· Lo nuevo y último es la conjetura de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 % en los meses del 2025. ¿El costo en algunas áreas es consistente con tal objetivo? Pregunta sin respuesta. Desde el lado de los consumidores no parece que puedan tironear los precios, el gasto tanto de los particulares como del del gobierno se ha ido restringiendo fuertemente. El dólar colabora o mejor dicho su depreciación con la baja actual del 2 % mensual y según Caputo en el 2025 la mitad de lo anterior. Nuestro país trae sorpresas, el dólar fue en algunos momentos un caballo desbocado y aparecen otras cuestiones no predecibles, el clima, las expectativas, los conflictos para gobernar, los costos sociales. Novedades de conjeturas numéricas que hasta el momento no aparecían con claridad en el gobierno, el horizonte electoral del año 2025 seguramente tiene que ver.
· El Tipo de Cambio Implícito (Base monetaria + Leliqs / Reservas brutas), se encuentra en retroceso e incluso debajo del dólar CCL. ¿Por qué? El BCRA DISMINUYE, transfiere al Tesoro deuda cuasifiscal (por los títulos emitidos) y eso consolida la diferencia. Seguramente irá disminuyendo a la par de los de pasivos monetarios del BCRA y por lo tanto la emisión por esa vía, en cambio la Base Monetaria sostiene variaciones cercanas a la inflación. ¿Es un cambio estructural o simple mudanza?
· Disminuyó la inflación (alrededor del 3.3 %) en el NOVENO mes (SEPTIEMBRE) 2024. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable y próxima al 1.4 % mensual? Según Milei será el año próximo. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal, con medidas muy urticantes y secuelas que llegan hasta las Provincias. Vale la aclaración que posiblemente la recesión con caída del consumo sea, sino buscada, menos importante que otras alternativas.
· En diciembre 2023 una de las primeras medidas del gobierno de Milei fue una fuerte devaluación que llevó el peso a $ 800 por dólar. ¿Y luego? El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, en los meses (9) del 2024, el IPC aumentó el 99 % y el tipo de cambio oficial el 52%. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 2 % mensual y el 1 % en el 2025? Dilemático.
· El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas reales negativas si lo medimos con la inflación y otro cantar si lo medimos con el dólar, es lo que ocurre en estos meses del 2024, seguramente es un buen negocio para algunos, mientras dure.
· ¿Los Logros del gobierno son o serán estables?: Algunos indicadores de la coyuntura obviamente mejoran: El riesgo país disminuye pero continuamos en el terreno de la desconfianza. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce, pero el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) en terreno negativo.
· Actividad económica y la pobreza e indigencia no parecen mejorar, y los conflictos institucionales empeoran el paisaje.
· Milei por lo visto ingresa en proceso electoral. Suma adversarios o enemigos, comunistas, keynesianos, periodistas, casta, socialismo, estudiantes. Pero también suma adherentes y por ahora mantiene credibilidad elevada y la ayuda de la oposición dispersa. Seguramente la próxima tarea será levantar el CEPO, no demorará mucho.
Creo expresar la esperanza de la mayor parte de los y las peronistas mendocinos frente a la convocatoria de una lista de unidad en la que todos los sectores del Partido estén representados y cuya convergencia es de desear se amplíe aún más.
A la dramática situación que está llevando un gobierno nacional apátrida y entreguista cuyo precedente sólo puede hallarse en la política económica de Martínez de Hoz, con el mismo objetivo industricida, destructor del mercado interno, para premiar la actividad financiera y la actividad extractiva a gran escala que, como los conquistadores, sólo van a dejar en nuestras tierras la destrucción de un modo de vida, el hambre, la peste y un gran agujero donde estaban nuestros minerales para enriquecer a España y Europa. En otras palabras, de no iniciarse una gesta libertadora urgente, nuestro destino es ser como el cadáver en una estepa de desolación inhóspita, de lo que alguna vez fue el cerro del Potosí y la civilización incaica.
A ello se agrega un gobierno central que obtiene un superávit primario mediante la expoliación de las provincias argentinas de la que el estado central obtiene todos los recursos, abdicando de las responsabilidades federales sobre los derechos básicos igualitarios de la ciudadanía argentina. Todo argentino tiene derecho al mismo acceso a la salud, a la educación, al hábitat y a la seguridad social y policial resida en Capital Federal o en La Quiaca. Si el Estado Central no cumple esa función de garantía con las provincias fundadoras de la Nación de las que obtiene los recursos, eso se llama robo.
En este orden de ideas, el peronismo está llamado a ser la columna vertebral de un movimiento nacional amplio, que permita recuperar nuestra Patria Justa, Libre y Soberana. Como decía Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino y también, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Sólo en la Unidad, Solidaridad y Organización el peronismo puede cumplir su destino. Unidad implica que debe darse preferencia a lo que nos une por sobre lo que nos separa. Por eso, como militante, saludo la constitución de una lista de unidad peronista.
Solidaridad está vinculada a la máxima peronista: Primero la Patria, después el movimiento y luego los hombres. Por eso no son peronistas las internas fraticidas presididas por los agravios personales a otro compañero. Por supuesto que los peronistas podemos y debemos pensar distinto. Eso da lugar a la discusión de ideas y propuestas siempre que estemos guiados por el principio de la solidaridad por el bien de la Patria y del Movimiento y no por las ambiciones personales de perpetuación en los cargos y protagonismos. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional (verdad 9).
Finalmente, la organización se opone al dedo o a la imposición. La conducción política implica escuchar, comprender y convencer. La conducción política no manda, sino que ordena y se abre a la expresión de todas las voces que componen la gran sinfonía del sentimiento que es el Peronismo. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca (verdad 7). Por eso la única lealtad es con el Pueblo, porque la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo (verdad 1). El peronista trabaja para el MOVIMIENTO. El que en su nombre sirve a un círculo, o a un caudillo; lo es sólo de nombre (verdad 3).
Por eso, en Unidad, Solidaridad y Organización hago mis votos para que esta lista de unidad sea el comienzo de una nueva etapa en la que la voz de todos se una para dejar atrás las políticas de facción y de secta que llevaron a que el Pueblo mendocino nos diera la espalda. La Patria nos necesita.
En economía, la “matriz productiva” se refiere a cómo se organiza una sociedad para producir determinados bienes o servicios en un tiempo y precio determinado; cómo emplea los recursos que tiene a su disposición (o desarrolla los inexistentes) para generar procesos de producción que permitan el crecimiento y el desarrollo, propendiendo a la generación de mayor valor agregado, de creación de riqueza y para el bien común, la igualdad de oportunidades y el progreso.
Observamos, después de más de 10 meses de gobierno de Javier Milei, que la matriz productiva es sesgada, con ganancias extraordinarias para un sector minoritario de la población y niveles de pobreza y exclusión social que no tienen calificativo. Y, lo que es peor, que el modelo extractivista y financiero propuesto y legitimado en la ley 27.742, que denominaron “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», profundiza la dualización de la sociedad argentina.
En efecto, dicha ley incluye dos capítulos fundamentales; por un lado, el RIGI (Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que concede beneficios de todo tipo, estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y, al quinto año, quienes adhieran pueden no liquidar en el país las divisas de las exportaciones. Y por el otro, el cambio de las relaciones laborales, propiciando medidas de flexibilidad laboral que desconocen los derechos adquiridos por los trabajadores, que busca la caída de los salarios (incluidos los salarios sociales, la educación y salud públicas, y demás), la flexibilidad para contratar y despedir.
El costo de la Canasta Básica Total (CBT) de septiembre de 2024 para una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos fue de 964.620 pesos para no ser pobre (sin contemplar el pago de alquiler por una vivienda). Para no caer en la indigencia, que es la canasta básica alimentaria solamente, 428.720 pesos. Mientras que el salario mínimo vital y móvil para ese mes fue de 268.056,50 pesos para aquellos trabajadores mensualizados que cumplen con la jornada laboral completa, mientras que la hora trabajada para los trabajadores jornalizados se establece en 1.340,28 pesos. No hay datos oficiales del salario promedio, pero aunque fuera tres veces mayor, estaría por debajo de la CBT. Es decir, podés tener un trabajo registrado y ser pobre. Y la línea de indigencia por debajo del SMVyM configura la peor distribución de ingreso en serie (de varios meses) que se tenga registro en la Argentina.
En el segundo semestre de 2024, el 36,4% de los asalariados no tuvo descuentos jubilatorios. Significa que esos trabajadores no tienen beneficios básicos como obra social, vacaciones pagas o derecho a indemnización en caso de despido. En la construcción, el 70% de los trabajadores no está registrado y el gobierno permite tomar el modelo de fondo de despido de la construcción para generalizarlo a toda la actividad económica.
Los comedores barriales, escolares, parroquiales y asistenciales de todo tipo no dan abasto ante la creciente población que asiste a estos. Las personas y familias que viven en la calle reflejan mejor la situación que los indicadores del INDEC, que al primer semestre de 2024 afirma que el 52,9% de la población (alrededor de 24,8 millones de personas) son pobres. A fines de 2023 la pobreza era del 42%. Hoy hay 5,4 millones más de pobres que en el primer semestre de 2023. La pobreza infantil abarca al 66%; dos de cada tres niños son pobres, en un país que es el tercer exportador mundial de alimentos y forrajes, que exporta cada vez más petróleo y gas y en el que gran parte de la población no puede pagar su consumo.
Un país que cuenta con energía y alimento debería crecer en forma sostenida y distribuir ingresos en forma creciente, solucionando definitivamente el drama de la pobreza e indigencia. El problema es que se apropia de lo que nos corresponde a todos los habitantes de esta Nación, de esta generación y de las generaciones futuras (los nietos de nuestros nietos y más también), una minoría parásita y rentista beneficiada de una deuda pública que no se investigó y no se investiga.
La producción y la deuda
Al mes de agosto de 2024 la UCI (utilización de la capacidad instalada) de la industria alcanzó al 61,3%, por debajo del 67,9% de igual mes del año pasado. En ese marco de retroceso, sin embargo, hubo un sector que trabajó mejor, que es la refinación del petróleo, con el 82% de la UCI (el año pasado, la UCI fue de 72,2%). Todos los demás sectores: metálicas básicas; papel y cartón; alimentos y bebidas; sustancias y productos químicos; minerales no metálicos; industria automotriz (con el 59,9% de la UCI, cuando en agosto de 2023 fue del 74,3%); tabaco; edición e impresión; metalmecánica; textiles (50,4% de la UCI contra 59,3% del año pasado), y caucho y plástico, tienen datos coincidentes con una caída del PIB del 3,8% y de la Inversión Interna Bruta Fija del 22,2% prevista para este año por este gobierno, pero que va a ser incluso mayor.
Obviamente, las principales empresas de los principales sectores (pensemos en Arcos S. A., Molinos Río de la Plata S. A., Ledesma S. A., Coca Cola, y los grandes laboratorios —Bayer, Roemmers, Bagó, etc.—), gracias a su posición dominante, produciendo y vendiendo menos han mejorado su rentabilidad porque subieron fuertemente sus precios.
En el caso del precio del gas y de los combustibles líquidos, como en la electricidad, el precio propuesto por la Secretaría de Energía no es resultado de la puja de precios del mercado, sino producto de la aceptación de la propuesta oligopólica de los productores y distribuidores que incluyen enormes beneficios a los mismos para estos; tanto es así que se genera en el país y obligan al grueso de la población a pagar incluso por encima del precio internacional.
Y es peor, si cabe, en los productos primarios, cuyo techo en sus precios estaba fijado por el de los mercados externos, y hoy ni siquiera respetan ese límite. Por eso, en las provincias limítrofes (y en las no limítrofes también), los que pueden realizan tours de compras a los países vecinos.
En el marco del modelo extractivista y financiero exportador, las PyMES y microempresas no tienen y no pueden tener capacidad de tejer una red productiva y distributiva independiente de las características antedichas de apropiación de rentas de los grandes empresarios, salvo que le sean de utilidad al modelo extractivista.
Para volver a reimplantar el modelo extractivista y rentístico fue necesaria la deuda que es, a la vez, una fuerte restricción y con ello un mecanismo de dominación. En el gobierno de Cambiemos se incrementó la deuda externa de la Argentina en más de 100.000 millones de dólares (de esa suma 45.000 millones de dólares son deuda con el FMI, y a su supervisión y control); deuda que prometió investigar el gobierno de Alberto Fernández y no lo hizo; es más, con reservas internacionales del BCRA les vendió, en los cuatro años de su gestión, 28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas para que paguen sus supuestas deudas.
El déficit fiscal heredado de la gestión de Macri (que tampoco se auditó) se agravó, en parte, justificadamente, por la asistencia a la población por la pandemia del Covid-19 y dio como resultado, según la Cuenta de Inversión de 2023, un déficit fiscal de 4,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 22.500 millones de dólares). El gobierno de Milei colocó títulos de deuda del Tesoro de la Nación en pesos por el total del déficit fiscal, refinanciando su pago, pero son títulos ajustados por inflación (por el IPC del INDEC).
El gobierno colocó títulos de deuda en pesos por 54.820 millones de dólares (la equivalencia de monedas la realiza la Secretaría de Finanzas de la Nación). A los que se debe sumar del rubro “otros”, deuda en pesos por 48.007 millones de dólares más. En total suman 102.827 millones de dólares, que son en pesos, pero ajustables por inflación; por ende, una devaluación de nuestra moneda no “licua” la deuda en pesos, sino que se ajusta en forma similar. Es más, en economía se conoce como pass-through el impacto que genera una variación del tipo de cambio sobre los precios internos de una economía.
Todos los que compraron los títulos de deuda del Tesoro de la Nación en pesos ganaron fortuna.
Recordemos que los títulos públicos de deuda se ajustan por el IPC del INDEC con 30 a 45 días de atraso desde la publicación del índice. Esto es, los que adquirieron los bonos del Tesoro después de la devaluación de nuestra moneda del 12 de diciembre de 2023 recibieron el beneficio del ajuste del 25,5% del IPC del INDEC de ese mes.
Y a posteriori lo mismo:
En lo que va del año, ganaron en dólares la diferencia entre la inflación (101,6% de los nueve meses de 2024) y la devaluación del dólar CCL (Contado con Liqui de 22,9% en el mismo lapso) que es el dólar de salida, tal el compromiso asumido por Vladímir Werning, vicepresidente del BCRA, el 15 de julio de 2024 en Manhattan ante 40 CEO de fondos de inversión financiera de los Estados Unidos. Lo que fue ratificado en Washington el 27 de agosto de 2024, ante el American Council. Y todos ellos van a apoyar que los Estados Unidos y/o el FMI le presten a la Argentina, porque los que cobran son ellos, mientras la deuda del país aumenta, y esos títulos de deuda van a ser tomados al 100% de su valor en el RIGI.
La ambición sin límites
Y para eso se preparan, para convertir la ganancia exorbitante que les paga el país por sus títulos de deuda, para cancelarlos en petróleo y gas (y otros recursos naturales que la Argentina posee en calidad y abundancia).
Esto explica el pedido de renuncia, el 17 de octubre de 2024, del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien fue puesto por los capitales locales del sector (esencialmente los Rocca y los Eurnekián), ahora reemplazado por María Tettamanti, actual gerenta general en NRG Energía S. A., un pool empresarial cuyos principales accionistas son el capital financiero de Manhattan (Vanguard Group, BlackRock, Elliot Investiment, Morgan Stanley, entre otros).
El cómo se reparte el poder y la riqueza en una colonia explica por qué la minera anglo-australiana Río Tinto , con operaciones en 35 países, compró en 6.700 millones de dólares los activos de Arcadium Lithium, la sociedad que nació en enero de 2024 de la fusión de la australiana Alkem y la estadounidense Livent, que es propietaria de los principales yacimientos de litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. En las dos empresas (Río Tinto y Arcadium Lithium) tiene participación BlackRock.
La firma de automóviles eléctricos Tesla, en la que es consejero delegado Elon Musk y es el mayor accionista con aproximadamente el 20% del paquete accionario —pero los otros grandes inversores son las empresas de gestión de activos Vanguard Group, BlackRock, y State Street Corporation— procesará el litio para las baterías eléctricas en su nueva megaplanta en Texas (Estados Unidos) que se abastece de Arcadium Lithium (ahora comprada por Río Tinto).
A su vez, Tesla está interesada en comprar las cuatro centrales hidroeléctricas de la Patagonia: Alicurá, Cerros Colorados, Chocón y Piedra del Águila, que se ponen en venta por el decreto 718/2024 del 9 de agosto de 2024, dada la mayor demanda de electricidad de los centros de datos, inteligencia artificial y criptomonedas, que se incrementa años tras año y que duplicaría el consumo eléctrico del planeta para el año 2030.
Esos capitales, ¿con qué van a pagar todo lo que construyó nuestro país y/o sus cada vez más valiosos recursos naturales? Lo van a comprar con los títulos de deuda, que crecen por la renta financiera (para eso nombraron a Caputo y a Bausili), cuyo origen nunca se investigó.
Conclusión
Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía (donde tiene importante participación BlackRock) manifestó: “Este es el momento de más optimismo desde que estoy en el negocio, porque Vaca Muerta es un boom que ya se está produciendo. Nunca fuimos más optimistas que ahora: en seis o siete años podríamos producir lo mismo que todo el agro”.
Atahualpa Yupanqui diría: “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”. Y también: “Color de sangre minera tiene el oro del patrón”.
El 5 de noviembre se celebran las elecciones en Estados Unidos. Se escogerá una fórmula presidencial, 425 bancas a la Cámara de Representantes y 33 del Senado, 11 gobernadores y decenas de alcaldes. Es útil entonces analizar el potencial impacto de esa votación en la relación entre Washington y América Latina y el Caribe.
Una primera aproximación puede ser evaluar el eje continuidad-cambio. Si Kamala Harris triunfara en las presidenciales y controlase al menos una de las cámaras, su margen de maniobra interno y externo se asemejaría al de Joe Biden, dado que los demócratas están en la actualidad al frente del ejecutivo y tienen una muy ajustada mayoría en el Senado.
Si, por el contrario, Donald Trump triunfara, y los republicanos preservaran una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes y pasaran a dominar, así fuera de modo apretado, el Senado, entonces su margen de acción en lo doméstico y lo internacional sería significativo.
Es bueno recordar que la Corte Suprema está en manos de una clara mayoría conservadora lo que podría facilitar una agenda de cambio interno más extrema por parte de Trump.
Otra perspectiva ofrece el hecho de que las superpotencias cambian poco, o a lo sumo gradualmente, su política exterior y defensa. Varios factores inciden en esto: el éxito alcanzando para llegar a constituirse en una gran potencia; la existencia de intereses materiales y militares poderosos que difícilmente acepten ajustarse a cambios externos; la persistencia de burocracias enraizadas que no propenden por virajes substanciales y expeditivos; y las expectativas de una opinión pública que ha internalizado que el país tiene un destino manifiesto en los asuntos mundiales así la ciudadanía procure mayor atención del Estado en cuestiones como salud, empleo, inflación, y seguridad.
Adicionalmente es clave tener en cuenta que el factor fundamental de la dinámica entre Estados Unidos y Latinoamérica, bajo cualquier partido político, es el rol de los actores extra-continentales y su proyección de poder en la región. Lo fue Europa entre finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, la URSS durante toda la Guerra Fría y lo es actualmente China. Esa fue y es una constante en las relaciones interamericanas.
Otro punto para estimar tiene que ver con la llamada “gran estrategia” para la que no hay un contraste tan marcado entre demócratas y republicanos. En ambos partidos y en torno a las dos candidaturas hay dos sub-grupos.
Por un lado, lo que podríamos llamar los “primacistas” (primacists) y, por el otro, los “mesurados” (restrainers). Los primeros aún conciben una gran estrategia entendida como la total preponderancia de Estados Unidos y el rechazo pleno a la existencia de un poder de igual talla.
Los segundos la conciben en términos de moderación, con un mayor énfasis en la política interna (principalmente productiva), un menor recurso a la fuerza en el exterior y más espacio de colaboración puntual con Beijing. Harris y Trump están rodeados o influidos por ambos sub-grupos.
Si la historia reciente resultase útil, desde el 11 de septiembre de 2001, los primacistas –con sus variantes más y menos agresivas y unilateralistas–han predominado, al final del día, en administraciones demócratas y republicanas.
Es clave también comprender la agenda que caracteriza la elección y que será central en los primeros 12-18 meses del ejecutivo triunfante. Un listado sintético de asuntos con incidencia en las relaciones entre Washington y Latinoamérica: China; cambio climático y energía renovable; recursos críticos (metales, minerales y tierras raras); OTAN; guerras en Medio Oriente y Ucrania; inmigración; Comando Sur (de importancia para la región); comercio; derechos humanos y democracia; e inteligencia artificial y tecnología.
Sin duda hay matices relevantes, predisposiciones divergentes y estilos distintos entre Harris y Trump. Posiblemente, las diferencias mayores, en cuanto a promesas y propuestas, se localizan en temas como el cambio climático y la energía renovable, la OTAN, la guerra en Ucrania, los derechos humanos y la democracia, y la inmigración.
Hay más similitud (con ligeros retoques y modalidades) en torno a China, recursos críticos, Medio Oriente, comercio, Comando Sur, e inteligencia artificial y tecnología. Visto desde América Latina, habrá que interpretar bien las coincidencias y divergencias y anticipar sus retos y consecuencias para la economía y la diplomacia del área.
Si hay algo evidente en la complejidad de esta agenda es que, si primara la lógica del “cortarse solo”, del “sálvese quien pueda” y del “mejor alumno del vecindario”, el costo individual para los países del área sería creciente así cada cual proclamase que gana algo en el corto plazo y que tiene una “relación especial” con Harris o Trump.
Finalmente, la geografía y la historia son gravitantes al momento de distinguir el peso específico de Estados Unidos respecto a la región. En el evento de que haya cambios menores en la política exterior de Washington la repercusión en la región no es pareja. Recurro a una metáfora médica: esos cambios pueden generar una pulmonía grave en América Central y el Caribe; una gripe fuerte en el Arco Andino y un resfrío simple en el Cono Sur.
Un cambio trascendental sí modificaría sensiblemente las relaciones interamericanas. En todo caso, habrá que prepararse para tiempos altamente turbulentos en Estados Unidos, el mundo y la región.
El gobierno de Javier Milei propicia un modelo extractivista exportador, gracias a los abundantes recursos minerales (oro, plata, cobre, litio, minerales raros, etc.) y energéticos (petróleo, gas, energía nuclear, eólica, etc.) que posee la Argentina en calidad y abundancia. Así, se prioriza su detracción en un verdadero enclave extractivista, para lo cual cuentan con la ley 27.742/2024 y su reglamentación que, como ya dijimos en otras oportunidades, implica el RIGI (Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que concede beneficios de todo tipo: estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y, al quinto año, pueden no liquidar en el país las divisas de las exportaciones.
Sin embargo, el RIGI no se ejecuta porque los posibles inversionistas observan el retraso cambiario: la Argentina es cara en dólares. En un informe sobre la Argentina del 27 de septiembre de 2024 de BlackRock, que es el mayor tenedor privado de títulos de deuda argentina, afirma: “Nos hemos vuelto cada vez más cautelosos con respecto a la Argentina durante el último mes, ya que el debilitamiento del tipo de cambio informal sugiere que el tipo de cambio oficial podría estar sobrevaluado. Por lo tanto, vemos el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio, lo que podría reavivar las presiones inflacionarias”.
La crítica es por el mal desempeño del gobierno que, tras la devaluación de más del 100%, no bien se inició, liberó los precios, en un país donde los productos principales tienen nombre y apellido —el acero, el aluminio, los combustibles, la cal, el cemento, la arena, los productos lácteos, la carne, el arroz, la harina, el aceite, los fideos, la yerba mate, el azúcar, los productos de limpieza, los medicamentos más vendidos, entre otros—.
En ese marco de inercia inflacionaria, el capital financiero con base en Manhattan, que ganó mucha plata comprando títulos públicos en pesos ajustados por una inflación acumulada de 117,6% en diez meses (cuando después de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, el dólar creció solo en 23,9% [1]), da por terminada la experiencia de sus asesores Luis Caputo y Santiago Bausili, y trata de que no cunda el pánico y que su reemplazo sea lo más ordenado posible, a fin de garantizar el valor de mercado de dichos títulos y que se empleen al 100% en la inversión extractivista, amparados por el RIGI.
El problema de la deuda
Para el año 2025, el total de vencimientos de la deuda en divisas es de 17.285 millones de dólares entre capital e intereses, 55% en títulos públicos y el 45% restante con entes multilaterales. Con el FMI, el vencimiento es de 2.700 millones de dólares de intereses. Se incluyen los 5.500 millones de dólares del swap de libre disponibilidad de la República Popular China otorgado en junio de 2023, renovado en junio 2024, que vence en junio de 2025 (un año de plazo).
La deuda en pesos que vence en el año 2025 es de 39,7 billones de pesos (equivalente según el tipo de cambio oficial estimado por el gobierno argentino para el año 2025, a 32.800 millones de dólares), pero el 90% de esta [2] se ajusta por el IPC del INDEC, con lo que la devaluación del peso no la “licua”, como fue en años anteriores (1975, 1982, 1989, 2002, 2018), sino que, por el pass through azuzado por las grandes empresas formadoras de precios, se ajusta en proporción a la devaluación.
Esto explica el DNU 846/2024, que:
Incrementa la tenencia de títulos públicos del 50% al 70% en la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social), que pertenece a los jubilados y pensionados nacionales, no al Estado argentino;
Dispone que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública, cualquiera sea su moneda, a precio de mercado.
Establece que la nueva renegociación de la deuda pública no estará alcanzada por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N.º 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, que expresa taxativamente que para reestructurar deuda en dólares se debían hacer al menos dos de las siguientes tres condiciones: 1) alargar plazo, 2) bajar intereses y/o 3) reducir capital.
Obviamente, entre los principales acreedores privados están los fondos de cobertura encabezados por BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Greylock y los 40 fondos con los que se reunió Vladímir Werning el 15 de julio de 2024 en Manhattan y los miembros del American Council, a quienes visitó en Washington el 27 de agosto de 2024. Y todos ellos van a apoyar que los Estados Unidos y/o el FMI le presten a la Argentina, porque los que cobran son ellos; así, la deuda del país aumenta, lo que significa mayor dependencia y que esos títulos de deuda van a ser tomados al 100% de su valor en el RIGI.
El gobierno actual ha utilizado y utiliza el ajuste económico y fiscal para reducir lo máximo que se pueda el consumo interno. De esa manera se importan menos bienes e insumos y, paralelamente, aumentan los saldos exportables de minerales, de energía, de forraje y de alimentos. No lo pueden hacer por devaluación de nuestra moneda porque la inflación que se desataría (pass through) provocaría el default de la deuda, dado que la mayor parte de los títulos de deuda en pesos son ajustados por inflación; por lo tanto, para controlar la suba generalizada de los precios, recurren a la depresión económica.
Si la devaluación de nuestra moneda es significativa, como es de preverse, ocasionará fuertes pérdidas en grandes empresas que operan en el país, que emitieron obligaciones negociables entre enero y julio de 2024 por 3.695 millones de dólares; son los casos de YPF S. A., del Grupo Clarín (Telecom) [3], de Pan American Energy (Grupo Bridas y British Petroleum), de Aluar (Grupo Madanes), de Vista Oil&Gas, Techint (Tecpetrol), del Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), de Edenor (Vila-Manzano), del Grupo Albanesi [4], del Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), de Capex – CAPSA (petrolera de la familia Götz), del Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles), entre otros.
Los productores, acopiadores y exportadores de granos y de carnes, que presionan por la devaluación del peso, mediante el Decreto 28/2023, publicado en el B. O. del 13 de diciembre de 2023, liquiden 80% al precio oficial y 20% en el CCL (Contado con Liqui), no solo no paguen al Estado argentino los derechos de exportación, sino que significa una disminución de ingresos de dólares al país en torno a los 4.250 millones de dólares desde el 13 de diciembre de 2023 al 31 de agosto de 2024.
Por supuesto, para apuntalar el modelo extractivista es imprescindible destruir el mercado interno. Que la demanda local de energía y alimentos, que son los bienes que exportamos, sea la menor posible y, para eso, internacionalizan sus precios. Si se quiere consumir en la Argentina, la población debe pagar el precio internacional.
Eso explica por qué, pese a que el campo liquida solo el 80% de sus exportaciones en el mercado oficial, el superávit comercial hasta agosto de 2024 es el mayor (en los primeros ocho meses del año) de toda nuestra historia comercial, por 14.151 millones de dólares, gracias principalmente al fuerte descenso de las importaciones, que es funcional a la depresión económica, objetivo buscado por el plan del gobierno de Milei.
La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aun con el actual gobierno de Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y, cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre. Con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de la deuda y el modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador.
Así como la recesión económica es funcional al modelo, lo es también la deuda pública, dado que cuanto mayor endeudamiento tenga la Argentina, más dependiente es de la financiación externa, y los acreedores están en mejores condiciones de cambiar los títulos de deuda del Tesoro de la Nación Argentina por petróleo, gas y demás recursos naturales del país.
Los fuertes vencimientos del año 2025, tanto en divisas como en pesos (donde la mayor parte de los títulos públicos son ajustados por inflación), limita seriamente la corrección cambiaria (devaluación), porque al Estado nacional argentino se le torna más cara la deuda (debe recaudar más pesos para pagar los vencimientos).
Situación harto difícil que hace que la actual administración del país dependa, sí o sí, del ingreso de nuevos créditos en torno a los 15.000 millones de dólares, monto que ni el FMI, ni los Estados Unidos, ni el capital financiero que opera en la Argentina tiene en sus planes inmediatos otorgárselos.
Antes van a presionar para una devaluación del peso argentino, y es el fin del gobierno de Javier Milei y de la bicicleta financiera (carry tarde) de la dupla Caputo- Bausili. Todos ellos cumplieron con el triste papel de empujar a la pobreza a más de la mitad de la población del país [5] y de generar condiciones para una factoría exportadora, pero van a ser reemplazados por quienes, según la pretensión de los Estados Unidos y del capital financiero con base en Manhattan, puedan continuar con el modelo pero con un precio en pesos argentinos mayor por dólar.
Lo relatado explica la desesperación del gobierno de Milei de buscar apoyo en China.
La necesidad del gobierno de Milei de la República Popular China
Después de que en plena campaña electoral Milei dijera que jamás acordaría con el país asiático por ser comunista, y que prefería negociar con países civilizados que son (para Milei) los de Occidente, dado el nivel de endeudamiento de la Argentina y la imposibilidad de pagar la deuda, pretende hacer buena letra con la República Popular China. Por esto es por lo que la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, viajará en los primeros días de noviembre de 2024 a dicho país. Y Javier Milei lo hará en enero de 2025 para la reunión conjunta entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
En el año 2009 se realizó el primer acuerdo entre la República Popular China y la Argentina por el cual nos concedían financiamiento para importar productos de ese país por 70.000 millones de yuanes (unos 9.300 millones de dólares). En julio de 2017, el Banco de la República Popular de China y el Banco Central de la República Argentina firmaron un acuerdo suplementario de swap de monedas por 63.000 millones de yuanes (equivalente a 8.700 millones de dólares). Por lo tanto, el monto convertido total es de unos 18.000 millones de dólares
En junio del 2023, la Argentina y China renovaron hasta mediados del 2026 el contrato de intercambio de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de la República asiática, pero dividido en tres partes; cada desembolso tiene una fecha de vencimiento propia.
En ese marco, China le concedió a la Argentina la disponibilidad de utilizar los yuanes para pagarle al FMI: a) parte de la cuota de capital de junio de 2023 (por el equivalente a 1.000 millones de dólares) y b) parte de los intereses en julio de 2023 (por 1.600 millones de dólares). A su vez, la Argentina canceló ambos créditos de China en el mes de agosto de 2023.
En octubre de 2023, el Presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del swap con China por 47.000 millones de yuanes, que equivalen a unos 6.500 millones de dólares, de los cuales se efectivizaron casi 40.000 millones de yuanes (unos 5.500 millones de dólares), pero de libre disponibilidad. Que se le renovó en junio de 2024 al actual gobierno, que pretende renovarlo en junio de 2025.
Las reservas internacionales brutas del BCRA argentino ascienden al 30 de septiembre de 2024 a 27.172 millones de dólares, de los cuales 18.000 millones de dólares son los fondos (swaps) acordados con China.
En síntesis
La situación financiera de la República Argentina es extremadamente delicada; depende de conseguir un crédito de no menos de 15.000 millones de dólares para poder afrontar los vencimientos del año 2025.
El capital financiero con base en Manhattan es renuente a financiar al gobierno de Milei, máxime que ya obtuvieron lo que querían:
Que no se investigue la deuda externa (cómo se originó, qué se hizo con esos fondos, ).
La parte de títulos del Tesoro de la Nación Argentina que tienen en pesos se ajusta por inflación, que ante una devaluación del peso se incrementa en forma similar.
La ley 27.742 y con ello el RIGI.
Sin el crédito que el gobierno espera de no menos de 15.000 millones de dólares, Javier Milei podría tener su propia fecha de vencimiento.
[1] El crecimiento de la inflación abarca el mes de diciembre porque los títulos del Tesoro de la Nación se ajustan con un retrazo de 30 a 45 días y la compra de los títulos fue tras la devaluación de más del 100% del 12 de diciembre de 2023.
[2] Otra parte se ajusta por dollar linked (dólar oficial) y una parte muy menor a tasa fija, como las Lecaps (Letras capitalizables) que se licitan a Tasa Efectiva Mensual (TEM).
[3] Explica por qué el apoyo del diario Clarín a Milei.
[4] En medio del escándalo por los “cuadernos de Centeno”, el Directorio del grupo aprobó la renuncia de Armando Loson como titular y presidente de la empresa, y lo reemplazó el hijo.
[5] Y generar ganancias exorbitantes al capital financiero.
Nuestro país está atravesando una fase de creciente estupidización. Comenzando por el hecho de un electorado esencialmente estupidizado por años de «tinellización» y faranduleo de la vida pública, junto con el machacar mediático sobre los valores y principios de la «res pública», es decir, atentando contra la democracia. Ese electorado estupidizado ha ungido a un gobierno esencialmente estúpido. Un gobierno que parece píllo, pero que solo es capaz de picardías de baja estofa, tales como sobornar legisladores y gobernadores con los fondos reservados de LA SIDE. Y que, como bien señala Grabois, se hace el fuerte con los débiles y humildes, a quienes somete a despojo y maltrato; pero es venialmente débil frente a los fuertes, ante quienes se somete indecorosamente, como practica a diario el propio blandengue genuflexo del payaso impresentable ungido presidente. Solamente en un país sumergido en la estulticia se puede llevar adelante esta campaña de empobrecimiento cultural, acerca de las «auditorías» a las universidades nacionales. El sorprendente grado de ignorancia de muchos bandoleros a sueldo, y de muchísima buena gente, que desconocen el mecanismo «de relojería» de evaluación y control académico por un lado (a cargo de la CONEAU); y de la gestión administrativo/contable por otro (a cargo de la AGN) explica que se sorprendan -como Laje o Milei- porque «… no se entiende que no se acepten auditorías para saber en qué se usa el dinero público. Y esta discusión está candente, la prédica ha tenido éxito y -lamentablemente-, legiones de estúpidos las repiten como loros. Cuando se remite a los estúpidos neo-psitácidos a la ley acerca de la educación universitaria, refieren que no la conocen y que «…nadie las lee…», como si tal desconocimiento por indolencia y dejadez justificara el dislate. Por supuesto, esos disparates no son inocentes, son parte central del pescado podrido con el que la derecha afronta los desafíos de la querella cultural. A la que debemos concebir como un escenario fluctuante, variopinto y multidimensional; nunca en términos de una batalla, siempre en el de una guerra popular prolongada, en todos los frentes. Y el manual para combatir la estupidez en este capítulo, hace que toda la militancia debe saber y ser capaz de transmitir, que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (la CONEAU) implica revisión entre pares, y ahí está la primer llave, las auditorías se hacen permanentemente, y las hacen quienes deben hacerlas: pares. Está claro que a lo atinente a la enseñanza de la pediatría la deben evaluar médicos y particularmente pediatras; y así sucesivamente. Luego, y como el gasto en personal explica más del 90% del gasto universitario, pretender discutir la «ruta del dinero» implica pretender discutir los criterios de asignación de recursos a tal o cual carrera, o a las modalidades en que éstas se dictan. Es decir, pretenden cuestionar los criterios académicos, para poder intentar después cambiar los contenidos curriculares e ir a una educación retrógrada y elitista, para pocos, para la gente «de bien». Contra esta deriva de estupidez malvada y maligna, la pelea debe ser constante. Pero, militando en el peronismo como nosotros hacemos, este opúsculo quedaría incompleto si no hiciera especial hincapié en la escasa o nula tarea de «labranza cultural» en los años de bonanza. La década supuestamente ganada ha sido una década irremisiblemente perdida. Y perderemos más aún, junto con la nación y el pueblo, si no se abren canales efectivos a la participación popular. Y eso requiere dejar de lado fantasías de mentes iluminadas, dedos autocráticos y de entender al poder como un bien heredable. No se puede concebir a los compañeros y al pueblo como a los siervos de la gleba. De lo contrario, continuaremos aportando nuestras estupideces a las discusiones estúpidas del país estupidizado.
Dicho sea de paso, el peronismo tuvo un rol destacadísimo en la redacción de la Ley de Enseñanza Universitaria y el resto del marco normativo; merced a la ímproba tarea de muchos compañeras/os, encabezados por dos próceres, como el recordado Juan Carlos Del Bello y el querido Ernesto Villanueva.
El Gobierno modificó la ley 25.246, la cual regulala Unidad de Información Financiera (UIF). Lo hizo a través del Decreto 891/2024 publicado en el Boletín Oficial este jueves. En esencia, el objetivo principal es aumentar la autonomía e independencia operativa del organismo y por ello decide eliminar el Consejo Asesor que la integraba y «simplificando su estructura».
El texto oficial señala que en el marco de la lucha contra el lavado de activos, introduce cambios legales «para fortalecer la independencia y eficacia operativa de la UIF, eliminando el Consejo Asesor y redefiniendo la composición del organismo».
Para la abogada Julieta Pignanelli, experta en regulación financiera es «polémica» la medida que con un decreto deroguen una ley nacional con contenido penal, el PEN alega delegación de facultades y ley bases.
También hace referencia a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional que establece estándares globales en la prevención de delitos financieros. «El objetivo del cambio normativo es mejorar el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI y aumentar la autonomía de la UIF», asegura.
El decreto también remarca la importancia de asegurar que los actores del sector privado informen actividades sospechosas, en línea con las recomendaciones internacionales. Se introduce una simplificación en la estructura de la UIF, limitando la intervención de organismos externos y potenciando la rapidez, transparencia y eficiencia del organismo. Además, se busca reducir el gasto público, «eliminando cargos innecesarios«.
¿Cuáles son los principales cambios que introduce?
Elimina el Consejo Asesor: se suprime el órgano colegiado que estaba compuesto por representantes de diversos organismos estatales y que tenía la función de asesorar a la UIF.
Simplificación de la estructura: la UIF queda integrada únicamente por un Presidente y un Vicepresidente, reduciendo así la burocracia y agilizando la toma de decisiones.
Mayor autonomía: al eliminar el Consejo Asesor, se busca que la UIF tenga mayor libertad para tomar decisiones sin influencias externas, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos por el GAFI.
Ahorro presupuestario: la eliminación de los cargos del Consejo Asesor genera un ahorro económico al Estado.
Por último, recuerda que, los cambios propuestos buscan alinear a la UIF con las recomendaciones del GAFI, que promueve la independencia y eficacia de las unidades de inteligencia financiera.
Independientemente de las múltiples interpretaciones que a lo largo de la historia se han publicado sobre los orígenes del estado, todas estas interpretaciones coinciden en verlo como un dispositivo ordenador de las sociedades. Tanto desde las visiones centradas en la mirada desde el interés individual como del comunitario, resulta evidente que los estados surgieron como consecuencia de contradicciones sociales entre los individuos de las diversas comunidades y, de alguna manera, se generaron acuerdos explícitos o tácitos para establecer límites a los conflictos suscitados.
Siempre que existen contradicciones y por lo tanto conflicto entre distintos grupos, va de suyo que hay un interés en un objeto común de deseo que se quiere poseer y no compartir. Esta es una conducta que también observamos en animales no humanos cuando el objeto de deseo es escaso; pero cuando el mismo es abundante, el conflicto desaparece, no compiten los animales por el agua de un río, ni por el pasto de los campos, o los carnívoros por la carne cuando la presa que cazaron es grande y alcanza para muchos. Podemos ver a leones, lobos o buitres compartiendo el alimento si este es suficiente para todos. Pero hay una conducta que parece ser privativa de los humanos y tiene que ver con la aparición de los excedentes de producción. Estos, más allá de la tranquilidad de comer mañana, de paliar la inseguridad ante la posibilidad de hambre futuro, se apropian de estos excedentes como un elemento de poder, como una moneda de cambio para manejar las voluntades de otros.
Cuando los humanos, luego de miles de años de vivir como nómadas cazadores recolectores descubrieron la agricultura y el pastoreo, pudieron producir más alimento que el que debían consumir de inmediato. Fuera por la cosecha que se podía guardar para futuro alimento o por rebaños que aunque se trasladaran aseguraban leche y carne para mañana, esas cosechas y esos rebaños constituyeron los primeros excedentes de producción.
Los individuos más agresivos de los primeros conglomerados humanos, a partir de una mayor capacidad de violencia se apropiaron de estos excedentes de producción, dando origen así a la aparición de la propiedad privada y, como diría JJ Rousseau, a la ‘desigualdad de los hombres’ y al nacimiento de una clase dominante, la propietaria de esos excedentes, y por ende, de una clase dominada que dependía de la primera para sobrevivir y para lograrlo debía servirle a esta.
El trabajo ya no fue solo recolectar o cazar, la consecuencia de la evolución que desarrolló la capacidad de elaborar herramientas, vestimentas y armas, permitió que esas herramientas se aplicaran a la producción. Probablemente los bienes producidos por un grupo fueron codiciados por otro y lucharon por ellos, quedando el triunfador como propietario y el vencido conservó su vida quedando como esclavo del vencedor. No fue entonces esta la causa de la aparición del estado, el estado no fue necesario para garantizar la esclavitud sino para que otros grupos libres no intentaran apropiarse de lo que esta naciente clase dominante poseía.
Con otros grupos que hicieron lo propio generando sus excedentes surgió el intercambio, anticipo del comercio, la esclavitud aseguró solo un un modo de producción que garantizaba excedentes, riqueza para los amos. La competencia y codicia entre los grupos dominantes se resolvió inventando límites que legitimaran la propiedad privada. Estos límites que garantizaron la propiedad fueron la génesis del estado. “El hombre es lobo del hombre” dice Hobbes en su Leviatán. Los humanos solemos ser como el agua, si no se le pone límites, nos inunda. En todo caso nuestro modo de vida dependerá del acuerdo o desacuerdo social existente para administrar la producción, el espacio existente entre la propiedad de unos y otros pasaría a ser “la cosa pública” lo que tenemos como espacio y tenencia en común.
Las herramientas sobrenaturales
Todo conflicto debe estabilizarse en algún momento ya que no puede permanecer en el clímax por tiempo indefinido en el mismo espacio territorial. En algún momento no bastó la capacidad de violencia del sector dominante para garantizar su propiedad de los excedentes producción y se agregó un supuesto contacto con lo sobrenatural que también legitimaba sus pertenencias y liderazgo. En torno a la apropiación, el monopolio de la violencia y la administración de las creencias se parieron los conceptos de legitimidad y ley, los dioses así lo querían. Estaba apareciendo el estado con el monopolio de la violencia por parte de la clase dominante, ahora legitimado y también esa clase dominante aumentaba notablemente los excedentes de producción en su beneficio merced a la esclavitud, con esclavos que pasaron a ser parte de su hacienda, su propiedad privada.
Un resumen de historia socioeconómica
Hemos visto muchos modelos de estado, desde el más brutal y primitivo estado esclavista, en el que los enemigos derrotados se convertían en esclavos, pasando a ser objetos de uso y de comercio, parte de la hacienda; pasando por el estado feudal, surgido como consecuencia del debilitamiento de los imperios y la fragmentación de las clases dominantes, en el que no podía sostenerse el esclavismo siendo reemplazado por la servidumbre como modo de producción, volviendo luego al absolutismo monárquico a partir de la concentración de poder por sectores triunfantes de las clases dominantes. Luego la declinación del absolutismo monárquico y el despotismo ilustrado cedieron paso al estado moderno surgido luego de la revolución industrial y la revolución francesa, el estado burgués, que a partir de un modo de producción más eficiente fue incrementando su poder económico hasta poder disputar el poder político.
Ya el modo de producción industrial de la burguesía empoderada no podía mantener esclavos ni tampoco le era útil la servidumbre del modo de producción feudal, era más eficiente y conveniente para la nueva clase dominante tener obreros que se ocuparan por su cuenta de obtener casa y comida. Podemos ver a la guerra civil estadounidense como un laboratorio en el que se enfrentaron dos modos de producción en una unidad territorial en la que no había espacio para que ambos pudieran convivir.
Antes de la aparición del estado burgués, el poder político y el poder económico coincidían en las personas de las monarquías y sus respectivas aristocracias. A medida que los hombres libres que no pertenecían a la aristocracia fueron generando poder económico comenzaron a competir por el poder político. Es de destacar que la lucha de las mayorías dominadas fue consiguiendo limitar el poder de las clases dominantes estableciendo leyes que protegieran a la generalidad de la población lo que si bien constituye un límite al abuso de las clases dominantes también ha sido un dique de contención para que los enfrentamientos entre las clases sociales no fueran mayores.
Los cambios de paradigmas
Vemos que la evolución de las relaciones sociales está signada por la evolución de los modos de producción. Comunidades crecientes, cada vez mayores, requieren también mayor cantidad de bienes y servicios aunque siempre se ha mantenido la desigualdad social entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción. Pero no solo las relaciones sociales han evolucionado, también lo han hecho la ciencia y la tecnología que no es otra cosa que ciencia aplicada. Como consecuencia de esta evolución científico tecnológica han evolucionado también los modos de producción.
Lo que Zbigniew Brzezinski, en la década del 80, llamó “La era tecnotrónica” supone un cambio de paradigma en la matriz productiva global. La robotización de la producción, que obviamente requiere cada vez menor cantidad de mano de obra humana, y la aparición de la internet, un desarrollo reciente para el público en general pero existente desde finales de la década del 50 como desarrollo militar de los EEUU, gran triunfador emergente de la segunda guerra mundial, son hitos fundamentales a valorar.
Es dable mencionar que los EEUU triunfaron dos veces en la segunda guerra; en principio financiando a los países europeos que quedaron como sus grandes deudores, constituyéndose así en el heredero del imperio anglosajón; y en segundo lugar en Hollywood, creando a través del cine la sensación de ser los grandes protagonistas de esa contienda en la que aportaron el menor número de tropas y de muertos.
La aparición de redes sociales como facebook, instagram, twitter, el home office permitido por la tecnología y magnificado como una de las consecuencias de la pandemia Covid 19 nos encuentran hoy con la mayor concentración de capital de la historia en la menor cantidad de manos. Hace tiempo sabemos que el 1% de la población mundial tiene la misma cantidad de riqueza que el 95% restante, que 10 empresas multinacionales facturan por encima del PBI de China.
Historia cuasi reciente
Obligadamente tenemos que repasar algunos antecedentes que aparecen como fundamentales y fundacionales de algunas de las realidades socioeconómicas que tenemos hoy. Ya hemos hablado en otros artículos sobre la “Trilateral commission», entidad privada que nucleaba a representantes de grandes empresas, fundamentalmente de capital financiero, de EEUU, Europa y Japón, y ‘casualmente’ organizada por Zbigniew Brzezinski, cuya primera reunión fue en julio de 1973 y tuvo como miembro informante a David Rockefeller. El mismo en su discurso planteó que en el año 2000 el combustible serían los alimentos y había que impedir “a como dé lugar” que los países en los que tenían “influencia» se industrializaran. Esto fue, no solo el inicio del neoliberalismo sino también del plan Cóndor que tanta muerte trajo a América Latina y que luego de 50 años, en los documentos desclasificados de la CIA sabemos que fue diseñado por Henry Kissinger. En la segunda reunión, a mediados de 1975 el miembro informante fue el barón Rothschild, representante del Club de París; su planteo fue que había desaparecido el sentido de las fronteras políticas, que “el mundo debía ser manejado por las corporaciones multinacionales”, virtualmente la inauguración del anarco capitalismo que vocifera nuestro Idi Amin blanco.
Conclusión
¿Qué representa la destrucción del estado? Representa la destrucción de todo límite al totalitarismo corporativo del capital concentrado. Es el discurso perverso (del latín per: a través de. Versus: dar vuelta) de intentar apropiarse de la palabra libertad cuando en realidad el objetivo es la esclavitud de las mayorías bajo el pie opresor de las corporaciones multinacionales y el capital financiero, lease fondos buitres, que diagraman un mundo feliz para pocos y un infierno, genocidio incluido, para muchos. El estado, a pesar de garantizar desigualdades, se comporta como el límite concreto a la avidez de las clases dominantes. Las constituciones, símbolo jurídico de los estados impiden la esclavitud, tal vez por eso los declarados libertarios intentan violarlas permanentemente.
La historia puede evolucionar técnicamente de manera constante, pero la involución social es posible, estos son sus abanderados. El modelo esclavista no necesita estado, solo amos.
La ley 27.743, denominada “Medidas fiscales paliativas y relevantes”, contempla el Régimen de Regularización de Activos (blanqueo de capitales), que genera una amnistía tributaria que les permite a los evasores declarar activos financieros, bienes muebles e inmuebles (artículo 24), en el país y en el exterior, a un costo nulo o, en caso de capitales declarados mayores de 100.000 dólares, con una multa que puede partir desde el 5% del capital. Es más, cuando se trata de blanqueo de efectivo, el costo de exteriorizar también puede ser cero si los fondos se mantienen depositados hasta el 31 de diciembre de 2025 y, en caso de que la persona decida retirar los fondos antes de esa fecha (31 de diciembre de 2025), sólo debería abonar un 5% en concepto de impuesto especial.
El blanqueo de capitales de la gestión Milei genera la posibilidad de retirar lo blanqueado antes del 31 de diciembre de 2025, invertir ese dinero declarado y obtener una renta sin pagar la multa. Las operaciones que permiten hacerlo son las que aprobó el Ministerio de Economía, entre las que figuran la compra de bonos o inversiones en proyectos inmobiliarios [1]. También para la compra de títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, acciones y fideicomisos.
No pagarán ninguna multa los que declaren hasta 100.000 dólares hasta el 31 de octubre de 2024 [2]. Los que declaren más de esa suma pagarán 5% de multa sobre el excedente de 100.000 dólares hasta el 31 de octubre de 2024. Hasta el 31 de diciembre de 2024, quienes declaren en ese periodo, pagarán 10% sobre los 100.000 dólares. Y el 15% si declaran antes del 31 de marzo de 2025.
La AFIP habilitó el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) para inversiones en obras nuevas o que se estén realizando o que hayan iniciado después de julio de 2024. El formulario pide datos sobre el valor de la obra en pesos, metros totales y metros abiertos en cubierto/semicubierto/descubierto, datos del director y del representante técnico de la obra, entre otros. Además de la carátula del plano y el permiso de obra.
Si bien no hay un informe de la AFIP, al 30 de septiembre de 2024, las cuentas especiales que se deben abrir a tal fin en los bancos y en las ALyC (Agente de Liquidación y Compensación Integral) [3] fueron importantes. Y, en el caso de los bancos, en el balance mensual del BCRA de septiembre de 2024 se informa que el incremento de los depósitos en dólares en ese mes fue de 14.147 millones; gran parte se debe al blanqueo, y fueron fracciones menores a depósitos por compras de dólar MEP (dólar “bolsa”) y por imposiciones en cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo en divisas.
También es claro que las reservas internacionales brutas del BCRA se incrementaron en dicho lapso solamente en 453 millones de dólares, por lo que es obvio que los bancos no guardan encaje en el BCRA (parte de los depósitos recibidos) por el incremento de las imposiciones, a la espera de que los que blanquearon capital lo retiren rápidamente.
Hubo una cantidad importante de personas físicas que exteriorizaron portafolios de inversión en el exterior, producto del tratado de intercambio automático de información con los Estados Unidos, firmado por el ex ministro de Economía Sergio Massa en septiembre de 2023. El acuerdo FATCA, el CRS de Estados Unidos[4], hizo que se girara a la AFIP en septiembre de 2024 el primer informe proveniente de ese país con los datos del año anterior, por lo que los que tienen cuentas en los Estados Unidos quedaron expuestos.
Esa combinación de blanquear capitales y el cruce de información con los Estados Unidos explica la importancia que tiene, pero no se vuelca a la inversión y al consumo de bienes y servicios locales.
El ministro Luis Caputo afirmó por las redes que el objetivo del blanqueo no es recaudatorio, ni tampoco que se acrecienten las reservas internacionales del BCRA, sino que financien al sector privado. Esto sería que se saquen los dólares del “colchón” o de las cajas de seguridad y que se usen para el consumo o la inversión en el país. Pero la inversión va a ser en enclaves exportadores (tipo petróleo y gas), como lo demuestra el crédito tomado por Pampa Energía, que el mismo Caputo refiere en su mensaje de texto. Y la mayor parte va a emplear el capital “blanqueado” usando el “dólar” barato para importar y/o gastar en el exterior; máxime que el 24 de diciembre de 2024 cesa de cobrarse el Impuesto PAIS (que es una recarga a las importaciones y al turismo).
Quiénes se benefician del mayor consumo por el blanqueo
Paralelamente, el Ministerio de Economía informa en la página oficial que “el gobierno continúa reduciendo aranceles”. El gobierno nacional desde el 1 de octubre de 2024 reduce aranceles de importación de neumáticos para autos y motos, plásticos, pequeños electrodomésticos y productos de uso doméstico con el objetivo de alentar la competencia y beneficiar a la industria y a los consumidores. Y publica un extenso listado resumido en el siguiente cuadro.
Todo esto, en medio de la depresión económica que el mismo gobierno estima para este año de 3,8% de caída del PIB, y con un descenso de la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) del 22,2%, según consta en el anexo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025. Ante una caída del consumo que el INDEC estimó para el primer semestre 2024 de 9,8% (INDEC – Cuentas Nacionales 18 de septiembre de 2024), el gobierno, que desde julio de 2024 dejó de acumular reservas internacionales, propicia la sustitución de la producción local por importaciones, que se financiará con más deuda externa y/o con el capital blanqueado.
La propuesta y la amenaza ya la había realizado Luis Caputo con las grandes empresas formadoras de precios de los productos que conforman la canasta básica total (Arcor, La Serenísima, Molinos Río de la Plata, Frigorífico Rioplatense, Unilever, Procter & Gamble Argentina, Colgate-Palmolive, etc.) el viernes 8 y, el lunes 11 de marzo de 2024 con los supermercadistas (nucleados en ASU [5]), cuando les dijo: “El techo de los precios es el internacional, no pueden vender por encima de ese precio, sino abro la importación”.
No sólo no le hicieron caso, sino que los precios crecieron mucho más que el precio oficial del dólar (inflación de nuestros precios medidos en dólares).
En síntesis
El plan, por llamarlo de alguna manera, es reducir lo máximo que se pueda el consumo interno para aumentar los saldos exportables de minerales, de energía, de forraje y de alimentos. Como no lo pueden hacer por devaluación de nuestra moneda, porque la inflación que se desata (pass through) provocaría el default de la deuda, dado que la mayor parte de los títulos de deuda en pesos son ajustados por inflación, deben recurrir a la depresión económica.
La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aun con Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre. Con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de la deuda y el modelo extractivista agropecuario, financiero exportador.
Murray Rothbard,[6] en quien Milei se referencia, sostenía que los Estados Unidos debían producir para el mercado interno, que lo que no se podía vender se debía exportar, y si no que se dejara de producir, que el mercado iba a reasignar los recursos para otra producción. En la visión del colonizado de Milei, primero que se exporte, si no se puede exportar, que se lo venda en el mercado interno al precio internacional y, si no se lo puede vender a ese precio, que se deje de producir. Como en la década de los 90, la desocupación y la pobreza son datos que para ellos no existen.
[1] La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) para inversiones en obras nuevas o que se estén realizando o que se hayan iniciado después de julio de 2024.
[2] La AFIP, mediante la Resolución General 5578/2024 publicada en el Boletín Oficial, prorrogó los plazos del blanqueo del 30/09 al 31/10/2024.
[3] Son las entidades a través de las cuales se puede acceder al mercado de capitales.
[4] El acuerdo es menos amplio que el CRS y solo alcanza a personas físicas con cuentas en Estados Unidos que generen rentas sujetas a retención allí y no incluye sociedades extranjeras con beneficiarios argentinos. La información compartida se limita a las rentas de origen americano, no a saldos ni movimientos. A diferencia del blanqueo de 2016, donde la presión del CRS llevó a muchos a regularizar sus activos.
[5] Asociación de Supermercados Unidos (ASU): Coto, Carrefour, La Anónima, Libertad, Chango Más, etc.
[6] Murray Rothbard (1926-1995) fue un economista perteneciente a la escuela austriaca de economía neo clásica que publicó notas y libros sobre la inutilidad del Estado y la imperiosa necesidad del libre mercado.
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La crisis del año 2001 fue el final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar y la convertibilidad de nuestra moneda, de la apertura sin freno de la economía, con una recesión que terminó en saqueos, 39 muertos, la caída del gobierno, cinco Presidentes en 12 días de desorden generalizado y, en ese momento, la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100.000 millones de dólares.
Los estertores de la convertibilidad presentaron en el seno empresarial una división impulsada por los capitales extranjeros que querían la dolarización (pensemos en las empresas privatizadas con mercado cautivo y en general todos los que prestaban y/o vendían bienes y servicios al mercado argentino y los acreedores que querían cobrar en divisas y necesitaban que sus deudores compraran dólares baratos en pesos para pagarles) y, enfrentados, los grandes grupos económicos locales (que incluyen a los grandes terratenientes, acopiadores y comercializadores agropecuarios) y algunos conglomerados extranjeros que necesitaban salir del corsé de la convertibilidad del peso mediante una devaluación del signo monetario que ocasionaba pérdidas al capital extranjero invertido en el país y beneficiaba al poder económico de los grupos económicos locales, ya que sus recursos invertidos en el exterior y los ingresos corrientes de su saldo comercial estaban y están dolarizados.
En la población la devaluación provoca y provocó un fuerte descenso en el poder adquisitivo de los trabajadores y con ello una drástica caída del consumo y un fuerte descenso del PIB, empujando a la pobreza a una parte cada vez más considerable de la población.
Dimitió Fernando De la Rúa y, finalmente, tras diversas asunciones y renuncias, se hizo cargo en forma interina del Poder Ejecutivo el senador bonaerense Eduardo Duhalde, impulsado por una amplia coalición que reunía una extensa lista de fuerzas socio-políticas que iban desde los empresarios de la Unión Industrial Argentina y el Grupo Productivo (que era en realidad el sector hegemónico y principal beneficiado del fin de la convertibilidad), sectores sindicales de la CGT y de la Iglesia Católica, hasta integrantes de distintos partidos políticos, como el Frepaso, Acción por la República, partidos provinciales y —sobre todo— los sectores bonaerenses y alfonsinistas de la UCR y del peronismo, muchos de los cuales eran parte del MPA (Movimiento Productivo Argentino).
Por qué esta vez es distinto
Una vez aceptada y legitimada la deuda externa por el gobierno de Alfonsín, la propuesta de los grupos locales y del capital extranjero fueron las privatizaciones que llevó a cabo Menem para quedarse con el rico patrimonio estatal. Pero una vez logrado eso no tenían forma de aumentar la ganancia y la acumulación de capital sin que un sector priorizara a otro, por un lado, y sin seguir con la expulsión de trabajadores, base permanente del conflicto social, por el otro.
La crisis de 2001 demostró que el modelo estaba agotado y aceptaron la vuelta a la defensa del mercado interno, para lo cual los grupos locales estaban mejor posicionados.
Pero esta vez es distinto porque no necesitan acumular capital en el país. Ahora vienen por los recursos naturales (petróleo, gas, oro, plata, cobre, litio, minerales raros, etc.) que poseemos en calidad y abundancia, como lo afirma el embajador Marc Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”, basándose en datos suministrados, por ejemplo, por el Instituto Baker [1]. Por ende, priorizan, por sobre cualquier otra economía, la detracción de dichos recursos en un verdadero enclave extractivista, para lo cual cuentan con la Ley 27.742 y su reglamentación, que contiene el RIGI (Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que les concede beneficios de todo tipo: estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y al quinto año pueden no liquidar en el país las divisas de las exportaciones.
Un Presidente que se subordina a la política exterior de los Estados Unidos, con discursos grandilocuentes y ridículos que mancillan nuestra historia y dignidad —discursos que no se animaron a pronunciar las distintas dictaduras militares—, en un marco de embrutecimiento de nuestro pueblo, con representantes corruptos (pasados por el temor del carpetazo presente y futuro), que creen que este es el único modelo posible, ofreciéndose como alternativa electoral a este desgobierno, garantizando la continuidad de factoría exportadora.
El enfrentamiento se dirime en el precio del tipo de cambio entre los devaluacionistas, que son los productores, acopiadores y comercializadores de granos y de carnes, los miembros locales del Club del Petróleo, los extractores de litio y minerales raros, y otros exportadores (siempre que no estén regidos por el capital financiero internacional), por un lado. Y, por el otro, los bonistas (principalmente el capital financiero internacional), que trajeron dólares y compraron títulos públicos en pesos para financiar principalmente el déficit fiscal que dejó la Administración anterior que, según la Cuenta de Inversión [2] de 2023 fue del 4,7% del PIB (es en pesos, pero esos títulos de deuda pública que se emitieron dieron lugar a que ingresaran al país unos 22.560 millones de dólares para comprar títulos públicos en pesos, mayoritariamente ajustados por inflación). A esos bonistas se les prometió que hasta el 20 de enero de 2025 la devaluación de nuestra moneda será a una tasa del 2% mensual o menos, y que la inflación medida por el IPC del INDEC va a superar ese porcentaje, con lo que van a seguir obteniendo una renta positiva en dólares.
La riqueza potencial de recursos de la Argentina (donde su apropiación significa renta segura por muchos años) y el hecho de la fuerte interrelación entre los devaluacionistas y los principales capitales financieros que necesitan y exigen un dólar que crezca por un tiempo menos que la inflación le hacen perder plata al “campo” y al Club de Petróleo.
Esto solo puede entenderse si se comprende el grado de inversión del capital financiero internacional en la Argentina, principalmente con sede en Manhattan, New York: BlackRock [3], Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, etc. Y eso explica por qué en los principales pools de siembra del país (Adecoagro S. A., Cresud S. A., Lartirigoyen y Cía., MSU – Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, Grupo Duhau, etc.) tienen participación los fondos de inversión y todos cotizan en la Bolsa de Nueva York. En el caso del Club del Petróleo es mayor aún, con firmas directamente extranjeras como Chevron, Apache, Exxon Mobil, Total, Shell, etc., y las supuestas nacionales como Pampa Energía (con participación directa de BlackRock), Tecpetrol, YPF, Compañía General de Combustible, Pan American Energy, Pluspetrol, y Vista Oil&Gas, en todas tienen participación o son financiadas por el capital financiero internacional con base en los Estados Unidos.
Son ellos los que “marcan los tiempos”, necesitan recuperar con creces el capital que trajeron para financiar el déficit fiscal, a la par que ahogan por el atraso cambiario a la producción local. Eso explica por qué el equipo económico de este gobierno insiste en que no va a devaluar hasta del 20 de enero de 2025 y que, para esa fecha, puede conseguir el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
Se basan en la inconmensurable riqueza petrolera y gasífera (incluida la Antártida argentina) que implica, en los próximos años, fuertes inversiones en máquinas y equipos para detraerla. Y eso significa un país caro en dólares porque la oferta de las divisas superará la demanda.
En la paritaria de este mes de septiembre de 2024 entre la UOM y el grupo Techint, el holding siderúrgico ató la discusión salarial al dólar, en términos de la devaluación del peso que mensualmente dispone el gobierno nacional, y propone ese porcentaje como techo del ajuste de las remuneraciones.
Es más, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en un aniversario de estadía en el país de Shell Argentina, afirmó: «Nosotros dimos el primer paso, pero si el sector privado no da el segundo, esto se cae, no importa el consenso». El segundo paso es que no solo no apuesten al dólar, sino que inviertan con el precio actual de las divisas, porque va a ser así hasta que cada sector (y Shell es una gran empresa en el rubro) se posicione y después decidan cuando y en qué porcentaje se devalúa.
Grandes empresas que operan en el país lo aceptan y/o propician, tal es el caso de la emisión de deuda en obligaciones negociables por 3.695 millones de dólares, entre enero y julio de 2024, que emitieron YPF, Grupo Clarín (Telecom), Pan American Energy, Aluar (Grupo Madanes), Vista Oil&Gas (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex – CAPSA (petrolera de la familia Götz), Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles), etc.
El “campo”, como le gusta autollamarse, a regañadientes lo está entendiendo así, esto explica por qué si hasta agosto de 2024 habían exportado por 16.000 millones de dólares (un 60% menos que los 25,7 mil millones de dólares del año 2022), en este mes de septiembre incrementan fuertemente sus ventas al exterior, que liquidan 80% al precio oficial y 20% en el CCL (Contado con Liqui), cuando la brecha entre ambos tipos de cambio (dólar oficial y dólar CCL) es la menor desde que se creó dicho mercado paralelo.
Por supuesto, para abonar el modelo extractivista es imprescindible destruir el mercado interno, que la demanda local de energía y alimentos, que son los bienes que exportamos, sea la menor posible y, para eso, internacionalizan sus precios. Si se quiere consumir en la Argentina se debe pagar el precio internacional.
Eso explica por qué, pese a que el campo liquida solo el 80% de sus exportaciones en el mercado oficial, el superávit comercial hasta agosto de 2024 es el mayor (en ocho meses) de toda nuestra historia comercial, por 14.151 millones de dólares, gracias principalmente al fuerte descenso de las importaciones, que es funcional a la depresión económica, objetivo buscado por el plan del gobierno de Milei.
El problema es que los grandes formadores de precios del país (en combustible y en alimentos son también grandes exportadores) operan sin control alguno, remarcaron y remarcan todo lo que pueden, como confesó Federico Braun (presidente de La Anónima): «Remarcar precios todos los días», para conseguir márgenes de ganancia aún mayores de los que obtuvieron siempre (y en dólares).
Esa remarcación por encima del precio oficial del dólar genera la inflación medida en moneda extranjera y hace que la Argentina sea un país caro en divisas y la población, cada vez más pobre.
Sin reservas en el BCRA
Otra demostración de que el modelo extractivista impuesto sigue adelante es el “blanqueo” de capitales, que empezó muy mal, pero que desde el lunes 16 de septiembre se acrecienta día tras día en apertura de cuentas a tal efecto y en el depósito de capitales exteriorizados en estas, a razón de más de 500 millones por día (en la última semana de septiembre de 2024). La AFIP extendió el plazo de la primera etapa al 31 de octubre de 2024, dejando las mismas condiciones, esto significa que el efectivo regularizado al 30 de septiembre puede ser retirado total o parcialmente desde el 1° de octubre de 2024, y los que lo hacen al 31 de octubre pueden retirarlo el 1 de noviembre de 2024.
El problema es que las imposiciones recibidas por los bancos, hasta fin de septiembre de 2024, no constituyen encaje (depósito) en el BCRA, por ende, las reservas internacionales del BCRA no se acrecentaron y, como reconoció en el exterior Vladímir Werning, son negativas en torno a los 3.500 millones de dólares [4].
Sin contemplar el pago de los intereses de toda la deuda pública y del capital de la deuda en pesos, la Administración nacional hasta fin de año debe enfrentar obligaciones en divisas por vencimiento de capital (según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación) por 1.944 millones de dólares. Y, a la vez, por el compromiso asumido por la dupla Caputo-Bausili en la VIII Revisión del Acuerdo con el FMI, deben acrecentarse las reservas en 2.000 millones de dólares al 30 de septiembre de 2024 y, en total, en el año 2024, en 9.700 millones.
El proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración nacional 2025 reconoce vencimientos de capital de deuda por 13.500 millones de dólares
Pero esa debilidad es la fortaleza del capital financiero con sede en Manhattan, dado que son ellos los que pueden convencer al nuevo gobierno de los Estados Unidos para que el FMI le preste, ampliando el crédito actual (de esa manera ellos cobran en efectivo y la deuda pública se amplía), porque la Argentina cuenta con “lo que el mundo necesita”. Esto es, para que conviertan los títulos de deuda pública al 100% en petróleo, gas y otros recursos que la Argentina posee en abundancia.
En síntesis
Avanzan en un modelo extractivista con la complicidad manifiesta de un amplio sector político, social y gremial del país. En lugar de emplear nuestros recursos para “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, una minoría parásita y rentista (principalmente extranjera) se la apropia.
Sin embargo, existen propuestas nacionales y populares de defender nuestro mercado interno, del trabajo y de la producción, como es, por ejemplo (y no es el único), el Foro de Economía y Trabajo, vinculado a organizaciones sindicales, sociales y empresariales pymes. Y también hay otras voces que defienden un futuro para todos, pero que los grandes medios ocultan y silencian.
[1] El Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de los Estados Unidos cuenta con una de las mayores bases de datos de recursos naturales del planeta.
[2] Es el Presupuesto ejecutado del año 2023 de la Administración nacional.
[3] En el mundo tiene participación accionaria en Chevron, Apache, Exxon Mobil, Ford, General Motors, Netflix, IBM, Fox, Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon, Meta, PepsiCo, Coca Cola, Microsoft, Google, JP Morgan, Warner Bros, McDonald’s, Bayer-Monsanto, Viacom (conglomerado mediático estadounidense con intereses mundiales, en la Argentina con TELEFE), Procter & Gamble, Unilever, etc. En la Argentina en TRASENER, Transportadora de Gas del Sur, Viterra (es la principal acopiadora y comercializadora de granos del mundo), Glencore (participa en la explotación de oro y cobre en el país), Central Puerto, Loma Negra, IRSA, Telefónica Argentina, Tenaris (Techint), Mercado Libre, Arcos Dorados, Adecoagro, NEW CO (la principal productora de litio del país), etc.
[4] Para la mayoría de las consultoras locales, que participan en el REM del BCRA, son negativas por 5.000 millones de dólares o más.
