El principal objetivo de la política económica del gobierno de Javier Milei es garantizar la renta financiera y la renta minera (esencialmente la hidrocarburífera), impulsada, por ejemplo, por la asociación entre el capital financiero local e internacional y el Club de Petróleo, donde están asociadas las grandes empresas hidrocarburíferas nacionales y extranjeras, a las que se les permite acumular capital en el pasado, el presente y el futuro, a costa de la exclusión social, la potenciación de la pobreza y la apropiación de las reservas petroleras, gasíferas y otras mineras que le pertenecen a todo el pueblo argentino y a las generaciones venideras.

El mecanismo siempre es el mismo: endeudan al Estado nacional para beneficio exclusivo del capital financiero y esa deuda toma una magnitud que es imposible de pagar con los recursos corrientes. Entonces, los acreedores piden a cambio el patrimonio nacional; no otra cosa es el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que es un Estado dentro del Estado argentino, con sus propia leyes y normas, con justicia externa incluida (el CIADI [1]), que prioriza la exportación en desmedro del mercado interno (no tienen la obligación de abastecer al mercado local) y que al cuarto año no tienen la obligación de vender los dólares que exportan en la Argentina [2].

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) había dejado una deuda bruta de 222.703 millones de dólares; el 60% de esta era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES [3], de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (20.043 millones de dólares, y no había deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% con el sector privado (69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.

En el gobierno de Cambiemos (2015-2019) se incrementó la deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 millones fueron con el FMI. En forma sistemática, se fugaron unos 86.200 millones y las empresas que compraron esos dólares, en su amplia mayoría, no pueden demostrarlo en sus ejercicios contables, evasión y fuga fácilmente verificable con estudiar esos balances. Pero no lo hizo la Justicia, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, más allá de que, en este último caso, tenía sanción del Senado de la Nación el proyecto encabezado por Oscar Parrilli (expediente 0016-S-2022), que nunca fue llevado al recinto de la Cámara Baja, que exigía su investigación.

El gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) aceptó toda la deuda heredada de la gestión de Macri, no la investigó y la renegoció para que se pague, como la está pagando el pueblo argentino, e incluso se convirtió en prioridad, por encima de cualquier otro gasto del Estado nacional. La deuda contraída por el gobierno de Macri es una estafa, continuada por la administración de Alberto Fernández y por el gobierno actual, pues como dice el Presidente: “Las deudas se pagan”, sin investigar la estafa, y como lo asevera en el intencionalmente malogrado proyecto de ley de Presupuesto 2025, en su artículo 1º: “Establécese como regla fiscal que el sector público nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente regla fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecten negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria a fin de restablecer el referido equilibrio financiero”.

Entonces, a la gestión del Frente de Todos debe sumarse la continuación, consolidación y extensión por la gestión de Caputo-Bausili:

1. El déficit fiscal del año 2023, de 4,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 22.560 millones de dólares), fue financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación, en su gran mayoría ajustables por inflación, aumentando la deuda bruta argentina.
2. La conversión de los pases pasivos, Leliq y Notaliq del BCRA, por unos 52.560 millones de dólares al 7 de diciembre de 2023, se convirtió en deuda del Tesoro de la Nación (incluidas las LeFi – Letras Financieras del Tesoro Nacional).
3. Finalmente, el reconocimiento de los fuertes intereses que estos títulos del Tesoro de la Nación devengan ajustados generalmente por la inflación y por tasas fijas por encima de la inflación.

Por lo tanto, la deuda creció en los once primeros meses del año 2024, en forma sideral, por 93.584 millones de dólares.

Se debe investigar la deuda contraída desde diciembre de 2015 a la fecha; no es posible que, habiendo cerrado el año 2015 con una deuda pública bruta de 222.703 millones de dólares, al 30 de noviembre de 2024 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación) sea de 464.258 millones de dólares, incrementando la deuda pública en 108,5%, y que el país produzca menos bienes y servicios (PIB) que en 2015. Cae la inversión interna bruta fija (IBIF) y aumenta la pobreza, la indigencia y la desocupación; es más, las perspectivas son que continúe descendiendo el PIB, la IBIF y siga aumentando la pobreza, la indigencia y la desocupación, mientras una minoría parásita y rentista se enriquece con la tasa de interés compuesto, como afirma John M. Keynes en su libro La teoría general.

El financiamiento de la deuda

La pregunta es por qué a este gobierno le financian la deuda y le renuevan gran parte de los vencimientos. Y la respuesta es directa: primero y principal, cómo se generó (una estafa no investigada); segundo, la mayor parte de los tenedores de títulos públicos (en divisas y en pesos) son los grandes fondos de cobertura con base en Manhattan (BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Ashmore, Gramercy, Greylock Capital, etc.), y la posesión de la otra parte de los títulos en pesos son los grandes bancos locales.

A octubre de 2024 (último dato publicado por el BCRA), los 62 bancos, pero esencialmente los más grandes (Galicia, Santander, Macro, BBVA y Credicoop) invierten más en títulos públicos (y secundariamente en acciones) que en préstamos que conceden. Los bancos y, sobre todo, los cinco nombrados, viven principalmente de la renta financiera que les paga el Estado nacional.

Estamos hablando de un monto de títulos públicos que supera holgadamente los 45 billones de pesos (equivalente a unos 45.000 millones de dólares), que los bancos, al tener la “patente de corso” de captar depósitos del público, se dan vuelta y se lo prestan a una tasa mayor al Estado.

Este fenómeno explica por qué en un país en el que cayó su PIB un 1,9% en el año 2023, y el BCRA estima que el descenso en 2024 fue del 3,8%, depresión económica provocada por una disminución del consumo de dos dígitos, sin embargo crecieron fuertemente la paridad de los títulos públicos y de selectos títulos privados.

En el año 2024, el precio de los bonos del Tesoro en pesos creció arriba de 112% (que fue la tasa de inflación acumulada de los once meses de 2024, contra una devaluación oficial del 25,5% y del CCL del 20,6%, dándole una ganancia en dólares en torno al 85% anual), destacándose, por ejemplo, el bono TO26 (Bono Tasa Fija octubre 2026), que tuvo un rendimiento del 236,6% en el año (acrecentándose en un 136,6%).

También crecieron fuerte los precios de las acciones del sector bancario, de los bancos Galicia, Supervielle, Santander, Macro y BBVA, con incrementos superiores al 300% en pesos. Y crecieron en similar porcentaje las acciones de las principales empresas hidrocarburíferas y energéticas que cotizan en el país, seguidas por las de los grandes laboratorios y las grandes empresas alimenticias, que fijaron el precio que quisieron, como Molinos Río de la Plata, Ledesma, La Serenísima, Arcor S. A., Aceitera Gral. Deheza, etc.

Por supuesto que en la fiesta de especulación financiera hubo lugar para celebrar el fin de año 2024, puesto que, por decreto 1146/2024 firmado por Milei y Caputo, se eliminó la restricción vigente durante los últimos 50 años que limitaba al 10% la distribución de dividendos de la caja de valores. ByMA (Bolsa y Mercados Argentinos) posee el 99,97% de las acciones de dicha caja. Con esta medida, los socios de ByMa se benefician con el reparto de 120.000 millones de pesos (entre ellos uno de sus fundadores, Nicolás Niki Caputo).

¿Cuál es la explicación de que se hayan “blanqueado” e ingresado al país, al 15 de noviembre de 2024, 20.631 millones de dólares en más de 330.000 cuentas especiales de regularización de activos (CERA)?

¿Por qué la dupla Caputo-Bausili, acogiéndose al secreto financiero de la ley 21.526 y por los artículos 8, inciso b y c, de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública, no responde a los requerimientos de la Asociación Bancaria por los distintos viajes en que trasladaron lingotes de oro de las Reservas Internacionales del BCRA por 2.500 millones de dólares, sin saber a ciencia cierta cuál es el destino de dicho traslado?

¿Y por qué obtienen un Repo con cinco bancos internacionales (Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi) por 1.000 millones de dólares el 9 de enero de 2025, entregando BOPREAL como garantía a una tasa del 8,8% anual en dólares?

¿Cómo es posible que, habiendo firmado Caputo y Bausili la VIII revisión del acuerdo con el FMI, acuerdo que firmaron en 2018 Dujovne y Sturzenegger, y en el que se comprometían a aumentar las reservas internacionales del BCRA en 9.200 millones de dólares en 2024, no sólo no hayan cumplido con dicha meta, sino que incluso dilapidaron, con el llamado “dólar blend” (que le permite a los exportadores liquidar el 20% de sus ventas  en el mercado libre del CCL) la suma de 11.633 millones de dólares? Sin embargo, como lo admite el mismo FMI, le van a conceder un nuevo crédito a la Argentina en torno a los 10.000 millones de dólares.

Si bien es cierto que la dupla Caputo-Bausili persevera en las anclas fiscal y cambiaria, también es cierto que no pueden dominar la creación de dinero (que convalida las súperganancias del capital más concentrado). La base monetaria se incrementó en 2024 en 233,7% (pasó de 8,5 billones a 28,4 billones de pesos), mientras que las reservas internacionales brutas lo hicieron solamente en 53,4% (de 21.428 millones a 32.864 millones de dólares).

Sin embargo, los grupos financieros extranjeros con base en Manhattan, los grandes bancos locales, y los inversionistas que le siguen, apuestan a un tipo de cambio controlado y una renta en pesos superior a la evolución del tipo de cambio.

El marco de confianza creado es tan así, que grandes empresas como YPF, Grupo Clarín (Telecom), PAE (Grupo Bridas y British Petroleum), Aluar (Grupo Madanes), Vista Oil & Gas (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex, Pluspetrol y Grupo Eurnekián (Cía. Gral. Combustibles), entre otras, emitieron en 2024 obligaciones negociables por 9.100 millones de dólares. Y que los principales bancos de la Argentina presionan al Ministerio de Economía para que coloque títulos de deuda en pesos a tasa fija en el orden del 2,6 y 2,7% mensual (por ejemplo, los Boncap con capitalización de intereses que se pagan al final, con fecha de vencimiento 13 de febrero de 2026).

Enero 2025

El jueves último el gobierno pagó deuda por 4.341 millones de dólares, básicamente por bonos reestructurados en 2020 por el ex ministro de Economía Martín Guzmán, que incluye tanto capital como intereses. Como resultado, las reservas brutas disminuyeron en 1.728 millones de dólares, dado que en agosto de 2024 se habían depositado en el Banco de Nueva York los intereses de dichos títulos. Y en octubre de 2024 se depositaron 2.701 millones de dólares más, que fue el resultado fiscal acumulado de los diez meses de 2024 por 2,96 billones de pesos (superávit financiero de aproximadamente 0,5% del PIB) y que con esa suma se compraron las divisas al BCRA, disminuyendo aún más las reservas internacionales de libre disponibilidad.

Para el año 2025, los vencimientos en moneda extranjera suman aproximadamente 21.500 millones de dólares, de los cuales 7.925 millones corresponden a organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI, entre otros), y el resto a tenedores privados (principalmente los fondos de cobertura y los bancos locales) y una parte menor a los importadores por los BOPREAL.

Obviamente, la dupla Caputo-Bausili no puede garantizarles a los tenedores de títulos de deuda argentina la súper ganancia del año 2024, pero sí les asegura una rentabilidad mayor que en los países centrales, y les creen porque están los grandes fondos de cobertura que apuestan a esos títulos.

Seguramente después de las elecciones nacionales de medio término comenzará el proceso de conversión de esos títulos en petróleo, gas, oro, plata, agua pesada, agua potable, litio, minerales raros y hasta en empresas públicas que les apetecen, como es el caso de IMPSA.

[1] Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial que permite a las empresas enjuiciar a un Estado, violando el principio de exequátur (que un Estado no puede ser enjuiciado por otro y, menos por una empresa, salvo que el Estado lo permita, como es este caso).

[2] Violando el Art. 29 de la Constitución Nacional que expresamente dice:”… ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

[3] Es un fondo conformado por títulos y acciones que le pertenece a los jubilados y pensionados nacionales, que se creó en base a la estatización de las AFJP (Administradoras Privadas de Jubilaciones y Pensiones).

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina, creado por la ley 26.737 del año 2011, el 0,89 % de los propietarios poseen el 33,89% de la superficie con una extensión promedio de 22.000 hectáreas y el otro 99,11 % de propietarios se reparte el 66,11% restante.

El registro afirma que 26 millones de hectáreas corresponden a 1.250 titulares (0,1% de los propietarios privados), de los cuales 11.790.229,15 hectáreas son de firmas extranjeras, y de ellas, 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales ^[1].

La nueva configuración de la producción agropecuaria, según el informe del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) de la ex AFIP (ahora ARCA), en la Argentina actual, hay plantado, en producción agrícola, 34,3 millones de hectáreas, de las cuales 24 millones son arrendadas, administradas principalmente por los pool de siembra, que son los mayores contratistas del campo, asociados a grandes capitales estadounidenses, cotizan en la Bolsa de Nueva York, y los que financian esos pool de siembra son básicamente los mismos que compraron los títulos de deuda de la Argentina.

El SISA es un régimen de declaración obligatoria de datos de siembra ante la ex AFIP (hoy ARCA). De allí surge que en la campaña que pasó hubo 88.527 productores agrícolas en la Argentina, que sembraron un total de 37 cultivos. La mayoría de ellos sobre campos alquilados. La cantidad de productores se mantiene más o menos estable en los últimos años. Lo que sí se nota es un leve pero paulatino pase de hectáreas propias a arrendadas. Solo 10,3 millones de hectáreas siguen siendo explotadas por sus dueños.

El SISA presenta una oportuna estratificación, donde se refleja que la necesidad de alquilar tierras predomina en los segmentos de productores de mayor escala. Los que siembran de 800 a 3.000 hectáreas tienen una relación de tres hectáreas alquiladas por cada una propia. Y algo parecido sucede con los productores de más de 3.000 hectáreas. Poseen 1,37 millones de hectáreas, pero alquilan otras 4,9 millones.

Si tomáramos de manera moderada diez quintales de soja por hectárea como un costo promedio para esos alquileres (que usualmente son pactados en plazos cortos de una campaña), se podría estimar que los productores agrícolas destinaron en el año 2024 unos 20 dólares por hectárea arrendada y que la renta percibida por los dueños de los campos suma un total de aproximadamente 4.800 millones de dólares en el año.

El informe de SISA asevera que en la Argentina son muchos los productores que no disponen de campo propio y arriendan toda la superficie que producen. Los datos de la tenencia de la superficie implantada muestran que hay más personas involucradas en el negocio, ya que existen 88.527 CUIT, de los cuales no todos son productores. Sobre ese universo, se registraron 37.641 casos de personas o empresas que producen sobre campo propio, otros 40.274 casos que lo hacen sobre campo exclusivamente arrendado y 10.612 personas que combinan ambas situaciones.

El productor agropecuario del sur santafesino Pedro Peretti sostiene que la Argentina hoy tiene una agricultura de “tres pisos”: uno es el terrateniente dueño de la tierra, el otro son los contratistas rurales (los que la trabajan efectivamente) y el tercer piso son los pools de siembra, grandes grupos financieros que se dedican a alquilar tierras y sembrarlas para exportar. “El chacarero tradicional, como el gaucho, hoy ya es un mito urbano”.

En otras actividades y producciones, como las recreativas y de turismo, forestación, mineras (y dentro de ellas la minería hidrocarburífera), etc., existen también grandes propietarios y grandes arrendatarios, como son los casos de:

• Grupo Benetton (Italia), 900.000 hectáreas, administradas por la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino. Posee estancias en Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, Etido, Colonia Maitén y el intento de usucapión de Huanhué (Río Negro), El Maitén, Leleque, Fofocahuel, Firtihuín, Lepá, Esquel y usurpación de campos vecinos (Chubut), Coronel y El Cóndor (Santa Cruz). Negocios ganaderos, forestales y mineros.
• Familia Braun Menéndez con 750.000 hectáreas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una rama de esta familia es parte de La Anónima S.A., cadena de supermercados que posee 159 sucursales en 80 ciudades y actualmente es presidida por Federico Braun Menéndez.
• El Grupo Walbrook (Gran Bretaña), 600.000 hectáreas, administradas por la empresa Nieves de Mendoza. Propiedades: Campo el Álamo, Las Juntas, Los Molles, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado, todas localizadas en el sur de Mendoza. En estas propiedades están los lugares turísticos de Malargüe más visitados: la laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, el centro termal Los Molles, el centro de esquí Las Leñas, la Laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua cordilleranos.
• Cresud S. A., firma presidida por Eduardo Elszstain, tiene 538.822 hectáreas en las provincias de Santa Cruz (100.911 hectáreas), La Pampa (9.615 hectáreas), Entre Ríos (6.024 hectáreas), Santa Fe (1.431 hectáreas), Córdoba (1.534 hectáreas), San Luis (7.010 hectáreas), Mendoza (674 hectáreas), Chaco (26.370 hectáreas), Catamarca (12.395 hectáreas) y Salta (37.858 hectáreas). Tienen tierras en Brasil, Paraguay y Bolivia. Se dedican al negocio agropecuario, con producción de granos de oleaginosas y cereales, cañas de azúcar y carnes. El conglomerado también está integrado por Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), dedicada al desarrollo inmobiliario y dueña de los principales shoppings del país.
• La Familia Sapag con 420.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. La familia Sapag gobernó Neuquén y casi todas las intendencias durante más de 50 años. Además, controlan la obra pública y la construcción en esa provincia. Donde más se concentran estas propiedades es en cercanías de las localidades de Cutral Có, Zapala, Las Coloradas, Chos Malal, El Cholar, El Huecú, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. En los últimos años, también comenzaron a adquirir predios menores en la zona de Vaca Muerta.
• Estomonte A.G.S.A. es una firma suiza que posee 404.098 hectáreas en plena cordillera de Los Andes, ubicada en el departamento de Calingasta, en San Juan. Está en litigio con el Estado de la provincia de San Juan porque en el predio hay ríos, zonas glaciares e importantes picos montañosos.
• Pluspetrol, que posee 320.000 hectáreas. La empresa fue fundada en 1977 por Luis Rey; hoy lo suceden sus hijos, unidos a la familia Poli. La firma se presenta como líder en materia de petróleo, gas y litio en América Latina. Las primeras operaciones comenzaron en Neuquén y, con el paso de los años, se expandieron al norte argentino. Hoy tienen presencia en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Uruguay.
• La familia Pérez Companc, que declara poseer 290.000 hectáreas. Estancias Santa Ana (El Turbio), San Benito (Cmdte. Piedrabuena), San Ramón (Puerto Deseado), Santa María (Lago Buenos Aires), El Talismán (Corcovado, Chubut). Estas propiedades están administradas a través de la firma Goyaique Sacif, radicada en Uruguay. La corporación, además, es propietaria y/o arrendataria de una cantidad similar de tierras en otras regiones del país, principalmente en la pampa húmeda. Pérez Companc es la mayor accionista de Molinos Río de la Plata SA (que vende alimentos en el mercado interno) y de Molinos Agro  SA, su firma exportadora. Molinos Agro compró el viernes último por 26 millones de dólares a la multinacional de origen canadiense Nutrien AG Solutions, con 220 hectáreas en Santa Fe, cerca del puerto San Lorenzo, región clave para el agro y donde Molinos posee una planta de molienda de soja de 20.000 toneladas/día –es uno de los principales procesadores de poroto de soja en el país– y el puerto sobre el río Paraná.
• Familia Zingoni-Arze,  250.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. Campos en Catan Lil, Collón Curá y Piedra del Águila, principalmente. Negocios ganaderos. Estancias Los Remolinos, Las Blancas, Las Coloradas, El Salitral, Las Cortaderas, La Verde, Casa de Piedra y Nahuel Mapi (Catan Lil); San Bernardo, Corral de Piedra, Ache-có y Pil Pil (Sañicó); La Ema, Campo del Norte y Santo Tomás (San Ignacio). Hasta 1966, todas estas propiedades estaban administradas por una sola empresa: Corporación Zingoni S. A., luego se conformaron nueve sociedades anónimas diferentes que continúan hasta la actualidad en manos de los herederos de los dueños de aquella.
• Grupo Los Grobo de la familia Grobocopatel; la historia de la firma data de 1984 en Carlos Casares —provincia de Buenos Aires— con la fundación de Los Grobo Agropecuaria, emplazada en 3.500 hectáreas. Actualmente tiene presencia en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, alquilando tierras que administran bajo “modelos de asociación y riesgo compartido” con los propietarios, por unas 260.000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola en la Argentina, y extienden sus actividades a Paraguay y Uruguay. Entre las empresas que integran el grupo se encuentran: Agrofina; Los Grobo Agropecuaria; Molino Canepa; Los Grobo Consulting; Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo; etc. Desde el año 2016, el capital accionario de Grupo Los Grobo está constituido en un 76% por el IFC, FMO, UTIMCO y el fondo Victoria Capital Partners, que lidera el grupo.

La caída de los precios internacionales de la soja (y en menor medida del maíz y del trigo), la apreciación del tipo de cambio real y los derechos de exportación (las retenciones) generaron una crisis incipiente entre las empresas del sector agropecuario. Son varias las empresas que entran en renegociación de los pagos con sus proveedores.

Respecto de los precios internacionales, en el acumulado del año 2024, la soja sufrió un derrumbe del 23,3%, para situarse en torno a los 360 dólares por tonelada, la cifra más baja en términos reales desde octubre de 2006. Variaciones más acotadas, pero negativas al fin, tuvieron el trigo (-12,3%) y el maíz (-3,4%).

En ese marco, los márgenes netos para los productores por un campo alquilado son muy exiguos, de allí que el grupo Los Grobo no pagara en diciembre de 2024 deudas por unos 10 millones de dólares.

Paralelamente, una empresa proveedora de insumos al campo (originalmente de la familia Calvo, de Santa Fe), la Red Surcos [2], que tiene dos plantas de producción de fitosanitaros, una en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y la otra en la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe, debió suspender pagos por 3,5 millones de dólares y 9.364 millones de pesos a principios de diciembre de 2024. La Comisión Nacional de Valores no solo dispuso la suspensión provisional de la firma, sino que también presentó una denuncia judicial argumentando que la empresa emitió obligaciones negociables sin informar sobre su real situación financiera ^[3].

Otras importantes firmas propietarias rurales son:

• Adecoagro (originalmente del grupo Soros, hoy con casa central en Luxemburgo), que posee 217.810 hectáreas repartidas entre Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Siembran arroz, maíz, trigo, maní, girasol, soja y otros cereales. También se dedican a la elaboración de alimentos lácteos, por medio de la marca Las Tres Niñas, y arroz y snacks a través de Molinos Ala y Apóstoles.
• Ledesma S.A.A.I. con 212.429 hectáreas, de las cuales destina 157.000 a la cosecha caña de azúcar para la fabricación de papel y derivados en la provincia de Jujuy.
• El Grupo AGD de la familia Urquía, líderes en la producción de aceites por medio de la Aceitera General Deheza, tiene un área cultivada con cereales y oleaginosas que cubre las 200.000 hectáreas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis. También posee tierras destinadas al acopio en Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos, entre campos propios, arrendados o en asociación con terceros productores.
• Una de las principales empresas agropecuarias de la Argentina es Lartirigoyen S. A., que le pertenece a la familia Lartirigoyen, asociada con Glencore (hoy Vierrra). Produce en La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Salta.  Lartirigoyen no posee tierras propias, sino que produce en forma asociativa con más de 55 productores de nuestro país. La empresa se dedica a la producción de cereales y a la actividad ganadera. Posee cerca de 22.500 cabezas vacunas repartidas en campos de La Pampa y el sur de Buenos Aires y dos criaderos de cerdos, uno de ellos en Dorila (La Pampa) y otro en Reconquista (Santa Fe).

El grupo tiene participación accionaria en otras empresas como Molino Tassara, Patagonia Pet (fábrica de alimento de mascotas), Chemotécnica (formulación de agroquímicos), Alea (exportadora de cebada cervecera), Lartirigoyen y Oromi (comercialización de hacienda) y Sitio 0 (puerto de Quequén).

Acopio y comercialización

ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus (LDC), Viterra (fusión de Bunge y Glencore), COFCO, Aceitera General Deheza, ACA, Molinos Agro (Pérez Companc) representan el 80% de las exportaciones de granos y sus derivados (la producción de oleaginosas y cereales representan los dos rubros más significativos del comercio exterior en la Argentina).

Las grandes empresas exportadoras tienen los recursos para poder alquilar más cantidad de hectáreas de campo. En el año 2023, esta modalidad se fortaleció por los productores que dejaron de serlo y cedieron sus campos en alquiler por la sequía.

Estas empresas agroexportadoras antes tenían los puertos y concentraban la producción, pero extendieron su actividad, primero al acopio distribuido en todo el país, y luego al alquiler de campos bajo los esquemas del sistema financiero, por lo que tienen miles de hectáreas bajo este sistema de alquileres, minimizando la inversión en el territorio y generando muy poca mano de obra porque el trabajo lo contratan.

Lo cierto es que estas mega empresas agropecuarias expulsan a los chacareros por pagar alquileres superiores y se fueron quedando con casi toda la superficie productiva de la Argentina. Ya es común encontrar en cada zona empresas que siembran más de 10.000 hectáreas.

Sin solución a la vista

En el modelo financiero extractivista del gobierno, la producción agropecuaria no es prioritaria, por ende va a continuar con el carry trade y la devaluación programada mensual (en el intencionalmente malogrado presupuesto del año 2025 infieren que el dólar oficial se ajustará al 1,6% mensual, 19,2% anual).

A su vez, en el año 2024, al campo se le permitió liquidar unos 6.000 millones de dólares en el CCL (contado con liqui), que podrían haberse destinado a las reservas internacionales del BCRA, y que, dado que en el año creció menos el CCL (en todo el 2024 lo hizo un 20,6%) que el dólar mayorista (27,8%), ya no es tan redituable.

En ese marco, lo más probable es que el gobierno no haga nada, no ajuste por encima de lo programado el tipo de cambio y no reduzca las retenciones; por ende se concentará más la producción y su distribución y seguirá expulsando trabajadores y pequeños y medianos (y hasta importantes) productores agropecuarios.

^[1] Dicha superficie equivale a 65 veces la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[2] La primera produce soluciones fitosanitarias de alta especificación y tecnología, mayormente de bajo volumen, mientras que la segunda elabora productos fitosanitarios de uso más difundido, a mayor escala. En paralelo, cuenta con 14 depósitos propios y una red de 10 centros de distribución en localidades del interior del país para abastecer a toda su red comercial. Sus productos también están presentes en los mercados de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, a través de oficinas o representantes comerciales.

^[3] La acusación está enmarcada en el artículo 309, apartado 1, inciso b, del Código Penal, que sanciona con penas de uno a cuatro años de prisión y una multa equivalente al valor de la operación a quienes oculten información relevante o presenten datos falsos al emitir valores negociables.

·        No se exactamente cuanto tiempo insume leer todo el documento, pero para los ansiosos, mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación.

·        Lo inmediato y esperado son los efectos posibles de las políticas de Trump, digamos que gira sobre aranceles, el valor del dólar y el tipo de cambio real, tanto para USA como para Argentina. No son todas buenas.

·        No tan inmediato pero no menos esperado, cuando se levante el CEPO, seguramente con un tipo de cambio flotante, ¿Cómo se comportará el dólar? ¿Si se mueve para arriba tiene el BCRA dólares para jugarlo a la baja? No lo sabe ni Caputo, lo sabremos cuando el mercado se encuentre sin CEPO.

·        Lo último es la conjetura de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. El valor anual más cercano data del 2017.

·        El Tipo de Cambio Implícito, el dólar oficial y el CCL seguramente irán disminuyendo. Tendiendo a acortar las brechas, es lo que se va observando. Pero es un trio complicado.

·        La inflación (alrededor del 2.6 %) en el mes de noviembre 2024. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable y próxima al 1.4 % mensual? Según Milei será el año próximo. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal y monetaria, definiendo el superávit fiscal y el valor del tipo de cambio o sea del dólar, proyectando que será del 1 % mensual en 2025.

·        En diciembre 2023 una de las primeras medidas del gobierno de Milei fue una fuerte devaluación que llevó el peso a $ 800 por dólar. ¿Y luego?  El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, en los meses (11) del 2024, el IPC aumentó el 109 % y el tipo de cambio oficial el 58%. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 2 % mensual y el 1 % en el 2025?  De acuerdo a lo escuchado es posible, pero siempre en el corto plazo y esperando que la inflación mensual sea los más reptante cerca del 1 %.

·        El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que empatan con la inflación y ganan por una cabeza al dólar. Con los valores actuales proyectados, sería el 35 % por un lado y el 27 % por el otro. ¿Diferente serán los meses próximos?

·        Algunos indicadores de la coyuntura mejoran: El riesgo país disminuye pero continuamos en el terreno de la desconfianza. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. Otros no tanto, el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) en terreno negativo. Esperando que nadie se ponga nervioso.

·        Actividad económica y la pobreza e indigencia aparecen con alguna mejoría. La disminución de la inflación operará para que lo anterior se consolide. Pero el terreno perdido en ingresos no será fácil de recuperar. El gobierno por lo visto hace lo que hicieron todos los gobiernos anteriores, quieren tener su propio índice de pobreza e indigencia. Nada nuevo bajo el sol.

·        Milei por lo visto ingresa en proceso electoral. Suma adherentes internamente y algunos asociados internacionales, por ahora mantiene credibilidad elevada y la ayuda de la oposición dispersa.

·        Seguramente la próxima tarea será levantar el CEPO, no demorará mucho.

El interior del país no podía competir con los productos importados por el puerto de Buenos Aires. Santa Fe podía abastecer de leña a todo el país, pero la desprotección hacía que el negocio se perdiera a manos del carbón inglés. La industria vitivinícola, de aguardiente y aceitera de San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca era de alta calidad pero el precio al cual llegaba el vino, el aguardiente y el aceite de oliva extranjero no permitía a las provincias pagar el transporte terrestre, etc. Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, planteó la prohibición de la importación de los productos que se elaboraban en el país, logró el apoyo de las demás provincias y en diciembre de 1835 se promulgó la Ley de Aduanas, e impusieron aranceles del orden del 35% a la mayoría de los productos extranjeros que competían con las producciones nacionales. En otros casos, los aforos alcanzaron el 50%, y el ingreso de muchos productos fue directamente prohibido. También se diseñaron incentivos al transporte marítimo realizado con buques nacionales y se impusieron derechos a la exportación de cuero (de alrededor del 25%) para capturar para el Estado una parte de la renta ganadera. Las mercaderías sacadas para el interior, por su parte, como lo había pedido Ferré, fueron libradas de todo gravamen.

En Buenos Aires, la industria ganadera no retrocedió ni un paso, al tiempo que se llenó de talleres. Según el censo de 1853, había en ese año 1.065 fábricas montadas, 743 talleres y 2.008 casas de comercio. La ciudad del mismo nombre fue reconocida como un gran taller industrial.

En Córdoba y Tucumán se desarrollaron a toda velocidad los centros manufactureros más importantes del país. En Córdoba se elaboraban zapatos y tejidos. Sus pieles de cabra curtida se exportaron a Francia en tales cantidades que el gobierno francés decidió prohibirlas para proteger a su industria local. Tucumán potenció sus producciones de muebles para abastecer los crecientes mercados cuyanos, así como las producciones de cueros curtidos, tintes y tabaco; tabaco para la exportación hacia Chile, Bolivia y Perú. También se inició la nueva industria del azúcar, que alcanzaba para abastecer a casi todo el norte argentino y comenzaba a vender una parte en Buenos Aires.

Salta se convirtió en otro gran centro industrial, especializado en la hilandería, la elaboración de cigarros, vasijas, suelas, becerros, curtidos, harina y vino. Catamarca siguió abasteciendo a las provincias vecinas de grandes cantidades de algodón, vinos y aguardiente. San Luis también multiplicó sus trabajos textiles y cueros. Los vinos y aguardientes de Mendoza y San Juan vivieron por aquellos años su época dorada. También se producían en esas provincias harina, trigo, frutas secas y jabón en grandes cantidades, y hasta hilados de seda, y se exportaban a Chile importantes volúmenes de ganado en pie, cobre, frutas secas, jabón, charqui, sebo y cueros.

Fue en 1853 cuando Justo José de Urquiza, vencedor de Rosas en Caseros, logró consensuar una Constitución Nacional, a la que se opuso la Provincia de Buenos Aires y su puerto, en una alianza entre los Anchorenas (y otros conspicuos rosistas) y los comerciantes y financistas ingleses, que tuvieron en Bartolomé Mitre (ahijado del hermano menor de Juan Manuel de Rosas) a su mejor interlocutor. De hecho la llegada de los liberales al poder en 1852 aseguró los derechos de propiedad de los capitalistas nativos y los inversores extranjeros, y favoreció el desarrollo de la economía de mercado [1].

Tras la deserción de Urquiza en Pavón, Mitre se hizo cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo Nacional, para luego de obtener el triunfo en las elecciones generales: asumió formalmente la presidencia de la República el 12 de octubre de 1862.  Su primer objetivo fue remover a las autoridades provinciales federales para garantizar la subordinación de todo el país al modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico.

En ese entonces, ante la sumisión de muchos, hubo caudillos locales que lo enfrentaron, conscientes de la disparidad de fuerza pero dispuestos a “morir de pie (antes) que vivir de rodillas”.

Desde Córdoba, foco liberal del interior del país, el ejército mitrista avanzó sobre otras provincias —Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Salta— donde fueron desalojados por la fuerza los gobernadores federales, e incluso asesinados, como fue el  caso del Chacho Angel Vicente Peñaloza, sin que Urquiza levantara la voz [2].

Al terminar su mandato, el gobierno de Mitre, funcional a los intereses de la banca Baring Brothers, Rothschild y al imperio británico, había logrado su propósito de dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional. No otra cosa pretende el gobierno actual, como en su momento lo hicieron todas las catervas conservadoras —hasta 1916 en que asumió la primera vez Hipólito Yrigoyen—, y fueron los objetivos de los golpes militares de 1930, 1955 y 1976, que incluso continuaron gobierno democráticos como los de Alfonsín con el Plan Austral, Menem, De la Rúa, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Y, para ello, se valen principalmente del endeudamiento. El origen y objetivo de la deuda no es solo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también, como trasfondo, el de constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional, para apropiarse de los principales recursos naturales del país.

Juan Bautista Alberdi lo afirma claramente: con Alsina, la Bolsa de Londres solicita al gobierno británico que desmembre a la República Argentina para provecho común de los negociantes de allá y de aquí (J. B. Alberdi, Escritos póstumos, Vol. XIV, página 662. Imprenta Juan B. Alberdi, año 1901, Biblioteca de la Corte Suprema).

Por supuesto, fue necesario que los comerciantes y banqueros ingleses, y sus serviles criollos, corrompieran a Urquiza [3] para que se retirara del campo de batalla de Pavón, como antes habían corrompido a Francisco Pancho Ramírez y a Estanislao López, vencedores de los porteños en la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820.

Definido el modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico, que la historia mitrista denominó de “Organización Nacional” contra la barbarie, dejaba al Estado un rol de imposición y control del modelo por la fuerza, por un lado, y de llevar adelante las imprescindibles obras públicas (puertos, FFCC, obras sanitarias, etcétera) para el apuntalamiento de la actividad productiva y comercial.

El problema siempre fue qué funciones debe cumplir el Estado y quiénes financian el gasto público.

El liberalismo más abyecto era pregonado por Mitre, que ahogó en sangre con artillería, rifles y municiones inglesas la sublevación de los pueblos, incluso del Paraguay soberano e independiente.

Reforma del Estado

«Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado», tropezó con su inconsciente en 1989 el ministro Roberto Dromi.  Y es el mismo concepto que repite Javier Milei, pero ahora a conciencia y sin fallidos: “Soy el topo que destruye el Estado desde adentro”. “Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto” [4].

Pero que prevalezca el mercado sobre el Estado, más en un país con el grado de concentración y centralización de capitales como la Argentina, con grandes fondos, bancos, comercios, exportadores, fijadores de precios del combustible, de la electricidad, del gas, del acero, del aluminio, de la carne, de los productos lácteos, de la harina, de los fideos, del arroz, del aceite, etc., es poner la zorra en el gallinero y decirle que se porte bien.

El Estado como organización civil de una Nación debe contar con objetivos que define nuestra Constitución Nacional desde su Preámbulo. La fijación de metas conforma una etapa crucial, ya que al orientar su gestión le permiten alcanzar sus objetivos. Son parte también de la compleja interrelación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines. Para ello todo Estado debe tener un plan de gobierno, por consiguiente la planificación no es otra cosa que el intento del hombre por gobernar su futuro, por imponer la razón humana sobre las circunstancias. Ningún mecanismo automático y determinístico resuelve el destino del hombre, y menos si se lo deja a la la lógica del interés compuesto, como afirma John Maynard Keynes en su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (Fondo de Cultura Económica, 1936).

Los que están detrás de Milei prefieren los DNU, que no haya presupuesto, que se priorice el pago de los intereses y del capital de una deuda externa inventada, que no se investigó y que pasó de 222.703 millones de dólares el 10 de diciembre de 2015 a 464.258 millones de dólares al 30 de noviembre de 2024, enriqueciendo a una minoría parásita y rentista del país y del extranjero en desmedro del pueblo argentino.

La reforma impositiva pergeñada por los grandes estudios tributarios del país le hace decir a Milei: «Aumentarán las inversiones y se reducirán los impuestos. Mi equipo está terminando una reforma para terminar con un 90% de los impuestos nacionales. El año próximo (por el 2025) veremos una verdadera competencia impositiva».

En ese contexto, Cesar Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, expresó que una forma de reducir impuestos sería eliminando el régimen de coparticipación y otorgando a las provincias facultades plenas para cobrar impuestos directos, como Ganancias. En cuanto a los impuestos indirectos, como el IVA, señaló que existen facultades concurrentes, pero sugirió que, si las provincias pudieran cobrar el IVA, deberían dejar de recaudar Ingresos Brutos.

Retroceden a enero de 1932, en que José Felix Uriburu, el primer Presidente de facto de la Argentina tras derrocar a Yrigoyen, creó el «impuesto a los réditos», como se conoció inicialmente al Impuesto a las Ganancias. La Constitución Nacional establece que los impuestos directos, como Ganancias, sólo pueden ser cobrados por las provincias, pero la competencia de las provincias entre sí, reduciendo la alícuota para que se realicen inversiones en su territorio, fue el motivo por el cual decidieron delegar esa facultad a la DGI por un tiempo determinado y en situación de emergencia económica.  A esto se deben las sucesivas prórrogas desde el momento mismo de su creación, tras ser tratado en el Senado de la Nación, cada diez años.

La competencia del Impuesto a las Ganancias (segundo impuesto en recaudación) que salvaron las provincias delegando su recaudación a la Nación es lo que quiere fomentar este gobierno, para que ganen más las empresas que en el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) tienen una tasa máxima del 25% (cuando en el país la misma es del 35%, pero puede ser menor e incluso no cobrarse para favorecer la radicación en la provincia).

Y trasladarle la recaudación a las provincias del IVA (primer impuesto por ingreso) para que se fusionen con el Impuesto a los Ingresos Brutos, que en el mismo espíritú de competencia harán que desciendan la alícuota.

Recaudación tributaria acumulada,  enero-noviembre 2024

¿Qué le queda a la Nación, cuando el mismo Milei dice que antes del 2027 se eliminará el Impuesto al cheque (débito y crédito bancario)? Con fecha 23 de diciembre 2024 se dejó de recaudar el Impuesto para un País Solidario (PAIS) que gravaba a la compra del dólar billete, que a noviembre recaudó 6.167.557 millones de pesos, y su distribución era: 65% a la ANSeS, 5% al PAMI y 30% a obra pública y turismo. El desfinanciamiento al PAMI les llevó a sacar medicamentos gratuito a gran parte de los jubilados y pensionados. Tal desfinanciamiento les significa una menor remuneración cuando la jubilación mínima para diciembre 2024 es de $ 259.598,76 más un bono de $ 70.000 (total $ 329.598,76) frente a una canasta básica para no ser pobre que en noviembre fue de  $ 324.099 para una persona adulta, y no contempla los gastos en medicamentos y atención médica de una persona mayor.

Dice que deben reducirse los derechos de exportación (retenciones) pero reduce sistemáticamente los aranceles de importación.

Toda la política fiscal del gobierno encabezado por Javier Milei se puede resumir en el artículo 1 del intencionalmente malogrado proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que modificando el orden de la formulación presupuestaria dispone como regla fiscal que el Sector Público Nacional deberá obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario. La Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción.

El ancla fiscal y la implícita tablita cambiaria es la base del ajuste económico, con el solo objetivo de pagar los intereses de una deuda inventada que no se investigó y cuyo capital se va a pagar con los recursos naturales que pertenecen al patrimonio nacional.

[1] Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman, Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XX , Buenos Aires, Grijalbo/Mondadori, 2001.

[2] En 1855, el presidente de la Confederación Argentina Justo J. de Urquiza ascendió a general del ejercito patrio al Chacho Peñaloza. Durante la administración de Santiago Derqui, Peñaloza fue designado jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con influencia en La Rioja, San Juan y Mendoza.

[3] “¿Para que ha dado Urquiza tres batallas? Caseros para ganar la presidencia, Cepeda para ganar una fortuna, Pavón para asegurarla”.  Juan Bautista Alberdi. Escritos póstumos.

[4] “The Free Press”, 5 de junio 2024. Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en julio de 2024, hizo varias presentaciones ante inversores en Nueva York y el 27 de agosto de 2024 en Washington frente a American Council, en las que detalló que aguardaban la llegada de proyectos por entre 30.000 a 54.300 millones de dólares en el sector energético, en los próximos dos años (que para ejecutarse demandarán entre 20 y 30 años), tras la implementación de la ley 27.742 que incluye el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).

El gobierno anunció en la penúltima semana de diciembre de 2024 que pondrá en marcha, desde enero de 2025, los beneficios cambiarios del Decreto 929/2013, que implica una flexibilización del cepo para las empresas que inviertan en Vaca Muerta, para que las empresas del sector petrolero puedan exportar el 20% de su producción (y no pagar retenciones sobre ese total) y mantener en el exterior las divisas generadas por esas exportaciones.

En esa penúltima semana del año 2024, el Ministerio de Economía (autoridad de aplicación del RIGI) dio a conocer el ingreso de un segundo proyecto de YPF ^[1] a dicho régimen que incluye la construcción de un oleoducto para conectar Vaca Muerta con el puerto que se construirá (en dicho proyecto) en Punta Colorada, en el golfo San Matias de la provincia de Río Negro, que aseguran que permitirá duplicar las exportaciones de petróleo.

La inversión total para el proyecto referido asciende a 2.500 millones de dólares y lo realiza YPF en colaboración con empresas mayoritariamente de capital extranjero: Vista, Oil & Gas (en la que Miguel Galuccio posee el 7,617% de las acciones, pero mayoritariamente cotiza en la Bolsa de New York); PAE (Pan American Energy, donde el 60% pertenece a la British Petroleum y 40% a la familia Bulgheroni); Pampa Energía (donde los Mindlin poseen la dirección de la empresa, pero el 75,5% de las acciones cotizan en Nueva York y es ostensible la participación de BlackRock y de Joseph Lewis con directores nombrados en la sociedad); Chevron (donde son importantes accionistas BlackRock y Vanguard), y Shell (tradicional empresa anglo-holandesa que en los últimos años, a cambio de financiación, vendió parte de sus acciones a BlackRock —2,135% del capital accionario—, Vanguard —3,84% de las acciones— y Norges Bank Investment Management —2,972% de las acciones—).

Según fuentes oficiales y a los ritmos de extracción planificada, Vaca Muerta tiene reservas de gas para 150 años y reservas de petróleo para más de 75 años.

Por ejemplo, la producción de petróleo no convencional en octubre de 2024 fue de más de 410.000 barriles, que significa un 55% de los barriles que produce el país. Está previsto que para 2030 la producción llegue al millón y medio de barriles a partir de Vaca Muerta. Lo mismo sucede en gas, donde prevén llegar a los 230 millones de gas no convencional en la Argentina para 2030.

Entre 2011 y 2022, la Argentina importó energía por 92.000 millones de dólares. En 2024 se espera una balanza comercial energética positiva de 5.500 millones de dólares (exportaciones por 9.000 millones e importaciones por 3.500 millones de dólares). En 2025, con el aumento de extracción y transporte de gas por los gasoductos y de petróleo por los oleoductos, se infiere que se obtendrá un superávit energético en el orden de los 8.000 millones de dólares. Si los proyectos a los que se refiere Vladimir Werning se materializan, está previsto que en 2030 la balanza comercial será positiva por unos 24.000 millones de dólares, con exportaciones cerca de 30.000 millones de dólares.

En la misma penúltima semana del año, YPF y Shell firmaron un acuerdo para el desarrollo de Argentina GNL (Gas Natural Licuado), un proyecto de licuefacción de gas para su exportación a los mercados mundiales. El acuerdo, firmado en La Haya, Países Bajos, demandará una inversión de 30.000 millones de dólares a 20 años, por lo que Shell se incorpora al proyecto del que había renunciado la empresa estatal malaya Petronas, y en el que ambas partes se comprometieron a avanzar en el desarrollo y generar la licuefacción de 10 millones de toneladas al año (MTPA), según el comunicado.

El proyecto comprende la producción de gas natural no convencional en Vaca Muerta (suroeste de la Argentina, provincia de Neuquén) y su transporte a través de gasoductos de 580 kilómetros de extensión hasta una terminal de procesamiento y licuefacción que será construida en la localidad de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, a 34,5 kilómetros del puerto (que se construirá por el primer proyecto nombrado) en Punta Colorada, en el golfo de San Matias en las costas del océano Atlántico.

El capital local

El capital local fue el que pagó a los grandes estudios jurídicos, contables e impositivos, que redactaron el DNU 70/23 y la ley 27.742 de Bases, pero, o se asocian como hace la familia Bulgheroni en PAE, o deben dedicarse a actividades menores ante los grandes capitales financieros extranjeros hegemónicos, que son los que impusieron el equipo económico encabezado por Luis Andrés Caputo y Santiago Bausili.

El principal aportante de la campaña presidencial de Javier Milei, el Grupo Techint, se desplaza desde su actividad industrial a las actividades extractivas a las que antes les proveía insumos. La inversión en el yacimiento Fortín de Piedra de Vaca Muerta, durante los años de la resolución 46 de Macri-Aranguren, fue un redituable primer paso. Pero, ante los grandes capitales, debió hacer su principal inversión (en torno a los 4.000 millones de dólares) en Nueva León, México^[2], y a la vez, pretende, a través de Tecpetrol S. A., extender su actividad a la explotación de litio, por lo que compró la firma Alpha Lithium, una empresa canadiense que cotiza en bolsa y explora salares con alto potencial en el norte argentino, pero que no tiene la dimensión del gigante anglo-australiano Rio Tinto, que se convirtió en el principal productor de litio en la Argentina al comprar en octubre de 2024 por 6.700 millones de dólares los activos de Arcadium Lithium, la sociedad que nació en enero pasado de la fusión de la australiana Alkem y la estadounidense Livent ^[3].

Entonces, su CEO, Paolo Rocca, en lugar de plantear que se pongan límites al avance del capital extranjero, como el brujo que es víctima de sus conjuros, afirma que hay que “nivelar la cancha” y dice: “Nivelar la cancha implica reducir el contenido impositivo, que actualmente es de 32%, un promedio muy alto frente a nuestros competidores. Algunos de estos no están en ningún lugar: ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos municipales ^[4], que sé que el Estado nacional tiene dificultad para intervenir ahí, pero es algo que genera una diferencia importante. Tenemos temas laborales: conflictividad, costo del trabajo y 40% de costo impositivo adicional al costo de trabajo. Y un tema relevante también es la infraestructura. (…) Es un desafío enorme para todos y lo queremos tomar con la cancha nivelada. Esto implica un trabajo en conjunto con el gobierno (…). Nosotros estamos comprometidos con este proceso. En el año 2025, solo el Grupo Techint invertirá 1.400 millones de dólares. Es el nivel de inversión más alto de cualquier periodo pasado en todos los sectores: energía, parques eólicos, renovación industrial en la planta, entre otros”.

Sin vergüenza, Paolo Rocca omite que 14 empresas cáscara del Grupo Techint están radicadas en Montevideo, Uruguay, y que fugan divisas y eluden impuestos en la Argentina por un valor equivalente al 13% del PBI uruguayo. Los datos surgen de un trabajo titulado “Gasoducto al paraíso: la estructura offshore del Grupo Techint en Uruguay”, elaborado por los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, con el apoyo del capítulo argentino de la Fundación Friederich Ebert. El trabajo, de 39 páginas, publicado en agosto de 2023, expone con claridad el complejo mecanismo financiero utilizado por la empresa multinacional para fugar divisas hacia paraísos fiscales vía Uruguay, al tiempo que deja en claro una de las formas de evasión tributaria legal.

Techint decidió crear la empresa Tenaris con sede en el Ducado de Luxemburgo. La elección de esta sede se entiende por el sistema impositivo que ofrece un régimen especial para las empresas holding mediante una ley en ese ducado que data de julio de 1929. El aumento de controles internacionales para evitar lavado de activos y dudosos enjuagues llevó a modificar la norma en enero de 2007, pero los investigadores descubrieron que Luxemburgo lleva adelante acuerdos impositivos individuales con grandes empresas que en la práctica implican beneficios similares a la legislación modificada.

Un año antes, en 2009, la Justicia italiana de la ciudad de Milán envió a juicio a Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y a la fundación San Faustín, por presuntos sobornos en Brasil para lograr que la empresa Petrobras firmara contratos con Techint por 1.400 millones de euros. Sin embargo, en mayo pasado, inexplicablemente, el tribunal que debía juzgar a los Rocca decidió que el caso no debió ser judicializado en Italia, sino donde sucedieron los hechos, es decir, Brasil, o en todo caso en los países donde las empresas involucradas tienen sedes, es decir, Argentina, Uruguay, Suiza, Luxemburgo o Uruguay. Ahí se explica también el rol de la sofisticada ingeniería financiera de los Rocca, investigada por Gaggero y García Zanotti. Eludir impuestos, eludir a la Justicia.

Por no mencionar el famoso caso de los Cuadernos de Centeno, en que acusó a los empleados de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, sobreseídos por el juez Julián Ercolini.

En la nota “El beneficio de llamarse Techint” del 5 de junio de 2022 de El Cohete a la Luna, sostuvimos que el grupo Techint, según el trabajo del Banco Central de la República Argentina, “Informe de mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”, sobre compradores netos de activos externos del sector privado (billetes y divisas) durante el período 17/12/2015 al 27/10/2019, a través de sus empresas controladas, adquirió 92.627.000 dólares por Tecpetrol S. A.; 222.980.456 dólares por Ternium Argentina S. A.; y 231.384.402 dólares por Transportadora de Gas del Norte S. A. Esto da un total de 546.991.858 dólares.

Las tres empresas nombradas deben presentar su memoria y balance general anual ante la Comisión Nacional de Valores, dado que cotizan en bolsas de comercio del país. También ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) y a las normas impositivas del país. En esos documentos deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados”, en el que tiene que constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos, que es donde se contabiliza la compra de las divisas. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.

• Tecpetrol S. A.: De la lectura de sus estados contables se desprende que sólo podría haber comprado 11.550.000 dólares, pero según el BCRA aparece adquiriendo 92.627.000 dólares, o sea, sólo justifica el 12,47% de lo realizado en el MULC (Mercado Unico Libre de Cambio).
• Ternium Argentina S. A.: Contablemente, sólo puede demostrar liquidez en divisas por 54.330.000 dólares y compró 222.980.456 dólares (el 24,36% de ese monto).
• Transportadora Gas del Norte (Techint y Compañía General de Combustible del grupo Eurnekian): Compró 231.384.402 dólares; por ende, en sus estados contables sólo puede demostrar el 53,9%.

En síntesis

El vicepresidente del BCRA es el que informa a los inversores del exterior sobre los cuantiosos e importantes recursos naturales que posee la Argentina y que este gobierno entrega a cambio de una deuda externa que no se investigó ni se investiga. Es más, deuda que se duplica por la bicicleta financiera en la que el capital financiero, principalmente con base en Manhattan, trajo dólares, compró títulos del Tesoro de la Nación (deuda pública) en pesos ajustados principalmente por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC, que en once meses del 2024 creció en 112% y el dólar de salida (Contado con Liqui), como les prometió Valdimir Werning, se incrementó en igual lapso en un 19,1% (de 974 pesos el 29 de diciembre de 2023 a 1.160 pesos el 20 de diciembre de 2024).

La bicicleta financiera es la que obliga a este gobierno a contener el precio del dólar y con esa ganancia de casi el 100% en dólares quedarse con los recursos naturales del país.

El gobierno de Milei afronta ahora una reforma para disminuir aún más la presión tributaria a las empresas y nombra como titular del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero – ex AFIP) a Juan Pazos y en la DGI a Andrés Vázquez, ambos denunciados ante la Justicia por tener propiedades en el exterior no declaradas y a nombre de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

^[1] El primer proyecto de YPF, denominado “YPF Luz”, entró al RIGI para construir el parque solar “El Quemado” en Las Heras, Mendoza. Este proyecto requiere una inversión de 220 millones de dólares. La firma, en la que YPF posee el 75,01% de las acciones (mientras que el restante 25% está en manos de BNR, una compañía de General Electric y el Silk Road Fund de China) adquirió el parque en junio de 2023. Se espera que la primera etapa del parque entre en operación para el segundo semestre de 2026, con una capacidad instalada de 200 megavatios y una subestación eléctrica de 220 kilovatios en la línea Cruz de Piedra-San Juan.

^[2] A través de Siderúrgica Ternium S. A. para producir laminado en frío, acero crudo y galvanizado, anunciada en mayo de 2024.

^[3] En ambas empresas Livent y Alkem, tenian participación BlackRock y Vanguard Group.

^[4] Los municipios no pueden cobrar impuestos, solo tasas por prestación de servicios.

Antes de asumir la presidencia de la República ya era evidente el grado de incoherencia que aseveraba Javier Milei, cuando pregonaba, por ejemplo, la idea de levantar ya el cepo cambiario ^[1], destruir el Banco Central, eliminar la Secretaría de Comercio de la Nación porque los precios deben ser libres y no regulados (¿se referiría al precio de los medicamentos?) y repetía a Murray Rothbard (un marginal dentro de la Escuela Neoclásica) al afirmar que “el salario no te alcanza porque te sobra Estado. En la medida en que vos corras al Estado, una de las cosas que va a permitir es recomponer el ahorro; eso va a generar más inversión y más fuentes de trabajo, con más productividad y, por ende, los salarios van a ser más altos”.

Basta ver los resultados para comprender la liviandad de los conceptos vertidos. La tasa de inversión interna bruta fija (IBIF) es solo del 15,9% del PIB (Producto Bruto Interno) para el segundo trimestre de 2024 (último dato elaborado por el Departamento de Cuentas Nacionales del INDEC), y el mismo gobierno estima que va a descender este año en un 22,2% con respecto a la ya baja IBIF del año 2023. Igual respecto al PIB: el gobierno de Milei estima un descenso del 3,8% con respecto al año pasado, pero va a ser mayor.

Los salarios en promedio descienden fuertemente: los de los trabajadores públicos en un 23,1% a septiembre de 2024, según el IARAF ^[2], y los de los trabajadores privados en un deterioro del 10% de su poder de compra según CiFRA – CTA, al mismo mes.

La tasa de desocupación abierta pasó de 5,7% en el último trimestre de 2023 a 7,6% en el segundo semestre de 2024. Si le sumamos la tasa vegetativa de crecimiento de la PEA (Población Económicamente Activa), estamos hablando de que los desocupados se incrementaron en 433.000 trabajadores y que 1.733.000 personas en condiciones de trabajar no encuentran trabajo.

Un país que cuenta con energía y alimentos tiene más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Según UNICEF, un millón de chicos se van a dormir sin comer a la noche y no se sabe qué comen durante el día.

Pero el plan económico no es de Milei, sino que lo propicia el capital financiero de Manhattan (con su influencia sobre la Embassy y sobre el FMI y los demás organismos internacionales de créditos) y lo ejecuta un equipo encabezado por Luis Caputo y Santiago Bausili, cuya consultora, Anker Latinoamérica, es asesora de negocios de ese capital financiero en estas pampas.

Su tarea es líneal y avanza en base a dos anclas, una la fiscal, y la otra la cambiaria

Ancla fiscal

El gobierno, de forma irracional y sin miramiento, reduce el gasto primario principalmente en:

1. El pago de las jubilaciones y pensiones.
2. Los subsidios económicos a la población en energía y al transporte.
3. Las transferencias a las provincias.
4. La obra pública.
5. Educación y ciencia.

Lo hace para obtener un resultado primario positivo al 31 de octubre 2024 de 10,3  billones de pesos, del que se emplearon 7,4 billones para pagar intereses de la deuda pública generada por el gobierno de Cambiemos, no investigada por el gobierno de Alberto Fernández, e incrementada a razón de 9.200  millones de dólares por mes por el gobierno de Milei.

Y el superávit financiero (superávit primario menos el pago de los intereses de la deuda) de 2,9 billones de pesos se empleó en su totalidad para comprarle dólares al BCRA y girar a un banco de Nueva York, garantizando de esa manera el pago de los títulos de deuda Bonar y Global que vencen en enero de 2025.

Obviamente, el superávit primario y financiero logrado es a costa de la población que percibe menos haberes previsionales y aportes del Estado nacional, política económica de “motosierra y licuadora” de la que el mismo Presidente se jacta: “Yo vine para hacer las reformas que nadie se anima a hacer”. Asimismo, remarcó: “[El FMI] validó y valida lo que estamos haciendo”.

Sobran los ejemplos de este topo que afirma: “Mi desprecio por el Estado es infinito”, pero sin lugar a duda el grado de crueldad manifiesta es en el caso del INSSJP (PAMI).

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores. El PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Actualmente brinda asistencia médica a alrededor de 5,7 millones de jubilados y sus familiares a cargo, a pensionados y a veteranos de Malvinas. El Programa de Asistencia Médica Integral incluye prestaciones médicas y sociales y cuenta con 652 agencias y 38 unidades de gestión local, donde se pueden realizar todos los trámites. También cuenta con más de 8.000 médicos de cabecera, 17.000 prestadores con los que el afiliado puede atenderse y más de 14.000 farmacias adheridas para retirar los medicamentos.

Presupuestariamente, el Instituto, que pertenece a los jubilados y pensionados, es administrado por el Estado nacional, de acuerdo a lo estipulado en el inciso c del artículo 8º de la ley 24.156, que incluye a los entes públicos no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

En marzo del 2020, PAMI implementó una medida fundamental para la población mayor: un nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos, un listado de medicamentos sin cargo con el objetivo de garantizar el tratamiento adecuado de las patologías más frecuentes en las personas mayores. De esta manera, la cobertura al 100% de los medicamentos más consumidos por esta población, sumada a las coberturas del 80% para medicación ambulatoria y del 100% para medicación especial, representó un importante ahorro para los ingresos de cuatro millones de jubilados y pensionados.

Pero esta medida fue modificada a lo largo de 2024, incluso por la inoperancia y la no entrega de medicamentos. Los jubilados, quejándose del destrato y del silencio cómplice de los diputados y senadores, de los grandes medios, etc., los miércoles reclaman frente al Congreso de la Nación y ante la sede central del PAMI. La represión policial es la única respuesta. El miércoles 6 de noviembre, al jubilado Gerardo Mirkin, que se encontraba junto con sus compañeros manifestándose en reclamo de los medicamentos que le fueron quitados, lo desmayaron a golpes y fue atendido en la ambulancia para recuperarlo de urgencia.

La actual dirección del PAMI decidió desde el mes de diciembre de 2024 limitar el acceso de hasta cinco medicamentos sólo a los jubilados que perciban hasta 1,5 jubilaciones mínimas ^[3]. Los jubilados alcanzados, de todas formas, deben realizar el trámite para obtener el beneficio y demostrar que son pobres, que la compra de los medicamentos significa el 15% o más de sus ingresos, etc.

Realmente es increíble. Según el mismo INSSJP el presupuesto es el siguiente:

Debería sobrar plata; de hecho, la anterior gestión cumplió con todas sus obligaciones y tuvo un excedente financiero de 250.000 millones de pesos.

El PAMI se financia con el 5% del aporte de los trabajadores (3% a cargo del trabajador y 2%, del patrón) y con el 5% de la recaudación del Impuesto PAIS, que  grava la compra de divisas para importar o viajar al exterior.  Ese impuesto significó hasta noviembre de 2024 (11 meses) una recaudación total de 6,2 billones de pesos, por ende, al INSSJP fueron 310.000 millones de pesos.

Este gobierno improvisado puso en la mayor parte de las direcciones del Instituto de cada provincia a amigos y miembros de La Libertad Avanza; por ejemplo, en el PAMI de Misiones a Ninfa Alvarenga, presidenta de LLA de esa provincia. Duró cuatro meses; la echaron por corrupción y en esos cuatro meses percibió un haber pagado por los jubilados y pensionados de $11.380.414,26. En el PAMI de Santiago del Estero nombraron a Marcela Coronel; la echaron porque nombraba personal y le exigía que del sueldo (que paga el PAMI) donen el 25% a LLA. En Tucumán, un centro médico sin prestaciones de alta complejidad (Sanarte SRL) le facturó al PAMI 2.500 millones de pesos en ocho meses. Se hizo una auditoría y se descubrió que el centro médico realizaba sobreprestaciones de prácticas que nunca se llevaban a cabo, además de sobreprescribir medicamentos cuyo destinatario final se desconoce. Echaron al director, Martín Fernández González de la Fuerza Repúblicana (el partido de Ricardo Bussi).

“Cuando le pregunté a Milei por los jubilados, reaccionó con desdén y culpó a los kirchneristas. Me parece fabuloso que quieran darle un aumento a los jubilados, pero deben explicarme cómo lo van a financiar”. “Siguió hablando acaloradamente durante cinco minutos, presentando números fiscales. Ni una sola vez expresó simpatía por los jubilados, ni siquiera los reconoció como personas”, dice Jon Lee Anderson en su nota “Javier Milei declara la guerra al gobierno argentino” el 2 de diciembre de 2024 en The New Yorker de los Estados Unidos.

El 23 de diciembre de 2024 cesa el Impuesto PAIS creado por la Ley 27.541 impulsada por Alberto Fernández al comienzo de su gestión en diciembre de 2019. No lo renovará el gobierno de Milei, con la finalidad de beneficiar a los importadores (atraso cambiario, reducción de aranceles y, desde el 24 de diciembre de 2024, no pagarán el Impuesto PAIS) para dejarlos competir deslealmente con la producción y el trabajo nacional. Y a la vez, abarata la compra de dólar para atesoramiento y el dólar tarjeta que pagan (hasta el 24 de diciembre de 2024) el 30% de Impuesto PAIS y un 30% de anticipo a cuenta de Ganancias. Como la resolución que estableció la percepción dice expresamente que es solo para operaciones alcanzadas por el Impuesto PAIS, al caer el tributo, caerá la percepción, lo que abaratará aún más el costo para que los argentinos se vayan de vacaciones al exterior.

¿Cuál es el objetivo de disminuir aún más el ingreso de dólares? Que aumente la deuda externa, negocio de los acreedores que van a cambiar los títulos de deuda al 100% de su valor en la privatización de empresas públicas y en la concesión de explotaciones de petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, cobre, hierro, aluminio, agua pesada, agua potable, etc.

Ancla cambiaria

No bien asumieron la Administración nacional, devaluaron en más de un 100% nuestra moneda, al tiempo que desregularon los controles de precios en los mercados más concentrados, generando un brutal salto inflacionario presentado como el “costo” a pagar “por única vez” por toda la sociedad. Ello permitió la maximización de la rentabilidad en dólares de los principales oligopolios (alimentos, artículos de limpieza, medicamentos, combustible, tarifas de gas y de luz, etc.) que, en el marco del crawling peg (devaluación administrada) del 2% mensual, terminó por revertir el objetivo inicial hasta convertirlo en un atraso cambiario e inflación en dólares.

La devaluación, la posterior ancla cambiaria y la escalonada contención de las tasas de interés funcionaron como inductores para ir reduciendo los pases pasivos, Leliq y Notaliq y colocar deuda del Tesoro (convierten la deuda del BCRA con los bancos en deuda pública). Dado que la mayor parte de la deuda en pesos de la Administración Pública Nacional está indexada a la inflación o al tipo de cambio oficial, genera una deuda que no se licua con una devaluación.

El blanqueo de capitales hasta el 6 de noviembre de 2024 por 20.613 millones de dólares hizo que “el campo” aumente la liquidación de divisas.

En octubre y noviembre de 2024 se liquidaron más exportaciones que en igual período de los años 2022 y 2023.

A su vez, como contrapartida, durante el año 2024, grandes empresas como YPF, Grupo Clarín (Telecom), PAE (Grupo Bridas y British Petroleum), Aluar (Grupo Madanes), Vista (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex, Pluspetrol y Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles), emitieron obligaciones negociables por 9.100 millones de dólares. Y los principales bancos de la Argentina presionan al Ministerio de Economía para que coloque títulos de deuda en pesos a tasa fija en el orden del 2,6 y 2,7% mensual (Boncap con capitalización de intereses que se pagan al final) con fecha 13 de febrero de 2026.

Incluso al crecimiento de la deuda en pesos que paga intereses al final, debe sumarse el endeudamiento en pesos con acreedores privados y en dólares (BOPREAL), que impactará tanto sobre el gasto público como sobre la demanda de moneda extranjera en ejercicios futuros, pero alivió la carga financiera de este año 2024.

Y finalmente, como el mismo BCRA reconoce, va a financiar el turismo al extranjero con las divisas que ingresen por las exportaciones de cosecha fina, sin destinarlas a aumentar las reservas internacionales netas del BCRA que son negativas.

En síntesis

¿Por qué este desgobierno puede hacer lo que hace? Principalmente, porque se subordina al capital financiero de Manhattan (BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, entre otros), cuyo accionar es seguido a pie juntilla por capitales menores, en los que también participan, en todos ellos, “inversionistas” locales que confían parte de su capital en la administración de esos fondos, y lo que buscan es quedarse con las empresas públicas, con nuestros recursos naturales, constituir nuevas AFJP y todo negocio que puedan hacer. Incluso no tener presupuesto y gobernar por DNU es funcional al objetivo principal.  Mientras el Congreso de la Nación tiene senadores como Edgardo Kueider y en la Justicia proponen en la Corte Suprema a Ariel Lijo.

^[1] No pueden levantar el mal llamado “cepo” cambiario, que son limitaciones a la compra de divisas (porejemplo,o el límite mensual de 200 dólares por persona) ni siquiera tras un año de gobierno, porque las reservas internacionales netas del BCRA son negativas, incapaces de poder abastecer la demanda interna de divisas.

^[2] IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) es una consultora privada dirigida por NadinArgañaraz.

^[3] La jubilación mínima en el mes de noviembre de 2024 fue de 252.798,5 pesos. Esto quiere decir que los jubilados y pensionados que perciban más de 379.200 pesos pierden el beneficio. Además deben rempadronarse, con lo engorroso que significa todo trámite y más para una persona mayor.