Este miércoles 2 de octubre los gremios docentes convocan a una marcha nacional universitaria en defensa de la educación pública terciaria. La gratuidad universitaria en Argentina, es un logro obtenido en 1949 cuando, a través de un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos necesarios para funcionar. Como resultado de esta sanción, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente, de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954. Algunos somos hijos y nietos de esta gratuidad, hemos visto como la universidad pública mejoró la vida de nuestros progenitores que fueron primera generación de graduados universitarios.
En la actualidad el paradigma de la movilidad social ascendente se encuentra atravesado por la gran concentración económica de los empresarios tecnológicos que manejan grandes fortunas. Para ahondar en esto debemos leer a Tokatlian y los estudios de OXFAM(“Desigualdad S.A.: El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora”), que constata que “el 1 % más rico posee el 43% del conjunto de los activos financieros globales. Si nos fijamos en las 50 empresas públicas más grandes del mundo, el 34 % tienen a un milmillonario como director ejecutivo o entre sus principales accionistas, con una capitalización bursátil total de 13,3 billones de dólares las “tres grandes” gestoras de fondos indexados (BlackRock, State Street y Vanguard) que gestionan en total unos 20 billones de dólares en activos de personas, cerca de una quinta parte de todos los activos bajo gestión, lo que ha profundizado el poder monopolístico”.
Hemos visto en 2024 que las políticas públicas libertarias están dirigidas a los poderosos (en algunos casos los empresarios son parte del gobierno nacional o nombran a sus agentes como funcionarios públicos) lo que en materia universitaria se traduce en un intento por la vuelta al arancelamiento para que los bancos privados puedan ofrecer créditos universitarios a altas tasas como ocurre en países neoliberales como Chile. Hoy nos enteramos en diversas publicaciones digitales (1) que los libertarios evalúan distintas medidas que incluyen limitar el ingreso irrestricto, establecer un sistema de pagos y fomentar los llamados “préstamos de honor”, similares a los que se utilizan en países como Chile. En este escenario, los hijos de la Canciller Nacional Mondino, Francisco y Simón Pendas, que forman parte del directorio del Banco Roela, están atentos a la evolución de esta discusión, ya que podría abrir una nueva y lucrativa vía para las entidades financieras.Actualmente, el Banco Roela ya tiene presencia en instituciones educativas privadas, especialmente en Córdoba, donde ofrece servicios en la sede de la UCA y en varios colegios secundarios. Además, a través de su sistema Siro, la entidad brinda soluciones de cobro a organismos tanto públicos como privados, consolidándose en un nicho estratégico.
El impacto social positivo de la educación pública universitaria se puede ver en las carreras de medicina con sus hospitales públicos universitarios y en los concurrentes en los hospitales públicos. También en el patrocinio jurídico gratuito de las distintas universidades públicas y la tarea que desarrollan para con las mujeres vulneradas víctimas de violencia de género y violencia económica a través de la falta de pago de los alimentos para las infancias y adolescencias a su cargo.
La universidad pública argentina mejora la calidad de vida de los seres humanos a través de descubrimientos como la vacuna ARVAC (contra el COVID) desarrollada en Argentina entre la Universidad Pública Nacional de San Martin (UNSAM) y diversos laboratorios privados. Esto es un claro ejemplo de investigación de alto nivel entre las universidades y empresas donde las universidades se centran en la investigación y las empresas en el desarrollo de tecnología. En conclusión la investigación básica de las universidades públicas puede desarrollar una gran sinergia con las distintas empresas del sector privado
También debemos tener en cuenta que fomentar la educación privada a través de subsidios públicos y desfinanciar/ ajustar las instituciones públicas, genera un repudio hacia las instituciones de gestión pública a la que asisten los sectores vulnerados cuyas madres cobran la Asignación Universal por Hijo (solo se accede a la AUH si el menor concurre a una escuela pública). Esta política discriminatoria a los que menos tienen, se acompaña con un ajuste al salario de los docentes/ no docentes de los trabajadores de la educación terciaria (inflación del 58% y oferta heroica del gobierno nacional del 5.8%).
Afortunadamente nuestra Sociedad Civil entiende que la universidad pública mejora las vidas de los que pasan por sus aulas, sus familiares y descendientes. En un mundo desafiante con inteligencia artificial, redes sociales y noticias falsas, el pensamiento crítico resulta ser una herramienta relevante para vivir plenamente en este siglo digital. En esta era libertaria, defendemos nuestra universidad pública que mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos, sus familias y nuestras empresas.
(1) Que hay detrás del millonario negocio de los créditos universitarios, Infoplatense, 28 de septiembre de 2024
«El gobernador nos pidió analizar minuciosamente el presupuesto»… Nos dice el Senador Nacional Guillermo Andrada. Ayer el presidente Javier Milei apuntó a las provincias para completar la reducción del gasto público y les pidió un ajuste de 60.000 millones de dólares para próximo año. Además, afirmo Andrada, “no tener un presupuesto es muy dificultoso para el rumbo de la provincia porque no tienes garantizados los recursos que te van a venir y quienes están manejando lo hacen de forma discrecional”, advirtió. Claro que es importante tener un presupuesto nacional aprobado por los legisladores, todo el país se alinea a ese proyecto, porque en definitiva es la ley de leyes cómo se le llama a este. En el caso de nuestra provincia significa el 80 % de los recursos que demanda el funcionamiento del estado provincial y municipal. Un 14 % % restante son recursos propios. Luego aclaró Espert que ya no son los 60000 millones de dólares que deben aportar las provincias (leído por el presidente Milei en su discurso de presentación del presupuesto en el Congreso Nacional), para achicar el déficit sino 20000 millones de la misma moneda. Veamos con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) su Informe Fiscal: Análisis de los ingresos, gastos y resultados del sector público nacional: datos a agosto de 2024: El presupuesto 2025 de Javier Milei, nos lleva a un ajuste fiscal, regresividad tributaria e inconsistencias macroeconómicas. La “regla fiscal” y las implicancias. El proyecto de ley de presupuesto 2025 contiene disposiciones que precisan y amplifican lo anunciado por el presidente el día domingo 15 de septiembre. En primer lugar, los artículos 1 y 70 establecen la “regla fiscal”. Es una reedición de la regla de “déficit cero” de la ley 25.453 del año 2001. Aquella norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en el año 2002 (fallo “Tobar”). La Corte Suprema consideró que implicaba un exceso de discrecionalidad a favor del poder ejecutivo y que no cumplía con los términos propios de una medida de emergencia, en tanto no contenía una pauta temporal concreta de vigencia. La importancia de los recursos tributarios de origen nacional sobre la recaudación provincial: La recaudación fiscal actualmente sufre un importante impacto negativo, tanto en el nivel nacional como en los niveles subnacionales. Resulta relevante indagar en el peso relativo de estas transferencias sobre el total de los recursos provinciales. Los ingresos provinciales provienen básicamente de dos fuentes: recursos propios (principalmente, ingresos brutos, inmobiliario, automotor y sellos) y recursos tributarios de origen nacional, principalmente por transferencias de coparticipación. en lo que respecta a las transferencias tributarias de origen nacional, éstas representan una buena parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan 56,6% en recursos de coparticipación federal de impuestos (CFI), mientras que si se incorpora el resto de Transferencias de Origen Nacional (RON), el guarismo asciende a 70,3% del total, algunas provincias presentan un alto nivel de dependencia de los recursos tributarios de origen nacional, principalmente por recursos coparticipables, como Formosa, La Rioja, Catamarca, Chaco, Jujuy, San Juan, mientras que, en el otro extremo, los niveles de recaudación de recursos locales son sensiblemente mayores, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Catamarca recibe el 78,5 % coparticipación y RON (recursos de origen nacional), la provincia completaría el 100 % con un 13,9 % con sus propios ingresos.A su vez se recibió hasta agosto 2024 de fondos RON un -15,7 %. El promedio de la pérdida de las demás provincias es del -18% (hasta donde tenemos una relación conveniente con Milei). En fondos coparticipables Catamarca recibió un -15,6 %. Si ahora habrá que aportar a esos 20000 millones de dólares desde todas las provincias, para alcanzar las metas del déficit «0» en el 2025 y las mismas recaudan bajo todo concepto 30000 millones de dólares, el panorama es insostenible. Estamos de acuerdo de que en el presupuesto se debe primero verificar sus metas presupuestarias, luego en su posibilidad objetiva de ejecutarse, cuidando siempre que estamos hablando de casi 44 millones de argentinos, que aportan a ese PBI y que fundamentalmente necesitan «vivir». Más allá de la irresponsabilidades de las deudas contraídas, anteriores y las actuales, que seguramente habrá que pagar, pero, cómo lo planteo N. Kirchner, «Con el crecimiento del PBI se pagará», pero no en base al hambre (cierre de fábricas, caída mayor en las jubilaciones, aumento de la pobreza, aumento del déficit de viviendas populares, reducción de la inversión y gastos en lo social etc.
Esto lo hace al presupuesto «dificultoso», no «previsible». Es más que su aprobación o no, porque presupone una caída en la recaudación nacional que impactará en las provincias y que será del orden del -24 % en el 2025. Esta «imprevisibilidad y discrecionalidad» de Milei es su forma de ajustar el gasto público de Argentina, más allá decir por ejemplo el 32 % de ese achique hasta aquí se lo sacaron a los magras jubilaciones, las provincias ya en lo que va del 2024 recibieron un -14 % menos para sus inversiones-gastos, explica Horacio Rovelli en su análisis del presupuesto de Milei. También nos dice Rovelli: no leyó ningún presupuesto en el Parlamento, dijo que el gasto público consolidado: nación, provincias y municipios tiene que ser un 25 % del PBI presupuestado, cómo hacen en Paraguay Y Chile. En esos países el estado no tiene una presencia muy fuerte, en cambio en Argentina siempre el estado tuvo un estado presente, muy significativo como forma de redistribuir sus riquezas producidas en todo su territorio, en especial en el gasto social: viviendas, caminos, escuelas, hospitales, universidades, vacunas, remedios para los jubilados, respuestas a la pobreza, etc. Lo último medido o que se sabe fue el gasto público consolidado 21-22 que fue del 43,2 %. Del período 22-23 no se conoce el dato. De los datos conocidos se infiere que, del gasto público consolidado, la Nación paga el 24,40%% , las Provincias el 15,7% y los Municipios un 3,3 %. En Tucumán en la madrugada fría de julio, se firmó el pacto con las mayorías de los gobernadores donde entre otros asuntos se declaró que el gasto público consolidado debería ser el 25%. Sigue Rovelli diciendo que, en el discurso sobre el presupuesto 2025 la semana pasada Milei anuncia que las provincias tienen que absorber un déficit de 60000 millones de dólares de su gasto público. En las provincias, que significan del consolidado (nación, provincia, municipios) el 12,7 % del PBI, este es 470000 millones de dólares, si las provincias gastaban o invertían, el 15,7 %, solo gastarían el 3 % del PBI. Además de estas imposiciones van a priorizar los gastos que demande la deuda externa, esto reducirá en mayor medida las transferencias a las provincias. La inconsistencia entre el discurso y lo que van a aprobar es una realidad, todo será relativo o modificable, imposible saber con certeza lo que Milei transferirá o nos sacará. Ahora Espert corrige sería sólo 20000 millones de dólares el ajuste provincial, sigue siendo inviable, las provincias recaudan 30 mil millones según el dato del 2023, finaliza Rovelli.
La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2025 prioriza el pago de los servicios de la deuda pública (capital e intereses) que, según la Planilla N.º 12, anexa al art. 8.º, implica financiar vencimientos de 158.623.971 millones de pesos en el año venidero, para lo cual se prevé abonar intereses por 9.984.429,1 millones de pesos.
Modificando el orden de la formulación presupuestaria dispone en el art. 1º del proyecto, como regla fiscal, que el sector público nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025, y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario (resultado financiero significa contemplando el pago de los servicios de la deuda bruta). La regla fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción.
El equilibrio financiero que prioriza es para pagar los servicios de una deuda pública nacional que no se investigó, que pasó de 222.703 millones de dólares en diciembre de 2015 a 452.071 millones de dólares al 31 de julio de 2024, que no se sabe a ciencia cierta en qué se utilizó y a quiénes benefició y beneficia; pero eso sí, se va a pagar enajenando las reservas de petróleo y gas, de oro y plata, de litio y minerales raros, etc. Es decir, con la prioridad del pago de la deuda y ante su imposibilidad manifiesta de cancelarla, se cede la explotación de nuestros recursos naturales al capital privado, para lo cual cuentan con la Ley 27.742 que incluye el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) con reglas y normas propias, con posibilidad de recurrir al CIADI y a otros fueros en el exterior, pueden utilizar prioritariamente nuestros recursos naturales, al quinto año no liquidan sus exportaciones en el país, y no tienen obligación de abastecer al mercado interno.
Para ello necesitan reducir el gasto público y la intervención y el control estatal, para posibilitar la privatización de los recursos que no pertenecen a este gobierno, sino al pueblo y a las futuras generaciones de argentinos.
Severas inconsistencias
En busca de enajenar el patrimonio nacional, el Proyecto de Presupuesto 2025 presenta severas inconsistencias que lo hace irrealizable.
1. Inconsistencia Macro
Tiene el mérito de reconocer para este año 2024 la caída de la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) del 22,2% del PIB, descenso que refleja la depresión económica imperante, similar a la del año 1975 tras el “Rodrigazo”, a la de la crisis de 1982 (post Malvinas), a la de la hiperinflación de 1989-1990, y a la del fin de la convertibilidad de 2001-2002.
Pero, para el año 2025 es incompatible sostener que el tipo de cambio crece igual que la inflación (18,3% anual, 1,4% mensual):
a) Por el carry trade (bicicleta financiera), si compraron títulos públicos ajustados en pesos, es porque la inflación supera a la devaluación del tipo de cambio.
b) Por las exportaciones, es imposible que crezcan si no se ajusta el tipo de cambio.
c) Las importaciones con el atraso cambiario deberían crecer mucho más, salvo que la depresión económica sea tan grande que la limite.
2. Inconsistencia presupuestaria
a) El gasto público de la Administración nacional se reduce este año 2024 en 4,6% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 21.700 millones de dólares), de allí que Javier Milei se jacta de haber echado 31.000 agentes de la Administración nacional, de disminuir en 1,8% del PIB el gasto previsional, de paralizar la obra pública (que el año 2023 fue del 1,3% del PIB) y de reducir las transferencias a las provincias en un 14,9 % en términos reales, acciones que proyecta conservar al menos iguales para el año 2025.
b) El pago de los intereses y otras rentas de la propiedad (en una deuda que no deja de crecer) son menores en porcentajes del PIB. Desciende de 1,8% del PIB en el año 2023 (dato del ejercicio fiscal finalizado —cuenta de inversión 2023—), se estiman para este año 2024 de 1,5% del PIB, a 1,3% para el año 2025, salvo que antes de fin de año reestructuren (o “reperfilen” como le gusta decir a Hernán Lacunza) la deuda.
c) El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 contempla un incremento en jubilaciones, pensiones y retiros, para el cual se prevén 13.571.842 millones de pesos más, que representa un aumento nominal del 39,3% respecto del ejercicio 2024. Crece con respecto a la inflación prevista de 18,3%, pero es semejante a la inflación que pronostica el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), del BCRA, en torno al 40%. Por ende, lo que nos dice es que incrementándose el número de beneficiarios, destinan la misma partida, y siguen descendiendo en términos reales los haberes previsionales
d) También aumentan las partidas para las transferencias a las provincias y municipios en un 77,4% nominal con respecto a este año 2024, pero queda supeditado a que aumenten los ingresos.
e) El ajuste se profundizará en lo destinado a subsidios a la energía, dado que en el Mensaje del Presupuesto 2025 afirman: “Promover el libre mercado para garantizar la asignación eficiente de recursos energéticos, eliminando distorsiones causadas por la excesiva intervención estatal”. Eso significa que continuarán con los recortes de las compensaciones estatales y los aumentos de tarifas. Actualmente, los usuarios residenciales pagan, en promedio, el 64,78% del precio mayorista de generación y en el presupuesto 2025 prevén que pasarán a abonar el equivalente al 84,83% del costo real de la energía.
f) En cuanto a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el Presupuesto contempla un aumento en la recaudación del 155,2% con respecto a los ingresos de este año. Superará los 5,53 billones de pesos y, según la explicación oficial, será por el traslado a los precios de los surtidores de “las actualizaciones pendientes” de esos tributos.
g) En el gasto de capital (obra pública) y financiamiento de capital, las transferencias de capital aumentan un 18,7% (tasa similar a la inflación prevista de 18,3% pero menor a la estimación del REM del BCRA). Las transferencias de capital más significativas son para obras en las provincias y municipios, para la empresa Energía Argentina S. A. (Enarsa), la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (Aysa S.A.), y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S. E.
Proyecciones de ingresos
En las previsiones de recaudación tributaria se prevé la reducción del impuesto a los bienes personales, que aportará un 0,11% del PBI (833.000 millones de pesos) menos que el 0,19% del PIB con el que terminará el 2024.
Mientras, los sectores de menores ingresos deberán enfrentar fuertes subas en los gravámenes. Los mayores incrementos se presentan en el monotributo, que se triplicaría de un año al otro (0,04% del PBI en 2024 a 0,09% del PBI en 2025), y en el impuesto a las ganancias pagado en su mayoría por trabajadores, al no modificarse el mínimo no imponible del tributo que pasará de representar el 4,42% del PBI este año hasta 5,05% en el 2025, es decir 0,63 puntos porcentuales más.
El impuesto a los combustibles también tendrá un fuerte reajuste a lo largo de 2025, que pasará de 0,38% a 0,76% del PIB en por lo ya explicado en el punto “f”.
Es llamativo que estiman que los aranceles por exportaciones duplicarían su recaudación (de 0,96% del PBI en el 2024, a 1,43% del Producto en el 2025), cuando no se espera una fuerte suba de los precios ni de las cantidades exportadas. Y en menor medida sucede con otros tributos, para que el total de ingresos tributarios sea del 22,92% del PIB en el año 2025, contra el 22,37% de este año 2024, cuando cesa de percibirse el Impuesto PAIS que, según estima el propio gobierno, implica un ingreso del 1,1% del PIB.
También habrá una caída en términos reales (descontada la inflación) en la recaudación del IVA. En términos del PIB, el IVA neto de reintegros se reducirá en 0,31 puntos con relación a 2024, considerando entre otros factores el supuesto de finalización de la suspensión de los certificados de exclusión para operaciones aduaneras, que impacta en la comparación interanual.
Prevén para el año 2025 un acrecentamiento en aportes y contribuciones a la seguridad social, que explican en el Mensaje del Presupuesto por los aumentos proyectados de la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible y los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio. En el mismo sentido, incidirán los mayores ingresos esperados correspondientes a los regímenes de facilidades de pago. Esas proyecciones se contradicen con la realidad, cuando en este año están descendiendo dichos aportes y contribuciones mes a mes, por la depresión económica imperante.
Obviamente, y de acuerdo a la Regla Fiscal del art. 1 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025, de no cumplirse las previsiones, se reduce el gasto primario (antes del pago de los servicios de la deuda), para garantizar el pago de los intereses y vencimientos de capital de la deuda.
Otro país, otro modelo económico y social
La Administración de Javier Milei demuestra en todo su accionar y propuesta cómo se convierte un país que posee fuentes de energía y produce alimentos, que cuenta con una mano de obra capacitada y disciplinada, en una factoría extractivista.
En 1949, John William Cooke como constituyente explicaba la imperiosa necesidad de la intervención del Estado en la economía y de la reforma de la Constitución nacional: “Las enormes concentraciones financieras —resultado fatal de la lucha por las materias primas y los mercados— crearon condiciones en que no pudo cumplirse con ninguno de los supuestos en que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de las grandes organizaciones capitalistas, de proyecciones mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica sino política. Este estado de cosas obliga a la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las fuerzas económicas”.
Arturo Sampay aseveraba: “Frente a la realidad de las empresas multinacionales y el imperialismo que estas ejercen sirviéndose del poderío de los Estados altamente desarrollados, el principio de la soberanía promueve y condiciona el progreso esencial del derecho internacional contemporáneo. Lejos pues de ser arcaico, el principio de la soberanía tiene una fuerza decisiva para mantener la paz e impulsar el progreso de los pueblos”[1].
El Capítulo IV de la Constitución nacional de 1949, compuesto por tres artículos, plantea la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. En el art. 38 dice que la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. En el art. 3 manifiesta que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Y en el art. 40, que toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios, para afirmar: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
Cuando Marc Stanley dice que la Argentina tiene lo que el mundo necesita, no deja que esos valiosos recursos se empleen para “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”. El peronismo de 1945 hubiera acuñado la consigna “Marc Stanley o Perón”.
Maneras de analizar y medir el PIB como lo plantean los manuales de Cuentas Nacionales (por ejemplo, OCDE): 1) el de la demanda final (consumo + inversión + exportaciones netas); 2) el enfoque del ingreso (remuneración de los asalariados + excedente bruto de explotación + ingreso mixto bruto) y finalmente 3) el valor agregado de los bienes y servicios. Enfocado por el lado del Gobierno general (suma de valores agregados brutos del Gobierno). Seguramente esto último cobrará importancia, las publicaciones del Indec, con el Presupuesto 2025.
El PIB combina en una sola cifra, sin duplicaciones, la producción (o el producto) obtenida por todas las empresas, las instituciones sin ánimo de lucro, las entidades gubernamentales y los hogares, en un período definido. Esta es la razón por la cual el PIB se define como la suma de los valores agregados por las empresas, las instituciones del Gobierno y los hogares productores de un país dado. PBI es lo producido cada año, como indicador es el principal a nivel Macro, tanto en valores corrientes constantes con la base del Indec 2004. Permite comparaciones internacionales, por la metodología común.
Todos los números y porcentajes del documento dan cuenta de los problemas argentinos. Nos referimos específicamente a la actividad o producción y otros que aprovechamos para agregar y complementar.
Podemos reunir y analizar en pocos indicadores el andar enclenque del país.
PBI: Sin dudas las variaciones del PBI es un indicador poderoso, siempre presente en las descripciones y modelos simples o complejos, tanto para el corto plazo como el mediano o largo plazo, aunque esto sea muy conjetural e ideológico.
¿Qué tenemos en Argentina? Fluctuaciones siempre, pero no crecimiento, siempre casi en el mismo lugar, por lo menos en los últimos 10 años. En todo ese período, el promedio anual fue negativo, en un caso el menos 0,26 % y en el otro menos 0.20 %, sobre la base de valores a precios constantes.
· Lo nuevo es la conjetura de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 % en los meses del año (2025). El número más cercano fue con Macri en los finales del 2017, pero no fue con buen final. ¿Consistente Milei para el 2025? Parcialmente se podría decir, que algún grado de cumplimiento posible puede tener. ¿Por qué? Hasta el momento las canillas posibles de la inflación se irían cerrando. ¿Cuáles? Desde el lado del consumo no parece que puedan tironear los precios, porque estamos achicharrando el gasto tanto de los particulares como del del gobierno. Normalmente uno de los elementos que conduce a mayor incremento de los precios es el dólar o mejor dicho su depreciación, y de acuerdo a lo escuchado el gobierno puso una meta baja de variación mensual. Como en nuestro país siempre trae sorpresas y estas no pueden ser fácilmente predecibles, el clima, las expectativas, los conflictos para gobernar, costos sociales y se puede seguir en este listado, final abierto. Milei también cierra el año2024 con la conjetura de inflación del 104 % a fin de año, esto significa que en los cuatro meses restantes la variación mensual no puede superar el 2 %. Grandes novedades de conjeturas que hasta el momento no aparecían.
· Lo segundo novedoso se puede observar, en el Tipo de Cambio Implícito, se encuentra en la actualidad en valores por DEBAJO del dólar CCL. ¿Por qué? Por las acciones del BCRA, esto se modifica mes a mes. Pero los Títulos Emitidos (LELIQS) y la relación con las Reservas, permite la afirmación anterior. El BCRA DISMINUYE (transfiere al Tesoro) deuda cuasifiscal (por títulos emitidos) y eso consolida la diferencia. En su momento el acuerdo con el FMI achicó la diferencia entre el dólar implícito, el tipo de cambio oficial y el CCL. Pero no siempre ocurre. Lo cierto es que desde abril 2024 se fue achicando la brecha en el Implícito y el CCL. Una brecha que gobierno pretende modificar. Seguramente disminuirá a la par de la disminución de pasivos monetarios del BCRA, (recordar que una parte termina en el Tesoro), en cambio la Base Monetaria sostiene variaciones cercanas a la inflación.
· Disminuyó la inflación (alrededor del 4.3 %) en el OCTAVO mes (AGOSTO) 2024, pero siempre elevado. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable MENOR AL 2 % mensual? Caputo y el BCRA, implementan (periódicamente) medidas alrededor de un ancla fiscal, ordenar y sanear el balance del BCRA con medidas muy altisonantes, pero las reservas no crecen, y eliminar el cepo es siempre una zanahoria, para más adelante. En el aquí y ahora opera la licuación, arrastra a una reducción del consumo y de la actividad. Precios relativos dispersos, incluyendo los dólares.
Los discursos políticos y económicos y, con más intensidad el discurso jurídico, tienden a presentar la opinión establecida como dada, indiscutible. Los objetos conceptuales no se analizan, pues los argumentos son útiles en la justificación (desde el discurso del poder) y no en la fuente material (los textos de la ley que incluyen la Constitución y los Tratados internacionales de Derechos Humanos).
De allí también el desprecio por la contrastación empírica, el llamado a lo obvio, a lo evidente, a lo que resulta claro. Es que desde el momento mismo en que se apela a la claridad del concepto, se está renunciando al objeto mismo del pensamiento que no es la claridad sino la clarificación.
Un concepto no es claro por su nominación como tal, sino por efecto de haber sido tratado como problema. Y los problemas no se plantean por sí mismos, son el resultado de una interrogación. Cuando en una exposición se remite a lo evidente o a lo obvio, lo que se declara implícitamente es la decisión de no problematizar. Decisión de privilegiar el saber como tesoro y no el conocimiento como proceso de búsqueda. No es racional, ni democrático ni republicano, pero sirve a la afirmación de la autoridad de quien se coloca en el lugar de quien enuncia un discurso de poder. Ayuda a la validación de este discurso el hecho de que el destinatario prefiera lo que confirma su saber y no lo que lo cuestiona, por eso prefieren las respuestas y no las preguntas.
El objetivo de este trabajo es la formulación de preguntas en materia de libertad y democracia en materia de libertades públicas fundamentales de ejercicio colectivo en tanto ámbito de fricción que opera en la brecha misma del antagonismo social. Sin esas preguntas sobre lo que se presume conocido, la opinión fundada en lo que “todos sabemos” se identifica con las categorías de la conservación del orden existente. La realidad, en tanto tiene estructura de ficción, es ya un constructo ideológico. Por eso a veces, la única verdad es la verdad de los dominantes.
En particular, con relación a la manifestación del interés colectivo, la reacción “natural” es la del control sobre ésta, en tanto foco de agitación. En el territorio trillado de “lo evidente”, la manifestación colectiva no es primariamente un derecho sino un objeto a controlar o encauzar. Una pauta del éxito del discurso hegemónico es que la propia reacción contra el retorno a la política represiva del conflicto social, sea el de luchar contra la criminalización de la protesta social y no el de la afirmación de un derecho humano fundamental reconocido expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 18 y 21) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 15).
El discurso dominante hace caso omiso de las características indisolublemente colectivas del derecho a reunión que, para ser tal, implica el uso del espacio público y la acción concertada con un objetivo. Esta hegemonía que coloniza el discurso “resistente”[1] se manifiesta en la discusión exclusivamente penal de la manifestación colectiva, obviando que, en tanto derecho de los ciudadanos, el ámbito judicial es el del amparo, cuyas reglas deben adecuarse a las características del derecho amenazado, de conformidad a la regla supraconstitucional de tutela judicial efectiva. No se trata de analizar si los ciudadanos que ejercen un derecho de máxima jerarquía han cometido un delito, se trata de analizar si el control o reglamentación de este derecho lo desnaturaliza (artículo 28 de la Constitución Nacional).
Si la manifestación colectiva es un derecho, tal como lo señala el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la manifestación mediante las prácticas del colectivo no puede ser cercenada so color de que el único legitimado para expresar la validez de la práctica es la organización reconocida por el Estado. El campo del espacio público es, precisamente aquello que está más allá de los ámbitos propios del Estado o de los particulares. No hay libertad pública sino en el ámbito de este espacio público que existe en la medida en que no es apropiado o apropiable por los particulares o el Estado. Es el ámbito de lo común, que la grosera prosa libertaria sindica como comunismo.
El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos civile y políticos establece:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Adviértase que en los protocolos de seguridad enunciados por las administraciones autoritarias, se pretende justificar la intervención invocando las razones de seguridad, orden, salud o moral públicas o derechos y libertades fundamentales con un criterio sesgado y basto, que aproxima sus contenidos a una escala valorativa de una concepción moral autoritaria esquiva a los principios de libertad, democracia e igualdad y, justamente por ello, contraria a los principios democráticos y republicanos de nuestra Constitución (artículo 28).
En primer término, debe señalarse que la seguridad en sentido constitucional no es la mera custodia patrimonial de quienes acumulan riqueza, sino el aseguramiento de la libertad de cada uno de los ciudadanos de una sociedad democrática, entre las que se encuentra la expresión pública de las ideas, el derecho a ser informado, el de asociarse y actuar colectivamente, el de inviolabilidad de la esfera de la intimidad que incluyen al domicilio y las comunicaciones privadas que, precisamente los gobiernos autoritarios y liberticidas pretenden arrasar con su fantasía de un panóptico amplificado con medios informáticos.
Pero fundamentalmente, cuando se habla de libertad se trata en primer término de la más fundamental de todas, la de reproducir las condiciones materiales de existencia. Por eso el verdadero nombre de los Derecho Humanos es el de Seguridad Social. Libertad no es elegir entre Adidas o Nike. Libertad es potentia, es el proyecto de autonomía del sujeto en condiciones sociales, culturales e históricas determinadas. Por eso libertad es siempre libertad frente al poder es la afirmación de la autonomía frente a las tensiones heterónomas de los poderes dominantes. Por eso un proyecto democrático y republicano toma partido en asegurar la parte de los sin parte (Ranciére: El desacuerdo. Política y Filosofía). En particular, hay Seguridad Social cuando se garantizan las condiciones materiales de reproducción de la existencia. A saber: Alimento, cobijo y cultura. La muerte, que es corolario de la privación de esas condiciones materiales de existencia, es la cesación de cualquier libertad. Por eso, en un proyecto constitucional democrático y republicano, donde hay una necesidad existe un derecho.
El orden público, por su parte, no es otra cosa que la serie de disposiciones que, con carácter imperativo, establecen las condiciones de creación de contenidos y efectos que se siguen de los hechos jurídicos.
El orden público, por tanto, no está fuera de la legalidad de un sistema jurídico determinado (como pareciera desprenderse de las múltiples invocaciones al orden público económico que se realizaron durante la década del ’90 del siglo pasado o los discursos autoritarios de la dictadura genocida y del actual gobierno) sino que es ese mismo orden contemplado como determinante de la juridicidad y de los efectos de los hechos y actos jurídicos y de la adecuación de los contenidos de los actos jurídicos. De hecho, si el orden público fuera algo exterior al sistema jurídico, no podría ser reconocido por este, pues la condición de reconocimiento de una proposición como jurídica es que ella resulte interna al propio sistema. Por otra parte, si el orden público significara algo distinto de la normatividad pública admitida por vías constitucionales, ello importaría la constitución de una ley nocturna que contradice el principio de gobierno republicano/democrático de nuestro orden jurídico.
Identificar a un elemento del sistema jurídico con el orden público qua totalidad es la operación política ideológica por excelencia. Por ejemplo, cuando se dice que las disposiciones legales deben ajustarse a orden público económico o a la seguridad del tránsito, que encarnaría así la razón de ser del sistema jurídico en su totalidad.
La idea de la representación política o del mandato libre está en directa relación con el concepto de soberanía. A partir de la Constitución Francesa de 1791 y de ciertas interpretaciones de Rousseau, se asienta la idea de que la representación política no es una representación vinculada a una voluntad empírica de personas o de grupos. El pueblo, en tanto identidad representada, sólo halla su expresión soberana en la voluntad de su representante.
Con este criterio lo que se pretende es excluir de la legitimidad es la actuación del sujeto colectivo y el ejercicio de las libertades públicas fundamentales de ejercicio colectivo como son la manifestación o la huelga. De hecho, el reconocimiento de los derechos humanos siempre estuvo precedido por la actuación de este sujeto colectivo que, al manifestarse en el espacio público pone de relieve el reverso de la ley. Por eso el sujeto colectivo presenta lo que no está representado en el estado de situación. Es el aluvión zoológico o el subsuelo de la Patria sublevado.
En realidad, lo que se está excluyendo es la base del principio democrático que es la existencia del espacio público. Sólo hay democracia en la medida que entre los particulares y el Estado existe un ámbito de actuación en la que puede manifestarse el sujeto+ colectivo.
Esto es expresamente reconocido en el artículo 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
La manifestación colectiva (por eso es derecho de reunión pacífica) halla su reconocimiento convencional en tanto derecho de los sujetos que son capaces de decir nosotros. No hace falta una persona que aparezca como interlocutor legítimo pues de lo que se está hablando es del derecho de manifestación colectiva en el espacio público. Por supuesto, las corrientes autoritarias de derecha pretenden hacer desaparecer el espacio público, único lugar donde es posible la manifestación colectiva mediante la regimentación estatal o la privatización. Por tal motivo, la defensa del Estado de derecho no puede preocuparse por la no criminalización de la protesta social sino por la necesidad de criminalización de los intentos estatales o privados de hacer sucumbir el espacio público y, con él el Estado democrático.
Finalmente debe señalarse otro error que se manifiesta en las verdades de a puño que emiten los relacionistas públicos del poder económico que invocan ser periodistas (Ari Lijalad dixit): “El derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro”, una forma de concebir el derecho con mente de agrimensor o de latifundista.
El problema de la integración del acto y de la jerarquía de las normas tiene como presupuesto una característica de la estructura de la norma stricto sensu: La que exige que ante un supuesto A debe seguirse una consecuencia B. No existe la posibilidad de que una misma situación se encuentre comprendida en la hipótesis normativa de dos normas jurídicas distintas. En tanto existe una consecuencia jurídica asignada para cada norma, no puede existir una aplicación concurrente de las normas so pena de convertir el sistema jurídico en inconsistente. Por esta razón, todo sistema jurídico utiliza reglas que determinan la prioridad de una norma sobre otra. En nuestro sistema, la ley posterior y la ley especial.
Sin embargo, en la mayor parte de los casos las prescripciones constitucionales o del derecho de los tratados de DDHH no responden a la estructura de la norma sino a la del principio. Los principios son también mandatos del orden jurídico positivo destinado a reglar situaciones jurídicas. No se trata de una cierta sustancia metajurídica sino de efectos del mismo orden jurídico que se diferencian de las normas stricto sensu exclusivamente por su estructura. Mientras las normas en sentido estricto se caracterizan por la estructura “Dado A debe ser B”, los principios indican sólo una tendencia del orden jurídico que ha de orientar al intérprete. Son, en cierto sentido, “shifters”. Los principios tienen una determinada jerarquía de acuerdo al órgano que promulgó el mandato. Los principios no se encuentran fuera del orden jurídico ni representan per se la jerarquía máxima en el esquema normativo. De esta manera, principios como el de buena fe contractual, tienen jerarquía legal y otros, como el de remuneración justa, tienen jerarquía constitucional. Todo aquello dependiendo de la jerarquía del órgano que emite el mandato.
Una segunda característica de los principios es que ellos, a diferencia de las normas, no se desplazan entre sí, sino que todos ellos concurren (si bien con diversa jerarquía) con relación a una particular situación que a su vez indica el grado de prevalencia entre ellos. La fuerza con que un principio ha de incidir sobre una situación depende de sus características concretas. Se puede decir que el valor del principio es situación/dependiente.
Por tanto, no se puede establecer en abstracto si la manifestación tiene preferencia sobre la libre circulación o viceversa. De lo que se trata, para establecer una prioridad, es del bien jurídico de mayor jerarquía constitucional en la situación concreta. Para dar un ejemplo, una manifestación impide el acceso a un hospital o una manifestación prolongada corta los accesos a un núcleo urbano para desabastecer a la población. En estos supuestos, en los que está en juego el valor vida, no hay duda que la preeminencia corresponde al derecho a la circulación. En otras situaciones en lo que está en juego es la simple comodidad del transeúnte que tiene accesos alternativos, la preeminencia es por supuesto la de la libertad política de manifestar las creencias colectivamente en el espacio público.
Finalmente, como puede advertirse, esta limitación debe realizarse por ley, de conformidad al principio democrático y no al úkase de un burócrata mediante una via de hecho con apariencia de acto estatal para satisfacer sus caprichos o impulsos sin discusión democrática conforme lo establece el artículo 25 inciso a del Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos:
Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
Los llamados protocolos no son ley en sentido formal sino una reedición de los viejos edictos policiales que constituyen la negación del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos por sí o por medio de los representantes libremente elegidos.
[1] En este punto es tentador citar a Gramsci (1986:22-23): “…si ayer era irresponsable porque era ‘resistente’ a una voluntad extraña, hoy se siente responsable porque ya no es resistente, sino operante y necesariamente activo y emprendedor”.
El mecanismo siempre es el mismo: endeudan al Estado para beneficio exclusivo del capital financiero, que son los tenedores de los títulos del Tesoro de la Nación, y esa deuda toma una magnitud que es imposible de pagar con los recursos corrientes, entonces los acreedores piden a cambio el patrimonio nacional. No otra cosa es el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que es un Estado dentro del Estado argentino, con sus propias leyes y normas, con justicia externa incluida (el CIADI [1]), que prioriza la exportación en desmedro del mercado interno (no tienen la obligación de abastecer al mercado local) y que al quinto año no tienen la obligación de vender los dólares que exportan en la Argentina [2].
En el ínterin ganan fortuna los compradores de esos títulos ajustables por inflación, sabiendo que la fuga de capitales y/o la disminución de las reservas internacionales del BCRA debilita el respaldo de nuestra moneda y con ello garantizan la erosión del poder adquisitivo del peso argentino.
Este proceso se vivió en nuestro país por primera vez en el llamado “Rodrigazo” del 4 de junio de 1975, cuando el nuevo equipo de economía devaluó el tipo de cambio en un 160%, el dólar paso a valer de 10 pesos a 26; duplicó en promedio el precio de las tarifas de servicios públicos y el transporte; aumentó el precio de los combustibles en un 180%, y a cambio concedió un aumento salarial del orden del 45%, con ello desató un feroz proceso inflacionario y el descenso del nivel de actividad, con lo que el Estado recaudó menos en términos reales (como ahora), y tuvo que recurrir a los VANA (Valores Nacionales Ajustables por inflación) para financiarse, cuando el IPC de ese año fue de 183%.
El “Rodrigazo” fue la antesala del camino de valorización financiera del capital, que se refleja en la “dolarización” de la cultura argentina; es la huida hacia esa divisa la que destruye la capacidad de ahorro en moneda local, y sólo se compran títulos públicos en pesos, en el tramo en el que la inflación supera a la devaluación.
El mismo mecanismo planteó este gobierno administrado por Luis Caputo y Santiago Bausili. Primero devaluaron más de un 100%, después colocan títulos ajustados por inflación (con un IPC en diciembre de 2023 del 25,5%, enero de 2024 de 20,6%, febrero de 2024 de 13,2%, marzo de 2024 de 11%, etc.) y, ahora, lo prometido por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, al capital financiero de Manhattan el 15 de julio y el 27 de agosto del 2024 frente al Consejo Empresarial (The Business Council [3]) en Washington, de que no va a haber salto devaluatorio y de que la unificación del tipo de cambio se generará a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos, hasta fin de año.
Transformar todo en deuda pública
Este gobierno dice que solucionó el problema del déficit fiscal y de la “bomba” de las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) transformándolos en deuda pública (en títulos del Tesoro de la Nación). Eso explica por qué la deuda bruta (en pesos y en divisas) que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había alcanzado 222.703 millones de dólares, al 31 de julio de 2024 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación) asciende a 452.071 millones de dólares (más del doble). La pregunta es: ¿en qué se gastó?
En el gobierno de Cambiemos (2015-2019) se incrementó la deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 millones son con el FMI. En forma sistemática se fugaron unos 86.200 millones, y las empresas que compraron esos dólares, en su amplia mayoría, no lo pueden demostrar en sus ejercicios contables (evasión y fuga, fácilmente verificable con estudiar esos balances). Pero ni la Justicia, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo —más allá de que en este último caso tenía sanción del Senado de la Nación el proyecto encabezado por Oscar Parilli (exp.0016-S-2022), que nunca fue llevado al recinto de la Cámara baja, que exigía su investigación— pidieron explicaciones.
El gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) aceptó toda la deuda heredada de la gestión de Macri, no la investigó y la renegoció para que se pague, como la está pagando el pueblo argentino.
A la gestión del Frente de Todos, debe sumarse la continuación y perfeccionamiento en el endeudamiento por la gestión de Caputo-Bausili:
El déficit fiscal del año 2023 de 4,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 22.560 millones de dólares) fue financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación, en su gran mayoría ajustables por inflación, aumentando la deuda bruta argentina.
El reconocimiento de los fuertes intereses que estos Títulos del Tesoro de la Nación devengan (ajustados generalmente por la inflación).
Por lo tanto, la deuda creció en los siete primeros meses del año 2024 en forma sideral, por 81.398 millones de dólares.
Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y una devaluación que no atenúa porque el pass through [4] haría que los títulos en pesos se beneficiarían con la inflación.
Sistema financiero argentino
Con el déficit del BCRA generado por los pasivos remunerados (los LEBAC de Macri y los pases pasivos, Leliq y Notaliq, del gobierno de Fernández) se hizo lo mismo, se los convirtió en deuda pública, en títulos de deuda del Tesoro de la Nación.
Dicho pasivo remunerado ascendía a 21.023.700 millones de pesos el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil de la gestión del gobierno del Frente de Todos), convertido al tipo de cambio oficial de 400 pesos por dólar a esa fecha, equivale a 52.560 millones de dólares.
La mayor parte se convirtieron en títulos directos de deuda del Tesoro de la Nación, y, por Resolución Conjunta 40/2024 de las Secretarias de Hacienda y de Finanzas de la Nación, se convirtió en 20 billones de pesos en una Letra Fiscal de Liquidez (LeFi), intransferible, de un año de plazo, a cargo del Tesoro de la Nación, quien va a depositar en el BCRA los intereses que esta devengue (esa deuda a su vez incrementa la deuda pública que se contabiliza en el Boletín de la Secretaría de Finanzas de la Nación, datos de la deuda pública de julio 2024, en el rubro “otros”) .
Los mayores tenedores de esos títulos de deuda de la Administración nacional son los mismos bancos del sistema financiero argentino.
Por lo tanto, los bancos lograron pasar los pasivos remunerados del BCRA (que fue su principal fuente de ingresos en la gestión de Miguel Pesce y de todo el Directorio del BCRA, que les pagó tasas positivas de interés sin que corran ningún riesgo), para ser hoy los acreedores del Estado argentino, pero con los pies de barro, que significa que están financiados con los depósitos de sus clientes.
Es una situación harto difícil. El BCRA debe asegurarles a los bancos un pago mayor de los que ellos les abonan a sus depositantes; por ende, al ser la casi totalidad de esos títulos ajustados por inflación, esta debe ser mayor que la tasa de interés pasiva (la que les pagan a sus depositantes), y a su vez esa tasa debe ser mayor que la devaluación de nuestra moneda, si no se pasarían a dólar.
Y es la razón por la que Luis Caputo y su equipo se aferran a que “la gente tiene que ver reflejado en sus finanzas que este es el camino correcto: bajar la inflación, bajar impuestos [5], recuperar el crédito para las personas y pymes y eliminar regulaciones”.
Como vemos, el crédito total es menor que la tenencia de Títulos de deuda (público y privada) y, si el BCRA presentara el total del crédito abierto por tipo de empresa, seguramente que la mayor parte financia el capital de trabajo de las grandes empresas.
La deuda en divisas
El cuadro se agrava con la deuda en divisas, por su magnitud y sus vencimientos. De septiembre a diciembre de 2024, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Nación, se deben pagar servicios de la deuda por 2.770 millones de dólares, cuando el BCRA está vendiendo el ingreso de los dólares por exportación y por la colocación de las barras de oro en el exterior en el mercado CCL (Contado con Liqui), para que los bonistas que quieran irse lo puedan hacer.
El “blanqueo”, que según los cálculos iniciales de esta Administración pagaría con creces dicho vencimiento, no está dando resultado, como lo demuestra el Balance del BCRA en el que se muestra que la posición neta en divisas de los bancos pasó de 14.396 millones de dólares el 12 de agosto de 2024 (cuando comenzó el “blanqueo” de capitales) a 15.106 millones de dólares el 6 de septiembre de 2024, y gran parte se debe a la compra de dólares MEP (dólar bolsa) que se deposita en los bancos intervinientes.
Es obvio que hay una profunda desconfianza en depositar los dólares en las cuentas especiales que se deben abrir a tal fin en los bancos y en las AlyC (Agente de Liquidación y Compensación integral [6]), por un lado, y, por otra parte, no ingresan divisas al país porque sus poseedores consideran que estas deben tener un mayor poder adquisitivo y presionan por una devaluación de nuestra moneda.
Paralelamente, el grupo Techint, que fue uno de los que pagó a los estudios que hicieron las ahora leyes 27.742 (ley de Bases) y 27.743 (de “paliativos fiscales” [7]), donde se conforma el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y el “blanqueo” de capitales respectivamente, el 15 de agosto 2024 anunció un plan de inversiones de 4.000 millones de dólares en los próximos dos años para expandir su presencia en Nuevo León, el Estado del norte de México que limita con Texas. Una inyección de capital para el desarrollo de plantas “completamente nuevas” que van a producir laminado en frío, acero crudo y galvanizado para abastecer automotrices, línea blanca, trenes, construcción, motores eléctricos y tuberías, y lo hizo al saber que quedaba postergado en la Argentina por los fondos de inversión del exterior. Techint propuso como secretario de Energía al abogado Eduardo Rodríguez Chirillo. Pero el capital financiero extranjero que representa Luis Caputo nombró por encima del funcionario, con cargo de viceministro coordinador de Energía y Minería, a Daniel González.
En el año 2025 vencen servicios de la deuda en divisas por 13,5 mil millones de dólares; en 2026, 14,4 mil millones; en 2027, 18,8 mil millones de dólares más. A este cronograma hay que adicionar que el Banco Central está generando nueva deuda con importadores (BOPREAL).
Se trata de cifras que la economía argentina no puede pagar con el superávit comercial, y depende de sus acreedores.
Y allí está el problema y la solución que tuvieron los acreedores desde el principio: endeudar al país. Ahogados por la situación, los grandes tenedores de títulos de deuda externa (BlackRock, Vanguard Group, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Gramercy, Greylok, etc.) van a ofrecer sus oficios para que el otro gran acreedor, el FMI, le conceda a la Argentina un crédito puente (nueva deuda) que pagaremos con nuestros recursos naturales (tomando los títulos de deuda a valor nominal, cuando en el mercado se cotizan al 55 – 60% de ese precio).
Nota: Estos fondos tienen también participación en los primeros bancos privados que operan en el país, incluidos los Bancos Galicia, Macro y Supervielle.
El gobierno de Milei nos endeuda, cobran su comisión los colocadores de esa deuda, y pagamos con los recursos naturales que, según Marc Stanley, son los que el mundo necesita.
[1] Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial que permite a las empresas enjuiciar a un Estado, violando el principio de Exequátur (que un Estado no puede ser enjuiciado por otro y menos por una empresa, salvo que el Estado lo permita, como es este caso).
[2] Violando el art. 29 de la Constitución nacional que expresamente dice: «ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
[3] El Consejo Empresarial es una asociación de los directores ejecutivos de las empresas comerciales más importantes de los Estados Unidos conformada por 200 miembros. La membresía es personal, no corporativa, y sólo se puede obtener por invitación.
[4] Impacto que genera una variación del tipo de cambio sobre los precios internos de una economía.
[5] La baja los impuestos a los importadores (el Impuesto PAIS de una tasa del 17,5% a 7,5%) y en Bienes Personales (impuesto a la riqueza), pero no eleva el mínimo no imponible a las Ganancias a la IV Categoría.
[6] Son las entidades a través de las cuales se puede acceder al mercado de capitales.
[7] De la computadora del abogado Liban Angel Kusa del estudio Bruchou & Funes de Rioja se hicieron las modificaciones cuando se trataba en el recinto.
El pozo y el péndulo es un famoso cuento de Edgar Allan Poe de 1842 que trascurre en un calabozo de Toledo en tiempos de la Inquisición. El protagonista brinda una narración aterradora, plagada de profundas impresiones y alucinaciones en las que se revelan y entrecruzan su incertidumbre, la confusión, el desánimo, el desvarío y el aturdimiento hasta que en el momento último una mano extendida lo salva.
Recurro a ese relato magistral para abordar el tema Malvinas en este momento. Parto de la idea de que, respecto a las islas, entre otros tantos temas, predomina un hiperoccidentalismo, esto es; un tipo peculiar de política exterior y de defensa en el marco de la lógica de la aquiescencia.
En un trabajo con Roberto Russell señalamos que las opciones estratégicas propias de esa lógica son el acoplamiento, el acomodamiento y el involucramiento. El acoplamiento remite al plegamiento a los intereses estratégicos de una superpotencia.
El acoplamiento se manifiesta en la concesión a las preferencias o exigencias de esa gran potencia. Y el involucramiento se expresa en el acompañamiento a la misma, en calidad de “escolta” (proxy), en posturas y medidas hacia terceros países. En breve, el hiperoccidentalismo entrelaza las tres opciones mencionadas de modo radical, diligente y asertivo.
El hiperoccidentalismo se despliega en un escenario internacional singular, caracterizado por un acelerado tránsito hacia un mundo pos-occidental en el contexto de un orden no hegemónico donde Washington y Beijing tienen, a lo sumo, una hegemonía parcial y tenue.
A su turno, se exterioriza mediante la identificación explicita de las contra-partes de preferencia y aquellas hacia las cuales hay una clara aversión. En el actual gobierno, por ejemplo, Estados Unidos e Israel están entre las primeras y China, Rusia, Irán, Palestina y Venezuela entre las segundas. Es evidente que el hiperoccidentalismo libertario tiene una base de apoyo interno que asume que es indispensable una restructuración plena de la política exterior y un reordenamiento interno total de la política, la economía y la sociedad.
En el caso de Malvinas, Javier Milei retoma una pauta histórica de la Argentina desde 1982: la diplomacia del péndulo. Esta oscilante e infértil actitud diplomática ha afectado la continuidad estratégica, a pesar del consenso nacional sobre el asunto Malvinas.
Pasamos de intentar elevar los costos del Reino Unido para mantener las islas y de procurar un respaldo amplio y multilateral a la negociación de la cuestión de la soberanía con Londres, a bajarle los costos al Reino Unido y buscar una relación estrecha con Londres a la espera de dividendos futuros.
En la actualidad, y a diferencia de otros gobiernos, se agrega un nuevo elemento: confiar en que gracias a Estados Unidos y la OTAN el Reino Unido muestre una mayor disposición al compromiso y así la Argentina llegue a recuperar las islas. En efecto, el Gobierno optó por la adquisición de aviones de combate F-16, al tiempo que Washington le venderá aeronaves Basler BT-67.
Además, en su cita con la comandante Laura Richardson del SouthCom durante su visita en abril a Ushuaia, Milei afirmó: “Mi aliado es Estados Unidos…Lo del otro día fue el acto de soberanía más grande de los últimos 40 años. Porque al ser una base militar en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Y te hago una pregunta. ¿Ushuaia es la capital de qué? Tierra del Fuego. ¿Y qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y todo el espectro marítimo. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas…”.
Por otro lado, la Argentina ha solicitado ser Socio Global de la OTAN; proceso que requiere el apoyo de los 32 miembros de la organización. Asimismo, el país se ha sumado al Grupo de Contacto sobre Asuntos de Defensa en Ucrania organizado por Washington. Sintéticamente, aquellos que se solidarizaron y hasta colaboraron con Londres durante el conflicto de 1982 serían hoy, de acuerdo con los que impulsan el estrechamiento de vínculos subalternos con Washington y la OTAN, los mejores aliados para asegurar una futura soberanía argentina en las islas.
Vayamos al tema del pozo en el contexto geopolítico de una intensificación del valor de los océanos, de los recursos energéticos y de las bases militares. La exploración petrolera, a 218 km al norte de Malvinas, en el yacimiento Sea Lion, ha resultado exitosa. Las compañías Rockhopper, con sede en el Reino Unido, y Navitas Petroleum, con sede en Israel, se han asociado para perforar 23 pozos a finales de 2024.
Con una inversión de US$1.200 millones planean la extracción de varios millones de barriles de petróleo durante 30 años. Si los isleños consultados lo aprueban, la producción petrolera comenzaría en 2027. Para entonces el debilitamiento de la posición argentina, el robustecimiento de la capacidad de incidencia de los isleños en la diplomacia de Londres y el reforzamiento de la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido serán hechos cumplidos.
Como en el cuento de Poe, quizás nos abata la incertidumbre, la confusión, el desánimo, el desvarío y el aturdimiento. Pero, a diferencia del final del cuento sobre el pozo y el péndulo, quizás no haya una mano salvadora. En el fondo, y para una recuperación efectiva de las Malvinas, nada suplanta una estrategia de largo plazo basada en las cuatro D’s: Divisas, Defensa, Diplomacia y Derecho.
La respuesta al avance del modelo extractivista y financiero del gobierno de Milei es un mayoritario silencio, tanto de la supuesta oposición política, gremial y social, como de la sociedad en su conjunto, al no visualizar un modelo económico productivo y distributivo distinto al hoy imperante. (Eso no significa que no exista, exprofeso se oculta toda otra alternativa.)
Decimos mayoritario pero no total, dado que existen voces que se alzan. Como por ejemplo las de los jubilados y pensionados, reprimidos ante el Congreso de la Nación por manifestar contra el veto presidencial y exigir que los legisladores insistan con el paliativo que significa la ley de movilidad previsional aprobada, que garantiza que, si los salarios le ganan a la inflación (que es el índice de ajuste actual), se realice una actualización adicional en marzo de cada año de acuerdo con el índice de salarios Ripte que publica la Secretaría de Trabajo de la Nación. Asimismo, la ley agrega que la jubilación mínima no podrá ser inferior a 1,09 de la Canasta Básica Total (CBT), cuando actualmente es el 74% de la CBT [1].
Es auspicioso que parte de la CGT (que conforman el Frente Sindical y la Corriente Federal), las dos CTA y la UTEP fijen posición y planteen la movilización para el miércoles 11 de septiembre de 2024 al Congreso de la Nación, en rechazo de la política económica del Presidente Javier Milei, contra el veto al aumento de las jubilaciones y pensiones, y pidiendo que la Cámara de Diputados se digne a tratar la anulación del DNU 70/23.
La medida de fuerza fue anunciada a través de una conferencia de prensa conjunta realizada en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Allí estuvieron presentes los jefes sindicales Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma; Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores; Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, en representación del Frente Sindical, y Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, quien, junto al gráfico Héctor «Gringo” Amichetti lidera la Corriente Federal.
Son los mismos dirigentes y sectores que propician el Foro Economía y Trabajo, que plantea medidas concretas para recomponer el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y pensiones, de lucha contra la pobreza, un programa de industrialización federal, un plan de obras públicas y de construcción de viviendas que cree empleo alentando el desarrollo económico y social, con justa redistribución del ingreso, y esencialmente propicia la investigación de la deuda bruta nacional, que pasó de 222.703 millones de dólares en diciembre de 2015 a 452.071 millones de dólares al 31 de julio de 2024 (y en ese lapso, en el que más que se duplicó la deuda, cayó la Inversion Interna Bruta Fija, el PIB y aumentó la pobreza y la indigencia).
Todos ellos se alinean detrás de un programa de gobierno que siempre que se aplicó en la Argentina fue exitoso: crecía el producto y aumentaba la participación de los trabajadores, jubilados y pensionados en el PBI. Lo demostraron el peronismo, de junio de 1943 a septiembre de 1955, el radicalismo, del 12 de octubre de 1963 al 28 de junio de 1966, el Plan Trienal, desde mayo de 1973 hasta septiembre de 1974, y el kirchnerismo, desde mayo de 2003 a diciembre de 2015.
La verdad es tan evidente como la mentira del liberalismo, que llama a adaptarse al mundo moderno y a la competencia internacional desprotegiendo nuestra producción y entregando nuestro mercado interno (cosa que no hace ningún país desarrollado), por lo que beneficia a una ínfima minoría asociada al capital extranjero.
¿Cómo nos explicamos que la Argentina en 1974 era el país más integrado (donde menos diferencia había entre los ricos y los pobres) de todo el continente americano, donde la pobreza no alcazaba al 6% de la población, crecía el PIB (ese año lo hizo en un 6,1%) y crecían las exportaciones y la mayor tasa de incremento era las ventas al exterior de productos industriales? Ahora, en cambio, en el primer semestre de 2024 la pobreza alcanzó al 52% de la población y la indigencia al 17,9%, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Estas cifras representan un aumento significativo frente al 41,7% y 11,9% registrados por el INDEC en 2023.
Paralelamente, el INDEC estima que los residentes argentinos tienen capitales fugados (riqueza generada en el país) por 448.184 millones de dólares [2], el “blanqueo” propuesto por Milei no los seduce. Al 5 de septiembre de 2024 ingresaron 133 millones de dólares, incluso no seduce a los funcionarios de este gobierno que declaran, en promedio, poseer el 90% de su capital en el exterior, pero ninguno sirve de referencia.
El modelo de defensa del mercado interno, de la producción nacional, de industrialización y de sustitución de importaciones creaba empleo, creaba riqueza y distribuía mejor el ingreso. El modelo extractivista y financiero en función del mercado externo concentra ingreso, genera pobreza y propicia el endeudamiento y la fuga de capitales.
Cuál es el problema
Si todo lo que afirmamos es cierto y verificable, ¿por qué se insiste con un modelo que ha fracasado tantas veces? Desde el Plan Prebisch de 1955 hasta el “hay que pasar el invierno” de Alsogaray; pasando por el “tenemos que terminar con esto, para empezar de nuevo” de Krieger Vasena y la de “achicar al estado es agrandar la Nación” de Martínez de Hoz; o la de Roberto Dromi readaptada por Javier Milei: “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar” y, finalmente, la de Federico Sturzenegger: “Van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran”.
Al modelo imperante lo imponen fuertes intereses que pretenden seguir expoliando al país para que sea un mero proveedor de energía, materias primas y alimentos, como asevera Marc Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”.
El gran capital financiero con sede central en Manhattan impone el modelo extractivista amparado en una deuda creciente e imposible de pagar con los recursos corrientes que, a su vez, los tiene a ellos, al capital financiero con base en Manhattan, como sus principales acreedores.
Esto se hace en un marco en que la financiarización equivale a la captura del Estado por parte de los grandes fondos de cobertura (o de inversión, como les gusta llamarse), que se fortalecen al apropiarse de cada vez mayor parte de la producción y del ingreso y, con ello, empujan a la población a la pobreza, pero también cercenan el nivel de vida de los sectores medios, y lo hacen con un Estado que se limita principalmente al rol represivo, delegando al capital financiero la planificación, qué se produce, cómo y para quién.
La crisis financiera de 2008 hizo que principalmente en los Estados Unidos se duplicara la base monetaria (la cantidad de dólares emitidos y puestos en circulación por la Reserva Federal), de esa manera se trató de licuar y refinanciar los créditos impagos. Paralelamente se fortaleció a las empresas y con ello se recuperó su valor accionario. En esa tarea las desprestigiadas instituciones financieras como los bancos y mutuales de créditos fueron reemplazadas mayoritariamente por las sociedades de gestión de activos (fondos de cobertura, principalmente el capital financiero con base en Manhattan), quienes fueron comprando esas acciones y títulos del Tesoro, en forma sistemática y acumulativa. Esto les confirió a sus administradores el poder de influir sobre las empresas y los Estados.
El control de la producción se reorganiza en torno a la posesión de capital financiero más que en torno a la propiedad directa de capital fijo, como maquinaria y fábricas. La acumulación del capital no es el resultado del número de empresas, sino de la movilidad del capital, con lo que se genera una mayor internacionalización, unos proveen alimentos y materias primas, otros recursos estratégicos, otros lo industrializan y el capital financiero dirige y coordina todo el sistema.
Y allí, en ese esquema, entran la Argentina y los países con recursos naturales valiosos y abundantes como el petróleo, el gas, el uranio enriquecido, el litio, los minerales raros, el oro, la plata, el cobre, el hierro, etc. De manera tal que se relega a un segundo término la producción de alimentos, donde de por sí y desde hace muchos años y en forma creciente en nuestro país, también depende del capital financiero, como es el caso de los pools de siembra que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Igual puede extenderse la financiación y/o participación directa del capital financiero en los grandes acopiadores y comercializadores de granos que operan en la Argentina como Viterra, Cargill, Louis Dreyfus, ADM (Archer Daniels Midland), etc.
Es más, en la Cámara de Comercio Estados Unidos-Argentina, AmCham, en las 622 empresas asociadas tiene participación y/o la financia el capital financiero liderado por BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, etc.
Y es esa la razón de nuestro sistema bimonetario, en el que se emplea la moneda local (el peso) como moneda de cambio y la moneda extranjera (el dólar) como moneda de ahorro, porque los grandes formadores de precios los internacionalizan y así plantean sus utilidades medidas en moneda dura [3].
Y del lado de la internacionalización de los precios, las grandes empresas igualan el valor que obtienen en el exterior con el que venden al mercado argentino. Que en la actualidad, incluso, en la Argentina, es mayor, por un pésimo manejo de los precios relativos de la administración de Caputo y Bausili, que no previeron el fuerte aumento de los importes de las grandes empresas formadoras de precios, y que tarde intentaron intervenir —en marzo de 2024 (cuando devaluaron el peso en más de un 100% el 12 de diciembre de 2023)— con patéticas rondas con los acopiadores y comercializadores de granos, más tarde con las empresas que controlan el mercado interno de lácteos, carnes, harina, aceite, productos de limpieza, farmacéuticos, etc., y por último, la tercera ronda, con los grandes supermercado mayoristas y minoristas y en todos los casos, la respuesta era echarle la culpa a otros.
En síntesis
La deuda bruta es el acicate, el motivo de toda la formulación que hacen con la ley 27.742 de Bases, que contiene el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), que es un Estado dentro del Estado nacional, con sus propias reglas, sus propias normas, con prioridad de abastecerse del agua o de cualquier otro insumo, sin obligación de proveer al mercado local. Desde el quinto año no están obligados a vender los dólares de sus exportaciones en el país, en caso de controversia judicial pueden recurrir a fueros internacionales y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía de la Nación (Luis Caputo).
La deuda que jamás se investigó es, a su vez, la causa del silencio cómplice de los que cobardemente la aceptan hipotecando el presente y el futuro del pueblo argentino.
Ese cobarde silencio permite que el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se comprometa con el capital financiero de Manhattan que no está en la Argentina, y un mes más tarde con el Consejo Empresarial (The Business Council[4]) en Washington, con que no va a haber salto devaluatorio y a que la unificación del tipo de cambio se genere a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos. Para ello es imprescindible una remonetización consistente en la “movilización de los dólares que los argentinos tienen en el colchón”.
O sea, planifican ahogar a los sectores medios para que vendan sus dólares ahorrados y con ellos pagar parte de los fuertes vencimientos de intereses y capital de deuda, ante el fracaso evidente del “blanqueo” de capitales y el poco resultado que tienen en presionar al “campo” para que liquiden sus exportaciones.
Asi, arrastrándose, esperan llegar al 20 de enero de 2025, fecha en la que asume un nuevo Presidente de los Estados Unidos. Con los buenos oficios de los principales acreedores de la Argentina (el FMI y el capital financiero con sede en Manhattan), esperan que ese gobierno financie los vencimientos para amortizarlos con los recursos naturales de nuestro país, que no le pertenece a este gobierno ni a esta generación.
[1] En julio de 2024, la CBT para una persona fue de 291.472 pesos y la jubilación mínima para dicho mes fue de 215.581 pesos. Además, la CBT no contempla la vivienda y una persona mayor tiene gastos por medicamentos y salud que la CBT tampo contempla.
[2]Posición de inversión internacional de residentes argentinos, P. 24, «Cuentas Internacioanales», Vol 8, nº 2 Primer Trimestre 2024, INDEC. Esa cifra respresenta el 95% del PIB del año 2024.
[3] De allí que el INDEC pondera que los residentes argentinos tienen capitales fugados (generados en el país) por 448.184 millones de dólares al primer trimestre 2024.
[4] El Consejo Empresarial es una asociación de los directores ejecutivos de las empresas comerciales más importantes de los Estados Unidos, conformada por 200 miembros. La membresía es personal, no corporativa, y sólo se puede obtener por invitación.
