Innumerables estudios sobre el vínculo entre política exterior y democracia tratan el caso de América Latina y el tránsito de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos. El retorno a la democracia y su consolidación mostró la recuperación de ciertas tradiciones valiosas en materia internacional y, en particular, el inicio de nuevos posicionamientos mundiales ligados a la defensa y preservación de la democracia.
La protección de la democracia hacia adentro y la promoción de la democracia hacia afuera resultaban un reaseguro ante las tentaciones de interrumpir por la fuerza la primavera democrática.
Con la transición en varios países durante la década de los ‘80 y con el fin de la Guerra Fría en el mundo a partir de la de los ‘90, fueron evidentes las coincidencias básicas en política exterior entre los principales actores partidistas; lo que contó con un definido apoyo social. Sintéticamente, la política exterior fue uno de los pilares fundamentales de las nuevas democracias.
Esta tendencia regional, de la cual la Argentina fue pionera, resultó fecunda. En materia de paz, por ejemplo, en 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile; se integró al Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora en aras de la pacificación en Centroamérica; se acordó el desmantelamiento de la hipótesis de conflicto entre la Argentina y Brasil; se participó activamente en varias misiones de paz en el marco de la ONU; y se avanzó en la construcción de la llamada “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, que nuclea a países ribereños de Sudamérica y África, entre otros.
Como complemento, la Argentina se constituyó en uno de los principales países de la región y del mundo en comprometerse con la no proliferación nuclear, sin abandonar por ello sus proyectos de desarrollo nuclear con fines pacíficos y productivos. No al azar un argentino, Rafael Grossi, fue jefe de Gabinete del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entre 2002-07, director general Adjunto de la OIEA entre 2010-13 y director general del organismo desde 2019.
A su vez, desde 1983, los sucesivos gobiernos se comprometieron con un alto perfil en la agenda de derechos humanos, con el fomento del derecho internacional humanitario y con el desarrollo de instrumentos e instituciones en favor de la protección de los derechos fundamentales. Lo interno y lo externo siempre estuvieron entrelazados en la Argentina democrática: acá se llevó a cabo, en un hecho sin precedentes en el mundo, el juicio a las juntas militares.
El primer fiscal de la Corte Penal Internacional fue un argentino, Luis Moreno Ocampo; los tratados internacionales en materia de derechos humanos adquirieron estatus constitucional en virtud del Artículo 75, inciso 22 de la Constitución de 1994; la Argentina impulsó en 2006 la Convención contra las Desapariciones Forzadas; una argentina, Silvia Fernández de Gurmendi, fue jueza de la Corte Internacional de Justicia y presidenta de la CIJ entre 2010-18; un argentino, Federico Villegas, presidió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022.
Esto por mencionar solo algunos hechos. Todo esto fue complementado con leyes, acciones y posicionamientos en favor de la igualdad de género, de la protección del medio ambiente, del control de armas ligeras, del desarrollo sustentable, de la seguridad alimentaria, de la gobernanza sanitaria, de la migración, etc.
En muchos temas complejos la Argentina tuvo una habitual y equilibrada posición, tal es el caso del estatus de Jerusalén y el establecimiento de dos Estados en condiciones de seguridad; Israel y Palestina. En otros frentes, los acuerdos cimentados por lustros aportaron al avance de la asociatividad: Mercosur, Unasur, Celac, entre varios, así lo demuestran. El acento en el regionalismo y la cooperación Sur-Sur fue parte de las posturas de gobiernos de diferente signo político.
De hecho, en las distintas administraciones en el período 1983-2023 se evidenció una doble condición de la Argentina que la emparenta con toda Latinoamérica: la adscripción cultural a Occidente y la pertenencia política al Sur Global. Con mayor o menor proximidad a Estados Unidos, los gobiernos de la democracia procuraron ampliar el horizonte de vinculaciones diplomáticas y económicas con la vecindad (en particular, con Brasil), en Asia (con China en un inicio y más recientemente con India) y con naciones no occidentales (a raíz de oportunidades comerciales, por un lado, y para asegurar el apoyo en el tema Malvinas, por el otro). Todos los gobiernos tuvieron sus preferencias, énfasis y matices, pero en esencia, la doble identidad de ser parte meridional de Occidente y del Sur Global se desplegó sin costos.
El gobierno de La Libertad Avanza intenta un replanteamiento integral de la política exterior como espejo de su empeño por reordenar completamente la economía, la política y la sociedad. En la inmensa mayoría de las votaciones trascendentales, en la postura frente a la agenda global, en el vínculo con Latinoamérica, en la relación con naciones claves, en cuestiones ligadas a la seguridad internacional, en asuntos vitales como Malvinas, Javier Milei ha buscado restructurar la inserción internacional del país.
Ante este intento cabe hacernos una pregunta. Detrás de esta intención, ¿busca el mandatario aumentar su visibilidad mundial o acá se esconde también su voluntad de alterar la democracia argentina?
Todos sabemos que las relaciones sociales (ricos, pobres, clases medias), están determinadas por las relaciones de producción (patrones y empleados), y a su vez esto está sujeto a los modos de producción. Que el modo de producción sea agrícola, industrial o que lo que se produzca sean servicios, determinará niveles de ganancias para los dueños de los medios de producción y salarios para sus empleados y operarios. Por fuera de este esquema central habrá una gran cantidad de actividades cuentapropistas que sin embargo serán subsidiarias del esquema central. Pero ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo se han modificado los medios de producción en los últimos años? ¿Qué cambió y cómo se modificaron las relaciones de producción y como consecuencia las relaciones sociales?
A partir de la gran difusión del concepto de cibernética con los logros de Norbert Wiener y la publicación de su libro en 1948, este concepto, que era preexistente desde lo teórico, se instaló progresivamente para el análisis de la producción a partir de los preceptos de control y regulación, ensayo y error y la consecuente retroalimentación de circuitos de movimiento y de información. Esto daría origen, no solo a la computación, entendiendo como tal a las máquinas ordenadoras, depositarias de información y control, sino también al avance en la mecanización generando máquinas robotizadas, llegando hoy a la inteligencia artificial de aplicación creciente en todas las áreas.
Hoy la siembra pueden hacerla máquinas que registran satelitalmente las condiciones climáticas y de humedad ideales, con mínima intervención humana; lo mismo ocurre con la cosecha y su almacenamiento, otro tanto se da con la industrialización de lo producido. Hay máquinas que construyen otras máquinas. En la industria automotriz hay robots que sueldan, pintan y ajustan tornillos, cada vez es menor la intervención humana; poco en la manufactura y algo más en el control o supervisión. Ya en la década de 1980 apareció la primera fábrica sin obreros en Japón, solo necesitaba un par de ingenieros. Las plataformas digitales organizan la disponibilidad del transporte, como uber, detectan nuestros intereses y nos ofrecen artículos a consumir obviando el establecimiento comercial físico, los teléfonos inteligentes nos escuchan y registran nuestros intereses para alimentar algoritmos que nos harán llegar la oferta de bienes o servicios correspondientes. También manejan la información disponible con el mayor “saber” enciclopédico de la historia
La robotización y el control de la información cambiaron los modos de producción y de servicios; también los modos de comunicación. La robotización progresivamente tiende a producir la desaparición de la producción social, los operarios tienden a desaparecer. A su vez en el área de servicios ha aparecido el cuentapropista o el emprendedor que trabaja en muchos casos desde su casa. No cumple horarios, no marca tarjeta, trabaja a destajo, desde lo teórico no hay un patrón que lo ‘explote’, la relación laboral ha mutado a la ‘autoexplotación’. Al no haber producción social, no hay compañeros de trabajo, colegas, semejantes, en todo caso, en esta ilusión de la empresa personal ahora hay competidores.
Podría pensarse que tener máquinas robotizadas que hagan las tareas peligrosas, las tareas rutinarias, que se encarguen de la producción en serie, liberaría a los seres humanos de obligaciones laborales dándoles más tiempo para el ocio, para el arte. La realidad nos muestra que no es así. Los dueños del poder y la riqueza, de los medios de producción, del manejo de la información, “la información es poder”, dice una frase famosa, no lo han considerado de esa manera.
Esta modificación en los modos de producción acompañada del mayor desarrollo histórico del capital financiero (el dinero virtual es muchas veces superior en volumen ‘virtual’ al dinero físico) genera varias consecuencias. Por un lado, la mayor concentración de la riqueza en la menor cantidad de manos de la historia humana. Por otra parte, una masa importante de consumidores de bienes y servicios constituida por trabajadores ‘independientes’ generados por este cambio, sumados a asalariados de altos ingresos; y en tercer lugar los que se caen del sistema, los que no tienen lugar en la ecuación, los que quedaron sin trabajo, sin actividad económica, los que no tienen el dinero necesario para poder participar como consumidores, los frecuentemente sin techo, los muertos civiles, ya que la condición de ciudadano deja de estar atada a la simple existencia para estar determinada por la inserción en el sistema financiero a través de una tarjeta bancaria o de una aplicación en un smartphone.
¿Cómo se reflejan estos cambios económicos en lo político? Hasta ahora el estado democrático ha funcionado como un regulador de las relaciones sociales, ya que si bien ha tenido como premisa fundamental garantizar la propiedad privada de los medios de producción asegurando los intereses de la clase dominante, también ha sido un freno a los abusos del poder ejercido por esa clase dominante. Preconizan entonces lo que se ha dado en llamar democracias de baja intensidad. Se cuestiona la actividad política desarrollada en igualdad de condiciones por todos los grupos sociales, se pretende erradicar al apoyo estatal a la actividad política liberando los aportes de las empresas privadas a los partidos políticos en las campañas electorales. La lógica consecuencia es que a mayor respaldo económico, mayor campaña, mayor difusión, mayor conocimiento de candidatos y contenido simbólico, ergo mejor resultado electoral. Esto en principio, el objetivo final es la eliminación de los estados para que sean las corporaciones las que dicten las reglas del juego, con ejércitos privados que las hagan cumplir o mantener estados mínimos con una estructura represiva y judicial mercenaria (cualquier parecido con la realidad no es casual).
¿Cómo se implementa o como se está implementando? Además del discurso individualista y meritocrático sobre el cuentapropismo y los emprendedores, mensaje que inunda los medios de comunicación y las redes sociales, desde los noticieros a los programas de espectáculos y chimentos, a gran hermano, de convertir al otro en un competidor y no en un semejante; desvalorizando la solidaridad, haciendo ver al excluido como un parásito, naturalizando la exclusión y la pobreza hasta llegar a la insensibilidad ante ella. Darwinismo social o sálvese quien pueda.
A esta sociedad de la exclusión provocada por las clases dominantes le sobra gente. En el modelo neoliberal el desocupado era un beneficio estructural para el sistema, ya que la desocupación en una etapa en la que la producción era mayormente social a través de grandes masas trabajadoras era un disciplinador social ante el planteo gremial, hoy, cuando se busca la eliminación de la producción social, el desocupado, el pobre, el que no consume, el excluido, sobra.
Se eliminan los programas sociales, se disminuyen los ingresos a los jubilados, se les quita el acceso a los medicamentos gratuitos que pueden representar casi el mismo valor de su haber jubilatorio, se desfinancia la educación pública, se desfinancia la salud pública.
Si consideramos que gran parte de la mortandad de integrantes de los pueblos aborígenes en América no se debió a las armas de fuego y a la espada o al trabajo esclavo, sino a las enfermedades traídas por los europeos para los que los originarios no tenían anticuerpos; la exclusión de las vacunas gratuitas de los programas estatales, sea por decisión explícita o no, se parece bastante. En el mundo estamos viendo genocidios y guerras que siempre tienen detrás a los mismos protagonistas. La exclusión se parece a un genocidio por goteo.
Al igual que en tiempos pretéritos nos preguntamos ¿qué hacer?
La respuesta no puede ser simplemente resistir, se parece demasiado a morir con honor y el objetivo es vivir y mejorar. Por lo pronto deberíamos saber que hay algunas cosas que no debemos hacer como estar desunidos ya que sabemos a quién le conviene eso y no deseamos colaborar con ellos, al menos eso se supone. Está claro que el poder se enfrenta con otro poder, en este caso poder popular autogestivo. Las cooperativas han sido históricamente una organización económica posible y en muchos casos exitosa. Toda iniciativa solidaria nos devuelve nuestra identidad.
Antes de asumir la presidencia de la República ya era evidente el grado de incoherencia que aseveraba Javier Milei, cuando pregonaba, por ejemplo, la idea de levantar ya el cepo cambiario [1], destruir el Banco Central, eliminar la Secretaría de Comercio de la Nación porque los precios deben ser libres y no regulados (¿se referiría al precio de los medicamentos?) y repetía a Murray Rothbard (un marginal dentro de la Escuela Neoclásica) al afirmar que “el salario no te alcanza porque te sobra Estado. En la medida en que vos corras al Estado, una de las cosas que va a permitir es recomponer el ahorro; eso va a generar más inversión y más fuentes de trabajo, con más productividad y, por ende, los salarios van a ser más altos”.
Basta ver los resultados para comprender la liviandad de los conceptos vertidos. La tasa de inversión interna bruta fija (IBIF) es solo del 15,9% del PIB (Producto Bruto Interno) para el segundo trimestre de 2024 (último dato elaborado por el Departamento de Cuentas Nacionales del INDEC), y el mismo gobierno estima que va a descender este año en un 22,2% con respecto a la ya baja IBIF del año 2023. Igual respecto al PIB: el gobierno de Milei estima un descenso del 3,8% con respecto al año pasado, pero va a ser mayor.
Los salarios en promedio descienden fuertemente: los de los trabajadores públicos en un 23,1% a septiembre de 2024, según el IARAF [2], y los de los trabajadores privados en un deterioro del 10% de su poder de compra según CiFRA – CTA, al mismo mes.
La tasa de desocupación abierta pasó de 5,7% en el último trimestre de 2023 a 7,6% en el segundo semestre de 2024. Si le sumamos la tasa vegetativa de crecimiento de la PEA (Población Económicamente Activa), estamos hablando de que los desocupados se incrementaron en 433.000 trabajadores y que 1.733.000 personas en condiciones de trabajar no encuentran trabajo.
Un país que cuenta con energía y alimentos tiene más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Según UNICEF, un millón de chicos se van a dormir sin comer a la noche y no se sabe qué comen durante el día.
Pero el plan económico no es de Milei, sino que lo propicia el capital financiero de Manhattan (con su influencia sobre la Embassy y sobre el FMI y los demás organismos internacionales de créditos) y lo ejecuta un equipo encabezado por Luis Caputo y Santiago Bausili, cuya consultora, Anker Latinoamérica, es asesora de negocios de ese capital financiero en estas pampas.
Su tarea es líneal y avanza en base a dos anclas, una la fiscal, y la otra la cambiaria
Ancla fiscal
El gobierno, de forma irracional y sin miramiento, reduce el gasto primario principalmente en:
El pago de las jubilaciones y pensiones.
Los subsidios económicos a la población en energía y al transporte.
Las transferencias a las provincias.
La obra pública.
Educación y ciencia.
Lo hace para obtener un resultado primario positivo al 31 de octubre 2024 de 10,3 billones de pesos, del que se emplearon 7,4 billones para pagar intereses de la deuda pública generada por el gobierno de Cambiemos, no investigada por el gobierno de Alberto Fernández, e incrementada a razón de 9.200 millones de dólares por mes por el gobierno de Milei.
Y el superávit financiero (superávit primario menos el pago de los intereses de la deuda) de 2,9 billones de pesos se empleó en su totalidad para comprarle dólares al BCRA y girar a un banco de Nueva York, garantizando de esa manera el pago de los títulos de deuda Bonar y Global que vencen en enero de 2025.
Obviamente, el superávit primario y financiero logrado es a costa de la población que percibe menos haberes previsionales y aportes del Estado nacional, política económica de “motosierra y licuadora” de la que el mismo Presidente se jacta: “Yo vine para hacer las reformas que nadie se anima a hacer”. Asimismo, remarcó: “[El FMI] validó y valida lo que estamos haciendo”.
Sobran los ejemplos de este topo que afirma: “Mi desprecio por el Estado es infinito”, pero sin lugar a duda el grado de crueldad manifiesta es en el caso del INSSJP (PAMI).
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores. El PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Actualmente brinda asistencia médica a alrededor de 5,7 millones de jubilados y sus familiares a cargo, a pensionados y a veteranos de Malvinas. El Programa de Asistencia Médica Integral incluye prestaciones médicas y sociales y cuenta con 652 agencias y 38 unidades de gestión local, donde se pueden realizar todos los trámites. También cuenta con más de 8.000 médicos de cabecera, 17.000 prestadores con los que el afiliado puede atenderse y más de 14.000 farmacias adheridas para retirar los medicamentos.
Presupuestariamente, el Instituto, que pertenece a los jubilados y pensionados, es administrado por el Estado nacional, de acuerdo a lo estipulado en el inciso c del artículo 8º de la ley 24.156, que incluye a los entes públicos no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
En marzo del 2020, PAMI implementó una medida fundamental para la población mayor: un nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos, un listado de medicamentos sin cargo con el objetivo de garantizar el tratamiento adecuado de las patologías más frecuentes en las personas mayores. De esta manera, la cobertura al 100% de los medicamentos más consumidos por esta población, sumada a las coberturas del 80% para medicación ambulatoria y del 100% para medicación especial, representó un importante ahorro para los ingresos de cuatro millones de jubilados y pensionados.
Pero esta medida fue modificada a lo largo de 2024, incluso por la inoperancia y la no entrega de medicamentos. Los jubilados, quejándose del destrato y del silencio cómplice de los diputados y senadores, de los grandes medios, etc., los miércoles reclaman frente al Congreso de la Nación y ante la sede central del PAMI. La represión policial es la única respuesta. El miércoles 6 de noviembre, al jubilado Gerardo Mirkin, que se encontraba junto con sus compañeros manifestándose en reclamo de los medicamentos que le fueron quitados, lo desmayaron a golpes y fue atendido en la ambulancia para recuperarlo de urgencia.
La actual dirección del PAMI decidió desde el mes de diciembre de 2024 limitar el acceso de hasta cinco medicamentos sólo a los jubilados que perciban hasta 1,5 jubilaciones mínimas [3]. Los jubilados alcanzados, de todas formas, deben realizar el trámite para obtener el beneficio y demostrar que son pobres, que la compra de los medicamentos significa el 15% o más de sus ingresos, etc.
Realmente es increíble. Según el mismo INSSJP el presupuesto es el siguiente:
Debería sobrar plata; de hecho, la anterior gestión cumplió con todas sus obligaciones y tuvo un excedente financiero de 250.000 millones de pesos.
El PAMI se financia con el 5% del aporte de los trabajadores (3% a cargo del trabajador y 2%, del patrón) y con el 5% de la recaudación del Impuesto PAIS, que grava la compra de divisas para importar o viajar al exterior. Ese impuesto significó hasta noviembre de 2024 (11 meses) una recaudación total de 6,2 billones de pesos, por ende, al INSSJP fueron 310.000 millones de pesos.
Este gobierno improvisado puso en la mayor parte de las direcciones del Instituto de cada provincia a amigos y miembros de La Libertad Avanza; por ejemplo, en el PAMI de Misiones a Ninfa Alvarenga, presidenta de LLA de esa provincia. Duró cuatro meses; la echaron por corrupción y en esos cuatro meses percibió un haber pagado por los jubilados y pensionados de $11.380.414,26. En el PAMI de Santiago del Estero nombraron a Marcela Coronel; la echaron porque nombraba personal y le exigía que del sueldo (que paga el PAMI) donen el 25% a LLA. En Tucumán, un centro médico sin prestaciones de alta complejidad (Sanarte SRL) le facturó al PAMI 2.500 millones de pesos en ocho meses. Se hizo una auditoría y se descubrió que el centro médico realizaba sobreprestaciones de prácticas que nunca se llevaban a cabo, además de sobreprescribir medicamentos cuyo destinatario final se desconoce. Echaron al director, Martín Fernández González de la Fuerza Repúblicana (el partido de Ricardo Bussi).
“Cuando le pregunté a Milei por los jubilados, reaccionó con desdén y culpó a los kirchneristas. Me parece fabuloso que quieran darle un aumento a los jubilados, pero deben explicarme cómo lo van a financiar”. “Siguió hablando acaloradamente durante cinco minutos, presentando números fiscales. Ni una sola vez expresó simpatía por los jubilados, ni siquiera los reconoció como personas”, dice Jon Lee Anderson en su nota “Javier Milei declara la guerra al gobierno argentino” el 2 de diciembre de 2024 en The New Yorker de los Estados Unidos.
El 23 de diciembre de 2024 cesa el Impuesto PAIS creado por la Ley 27.541 impulsada por Alberto Fernández al comienzo de su gestión en diciembre de 2019. No lo renovará el gobierno de Milei, con la finalidad de beneficiar a los importadores (atraso cambiario, reducción de aranceles y, desde el 24 de diciembre de 2024, no pagarán el Impuesto PAIS) para dejarlos competir deslealmente con la producción y el trabajo nacional. Y a la vez, abarata la compra de dólar para atesoramiento y el dólar tarjeta que pagan (hasta el 24 de diciembre de 2024) el 30% de Impuesto PAIS y un 30% de anticipo a cuenta de Ganancias. Como la resolución que estableció la percepción dice expresamente que es solo para operaciones alcanzadas por el Impuesto PAIS, al caer el tributo, caerá la percepción, lo que abaratará aún más el costo para que los argentinos se vayan de vacaciones al exterior.
¿Cuál es el objetivo de disminuir aún más el ingreso de dólares? Que aumente la deuda externa, negocio de los acreedores que van a cambiar los títulos de deuda al 100% de su valor en la privatización de empresas públicas y en la concesión de explotaciones de petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, cobre, hierro, aluminio, agua pesada, agua potable, etc.
Ancla cambiaria
No bien asumieron la Administración nacional, devaluaron en más de un 100% nuestra moneda, al tiempo que desregularon los controles de precios en los mercados más concentrados, generando un brutal salto inflacionario presentado como el “costo” a pagar “por única vez” por toda la sociedad. Ello permitió la maximización de la rentabilidad en dólares de los principales oligopolios (alimentos, artículos de limpieza, medicamentos, combustible, tarifas de gas y de luz, etc.) que, en el marco del crawling peg (devaluación administrada) del 2% mensual, terminó por revertir el objetivo inicial hasta convertirlo en un atraso cambiario e inflación en dólares.
La devaluación, la posterior ancla cambiaria y la escalonada contención de las tasas de interés funcionaron como inductores para ir reduciendo los pases pasivos, Leliq y Notaliq y colocar deuda del Tesoro (convierten la deuda del BCRA con los bancos en deuda pública). Dado que la mayor parte de la deuda en pesos de la Administración Pública Nacional está indexada a la inflación o al tipo de cambio oficial, genera una deuda que no se licua con una devaluación.
El blanqueo de capitales hasta el 6 de noviembre de 2024 por 20.613 millones de dólares hizo que “el campo” aumente la liquidación de divisas.
En octubre y noviembre de 2024 se liquidaron más exportaciones que en igual período de los años 2022 y 2023.
A su vez, como contrapartida, durante el año 2024, grandes empresas como YPF, Grupo Clarín (Telecom), PAE (Grupo Bridas y British Petroleum), Aluar (Grupo Madanes), Vista (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex, Pluspetrol y Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles), emitieron obligaciones negociables por 9.100 millones de dólares. Y los principales bancos de la Argentina presionan al Ministerio de Economía para que coloque títulos de deuda en pesos a tasa fija en el orden del 2,6 y 2,7% mensual (Boncap con capitalización de intereses que se pagan al final) con fecha 13 de febrero de 2026.
Incluso al crecimiento de la deuda en pesos que paga intereses al final, debe sumarse el endeudamiento en pesos con acreedores privados y en dólares (BOPREAL), que impactará tanto sobre el gasto público como sobre la demanda de moneda extranjera en ejercicios futuros, pero alivió la carga financiera de este año 2024.
Y finalmente, como el mismo BCRA reconoce, va a financiar el turismo al extranjero con las divisas que ingresen por las exportaciones de cosecha fina, sin destinarlas a aumentar las reservas internacionales netas del BCRA que son negativas.
En síntesis
¿Por qué este desgobierno puede hacer lo que hace? Principalmente, porque se subordina al capital financiero de Manhattan (BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, entre otros), cuyo accionar es seguido a pie juntilla por capitales menores, en los que también participan, en todos ellos, “inversionistas” locales que confían parte de su capital en la administración de esos fondos, y lo que buscan es quedarse con las empresas públicas, con nuestros recursos naturales, constituir nuevas AFJP y todo negocio que puedan hacer. Incluso no tener presupuesto y gobernar por DNU es funcional al objetivo principal. Mientras el Congreso de la Nación tiene senadores como Edgardo Kueider y en la Justicia proponen en la Corte Suprema a Ariel Lijo.
[1] No pueden levantar el mal llamado “cepo” cambiario, que son limitaciones a la compra de divisas (porejemplo,o el límite mensual de 200 dólares por persona) ni siquiera tras un año de gobierno, porque las reservas internacionales netas del BCRA son negativas, incapaces de poder abastecer la demanda interna de divisas.
[2] IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) es una consultora privada dirigida por NadinArgañaraz.
[3] La jubilación mínima en el mes de noviembre de 2024 fue de 252.798,5 pesos. Esto quiere decir que los jubilados y pensionados que perciban más de 379.200 pesos pierden el beneficio. Además deben rempadronarse, con lo engorroso que significa todo trámite y más para una persona mayor.
La educación secundaria pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene desde hace 17 años siendo sometida a experimentos, como por ejemplo la Nueva Escuela Secundaria (NES), la Secundaria del Futuro, el Modelo Híbrido de Educar o las llamadas Escuelas Foco, entre otros anuncios que contaron con un publicitado lanzamiento. Pero nunca existió devolución alguna a lxs docentes en relación con posibles resultados o datos pertinentes, como para que las escuelas dispongan de alguna orientación acerca de las políticas que fueron obligadas a desarrollar, en diferentes momentos de la gestión neoliberal.
En dicho marco, pudimos recabar la opinión de quienes son actores directos, en este caso, alumnxs y directivos de escuelas secundarias de la jurisdicción, en relación con la situación que atraviesan las instituciones que integran el nivel medio.
El 11 de noviembre pasado, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo lugar una actividad con estudiantes secundarios y sus familiares, organizada por el bloque de Unión por la Patria, para intercambiar ideas y, sobre todo, escuchar opiniones de lxs invitadxs en relación con la reforma “Buenos Aires Aprende”, recientemente dada a conocer por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la convocatoria concurrieron un significativo número de alumnos representantes de distintas escuelas, acompañados por familiares; representantes de asociaciones cooperadoras, y el Grupo Boedo “Víctor Kon” de la comuna 5 de la jurisdicción, quienes se refirieron críticamente a las modificaciones planteadas por el Ministerio de Educación porteño.
Entre las críticas aportadas por lxs participantes, se dijo que la reforma se ha resuelto unilateralmente, en la soledad del Ministerio de Educación, sin haber realizado las consultas esperadas a la comunidad educativa y a partir de reuniones previamente guionadas, y sin respuestas para las demandas que plantearon oportunamente lxs jóvenes, en clara oposición a la realización de los cambios propuestos.
Otro de los aportes fue que la reforma llega, al igual que otras anteriores, en medio de una situación caótica en términos burocráticos y pedagógicos de las escuelas, sin resoluciones en rubros como el precario servicio de alimentación y distintos tipos de adicciones que experimenta buena parte de sus compañerxs.
Asimismo, lxs jóvenes agregaron la falta de financiamiento, visible en la ausencia de mantenimiento edilicio e infraestructura general, equipamiento y material didáctico y equipamiento básico para escuelas medias y técnicas, las intenciones de reducir el plan de estudios de las escuelas técnicas, la insistencia en realizar las denominadas “Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo” —ACAPS— fuera del marco legal vigente y sin ninguna vinculación con las orientaciones del ciclo superior de la escuela secundaria y los lugares donde lxs alumnxs son obligadxs a ir a trabajar en calidad de pasantes.
No faltó, entre las críticas de lxs estudiantes, la referencia a lo que entienden como un intento de control ideológico, que se esconde tras la letra de la reforma, en materias asociadas con el bienestar emocional y la educación financiera, así como las acciones de disciplinamiento social, materializado en amenazas y/o aprietes recibidos por alumnos y centros de estudiantes de algunas escuelas por oponerse a los cambios o por tomar iniciativas de libre expresión y protesta ante estos, como por ejemplo pernoctadas en las instituciones, movilizaciones y actos donde manifiestan su disconformidad. Hubo casos en escuelas en los que afirman haber sido “advertidas” que de no deponer las actitudes de protesta estudiantil, lxs estudiantes no “tendrían el turno para ser evaluados y rendir materias previas, en el mes de diciembre” ni la posibilidad de contar con los períodos de recuperación de materias, dispuesto en el plan de estudios. Al igual que en años anteriores, se “avisó” a lxs jóvenes que podría aplicarse la judicialización de la protesta, con implicancias penales para sus padres y/o adultos responsables.
Asimismo, fue claramente criticado el sentido individualista y exitista de los contenidos reformadores y la falta de ayuda económica del Estado porteño frente al desmedido costo del transporte, en particular para alumnos que llegan a las escuelas desde barrios distantes de la provincia de Buenos Aires. También se manifestaron sobre la falta de docentes en algunas comunas, la reducción de los programas de Ciencias Sociales, la repitencia encubierta con jóvenes que llegan a quinto año acumulando distintas materias sin aprobar y el perjuicio que ello representa para la posterior obtención del Certificado de Aprobación de Estudios Secundarios.
Lxs alumnxs que tomaron la palabra aludieron asimismo al cambio de contenidos referidos a la formación de ciudadanía, a la particular ausencia de la palabra “derechos” en las alocuciones de las autoridades ministeriales y a no poder ejercer, como lo marca la Constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, los derechos que como ciudadanos poseen. Algo que se torna evidente a partir de la falta de convocatorias a su participación efectiva, ya que son los verdaderos destinatarios de los anuncios que se van a implementar.
Párrafo aparte para el incremento acelerado de alumnos en condiciones de pobreza, así como el incremento de los problemas de salud mental entre sus compñerxs y la falta de respuestas suficientes, de parte del Ministerio de Educación, para con estxs.
Lxs jóvenes reclamaron ser convocados antes de comenzar a implementar autoritariamente una reforma que no es precisamente la que ellos creen que las escuelas necesitan. Finalmente, lxs estudiantes valoraron y agradecieron la iniciativa de los diputados de la oposición al invitarlos, ya que esta se convirtió en la única instancia oficial en la que fueron escuchados y pudieron manifestarse frente a los múltiples problemas que lxs afectan, a los que el Ministerio de Educación no les aporta ninguna resolución.
En sintonía con las declaraciones estudiantiles, durante el pasado mes de julio del corriente año, realizamos consultas a docentes que integran equipos directivos de un buen número de escuelas secundarias porteñas.
Estos nos han referido problemas vinculados con situaciones de agotamiento, desgano y deterioro físico y mental de alumnxs, docentes y directivxs; las deficientes condiciones laborales existentes; la sobrecarga administrativa, que impide la acción pedagógica concreta; las tendencias manifiestas de lxs alumnxs a las autolesiones; el crecimiento de las adicciones, como la ludopatía y el uso de drogas, y situaciones de violencia dentro y fuera de las escuelas.
No faltó la referencia a la falta de acciones relacionadas con la infraestructura escolar, sobre todo en el área del mantenimiento edilicio, la provisión de wifi en los barrios y el escaso número de viandas que llega a las escuelas, frente a situaciones de alumnxs que no disponen en sus domicilios de las cuatro comidas diarias. La profusión de inasistencias de alumnxs, el aumento del abandono escolar y el aumento de las tasas de sobre-edad también salieron a la luz durante la mencionada consulta.
Frente a dicho nivel de conflictividad y ciertas coincidencias entre alumnxs y directivxs acerca de las problemáticas vigentes, las soluciones propuestas por el Ministerio de Educación —argumentaron lxs directores— se tornan “burocráticas, insuficientes y reducidas a meros protocolos, que terminan siendo un mecanismo administrativo más que no tiene incidencia alguna en los problemas reales” que se supone que debería resolver un Estado que dice defender la inclusión educativa. Finalmente, se nos informó que el panorama descripto incide en el aumento de las demandas punitivas sobre lxs alumnxs, frente a la desorientación ante las situaciones planteadas.
Tomando en cuenta lo mencionado, concluimos que la reforma anunciada no es una más, ya que, aunque de manera encubierta, tiene la pretensión de intervenir en la currícula escolar con el intento de naturalizar como si se trataran de “nuevos valores” un ideal especulativo de la vida, la afirmación de la salida individual y meritocrática, así como la idea que justifique la matriz de una nueva “Patria financiera”, que impulsan el gobierno libertario y sus aliados del gobierno de CABA. No dudamos que estos son solo algunos de los pilares en los que se asienta una reforma que apunta directamente a incidir en la identidad e ideología de lxs estudiantes.
A partir de la información recogida y de los aspectos que expusiéramos en un artículo publicado en El Cohete el 27 de octubre pasado, no dudamos que la escuela secundaria enfrenta la imposición de un modelo pedagógico con pretensiones hegemónicas políticas y culturales que constituye un ataque al pensamiento crítico, a la posibilidad de ascenso social a través de la escuela pública y que persigue en el largo plazo la privatización del sistema educativo, en el marco de políticas nacionales de ajuste, desregulación, aumento de pobreza e indigencia, que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no objeta y que constituyen, además, un claro retroceso histórico de las políticas educativas en CABA. Todo ello, así como los problemas planteados y no resueltos aún por el Ministerio de Educación, pretenden quedar invisibilizados por los aires de reforma que impone “Buenos Aires Aprende”.
Nos parece, finalmente, que la acción educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría estar funcionando como un laboratorio experimental del Ministerio de Capital Humano de la Nación, para ser luego aplicada en todo el territorio argentino.
* Raúl Moroni integra el Espacio de Acompañamiento Político-Pedagógico para el Nivel Secundario, UTE – CTRA.
Todo el mundo mira, escucha y conjetura. Algunos aplauden y muchos se preocupan por el nuevo triunfo de Trump en Estados Unidos. Ya corrió tinta hasta el cansancio y seguramente en los próximos dos meses correrá mucha más, cuando este presidente electo lance las medidas políticas y económicas señaladas durante su campaña, que pueden afectar al gobierno de Milei, sobre todo en lo respectivo al Cepo y al Tipo de Cambio. Las propuestas que hasta el momento Trump esboza tienen que ver por ejemplo con cambios significativos en la reducción de varios impuestos, disminuir la deuda y en la aplicación de aranceles, fuertemente para algunos países (China, México y Canadá) y menos para los restantes. La pretensión es reducir el déficit del gobierno que alcanza en el 2024 el 5.3 % del PIB, también la deuda de u$s 33 billones, poco más del PBI y el déficit de la Cuenta Comercial. Obviamente se esperan respuestas de los afectados. Pero lo anterior no es nuevo en USA y tiene espaldas para esos registros.
De acuerdo con sus antecedentes, y en respuesta a su base electoral, forzará el regreso de millones de inmigrantes a sus países de origen, medida con efectos colaterales tanto en el empleo como en lo humano.
En las conjeturas, algunos analistas ven con desconfianza o simplemente creen que arrastrará más problemas que soluciones. Advierten que las medidas tendrán impacto inflacionario y la Reserva Federal deberá sostener un aumento de las tasas de interés, siempre y cuando no operen bajo la presión del presidente. Esto último supuestamente atraería fondos de los distintos países, llevando a una apreciación del tipo de cambio, que no parece de la predilección de Trump. Se debe tener presente que en el sistema electoral por electores la diferencia a favor de Trump fue muy grande (270 vs 226), pero no así en los votos. La diferencia resultó mucho menor (Trump 76.789.621 y Harris 74.273.395) contando con mayoría en el Senado y Diputados, más la mayoría de gobernadores. Puede que tenga un éxito inicial, afirman algunos pero luego se impondrán otras cuestiones. Mucho poder, demasiado para los posibles excesos y además cuenta con un aliado fiel como Milei. Veremos si finalmente esto favorece a nuestro país y en qué forma. Ver especialmente los dos últimos puntos del documento.
Por lo visto o escuchado hasta el momento, ambos presidentes coinciden en los mensajes y medios utilizados. Por si fuera poco, a todos los opositores los definen casi como enemigos. ¡Que lo parió, diría Mendieta!
Lo inmediato son los efectos posibles de las políticas de Trump, lo veremos con mayor extensión en otro documento. Pero digamos que gira sobre el valor del dólar y el tipo de cambio real.
Lo último es la conjetura de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Novedades de conjeturas numéricas que hasta el momento no aparecían con claridad en el gobierno, el horizonte electoral del año 2025 seguramente tiene que ver y empiezan los aprestos. Para todos.
El Tipo de Cambio Implícito (Base monetaria + Leliqs / Reservas Brutas), seguramente irá disminuyendo a la par de los de pasivos monetarios del BCRA y por lo tanto la emisión por esa vía, la Base Monetaria sostiene variaciones cercanas a la inflación. Vale la aclaración que posiblemente la recesión con caída del consumo sea, sino buscado, menos importante que otras alternativas.
Disminuyó la inflación (alrededor del 2.6 %) en el décimo mes, octubre 2024. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable y próxima al 1.4 % mensual? Según Milei será el año próximo. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal y monetaria, definiendo especialmente el valor del tipo de cambio o sea del dólar.
En diciembre 2023 una de las primeras medidas del gobierno de Milei fue una fuerte devaluación que llevó el peso a $ 800 por dólar. ¿Y luego? El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, en los meses (10) del 2024, el IPC aumentó el 104 % y el tipo de cambio oficial el 55%. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 2 % mensual y el 1 % en el 2025? De acuerdo a lo escuchado es posible, pero siempre en el corto plazo.
El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que empatan con la inflación, otro cantar es si lo medimos con el dólar, es lo que ocurre en estos meses del 2024, seguramente es un buen negocio para algunos, mientras dure.
Algunos indicadores de la coyuntura obviamente mejoran: El riesgo país disminuye pero continuamos en el terreno de la desconfianza. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) en terreno negativo.
Actividad económica y la pobreza e indigencia no parecen mejorar. Pero la disminución de la inflación operará para alguna mejora.
Milei por lo visto ingresa en proceso electoral. Suma adversarios o enemigos, por estos pagos y afuera. Pero también suma adherentes o asociados internacionales y por ahora mantiene credibilidad elevada y la ayuda de la oposición dispersa.
Seguramente la próxima tarea será levantar el CEPO, no demorará mucho.
La renta financiera, en su más amplia extensión, es el ariete para ir destruyendo el Estado [1], inclusive comprando voluntades de funcionarios, legisladores, jueces, supuestos representantes políticos, sindicales y sociales. Y a su vez, la hegemonía de la renta financiera mina la economía productiva, cerrando establecimientos, expulsando trabajadores, disminuyendo el consumo interno y aumentando la exclusión social.
El dólar debe devaluarse por debajo del IPC del INDEC (índice de precios al consumidor) y de la tasa de interés local para favorecer el carry trade (bicicleta financiera), que es pasar de dólar (u otra divisa) a pesos y, una vez obtenida la renta financiera, volver a la moneda extranjera. Política que es, a su vez, acompañada por la baja de aranceles del 1 de octubre de 2024, que abarca una serie de mercancías (caños de cobre, plásticos, neumáticos, motos, bicicletas, hornos eléctricos, etc.), también del 1 de diciembre de 2024 (productos textiles y electrónicos) y que, el 23 de diciembre de 2024, deja de percibirse el impuesto PAIS que grava con una alícuota del 7,5% la compra de dólares para la importación. Todo junto conforma un programa de desprotección de la producción nacional. Ninguna nación que se precie de tal “regala” su mercado interno.
Haberse pasado de divisas a títulos en pesos ajustables por inflación, les dejó una renta financiera en dólares arriba del 90% en 10 meses (107% de inflación, menos el costo de volver a comprar dólares, que se acrecentaron en el periodo 13,9% por el mercado contado con liqui, que es el mercado de salida).
La brutal caída de la Inversión Interna Bruta Fija (IBIF) en torno al 22,2% y del PIB del 3,8% del corriente año 2024, que el mismo gobierno estimó en el malogrado proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2025, explica que comparando el segundo trimestre de 2024 contra el cuarto trimestre de 2023, aumentaron a 436.000 las personas desocupadas (totalizando 1.733.000 desocupados), que nace de tomar los datos del INDEC de tasa de desocupación de 5,7% a 7,6% de la población en el período y sumarle la tasa vegetativa de crecimiento de los que, año tras año, se incorporan al mundo del trabajo.
A su vez, desde la asunción de Javier Milei hasta agosto de 2024, se perdieron 38.532 puestos de trabajo en la industria manufacturera de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La pérdida alcanza los 126.050 trabajadores si se incorpora a la actividad minera y a la construcción. Paralelamente, en el período descripto se cerraron 879 empresas en la industria manufacturera. La destrucción alcanza los 2.333 establecimientos, incorporando la minería y la construcción.
Todos los datos suministrados por fuentes oficiales son compatibles si extendemos a todas las actividades y al sector público, donde el Presidente Javier Milei sostuvo el 5 de junio de 2024, ante los empresarios reunidos en el Latam Economic Forum 2024: “Vamos a terminar echando a 75.000 personas del sector público, llevamos 25.000″.
Mientras la economía en general se encuentra en depresión, hay sectores como petróleo, gas, minería, a los que se suman las empresas privatizadas de luz, gas, telecomunicaciones, peajes, el rubro inmobiliario, las grandes empresas alimenticias que fijan precios (Ledesma, La Serenísima, Arcor, Molinos Río de la Plata, Nestlé, Adecoagro, Frigorífico Ríoplatense, Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza, etc.) y las grandes cadenas de supermercado (Coto, Carrefour, Cencosud, La Anónima, Changomas, etc.) que tienen márgenes de ganancia exuberantes, en un marco de “libertad de mercado”.
Esa “libertad de mercado” provoca una fuerte caída en el poder adquisitivo del salario, que según CIFRA-CTA fue hasta septiembre de 2024 del 10% en los trabajadores registrados y, según el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) del 23,1% en los trabajadores del sector público. Mientras que las jubilaciones y pensiones perdieron un 25,2% interanual respecto de igual período de 2023 en ese lapso, según nota de Clarín del 18 de octubre de 2024.
El derrape de la economía real, la disminución de los puestos de trabajo y la exclusión social y pobreza resultante son objetivos buscados por el programa económico que ejecuta el gobierno de Javier Milei, que incluso busca profundizar permanentemente.
En la última semana de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la diputada por Santa Fe, Romina Diez, firmó, acompañada por 16 diputados de La Libertad Avanza y allegados, un proyecto de flexibilidad laboral que corrobora al ministro de desregulación Adolfo Sturzenegger cuando dice: “Van a poder diseñar el esquema (de despidos) que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica”.
Dicho proyecto con el mentido objetivo de “promover las inversiones y el empleo a través de medidas de incentivo que están en línea con el sendero marcado por la ley Bases. El proyecto pretende institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre el empleador y el empleado”.
Como lo hace, por ejemplo, el art. 2: “Modifica el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 66 – Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador’”. Y en su art. 5: “Modifica el Artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 105 – Formas de pago. Prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias”. Ni Robustiano Patrón Costa lo hubiera propuesto mejor.
Todas las medidas llevadas adelante, mayormente ejecutadas por DNU (decretos de necesidad y urgencia) [2], buscan reducir lo máximo que se pueda el consumo interno para aumentar los saldos exportables de minerales, de energía, de forraje y de alimentos. Como no lo pueden hacer por devaluación de nuestra moneda, porque la inflación que se desata (pass through) provocaría el default de la deuda, dado que la mayor parte de los títulos de deuda en pesos son ajustados por inflación, deben recurrir a la depresión económica. La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aun con Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y, cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre; con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de los intereses de la deuda y el modelo extractivista (y en forma menor, agropecuario), financiero exportador.
La renta financiera
El resultado extraordinario del blanqueo de capitales, en que ARCA (ex AFIP) comunicó el ingreso al sistema financiero y de capitales del país de 20.613 millones de dólares, aportado por casi 140.000 contribuyentes, consolidó la segunda etapa del carry trade. Este shock positivo derivó en un alza considerable de los depósitos en divisas de 35.325 millones de dólares, de acuerdo con el último dato proporcionado por el Banco Central, correspondiente al 22 de noviembre pasado.
Del monto total ingresado por el “blanqueo”, un poco más de 17.000 millones de dólares se depositaron en bancos. Estas colocaciones facilitaron la entrega de créditos en dólares (a firmas exportadoras o proveedoras de divisas) y los mercados de capitales del país que capturaron la otra parte de divisas blanqueadas y colocaron obligaciones negociables (son títulos que, de no pagarse al vencimiento, se convierten en acciones de la empresa emisora, a precio de mercado). Esto explica que el stock de obligaciones negociables a fin de noviembre de 2024 sea de 9.607 millones de dólares, cuando en todo el año 2023 era de 4.401 millones de dólares, según informa la Comisión Nacional de Valores.
Emitieron obligaciones negociables grandes empresas como YPF, Grupo Clarín (Telecom), PAE (Grupo Bridas y British Petroleum), Aluar (Grupo Madanes), Vista (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex, Pluspetrol y Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles). Todos ellos confían en que no va a haber una desproporcionada devaluación y si se genera, van a ser capaces de cancelarla.
Por otra parte, los dólares de los préstamos deben ser vendidos en el mercado único de cambios (Banco Central), mejorando el cuadro de reservas internacionales y aliviando presiones en el mercado cambiario.
La opción del carry trade es el incentivo para desprenderse de los dólares. Además, los billetes del blanqueo, para eludir la inmovilización de doce meses sin pagar el cargo del 5%, se liberan con la compra de activos. Esto generó el alza de cotizaciones de acciones y títulos públicos y la compra de inmuebles y campos.
El financiamiento de la Administración Nacional también demuestra que el carry trade se mantiene firme. La Secretaría de Finanzas de la Nación había colocado títulos en pesos a tasa fija (Boncap – Bono capitalizable que paga capital e interés al final) en las licitaciones de los miércoles 9 y 16 de octubre. Luego no lo hizo y no pudo completar, en las licitaciones posteriores, el financiamiento (un roll over del 55 y 60% de la solicitud de crédito).
Por esa razón es que la Secretaría de Finanzas se ve obligada a emitir Boncap el miércoles 27 de noviembre de 2024, donde convalidó tasas efectivas mensuales (TEM) del 2,7% para el Boncap más corto (vencimiento 17 de octubre de 2025) y del 2,6% mensual para el Boncap más largo (vencimiento 13 de febrero de 2026). Para esto último tuvo que hacerlo por Resolución Conjunta 64/2024 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda de la Nación (B. O. 28/11/24) que dispone la emisión de los Boncap con vencimiento para el 13 de febrero de 2026, por un monto de hasta valor nominal original de cinco billones de pesos (son títulos en pesos, pero equivalentes a 5.000 millones de dólares)
Por su parte, los bonos ajustables por inflación (Boncer) cortaron a una tasa interna de retorno del 8,2% más CER para el que vence en marzo de 2026 y del 8,5% más CER para el que vence en octubre de ese mismo año.
En síntesis
En esta etapa, los que mueven los hilos del gobierno de Milei priorizan la renta financiera que da pingües ganancias, que junto a la baja de aranceles y reducciones de impuestos para importar, favorece a la competencia externa y cercena la producción y el trabajo nacional, generando una deuda pública que supera con creces el ingreso de los dólares de la cuenta corriente (balanza comercial menos los servicios financieros: intereses y giro de utilidades a sus casas matrices; y los servicios reales: fletes, royalties, seguros, comunicaciones, turismo, etc.).
La imposibilidad de pago crea una deuda externa cada vez mayor, que van a cancelar cediendo primero las empresas y territorios estatales. Después, con la concesión de la extracción y explotación de los recursos naturales (petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, cobre, hierro, agua pesada, agua potable, etc.).
La historia juzgará la cobardía y sumisión de los supuestos dirigentes políticos, sindicales y sociales, y la estupidez mayoritaria de nuestra población.
[1] Javier Milei aparece en la tapa del semanario The Economist de Inglaterra de fin de noviembre de 2024 diciendo: “Mi desprecio por el Estado es infinito”. ¿Sabrá que el Estado es la organización civil de la nación?
[2] Por ejemplo, el DNU 70/23 que modifica la Ley de Empleo N.º 24.013 a los efectos de realizar su flexibilización laboral; deroga la Ley de Indemnizaciones Laborales N.º 25.323 y con ello la duplicación de la indemnización por despido; modifica la ley de empleo; modifica la ley de Contrato de trabajo; etc.
Seré breve. He señalado ya hace una década que respecto a Malvinas la historia muestra que hay países pequeños y grandes que han recuperado territorios mediante una combinación de voluntad, recursos, talento, paciencia y oportunidad. Y para ello es necesaria una estrategia que denomino de las 4 D: Diplomacia, Divisas, Defensa y Derecho. La diplomacia remite a potenciar las capacidades persuasivas del país. Las divisas apuntan a la urgencia de reconstruir poderío material. El derecho es un instrumento clave para avanzar nuestra posición. Y la defensa es crucial para contar con una política creíble.
En este caso, únicamente abordaré una de las D: me centraré en la Diplomacia, y añadiré una breve referencia a la dimensión militar ligada a ella. Y en ese sentido, me pregunto, ¿qué refleja, a un año de gestión, la política exterior del Gobierno de La Libertad Avanza respecto a Malvinas? Si bien hay -y habrá que ver si subsiste- un consenso nacional respecto a las islas, nuestra práctica ha mostrado oscilaciones infértiles. En la actualidad, y a diferencia de otros gobiernos desde 1983, se agrega un elemento nuevo: suponer que, gracias a Estados Unidos y la OTAN, el Reino Unido tendrá una mayor disposición a la negociación y así la Argentina podrá restablecer la soberanía sobre las islas.
Desde el 10 de diciembre de 2023 se constató la clara preferencia del Gobierno por dos países: Estados Unidos, en primer lugar, e Israel, complementariamente. Eso puede gustar o disgustar. Lo inédito -y agregaría inaudito- para la tradición internacional argentina es que, simultáneamente, se pusieron en evidencia las aversiones explícitas contra países y líderes. Eso se reflejó en anuncios, votaciones y medidas. Por ejemplo, se rechazó el ingreso a BRICS. (De paso, hay un dicho anglosajón que señala que “uno está en la mesa o es parte del menú”. Se escogió lo segundo.) En el marco de Naciones Unidas y respecto a Medio Oriente se abandonaron posicionamientos habituales y equilibrados de muy larga data. Al tiempo que se indicó la voluntad de trasladar la sede de la Embajada Argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. En América Latina se agravió a mandatarios, se decidió no enviar embajadores de carrera a tres países, y se ausentó de las cumbres de CELAC y Mercosur. Sin ir más lejos, esta semana, insólitamente y en medio de tantas guerras letales y amenazas nucleares, el canciller Gerardo Werthein no asistió a la conmemoración del Tratado de Paz y Amistad con Chile de 1984. Es probable que haya perplejidad entre vecinos y distantes acerca de la continuidad de una política por la paz que marcó al país después del conflicto de Malvinas.
En materia de adquisición de aviones de combate se optó por los promovidos por Estados Unidos, a pesar de que la oferta de China era, para varios, superior. La Argentina solicitó ser Socio Global de la OTAN; proceso que necesita el apoyo de los 32 miembros (lo cual implicaría contar con el voto del Reino Unido). El país se sumó, como único miembro latinoamericano, al Grupo de Contacto sobre Asuntos de Defensa en Ucrania, organizado por Washington. También se incorporó, en medio de una creciente exacerbación y regionalización de los conflictos en Medio Oriente, a las Fuerzas Marítimas Combinadas creadas por Estados Unidos. Sintéticamente, aquellos que apoyaron y colaboraron con Londres durante el conflicto de 1982 serían hoy, de acuerdo con los que propenden por la profundización de vínculos con Washington y la OTAN, los mejores aliados para asegurar el ejercicio de la futura soberanía argentina en Malvinas. Ese no fue el modo en el que Panamá recuperó su Canal, China hiciera lo propio con Hong Kong, y Mauricio reintegrara el archipiélago de Chagos.
Eso tampoco evitó que las compañías Rockhopper, con sede en el Reino Unido, y Navitas Petroleum, radicada en Israel, se asociaran para la perforación de 23 pozos en las inmediaciones de Malvinas. Con una inversión de US$ 1.200 millones, planean la extracción de varios millones de barriles de petróleo durante tres décadas. Eso robustece la capacidad de incidencia de los isleños en la diplomacia de Londres, en un contexto geopolítico marcado por la revalorización de los océanos, de los recursos energéticos y de las bases militares.
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Si ahora sumamos los miembros de BRICS (en el que hay países que históricamente han sido enfáticos en su respaldo a la posición nacional sobre Malvinas), las 33 naciones de América Latina y el Caribe (muchas de ellas maltratadas o desatendidas), los 57 países de mayoría musulmana (para quienes Jerusalén es una ciudad sagrada), mancomunados en la Organización de Cooperación Islámica, tenemos más de 90 países que quizás hoy están menos entusiasmados en su respaldo a la Argentina. Perder ese activo es un error estratégico monumental.
En materia de Malvinas, entonces, reitero la pregunta: ¿La Libertad Avanza? Yo diría que, en realidad, la confusión avanza. Las cuatro D y su entrelazamiento son cada día más urgentes en su despliegue y a la vez distantes en la praxis actual. La Argentina requiere asegurar un consenso efectivo, implementar una diplomacia razonable y actuar responsablemente en torno a Malvinas.
*Este texto fue elaborado para la Audiencia por las Malvinas y la Soberanía Nacional que se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2024 en el Congreso de la Nación.
El plan de gobierno de Milei que coordinan el Ministerio de Economía y el BCRA, y es básicamente el mismo que diseñó la dictadura militar de 1976, con tres medidas básicas determinantes:
a) Retrasar el tipo de cambio (“Tablita” de Martínez de Hoz).
b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas arancelarias (desprotección aduanera).
c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar.
El objetivo era destruir la alianza de hecho entre la producción y el trabajo, porque se crecía y se distribuían ingresos sobre la base del mercado interno. El PBI per capita más alto de nuestra historia fue en el año 1974, cuando la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre. La pobreza no alcanzaba ni al 5% de los hogares [1] y la desocupación fue de 3,4% en octubre de 1974 [2].
«La dictadura militar se propuso establecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros”. Estos profundos cambios conformaron «un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. [3].
El fin fue el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios (y en la actualidad, en nuestro país, en extranjerización):
Monopolio de la tecnología y del conocimiento.
Necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación).
Necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país.
Libertad de entrada y salida de capitales.
Gracias al endeudamiento externo, se lograron capitalizar fuertemente los grupos locales, nucleados en el Consejo Empresario Argentino (CEA). Su presidente antes del golpe militar fue José A. Martínez de Hoz y, como tal, propició el acuerdo “APEGE” que realizó un lockout patronal en febrero de 1976; propusieron “el Consenso de Washington” aún antes de que existiera como tal. El CEA integrado por las empresas más concentradas del país, en el año 2002, se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresarial Argentina (AEA).
Conspicuos miembros del CEA de 1976 fueron Armando y Federico Braun, dueños de la cadena de supermercados La Anónima, de los Astilleros Astarsa, de Aconcagua Seguros, y fuertes accionistas del Banco General de Negocios, del Banco Galicia y de Austral Líneas Aéreas; los Rocca de Techint; los Bulgheroni de BRIDAS; Eduardo Huergo de Minera Aguilar y de IKA-Renault; Horacio García Belsunce y Ricardo Mansueto Zinn por FIAT Argentina S. A., y Douglas Kitterman de Ford Motors Argentina S. A.
Reconvertido en AEA, sus autoridades actuales son Jaime Campos, sociólogo de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Su madre, Mercedes Malbrán, fue la creadora de Casa FOA, y su padre, el ingeniero industrial Hernando Campos, fue uno de los ejecutivos que acompaño a Enrique Shaw en la fundación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa en la década de 1960.
Pero el poder reside en sus vicepresidentes: Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó, Carlos Miguens , Alfredo Coto, Cristiano Ratazzi (Grupo Modena), Federico Braun (La Anónima) y Luis Pérez Companc.
Sin embargo, AEA y las diversas agrupaciones patronales locales: la UIA, la Mesa de Enlace, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ADEBA, etc., quedan relegadas y con una participación cada vez menor ante el carry trade en el que pedalean, pero como socios menores, ante los grandes capitales financieros internacionales, esencialmente con base en Manhattan.
Luis Andrés Caputo y Santiago Bausili [4] tienen como principales clientes de su consultora Anker Latinoamérica con sede en Manhattan a los principales fondos de cobertura de ese distrito de la ciudad de Nueva York, que son BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, entre otros, cuyo accionar es seguido a pie juntillas por capitales menores, en todos ellos también participan “inversionistas” locales que confían parte de su capital en la administración a esos fondos.
El equipo encabezado por Caputo-Bausili se comunica con sus clientes, con información fidedigna de la Argentina, incluso, ante el caso de duda sobre el nivel de deuda a pagar, el superávit comercial y fiscal, el nivel general de precios, el “blanqueo” de capitales, etc., sin dejar pregunta por responder . Por ejemplo, el lunes 15 de julio el vicepresidente del BCRA, Vladímir Werning, se reunió en Nueva York con 40 CEOs de fondos de inversión, de pensión, bancos, compañías de seguro, etc., que tienen bonos argentinos y les aseguró que el crawling peg (los saltos previstos de devaluación) iba a ser del 2% mensual hasta fin de año, siempre por debajo de la inflación, dado que la mayoría de los títulos de deuda en pesos están ajustados por la tasa que mide el INDEC. Y que el BCRA iba a vender dólares en el Contado Con Liqui (CCL) a cambio de los títulos de deuda.
El 27 de agosto, Werning volvió a hablar en inglés, esta vez en el Consejo Empresarial (The Business Council) en Washington, y sostuvo que apuntan a remover las restricciones cambiarias sin un salto devaluatorio y a que la unificación del tipo de cambio se genere a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos. Para ello es imprescindible una remonetización consistente en la “movilización de los dólares que los argentinos tienen en el colchón” (dolarización endógena).
Luis Caputo lo expresa claramente cuando dice: “La Argentina ya está en competencia de monedas” el peso es una moneda fuerte y previsible que incluso permite “facturar en dólares” sin mayores riesgos de una devaluación desproporcionada. Y aunque le diga a un productor agropecuario que van a seguir con las retenciones y con el programa cambiario, por más que las Sociedades Rurales de San Pedro, de Baradero, de Rojas y de Pergamino se muestren ofendidos, “el campo” liquidó exportaciones por 2.553 millones de dólares en octubre, tres veces y media más que en 2023 y dos veces más que en 2022. Lo mismo se espera para noviembre: están vendiendo los granos retenidos desde comienzo del año.
La vocera del FMI Julie Kozack había sostenido en septiembre de 2024 que no había ninguna tratativa de ampliación del crédito para la Argentina. Pero tras el triunfo de Donald Trump dijo que el Fondo está «explorando la opción de pasar a un nuevo acuerdo con la Argentina”. Luis Caputo añadió que “probablemente se irá a un programa nuevo que va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo cómo entraría esa plata”. Según el ministro “te pueden dar 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares. Pero no es lo mismo que entre mucho al principio a que te lo den a lo largo de mucho tiempo”[5].
¿Cuál es la diferencia abismal con el pasado? Los recursos naturales del país, esencialmente petróleo y gas. Con ellos se cobrarán la deuda pública.
La dictadura militar reconfiguró la sociedad argentina con una deuda externa tomada por grandes grupos locales (nucleados principalmente en el Consejo Empresarial Argentino) que, vía seguros de cambio, traspasaron al Estado nacional. Que el gobierno de Alfonsín legitimó el 1° de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696 y A-697, que permitieron cambiar los títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión del ministro Bernardo Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina” del gobierno constitucional.
Juan Sourrouille, Mario Brodersohn y equipo hicieron que Alfonsín aceptara una deuda de la que no podía pagar ni la mitad de los intereses. Tras un severo plan de ajuste en los años 1985-1988, el pago de intereses de la deuda absorbió la totalidad del superávit comercial del periodo (8.500 millones de dólares), y sin embargo la deuda externa pública creció a 63.200 millones de dólares.
El gobierno de Carlos Menem, con privatizaciones y plan de convertibilidad, logró disminuirla a 52.739 millones a fin del año 1991, pero los intereses de la deuda y, fundamentalmente, la fuga de capitales, hicieron que a fin de 2001 la deuda externa ascendiera a 88.259 millones de dólares. Y el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior pasó de 54.936 millones de dólares a 137.806 millones de dólares en el mismo período [6].
Tras el default de la deuda en diciembre de 2001 (y su acrecentamiento por incumplimiento), y de la pesificación asimétrica de Duhalde, su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, reconoció que esa asimetría tuvo un costo para el Estado nacional del orden del 5% del PIB. Los Kirchner, tras dos canjes de títulos en 2005 y 2010, y pagándole en enero de 2006 todo lo que se debía al FMI, lograron una deuda administrable que, en diciembre de 2015, era el 41% del PIB y el 60% de esta era intra sector público. Y sin tutela externa.
El gobierno de Cambiemos retornó a ese tutelaje, al tomar deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559 millones con el FMI. Pero al mismo tiempo, se fugaron 86.200 millones. Deuda y fuga que Alberto Fernández prometió investigar y no lo hizo, convalidando la estafa contra el pueblo argentino, que hoy profundiza y extiende la actual Administración.
Los riesgos del plan Caputo-Bausili
Desde el punto de vista financiero, se trata de riesgos relacionados con la administración cambiaria y las futuras obligaciones de deuda, particularmente en 2025, máxime que, por su política de atrasar el tipo de cambio y permitir que los exportadores liquiden el 20% de sus ventas en el mercado de CCL, el nivel de reservas netas del BCRA es negativo y se depende del financiamiento externo.
Al atrasar sistemáticamente el precio del dólar en el país y mediante una severa reducción de la demanda interna, que conlleva pérdida de empleos y reducción de salarios, se reduce la inflación, generando un problema económico y social mucho mayor, la depresión económica. La reducción del índice inflacionario solo se explica a través del aumento de la pobreza y la indigencia que genera la depresión del nivel de actividad.
Depresión económica que se profundiza con la reducción de aranceles de octubre de 2024 para la importación de acero, tubos de cobre, material plástico, bicicletas, motos, neumáticos, etc. Y que amplían desde el 1° de diciembre de 2024 [7] con el menor arancel para productos textiles y electrónicos, generando menos trabajo y producción local.
Dicha depresión se refleja en fuertes caídas de las ventas y del consumo interno y obliga a los sectores de ingresos medios a vender dólares , a fin de mantener su nivel de vida ante el aumento sideral de las prepagas, tarifas, combustibles, intereses y recargas de las tarjetas de créditos, alquileres de locales y viviendas, etc.. Por primera vez en más de veinte años, las ventas de dólar minorista superan las compras para ahorro. Esa es la dolarización endógena de la que hablaba Diana Mondino en noviembre de 2023, cuando le preguntaron de dónde iban a sacar los dólares.
Obviamente, el fuerte ingreso de dólares al sistema financiero local por el “blanqueo de capitales” implica que, desde mediados de agosto a mediados de noviembre de 2024, los depósitos en moneda extranjera captados por los bancos del país superen los 14.000 millones de dólares [8], que se convierten paulatinamente en créditos en esa moneda, ante la previsión anticipada por Caputo, de que no habrá un fuerte salto devaluatorio hasta septiembre de 2025 (fecha probable de las elecciones nacionales de medio término).
Pese al crawling peg, se proyecta para 2025 un ingreso significativo de dólares provenientes del comercio exterior, especialmente del sector energético, y hasta de la venta de empresas estatales [9] que la dupla Caputo-Bausili empleará para sostener el tipo de cambio, y no para apuntalar la inversión productiva y reducir la dependencia de financiamiento externo.
El problema es social y político; este modelo, como el de Martínez de Hoz, es en beneficio de una minoría de la población. Incluso esa minoría se debe subordinar y/o acordar con el capital extranjero que han visto la veta de los abundantes recursos naturales y de alta calidad (petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, cobre, hierro, agua pesada y agua potable, etc.) que la Argentina posee.
Recursos que no le pertenecen al gobierno, que son patrimonio de la Argentina y que esta Administración cede a costa de una deuda que no se investigó y que beneficia al capital extranjero y a la minoría referida.
Todo se realiza ante la pasividad de un alto porcentaje de la población que no entiende la situación, incapaz de pensar por sí misma; ante la cobardía y sumisión de la mayor parte de la dirigencia política, social y sindical del país, sin coraje para enfrentar al modelo de valorización financiera del capital y extractivista de nuestros recursos naturales.
[1] La distribución del ingreso en Argentina, 1974-2000, Cuaderno N.º 78, diciembre 2002, CEPAL.
[3]Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Mario Rapoport, Editorial Crítica.
[4] El 30 de noviembre de 2023 los clientes de Anker Latinoamérica recibieron por mail la noticia de que la consultora suspendía sus actividades. “Nos complace informarle que varios miembros de nuestro equipo han sido convocados para formar parte del nuevo gobierno nacional”, explicaba el texto. Unos días después se publicó en el Boletín Oficial que el equipo de economistas renunciaba al directorio de la consultora y se designaba a sus dos nuevas autoridades: Flavio Caputo (hermano menor de Luis Caputo) y Alexis Hoffmann (socio de Santiago Bausili en Aguar S. A., firma radicada en Delaware, paraíso fiscal de los Estados Unidos).
[5] Aumentan la deuda pública y con la deuda con el FMI, le van a pagar capital e intereses a los grandes fondos acreedores (básicamente el capital financiero de Manhattan) que van a hacerse, de esa manera, de efectivo.
[6] Eduardo M. Basualdo: “Las reformas estructurales y el plan de convertibilidad durante la década de los noventa: El auge y la crisis de la valorización financiera”.
[7] La Secretaría de Comercio anunció que, a partir del 1 de diciembre de 2024, los envíos internacionales mediante courier tendrán límites más amplios. Las compras podrán alcanzar los 3.000 dólares por envío, mientras que los primeros 400 estarán exentos de aranceles, siempre que los bienes sean de uso personal. En esos casos, sólo se abonará el IVA.
[8] La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirma que ingresaron por el “blanqueo de capitales” 20.361 millones de dólares; por ende, unos 6.000 millones de dólares ya salieron del sistema bancario y no debe descartarse que parte de ello se emplee en comprar títulos de deuda del Tesoro de la Nación en divisas y en pesos y/o en propiedades rurales y urbanas, convalidando el precio del dólar actual.
[9] El listado de 129 empresas estatales que confeccionó el Ministerio de Economía de la Nación incluya a Aerolíneas Argentinas, Intercargo, puertos, represas, ARSAT, ENARSA, Casa de la Moneda, Banco de la Nación Argentina,BICE, AySA, Tandanor, etc. Y la liberación y desregulación del espacio comunicacional.
Comienzo con dos apreciaciones. La primera es que, aunque fue esbozada al inicio de los noventa, la estrategia de primacía ha sido persistente en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta la fecha. En síntesis, y a los fines de esta nota, una estrategia remite a una guía esencial que articula la concepción y la práctica de la política exterior y la política de defensa —inextricablemente entrelazadas— de un país. La primacía es, en ese sentido, un tipo de estrategia que se caracteriza por el hecho de que Washington no acepta ni tolera la existencia y el desafío de un competidor de igual talla. George W. Bush desplegó una primacía agresiva mediante la cual recurrió a una proyección militar enérgica en distintos escenarios internacionales; elevó el presupuesto y el perfil de las fuerzas armadas en desmedro de los recursos y el rol de la diplomacia; y optó por un unilateralismo que socavó el multilateralismo.
Barack Obama ensayó una primacía calibrada que consistió en limitar la apertura de nuevos frentes de acción militar con numerosos soldados en el terreno de combate; se apoyó circunstancialmente y en ciertos temas en los foros multilaterales; e intentó la recuperación de una imagen y reputación crecientemente cuestionadas a nivel mundial. Donald Trump expresó una primacía ofuscada en la que intimidar a cercanos y distantes se tornó habitual; revigorizó los presupuestos de defensa; e instauró un unilateralismo pendenciero. Joe Biden implementó una primacía dosificada: en esencia, concentró los esfuerzos de Washington en cercar a China e intentar revertir su proyección de poder, al tiempo que fortaleció sostenidamente, y batiendo récords año tras año, los presupuestos de defensa.
En segundo lugar, la preservación de este aspecto no significó que fuera idéntica en el tiempo respecto al uso del dispositivo militar. En breve, existió una fase expansiva en la que Estados Unidos inició y libró guerras simultáneas como los casos de Irak y Afganistán y lanzó acciones de combate de distinto tipo en Medio Oriente y África. Ese período, en el que predominó lo que llamó el despliegue, comenzó con Bush hijo y se fue reduciendo durante el primer mandato de Obama. Washington tenía un objetivo preciso: moldear decisivamente el escenario internacional y asegurar la satisfacción de sus intereses nacionales mediante una presencia militar extendida.
Con diferente intensidad y alcance el recurso a asesinatos selectivos, el empleo masivo de drones, el refuerzode fuerzas especiales en ciertas regiones, el lanzamiento de operaciones cinéticas, entre otros, se multiplicaron desde el segundo Obama hasta Biden. Durante la segunda fase se fue consolidando lo que denomino repliegue, entendido éste como el retiro (incompleto) de ciertos conflictos (por ejemplo, Irak) y el freno a iniciar nuevas guerras. De modo sintético, Estados Unidos conoció los límites de una sobre-extensión militar y empezó a evitar el emprendimiento de guerras adicionales en distintas latitudes. En consecuencia, se pasó de la primacía con despliegue a la primacía con repliegue. Bajo este marco de referencia, la primera administración Trump fue un ejemplo de lo segundo.
Donald Trump entre 2017 y 2021, como lo mostró en detalle Bernabé Malacalza en un reciente escrito en Cenital, no fue un presidente pacifista, aunque su estrategia combinó aspiraciones discursivas de preponderancia global con prácticas de retraimiento parcial en lo militar. En ese sentido, en diciembre de 2018 anunció la futura salida de efectivos de Siria y en noviembre de 2020 ordenó la retirada de tropas de Afganistán como parte de un acuerdo forjado con los talibanes en febrero; lo cual recién se concretó en el gobierno de Biden. Esas decisiones fueron cumplidas no sin roces con el Pentágono. En todo caso, y en materia internacional, el vínculo entre Trump y las fuerzas armadas no estuvo exento de tensiones, a pesar del incremento sostenido en el presupuesto de defensa — US$ 682 mil millones en 2018; US$ 734 mil millones en 2019; US$ 774 mil millones en 2020; y US$ 806 mil millones para 2021 — y de su impulso a la fabricación de armamento supersónico y la creación de una nueva rama de las fuerzas armadas, la US Space Force.
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Sin embargo, corresponde subrayar que en abril de 2017 decidió que se lanzara la “madre de todas las bombas” convencionales — apenas por debajo de una bomba nuclear — contra refugios de ISIS en Afganistán. En los primeros dos años de su gestión dispuso 176 ataques con drones en Yemen — en ocho años de gobierno Obama autorizó 154 ataques con drones en ese país. En su primer mandato Trump triplicó, respecto a los lanzamientos durante la administración Obama, los ataques con drones a Yemen, Somalia y Pakistán juntos. En enero de 2020, en otro ataque de precisión — un dron MQ-9 Reaper — se mató a Qasem Soleimani, poderoso alto militar de Irán. Además, él relajó las reglas de empeñamiento; lo cual llevó a que en 2019 se produjera la mayor muerte de civiles en Afganistán desde 2002. Conocemos, gracias a las memorias del último secretario de Defensa, Mark Esper, que Trump propuso lanzar misiles para destruir laboratorios de drogas en México y realizar un ataque militar contra Venezuela. Finalmente, tales operativos no se llevaron a cabo pero reflejan que el mandatario republicano era, más bien, “un belicista disfrazado de pacifista”.
En el plano doméstico, las relaciones cívico-militares durante el primer mandato de Trump también estuvieron marcadas por malestares; en gran medida por algunas determinaciones del mandatario en el frente internacional, así como por su afán de disponer de un amplio margen de libertad respecto a las fuerzas armadas en un marco nacional de creciente polarización. Distintos incidentes — su uso de la gorra de MAGA (Make America Great Again) en ceremonias militares; el otorgamiento de perdones presidenciales a militares convictos por crímenes de guerra; la amenaza de desplegar a las fuerzas armadas en junio de 2020 a raíz de la violencia policial contra afro-estadounidenses; entre varios otros — fueron creando un clima de desconfianza y fricción. Resultó evidente que Trump no aceptaba constreñimientos y que estaba fastidioso con el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mike Milley; quien reveló en un reciente libro de Bob Woodward que Trump es un “fascista de alma” y el “hombre más peligroso del país”.
A su turno, según dos opiniones de personas que dialogaron con Trump en la Casa Blanca, el presidente afirmó: «Necesito el tipo de generales que tuvo Hitler”. Adicionalmente, el fracasado putsch del 6 de enero de 2021 no encontró acompañamiento de las fuerzas armadas. Si bien en esa jornada y en otros hechos Trump procuró alinear a su favor a los militares, éstos evitaron involucrarse en situaciones violatorias de la ley y la Constitución. La politización de las relaciones cívico-militares a cargo del presidente fue evidente: Trump buscó dominar a las fuerzas armadas a su antojo y con ello generó un clima tóxico. No obstante, hay que agregar que las críticas de militares al mandatario pusieron en duda la apoliticidad de los militares. Para finales de 2020, y en especial, antes del cambio de gobierno en 2021, la tirantez entre Trump y este sector resultaba elocuente.
Cuatro años más tarde, y durante la campaña que finalmente lo volvería llevar a la Casa Blanca, el tema militar fue objeto, nuevamente, de referencias por parte de Trump. Cabe recordar que, según encuestas sobre la intención de voto de las fuerzas armadas activas, Trump obtuvo el 40.7% en 2016 y 37.4% en 2020. Respecto a la elección de 2024, el porcentaje de militares retirados cuya preferencia era Trump ha sido de 61%. Ya en la contienda con Kamala Harris surgieron algunas diferencias no menores (por ejemplo, respecto a Ucrania y a la OTAN) entre la candidata demócrata y el candidato republicano. En el tramo final de la campaña, Trump alegó que los militares eran woke, débiles e inefectivos. A su vez, aseveró que había “enemigos internos” — quizás más peligrosos que China o Rusia — ante los cuales había que desplegar la Guardia Nacional o el ejército si fuera necesario. A ello se sumó el rumor, desmentido por el Pentágono, de que los militares estaban autorizados a usar la fuerza durante la elección. Una nueva etapa de la politización de las relaciones cívico-militares, aún antes de la asunción de Trump el 20 de enero de 2025, aparenta ser obvia. Corresponde destacar que en un contexto de polarización que persiste, un estudio reciente muestra que una mayoría de civiles respalda el uso de militares en materia de orden público interno, al tiempo que casi un 75% de oficiales la rechaza.
Después de su triunfo, Trump fue anunciando día a día su gabinete. Sorpresivamente, designó a un periodista de Fox News, Peter Hegseth, sin ninguna experiencia en los temas militares, para el cargo de secretario de Defensa. Rápidamente, el nuevo funcionario se alineó con el presidente electo en su cruzada contra los generales woke. Paralelamente, se supo que un grupo de trumpistas encargados de la transición estaría elaborando una orden ejecutiva para establecer un “warrior board” compuesto por militares retirados encargado de evaluar a generales y proponer la remoción de quienes no tuvieran aptitudes de liderazgo. Asimismo, al parecer ese grupo ya tiene una lista de militares para ser cesados. Esto alarmó a las fuerzas armadas y se produjeron reuniones de altos oficiales para analizar cuál sería la eventual respuesta ante órdenes ilegales de parte del presidente entrante: para el caso, la participación militar en la deportación masiva de inmigrantes que propuso Trump y que le valió una gran cantidad de votos. Cabe recordar que según la encuesta que viene realizando Gallup desde 2001, en 2024 la confianza en la institución presidencial fue de apenas el 26%, mientras la confianza en la institución militar alcanzó el 61%. Sin embargo, de acuerdo con el denominado Proyecto 2025 del think-tank Heritage Foundation — que se supone ha incidido en la campaña e influirá en la nueva administración Trump — , “el Departamento de Defensa es una institución en graves problemas”. Habrá que ver si esto ocurre y si no se abre ahí una Caja de Pandora en materia de los vínculos cívico-militares.
En breve, la segunda presidencia de Donald Trump pareciera preanunciar que su relación con los militares será un asunto delicado por la propensión ya conocida del mandatario de politizar a las fuerzas armadas y de su disposición monárquica a reinar más que a gobernar republicanamente. La crisis de la democracia en Estados Unidos no se superó con la elección de 2024; quizás se ha ahondado con un final imprevisible; tanto como lo es la personalidad del mismo Trump.
