracción en un verdadero enclave extractivista, para lo cual cuentan con la ley 27.742/2024 y su reglamentación que, como ya dijimos en otras oportunidades, implica el RIGI (Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que concede beneficios de todo tipo: estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y, al quinto año, pueden no liquidar en el país las divisas de las exportaciones.

Sin embargo, el RIGI no se ejecuta porque los posibles inversionistas observan el retraso cambiario: la Argentina es cara en dólares. En un informe sobre la Argentina del 27 de septiembre de 2024 de BlackRock, que es el mayor tenedor privado de títulos de deuda argentina, afirma: “Nos hemos vuelto cada vez más cautelosos con respecto a la Argentina durante el último mes, ya que el debilitamiento del tipo de cambio informal sugiere que el tipo de cambio oficial podría estar sobrevaluado. Por lo tanto, vemos el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio, lo que podría reavivar las presiones inflacionarias”.

La crítica es por el mal desempeño del gobierno que, tras la devaluación de más del 100%, no bien se inició, liberó los precios, en un país donde los productos principales tienen nombre y apellido —el acero, el aluminio, los combustibles, la cal, el cemento, la arena, los productos lácteos, la carne, el arroz, la harina, el aceite, los fideos, la yerba mate, el azúcar, los productos de limpieza, los medicamentos más vendidos, entre otros—.

En ese marco de inercia inflacionaria, el capital financiero con base en Manhattan, que ganó mucha plata comprando títulos públicos en pesos ajustados por una inflación acumulada de 117,6% en diez meses (cuando después de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, el dólar creció solo en 23,9% ^[1]), da por terminada la experiencia de sus asesores Luis Caputo y Santiago Bausili, y trata de que no cunda el pánico y que su reemplazo sea lo más ordenado posible, a fin de garantizar el valor de mercado de dichos títulos y que se empleen al 100% en la inversión extractivista, amparados por el RIGI.

El problema de la deuda

Para el año 2025, el total de vencimientos de la deuda en divisas es de 17.285 millones de dólares entre capital e intereses, 55% en títulos públicos y el 45% restante con entes multilaterales. Con el FMI, el vencimiento es de 2.700 millones de dólares de intereses. Se incluyen los 5.500 millones de dólares del swap de libre disponibilidad de la República Popular China otorgado en junio de 2023, renovado en junio 2024, que vence en junio de 2025 (un año de plazo).

La deuda en pesos que vence en el año 2025 es de 39,7 billones de pesos (equivalente según el tipo de cambio oficial estimado por el gobierno argentino para el año 2025, a 32.800 millones de dólares), pero el 90% de esta ^[2] se ajusta por el IPC del INDEC, con lo que la devaluación del peso no la “licua”, como fue en años anteriores (1975, 1982, 1989, 2002, 2018), sino que, por el pass through azuzado por las grandes empresas formadoras de precios, se ajusta en proporción a la devaluación.

Esto explica el DNU 846/2024, que:

1. Incrementa la tenencia de títulos públicos del 50% al 70% en la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social), que pertenece a los jubilados y pensionados nacionales, no al Estado argentino;
2. Dispone que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública, cualquiera sea su moneda, a precio de mercado.
3. Establece que la nueva renegociación de la deuda pública no estará alcanzada por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N.º 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, que expresa taxativamente que para reestructurar deuda en dólares se debían hacer al menos dos de las siguientes tres condiciones: 1) alargar plazo, 2) bajar intereses y/o 3) reducir capital.

Obviamente, entre los principales acreedores privados están los fondos de cobertura encabezados por BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Greylock y los 40 fondos con los que se reunió Vladímir Werning el 15 de julio de 2024 en Manhattan y los miembros del American Council, a quienes visitó en Washington el 27 de agosto de 2024. Y todos ellos van a apoyar que los Estados Unidos y/o el FMI le presten a la Argentina, porque los que cobran son ellos; así, la deuda del país aumenta, lo que significa mayor dependencia y que esos títulos de deuda van a ser tomados al 100% de su valor en el RIGI.

El gobierno actual ha utilizado y utiliza el ajuste económico y fiscal para reducir lo máximo que se pueda el consumo interno. De esa manera se importan menos bienes e insumos y, paralelamente, aumentan los saldos exportables de minerales, de energía, de forraje y de alimentos. No lo pueden hacer por devaluación de nuestra moneda porque la inflación que se desataría (pass through) provocaría el default de la deuda, dado que la mayor parte de los títulos de deuda en pesos son ajustados por inflación; por lo tanto, para controlar la suba generalizada de los precios, recurren a la depresión económica.

Si la devaluación de nuestra moneda es significativa, como es de preverse, ocasionará fuertes pérdidas en grandes empresas que operan en el país, que emitieron obligaciones negociables entre enero y julio de 2024 por 3.695 millones de dólares; son los casos de YPF S. A., del Grupo Clarín (Telecom) ^[3], de Pan American Energy (Grupo Bridas y British Petroleum), de Aluar (Grupo Madanes), de Vista Oil&Gas, Techint (Tecpetrol), del Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), de Edenor (Vila-Manzano), del Grupo Albanesi ^[4], del Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), de Capex – CAPSA (petrolera de la familia Götz), del Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles), entre otros.

Los productores, acopiadores y exportadores de granos y de carnes, que presionan por la devaluación del peso, mediante el Decreto 28/2023, publicado en el B. O. del 13 de diciembre de 2023, liquiden 80% al precio oficial y 20% en el CCL (Contado con Liqui), no solo no paguen al Estado argentino los derechos de exportación, sino que significa una disminución de ingresos de dólares al país en torno a los 4.250 millones de dólares desde el 13 de diciembre de 2023 al 31 de agosto de 2024.

Por supuesto, para apuntalar el modelo extractivista es imprescindible destruir el mercado interno. Que la demanda local de energía y alimentos, que son los bienes que exportamos, sea la menor posible y, para eso, internacionalizan sus precios. Si se quiere consumir en la Argentina, la población debe pagar el precio internacional.

Eso explica por qué, pese a que el campo liquida solo el 80% de sus exportaciones en el mercado oficial, el superávit comercial hasta agosto de 2024 es el mayor (en los primeros ocho meses del año) de toda nuestra historia comercial, por 14.151 millones de dólares, gracias principalmente al fuerte descenso de las importaciones, que es funcional a la depresión económica, objetivo buscado por el plan del gobierno de Milei.

La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aun con el actual gobierno de Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y, cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre. Con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de la deuda y el modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador.

Así como la recesión económica es funcional al modelo, lo es también la deuda pública, dado que cuanto mayor endeudamiento tenga la Argentina, más dependiente es de la financiación externa, y los acreedores están en mejores condiciones de cambiar los títulos de deuda del Tesoro de la Nación Argentina por petróleo, gas y demás recursos naturales del país.

Los fuertes vencimientos del año 2025, tanto en divisas como en pesos (donde la mayor parte de los títulos públicos son ajustados por inflación), limita seriamente la corrección cambiaria (devaluación), porque al Estado nacional argentino se le torna más cara la deuda (debe recaudar más pesos para pagar los vencimientos).

Situación harto difícil que hace que la actual administración del país dependa, sí o sí, del ingreso de nuevos créditos en torno a los 15.000 millones de dólares, monto que ni el FMI, ni los Estados Unidos, ni el capital financiero que opera en la Argentina tiene en sus planes inmediatos otorgárselos.

Antes van a presionar para una devaluación del peso argentino, y es el fin del gobierno de Javier Milei y de la bicicleta financiera (carry tarde) de la dupla Caputo- Bausili. Todos ellos cumplieron con el triste papel de empujar a la pobreza a más de la mitad de la población del país ^[5] y de generar condiciones para una factoría exportadora, pero van a ser reemplazados por quienes, según la pretensión de los Estados Unidos y del capital financiero con base en Manhattan, puedan continuar con el modelo pero con un precio en pesos argentinos mayor por dólar.

Lo relatado explica la desesperación del gobierno de Milei de buscar apoyo en China.

La necesidad del gobierno de Milei de la República Popular China

Después de que en plena campaña electoral Milei dijera que jamás acordaría con el país asiático por ser comunista, y que prefería negociar con países civilizados que son (para Milei) los de Occidente, dado el nivel de endeudamiento de la Argentina y la imposibilidad de pagar la deuda, pretende hacer buena letra con la República Popular China. Por esto es por lo que la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, viajará en los primeros días de noviembre de 2024 a dicho país. Y Javier Milei lo hará en enero de 2025 para la reunión conjunta entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En el año 2009 se realizó el primer acuerdo entre la República Popular China y la Argentina por el cual nos concedían financiamiento para importar productos de ese país por 70.000 millones de yuanes (unos 9.300 millones de dólares). En julio de 2017, el Banco de la República Popular de China y el Banco Central de la República Argentina firmaron un acuerdo suplementario de swap de monedas por 63.000 millones de yuanes (equivalente a 8.700 millones de dólares). Por lo tanto, el monto convertido total es de unos 18.000 millones de dólares

En junio del 2023, la Argentina y China renovaron hasta mediados del 2026 el contrato de intercambio de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de la República asiática, pero dividido en tres partes; cada desembolso tiene una fecha de vencimiento propia.

En ese marco, China le concedió a la Argentina la disponibilidad de utilizar los yuanes para pagarle al FMI: a) parte de la cuota de capital de junio de 2023 (por el equivalente a 1.000 millones de dólares) y b) parte de los intereses en julio de 2023 (por 1.600 millones de dólares). A su vez, la Argentina canceló ambos créditos de China en el mes de agosto de 2023.

En octubre de 2023, el Presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del swap con China por 47.000 millones de yuanes, que equivalen a unos 6.500 millones de dólares, de los cuales se efectivizaron casi 40.000 millones de yuanes (unos 5.500 millones de dólares), pero de libre disponibilidad. Que se le renovó en junio de 2024 al actual gobierno, que pretende renovarlo en junio de 2025.

Las reservas internacionales brutas del BCRA argentino ascienden al 30 de septiembre de 2024 a 27.172 millones de dólares, de los cuales 18.000 millones de dólares son los fondos (swaps) acordados con China.

En síntesis

La situación financiera de la República Argentina es extremadamente delicada; depende de conseguir un crédito de no menos de 15.000 millones de dólares para poder afrontar los vencimientos del año 2025.

El capital financiero con base en Manhattan es renuente a financiar al gobierno de Milei, máxime que ya obtuvieron lo que querían:

1. Que no se investigue la deuda externa (cómo se originó, qué se hizo con esos fondos, ).
2. La parte de títulos del Tesoro de la Nación Argentina que tienen en pesos se ajusta por inflación, que ante una devaluación del peso se incrementa en forma similar.
3. La ley 27.742 y con ello el RIGI.

Sin el crédito que el gobierno espera de no menos de 15.000 millones de dólares, Javier Milei podría tener  su propia fecha de vencimiento.

^[1] El crecimiento de la inflación abarca el mes de diciembre porque los títulos del Tesoro de la Nación se ajustan con un retrazo de 30 a 45 días y la compra de los títulos fue tras la devaluación de más del 100% del 12 de diciembre de 2023.

^[2] Otra parte se ajusta por dollar linked (dólar oficial) y una parte muy menor a tasa fija, como las Lecaps (Letras capitalizables) que se licitan a Tasa Efectiva Mensual (TEM).

^[3] Explica por qué el apoyo del diario Clarín a Milei.

^[4] En medio del escándalo por los “cuadernos de Centeno”, el Directorio del grupo aprobó la renuncia de Armando Loson como titular y presidente de la empresa, y lo reemplazó el hijo.

^[5] Y generar ganancias exorbitantes al capital financiero.

La ley 27.743, denominada “Medidas fiscales paliativas y relevantes”, contempla el Régimen de Regularización de Activos (blanqueo de capitales), que genera una amnistía tributaria que les permite a los evasores declarar activos financieros, bienes muebles e inmuebles (artículo 24), en el país y en el exterior, a un costo nulo o, en caso de capitales declarados mayores de 100.000 dólares, con una multa que puede partir desde el 5% del capital. Es más, cuando se trata de blanqueo de efectivo, el costo de exteriorizar también puede ser cero si los fondos se mantienen depositados hasta el 31 de diciembre de 2025 y, en caso de que la persona decida retirar los fondos antes de esa fecha (31 de diciembre de 2025), sólo debería abonar un 5% en concepto de impuesto especial.

El blanqueo de capitales de la gestión Milei genera la posibilidad de retirar lo blanqueado antes del 31 de diciembre de 2025, invertir ese dinero declarado y obtener una renta sin pagar la multa. Las operaciones que permiten hacerlo son las que aprobó el Ministerio de Economía, entre las que figuran la compra de bonos o inversiones en proyectos inmobiliarios ^[1]. También para la compra de títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, acciones y fideicomisos.

No pagarán ninguna multa los que declaren hasta 100.000 dólares hasta el 31 de octubre de 2024 ^[2]. Los que declaren más de esa suma pagarán 5% de multa sobre el excedente de 100.000 dólares hasta el 31 de octubre de 2024. Hasta el 31 de diciembre de 2024, quienes declaren en ese periodo, pagarán 10% sobre los 100.000 dólares. Y el 15% si declaran antes del 31 de marzo de 2025.

La AFIP habilitó el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) para inversiones en obras nuevas o que se estén realizando o que hayan iniciado después de julio de 2024. El formulario pide datos sobre el valor de la obra en pesos, metros totales y metros abiertos en cubierto/semicubierto/descubierto, datos del director y del representante técnico de la obra, entre otros. Además de la carátula del plano y el permiso de obra.

Si bien no hay un informe de la AFIP, al 30 de septiembre de 2024, las cuentas especiales que se deben abrir a tal fin en los bancos y en las ALyC (Agente de Liquidación y Compensación Integral) ^[3] fueron importantes. Y, en el caso de los bancos, en el balance mensual del BCRA de septiembre de 2024 se informa que el incremento de los depósitos en dólares en ese mes fue de 14.147 millones; gran parte se debe al blanqueo, y fueron fracciones menores a depósitos por compras de dólar MEP (dólar “bolsa”) y por imposiciones en cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo en divisas.

También es claro que las reservas internacionales brutas del BCRA se incrementaron en dicho lapso solamente en 453 millones de dólares, por lo que es obvio que los bancos no guardan encaje en el BCRA (parte de los depósitos recibidos) por el incremento de las imposiciones, a la espera de que los que blanquearon capital lo retiren rápidamente.

Hubo una cantidad importante de personas físicas que exteriorizaron portafolios de inversión en el exterior, producto del tratado de intercambio automático de información con los Estados Unidos, firmado por el ex ministro de Economía Sergio Massa en septiembre de 2023. El acuerdo FATCA, el CRS de Estados Unidos^[4], hizo que se girara a la AFIP en septiembre de 2024 el primer informe proveniente de ese país con los datos del año anterior, por lo que los que tienen cuentas en los Estados Unidos quedaron expuestos.

Esa combinación de blanquear capitales y el cruce de información con los Estados Unidos explica la importancia que tiene, pero no se vuelca a la inversión y al consumo de bienes y servicios locales.

El ministro Luis Caputo afirmó por las redes que el objetivo del blanqueo no es recaudatorio, ni tampoco que se acrecienten las reservas internacionales del BCRA, sino que financien al sector privado. Esto sería que se saquen los dólares del “colchón” o de las cajas de seguridad y que se usen para el consumo o la inversión en el país. Pero la inversión va a ser en enclaves exportadores (tipo petróleo y gas), como lo demuestra el crédito tomado por Pampa Energía, que el mismo Caputo refiere en su mensaje de texto. Y la mayor parte va a emplear el capital “blanqueado” usando el “dólar” barato para importar y/o gastar en el exterior; máxime que el 24 de diciembre de 2024 cesa de cobrarse el Impuesto PAIS (que es una recarga a las importaciones y al turismo).

Quiénes se benefician del mayor consumo por el blanqueo

Paralelamente, el Ministerio de Economía informa en la página oficial que “el gobierno continúa reduciendo aranceles”. El gobierno nacional desde el 1 de octubre de 2024 reduce aranceles de importación de neumáticos para autos y motos, plásticos, pequeños electrodomésticos y productos de uso doméstico con el objetivo de alentar la competencia y beneficiar a la industria y a los consumidores. Y publica un extenso listado resumido en el siguiente cuadro.

Todo esto, en medio de la depresión económica que el mismo gobierno estima para este año de 3,8% de caída del PIB, y con un descenso de la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) del 22,2%, según consta en el anexo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025. Ante una caída del consumo que el INDEC estimó para el primer semestre 2024 de 9,8% (INDEC – Cuentas Nacionales 18 de septiembre de 2024), el gobierno, que desde julio de 2024 dejó de acumular reservas internacionales, propicia la sustitución de la producción local por importaciones, que se financiará con más deuda externa y/o con el capital blanqueado.

La propuesta y la amenaza ya la había realizado Luis Caputo con las grandes empresas formadoras de precios de los productos que conforman la canasta básica total (Arcor, La Serenísima, Molinos Río de la Plata, Frigorífico Rioplatense, Unilever, Procter & Gamble Argentina, Colgate-Palmolive, etc.) el viernes 8 y, el lunes 11 de marzo de 2024 con los supermercadistas (nucleados en ASU ^[5]), cuando les dijo: “El techo de los precios es el internacional, no pueden vender por encima de ese precio, sino abro la importación”.

No sólo no le hicieron caso, sino que los precios crecieron mucho más que el precio oficial del dólar (inflación de nuestros precios medidos en dólares).

En síntesis

El plan, por llamarlo de alguna manera, es reducir lo máximo que se pueda el consumo interno para aumentar los saldos exportables de minerales, de energía, de forraje y de alimentos. Como no lo pueden hacer por devaluación de nuestra moneda, porque la inflación que se desata (pass through) provocaría el default de la deuda, dado que la mayor parte de los títulos de deuda en pesos son ajustados por inflación, deben recurrir a la depresión económica.

La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aun con Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre. Con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de la deuda y el modelo extractivista agropecuario, financiero exportador.

Murray Rothbard,^[6] en quien Milei se referencia, sostenía que los Estados Unidos debían producir para el mercado interno, que lo que no se podía vender se debía exportar, y si no que se dejara de producir, que el mercado iba a reasignar los recursos para otra producción. En la visión del colonizado de Milei, primero que se exporte, si no se puede exportar, que se lo venda en el mercado interno al precio internacional y, si no se lo puede vender a ese precio, que se deje de producir. Como en la década de los 90, la desocupación y la pobreza son datos que para ellos no existen.

^[1] La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) para inversiones en obras nuevas o que se estén realizando o que se hayan iniciado después de julio de 2024.

^[2] La AFIP, mediante la Resolución General 5578/2024 publicada en el Boletín Oficial, prorrogó los plazos del blanqueo del 30/09 al 31/10/2024.

^[3] Son las entidades a través de las cuales se puede acceder al mercado de capitales.

^[4] El acuerdo es menos amplio que el CRS y solo alcanza a personas físicas con cuentas en Estados Unidos que generen rentas sujetas a retención allí y no incluye sociedades extranjeras con beneficiarios argentinos. La información compartida se limita a las rentas de origen americano, no a saldos ni movimientos. A diferencia del blanqueo de 2016, donde la presión del CRS llevó a muchos a regularizar sus activos.

^[5] Asociación de Supermercados Unidos (ASU): Coto, Carrefour, La Anónima, Libertad, Chango Más, etc.

^[6] Murray Rothbard (1926-1995) fue un economista perteneciente a la escuela austriaca de economía neo clásica que publicó notas y libros sobre la inutilidad del Estado y la imperiosa necesidad del libre mercado.

La crisis del año 2001 fue el final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar y la convertibilidad de nuestra moneda, de la apertura sin freno de la economía, con una recesión que terminó en saqueos, 39 muertos, la caída del gobierno, cinco Presidentes en 12 días de desorden generalizado y, en ese momento, la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100.000 millones de dólares.

Los estertores de la convertibilidad presentaron en el seno empresarial una división impulsada por los capitales extranjeros que querían la dolarización (pensemos en las empresas privatizadas con mercado cautivo y en general todos los que prestaban y/o vendían bienes y servicios al mercado argentino y los acreedores que querían cobrar en divisas y necesitaban que sus deudores compraran dólares baratos en pesos para pagarles) y, enfrentados, los grandes grupos económicos locales (que incluyen a los grandes terratenientes, acopiadores y comercializadores agropecuarios) y algunos conglomerados extranjeros que necesitaban salir del corsé de la convertibilidad del peso mediante una devaluación del signo monetario que ocasionaba pérdidas al capital extranjero invertido en el país y beneficiaba al poder económico de los grupos económicos locales, ya que sus recursos invertidos en el exterior y los ingresos corrientes de su saldo comercial estaban y están dolarizados.

En la población la devaluación provoca y provocó un fuerte descenso en el poder adquisitivo de los trabajadores y con ello una drástica caída del consumo y un fuerte descenso del PIB, empujando a la pobreza a una parte cada vez más considerable de la población.

Dimitió Fernando De la Rúa y, finalmente, tras diversas asunciones y renuncias, se hizo cargo en forma interina del Poder Ejecutivo el senador bonaerense Eduardo Duhalde,  impulsado por una amplia coalición que reunía una extensa lista de fuerzas socio-políticas que iban desde los empresarios de la Unión Industrial Argentina y el Grupo Productivo (que era en realidad el sector hegemónico y principal beneficiado del fin de la convertibilidad), sectores sindicales de la CGT y de la Iglesia Católica, hasta integrantes de distintos partidos políticos, como el Frepaso, Acción por la República, partidos provinciales y —sobre todo— los sectores bonaerenses y alfonsinistas de la UCR y del peronismo, muchos de los cuales eran parte del MPA (Movimiento Productivo Argentino).

Por qué esta vez es distinto

Una vez aceptada y legitimada la deuda externa por el gobierno de Alfonsín, la propuesta de los grupos locales y del capital extranjero fueron las privatizaciones que llevó a cabo Menem para quedarse con el rico patrimonio estatal. Pero una vez logrado eso no tenían forma de aumentar la ganancia y la acumulación de capital sin que un sector priorizara a otro, por un lado, y sin seguir con la expulsión de trabajadores, base permanente del conflicto social, por el otro.

La crisis de 2001 demostró que el modelo estaba agotado y aceptaron la vuelta a la defensa del mercado interno, para lo cual los grupos locales estaban mejor posicionados.

Pero esta vez es distinto porque no necesitan acumular capital en el país. Ahora vienen por los recursos naturales (petróleo, gas, oro, plata, cobre, litio, minerales raros, etc.) que poseemos en calidad y abundancia, como lo afirma el embajador Marc Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”, basándose en datos suministrados, por ejemplo, por el Instituto Baker [1]. Por ende, priorizan, por sobre cualquier otra economía, la detracción de dichos recursos en un verdadero enclave extractivista, para lo cual cuentan con la Ley 27.742 y su reglamentación, que contiene el RIGI (Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que les concede beneficios de todo tipo: estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y al quinto año pueden no liquidar en el país las divisas de las exportaciones.

Un Presidente que se subordina a la política exterior de los Estados Unidos, con discursos grandilocuentes y ridículos que mancillan nuestra historia y dignidad —discursos que no se animaron a pronunciar las distintas dictaduras militares—, en un marco de embrutecimiento de nuestro pueblo, con representantes corruptos (pasados por el temor del carpetazo presente y futuro), que creen que este es el único modelo posible, ofreciéndose como alternativa electoral a este desgobierno, garantizando la continuidad de factoría exportadora.

El enfrentamiento se dirime en el precio del tipo de cambio entre los devaluacionistas, que son los productores, acopiadores y comercializadores de granos y de carnes, los miembros locales del Club del Petróleo, los extractores de litio y minerales raros, y otros exportadores (siempre que no estén regidos por el capital financiero internacional), por un lado. Y, por el otro, los bonistas (principalmente el capital financiero internacional), que trajeron dólares y compraron títulos públicos en pesos para financiar principalmente el déficit fiscal que dejó la Administración anterior que, según la Cuenta de Inversión [2] de 2023 fue del 4,7% del PIB (es en pesos, pero esos títulos de deuda pública que se emitieron dieron lugar a que ingresaran al país unos 22.560 millones de dólares para comprar títulos públicos en pesos, mayoritariamente ajustados por inflación). A esos bonistas se les prometió que hasta el 20 de enero de 2025 la devaluación de nuestra moneda será a una tasa del 2% mensual o menos, y que la inflación medida por el IPC del INDEC va a superar ese porcentaje, con lo que van a seguir obteniendo una renta positiva en dólares.

La riqueza potencial de recursos de la Argentina (donde su apropiación significa renta segura por muchos años) y el hecho de la fuerte interrelación entre los devaluacionistas y los principales capitales financieros que necesitan y exigen un dólar que crezca por un tiempo menos que la inflación le hacen perder plata al “campo” y al Club de Petróleo.

Esto solo puede entenderse si se comprende el grado de inversión del capital financiero internacional en la Argentina, principalmente con sede en Manhattan, New York: BlackRock [3], Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, etc. Y eso explica por qué en los principales pools de siembra del país (Adecoagro S. A., Cresud S. A., Lartirigoyen y Cía., MSU – Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, Grupo Duhau, etc.) tienen participación los fondos de inversión y todos cotizan en la Bolsa de Nueva York. En el caso del Club del Petróleo es mayor aún, con firmas directamente extranjeras como Chevron, Apache, Exxon Mobil, Total, Shell, etc., y las supuestas nacionales como Pampa Energía (con participación directa de BlackRock), Tecpetrol, YPF, Compañía General de Combustible, Pan American Energy, Pluspetrol, y Vista Oil&Gas, en todas tienen participación o son financiadas por el capital financiero internacional con base en los Estados Unidos.

Son ellos los que “marcan los tiempos”, necesitan recuperar con creces el capital que trajeron para financiar el déficit fiscal, a la par que ahogan por el atraso cambiario a la producción local. Eso explica por qué el equipo económico de este gobierno insiste en que no va a devaluar hasta del 20 de enero de 2025 y que, para esa fecha, puede conseguir el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.

Se basan en la inconmensurable riqueza petrolera y gasífera (incluida la Antártida argentina) que implica, en los próximos años, fuertes inversiones en máquinas y equipos para detraerla. Y eso significa un país caro en dólares porque la oferta de las divisas superará la demanda.

En la paritaria de este mes de septiembre de 2024 entre la UOM y el grupo Techint, el holding siderúrgico ató la discusión salarial al dólar, en términos de la devaluación del peso que mensualmente dispone el gobierno nacional, y propone ese porcentaje como techo del ajuste de las remuneraciones.

Es más, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en un aniversario de estadía en el país de Shell Argentina, afirmó: «Nosotros dimos el primer paso, pero si el sector privado no da el segundo, esto se cae, no importa el consenso». El segundo paso es que no solo no apuesten al dólar, sino que inviertan con el precio actual de las divisas, porque va a ser así hasta que cada sector (y Shell es una gran empresa en el rubro) se posicione y después decidan cuando y en qué porcentaje se devalúa.

Grandes empresas que operan en el país lo aceptan y/o propician, tal es el caso de la emisión de deuda en obligaciones negociables por 3.695 millones de dólares, entre enero y julio de 2024, que emitieron YPF, Grupo Clarín (Telecom), Pan American Energy, Aluar (Grupo Madanes), Vista Oil&Gas (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex – CAPSA (petrolera de la familia Götz), Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles), etc.

El “campo”, como le gusta autollamarse, a regañadientes lo está entendiendo así, esto explica por qué si hasta agosto de 2024 habían exportado por 16.000 millones de dólares (un 60% menos que los 25,7 mil millones de dólares del año 2022), en este mes de septiembre incrementan fuertemente sus ventas al exterior, que liquidan 80% al precio oficial y 20% en el CCL (Contado con Liqui), cuando la brecha entre ambos tipos de cambio (dólar oficial y dólar CCL) es la menor desde que se creó dicho mercado paralelo.

Por supuesto, para abonar el modelo extractivista es imprescindible destruir el mercado interno, que la demanda local de energía y alimentos, que son los bienes que exportamos, sea la menor posible y, para eso, internacionalizan sus precios. Si se quiere consumir en la Argentina se debe pagar el precio internacional.

Eso explica por qué, pese a que el campo liquida solo el 80% de sus exportaciones en el mercado oficial, el superávit comercial hasta agosto de 2024 es el mayor (en ocho meses) de toda nuestra historia comercial, por 14.151 millones de dólares, gracias principalmente al fuerte descenso de las importaciones, que es funcional a la depresión económica, objetivo buscado por el plan del gobierno de Milei.

El problema es que los grandes formadores de precios del país (en combustible y en alimentos son también grandes exportadores) operan sin control alguno, remarcaron y remarcan todo lo que pueden, como confesó Federico Braun (presidente de La Anónima): «Remarcar precios todos los días», para conseguir márgenes de ganancia aún mayores de los que obtuvieron siempre (y en dólares).

Esa remarcación por encima del precio oficial del dólar genera la inflación medida en moneda extranjera y hace que la Argentina sea un país caro en divisas y la población, cada vez más pobre.

Sin reservas en el BCRA

Otra demostración de que el modelo extractivista impuesto sigue adelante es el “blanqueo” de capitales, que empezó muy mal, pero que desde el lunes 16 de septiembre se acrecienta día tras día en apertura de cuentas a tal efecto y en el depósito de capitales exteriorizados en estas, a razón de más de 500 millones por día (en la última semana de septiembre de 2024). La AFIP extendió el plazo de la primera etapa al 31 de octubre de 2024, dejando las mismas condiciones, esto significa que el efectivo regularizado al 30 de septiembre puede ser retirado total o parcialmente desde el 1° de octubre de 2024, y los que lo hacen al 31 de octubre pueden retirarlo el 1 de noviembre de 2024.

El problema es que las imposiciones recibidas por los bancos, hasta fin de septiembre de 2024, no constituyen encaje (depósito) en el BCRA, por ende, las reservas internacionales del BCRA no se acrecentaron y, como reconoció en el exterior Vladímir Werning, son negativas en torno a los 3.500 millones de dólares [4].

Sin contemplar el pago de los intereses de toda la deuda pública y del capital de la deuda en pesos, la Administración nacional hasta fin de año debe enfrentar obligaciones en divisas por vencimiento de capital (según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación) por 1.944 millones de dólares. Y, a la vez, por el compromiso asumido por la dupla Caputo-Bausili en la VIII Revisión del Acuerdo con el FMI, deben acrecentarse las reservas en 2.000 millones de dólares al 30 de septiembre de 2024 y, en total, en el año 2024, en 9.700 millones.

El proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración nacional 2025 reconoce vencimientos de capital de deuda por 13.500 millones de dólares

Pero esa debilidad es la fortaleza del capital financiero con sede en Manhattan, dado que son ellos los que pueden convencer al nuevo gobierno de los Estados Unidos para que el FMI le preste, ampliando el crédito actual (de esa manera ellos cobran en efectivo y la deuda pública se amplía), porque la Argentina cuenta con “lo que el mundo necesita”. Esto es, para que conviertan los títulos de deuda pública al 100% en petróleo, gas y otros recursos que la Argentina posee en abundancia.

En síntesis

Avanzan en un modelo extractivista con la complicidad manifiesta de un amplio sector político, social y gremial del país. En lugar de emplear nuestros recursos para “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, una minoría parásita y rentista (principalmente extranjera) se la apropia.

Sin embargo, existen propuestas nacionales y populares de defender nuestro mercado interno, del trabajo y de la producción, como es, por ejemplo (y no es el único), el Foro de Economía y Trabajo, vinculado a organizaciones sindicales, sociales y empresariales pymes. Y también hay otras voces que defienden un futuro para todos, pero que los grandes medios ocultan y silencian.

[1] El Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de los Estados Unidos cuenta con una de las mayores bases de datos de recursos naturales del planeta.

[2] Es el Presupuesto ejecutado del año 2023 de la Administración nacional.

[3] En el mundo tiene participación accionaria en Chevron, Apache, Exxon Mobil, Ford, General Motors, Netflix, IBM, Fox, Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon, Meta, PepsiCo, Coca Cola, Microsoft, Google, JP Morgan, Warner Bros, McDonald’s, Bayer-Monsanto, Viacom (conglomerado mediático estadounidense con intereses mundiales, en la Argentina con TELEFE), Procter & Gamble, Unilever, etc. En la Argentina en TRASENER, Transportadora de Gas del Sur, Viterra (es la principal acopiadora y comercializadora de granos del mundo), Glencore (participa en la explotación de oro y cobre en el país), Central Puerto, Loma Negra, IRSA, Telefónica Argentina, Tenaris (Techint), Mercado Libre, Arcos Dorados, Adecoagro, NEW CO (la principal productora de litio del país), etc.

[4] Para la mayoría de las consultoras locales, que participan en el REM del BCRA, son negativas por 5.000 millones de dólares o más.

La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2025 prioriza el pago de los servicios de la deuda pública (capital e intereses) que, según la Planilla N.º 12, anexa al art. 8.º, implica financiar vencimientos de 158.623.971 millones de pesos en el año venidero, para lo cual se prevé abonar intereses por 9.984.429,1 millones de pesos.

Modificando el orden de la formulación presupuestaria dispone en el art. 1º del proyecto, como regla fiscal, que el sector público nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025, y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario (resultado financiero significa contemplando el pago de los servicios de la deuda bruta). La regla fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción.

El equilibrio financiero que prioriza es para pagar los servicios de una deuda pública nacional que no se investigó, que pasó de 222.703 millones de dólares en diciembre de 2015 a 452.071 millones de dólares al 31 de julio de 2024, que no se sabe a ciencia cierta en qué se utilizó y a quiénes benefició y beneficia; pero eso sí, se va a pagar enajenando las reservas de petróleo y gas, de oro y plata, de litio y minerales raros, etc. Es decir, con la prioridad del pago de la deuda y ante su imposibilidad manifiesta de cancelarla, se cede la explotación de nuestros recursos naturales al capital privado, para lo cual cuentan con la Ley 27.742 que incluye el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) con reglas y normas propias, con posibilidad de recurrir al CIADI y a otros fueros en el exterior, pueden utilizar prioritariamente nuestros recursos naturales, al quinto año no liquidan sus exportaciones en el país, y no tienen obligación de abastecer al mercado interno.

Para ello necesitan reducir el gasto público y la intervención y el control estatal, para posibilitar la privatización de los recursos que no pertenecen a este gobierno, sino al pueblo y a las futuras generaciones de argentinos.

Severas inconsistencias

En busca de enajenar el patrimonio nacional, el Proyecto de Presupuesto 2025 presenta severas inconsistencias que lo hace irrealizable.

1. Inconsistencia Macro 

Tiene el mérito de reconocer para este año 2024 la caída de la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) del 22,2% del PIB, descenso que refleja la depresión económica imperante, similar a la del año 1975 tras el “Rodrigazo”, a la de la crisis de 1982 (post Malvinas), a la de la hiperinflación de 1989-1990, y a la del fin de la convertibilidad de 2001-2002.

Pero, para el año 2025 es incompatible sostener que el tipo de cambio crece igual que la inflación (18,3% anual, 1,4% mensual):

• a) Por el carry trade (bicicleta financiera), si compraron títulos públicos ajustados en pesos, es porque la inflación supera a la devaluación del tipo de cambio.
• b) Por las exportaciones, es imposible que crezcan si no se ajusta el tipo de cambio.
• c) Las importaciones con el atraso cambiario deberían crecer mucho más, salvo que la depresión económica sea tan grande que la limite.

2. Inconsistencia presupuestaria

• a) El gasto público de la Administración nacional se reduce este año 2024 en 4,6% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 21.700 millones de dólares), de allí que Javier Milei se jacta de haber echado 31.000 agentes de la Administración nacional, de disminuir en 1,8% del PIB el gasto previsional, de paralizar la obra pública (que el año 2023 fue del 1,3% del PIB) y de reducir las transferencias a las provincias en un 14,9 % en términos reales, acciones que proyecta conservar al menos iguales para el año 2025.
• b) El pago de los intereses y otras rentas de la propiedad (en una deuda que no deja de crecer) son menores en porcentajes del PIB. Desciende de 1,8% del PIB en el año 2023 (dato del ejercicio fiscal finalizado —cuenta de inversión 2023—), se estiman para este año 2024 de 1,5% del PIB, a 1,3% para el año 2025, salvo que antes de fin de año reestructuren (o “reperfilen” como le gusta decir a Hernán Lacunza) la deuda.
• c) El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 contempla un incremento en jubilaciones, pensiones y retiros, para el cual se prevén 13.571.842 millones de pesos más, que representa un aumento nominal del 39,3% respecto del ejercicio 2024. Crece con respecto a la inflación prevista de 18,3%, pero es semejante a la inflación que pronostica el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), del BCRA, en torno al 40%. Por ende, lo que nos dice es que incrementándose el número de beneficiarios, destinan la misma partida, y siguen descendiendo en términos reales los haberes previsionales
• d) También aumentan las partidas para las transferencias a las provincias y municipios en un 77,4% nominal con respecto a este año 2024, pero queda supeditado a que aumenten los ingresos.
• e) El ajuste se profundizará en lo destinado a subsidios a la energía, dado que en el Mensaje del Presupuesto 2025 afirman: “Promover el libre mercado para garantizar la asignación eficiente de recursos energéticos, eliminando distorsiones causadas por la excesiva intervención estatal”. Eso significa que continuarán con los recortes de las compensaciones estatales y los aumentos de tarifas. Actualmente, los usuarios residenciales pagan, en promedio, el 64,78% del precio mayorista de generación y en el presupuesto 2025 prevén que pasarán a abonar el equivalente al 84,83% del costo real de la energía.
• f) En cuanto a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el Presupuesto contempla un aumento en la recaudación del 155,2% con respecto a los ingresos de este año. Superará los 5,53 billones de pesos y, según la explicación oficial, será por el traslado a los precios de los surtidores de “las actualizaciones pendientes” de esos tributos.
• g) En el gasto de capital (obra pública) y financiamiento de capital, las transferencias de capital aumentan un 18,7% (tasa similar a la inflación prevista de 18,3% pero menor a la estimación del REM del BCRA). Las transferencias de capital más significativas son para obras en las provincias y municipios, para la empresa Energía Argentina S. A. (Enarsa), la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (Aysa S.A.), y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S. E.

Proyecciones de ingresos

En las previsiones de recaudación tributaria se prevé la reducción del impuesto a los bienes personales, que aportará un 0,11% del PBI (833.000 millones de pesos) menos que el 0,19% del PIB con el que terminará el 2024.

Mientras, los sectores de menores ingresos deberán enfrentar fuertes subas en los gravámenes. Los mayores incrementos se presentan en el monotributo, que se triplicaría de un año al otro (0,04% del PBI en 2024 a 0,09% del PBI en 2025), y en el impuesto a las ganancias pagado en su mayoría por trabajadores, al no modificarse el mínimo no imponible del tributo que pasará de representar el 4,42% del PBI este año hasta 5,05% en el 2025, es decir 0,63 puntos porcentuales más.

El impuesto a los combustibles también tendrá un fuerte reajuste a lo largo de 2025, que pasará de 0,38% a 0,76% del PIB en por lo ya explicado en el punto “f”.

Es llamativo que estiman que los aranceles por exportaciones duplicarían su recaudación (de 0,96% del PBI en el 2024, a 1,43% del Producto en el 2025), cuando no se espera una fuerte suba de los precios ni de las cantidades exportadas. Y en menor medida sucede con otros tributos, para que el total de ingresos tributarios sea del 22,92% del PIB en el año 2025, contra el 22,37% de este año 2024, cuando cesa de percibirse el Impuesto PAIS que, según estima el propio gobierno, implica un ingreso del 1,1% del PIB.

También habrá una caída en términos reales (descontada la inflación) en la recaudación del IVA. En términos del PIB, el IVA neto de reintegros se reducirá en 0,31 puntos con relación a 2024, considerando entre otros factores el supuesto de finalización de la suspensión de los certificados de exclusión para operaciones aduaneras, que impacta en la comparación interanual.

Prevén para el año 2025 un acrecentamiento en aportes y contribuciones a la seguridad social, que explican en el Mensaje del Presupuesto por los aumentos proyectados de la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible y los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio. En el mismo sentido, incidirán los mayores ingresos esperados correspondientes a los regímenes de facilidades de pago. Esas proyecciones se contradicen con la realidad, cuando en este año están descendiendo dichos aportes y contribuciones mes a mes, por la depresión económica imperante.

Obviamente, y de acuerdo a la Regla Fiscal del art. 1 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025, de no cumplirse las previsiones, se reduce el gasto primario (antes del pago de los servicios de la deuda), para garantizar el pago de los intereses y vencimientos de capital de la deuda.

Otro país, otro modelo económico y social

La Administración de Javier Milei demuestra en todo su accionar y propuesta cómo se convierte un país que posee fuentes de energía y produce alimentos, que cuenta con una mano de obra capacitada y disciplinada, en una factoría extractivista.

En 1949, John William Cooke como constituyente explicaba la imperiosa necesidad de la intervención del Estado en la economía y de la reforma de la Constitución nacional: “Las enormes concentraciones financieras —resultado fatal de la lucha por las materias primas y los mercados— crearon condiciones en que no pudo cumplirse con ninguno de los supuestos en que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de las grandes organizaciones capitalistas, de proyecciones mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica sino política. Este estado de cosas obliga a la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las fuerzas económicas”.

Arturo Sampay aseveraba: “Frente a la realidad de las empresas multinacionales y el imperialismo que estas ejercen sirviéndose del poderío de los Estados altamente desarrollados, el principio de la soberanía promueve y condiciona el progreso esencial del derecho internacional contemporáneo. Lejos pues de ser arcaico, el principio de la soberanía tiene una fuerza decisiva para mantener la paz e impulsar el progreso de los pueblos”[1].

El Capítulo IV de la Constitución nacional de 1949, compuesto por tres artículos, plantea la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. En el art. 38 dice que la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. En el art. 3 manifiesta que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Y en el art. 40, que toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios, para afirmar: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

Cuando Marc Stanley dice que la Argentina tiene lo que el mundo necesita, no deja que esos valiosos recursos se empleen para “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”. El peronismo de 1945 hubiera acuñado la consigna “Marc Stanley o Perón”.