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El Pacto Roca-Runciman, casi un siglo después

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Hay períodos históricos en los que se producen reacomodos trascendentales en materia de poder, influencia y prestigio en la política mundial. No son momentos breves con alteraciones circunstanciales: más bien se trata de coyunturas críticas en las que se modifican sustantivamente equilibrios geopolíticos, rasgos sociales, parámetros políticos, y dinámicas productivas a escala global.

Se manifiestan durante lustros y décadas, generan retos enormes, con consecuencias impredecibles, y pueden derivar en conflictos severos por las readecuaciones que exige. Una coyuntura crítica exige a las élites nacionales contar con un diagnóstico del escenario internacional, ponderar cursos de acción y evaluar opciones estratégicas para maximizar eventuales beneficios y reducir potenciales costos. Es decir; obliga a actuar bajo principios orientadores para así atravesar las vicisitudes y contradicciones de una coyuntura crítica.

En las primeras décadas del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y del estallido de la Gran Depresión de 1929 y sus consecuencias, la Argentina, como otras naciones, debió transitar una tal coyuntura. En el plano mundial y en el marco de un claro predominio de Occidente –de sus valores, instituciones, reglas, intereses y preferencias– se asistió al progresivo eclipse del Reino Unido y al auge indudable de Estados Unidos.

El poder, la influencia y el prestigio fue mutando de un lado del Atlántico Norte al otro. El orden liberal, aún en ciernes, iría tomando forma gradualmente y se consolidaría después de la Segunda Guerra Mundial. A su turno, material, militar y diplomáticamente la Argentina era, para los años ‘30 y en comparación con sus pares de América Latina, lo que hoy podríamos llamar una potencia regional influyente y asertiva.

En esa década crucial la élite nacional enfrentó la necesidad de definir un rumbo. Optó, por convicción y conveniencia, continuar plegada a Londres y distante de Washington sin advertir suficientemente la envergadura de los cambios en marcha.

El Pacto Roca-Runciman de 1933 fue la expresión de esto. Había complementación económica con el Reino Unido y competencia con Estados Unidos. El peso y presión de la agro-ganadería fue vital. Y en particular, al no haber muchas alternativas en materia de importaciones, el acuerdo parecía ineludible, si bien ha sido recordado como un proverbial ejemplo de dependencia consentida.

La declaración de Julio Argentino Roca (h) es ilustrativa: “La geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”; de hecho, un imperio crecientemente proteccionista y en paulatino declive.

Casi un siglo después, nos encontramos ante una nueva coyuntura crítica que otra vez demanda un diagnóstico riguroso, una planeación seria, y un despliegue efectivo. Muy poco del siglo pasado está aún vigente. El centro de gravitación mundial se está trasladado a Asia y la preponderancia incuestionable de Occidente terminó, mientras cruje el orden liberal.

El declive de Estados Unidos es significativo, aunque Donald Trump prometa regresar a una era dorada de la mano de un proteccionismo pendenciero, al tiempo que China aumenta su poderío y proyección mundial y el Sur global irrumpe como un sujeto político destacado. En medio de un orden internacional no hegemónico parece posible concebir y aprovechar algunos espacios de negociación, promover una mayor diversificación, fortalecer el regionalismo mediante la actuación conjunta con los vecinos, y preservar una autonomía relativa.

Es en este contexto en el que se entrelazan dilemas, peligros y oportunidades. Una Argentina debilitada materialmente, vulnerable en lo militar y sin brújula diplomática enfrenta el reto que le impone una coyuntura crítica cada vez más delicada.

En efecto, de acuerdo a un estudio (US Presence and the Incidence of Conflict) de la RAND Corporation de 2018, la Argentina fue una potencia regional entre 1946-1990 y después dejó de serlo. Y, en estas nuevas –y desmejoradas circunstancias–, el “pacto” que hoy propone el Gobierno es un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No importa que con Estados Unidos no haya complementación sino competencia económica, ni que la mayoría de nuestras divisas por exportación provengan de ventas a países no occidentales.

En los cálculos del oficialismo, poco importa que ese intento de “cortarse solo” lleve a quebrar el Mercosur y que los funcionarios, entusiasmados con la idea, desconozcan las órdenes presidenciales de Trump y su proclividad a imponer aranceles por doquier, así como que el talante político de legisladores republicanos y demócratas por igual van hoy en contra de acuerdos comerciales.

En el Gobierno parecen creer que la identificación de Trump y Milei como socios –con diferente estatus– de una Internacional Reaccionaria y con sueños semejantes de un pasado glorioso a restaurar, le abrirá el paso a la Argentina para que de manera subalterna se convierta en un jugador geopolítico clave en la región y, por qué no, en el mundo.

Este es el aggiornamento de Roca al siglo XXI y ante lo cual la oposición parece no tener nada que decir. 

https://www.clarin.com/opinion/pacto-roca-runciman-siglo-despues_0_8WZalBqPFQ.html

El mago de las finanzas

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En el año 2024, la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor del INDEC (IPC), fue del 117,8%, gracias a la devaluación de nuestra moneda de más del 100% que ejecutó el gobierno de Milei el 12 de diciembre de 2023, que implicó un rápido pase a los precios (pass through). Ese último mes del 2023, el IPC fue del 25,5%, para continuar su ascenso en el 2024 y manifestarse en el guarismo que contabiliza el INDEC.

Paralelamente, en el año 2024 el tipo de cambio creció una sexta parte de ese porcentaje, esencialmente si lo comparamos con el dólar denominado CCL (contado con liqui), que resulta de la compra de títulos o acciones en el mercado local y su posterior venta en los mercados de valores y bolsas del exterior (principalmente en Nueva York). Su precio era de 974 pesos a fines de diciembre de 2023 y es de 1.200 pesos en los primeros días de febrero de 2025.

La brutal renta financiera que significó y significa pasarse de divisas a pesos (y volver a divisas cuando quieren), desde que se inició el gobierno de Milei, implicó un aumento de la deuda en pesos solo en el 2024 de 63.728 millones de dólares (es en pesos, la conversión a dólares la hace la misma Secretaría de Finanzas de la Nación), y la conversión de los pasivos remunerados del BCRA (Leliq, Notaliq y pases pasivos), más otras obligaciones, hicieron que la deuda pública fuera de 466.686 millones de dólares al 30 de diciembre de 2024; en un año aumentó 96.012 millones de dólares (es en pesos y en divisas, pero la conversión la hace la propia Secretaría de Finanzas de la Nación).

Como si el total de la deuda y los intereses que devengan no fueran un condicionante, a partir de febrero de 2025, el BCRA decidió ajustar el precio del dólar oficial al 1% mensual y redujo la tasa de interés de referencia (con la que devengan interés las LeFi —Letras Financieras—, que son títulos del Tesoro de la Nación cuya tasa mensual determina el BCRA) de 32% a 29% nominal anual, con el fin de proseguir con el carry trade (bicicleta financiera) y que los acreedores continúen en pesos y no se pasen a divisas. Pero tanto los títulos ajustados por el IPC como las tasas fijas, muy por encima del ajuste cambiario, significaron en el año 2024 un acrecentamiento de la deuda pública nacional en 96.012 millones de dólares por la inflación acumulada del periodo, que actualiza la deuda que se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y por la evolución del tipo de cambio, que impacta en la deuda que contractualmente se encuentra denominada en dólares, pero cuyos pagos son en pesos (bonos duales y bonos dólar linked); esta situación intenta repetir el equipo de economía de Milei en el 2025.

La capitalización de intereses de títulos como las Lecap, Boncap [1] y LeFi también aumentó la deuda pública por 14,1 billones de pesos durante el año pasado, cuando el resultado fiscal acumulado del año 2024 (base caja) del presupuesto nacional fue de 10,4 billones de pesos; por ende, de no ampliar la deuda por este medio (capitalizando intereses para abonarlos al vencimiento del título público), no se hubiera conseguido dicho superávit y este hubiera trocado a déficit fiscal.

El superávit comercial del año 2024 fue de 18.899 millones de dólares, con exportaciones por 79.721 millones de esa moneda e importaciones por 60.822 millones de la divisa estadounidense, pero el total de colocaciones de BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) desde diciembre de 2023, con vencimiento en el año 2027 [2], alcanza a febrero de 2025 los 9.760 millones de dólares (en tres series); esa suma (que es deuda del BCRA) debe restarse al superávit comercial y debe sumarse a la deuda pública (en cabeza del BCRA).

El 20% de esas exportaciones por 79.721 millones de dólares en el año 2024 no ingresaron al BCRA porque se liquidaron en el mercado de cambio CCL (que denominan dólar blend). Esto significa 15.944,2 millones de dólares. Es decir que el BCRA contabiliza una suma menor, pero lo cierto es que, para mantener la ficción del precio del dólar y la estabilidad cambiaria, el BCRA dilapida el 20% de las ventas al exterior. La situación se agrava cuando, ante los técnicos del FMI, el equipo económico de Milei, encabezado por Luis Caputo, ante la pregunta de cómo iban a cubrir el turismo argentino al exterior, respondió que se pagaría con las divisas conseguidas por las exportaciones de la cosecha fina que estimaban en torno a los 1.400 millones de dólares por mes para diciembre de 2024, y enero y febrero de 2025. Y “el campo”, como les gusta llamarse, que lo votó masivamente, ahora sabe que la cosecha fina se emplea no para mejorar las rutas y los puertos, sino para que un sector de la población viaje al exterior con los dólares obtenidos por ellos.

Paralelamente, el gobierno, en forma intempestiva, redujo las retenciones (derechos de exportación) en enero de 2025; sin embargo, “el campo”, ante la exigencia de que debía pagar el gravamen antes de percibir la liquidación de las exportaciones, lo hizo y lo hace a cuentagotas y prefiere seguir reteniendo lo que le queda de cosecha.

En la reunión que tuvo Luis Caputo con la Mesa de Enlace (las cuatro grandes organizaciones del “campo”) les dijo que, como no podía extender los plazos para que liquiden las retenciones tras haber reducido el porcentaje de estas ni tampoco extender dicha reducción después del 30 de junio de 2025, iba a ir reduciendo hasta eliminar el impuesto al cheque. El impuesto a los débitos y créditos bancarios significan el 1,7% del PIB; en enero 2025 su recaudación superó el billón de pesos (es en pesos, pero equivalente a 1.000 millones de dólares), y el 70% se asigna al al SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino), y el 30% restante se coparticipa con las provincias.

Caputo decide desfinanciar aún más al sistema previsional. Primero lo hizo con la eliminación del impuesto PAIS (65% al SIPA, 5% al PAMI, y 30% a la obra pública); y ahora con una de las principales fuentes de financiamiento del sistema. En paralelo, el gobierno de Milei decide que desde el 23 de febrero de 2025 no exista más la moratoria previsional y aquellos que se jubilan y no tienen 30 años de aporte van a percibir el PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) que es el 70% de la jubilación mínima.

El FMI

La misión del FMI encabezada por Luis Cubeddu arribó al país el 22 de enero de 2025 y, en preservación de su trabajo (que paga la Argentina con los intereses de la deuda contraída por el gobierno de Macri con el “fondo”), le propuso al equipo de economía de Milei una revisión de las reservas internacionales del BCRA cada 15 días. Luis Caputo no aceptó, por lo que la misión se fue, unos días más tarde, para hacerle llegar al board del FMI su informe.

En ese marco, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, presentó, el 20 de enero de 2025 en Londres, en la 11.a Conferencia Latinoamericana del BBVA, la 3.ª etapa del Programa Económico de la Argentina y afirmó —ante la pregunta del auditorio— que el BCRA interviene en el mercado cambiario local vendiendo títulos del tesoro (para frenar el llamado dólar MEP o dólar Bolsa).

En síntesis, la acepción de estabilidad cambiaria del gobierno de Milei se basa en dilapidar las reservas del BCRA, que —como el mismo gobierno reconoce— son negativas (swaps de China y encaje de los depósitos en dólares de los bancos mediante). Es la causa por la que el FMI observa el llamado “dólar blend”. La intervención en el mercado de cambio vendiendo títulos de deuda en pesos y en dólares, el aumento de la deuda pública a razón de 8.000 millones de dólares por mes y la colocación de BOPREAL, que es deuda que se va a convertir en dólares en el año 2027, son medidas que no garantizan que las reservas internacionales del BCRA aumenten ni en el presente ni en el futuro inmediato, cuando ya el gobierno de Milei incumplió con la meta de acrecentamiento de las reservas del BCRA en el último trimestre del año 2024.

Precios relativos

Es inútil pretender que Caputo y toda su gente entiendan que la principal función del tipo de cambio es relacionar todos los precios de un país con el resto del mundo —el precio del salario, de los alimentos, de los medicamentos, de la energía, de los insumos, de las máquinas y equipos, etcétera—. Tampoco saben (y lo que es peor, no les interesa) que el tipo de cambio a largo plazo refleja la productividad de un país. Para ellos la única relación es la de las tasas de interés; la prioridad es que la tasa de interés local (Ya) sea mayor que la tasa de interés extranjera (Ie) más el riesgo cambiario: Ia = Ie + depreciación esperada.

Por ende, para que ingresen capitales, deben garantizar que en dólares (en divisas) la tasa de interés de la Argentina sea mayor que la del resto del planeta. Ello explica la exteriorización de activos (blanqueo de capitales) por 20.631 millones de dólares (en la primera etapa que cerró el 15 de noviembre de 2024; hay una segunda etapa que vence el 7 de febrero de 2025 y una tercera etapa que vence el 5 de mayo de 2025).

Los 20.631 millones de dólares ingresados en 330.000 cuentas especiales (CERA) dieron lugar a que grandes empresas que operan en el país se financien en dólares en obligaciones negociables por 23.932 millones de dólares al 31 de enero de 2025, según informa la Comisión Nacional de Valores.

El problema está en que el salario mínimo, vital y móvil fijado por el gobierno libertario es de 292.446 pesos para febrero de 2025, cuando, por ejemplo, el litro de leche tenor graso tres de La Serenísima estaba a 155 pesos en noviembre de 2023, con un precio oficial del dólar de 400 pesos —menos de 40 centavos de dólar— y en febrero de 2025 ese producto se vende a 1.300 pesos, que, al tipo de cambio oficial de 1082 dólares, significa 1,20 dólares.

Si pasa con la leche de vaca, también sucede con una gama de productos en que la Argentina en dólares tiene un precio mayor que los que producen en el mundo. Y la respuesta del gobierno de Milei para seguir alimentando la renta financiera es profundizar el carry trade; por ende, los productos y servicios medidos en dólares serán cada vez más caros, favoreciendo su importación, medida que el gobierno apuntala al eliminar el impuesto PAIS para la compra de dólares para las importaciones y al reducir sistemáticamente los aranceles, en un nuevo revival del plan de Martínez de Hoz y de Cavallo durante la convertibilidad.

Los países vecinos y los que producen los mismos bienes que exportamos devalúan sus monedas, con lo que perdemos competitividad. Situación que el gobierno agrava con el carry trade, puesto que no existe actividad que dé mejor renta que la financiera.

El gobierno, sin embargo, espera que el board del FMI apruebe un nuevo acuerdo y le dé un préstamo stand by por no menos de 11.000 millones de dólares, más la conversión de los dólares ingresados por el “blanqueo” en propiedades, bienes y servicios del país, para que ambos sean el puente hasta las elecciones de medio término. A posteriori, podrán ajustar el tipo de cambio y la deuda pública se verá acrecentada por la devaluación (tanto en dólares como en pesos ajustados por inflación) y se pagará con las empresas estatales (incluidos el Banco de la Nación Argentina, IMPSA, YPF S. A. y nuevas concesiones de rutas nacionales para el sector privado) y con el rico patrimonio nacional de petróleo, gas, oro, plata, hierro, aluminio, cobre, uranio enriquecido, litio, minerales raros, agua pesada, agua potable, etc. Todo para beneficio de una minoría parásita y rentista que empobrece a la población y vende el patrimonio argentino. Y pretende que nuestra población embrutecida por los medios vote mayoritariamente dicha propuesta.

[1] Las Lecap son letras que pagan el interés al vencimiento del título y su plazo es menor a 12 meses; en cambio, las Boncap son bonos que capitalizan intereses y duran más de un año.
[2] Los BOPREAL son títulos en pesos que se convierten en dólares al vencimiento, con lo cual se les habilitó a los importadores traer mercaderías del exterior, pagarlas ellos o acordar con sus proveedores su financiamiento y, en el 2027, el BCRA convertirá esa suma en dólares.

Sobre fascismos

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Mi Lucha es la razón burguesa  

llevada a su límite más extremo y coherente.

ncluso le diré más, me dijo Tardewski,

la razón burguesa concluye de modo triunfal en Mein Kampf.

Ricardo Piglia, Respiración artificial

En el artículo del 10 de Febrero de 2025 titulado “Para Juanito/que lo mira por TV”, un pensador político lúcido como Horacio Verbitsky, toma como fuente un artículo de Roy Hora en la que pretende restringir el uso del significante “fascismo” a las experiencias europeas de la primera mitad del corto siglo XX (1917-1990). Textualmente el autor señala (el entrecomillado es cita del original de Roy Hora):

Pero ese «sermón reaccionario» no implica que «la amenaza fascista está a las puertas de la ciudad», como fue moneda corriente «en las arengas de dirigentes e intelectuales, en las conversaciones en la plaza y las redes sociales». Esto permite movilizar voluntades ante un desafío existencial. Pero «también revela dificultades para comprender los dilemas del presente».

En esta argumentación pueden advertirse graves falacias. El sermón reaccionario del fascismo era fascismo antes de la marcha sobre Roma. Para ser fascismo no hace falta estar a las puertas de la ciudad. De hecho, Adolf Hitler llega a la cancillería como consecuencia de los votos de los alemanes que dieron una exigua primera minoría al NSDAP pero que pudo adueñarse de la situación con el colaboracionismo de los “partidos democráticos y dialoguistas”. Fundamentalmente del Zentrumspartei, el partido occidental y cristiano que luego daría origen a la Democracia Cristiana alemana. El cabo austríaco impuso su orden con el apoyo de los parlamentarios que creían que era posible negociar con él, sin advertir el delirio paranoico y megalomaníaco vinculado a un mandato del destino.  Hitler no era un cínico, estaba a merced de su mandato perverso de construir un Tercer Reich racial y moralmente puro como eran en el origen los pueblos de la mítica Germania.

Si el fascismo fuera una experiencia histórica temporalmente circunscripta, de nada valdrían las políticas de memoria. En este orden de ideas no faltará quien proponga al gobierno Polaco que haga de Auschwitz un centro comercial o un resort. El texto de Verbitsky, citando a Hora continúa:

El abuso del término fascismo refleja «dificultades para entender lo nuevo y, sobre todo, incapacidad para aceptar las razones por las cuales medio país acompaña al gobierno. Y pone de relieve la orfandad de ideas y propuestas que campea en la oposición».

La idea del abuso de un término recoge la ontología de la “sustancia”. Esta proposición deriva de la metafísica aristotélica que presupone una relación entre el ser y la palabra que la nombra. Es el origen del concepto de la verdad como correspondencia entre el pensar y la cosa (Adaequatio intellectus ad rem). De allí también que la definición correcta sea aquella que dice lo que la cosa es.

Esa identidad entre la palabra y la cosa nombrada (sólo así puede hablarse del “abuso” de un término) nos lleva a dos problemas.

El primero, ejemplificado por Saussure, es si el tren de Paris a Ginebra de las 9.45 sigue siendo ese tren si parte a las 9.47 o el de la nave de Teseo para los antiguos atenienses que, al conservarla a lo largo de los siglos, fueron cambiando uno a uno todos los maderos que la componían hasta preguntarse si la Nave de Teseo que estaba consagrada a Apolo seguía siendo la nave de Teseo. Es el problema de la identidad de lo que cambia.

El segundo: Si cada cosa es particular e individual, solo se podrían utilizar nombres propios. Es el problema borgiano de Funes el Memorioso y de todos aquellos que trazan con tiralíneas y escuadra la “definición” de fascismo.

El problema de la definición en la escolástica es que presupone la subsunción de una especie en un género. Esta especificación supone el atributo como una característica de la cosa o de la especie. Es lo que se llama diferencia específica. Para el pensamiento medieval toda cosa es idéntica a sí misma y es una (omne ens est unum) y los distintos objetos aparecen como diferentes en sí mismos.

Saussure y Gödel rompen con esta metafísica. El primero, en sus Escritos sobre lingüística general señala:

Así como en el ajedrez sería absurdo preguntar qué serían una dama, un peón, un alfil o un caballo si se los considera al margen de ese juego, tampoco tiene sentido tratar de ver qué es cada elemento por sí mismo.

Es que la definición es un problema de la lengua y en ella no hay objetos en sí mismos sino que estas diferencias sólo existen en función del sistema lingüístico al que pertenecen. La definición no se encuentra con individuos, especies o géneros ya determinados. Es el punto de vista el que engendra el objeto. Obvio es decir que este punto de vista presupone un sujeto y un sistema en que las distinciones tienen lugar. Un significante sólo tiene sentido en su relación de diferencia con otro significante. Y la definición es una operación de la lengua. Volviendo a Saussure “no hay en la lengua ninguna determinación ni de la idea ni de la forma; no hay otra determinación que la de la idea por la forma y de la forma por la idea”. Significante y significado sólo existen el uno por el otro.

De este modo no existe un “fascismo en sí” como pretende Hora, sino fascismos. Considerar fascismo o no una determinada aparición no depende de una “sustancia” sino de un criterio de demarcación que surge de un punto de vista, es decir, de un sujeto. Menos aún puede decirse que la definición de fascismo aplicada a una aparición contemporánea “revela dificultades para comprender los dilemas del presente”. La creencia medieval en la sustancia u ousía, sí demuestra incapacidad para entender los dilemas de la ciencia contemporánea.

Aquí no hay un debate escolástico sobre la esencia del fascismo sino un debate político entre diversos puntos de vista y razones para actuar.

Continúa Verbitsky señalando:

Hora recuerda que en 1945, el «error histórico» de creer que acá como en Europa «se libraba una batalla entre fascismo y democracia», abrió «una brecha insalvable entre la reforma social y la democracia política que tardó décadas en cerrarse». Es llamativo que no lo adviertan algunos jóvenes militantes que se creen peronistas.

Cuando se pretende asimilar situaciones diversas por parecidos de familia sin entender los rasgos estructurales que hacen posible proponer calificaciones (sin olvidar que estas son siempre el resultado de un punto de vista) el resultado es la opacidad completa. Con estos criterios meramente imaginarios Marco Polo, al encontrar al rinoceronte asiático creyó haber hallado al mítico unicornio.

Esas concepciones imaginarias son propias de lo que Lacan llama la era teológica. El análisis estricto de la función del significante es propia de otra era, marcada por correlaciones que no pueden justificarse en una axiomática del estilo euclidiano, sino por el uso extendido del significante (Libro 9 de El Seminario, clase del 29 de Noviembre de 1961).

Lo que debe preguntarse es qué rasgos, en el contexto de 1945 llevaron a considerar al peronismo como una aparición del nazifascismo. Para ello deben tenerse en cuenta decisiones históricas que nos permitan analizar mejor las razones estructurales. En particular, los efectos del golpe de junio de 1943 y de la segunda guerra mundial sobre los partidos hasta entonces representativos de la clase obrera.  El partido socialista, ya había girado hacia posiciones cada vez más prooccidentales y tendía a entender el mundo desde esa perspectiva. Mas interesante y dramático es el posicionamiento del Partido Comunista que al momento del golpe y durante el período de incremento de huelgas que lo precedió ya había adoptado la política de Frente Popular con vocación policlasista.

Esto situaba a la clase obrera en una alianza con sectores de la pequeña burguesía y de la burguesía nacional desvinculada del capital extranjero y la oligarquía. Casi se podría decir que es la línea mayoritaria del Peronismo moderno.

Como señalan Diego Ceruso y Silvana Staltari en su trabajo “El Partido Comunista argentino y su estrategia sindical entre 1943 y 1946”, cuya lectura recomiendo (Izquierdas   no.39 Santiago de Chile, febrero de 2018 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492018000200110)

Materializando las tensiones y justificando sus propios itinerarios, caracterizan al accionar del PC en el período peronista como “error histórico” o “traición a la clase obrera”, lo que habría imposibilitado el acercamiento a la clase trabajadora. Si los escritos “oficiales” y “militantes” deben ser matizados por apologéticos, los recaudos aquí deben ser análogos.

Por tanto la introducción de la calificación de error histórico, sin explicitar los rasgos sobre las cuales el PS y el PC de 1945 consideraron al peronismo como una forma de fascismo constituyen también una forma de apologética de la relación entre las instituciones de la democracia liberal y la reforma social como si entre ambas no existieran hiatos y discontinuidades que deben ser precisados. Es llamativo que no lo adviertan algunos viejos militantes que se creen peronistas.

Vincular el fascismo con la exaltación del Estado y el nacionalismo implica afirmar la categoría de totalitarismo de la cursada de “educación democrática” que imponía la dictadura de los herederos del ‘55. Tal como lo señala el propio Marx el Estado es una hipóstasis de las relaciones sociales, una transustanciación imaginaria de las lealtades y prácticas que cementan las sociedades.

Esta posición mágica se ancla en considerar la estructura del Estado como un todo. Eso hace que los “liberales” que afirman la necesidad de desmantelar la estructura del Estado sean quienes abogan al mismo tiempo por el reforzamiento de los aparatos represivos del Estado.

No son los rasgos aislados, los atributos como propiedades de la cosa los que hacen posible una definición. Por el contrario, la propiedad o atributo es el medio para constituir un conjunto.

Consideraciones similares pueden hacerse respecto del concepto de nacionalismo, considerado como rasgo identificador del fascismo. Considerar la exaltación o el fortalecimiento del Estado como los atributos que determinan la existencia del fascismo lleva naturalmente a considerar como fascistas a líderes como Nasser o Perón. A su vez,  los ustachas croatas no sostenían un fortalecimiento o exaltación de un Estado Nacional (se sentían muy cómodos con la dominación italiana o alemana) y su rasgo más distintivo era confesional, en su oposición a las religiones “inferiores” como la islámica o la ortodoxa ya que compartían con los serbios y los bosnios el idioma y la ascendencia. De allí concluir que lo característico del fascismo sea el catolicismo (rasgo que compartían con las dictaduras fascistas de España y Portugal) sea un absurdo innegable.

Sostener la preeminencia de los rasgos “esenciales” después de la experiencia histórica argentina del Proceso o sabiendo que ese acento en el Estado y la nación es la base sobre la cual el negacionismo neonazi del holocausto construyó la idea de una guerra civil europea, consideró al fascismo como una instancia de la época para concluir que comunismo y fascismo son casi indiferentes. Esa es la base para la construcción del revisionismo negador del holocausto. No por casualidad los tres libros que conozco de Ernst Nolte tienen esos títulos “La guerra civil europea (1917/1945)”, “El fascismo en su época” y “Fascismo y Comunismo”.  

El acentuamiento de los rasgos Nacionalismo más exaltación del Estado es la salida para definir el fascismo por quienes se niegan a ver las discontinuidades y contradicciones que existen entre la democracia liberal y las reformas sociales.

Como señalan Fabio Nigra (a quien le debo el recordatorio de Respiración artificial que encabeza el presente escrito) y Federico Cormick en su artículo “¿El nacionalsocialismo es de izquierda? Por qué la creencia de Milei no es sólo ignorancia sino también fanatismo” publicado el 8 de Febrero de 2025 en Tiempo Argentino on line señalan que el neoliberalismo cuando nace en Alemania luego de la segunda guerra mundial afirmaron una operación discursiva en la que el Estado estaría al servicio del mercado invirtiendo la imaginaria subordinación de los capitales al Estado que se atribuía como característica del nazismo.

Con ello, sectores de las clases dominantes que habían apoyado al nazismo negaron su historia reciente (…) El neoliberalismo nacía así, unificando nazismo, socialismo y presencia del Estado como mecanismo de autojustificación.

Teniendo en cuenta la función que dio origen a todos los fascismos, lo que los caracteriza en mi opinión es ofrecerse al servicio del capital concentrado y los sectores dominantes de una sociedad por una vía no liberal como consecuencia de estas fricciones entre reforma social y democracia liberal.

Por ello el fascismo nace en los momentos de crisis que, como decía Gramsci, son aquellos en el que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir.

Podría decirse que algunas formas del fascismo, como la nazi, atacaron también a capitales importantes en tanto daban prioridad a “razones” de pureza racial. O que en definitiva subordina el capital al Estado. Pero el Estado Fascista se caracteriza por servir  al capital y los sectores hegemónicos (como el clero en España del ´36). Los Krupp, Junkers, Siemens, al igual que Ford, vieron con gusto al ascenso y empoderamiento de Hitler en tanto servía a sus intereses.

El discurso fascista tiene por objeto el restablecimiento de las jerarquías absolutas: La de los padres sobre los hijos, la del varón sobre la mujer, la del patrón sobre los obreros y, sobre todo, la del hombre del destino y sus cortesanos, con veleidades imperiales.

El fascismo es también anticientífico (excepto en aquello referido a lo técnico), partidario de la recuperación del mito y de lo inefable, pone en cuestión toda política de los cuerpos por que es una política sobre los cuerpos docilizados.

El fascista no necesita preguntar porque ya sabe (la duda es la jactancia de los intelectuales), por eso no existe la pregunta fascista.

El nacionalismo fascista, por el contrario, requiere la existencia de una clase dominante nacional que sirve a los intereses de la Nación mítica. Cuando las clases dominantes, por el contrario, se encuentran subordinados a los intereses del mercado mundial y aceptan su rol subordinado el nacionalismo es prescindible. Por eso el nacionalismo en el tercer mundo nunca es fascista y el fascismo, como forma de afirmación de los poderes dominantes, no requiere en estos países del nacionalismo. Es que las posiciones de alianza de clases con la pequeña burguesía y la burguesía nacional, propia del peronismo y de la estrategia de frente popular del PC no pueden ser confundidas con el nacionalismo de los países dominantes ya que justamente por su posición subordinada, los objetivos nacionales antiimperialistas implican una transformación (y no el afianzamiento) de las relaciones de dominación. El fascismo es siempre una respuesta desviada a una pregunta que no se supo plantear.

Finalmente, el fascismo requiere la construcción de una víctima a la que se le quitan los rasgos humanos (son parásitos, untermensch, planeros o ratas). Son el virus que es necesario exterminar. Y la desviación de la respuesta es, a mi entender, lo que por razones genéticas y funcionales constituye el fascismo.

Limpieza ideológica

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La victoria del neoliberalismo se consolida en la Argentina en el último cuarto del siglo XX y en lo que va del XXI, sin que los intentos en contrario puedan contrarrestarlo. Se trata de un modelo filosófico, político, económico, social y cultural, que consagra la hegemonía de las políticas de mercado y el capital financiero, en contextos de globalización y de globalismos impulsados por las derechas clásicas y extremas del mundo. Como cualquier tipo de innovación filosófica, la aplicación de las doctrinas neoliberales, así como las realidades que configura, difieren según los contextos histórico-políticos en donde se implemente. No existe similitud absoluta entre economías neocoloniales, como la argentina, y las de países desarrollados, con historias diferentes.

En el plano cultural, el neoliberalismo constituye en nuestro país y en el mundo un serio perjuicio para las ciencias sociales y el desarrollo del pensamiento crítico, herramientas claves para neutralizar los intentos de imposición del nuevo modelo civilizatorio. El anarco-capitalismo y el neoliberalismo criollos promueven un “pensamiento único” revelador de “verdades” como la de una libertad y una esperanza abstractas, en marcos de subordinación política al fundamentalismo de mercado y a la imperiosa necesidad de reducir el Estado a su mínima expresión, sin reparo por las gravísimas consecuencias políticas, socioeconómicas y culturales que ello ocasiona a la sociedad y a la Nación argentina.

Así como el modelo de un capitalismo agroexportador y dependiente de finales del siglo XIX fuera intensamente divulgado en el plano educativo, por el liberalismo conservador, en contextos de un Estado oligárquico, el neoliberalismo necesita colonizar el núcleo de la educación y en particular de las ciencias sociales en los espacios donde se educan niños y jóvenes, es decir en las escuelas, que de esta manera terminan formando individuos acríticos, ajenos a cualquier identidad colectiva y a su condición democrática de sujetos de derecho.

La universidad, incluso, podría hallarse ante la imposibilidad de elaboración de un pensamiento crítico, al ser, como el resto de la educación pública, desfinanciada por el actual gobierno nacional y ante la preeminencia de modelos de consultoría financiados por agencias, fundaciones y ONGs claramente interesadas en la divulgación del pensamiento de los grupos dominantes, en el nivel local e internacional.

Pueden señalarse, como ejemplo de las afirmaciones precedentes, algunas de las modificaciones a ensayarse en 33 escuelas secundarias públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en las que tendrá lugar una nueva reforma llamada “Buenos Aires aprende”. Su fundamento pedagógico, según se ha anunciado, surge de evaluaciones y encuestas realizada con alumnxs en disciplinas como matemática y lengua, a las que se ha denominado “materias troncales”, que los estudiantes deberán repetir de no aprobar los contenidos previstos. No sucede lo mismo con el campo disciplinar de las ciencias sociales, que se reducirá a experiencias de laboratorio sobre historia, geografía y formación ética y ciudadana, en cuyo caso, según Infobae, no se exigirá la repitencia para los casos de no aprobación.

Semejante diseño para la escuela secundaria pone claramente de manifiesto la subalternización de las ciencias sociales en relación con matemática y lengua, como si su aprobación no fuera del máximo interés para el plan de estudios mencionado. Si negar el valor de la lengua y la matemática como vehículos para el acceso al resto de los aprendizajes, ello no habilita a que se relegue a los demás conocimientos que la escuela ofrece a los jóvenes, incluyendo la formación de ciudadanía, y que no se encuentren previstas similares exigencias para su aprobación.

El modelo de “saberes troncales” en que se sustenta el plan “Buenos Aires aprende” forma parte de una estrategia reduccionista de la educación, que desvincula la escuela de la ciudad de Buenos Aires de la realidad y sus posibilidades de transformación, frente a la hegemonía del pensamiento neoliberal, partiendo además de diagnósticos limitados por la sola lectura e interpretación de diagnósticos de rendimiento de las materias mencionadas.

Cabe agregar que conflictos escolares no resueltos, entre otros los de infraestructura, equipamientos para ciencia y tecnología, tratamiento de la diversidad e interculturalidad, subsidios a las cooperadoras y situaciones de pobreza que atraviesan sus alumnxs, son ocultadas por nuevos aires de cambio y por decisiones unilaterales que ignoran a las comunidades y su derecho a la participación democrática en la toma de decisiones, sobre temas que son de su particular interés por tratarse de la educación de sus jóvenes.

Los cambios previstos ponen el foco en disciplinas exclusivas que subordinan otros saberes, como la sociología, historia, geografía, filosofía, pedagogía y al resto de las ciencias sociales, que es justamente desde donde se debe trabajar en la escuela para la defensa y afirmación de los modelos democráticos de vida y desde los que se pueden cuestionar las “verdades” que están siendo presentadas a lxs argentinxs como únicas alternativas a seguir.

De este modo, las ciencias sociales son objeto de una sutil tergiversación, son inoculadas y convertidas en estadísticas, relatos anecdóticos del pasado, miradas esquemáticas y deterministas de la sociedad, el conocimiento paisajístico e, incluso, visiones filosóficas de un falaz estoicismo que erosiona la democracia y está fuertemente vinculado a la hegemonía del mercado en reemplazo del Estado y la abolición de la justicia social.

A través de una exageración del formalismo matemático se pretende determinar, influir, minimizar los argumentos sociológicos e históricos y proceder a una limpieza ideológica, que incluye una “nueva” manera de educar y que le propone a la sociedad porteña nuevos “valores” a partir del axioma costo-beneficio, como si el mismo pudiera ser garantía de fertilidad para el conocimiento.

Por otra parte, la reforma al secundario porteño no abandona, como pregonan sus funcionarios, las pedagogías del siglo XX, ya que no hace más que reafirmar un sistema educativo dividido, fragmentado en disciplinas desarticuladas entre sí, que conspira contra la integridad del conocimiento.

En dicho sentido, la secundaria en general debería avanzar hacia un saber integral, unificado desde su diseño curricular, que permita reproducir en el plano del pensamiento la dimensión compleja, cambiante y heterogénea de la vida social, que permita identificar cuáles son sus conflictos, necesidades y posibles soluciones, en marcos de convivencia democrática y solidaria.

Nos preguntamos: ¿Cuál es el vínculo entre las disciplinas aisladas, divididas, y la sociedad? ¿Qué estamos enseñando y qué no en el actual formato de la educación media y en los planes de la formación de los docentes? Pareciera que avanzamos en el debilitamiento, tanto en la construcción como en la transmisión del conocimiento, distorsionando saberes y la realidad misma.

Con las ideas del Consenso de Washington (1989), la sociedad, así como su historia, desaparecen como objeto de estudio, reflexión y debate, sencillamente porque hay un solo pensamiento posible, difícilmente cuestionado en las aulas, ya que los historiadores que se han animado a romper con el gueto historicista clásico vigente en la Argentina han quedado fuera de cualquier consideración académica, y sus versiones historiográficas han sido desmanteladas e ignoradas por el trabajo de las distintas “cadenas nacionales de la mentira”, expresadas por las corporaciones mediáticas concentradas y las llamadas “redes sociales”, defensoras de una realidad homogénea, sin diversidades y en un mundo inexistente.

Finalmente, reafirmamos la importancia de las ciencias sociales como vehículo que incide sobre la realidad, desde la investigación y el pensamiento crítico, para una transformación social a partir de su vínculo con la política.

* Raúl Moroni es profesor de Historia en el Instituto J. V. González (CABA). Supervisor y director de Educación Media y Técnica de la ciudad de Buenos Aires. Fundador de la EMEM 1 DE 20 (CABA) “Biblioteca del Congreso de la Nación”. Actualmente colabora con los grupos “Rescate EMEM” y “Boedo y Barrios del Sur ‘Víctor Kohn’”.
Para la presenta hemos consultado:
  • Borón, Atilio. “Las Ciencias Sociales en la Era del Neoliberalismo: entre la academia y el pensamiento crítico”. En Tareas N°122, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” (CELA), enero-abril 2006.
  • Batthyány, Karina. “El Desafío de las Ciencias Sociales”, Coyuntura Latinoamericana, Clacso, Buenos Aires, 2023.

Vendepatria

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La Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta que sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

La Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación de nuestro país a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia. En nuestra Constitución nacional consta en su art. 75, inciso 22: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

”La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

Por ende, que este gobierno asuma facultades del Congreso de la Nación es inconstitucional, nulo de nulidad absoluta y causal de juicio político por haber incurrido en acciones incompatibles con los principios republicanos de la Constitución.

Este gobierno designó a Santiago Castro Videla al frente del cuerpo de abogados del Estado (Procuración General del Tesoro) en reemplazo de Rodolfo Barra, quien en el juicio contra el Estado argentino por YPF S. A. había continuado con la tarea que realizaban sus antecesores.

Castro Videla es socio de Alberto B. Bianchi, quién fue presentado como testigo por Burford Capital en el juicio en Manhattan contra Argentina por YPF S. A., en su condición de experto constitucionalista, hecho que representa un flagrante conflicto de intereses (no nombraron a Alberto Bianchi porque hubiera sido evidente [1] y prefieren nombrar a un socio menor de su estudio).

YPF

YPF fue creada el 3 de junio de 1922 a los efectos de que el Estado argentino se apropiase de parte de la renta petrolera, que se disputaban en nuestro país la Royal Shell y la Standard Oil. Se construyó la refinería de Ensenada en 1925, que en esa época era una de las más grandes del mundo, y una amplia red de distribución de combustible en todo el territorio nacional (donde los surtidores de Shell y Standard Oil no llegaban).

En la campaña presidencial de 1928, Hipólito Yrigoyen prometió nacionalizar el petróleo en la Argentina. En septiembre de 1930 fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general José F. Uriburu, y en su gobierno de facto nombró en lugares claves a conspicuos representantes de las dos petroleras: como Vicepresidente a Enrique Santamarina, accionista de Astra, compañía petrolera del grupo Standard Oil; ministro del Interior a Matías Sánchez Sorondo, abogado de la Standard Oil; ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, presidente de la Compañía Industrial y Comercial de Petróleo, subsidiaria de la Anglo-Persian Oil Company (controlada por Royal Shell) y presidente de la Sociedad Rural.

Pese a la situación creada por el golpe militar en beneficio de las dos grandes compañías extranjeras, YPF siguió siendo referente de precios y distribuyendo el combustible en todo el país. Logró su “cenit” durante el peronismo, que fortaleció la empresa estatal y nacionalizó la distribución del gas con la creación de Gas del Estado, con la que realizó el gasoducto en su momento más largo del planeta, de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, por lo que se dejó de “ventear” gas y se generó con ello energía. Política que se plasmó en el art. 40 de la Constitución nacional de 1949: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

La “revolución fusiladora” y el gobierno de Arturo Frondizi acordaron con el FMI, cuya primera condición fue favorecer el desembarco del capital trasnacional y esencialmente en el área energética, que incluyó los contratos de exploración y producción firmados con empresas extranjeras, que el gobierno del Dr. Arturo Illia derogó no bien asumió en octubre de 1963.

El golpe militar del 28 de junio de 1966 retomó la política de contratos petroleros de Frondizi. El tercer gobierno peronista volvió a centrar y regular la actividad energética por el Estado, pero un nuevo golpe militar en marzo de 1976 comenzó a desandar el camino y realizó nuevos contratos a los que Martínez de Hoz denominó “privatización periférica”, principalmente con grupos locales (Pérez Companc; Bulgheroni; el grupo Astra —en esa época de la familia Grüneisen, luego vendida a Repsol en 1999—; el grupo Eurnekian con Compañía General de Combustible S. A.; Pluspetrol de la familia Rey-Rodríguez; etc.).

En forma sinuosa, con avances y retrocesos, el gobierno de Alfonsín llevó adelante el mismo camino que la dictadura. Con Menem, YPF se convirtió en sociedad anónima, mediante el Decreto 2778/90, y fue privatizada al ser vendido el 82% de su paquete accionario a la española Repsol en 1999. Entre 1999 y 2012, Repsol se encargó de dilapidar las reservas de hidrocarburos y sobreexplotar los pozos, sin casi realizar tareas de exploración, provocando una fuerte caída de las reservas conocidas.

Sin embargo, en noviembre de 2011, los técnicos de YPF anunciaron el redescubrimiento de petróleo y de gas (shale oil y gasoil) que se extrae de formaciones rocosas de esquisto bituminoso en Vaca Muerta. YPF S. A., en lugar de invertir en máquinas y equipos para tal fin, continuó con su plan de sobreexplotación y distribuyendo generosas utilidades.

En ese marco, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF S. A. pertenecientes a la petrolera española Repsol. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso nacional, que dio lugar a la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del paquete accionario.

El juicio a YPF

La familia Eskenazi, a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, poseía acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones, una a fines del año 2007 y la otra en el año 2011. Adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera (acción aprobada por Acta del Directorio de YPF S. A. de esa época).

Según la familia Eskenazi, el pago de los créditos adeudados por el grupo Petersen-Eskenazi se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF porque la nueva administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra del grupo [2], y no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.

La quiebra de las dos compañías del grupo Petersen-Eskenazi recayó en el Juzgado Mercantil N.º 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue el estudio jurídico Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.

La demanda principal de Burford Capital se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF S. A. (con los que se presentó en los mercados de capitales de Nueva York y de Buenos Aires a vender sus acciones), si alguien compraba más del 15% de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Y alega perjuicio porque, tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas, como si el acuerdo de Repsol y Eskenazi no pudiera ser modificado por un nuevo directorio, constituido por la compra del 51% de las acciones por el Estado argentino.

Burford Capital elige para realizar el litigio el juzgado del Distrito Sur de Manhattan (Estados Unidos), que fuera presidido por el juez Thomas Griesa hasta su muerte en diciembre de 2017 y reemplazado por la jueza Loretta Preska.

La jueza determinó que la República Argentina ejerció control indirecto sobre el número requerido de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, activando así sus obligaciones de oferta pública de adquisición. Por lo que el 31 de mayo de 2023 culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre de 2023, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la magistrada confirmó que la Argentina debería pagar la suma de 16.099 millones de dólares más intereses (que es el valor presente del total de las acciones de YPF S. A.).

En febrero de 2024 (con la firma de Rodolfo Barra), el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisaran la sentencia de Preska; dicha Corte, a enero de 2025, no se expidió.

Hay varios errores. Desde no contemplar lo que decía el Estatuto de YPF S. A. hasta aceptar mansamente ser juzgados por un distrito municipal como es el Distrito Sur de Manhattan. Además, el gobierno argentino no inició juicio ni en el país ni en el extranjero contra el grupo Eskenazi, claramente favorecido por la venta del litigio por 16 millones de dólares a Burford Capital, estudio que, de cobrar la demanda, lo resarciría con un 30% de esta, cuando su proceder ha sido contra la Nación argentina. Y tampoco inició juicio, ni en el país ni en el extranjero, contra Repsol S. A.

Existe un principio jurídico que manifiesta que un Estado no puede ser enjuiciado por tribunales extranjeros, salvo que expresamente lo acepte; se trata del exequatur, que es el conjunto de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro Estado reúne o no los requisitos que permiten reconocimiento u homologación.

Y un antecedente valioso de inmunidad de ejecución nos salvaguarda de ser juzgados con normas ajenas a nuestra legislación, y nos preserva de fallos discrecionales o arbitrarios. Nuestro país ya aplicó esta doctrina cuando se afectó el orden público constitucional argentino (CSJN ante el fallo del juez Thomas Griesa, caso «Clarence Corporation», 2014). Fue así que desconocimos el reclamo de los holdouts, que solo fue reconocido y aceptado por ley nacional en el gobierno de Macri.

Por lo tanto, el fallo debería ser aceptado por ley por el Congreso de la Nación y, dado que no se respeta nuestra Constitución nacional y nuestro derecho soberano, se debe realizar una campaña de esclarecimiento del caso y que se llame a una consulta popular para que se acepte o se rechace el juicio.

En síntesis

En defensa de la posición del Estado argentino, en su momento, Santiago Pérez Teruel, abogado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que la ley 26.741 de declarar de utilidad pública a YPF S. A. se basó en la Constitución de la Nación Argentina, que es superior al estatuto privado de la empresa y lo que correspondía hacer era el proceso constitucional vigente de expropiación. Esa decisión se tomó porque había un interés público comprometido, que, en este caso, era el control de una empresa que es clave para el desarrollo estratégico del país.

Los tratados internacionales, el principio de exequatur y el valioso antecedente de la CSJN ante el dictamen de la Procuración General del Tesoro de la Dra. Alejandra Gils Carbó del 5 de abril de 2013 [3] avalan no aceptar el fallo de la jueza Loretta Preska, que es el camino que estaba transitando el procurador Rodolfo Barra.

La pregunta es por qué el gobierno de Milei decide pedirle la renuncia a Rodolfo Barra. Cuál es el interés de este gobierno de pagar un juicio absurdo. Pretende con ello congraciarse con quién.

Y si ello no es también plausible de juicio político al Presidente por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”.

[1] Es más, los trascendidos periodísticos aseveraron que primero el gobierno le ofreció el cargo al Dr. Ricardo Rojas, que fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987-1993), que por obvias razones no aceptó.
[2] La familia Eskenazi es dueña de la Constructora Petersen, Thiele y Cruz S. A., que realizó importantes obras públicas en la dictadura militar y en el gobierno de Raúl Alfonsín, en la época del menemismo diversificó su accionar y adquirió la mayor parte del paquete accionario de los bancos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz y San Juan, bancos que continúan en sus funciones.
[3] La Corte Suprema de Justicia de la Nación remarcó que el dictamen de la jefa de los fiscales encontraba sustento y era concorde con su jurisprudencia, señalando que, en su dictamen, la procuradora general Alejandra Gils Carbó (del 5 de abril de 2013) había remarcado que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sujeta el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de una sentencia extranjera a que esta «no afecte los principios de orden público del derecho argentino». Luego, la jefa de los fiscales había destacado que “tal control está previsto en una abrumadora cantidad de convenios bilaterales e internacionales suscriptos por nuestro país, en concordancia con la gran mayoría de las legislaciones internas que supeditan el reconocimiento y la ejecución de las decisiones foráneas a la condición de que no afecten el orden público o las políticas públicas fundamentales de los respectivos países”.

La geometría social

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Es posible que Euclides y otros, él fue quien lo expresó pero no necesariamente el primero (en realidad todos somos simples escalones con mayor o menor brillo que nos destaque), como dijeron muchos siempre estamos parados sobre los hombros del que vino antes y nos dio la información previa y necesaria para el descubrimiento o para el invento; en resumen, ellos miraron la realidad tomando puntos de referencia que les permitieran comparar un paisaje con otro. 

Tuvieron la capacidad de imaginar a partir de puntos de referencia lo parecidas o diferentes que eran las cosas que podían ver en la realidad objetiva y también en su imaginación, inauguraron una correspondencia gráfica de la que pudieron dejar testimonio. Fueron capaces de delimitar el ancho, el largo y el alto y también la profundidad de las cosas, por añadidura el arriba y el abajo; después los cartógrafos nos dijeron que el norte estaba arriba y el sur abajo, símbolos que aún perduran en el diseño de la realidad geopolítica. 

Cómo no podía ser de otra manera también expresaron la simetría y la asimetría. Estos conceptos resultan particularmente importantes para observar, más allá de lo que consideremos la realidad objetiva, que las interacciones en las conductas humanas también permiten observar simetrías y asimetrías. 

Quizá, en los inicios de la humanidad se hayan dado los tiempos de mayor simetría social, posiblemente porque también hubo en esos momentos simetría económica. Tal vez en los tiempos de cazadores recolectores o en comunidades que no tenían el concepto de propiedad de la tierra, ya que ella estaba allí desde antes que ellos llegaran. Algunos antropólogos han podido observar en la economía de tribus que persistieron con ese modo de supervivencia  hasta épocas recientes, que esa simetría se mantuvo. 

Me resulta inevitable recordar el opúsculo de Juan Jacobo Rousseau publicado en 1755 donde habla sobre el origen de la desigualdad de los hombres y plantea que ‘nadie debe ser tan rico como para poder comprar a otro ni nadie tan pobre como para tener que venderse’. También plantea la desigualdad a partir de la propiedad al referirse a la riqueza. Ocurre que cuando las comunidades como fruto de su progreso artesanal y económico, haya sido este merced a la agricultura o al pastoreo, comenzaron a tener excedentes de producción, los más violentos se apropiaron de esa producción en detrimento del resto de la comunidad provocando la mayor asimetría social, la concentración del poder económico en pocas manos.  

El ejercicio del poder por una minoría dominante y todo lo que de él deriva está signado por asimetrías, es más, podría decirse que el poder en manos de una clase dominante es la asimetría por antonomasia. 

Pero el poder no se ha ejercido sólo desde la violencia, si bien se ejerció en principio a través de bandas armadas que seguían a líderes, devenidas luego en ejércitos, secundariamente lo ha hecho desde la economía como consecuencia de la apropiación de lo que inicialmente era comunitario. Estas son las formas objetivas de ejercerlo, pero también se lo ejerce desde la subjetividad, a través de la apropiación por parte de los grupos dominantes del misticismo propio de los humanos ante la incertidumbre. 

Así ante la incertidumbre generada por el día y la noche y por los fenómenos naturales los humanos buscaron explicaciones místicas, ya que nada tranquiliza más a los seres humanos que tener un porqué para todas las cosas, para cada fenómeno.

¡Qué decir entonces ante el interrogante más terrorífico, la muerte! El sector dominante se adueñó entonces del misterio y reclamó ser el intermediario entre los dioses y los humanos cuando no su exclusivo representante, no trepidando inclusive en algunas culturas en reclamar la condición de dioses. 

Entendiendo que las relaciones entre los seres humanos son transaccionales, comenzando por el intercambio de gestos, desde la sonrisa al gruñido, la clase dominante que se adjudicaba la representación de los dioses hizo entender al resto que para pedir algo a los dioses había que darles otro algo a cambio, naciendo así el concepto de sacrificio, el sacrificio exigido para acompañar una promesa de mejoría o para agradecer algo que los representantes de los dioses teóricamente hubiesen conseguido para la comunidad. Esta herramienta de los que ejercen el poder, la voluntad sacrificial, ha logrado a través de la historia colonizar las conciencias de los seres humanos, generando la convicción de que siempre estamos en deuda y tenemos algo que pagar, y la manera de honrar esa deuda es a través del sacrificio; por supuesto, los sectores dominantes como representantes de los dioses serán los administradores del ese sacrificio.

Siempre existe el riesgo de que los corderos sacrificiales se rebelen al no soportar la presión constante de los que dominan, que cuestionen esa asimetría. Como un método de control y tranquilidad para las mayorías aparecen las pretendidas simetrías enunciadas y anunciadas por el poder que son solo eso, pretendidas, para conformar a las mayorías; rituales que recuerdan el concepto romano de pan y circo, válvulas de escape de la frustración social, permisos para la pasión; alguien alguna vez las llamó misas paganas.

La utilidad particular de los ritos posiblemente esté en la búsqueda de la simetría. La simetría que nos contiene y nos conforta, la simetría que nos espeja y nos garantiza la empatía del otro, un otro, que comprenderá nuestro dolor y nuestra alegría. Pero así como un cuchillo puede ser un utensilio de cocina o un arma según el uso que se le de, esta ritualidad puede tener una doble lectura; ser una válvula de escape para la angustia social del oprimido, y a la vez una ilusión de simetría, y ser las migajas que se dan al mendigo para que no moleste al opresor. 

Recordemos la canción de Serrat con su potente poesía: En la noche de San Juan todos comparten su pan, su mujer y su gabán, hombres de cien mil raleas … Pero al final: Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, que cada uno es cada cual…la zorra rica al rosal, la zorra pobre al portal y el avaro a sus divisas. Vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas. 

Capítulo aparte merecen los ritos privativos de los oprimidos, totalmente ajenos al opresor, en donde se hermana y se espeja al semejante y se elaboran sueños y proyectos comunes, en donde la búsqueda está en encolumnar el deseo de todos y a veces, solo a veces, el grito de dolor es capaz de convertirse en grito de batalla.

El desguace de la Argentina

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En el año 2024, el gobierno de Javier Milei llevó adelante un severo ajuste fiscal de la Administración nacional que implicó una menor transferencia de partidas a las provincias, lo que redujo el gasto consolidado del sector público nacional; se obtuvo un importante superávit comercial merced a la recesión económica que limitó las importaciones y que, ante el menor consumo local, propició las exportaciones; para frenar el proceso inflacionario estableció un corsé cambiario representado por una tasa fija de crecimiento mensual del tipo de cambio  y una política monetaria esencialmente atada a la incorporación de divisas al país, en una renovada versión de la monetización de la balanza de pagos del Consenso de Washington.

La administración de estas variables significó una fuerte caída del PIB (que el BCRA estimó en un 3,8% para el año 2024, que se suma al 1,9% del descenso del PIB del año 2023), un mayor derrape del consumo interno y, con ello, una fuerte disminución de la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija), que el mismo gobierno estima en un 22,2% en el año comparado con el 2023. Datos que de por sí solo explican el nivel de pobreza e indigencia de nuestra población, y también la disminución del empleo y de los salarios en la construcción, en la industria y en el “campo” en general, más allá de algunas grandes empresas que fijan precios y operan con un margen de ganancia que les otorga su mayor predominio en el mercado local y en la participación en el comercio exterior.

Obviamente, es un objetivo buscado el de deprimir el nivel de actividad interna en general para apuntalar las exportaciones, que Milei sintetiza en que en la Argentina está prohibido prohibir exportar, que es la manera en que define un modelo extractivista, financiero exportador, de allí la imperiosa necesidad de tomar deuda para hipotecar al país y obligarlo a vender nuestros recursos naturales, sobre todo al capital extranjero, que el mismo Milei alaba, pondera y al que se subordina.

Deuda bruta y política fiscal

La deuda bruta (tanto en pesos como en divisas) se acrecentó en el año 2024 en 96.013 millones de dólares (la equivalencia la realiza la Secretaría de Finanzas de la Nación) para pasar a ser de un total de 466.686 millones de dólares (casi el PIB del año 2024), y a razón de unos 8.000 millones de dólares por mes. En ello jugó el carry trade (pagar en pesos mucho más que en dólares) y la conversión de deuda del déficit fiscal del año 2023 del 4,7% del PIB (es en pesos, pero el gobierno de Milei lo convirtió en títulos de deuda por 22.560 millones de dólares), y los pasivos remunerados del BCRA pPases pasivos, Leliq y Notaliq) por unos 52.600 millones de dólares (al tipo de cambio oficial del 7 de diciembre de 2023) que era deuda con los bancos y se traspasó en su totalidad al Tesoro de la Nación (deuda pública), y finalmente, los intereses que, carry trade mediante, se ajustaron en forma mayoritaria por la tasa de inflación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC, que estimó en 117,8% anual.

La Administración nacional base caja (esto es, contemplando los ingresos recibidos y los pagos realizados por lo percibido y no por lo devengado [1]) redundó en un superávit financiero para el año 2024 de 1.764.786 millones de pesos (0,3% del PBI) y un superávit primario de 10.405.810 millones de pesos (1,8% del PBI), que se utilizó en su totalidad para pagar los intereses de la deuda del año (de 8.641.024 millones de pesos) y el capital que se amortizó fue de los 1.764.786 millones referidos, pero la deuda siguió aumentando y considerablemente por lo anteriormente descripto.  Más pagamos y más debemos, mecanismo ya sufrido por el país desde la dictadura militar de 1976, con la honrosa excepción de la gestión de Bernardo Grinspun y del gobierno de los Kirchner.

El “equilibrio fiscal” de Milei significó y significa un brutal recorte de las jubilaciones y pensiones, un similar recorte en los gastos asistenciales y sociales en general, un menor subsidio a la población por gastos de energía eléctrica y de combustibles de todo tipo y, por ende, del transporte, menores transferencias de partidas a las provincias y la paralización de la obra pública, a excepción de las infraestructuras petroleras y gasíferas. El ajuste impacta en los ciudadanos de a pie, para pagar una deuda que no se investigó ni se investiga, y que pasó de 222.703 millones de dólares en el 2015 a 466.686 millones de dólares al 31 de diciembre de 2024, pero tiene, para este gobierno, prioridad absoluta que el Estado (todos nosotros) la paguemos.

Política comercial y cambiaria

El superávit comercial del año 2024 fue algo menor a lo estimado por el gobierno de 21.972 millones de dólares, pero alcanzó los 18.899 millones de dólares, fruto de exportaciones por 79.721 millones de dólares (el gobierno había estimado que serían por 95.414 millones de dólares) debido a que, según informa CIARA-CEC, las ventas al exterior del “campo” sumaron 25.090,7 millones de dólares, menor que la estimación gubernamental, pero también fue algo menor la venta de petróleo y otros combustibles que fue de 9.677 millones de dólares y estaba estimado en 10.400 millones de dólares [2]. Las que descienden fuertemente (y entran a recuperar muy parcialmente desde agosto de 2024) son las importaciones, que totalizaron 60.822 millones de dólares, y el gobierno había estimado que ascenderían a 73.422 millones en esa divisa, fruto de una recesión económica mucho mayor que la que decía el presupuesto 2024 y 2025 [3].

La política cambiaria contempla también el llamado “dólar blend”, creado por el decreto 28/2023 del 12 de diciembre de ese año, que permite a los exportadores liquidar un 20% de sus operaciones en el llamado CCL. Dicho estímulo significó que, en el año 2024, no ingresaran como reservas internacionales al BCRA 11.633 millones de dólares.

Como así también, la venta de bonos en dólares que realiza el BCRA, para intervenir en el mercado financiero y cambiario, que se incrementa mes a mes. En diciembre de 2024 se registraron ventas por 325 millones de dólares, mientras que en los primeros 16 días de enero de 2025 estas alcanzaron los 619 millones de dólares, convirtiendo a enero en el mes con mayor intervención desde el inicio de esa operatoria.

Política monetaria

Si bien el BCRA no financia directamente al Tesoro (sí por colocación de títulos del Tesoro para comprar dólares de las reservas internacionales brutas), y no se sabe a ciencia cierta que pasó con los 2.500 millones de dólares en barras de oro que salieron de las reservas del BCRA, lo cierto es que el BCRA ha aumentado la base monetaria (que es la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por esta entidad), en un 176,94%  y M3, que es la mayor oferta monetaria (constituida por billetes y monedas en poder del público, cheques cancelatorios en pesos, cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en pesos, depósitos a plazo y otros depósitos en pesos), en un 193,81% en el año 2024,  muy por encima de la inflación medida por el IPC del INDEC. Esa mayor cantidad de dinero disponible es la principal causa por la que no se levanta el llamado “cepo cambiario”. M3 supera en 3,49 veces las reservas internacionales brutas al último día hábil de diciembre de 2024, quiere decir que si se emplearan para comprarle los dólares al BCRA la paridad sería de 3.490 pesos por dólar.

Todos los caminos conducen a nuevos endeudamientos

Sin reservas de libre disponibilidad, a diciembre de 2024 el encaje de los depósitos (la diferencia entre el total de las imposiciones recibidas por los bancos en divisas por 33.908 millones de dólares y los créditos en esa moneda concedidos por 10.269 millones de dólares) y los 18.000 millones de dólares de los swaps de China superan holgadamente las reservas brutas del BCRA, por lo que necesitan  sí o sí los 11.000 millones de dólares del FMI, que se suman a la frondosa deuda pública y a la inercia de incrementarla a razón de 8.000 millones de dólares por mes.

La diferencia con otros períodos (Martínez de Hoz, Sourrouille, Cavallo, Guzmán-Massa) es que ese fenomenal endeudamiento va a ser pagado con el rico patrimonio nacional (petróleo, gas, oro, plata, cobre, uranio enriquecido, minerales raros, litio, agua pesada, agua potable, etc.) que no le pertenece a este gobierno, y muy parcialmente a nuestra generación; le pertenece a los argentinos del futuro, y por la estafa de la deuda y del sistema de interés compuesto y carry trade se entrega al capital principalmente internacional, al cual este gobierno le es funcional.

La política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria solo es consistente con un mayor endeudamiento; para eso atrasan el tipo de cambio a los efectos de que converjan los precios y costos internos con los internacionales, y solamente la actividad extractiva puede operar y competir interna y externamente con el tipo de cambio artificialmente buscado [4].

Tras las elecciones de medio término irán ajustando el tipo de cambio, pero los que no tienen respaldo (por ejemplo, el blanqueo de capitales) van a tener que reconvertirse de productores a importadores, como ha sucedido en la dictadura militar y con Cavallo-Menem.

Se está configurando un país más dependiente y a la vez integrado a cadenas de valor del mercado mundial, mientras se desintegran los distintos eslabones del sector productivo y distributivo argentino.

[1] Devengado se trata de ingresos y pagos del ejercicio fiscal (en este caso del año 2024) que corresponden al año, pero se complementan en el ejercicio posterior. Los gastos pendientes son mayores a los ingresos, por lo que el resultado fiscal final va a ser menor.
[2] La proyección de exportaciones de petróleo y otros combustibles para el BCRA fue de 10.400 millones de dólares en el año 2024 y estiman de 36.700 millones de dólares al 2030, un país netamente exportador.
[3] Ahora azuzada por el gobierno por las medidas tomadas de fijación del precio del dólar, de intervención en el mercado cambiario vía colocación de títulos públicos en divisas para frenar los dólares MEP y CCL, y de baja gradual y sistemática de aranceles en una amplia gama de productos.
[4] La prueba está en la fuerte disminución de la renta agropecuaria que obligó y obliga a renegociar sus deudas por la imposibilidad de pagarlas.  Y en la queja del grupo Techint que solicita “nivelar la cancha” porque no les alcanza con reducir costos salariales y echar trabajadores, ante el costo financiero y la reducción de aranceles.

Informe económico mensual

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Inflación diciembre:

·        Para los ansiosos o apurados, mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación.

·        Lo inmediato y esperado son los efectos posibles de las políticas de Trump, que giran sobre aranceles, el valor del dólar, tipo de cambio real, migraciones, expansiones territoriales, retiro de organizaciones internacionales, apropiaciones (Canal de Panamá). ¿Son buenas para el mundo?, ¿Para USA? ¿Para Argentina? ¿Cuáles serán los problemas resueltos o complicados para el 2025? Lo iremos viendo con Trump.

·        Cuando se levante el CEPO en los próximos meses, seguramente será con un tipo de cambio flotante, ¿Cómo se comportará el dólar? ¿Si se mueve para arriba tiene el BCRA dólares para jugarlo a la baja? No lo sabe ni Caputo, lo sabremos cuando el mercado se encuentre sin CEPO y lleguen los dólares del FMI.

·        Pero ahora tendremos que entretenernos y conjeturar que ocurre en el horizonte del 2025. Lo último es el pronóstico de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Pero pareciera que debiera ser menor para lograr que siga funcionando el plan sin remiendos.

·        El Tipo de Cambio Implícito, el dólar oficial y el CCL seguramente en el 2025 irán aumentando armoniosamente, siempre y cuando se cumplan los deseos o conjeturas del gobierno. Tendiendo a acortar las brechas, por ahora se va observando. Pero es un trío complicado. En principio se podría conjeturar que si el gobierno cumple a rajatabla lo que viene diciendo el dólar mayorista a fin de año, diciembre 2025, debiera alcanzar la cifra de $ 1.190 o sea un ajuste en el año del 15%. Bastante lejos de otras conjeturas.

·        La inflación (alrededor del 2.7 %) en el mes de diciembre 2024. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable y próxima al 1.4 % mensual o menos? Según Milei será en el año 2025. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal y monetaria, definiendo el superávit fiscal y el valor del tipo de cambio.

·        El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, pero no es lo que opina Milei. En los meses (12) del 2024, el IPC aumentó el 116 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 61 %. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 2 % mensual en enero y el 1 % en los restantes meses del 2025?  De acuerdo a lo escuchado es posible, pero siempre en el corto plazo y que la inflación mensual sea los más reptante cerca del 1 %.

·        El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que superan la inflación y ganan por una cabeza al dólar. ¿Cómo serán los meses próximos?

·        Algunos indicadores de la coyuntura mejoran: El riesgo país disminuye. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. También la inflación en baja. Otros no tanto, el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRMen terreno negativo. Esperando que nadie se ponga nervioso.

·        Milei por lo visto ingresa en proceso electoral. Suma adherentes internamente y asociados internacionales como Trump y otros similares. Mantiene credibilidad elevada. Hasta el momento el estilo con desplantes frente a los adversarios, enemigos y aliados, le fue dando resultados.

Por las dudas ¡Agarrate Catalina!

Latin America can and must resist Donald Trump

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close up photo of a toy flags pinned on a map
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President Donald Trump begins a second term that promises to be crucial for Latin America. Much has been said about his 2024 victory, his potential foreign policy and his unconventional personal traits. Most specialists in the United States and the region predict a very stormy horizon, warning about the extremely delicate situation that may unfold.

Throughout history, there have been difficult moments – even serious ones—regarding the relations between the United States and Latin America. The latest is Trump’s threat to seize the Panama Canal, which he said he would do while criticizing China’s role in managing the trade channel in his January 20 inaugural address.

I aim here to point out what Latin America has done to handle these threats despite the existing asymmetry of power and Washington’s recurrent habit of employing “sticks.”

At the beginning of the 1980s, President Ronald Reagan launched his “low-intensity conflict” in Central America, in response to which, by 1983, governments in Colombia, Mexico, Panama and Venezuela created the Contadora Group (which was later joined by Argentina, Brazil, Peru, and Uruguay as a Support grouping).

Contadora, which had the endorsement of the European Community of the time, contributed decisively to peace in Central America.

In 1996, the US Congress approved the Helms-Burton Act, whose principle of extraterritoriality sought to hinder Cuba’s economic relations with foreign companies and investments. The recently created Rio Group (the four from Contadora, the four from the Support group, plus Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, a representative from Central America, and another from the Caribbean) requested that the Inter-American Juridical Committee of the Organization of American States examine the Act. The Committee noted that the Helms-Burton was not in accordance with international law.

On September 11, 2001, in response to the terrorist attacks in the United States, Undersecretary of Defense Douglas Feith proposed in a September 20 draft memo a surprise attack in South America (allegedly, the Argentine-Brazilian-Paraguayan Triple Frontier). In response to this, in 2002, with the active role of Buenos Aires, the “3 (Argentina, Brazil and Paraguay) plus 1 (United States)” format was designed: the intelligence findings of the three countries would be shared with Washington.

The central issue was to prevent the tri-border area from becoming a stage for the “war on terrorism,” to preserve a margin of autonomy, and to ensure the confidence of the United States.

In 2003, at the UN Security Council, Chile and Mexico, with different governing coalitions, maintained a principled position based on their respective national interest in the face of the United States attempting to use a 1991 resolution to launch a second invasion of Iraq.

Finally, Washington eluded a defeat at the Council and organized the so-called “coalition of the willing” to attack Iraq. In the end, there was no retaliation from Washington, as the Executive finally signed an Investment Incentive Agreement with Mexico that year and Congress approved the Chile-United States free trade agreement.

In April 2008, the Pentagon decided to relaunch the Fourth Fleet, which had been deactivated in 1950. In response, at the initiative of Brazil, the South American Defense Council was created in 2008 to establish a regional security community and to curtail a US military expansion of forward operation locations in South America.

These examples show how, under difficult conditions and amid highly challenging issues, the region acted; it gave concrete answers to US declarations, laws and measures.

The use of institutionalized multilateral and ad hoc minilateral (the multilateralism of the few) fora was fruitful. The different ideological nature of the governments did not affect the possibility of identifying common interests, whether for altruistic or instrumental reasons.

By now it looks like the incoming Trump administration will focus the inter-American agenda on issues such as tariffs, migration, drug trafficking and the use of force. Perhaps on the tariff question, Latin American action could be taken with Europe, China, and India at the World Trade Organization to restrict Washington’s arbitrariness.

Regarding migration, the rules of international law, the record of decisions by the Inter-American Commission on Human Rights and the resolutions by the Inter-American Court of Human Rights that prohibit mass expulsions could be invoked, as well as recourse to the International Organization for Migration, the International Court of Justice and the Inter-American Juridical Committee to prevent and condemn the abuses of Trump’s announced “mass deportation.”

In 2025, on the 25th anniversary of the UN Convention against Transnational Organized Crime, some countries in the region could call a summit to address the issue that affects the entire continent and, at the same time, urge the United States to ratify the 1997 Inter-American Convention on Firearms given the lethality generated in Latin America by the trade in small arms from the US.

Finally, there is the issue of the use of force. It is essential not to attract international conflicts or tolerate violent pronouncements about the region by senior US officials: the long inter-state peace period in Latin America is an asset that has been achieved and there is no excuse for putting it at risk.

In addition, most nations in the region have managed their bilateral relations with China both prudently and pragmatically. Washington’s fixation with Beijing is due to a traditional conundrum of great powers: the dilemma between resources and commitments.

During the Cold War, the United States deployed multiple resources (investment, aid, trade) in the area and thus claimed anti-Soviet Union and anti-communist commitments at the diplomatic, military and material levels.

Today, and in relation to China, the US provides quite fewer resources while demanding more commitments.

As the countries in the area are unwilling to break trade, financial and assistance ties with China, one of the region’s top foreign investors, Trump’s second administration only dangles threats and sanctions. His latest threat concerns taking control of the Panama Canal.

Preceding experiences should help conceive actions for the future. There will be nations that want to act together, sometimes many, other times few. But President Trump will most probably encounter less resignation and more resistance from Latin America if he tries to coerce the region with such a negative agenda.   

América Latina ante Trump: lo que puede hacer

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Comienza un nuevo mandato de Trump que será crucial para América Latina. Mucho se ha dicho sobre su triunfo, su posible política exterior y sus rasgos personales. La mayoría de los especialistas en Estados Unidos y la región presagian horizontes tormentosos, advirtiendo sobre la delicada coyuntura que se abre.

A través de la historia ha habido momentos difíciles -incluso graves- en las relaciones de Washington con América Latina. Quiero señalar qué ha hecho Latinoamérica para afrontarlos a pesar de la asimetría de poder existente.

Daré ejemplos de décadas recientes. A inicios de los ‘80, el presidente Ronald Reagan lanzó su “guerra de baja intensidad” en América Central ante lo que, en 1983, gobiernos de distinta orientación política de Colombia, México, Panamá y Venezuela crearon el Grupo de Contadora (al que después se sumarían Argentina, Brasil, Perú y Uruguay).

Este grupo aportó decisivamente a la pacificación de Centroamérica. En 1996 el Congreso estadounidense aprobó la Ley Helms-Burton, cuyo principio de extraterritorialidad buscó obstaculizar las relaciones económicas de Cuba con empresas e inversiones extranjeras.

El entonces Grupo de Río (los cuatro de Contadora, los cuatro de Apoyo, más Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, un representante por Centroamérica y otro por el Caribe) pidió que el Comité Jurídico Interamericano de la OEA examinara la Ley. El Comité señaló que la Helms-Burton no guardaba conformidad con el derecho internacional. Así, el gobierno de Bill Clinton no sancionó a los países del continente por sus lazos con Cuba.

El 11 de septiembre de 2001, como respuesta a los atentados terroristas en Estados Unidos, el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, propuso un ataque aleccionador en América del Sur; presumiblemente la Triple Frontera. Ante esto, en 2002, con una activa participación de Buenos Aires, se creó el esquema “3 (Argentina, Brasil y Paraguay) más 1(Estados Unidos)” mediante el cual los hallazgos de inteligencia de los tres países serían compartidos con Washington.

Lo central era evitar que la Triple Frontera se convirtiera en escenario de la “guerra contra el terrorismo”, preservar márgenes de autonomía y asegurar la confianza de Estados Unidos. En una entrevista a Perfil (23/11/14), Joseph Napoli, quien fuera la máxima autoridad militar de la Embajada de EE.UU. en el país, afirmase: “La relación entre la Triple Frontera y la amenaza del terrorismo no es tan fuerte como creíamos en 2001”.

En 2003, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Chile y México, con coaliciones de gobierno distintas, mantuvieron una postura de principios basadas en el interés nacional ante el intento de Estados Unidos de utilizar una resolución de 1991 para lanzar una segunda invasión a Irak. Washington fracasó pero no hubo retaliación ya que finalmente el Ejecutivo firmó con México ese año un Acuerdo de Incentivo a las Inversiones y el Congreso aprobó el tratado de libre comercio chileno-estadounidense.

En abril de 2008, Estados Unidos relanzó la IV Flota que había sido desactivada en 1950. Ante esto, a iniciativa de Brasil, en diciembre se creó el Consejo de Defensa Suramericano. Estos ejemplos muestran cómo en condiciones complicadas y ante temas candentes, la región actuó; dio respuestas concretas a proclamas, leyes y medidas estadounidenses.

El recurso a espacios multilaterales y minilaterales (pequeñas agrupaciones) fue fecundo sin que la naturaleza ideológica de los gobiernos afectara la posibilidad de identificar intereses comunes, así fuera por razones altruistas o instrumentales.

El nuevo Trump centrará la agenda interamericana en temas como aranceles, migración, narcotráfico y uso de la fuerza. Quizás en la cuestión arancelaria Latinoamérica pueda actuar con Europa, China e India en la Organización de Comercio Mundial para restringir la arbitrariedad de Washington.

Respecto al asunto migratorio, las normas del derecho internacional público, los antecedentes de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben las expulsiones masivas podrían ser invocadas, así como podría recurrirse a la Organización Internacional de Migraciones, la Corte Internacional de Justicia y el Comité Jurídico Interamericano para frenar y condenar los abusos de la anunciada ”deportación masiva” de Trump.

En 2025, en el 25 aniversario de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, algunos países de la región podrían convocar a una cumbre para abordar el tópico que afecta a todo el continente y, a la vez, instar a EE.UU. a ratificar la Convención Interamericana sobre Armas de Fuego de 1997 dada la letalidad que genera en América Latina el comercio de armas ligeras provenientes de ese país.

Finalmente, es imprescindible no atraer conflictos internacionales ni tolerar los pronunciamientos violentos sobre la región de altos funcionarios estadounidense: la paz inter-estatal es un bien que ha logrado Latinoamérica y no hay justificación alguna para ponerla en riesgo. Es inadmisible aceptar que EE.UU. busque retomar el Canal de Panamá, salvo que quiera convertirse en un forajido internacional.

La experiencia del pasado puede ayudar a concebir acciones para el presente. Estarán las naciones que quieran actuar conjuntamente, algunas veces serán muchas, otras veces pocas.

https://www.clarin.com/opinion/america-latina-trump-puede-hacer_0_7DxPt1uYja.html